aquí - Fundación Eléutera

LIBERTAD ECONÓMICA
EN EL MUNDO 2015,
Edición Centro América
TABLA DE CONTENIDOS
Prefacio
Resumen Ejecutivo
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Introducción
Metodología
Costa Rica: El tamaño del gobierno y las regulaciones
amenazan la Libertad Económica
Consolidación Fiscal
Estabilidad Monetaria
Mejora regulatoria y simplificación de trámites
Declaración final
Guatemala: La libertad se protege en los detalles
Resumen del Ranking
Tamaño de Gobierno
Estructura Legal y Derechos de Propiedad
Buen Dinero
Libertad del Comercio Internacional
Regulaciones
Recomendaciones Finales
Declaración final
Honduras: La débil protección a la propiedad privada y
a los contratos frena el desarrollo económico del país
Diagnóstico de Honduras
Justificación de Reformas Liberales
Respuesta del Gobierno
Recomendaciones
Declaración final
Nicaragua: Una mirada local a partir de los
datos del Fraser Institute
Panamá: Promoviendo avances en
Libertad Económica del país
Diagnóstico de Libertad Económica para Panamá
Reformas estructurales liberales necesarias
Análisis del trabajo del gobierno
Recomendaciones finales
Declaración final
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PREFACIO
En el 2015 la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Alianza
para Centro América nuevamente han emprendido la iniciativa de publicar
la Edición Centro América del Economic Freedom of the World Report 2015,
elaborado por el Fraser Institute de Canadá. El presente documento compila
los análisis nacionales de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá, en torno a los cuales se emiten recomendaciones de reformas
necesarias para fomentar mejores niveles de libertad económica en la región.
Los liberales Centroamericanos tienen por delante la importante tarea de
impulsar proyectos de reforma correspondientes, con el fin de brindar a los
ciudadanos Centroamericanos la posibilidad de alcanzar un mayor bienestar.
Agradecemos a los autores y think-tanks Centroamericanos que participaron
en la edición de este reporte:
Luis Loria, Presidente y Melvin Garita, Analista Asociado del Instituto de
Desarrollo Empresarial y Acción Social, Costa Rica
Guillermo Peña, Director Ejecutivo, Jorge Colindres, Analista Legal y
Christian Betancourt, Analista Adjunto de Fundación Eléutera, Honduras
Félix Maradiaga, Presidente-Fundador de Fundación para la Libertad,
Nicaragua y
Marissa Krienert, Directora Ejecutiva de Fundación Libertad, Panamá
Merece un especial agradecimiento Javier Calderón, Investigador del Área
Económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales por su
apoyo en la elaboración del capítulo sobre Guatemala y la compilación
general del Reporte “Libertad Económica en el Mundo 2015, Edición Centro
América”.
Sea la presente para los tomadores de decisión Centroamericanos y muchas
otras personas una recomendación de acción. Le deseo una interesante y
enriquecedora lectura.
Prefacio
David Vincent Henneberger
Director de Proyectos para Centro América
Fundación Friedrich Naumann para la Libertad
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RESUMEN EJECUTIVO
El Reporte de Libertad Económica en el Mundo es la principal herramienta que tienen los
países centroamericanos para evaluar su desempeño en materia de libertad económica,
desde una perspectiva local e internacional. La Edición Centro América 2015 permite observar que los indicadores referentes al sector privado –Buen Dinero, Libertad del Comercio
Internacional y Regulaciones a los Negocios- han mantenido un avance constante en todos
los países de la región, mientras que los indicadores referentes al Estado –Tamaño del Estado y Sistema Legal y Derechos de Propiedad- han caído o reflejan los peores resultados
desde el año 2000.
En el indicador Tamaño del Gobierno, Costa Rica y Panamá son los países que muestran
la puntuación más baja en la región, con una tendencia decreciente desde el 2005. Esta
condición contrasta con el otro indicador relacionado directamente con la actividad
estatal, el de Sistema Legal y Derechos de Propiedad. En este rubro Guatemala, Honduras,
El Salvador y Nicaragua muestran un peor desempeño que Costa Rica y Panamá, con una
puntuación promedio de 4.37 respecto de 5.84 puntos de los dos últimos.
Buen Dinero es el indicador económico mejor evaluado, con una calificación promedio de
9.3 para toda la región centroamericana, lo cual nos coloca entre los primeros países del
mundo. El indicador de Libertad del Comercio Internacional tiene el segundo lugar con una
nota promedio de 7.8 que refleja su pronunciada mejora entre la década de 1980 y los años
2000, pero su estabilización a partir de esa fecha. Finalmente, el indicador Regulaciones
que está relacionado con la contratación de personal y apertura de empresas tiene una
calificación promedio de 6.81 para la región, mostrando los retos que aún se tienen respecto
de la simplificación de trámites burocráticos y la flexibilización del mercado laboral.
A continuación se presenta un resumen de los resultados para cada país en cada uno de
los indicadores del reporte.
Costa Rica
Tamaño de Gobierno. La calificación de Costa Rica en este indicador cayó un punto en la
última década, de 8.6 a 7.6 puntos. Ello se debe a que el gasto público, particularmente el
gasto primario, creció de manera acelerada, mientras los ingresos públicos aumentaron a
un ritmo menor. Esto ha ocasionado que el déficit fiscal costarricense siga aumentando y
que su financiamiento externo sea cada vez más costoso.
Resumen ejecutivo
Costa Rica se ubica entre los países más libres del mundo (primer cuartil), ocupando la
posición 25 de 157 países, en el Reporte de Libertad Económica en el Mundo 2015.
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Estructura Legal y Derechos de Propiedad. Este es el segundo indicador con la
calificación más baja para Costa Rica. Dentro del mismo lo que más preocupa a los
costarricenses es la imparcialidad de las cortes, la protección de los derechos de
propiedad, la integridad del sistema legal, la capacidad de hacer cumplir los contratos
legalmente y los costos que impone la criminalidad a los negocios. Un aspecto
importante es que este último sub-indicador ha mejorado desde que comenzó a ser
medido, en 2005.
Buen Dinero. Este es el indicador en el cual Costa Rica sale mejor evaluado, con
9.3 puntos. Ello se debe a que el país ha mejorado en este aspecto en el último
quinquenio. Un éxito ha sido la autonomía del Banco Central de Costa Rica (BCCR),
que, sin embargo, se ha visto ensombrecida por la falta de acciones enérgicas para
reducir la inflación del país.
Comercio Internacional. En el Reporte de Libertad Económica 2015 la segunda
mejor nota para Costa Rica la tiene este indicador. Es importante destacar el buen
desempeño que ha tenido el país en su política cambiaria, al peso promedio de sus
tarifas y a los ingresos que se obtienen de los impuestos al comercio internacional.
Sin embargo, preocupa la caída que ha mostrado en los últimos cinco años con
respecto a las tarifas no-arancelarias.
Regulaciones. Este es el indicador con la nota más baja para Costa Rica -6.3-. Al
igual que en el resto de países de la región centroamericana, esto se debe a los altos
costos que imponen las regulaciones al mercado laboral y a los costos de cumplir con
requisitos y trámites burocráticos. Como se menciona en el análisis de país, a pesar
de que estos son temas en los que Costa Rica podría avanzar, en ocasiones la agenda
legislativa se detiene en temas como la reforma fiscal.
Guatemala
Resumen Ejecutivo
Guatemala se encuentra en el puesto 40 de los países evaluados en el Reporte de
Libertad Económica en el Mundo 2015.
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Tamaño de Gobierno. Aunque la evaluación de este indicador muestra una mejora
entre los resultados de la edición 2014 y los de la actual, la misma no es parte de
un comportamiento constante a través de los años. Al contrario, desde el año 2000
pareciera que hay una dificultad para mantener estable o para mejorar la puntuación
del mismo. En este sentido es importante subrayar que el Presupuesto de Egresos del
Estado de Guatemala ha aumentado a un ritmo superior al crecimiento económico,
mientras que las medidas impositivas se han endurecido en detrimento de los
segmentos productivos urbanos del país.
Estructura Legal y Derechos de Propiedad. Este es el indicador en el que Guatemala
sale peor evaluado y que con 4.33 puntos lo posiciona sólo por encima de Honduras.
Esto se debe a una falta de credibilidad de la población en la policía, a los costos que
impone la criminalidad al comercio y a la existencia de un sistema judicial, debilitado
por la falta de recursos para dar una respuesta pronta a la mayoría de casos bajo su
responsabilidad, así como por el hecho de que la ciudadanía lo percibe como imparcial
y corrupto. Lo cual parece haberse verificado con las actuales acciones del Ministerio
Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en
contra de políticos y jueces relacionados con casos de corrupción en las aduanas.
Buen Dinero. Este es el indicador mejor evaluado en Guatemala, con una calificación de
9.48, que lo posiciona en segundo lugar respecto de los otros países Centroamericanos,
por debajo de El Salvador. La prohibición de que el Banco Central financie las actividades
del Gobierno de la República y la apertura del sistema bancario, iniciadas entre la
década de 1990 y los primeros años de la década del 2000 han favorecido a esta buena
percepción del sistema monetario nacional.
Comercio Internacional. Guatemala cuenta con una puntuación de 7.5 para este
indicador, posicionándolo en el cuarto puesto de la región. Esta calificación y posición
se deben a las barreras no arancelarias y a las dificultades que encuentra la inversión
extranjera para instalarse en el país.
Regulaciones. El país se ubica en la tercera posición de la región centroamericana en
este indicador. Las debilidades del mismo se originan en las consecuencias que para el
sector productivo se derivan de los altos costos del salario mínimo, de las regulaciones
de contratación, del despido y del reclutamiento de personal, así como de los costos
de los requisitos oficiales y de los pagos “extraordinarios” que se requieren para abrir
negocios en el país.
Honduras
Honduras ocupa el puesto 65 en el ranking mundial del Reporte de Libertad Económica
en el Mundo 2015, con lo cual se ubica en el segundo cuartil de los mejores países.
Estructura Legal y Derechos de Propiedad. Honduras obtiene su peor puntuación
en este indicador -4.07-, lo cual ubica al país en la última posición de Centro América.
Únicamente el sub-indicador de Costos de Vender una Propiedad, con 7.71 puntos, tiene
una mejor evaluación. Las causas de esta calificación negativa pueden estar en la poca
confianza de la población en la policía, a pesar de un incipiente proceso de depuración,
en la desorientada labor legislativa en el Congreso Nacional y en las disposiciones de los
Resumen ejecutivo
Tamaño de Gobierno. Este es el segundo indicador mejor evaluado para Honduras y
el que mejor puntuación promedio tiene entre de los demás países centroamericanos
-8.52-. Ello se debe a una mejora en todos los sub-indicadores de Tamaño de Gobierno, a
pesar de una leve caída en el indicador sobre Gasto de Gobierno, desde 2005.
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Planes de Arbitrios de las Municipalidades, causados por un intento de gobernar la
vida social con un alto grado de arbitrariedad y en las invasiones de terrenos, lo cual
desató multitudinarias marchas lideradas por la sociedad civil y los partidos políticos
de oposición, en contra del gobierno.
Moneda Saludable. Este rubro es en el cual Honduras sale mejor evaluado en el
Reporte de Libertad Económica de 2015, ubicándolo en el tercer lugar de la región.
Comercio Internacional. Aunque la puntuación de Honduras en este indicador
muestra un país medianamente libre para comerciar internacionalmente, es
importante notar que las calificaciones de sus sub-indicadores de Barreras NoArancelarias -4.92-, Controles de Capital -2.31- y Restricción a las Inversión Extranjera
-5.22- tienen calificaciones bajas que han venido cayendo en el último quinquenio.
Regulaciones. En este indicador es importante notar que al igual que en el resto
de países de Centro América, Honduras obtiene uno de sus peores resultados en lo
referente a costos de los trámites burocráticos, pagos “extraordinarios” y costos de
despedir y contratar personal.
Nicaragua
Nicaragua se posiciona en el lugar 63 de los 157 países analizados en el Reporte de
Libertad Económica del 2015.
Tamaño de Gobierno. Nicaragua ha mantenido una mejora en la calificación de
este indicador desde 1990. Sin embargo, esta calificación tuvo una leve caída como
resultado de la desconfianza que se tiene en las inversiones y empresas estatales.
Resumen Ejecutivo
Estructura Legal y Derechos de Propiedad. Se registró una menor calificación en
temas de independencia judicial, imparcialidad de los tribunales, protección a los
derechos de propiedad, cumplimiento legal de contratos y fiabilidad de la policía
principalmente, deterioros que no compensaron una mejora en aspectos de costos
comerciales de la delincuencia.
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Moneda Saludable. Este es el indicador mejor evaluado del país y, aunque ha venido
mejorando desde las últimas mediciones, aún no ha llegado a recuperar su mejor
nota, del 2005. Esto lo pone en la última posición con respecto a los demás países
de la región.
Comercio Internacional. La libertad del comercio internacional es el único indicador
que ha mejorado de forma sostenida en Nicaragua. Esto ha sido positivo, pues la
coloca sólo por debajo de Costa Rica y Panamá y a la par de Guatemala. Esto se debe
a que en Nicaragua los impuestos y tasas arancelarias no reflejan ser una barrera para
el sector exportador.
Regulaciones. Este es el indicador en el cual Nicaragua se encuentra mejor que el resto de
países de la región. Ello se debe a que muestra dificultades en una menor cantidad de sus
sub-indicadores, específicamente requisitos administrativos, pagos “extra” y “regulación
de la jornada laboral.
Panamá
Panamá se encuentra en la posición 43 del Reporte de Libertad Económica en el Mundo
2015, ubicándose en el segundo cuartil de todos los países del mundo.
Tamaño de Gobierno. La puntuación promedio de Panamá en este indicador es de 6.52,
siendo su segunda más baja que ha caído desde del año 2005. Ello se debe al alto nivel de
inversión pública, a la existencia de empresas estatales y a la asfixiante carga impositiva
que se necesita para sostenerlas. Las recomendaciones para mejorar esta situación es
identificar y devolver a la iniciativa privada aquellas empresas públicas que no sean
rentables para el Estado.
Estructura Legal y Derechos de Propiedad. En este indicador Panamá obtuvo su peor
calificación -5.84- y aunque muestra una mejora con respecto al 2010, aún está por
debajo de su mejor calificación del año 2000. Y aunque después de Costa Rica es el
segundo país con mejor calificación en la región en este indicador, la percepción de falta
de seguridad, el deteriorio de la confianza hacia la policía y el aumento de la criminalidad
se han convertido en temas de mayor preocupación para los panameños.
Moneda Saludable. Este es el indicador mejor evaluado del país, pasando de 8.5 a 9,
entre la medición pasada y la presente.
Regulaciones. El mercado crediticio panameño es un ejemplo para los países del área,
aunque es prioritario prestar atención a los créditos para las pequeñas empresas. Las
regulaciones y presiones de los organismos financieros internacionales, así como el
aumento de controles, están afectando el desempeño administrativo del sector, restándole
competitividad. Los requisitos de contratación, de la jornada laboral, el salario mínimo y
los costos de despido restringen el acceso a la economía formal. Las regulaciones a las
empresas, los requisitos administrativos, los costos burocráticos, los “pagos extras” y el
costo de cumplimiento fiscal son todos factores que frenan la formación de empresas y
debilitan las empresas existentes.
Resumen ejecutivo
Comercio Internacional. Los datos de este periodo muestran una ligera mejora con
respecto al año anterior. Sin embargo las barreras de entrada no arancelarias y los
excesivos trámites y regulaciones a las importaciones y exportaciones limitan cada vez
más la capacidad de acceder a productos de mejor calidad y de mejores precios, así como
la capacidad de seguir siendo un país con mejores ventajas comerciales. A pesar de estas
barreras, Panamá ocupa la cuarta posición entre los países con más facilidades y ventajas
para el comercio internacional, siendo superado únicamente por Hong Kong, Singapur e
Irlanda. En la esfera regional, Panamá mantiene el liderazgo en la región centroamericana.
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INTRODUCCIÓN
La libertad económica garantiza el uso más eficiente de los recursos escasos de una sociedad. Ello porque
la libre competencia de los actores económicos en la demanda y oferta de recursos escasos -en la forma de
bienes y servicios- determina que sólo aquellos que produzcan al menor costo posible o que demanden para
los usos más valiosos, pueden sobrevivir como actores económicos.
Un ejemplo de este argumento, basado en la experiencia centroamericana, fue la movilización de parte de
la producción de vestuario y textiles de la región, a países como China y Vietnam, en las décadas de mil
novecientos noventa y dos mil. Ello debido a que estos países ofrecían costos de producción más bajos, que
los que brindaba la región centroamericana, como resultado de restricciones en los mercados laborales, altos
costos de la energía eléctrica y altos costos logísticos, entre otros problemas.
Un segundo ejemplo ha sido la migración constante de millones de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños
y nicaragüenses a otros países del continente americano. Ello debido a que el valor de su trabajo y, por tanto,
el pago que reciben por el mismo, ha sido y es superior en países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y
Panamá, que en sus países de origen. Este es un indicador de que hay restricciones a la libertad del mercado
laboral que lo encarecen tanto, que gran parte de éste prefiere movilizarse voluntariamente a otras naciones.
La libertad económica permite, también, satisfacer de forma oportuna y voluntaria la demanda de bienes
y servicios que no son provistos ni por el Estado, ni por la comunidad. Esto tiene dos implicaciones para el
desarrollo de las sociedades humanas.
Primero, la satisfacción oportuna implica que los oferentes buscarán brindar en el mercado aquellos bienes y
servicios que crean que o que efectivamente demanda la sociedad, en un momento determinado. Esto quiere
decir que la libertad comercial permite la adaptación permanente de la oferta y la demanda a los cambios en
los gustos, preferencias o situación de los recursos escasos. Una sociedad cuyos mercados están altamente
restringidos o cerrados pone en riesgo inminente su desarrollo y supervivencia.
Introducción
Segundo, la libertad económica permite que las transacciones de mercado sean voluntarias, es decir, que
sean el resultado de la libre escogencia de los miembros de la sociedad. En este sentido, el libre mercado
salvaguarda la dignidad humana. Pues el intercambio obligatorio de bienes y servicios sólo puede ocurrir
cuando uno o más miembros de una sociedad tienen la capacidad de hacer que otros consuman lo que ellos
digan, sin tomar en cuenta sus gustos y voluntad. Esto quiere decir que el intercambio forzoso sólo puede
ocurrir en una sociedad de siervos, esclavos, súbditos o de individuos con derechos limitados.
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El Reporte de Libertad Económica, que anualmente publica el Fraser Institute, es importante en este contexto,
pues el mismo permite evaluar a lo largo del tiempo el avance, retroceso o estancamiento de los países en
relación a su libertad económica. El Tamaño de Gobierno, la Estructura Legal y Derechos de Propiedad, el Buen
Dinero, la Libertad del Comercio Internacional y las Regulaciones son factores que determinan qué tan libres
son los actores económicos -oferentes y demandantes- de escoger el uso de los recursos escasos. Gracias a
la medición de estos indicadores, hoy se puede observar cómo los países de Centro América han avanzado
enormemente en el Buen Dinero y la Libertad de Comercio Internacional y cómo aún presentan grandes
debilidades en materia del Tamaño de Gobierno, Regulaciones y Estructura Legal y Derechos de Propiedad.
En este sentido cabe resaltar que la mayoría de gobiernos de la región, desde la década de 1990, ha realizado
esfuerzos por tener una macroeconomía estable. Ello ha repercutido en la creación de legislaciones y políticas
bancarias, monetarias y cambiarias relativamente sanas. Entre estas podemos contar la prohibición del Banco
de Guatemala de financiar el gasto público, la dolarización de la economía salvadoreña o la apertura del
mercado financiero panameño.
En el caso del comercio internacional, a partir de la década de 1980, pero con más fuerza en los noventas,
los países centroamericanos impulsaron políticas comerciales liberales. Entre ellas ha estado el esfuerzo por
consolidar una unión aduanera, la firma del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA (por sus siglas en inglés),
así como tratados de apertura comercial que se han firmado con otros países. Estas políticas han permitido la
apertura de mercados internacionales para los productos regionales, así como la disminución de los precios
de productos y servicios internacionales para los países centroamericanos.
Sin embargo, hoy hay tres grandes riesgos para la libertad económica en Centro América y, por tanto, para su
desarrollo sostenido, que el Reporte de Libertad Económica en el Mundo nos permite observar.
El primero es el crecimiento constante del gasto público en los países centroamericanos y, en algunos casos,
superior al crecimiento de su Producto Interno Bruto. Este incremento es más evidente en el gasto primario
de los países, y es problemático en cuanto a que el mismo no necesariamente está alineado con metas de
desarrollo económico. Esto tiene un impacto negativo en la presión fiscal hacia los ciudadanos y al sector
productivo nacional de cada país de la región o en el incremento de la deuda pública de los países. En este
sentido, los centroamericanos no sólo no sabemos exactamente en qué se gastan los impuestos que pagamos,
sino que no tenemos idea de si este gasto está ayudando a nuestro desarrollo y supervivencia.
Tercero, la regulaciones laborales son los sub-indicadores en los que todos los países centroamericanos salen
mal evaluados. Esto se debe a que las normativas laborales de todos los países de Centro América, creadas
con una visión tutelar del Estado sobre las relaciones entre patronos y trabajadores, responden a una visión
económica caduca, de la segunda mitad del siglo XX, que se convierten en limitaciones para la libertad del
mercado laboral de la región. En este sentido, peor que el escarmiento a las nuevas inversiones locales o
extranjeras, ha sido la pérdida de empleos o de oportunidad de creación de empleos, para las personas con
menos capital humano. Es decir, aquellos centroamericanos que son menos productivos, son los que más han
sufrido los resultados negativos de legislaciones laborales que protegen los privilegios anacrónicos de algunos
pocos trabajadores.
De esta forma, el Reporte de Libertad Económica en el Mundo 2015, nos da la oportunidad a los ciudadanos
de los distintos países de Centro América, de volver a fijar nuestros ojos en aquellos temas que más afectan
nuestro progreso económico y social. Es importante que tomemos estos indicadores con la seriedad que se
Introducción
El segundo riesgo identificado por el Reporte de Libertad Económica es el del débil funcionamiento del sector
judicial y de la seguridad en la región. La desconfianza en las cortes de justicia y en la policía, así como en
el cumplimiento legal de los contratos revela un problema institucional en nuestros Estados. Esta situación
limita la libertad económica por dos vías. La primera es que la parcialidad o falta de autonomía en el sistema
judicial elimina el cumplimiento justo de los contratos, así como la resolución efectiva de los mismos. Muchas
veces es menos costoso o riesgoso asumir una pérdida o no realizar un negocio que lidiar con los sistemas
de justicia de Centro América. Y en este sentido, las pérdidas por un sistema ineficiente o el costo de las
oportunidades perdidas son una barrera a nuestro desarrollo.
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merecen y que asumamos la responsabilidad que requiere resolver aquellos problemas que hoy no nos
permiten vivir mejor.
Para ello, a continuación se presentan los análisis realizados por distinguidos pensadores centroamericanos,
en relación a los resultados del Reporte de Libertad Económica para cada uno de sus países. El orden de los
análisis es alfabético, comenzando con Costa Rica, seguido de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
En los mismos se desarrollan a más profundidad cada uno de los indicadores del reporte –Tamaño de
Gobierno, Estructura Legal y Derechos de Propiedad, Buen Dinero, Comercio Internacional y Regulaciones-,
y específicamente aquellos que preocupan o que enorgullecen más a cada país, por su retroceso o avance
respectivo.
Introducción
La actual crisis política en Guatemala (2015) permitió ver que el peor enemigo de la libertad en Centro
América y en el mundo, no es la corrupción o los malos gobiernos, sino la indiferencia de los ciudadanos ante
ellos. Y es el despertar de nuestra conciencia y de nuestra responsabilidad por la sociedad, la que nos hará
tener esperanza y valor para mejorar el mundo en el que vivimos.
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METODOLOGÍA
En términos generales el Índice de Libertad Económica en el Mundo busca capturar información acerca del
rol que juegan las instituciones y las políticas de un país para garantizar la elección personal, el intercambio
voluntario, la libre competencia y la propiedad privada. Para ello el índice da seguimiento a cuarenta y dos
variables que se agrupan bajo las siguientes cinco categorías:
1. Tamaño del Estado: gasto, impuestos y empresas;
2. Estructura Legal y Seguridad de los Derechos de Propiedad;
3. Solidez Monetaria;
4. Libertad de Comercio Internacional;
5. Regulación del Crédito, Trabajo y Negocios.
Dentro las cinco categorías se consideran 24 componentes, muchos de los cuales tienen varios subcomponentes.
Cada componente y subcomponente se califica en una escala del 1 al 10 en función a los datos subyacentes
(siendo 1 la calificación más baja que indica menor libertad y 10 la calificación más alta que indica mayor
libertad). A su vez, las puntuaciones de los subcomponentes (24) se promedian para determinar la nota de
cada componente (5), que a su vez se promedia para estimar la calificación general del país en cuestión.
Para desarrollar una visión general del contenido del índice, a continuación se describen cada una de las cinco
categorías:
1. Tamaño del Estado: Los componentes considerados en la primera categoría miden el grado en que
el Gobierno tiene una mayor participación en la asignación de bienes y servicios. Dicha tendencia se
refleja en la participación que tiene el gasto público en el gasto total de una economía, así como la
cantidad de transferencias y subsidios realizados por el gobierno. Otro componente evalúa las tasas
impositivas aplicadas sobre las ganancias y los salarios, a medida que las tasas impositivas son más
elevadas se refleja un mayor tamaño del Estado.
3. Solidez Monetaria: Para que el dinero cumpla a cabalidad con todas las funciones que se buscan
en un medio de intercambio es necesario que su poder adquisitivo sea estable. Elevadas tasas de
inflación y un manejo desordenado de la política monetaria alteran las condiciones fundamentales
de los contratos a largo plazo y dificultan la realización de transacciones de largo plazo. Asimismo,
los incrementos de la inflación provocan una pérdida de valor en los ahorros de los ciudadanos de un
país. Más que el poder adquisitivo de la moneda local, este componente evalúa el acceso que tienen
las personas para realizar sus transacciones económicas en una moneda estable (ya sea nacional o
internacional).
Metodología
2. Sistema Jurídico y Garantía de los Derechos de Propiedad: Un elemento fundamental de la
libertad económica es la protección de los individuos y de sus bienes legítimamente adquiridos, siendo
esta una de las mayores responsabilidades que se le atribuye al Estado. En esta categoría se consideran
elementos relacionados con el Estado de Derecho, la garantía de los derechos de propiedad, la
independencia judicial y la imparcialidad de los tribunales.
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4. Libertad de Comercio Internacional: Dentro de la libertad económica se considera la libertad para
intercambiar, indistintamente de la ubicación geográfica de quienes forman parte de la transacción.
Este componente evalúa todos aquellos elementos que pueden representar una restricción para el
intercambio internacional, como por ejemplo: aranceles, cuotas de importación, tipos de cambio
controlados, funcionamiento de las aduanas y el control al flujo de capitales.
Metodología
5. Regulaciones: La última categoría del índice mide las restricciones reglamentarias que limitan
la libertad de intercambio en los mercados de crédito, trabajo y bienes. Uno de los componentes se
enfoca en el funcionamiento del mercado crediticio y en la manera en que se determina la tasa de
interés. Asimismo, evalúa las regulaciones en el mercado de trabajo que pueden provocar rigidez
en las relaciones entre las empresas y los trabajadores. En esta misma línea también se evalúa la
regulación relacionada con la apertura, el funcionamiento y el cierre de empresas. La existencia de
este tipo de regulación limita el ingreso de nuevos participantes al mercado y, por ende, el nivel de
competitividad.
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COSTA RICA: El tamaño del gobierno y las regulaciones
amenazan la Libertad Económica
De acuerdo con el Reporte de Libertad Económica, Costa Rica se ubica entre los países más libres del mundo.
Sin embargo, esa libertad económica no se ha traducido en una mayor prosperidad para sus ciudadanos. Su
ingreso per cápita (PPA) es de, aproximadamente, un tercio del de los otros países que integran el cuartil de
países más libres del mundo. Ello se debe a que el tamaño del gobierno y la regulación amenazan la libertad
económica.
Costa Rica
De acuerdo con el Economic Freedom of the World 2015 Annual Report, publicado por el Fraser Institute,
Costa Rica se ubica entre los países más libres del mundo (primer cuartil), ocupando la posición 25 de 157
países, con datos del 2013 (ver gráfico, abajo). Al revisar las cinco áreas de las cuales se compone el Reporte
de Libertad Económica, encontramos que Costa Rica se ubica entre los 50 mejores países en cuatro de ellas:
tamaño del gobierno (posición 34), sistema legal y derechos de propiedad (posición 46), buen dinero (posición
43) y libertad para comerciar internacionalmente (posición 22). En contraste, en el área de regulación ocupa
la posición 118. En dos de los tres componentes del área de regulación se ubica por debajo de la posición
50: regulaciones del mercado de crédito (posición 136), regulaciones del mercado laboral (posición 92). En el
componente de regulaciones de negocios se ubica en la posición 48.
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Con respecto al año anterior, la ubicación en el ranking de Costa Rica para el resumen de puntuación cayó
dos posiciones, pasando de la posición 23 a la 25. La posición del país se vio perjudicada, principalmente, por
las caídas en la clasificación en los componentes de regulación del mercado de crédito (posición 125 a 136) y
del mercado laboral (posición 85 a 92), entre el reporte de 2014 y el de 2015. El efecto combinado de la caída
importante en los rankings en estos dos componentes, junto con el de una leve mejora en el componente
de regulación de negocios (posición 51 a 48), fue el de un desplome en el área de regulación (posición 102
a posición 118). El país también desmejoró en la clasificación en las áreas relacionadas con tamaño del
gobierno (posición 31 a 34) y libertad para comerciar internacionalmente (17 a 22).
Las únicas dos áreas en las que se mejoró, en relación con otros países evaluados en el reporte, entre 2014 y
2015, fueron las relacionadas con el sistema legal y derechos de propiedad (posición 50 a 46) y buen dinero
(44 a 43).
Al analizar la evolución de la libertad económica de Costa Rica, durante un periodo más largo, entre 1975 y el
año 2013, se observa que la puntuación del país casi no ha variado desde el año 2000. La puntuación cae entre
1975 y 1980 y, posteriormente, mejora de manera importante, entre 1985 y el año 2000. Desde entonces, se
estancó. En el siguiente gráfico, se muestra el resumen de la puntuación del Reporte de Libertad Económica, a
través de varios años -utilizando la serie encadenada, que incorpora ajustes por cambios metodológicos para
hacer los datos comparables-, de 101 países, para los cuales se cuenta con información disponible.
Gráfica 1: Evolución de Costa Rica en el Reporte de Libertad Económica, entre 101 países, y
resumen de puntuación
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del índice de Libertad del Fraser Institute.
En el área de buen dinero, los resultados recientes han sido positivos, pero, todavía no es claro que estos
puedan sostenerse, por lo que trabajar para garantizar la estabilidad monetaria es, también, prioritario.
Otra área que demanda una intervención urgente, tal y como se anticipó el año pasado, es la relacionada
con regulación. Se requieren reformas que permitan eliminar distorsiones y que permitan a los ciudadanos
aspirar a mejorar su prosperidad. Concretamente, existe un espacio interesante para avanzar en reformas
Costa Rica
En el futuro cercano, el área relacionada con tamaño del gobierno es, sin duda, la que representa una mayor
amenaza para la libertad económica. El gasto público, particularmente el gasto primario, ha crecido de
manera acelerada, mientras los ingresos públicos han crecido a un ritmo mucho menor. Como consecuencia,
el déficit fiscal y la deuda pública nos han conducido a una situación que parece ser insostenible, por lo
que un esfuerzo de consolidación fiscal parece impostergable. Lamentablemente, como se comentará más
adelante, no existe consenso alrededor de las medidas que deben adoptarse para superar la crisis fiscal. Por
el contrario, la distancia entre quienes promueven soluciones de recorte de gasto y la de quienes proponen
mejorar los ingresos (más impuestos) se ha incrementado.
19
relacionadas con acceso al crédito y simplificación de trámites para creación de empresas y para construcción.
En contraste, las reformas en otras áreas, particularmente aquellas relacionadas con el mercado laboral, no
parecen contar con la misma viabilidad.
Consolidación Fiscal
El déficit financiero del Gobierno Central de Costa Rica rondará los US$3.000mm, en el 2015, lo cual es
equivalente a cerca del 6% de la producción costarricense. Para estabilizar el deterioro de las finanzas
públicas, esto es que la deuda deje de crecer respecto al PIB, es necesario una disminución del déficit cercano
a los US$1.300mm, situación que no se vislumbra al observar que en, sólo el 2015, el déficit financiero
aumentó en US$230mm, desde un 5.7% del PIB, en el 2014.
Las cifras para el 2016 son aún más sombrías, se espera que el déficit financiero aumente cerca de US$300mm,
para llegar a representar un 6.4% de la producción.
Esta dinámica de los mercados de capital pone de manifiesto el hecho de que los analistas internacionales no
vislumbran una solución, de corto plazo, para las finanzas públicas costarricenses y que sólo están dispuestos a
financiar el déficit del país si cobran primas por riesgo emisor que son congruentes con niveles de calificación
de riesgo de B o incluso menores.
Con un financiamiento externo del déficit fiscal cada vez más costoso, y un déficit fiscal que viene en
aumento, el peso del servicio de la deuda irá desplazando aún más la inversión de capital y, eventualmente,
el mismo gasto corriente del Estado, situación que conducirá a un mayor descontento en la población por la
ausencia de inversión en las actividades básicas que justifican la existencia del Estado.
Un elemento que podría contribuir a mejorar la credibilidad de los esfuerzos para lograr una consolidación
fiscal sería el que el Gobierno impulse la aprobación de una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal
que, por medio de reglas fiscales, imponga límites al crecimiento del gasto público y al endeudamiento
(razón Deuda/PIB) y establezca una meta de resultado primario. Esa ley debe establecer sanciones para los
funcionarios que la incumplan. Un segundo esfuerzo debe impulsar la eliminación del 100% del gasto público
innecesario.
El tema de una Ley de Responsabilidad Fiscal se ha discutido públicamente durante varios años y el 2015 parece
ser uno en donde se podrían lograr los apoyos necesarios de los principales partidos políticos representados
en la Asamblea Legislativa.
Costa Rica
Estabilidad Monetaria
20
El 2015 se ha caracterizado por ser un periodo de ambivalencia por parte del Banco Central de Costa Rica
(BCCR). El ente emisor ha sido enérgico en resaltar su autonomía e independencia ante grupos de presión
formales, como cámaras de exportadores o de instituciones financieras, hasta llegar incluso al mismo Gobierno.
Sin embargo, ha sido mucho más tímido respecto a la decisión de adoptar, de una vez por todas, una meta
de inflación baja y positiva. Tanto en la publicación, a inicios de año, del Programa Macroeconómico, como
en la revisión del mismo, a mediados de año, este ha mantenido su proyección de inflación en niveles del
4% ± 1 punto porcentual.
Es así como su posición respecto a grupos de presión formales es ensombrecida por la falta de compromiso
con la adopción de un esquema de metas de inflación formal. Esta indefinición provoca que las expectativas
de inflación no se anclen, lo que dificulta el manejo mismo de la inflación por parte del Banco Central.
Esto toma singular importancia en una coyuntura donde las cifras de inflación, medidas a través del índice de
precios al consumidor, muestran las primeras lecturas de deflación en décadas recientes, cifras que no están
siendo aprovechadas para romper las expectativas de inflación, y hacerlas converger al 3%, que el BCCR ha
manifestado como el nivel de inflación al que buscaría aspirar en el mediano y largo plazo.
Las cifras negativas de crecimiento interanual de los precios han provocado sobrerreacciones importantes por
parte del BCCR, por ejemplo, el dinero en circulación experimentó tasas de crecimiento interanual negativas
en los primeros meses del 2015, y, conforme se presentaron los primeros signos de deflación el dinero en
circulación empezó a registrar tasas de crecimiento de dos dígitos, regresando así a los penosos niveles
registrados antes del reciente proceso de desinflación.
Esas tasas de crecimiento deben ser reversadas antes de que influyan en las expectativas de las empresas y
las personas, trasladándose a una inestabilidad interna y externa del colón.
Mejora regulatoria y simplificación de trámites
La regulación, de acuerdo con los resultados comentados arriba, se ha convertido en la principal amenaza
para la Libertad Económica en Costa Rica. El exceso de regulaciones y de trámites, que demandan tiempo
y dinero por parte de los ciudadanos y de las empresas, perjudican el clima para desarrollar actividades
productivas y limitan las posibilidades de aspirar a mayores niveles de prosperidad.
Parece posible avanzar, mediante la colaboración de los distintos actores, en la implementación de soluciones
con el potencial de lograr un impacto significativo y positivo en las tres áreas mencionadas arriba. Los
avances que se lograrían, si llegan a materializarse, deberían contribuir, a su vez, a promover la inversión
productiva y la generación de puestos de trabajo.
Un factor que podría dificultar el avance en las reformas que parecen más viables es que la agenda nacional
sea secuestrada, como ha ocurrido en el pasado, por un único tema: la reforma fiscal.
Costa Rica
Entre las prioridades de mejora regulatoria -tanto desde la perspectiva del sector público y del sector privado
como de la de la sociedad civil- se encuentran aquellas relacionadas con iniciativas que permitan mejorar el
acceso al crédito y simplificar los trámites para crear empresas y para la construcción.
21
Las posibilidades de avanzar en reformas en otros temas igualmente importantes -incluyendo aquellos
relacionados con reformas al mercado laboral, salarios mínimos, empleo público y flexibilización laboralson escasas, al menos en el corto plazo. A pesar de que, durante los últimos meses, se ha intensificado el
debate público alrededor de posibles soluciones, los actores involucrados -particularmente aquellos que se
benefician de los esquemas vigentes, como los sindicatos del sector público- no parecen estar dispuestos a
ceder. Por el contrario, han anunciado que defenderán a muerte sus privilegios.
Declaración Final
“Limitemos el tamaño del Estado e impulsemos las reformas necesarias para liberar el potencial creativo y
productivo de los costarricenses.”
Costa Rica
22
GUATEMALA : La libertad se protege en los detalles
La crisis política que afectó a Guatemala entre abril y septiembre de 2015 casi terminó. La Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), junto con el Ministerio Público, fueron capaces de
llevar a juicio al ex-presidente Otto Pérez Molina, a la ex-vicepresidente Roxana Baldetti, a Edgar Barquín,
quien fuera candidato vicepresidencial del que fue el principal partido de oposición -Líder- hasta mediados de
año, así como a otros funcionarios públicos de menor rango relacionados con los escándalos de defraudación
en las aduanas de Guatemala y de lavado de dinero en el sistema financiero nacional.
Además, la incertidumbre que se generó en las semanas siguientes a las elecciones generales del 6 de
septiembre, con respecto a si sería Manuel Baldizón, del partido Líder, o Sandra Torres, de la Unidad Nacional
de la Esperanza (UNE), quien pasaría a competir a la segunda vuelta -balotaje- contra Jimmy Morales,
candidato del Frente de Convergencia Nacional (FCN), finalmente se aclaró. Antes que el Tribunal Supremo
Electoral diera los resultados finales del conteo de votos Manuel Baldizón se retiró voluntariamente de la
contienda y su derrota fue luego confirmada por una diferencia de poco más de 17 mil votos a favor de Sandra
Torres.
Hoy la tormenta política en Guatemala parece haber amainado. El Congreso de la República eligió a un nuevo
presidente -Alejandro Maldonado- y vicepresidente -Juan Alfonso Fuentes-, las elecciones fueron un éxito y
concurrieron sin percances importantes y las manifestaciones de las clases urbanas han cesado.
Sin embargo los problemas fundamentales que iniciaron esta crisis no se han extinguido. Las reformas
fundamentales que se necesitan en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en la Ley de Servicio Civil, en la de
Compras y Contrataciones del Estado y en la misma Constitución Política de la República no se dieron. Las
clases medias urbanas siguen políticamente activadas y, aunque las manifestaciones no se están dando en la
vía pública, sí se mantienen por medios de las redes sociales digitales. Y, al momento de escribir estas líneas,
aún no se ha dado la segunda vuelta electoral –a llevarse a cabo el 25 de octubre de 2015- para definir si será
el equipo de Sandra Torres y la UNE, o el de Jimmy Morales y el FCN, quienes gobernarán al país los próximos
cuatro años (2016-2019).
En el caso de Jimmy Morales la incertidumbre es aún mayor. Aunque el partido -FCN- por el cual está
compitiendo por la presidencia de la República fue creado y es liderado por ex-militares -según un artículo
de Nomada del 15 de agosto de 2015-, es poco lo que los guatemaltecos saben sobre ellos o sobre el partido.
Para algunos la candidatura de Jimmy Morales es como una brisa en el calor del verano, como algo nuevo e
inesperado, a quien darle el beneficio de la duda. Para otros es simplemente un misterio.
Guatemala
La incertidumbre sigue siendo una bruma que impide tener claridad sobre el futuro de la libertad en Guatemala.
Si Sandra Torres termina ganando la presidencia del país es probable que el tamaño del gobierno aumente,
debido al apoyo a los programas sociales que ella comenzó durante la administración de su ex-esposo Álvaro
Colom. Pero es difícil saber cuál sería el impacto sobre los demás indicadores del país, pues aunque su
candidato a vicepresidente es uno de los empresarios más importantes del país -Mario Leal Castillo-, dentro
de su bancada en el Congreso tiene a diputados que han militado en los grupos de izquierda socialista del
país.
23
Los datos que hoy presenta el Reporte de Libertad Económica, para Guatemala, deben analizarse a la luz de
la inercia política y económica que vivió el país en la última década; sin embargo, las perspectivas para el
mismo deben ser entendidas en el marco del terreno nuboso en el que hoy se encuentran los guatemaltecos.
Resumen del Ranking
Guatemala se encuentra en la posición 40 de 157 países comparados en el Reporte de Libertad en el Mundo
2015. Es decir, se encuentra dentro del 25% de los mejores países en términos de libertad económica.
Comparado con el resto de países de la región centroamericana estamos por debajo de Costa Rica -posición
17- y de El Salvador -posición 33- y sobre Panamá, Nicaragua y Honduras, quienes ocupan las posiciones 43,
63 y 65, respectivamente.
Esta situación relativamente buena del país se debe a la mejora constante en sus indicadores. Como se
observa en la gráfica 1, el punteo promedio del país ha mejorado sistemáticamente desde la década de 1980.
Gráfica 1: Puntaje promedio de Guatemala en el Reporte de Libertad (1980-2013)
Fuente: Elaboración propia con base a los datos del Reporte de Libertad para 2013.
Guatemala
Ello se ha debido a varios cambios que han sucedido en el país desde 1985. Entre ellos están:
24
1. El retorno a la democracia abierta, a partir de 1985, gracias a un sistema electoral autónomo del
gobierno de la República.
2. La creación de una nueva Constitución Política de la República que habilita el respeto a los
derechos de propiedad privada en el país, que le dio autonomía al Banco Central de Guatemala
del Gobierno de la República, así como limitó su capacidad de servirle de prestamista de última
instancia. Además se instituyó un régimen republicano que evita los peores vicios de la democracia.
3. La desmonopolización y privatización de varias empresas públicas que estaban en situación de
quiebra y que ya no eran capaces de proveer un buen servicio a los guatemaltecos, durante el
gobierno del Partido de Avanzada Nacional (PAN), entre 1996 y 1997. Gracias a ello se desarrollaron
los sectores eléctrico, de telecomunicaciones y de correos privados, los cuales han sido casos de
éxito a nivel internacional.
4. La creación del Ministerio Público y la reforma del Código Penal para adecuarlo a la nueva
situación de posguerra en el país, entre 1993 y 1994.
5. La reforma y modernización de la Policía Nacional, para convertirla en una policía nacional civil
más profesional y respetuosa de los nuevos principios de la democracia guatemalteca.
6. La ratificación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y
Estados Unidos (DR-CAFTA por sus siglas en inglés), en 2005.
Pero, como se observa en la gráfica anterior del 2005 al 2013 hubo una desaceleración en la mejora en la
puntuación de Guatemala en el Reporte de Libertad Económica. Ello se debe probablemente a que no se han
realizado cambios significativos en aquellos indicadores en los que Guatemala está peor evaluada. Estos
indicadores son los relacionados con derechos y obligaciones laborales, el sistema de justicia de Guatemala
y el tema de corrupción. Otra posible razón de esta desaceleración es que a partir de 2005 se incluyeron los
indicadores de confianza en la policía y costos de la criminalidad, en los cuales Guatemala, al igual que sus
vecinos del Triángulo Norte -Honduras y El Salvador- puntean bajo, debido a la creciente criminalidad surgida
en la posguerra.
Tamaño de Gobierno
El indicador del tamaño de gobierno es el segundo mejor evaluado para Guatemala. Como se observa en la
gráfica 2 el mismo está en el segundo lugar dentro del grupo de Honduras, El Salvador y Nicaragua, que están
mejor evaluados que Panamá y Costa Rica.
Sin embargo, uno de los retos es obtener perspectivas más certeras sobre la evolución política y económica
de Guatemala. En este sentido es importante revisar los resultados de dos de los sub-indicadores de este
indicador.
Guatemala
Gráfica 2: Indicador del Tamaño de Gobierno para Guatemala
25
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Fraser Institute.
El sub-indicador Empresas e Inversión Estatal o de gobierno no mostró variación entre la medición de 1995
y la del 2000. Éste no pareciera haber reaccionado hacia la desmonopolización y privatización de varias
empresas estatales durante el gobierno del Partido de Avanzada Nacional (PAN), entre 1996 y 1999. Entre las
empresas privatizadas estuvieron la de telecomunicaciones, la de electricidad, los ferrocarriles y la empresa
de correos.
El caso de la desmonopolización y privatización del sector eléctrico guatemalteco, en 1996, es uno de los de
mayor éxito a nivel internacional. El mismo supuso la eliminación del monopolio estatal sobre el sector y de
la corrupción, la mala administración y el mal servicio que esto implicaba. Además, la reforma de 1996 fue
transparente, le generó ganancias al Estado y fue la base de un sector eléctrico eficiente y efectivo que se
convirtió en el primer exportador de energía eléctrica de la región.
También es importante comentar el sub-indicador de la Tasa Marginal Impositiva. El mismo muestra una
mejora importante en su calificación promedio, entre los datos usados para los reportes de 2014 y 2015, la
cual pasó de 5.5 a 9.5 puntos promedio. El cambio fiscal más importante entre estos años, en Guatemala, fue
la reforma fiscal implementada por el Ministerio de Finanzas de Guatemala, en 2012. El objetivo de esta fue
aumentar la recaudación y la tasa impositiva del país, por medio de la eliminación de exenciones fiscales y del
aumento del Impuesto sobre la Renta. Es por esto que es extraño que el sub-indicador haya mejorado en lugar
de empeorar o mantenerse al nivel anterior. Es decir, la reforma fiscal del 2012 más bien tuvo un impacto
negativo en la libertad de los guatemaltecos al aumentar los impuestos que tienen que pagar.
Estructura Legal y Derechos de Propiedad
Este es el indicador en el cual Guatemala sale peor evaluado. Como se observa en la gráfica 3 sólo Honduras
tiene una evaluación inferior a la de Guatemala. Además, el país es el segundo peor evaluado de la región,
sólo por encima de Honduras y cerca de El Salvador, que sufre problemas similares a Guatemala. Los mejores
países de la región son Costa Rica y Panamá, que se han visto menos afectados por la ola de violencia del
Triángulo Norte.
Guatemala
Gráfica 3: Indicador Sistema Legal y Derechos de Propiedad para Guatemala
26
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Fraser Institute.
Aunque hubo una mejora en la calificación de Guatemala en el tema del sistema legal y derechos de propiedad,
en las décadas de 1980 y 1990, a partir del 2005 más bien se ha registrado una caída en el indicador. Esto
puede ser resultado del incremento de la violencia homicida, de las extorsiones y del narcotráfico en el país;
y debido a la desconfianza generalizada que se tiene en la Policía Nacional Civil.
Este malestar en el indicador se debe a la percepción del mal funcionamiento del sistema judicial de Guatemala.
Esto es resultado de los múltiples casos que debe atender el Ministerio Público y el Organismo Judicial, sin
tener las capacidades para hacerlo. Además, se evidenció en las actuales sindicaciones de corrupción que
hizo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), contra autoridades del Organismo
Ejecutivo, de aduanas y del Organismo Judicial, que en Guatemala existe la posibilidad de corromper a los
jueces del más alto nivel.
Un segundo factor que afectó la calificación de este sector hacia la baja, entre 2005 y 2010, fue la inclusión
de los sub-indicadores Confianza en la Policía y Costos de la Criminalidad para las Empresas. Evidentemente,
Guatemala, con una de las tasas de homicidios más altas del mundo y con un creciente número de reportes
de extorsiones a empresas pequeñas y medianas obtuvo uno de los peores puntajes del mundo. Y, a pesar de
que ambos sub-indicadores han mejorado en el último quinquenio, aún muestran la mala percepción que hay
en Guatemala respecto de estos temas.
Hay dos sub-indicadores adicionales que es valioso analizar en esta sección por su comportamiento atípico.
El primero es el de Interferencia del Ejército en el Estado de Derecho y la Política. Este mostró una mejora
ostensible entre 2004 y 2008. En esas fechas se redujo en 15.000 efectivos el tamaño del Ejército de
Guatemala. Sin embargo, a partir de 2008, a inicios del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),
empezó a bajar la puntuación de este sub-indicador. Ello, posiblemente, como resultado del incremento en el
uso de efectivos militares para seguridad ciudadana en la Ciudad de Guatemala y debido al incremento de su
participación en el combate al narcotráfico.
Finalmente, el único sub-indicador con una buena puntuación en este ranking es el de Costos Regulatorios para
Vender Propiedad. Por ejemplo, en el caso de la compra-venta de propiedad inmobiliaria, cuando el vendedor
cuenta con un título de propiedad y todos los demás trámites oficiales están en orden, el procedimiento es
relativamente barato.
Buen Dinero
Aunque esta buena percepción sobre la solidez monetaria del país terminó de consolidarse en la última
década (2005-2013), la misma se construyó desde la década de los 1990. Fue en la primera mitad de este
periodo, hasta el año 1996, que el país sufrió de una alta inflación, un alto endeudamiento con instituciones
financieras internacionales y falta de liquidez para pagar sus compromisos a nivel nacional e internacional.
Guatemala
Uno de los principales éxitos de Guatemala ha sido contar con una política macroeconómica relativamente
sana a partir de los años 2000. Esto se observa en la gráfica 4, la cual muestra a Guatemala con el mejor
puntaje de la región en este indicador, en los últimos 4 años.
27
Gráfica 4: Solidez monetaria en Guatemala
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Fraser Institute.
Dos cambios importantes ocurrieron entre la década de 1990 y la actualidad. El primero fue la modernización del sistema financiero. Como menciona el Banco de Guatemala:
“(…) en 1993 la Junta Monetaria aprobó el Programa de Modernización del Sistema Financiero Nacional.
Mediante dicho programa se propuso actualizar el marco regulatorio vigente, buscando reformas que
favorecieran la estabilidad macroeconómica y que propiciaran una mayor apertura del mercado financiero, así
como un mayor papel de las señales del mercado como asignadoras de los flujos financieros; todo ello mediante
el impulso de modificaciones reglamentarias y legales, las cuales no pretendían la derogación completa de las
leyes vigentes sino, más bien, su adecuación a los nuevos tiempos.”
Y dentro de estos cambios el de rango más elevado fue la prohibición constitucional de que el Banco de
Guatemala financiara al Estado.
El segundo cambio importante fue la desmonopolización y privatización de las telecomunicaciones, del
servicio eléctrico, del servicio de correos y de los ferrocarriles. Esto eliminó la fuga de dinero público hacia
estas empresas públicas, lo que a su vez contribuyó a la estabilidad macroeconómica del país.
Guatemala
Libertad del Comercio Internacional
28
Cómo se observa en la gráfica 5, Panamá y Costa Rica son los países mejor evaluados en términos de la
libertad que tiene el comercio internacional. Guatemala, en cambio, se encuentra en el grupo de los países
restantes, los cuales tuvieron una nota promedio conjunta de 7.55 para la última medición del Reporte de
Libertad Económica. Además, en promedio Guatemala tiene un puntaje de 6.72 a lo largo de su historia para
este indicador.
La gráfica 5 también deja ver que la percepción sobre la libertad de comerciar internacionalmente mejoró
exponencialmente entre la década de 1980 e inicios de los años 2000. Ello se debió a la finalización de la
guerra, al retorno a una democracia abierta y al desmantelamiento del modelo de Sustitución de Importaciones.
Aunque la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI por sus siglas en inglés) tuvo un impacto positivo en abrir
los mercados de la región y de Guatemala, también la eliminación de barreras arancelarias y una mayor
estabilidad política generaron incentivos positivos para el aumento de las inversiones y el comercio en el país.
Gráfica 5: Libertad para el Comercio Internacional para Guatemala
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Fraser Institute.
Sin embargo, los sub-indicadores Barreras No-Arancelarias y Restricciones a la Inversión y Propiedad
Extranjera muestran una caída entre las últimas dos mediciones del Reporte de Libertad Económica. Esto en
parte puede deberse a los resultados de la última reforma fiscal del país, realizada en 2012, la cual dificultó
los procesos en las aduanas portuarias.
Este es el segundo indicador en el que Guatemala sale peor evaluada, por debajo del de Sistema Judicial
y Derechos de Propiedad. El mismo está dividido en tres grandes secciones: 1) Regulaciones del Mercado
Crediticio; 2) Regulaciones del Mercado Laboral y, 3) Regulaciones a las Empresas. De éstas sólo en las
Regulaciones del Mercado Crediticio está bien evaluado el país. En las siguientes dos, relacionadas con todo
el proceso desde la contratación hasta el despido de un trabajador y con los costos y requisitos para abrir un
negocio, Guatemala sale muy mal evaluada.
Como se observa en la gráfica 6, Guatemala ha mejorado desde la década de 1990 en este indicador, aunque
sigue por debajo de su mejor evaluación en 1980. Esta mejora se observa principalmente en los sub-indicadores
de Crédito al Sector Privado, Negociación Colectiva Centralizada y Facilidad para Iniciar un Negocio, cuya
evaluación cayó durante el gobierno de la UNE, y Restricciones para Obtener Licencias, el cual ha mejorado
progresivamente desde el 2004, cuando el mismo comenzó a ser medido.
Guatemala
Regulaciones
29
Gráfica 6: Regulaciones para Guatemala
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Fraser Institute.
Sin embargo, a pesar de estas mejoras hay seis factores que afectan negativamente la percepción de la
libertad económica de Guatemala, dentro de este indicador. Tres están relacionados con el mercado laboral y
son el salario mínimo y las regulaciones de contratación, los costos obligatorios de despido y el reclutamiento.
Aunque los mismos han mejorado desde que comenzaron a ser medidos para el presente reporte, siguen
teniendo puntuaciones por debajo de los 5 puntos. Ello se debe, principalmente a que hasta el momento no
se ha realizado un esfuerzo importante por cambiar las leyes laborales de Guatemala, las cuales datan de las
décadas de 1940 y 1950 y restringen el desarrollo del mercado laboral nacional.
Un segundo grupo de restricciones a la libertad económica de Guatemala han sido los requisitos administrativos,
los costos burocráticos y los pagos extraordinarios, así como el favoritismo para abrir negocios. Todos estos
indicadores muestran un deterioro desde el año 2008, lo cual indica que los esfuerzos del gobierno por
simplificar los trámites que tienen que hacer las empresas no han sido percibidos como suficientes para
mejorar su situación.
Guatemala
Recomendaciones Finales
30
El desarrollo económico de Guatemala requiere la eliminación de barreras. En este sentido, la protección, el
mantenimiento y la ampliación de la libertad económica en el país son prioridades para asegurar la búsqueda
de la felicidad de sus habitantes. Y es aquí en donde radica la importancia del Reporte de Libertad Económica
del Fraser Institute, pues el mismo es una herramienta que permite identificar aquellos puntos en los cuales
cada país tiene debilidades y aquéllos en los que se han tenido éxitos.
Para el caso de Guatemala se presentan tres grandes recomendaciones para salvar la libertad económica que
se ha alcanzado paso a paso desde la década de 1980.
1. Fortalecer la integridad y la profesionalización del Organismo Judicial. Como se observa en el
Reporte de Libertad Económica para Guatemala, el funcionamiento del sistema de justicia del país
es uno de los elementos peor evaluados. La CICIG ya inició parte de este trabajo al ligar a varios
jueces a proceso judicial por cargos de corrupción. Pero esto tiene que ser parte de una política
integral, técnica y de largo plazo para asegurar la honestidad de los jueces. Segundo, es indispensable
fortalecer la carrera judicial para generar incentivos positivos para que sea el mejor recurso humano
el que llene sus filas.
2. Flexibilizar el mercado laboral nacional. Uno de los grandes retos en el fortalecimiento de la
libertad económica en Guatemala es la eliminación de las restricciones que han tenido al mercado
laboral guatemalteco cautivo desde 1947. Es decir, la actual legislación tiene casi setenta años
protegiendo a unos pocos intereses sindicales perversos, que hoy benefician a la minoría de
trabajadores del país, en detrimento de más de 180.000 jóvenes que no pueden acceder al mercado
laboral formal. Y ello no se debe principalmente a la ausencia del Estado o al bajo capital humano
de muchos de ellos, sino a lo costoso que es para los empresarios crear cada nuevo puesto de
empleo o eliminar uno viejo, en un mundo competitivo. En este sentido, se recomienda el apoyo a la
modernización y reforma del mercado laboral de Guatemala, tendiente a abrir este mercado para la
mayoría de guatemaltecos que no tienen un empleo formal.
3. Homologar y simplificar trámites burocráticos. Aunque parece algo prosaico, pocas cosas son tan
importantes hoy en día en Guatemala, para avanzar la libertad económica, como la homologación
y simplificación de los trámites burocráticos. Estos afectan negativamente y principalmente a
los inversionistas extranjeros y a los nuevos y pequeños empresarios guatemaltecos que tienen
que incurrir en altos costos para cumplir con una diversidad de trámites oficiales, nacionales y
municipales, con el fin de obtener un permiso para operar. En este sentido, se recomienda seguir
con la política de ventanillas únicas, reducción y digitalización de formularios y planillas, así como
homologación de los mismos.
Declaración final
Guatemala
La libertad está en los detalles. Guatemala ha llegado a un nivel de desarrollo medio en donde ha ganado
mucho en términos de libertad económica, pero donde queda mucho por hacer, donde los ciudadanos debemos
participar políticamente, exigiendo nuestros derechos y evitando que nos roben la libertad en los detalles.
31
débil protección a la propiedad privada y a los
HONDURAS: La
contratos frena el desarrollo económico del país
Honduras se encuentra en una encrucijada económica y legal que definirá su futuro cercano. A pesar de
una leve mejora en su evaluación de libertad económica, muchas leyes de facilitación de trámites legales
y apertura de mercado que fueron recientemente aprobadas aún se encuentran sin ser aplicadas. Por otra
parte, avanza una agresiva política fiscal que amenaza el crecimiento económico futuro y la supervivencia de
muchas pequeñas empresas.
Diagnóstico de Honduras
Como sucede cada año, en el Reporte de Libertad Económica en el Mundo, Honduras recibe su calificación más
baja en el área de Sistema Legal y Derechos de Propiedad (4.07/10). Existe una fuerte percepción de carencia
de independencia (3.05/10) e imparcialidad (4.23/10) en las cortes hondureñas. Vale la pena mencionar una
leve mejoría en relación al último año en relación a la Imparcialidad, debido al inicio de un timorato y también
cuestionado proceso de depuración y reestructuración judicial. Así mismo, la integridad del sistema legal
(2.50/10) en general, es decir, la imparcialidad en el contenido de la ley y el cumplimiento de la misma por
parte de la población, recibe una baja calificación. Esto se debe, creemos, a una desorientada labor legislativa
en el Congreso Nacional y en las disposiciones de los Planes de Arbitrios de las Municipalidades, causados por
un intento de gobernar la vida social con un alto grado de arbitrariedad, producto de un enfoque que busca
inmiscuirse de arriba hacia abajo, contrario a un sistema orgánico que respete las individualidades, resultando
en legislación que no refleja los valores y costumbres de la sociedad hondureña.
La falta de protección a la propiedad privada (4.49/10), sigue siendo uno de los mayores frenos al desarrollo
económico tanto en las áreas rurales, en cuanto a desarrollo agrícola o agroindustrial, como en las áreas
urbanas, en cuanto a desarrollo privado de infraestructura. A pesar de que las últimas expropiaciones de tierra
por parte del gobierno se dieron en el 2012, existen aún muchas invasiones a terrenos privados que no han
podido ser protegidos apropiadamente a través del sistema legal; así como un Sistema Nacional de Propiedad
que aún crece en cobertura y transparencia.
Honduras
Otro factor para la baja calificación, es que se carece de un mecanismo eficiente -en costos de dinero y
tiempo- para lograr la ejecución legal de los contratos (2.86/10). En consecuencia, se generan altos grados
de inseguridad jurídica y un alza en los costos para hacer negocios (costos de transacción). La falta de
confianza en la Policía Nacional (3.65/10), a pesar de los recientes esfuerzos por depurar y profesionalizar
dicha institución, sigue siendo un generador de intranquilidad e inseguridad en todos los hondureños. La
ineficacia de los operadores de justicia, de investigación y del sistema judicial tiene como consecuencia un
alto grado de impunidad que es aprovechada por quienes violan la ley, en todos los niveles. Esto obliga a
los negocios a tener que invertir en guardias de seguridad o armas de fuego para poder proteger sus bienes,
aumentando así los costos empresariales de operación.
32
Los altos grados de impunidad han desatado multitudinarias marchas lideradas por la sociedad civil y los partidos
políticos de oposición, en contra del gobierno. Así mismo, un reciente Informe de la Comisión Multipartidaria
del Congreso Nacional, a la cual fue encomendado un estudio sobre el avance de la judicialización de casos
emblemáticos de corrupción, ha dejado en evidencia la necesidad de una reestructuración del Poder Judicial.
Tras la participación de la Organización de Estados Americanos en un diálogo a nivel nacional, la comisión
pertinente ha enfocado la mayoría de sus recomendaciones en una reforma al Sistema de Justicia, incluyendo
el Poder Judicial y la Fiscalía.
Justificación de Reformas Liberales
Política Fiscal: Responsabilidad Fiscal y Recaudación Tributaria
El gobierno de Honduras históricamente no tiene una visión a largo plazo en cuanto a su política fiscal se
refiere. No ha habido una sola administración en más de 25 años que no haya elevado los impuestos al pueblo
hondureño, principalmente para sostener el elevado gasto público o para intentar balancear el presupuesto
nacional.
Gran parte del gasto público es el reflejo de ambiciones político-electorales, que se manifiestan en programas
sociales populistas y en un alto clientelismo basado en la repartición de puestos de trabajo dentro del gobierno,
y que alimentan a un significativo aparato burocrático. Dichas medidas consisten en extraer recursos del
sector productivo de la economía, para ponerlos a la disposición de la política del día. Sólo un sistema de bajos
impuestos, sin barreras de mercado y con una asignación de recursos basada en una economía de mercado,
podrá generar la riqueza y la prosperidad necesaria para mejorar la calidad de vida de los hondureños.
Apertura Energética
Consideramos que los monopolios legales son contraproducentes, ya que no tienen motivación para
ser eficientes y como consecuencia encarecen la vida de los consumidores (Tullock, 1962). Hay una alta
correlación entre el coste de energía y el desarrollo económico de una nación, ya que mientras más bajo es el
coste de energía más se puede producir y más capital queda liberado para otras inversiones.
Consideramos que es necesaria una apertura en el mercado energético a todos los niveles (generación,
transporte, distribución y comercialización). Permitiendo que diferentes empresas puedan ingresar al mercado
energético y competir por obtener el favor de los consumidores, se alinean los incentivos de los participantes
en el mercado hacía la eficiencia y la reducción de costos. Los hondureños podrán escoger la empresa que
más les beneficie y tendrán más oportunidades para tener acceso a un flujo de energía eléctrica a un precio
más competitivo.
Honduras
En Honduras, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ostenta un monopolio legal sobre el transporte,
la comercialización y la distribución de energía eléctrica, mientras que la generación está en manos de unas
pocas empresas, debido a las sólidas barreras legales que existen para entrar a dicho mercado. Esta situación
ha causado que Honduras cuente con altos costos energéticos y un mal servicio que se experimenta en los
constantes apagones que dejan sin servicio eléctrico a algunas ciudades por días enteros.
33
Atracción de Inversión y Generación de Empleo
La finalidad de las políticas públicas debe ser el establecimiento de instituciones que permitan el progreso
social mediante la adecuada protección de los derechos de las personas. Una mejora en la calidad de vida
dentro de una sociedad puede trazarse a ingresos per cápita más elevados, y éstos son, generalmente, el
resultado de mayores niveles de productividad de los miembros de una sociedad.
Los niveles de productividad son, en gran medida, el reflejo de las tasas de capitalización promedio en un
país. Esto porque mientras más capital esté disponible, se puede invertir en bienes capitales que incrementen
la productividad de los trabajadores y por ende la capacidad productiva de las empresas. A tal efecto,
consideramos necesaria una drástica reducción en los costos de transacción derivados del orden jurídico
vigente mediante una reforma integral a la costosa institución del notariado público y la aprobación de
mecanismos legales que promuevan la seguridad jurídica y la atracción de capitales como ser: la adopción de
una nueva ley de quiebras, una reforma al régimen aduanero y la abolición de la confiscación de divisas por
parte del Banco Central, además de la reforma fiscal ya propuesta.
Acceso a la Justicia y Protección a la Propiedad Privada y los Contratos
Honduras
Con las bajas calificaciones obtenidas en las áreas de independencia de las cortes (3.05/10), imparcialidad
de las cortes (4.23/10), protección de los derechos de propiedad (4.49), integridad del sistema legal (2.50/10)
y ejecución legal de los contratos (2.86/10) se vuelve evidente que el acceso a la justicia se encuentra
altamente limitado en Honduras.
34
Consideramos que es necesaria una mayor apertura en los métodos alternos de resolución de conflictos
ya que actualmente la legislación vigente es bastante rígida y limitativa sobre el tipo de instituciones que
pueden ofrecer servicios de mediación, conciliación y arbitraje. La posibilidad de someterse a un proceso
vinculante, fuera de la jurisdicción ordinaria, dará mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, principalmente
en cuanto a la ejecución legal de los contratos. Una reforma que le quite la responsabilidad al Poder Ejecutivo
para hacer las transferencias presupuestarias al Poder Judicial fortalecería la independencia e imparcialidad
de las cortes. Para asegurar una mejor protección a la propiedad privada, recomendamos establecer un nuevo
sistema de registro de propiedad utilizando la tecnología de “blockchain” para lograr así mayor seguridad
jurídica y transparencia en los registros de propiedad.
Respuesta del Gobierno
Política Fiscal: Responsabilidad Fiscal y Recaudación Tributaria
En cuanto a las finanzas públicas, en respuesta a la escasez de recursos en el sector público a causa del bajo
desarrollo económico, el gobierno ha adoptado una agresiva política tributaria y sigue endeudándose para
financiar masivos programas sociales. A pesar de haber implementado algunas reformas para equilibrar las
finanzas y hacer más eficiente el gasto público, el presupuesto de gobierno sigue creciendo año con año a
un ritmo mayor que el de la economía nacional. Así, el presupuesto para el año 2015 representa alrededor
del 48% del Producto Interno Bruto sin haber logrado mejoras significativas en la calidad de vida de los
hondureños y el de 2016 será aún mayor.
Siguiendo con la tendencia de expandir los programas sociales de gobierno, el Congreso Nacional, a iniciativa
del Ejecutivo, aprobó la nueva Ley Marco de Protección Social que obliga a los empleadores a pagar la mitad
del Auxilio Cesantía (compensación por desempleo) a sus empleados, aumentando los costos de operación de
las empresas de forma drástica. Aunado a las agresivas políticas tributarias consistentes en la militarización
de la recaudación fiscal, la implementación de un nuevo régimen de facturación, el aumento al Impuesto
Sobre Ventas y el cobro del 1.5% sobre los ingresos brutos mayores a diez millones de lempiras, ponen en
perjuicio el crecimiento económico a corto y mediano plazo, la creación de empleo, la supervivencia de las
micro, pequeñas y medianas empresas y arriesgan la expansión del sector informal de la economía.
Apertura Energética
A finales de los 90s, hubo un intento por liberalizar la industria eléctrica pero fue frenado por la oposición
de diversos grupos organizados. En 2013, se aprueba en el Congreso Nacional la Ley General de la Industria
Eléctrica mediante la cual se da una apertura a la competencia en todos los niveles del mercado eléctrico y la
ENEE pasa a ser un ente dedicado a la promoción de energía renovable.
Hasta el momento, ha habido una manifiesta lentitud en la implementación de esta nueva ley. Recientemente
se eligieron a los miembros de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica pero mientras no se apruebe el
nuevo Reglamento difícilmente habrá un cambio sustancial en la operación del mercado de energía.
Honduras
En 1957 la Junta Militar de Gobierno cerró las empresas de energía eléctrica que existían hasta el momento y
fundó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para que ostentara un monopolio sobre la generación,
transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Luego de una crisis energética en 19931994, se aprueba la Ley Marco del Subsector Eléctrico, permitiendo la participación limitada de agentes
privados en la generación de energía.
35
Atracción de Inversión y Generación de Empleo
El Congreso Nacional aprobó en el 2013 la Ley Para la Generación de Empleo, Fomento a la Iniciativa
Empresarial, Formalización de Negocios y Protección a los Derechos de los Inversionistas (Decreto No. 2842013) que elimina la necesidad de un Notario Público para realizar operaciones empresariales tales como la
constitución de una sociedad mercantil, aumentos de capitales y la división, fusión o escisión de empresas.
Sin embargo, dicha ley no se ha implementado a pesar de haber sido aprobada y reglamentada hace más de
un año.
En cuanto a la agilización del procedimiento de quiebra de una empresa, condición necesaria para elevar la
puntuación de Honduras en el Doing Business Report del Banco Mundial y para reducir el riesgo de inversión
en el país, aún no hay iniciativas de ningún tipo. Así mismo, no se prevé una reforma integral al régimen de
aduanas que facilite los procesos de importación y exportación de mercadería o reduzca la carga impositiva
para dichos procesos.
Tampoco existe iniciativa visible para abolir la confiscación de divisas producto de las exportaciones de
empresas privadas. Consideramos que es necesario abolir esta práctica no sólo para el beneficio de las
empresas, sino para la gran cantidad de hondureños receptores de remesas familiares del extranjero.
Acceso a la Justicia y Protección a la Propiedad Privada y los Contratos
En el 2007 se publicó un nuevo Código Procesal Civil mediante el cual se fortalece la protección a los derechos
fundamentales y las garantías del debido proceso. El mismo tenía la intención de agilizar los procesos y
lograr una tutela judicial más efectiva. Sin embargo, muchos elementos del mismo siguen sin aplicarse y los
indicadores sobre acceso a la justicia aún no mejoran.
Durante la administración pasada, se hicieron esfuerzos por fortalecer la confianza en la judicatura mediante
la implementación de pruebas de confianza a los jueces y demás operadores de justicia. Así mismo, se creó
el Consejo de la Judicatura para garantizar el efectivo cumplimiento de las responsabilidades administrativas
de los jueces. A pesar de ello, el rol del Consejo de la Judicatura ha recibido duras críticas, fundadas o no, de
servir como brazo del Poder Ejecutivo para obtener sentencias con motivaciones políticas.
Honduras
Recomendaciones
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Responsabilidad Fiscal y Recaudación Tributaria. Establecer una Constitución Fiscal, es decir un instrumento
legal con jerarquía constitucional, que limite el poder impositivo del Estado con techos sobre las tasas
impositivas que puede establecer y una clara delimitación de las bases gravables. Dicha enmienda
constitucional debe contener estipulaciones que obliguen al gobierno a manejar un presupuesto balanceado
y a que su presupuesto no supere determinado porcentaje del PIB. Es necesaria una simplificación en todos
los procesos de pago de impuestos. Así mismo, es necesario que haya transparencia en la utilización de
estos fondos y por tanto recomendamos la derogación de la Ley Para Clasificación de Documentos Públicos
Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (Decreto No. 418-2013).
Apertura Eléctrica. Es necesario que se elabore y publique el Reglamento de la Ley General de la Industria
Eléctrica. Para tal efecto, hemos elaborado un documento de investigación “Apertura Energética 2015”
contentivo de una recopilación de las mejores prácticas a nivel mundial para la operación de mercados
energéticos abiertos y competitivos. Consideramos que los factores más importantes de dicho reglamento
deben ser la limitación del poder del órgano regulador (CREE) para evitar incertidumbres legales y la remoción
de todas las barreras legales de acceso al mercado para fomentar la competencia.
Atracción a la inversión. Recomendamos la elaboración de una nueva Ley de Quiebras, contentiva de las
mejores prácticas a nivel mundial para dicho proceso que ayude a reducir así el riesgo de inversión en
Honduras; poder salir de los mercados es tan importante como poder entrar. Creemos necesaria la inmediata
aplicación del Decreto No. 284-2013; la abolición del sistema de confiscación de divisas y la implementación
de una reforma al régimen aduanero que brinde mayores facilidades para el comercio internacional.
Acceso a la justicia y protección a la propiedad privada y los contratos. Consideramos necesario reformar la
Ley de Conciliación y Arbitraje para permitir la existencia de una mayor cantidad de Centros de Arbitraje,
fomentando la competencia entre los mismos y reduciendo así los costos financieros de utilizar dicho
mecanismo. Así mismo, recomendamos la aprobación de una ley que permita los Sistemas de Arbitraje en
Línea y que llene las exigencias principales de la Ley Modelo de la ONU actualmente en discusión.
La utilización de tecnologías “blockchain” para el Registro de la Propiedad ayudará a fomentar la transparencia;
remover el control del Ejecutivo sobre las transferencias financieras al poder judicial hará mucho por
independizar a la judicatura; eliminar los techos de tenencia de tierra en la Ley de Reforma Agraria creará
incentivos para la inversión en zonas rurales.
Declaración final
Honduras
En años recientes hemos visto la creación de varias leyes que le ayudarán a Honduras a avanzar en los
índices de competitividad y protección de las libertades, específicamente en cuanto a la apertura del
mercado energético, la creación de zonas sujetas a regímenes especiales y la facilitación de trámites para
la formalización de empresas. Pero el problema sigue siendo el mismo, la falta de ejecución de éstas y que
los beneficios lleguen a los usuarios. Mientras no se implementen, son simplemente papel mojado. Por otra
parte observamos un riesgoso crecimiento en la partida presupuestaria del gobierno y una agresiva política
tributaria que pone en perjuicio los logros alcanzados.
37
NICARAGUA: Una mirada local a partir de los Datos del
Fraser Institute
Por segundo año consecutivo, Fundación Libertad participa en el esfuerzo de analizar los Datos del Instituto
Fraser para Centro América. En este capítulo, se ofrece un análisis breve de los principales hallazgos sobre el
estado de la libertad económica en Nicaragua, un país centroamericano que por diversas razones se presenta
como un caso de estudio paradójico y curioso. Por ejemplo, diversas fuentes especializadas como Transparency
International colocan a Nicaragua como un país con serios problemas de legitimidad y transparencia de
sus instituciones públicas, particularmente en materia electoral y judicial. Por otro lado, en los ámbitos del
Reporte de Libertad Económica en el Mundo, el país continúa mostrando una situación favorable a pesar de
un deterioro con relación al posicionamiento del año pasado. El deterioro en la estructura jurídica y derechos
de propiedad es especialmente preocupante.
En el reporte del año pasado, señalábamos que a pesar de una serie de retos en materia de libertades civiles
como es el caso concreto de la libertad de asociación y libertad de expresión, Nicaragua presenta indicadores
comparativamente favorables en materia de libertad económica, al usarse la metodología del Instituto Fraser.
En ese sentido, es necesario aclarar que este apartado no se adentra en un análisis acucioso de otros fenómenos
sociales y políticos que atraviesa Nicaragua. En efecto, basta hacer un recorrido rápido por reportes de medios
de comunicación que cubren los asuntos de actualidad política en Nicaragua para encontrar las dicotomías
entre una nación que a pesar de sus serios problemas en transparencia y gobernabilidad democrática, ha
logrado mantener niveles de crecimiento económico por encima del promedio en América Latina. Los niveles
de inversión extranjera directa han mantenido también un crecimiento sostenido, particularmente después
de la era de reformas de apertura económica que impulsaron los gobiernos de tendencia liberal desde 1990
al año 2006.
Nicaragua
En ese sentido, la primera acotación que debemos hacer es que, a pesar del cambio de régimen político que
se dio en enero de 2007 con la llegada al poder de Daniel Ortega, las principales políticas macroeconómicas
instauradas en la década de la transición democrática, se han mantenido invariables. Una segunda
observación, es la relación de estrecha cercanía entre el gobierno actual y los principales grupos empresariales
de Nicaragua. En tercer lugar, Nicaragua ha sido favorecida por un acuerdo de cooperación con Venezuela
que desde el año 2007 le ha dado acceso al gobierno de turno a recursos líquidos sin precedentes en la
historia reciente. Finalmente, en comparación con los niveles de violencia e inseguridad que atraviesan sus
pares centroamericanos, Nicaragua mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina.
A riesgo de simplificar el análisis, consideramos que los cuatro aspectos antes señalados ayudan a explicar
el comportamiento de la economía nicaragüense, aunque naturalmente existen otros factores a considerar
como el precio internacional de los principales productos de exportación, el ingreso de remesas provenientes
de los Estados Unidos y Costa Rica, entre otros.
38
Las observaciones anteriores son necesarias en el sentido en que, por razones metodológicas, los datos aquí
analizados dejan por fuera información cualitativa que podría ofrecer una visión más amplia de la libertad
económica en Nicaragua, en el sentido de la relación entre el funcionamiento de los mercados y el estado
de las instituciones. En este sentido, el análisis presentado a continuación debe ser interpretado como una
fotografía estática de una importante parte de un todo más complejo. Esperamos que esa limitación de datos
más cualitativos y dinámicos, pueda ser superada en reportes posteriores.
Como hemos visto, los pilares de la libertad económica según el Instituto Fraser se basan en decisiones
personales, en una interacción correcta del mercado en una fase de inserción y competencia, y en
la garantía de los derechos de propiedad. La importancia de un Gobierno radica en su capacidad de
protección sobre los individuos de una nación, con los principios anteriormente mencionados; es decir, el
grado de cumplimiento de las instituciones y políticas públicas sobre este elemento de resguardo. De esta
manera, la libertad económica se presenta en la libre escogencia de los individuos, en su participación en
transacciones voluntarias, siempre que no perjudiquen a otro ciudadano o a su propiedad. Las acciones
que amenazan este fundamento, como la violencia, hurtos, fraudes e invasiones a la propiedad privada, no
son concebidas dentro de una sociedad con capacidad de libre deliberación, cooperación y competencia.
La medición de estos principios se considera sobre la base de la capacidad del gobierno de hacer valer los
derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos, un sistema monetario estable y confiable, un sistema
fiscal que no obstaculice al comercio interno como externo y la correcta asignación de bienes públicos.
Según el último informe presentado, Nicaragua perdió 4 posiciones (datos a 2013) al ubicarse en el
puesto 63 de 157 países. El revés se explica por una menor calificación en el tamaño del gobierno, un
indicador relacionado a la capacidad y política del Gobierno de asignación de bienes públicos al igual
que un deterioro en el área de estructura jurídica y garantía de derechos de propiedad donde el país
perdió 9 posiciones. La única mejora se obtuvo en el principio de libertad al comercio internacional
mientras que aspectos de regulación y estabilidad monetaria se mantuvieron relativamente sin cambios.
Sobre el tamaño del Gobierno, se enfoca en el proceso político para la asignación de recursos y de bienes y
servicios. Un incremento en el gasto relativo al incremento del resto de la sociedad (individuos, hogares y
negocios) es indicativo que el proceso de decisión de la asignación de recursos no necesariamente se realiza en
términos de libertad económica, sino de procesos de decisión menos participativos. El único sub-indicador que
explica el deterioro de este indicador, obedece a una menor puntuación en el consumo del gobierno, es decir
compra de bienes y servicios y salarios; un incremento en estos rubros son incluidos en el gasto corriente del
Gobierno y ejercen presión sobre otros gastos de mayor importancia como el de capital, que en última y principal
instancia es decisivo para ganar competitividad. Esta observación es compatible con los hallazgos de centros de
pensamiento que dan seguimiento al presupuesto público en Nicaragua, como la Fundación Nicaragüense para
el Desarrollo Económica y Social (FUNIDES) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
Nicaragua
Con respecto al principio de estructura jurídica y derechos de propiedad, se registró una menor calificación
en temas de independencia judicial, imparcialidad de los tribunales, protección a los derechos de propiedad,
cumplimiento legal de contratos y fiabilidad de la policía principalmente, deterioros que no compensaron
una mejora en aspectos de costos comerciales de la delincuencia. Consideramos que el deterioro en
estructura jurídica y derechos de propiedad es uno de los aspectos al que debería dársele un seguimiento
cercano, en el sentido en que la tendencia coincide con el deterioro en la credibilidad del Poder Judicial,
que han venido observando otros reportes de centros de pensamiento y encuestas de opinión pública.
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Relativo a sus pares centroamericanos, Nicaragua comparte debilidades en la estructura jurídica y derechos
de propiedad con Honduras (que se encuentra en inferior posición), Guatemala y El Salvador. Al contrario y
como era de esperar, Costa Rica es el mejor posicionado seguido por Panamá. La mayoría de las economías
se encuentran en una clasificación favorable en la estabilidad monetaria, con presiones inflacionarias dentro
de los objetivos meta. Al contrario, Nicaragua ejerce una ventaja competitiva en lo que se refiere a libertad
al comercio internacional, donde los impuestos y tasas arancelarias no reflejan ser una barrera para el sector
exportador.
A manera de conclusión -y como parte del mensaje aclaratorio con que abrimos este capítulo- es justo
preguntarse si el posicionamiento relativamente favorable de Nicaragua, es sostenible. Una segunda
pregunta a la que debería prestarse atención, es si los métodos y acciones de política pública hasta ahora
implementados son deseables. En primera instancia, es apropiado recordar la abundante evidencia sobre la
relación directamente proporcional entre un mayor clima de libertad política y la libertad económica. Esta
correlación podría parecer no muy obvia en el corto plazo, pero al observarse la tendencia de plazos más
amplios de tiempo, resulta evidente que no es sostenible mantener obstáculos a otras libertades esenciales
como la libertad de prensa y asociación sin que en algún momento esa falta de libertad se refleje negativamente
en el bolsillo de los ciudadanos. La segunda pregunta es más compleja en el sentido de que existen algunas
escuelas de pensamiento que sostienen que los métodos autocráticos de gobierno pueden dar resultados
económicos favorables. Creemos que el crecimiento económico sostenido y la creación de una clase media
vibrante y de una sociedad libre y abierta, sólo es posible en un clima de instituciones democráticas con
alta legitimidad. Sólo el tiempo y la historia indicarán para cuál de las escuelas de pensamiento se tendrá a
Nicaragua como un ejemplo.
Nicaragua
Gráfica 2: Comparación de la libertad económica en Centro América, para el 2015
40
Nicaragua
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Fraser Institute.
41
Nicaragua
Tabla 1: Reporte de Libertad Económica para Centro América, 2015, serie encadenada
42
43
Nicaragua
PANAMÁ:
Promoviendo avances en Libertad
Económica del país
Panamá requiere de una transformación integral de su sistema de justicia que garantice una justicia independiente e igualitaria para todos sus ciudadanos, eliminando los fueros y privilegios. Las funciones del gobierno
deben ser limitadas y transparentes y se deben facilitar y promover las iniciativas privadas para la generación
de riquezas.
Diagnóstico Libertad Económica Panamá
Gráfica 3: Posición de Panamá con respecto a los 5 mejores países del mundo en cada área, para 2015
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Fraser Institute.
Las dos principales fortalezas de Panamá son la libertad para intercambiar bienes y servicios en el mercado
internacional y los beneficios que presta el centro financiero, aspectos donde nuestros puntajes sobresalen
cuando observamos nuestra situación en comparación con los países de la región. Seguida a estas dos áreas
cabe señalar que el acceso a una moneda estable sigue siendo una fortaleza en nuestro país. En comparación
al año 2014, ambas áreas han mostrado mejoras en sus puntuaciones pasando de 8.2 a 8.5 en la libertad
para el comercio internacional y de 8.5 a 9 en el acceso a una moneda estable, áreas en las que a nivel global
Panamá presenta el mayor avance, acercándonos cada vez más a los promedios de los cinco mejores países
del Reporte de Libertad Económica.
Panamá
La libertad económica en Panamá sigue requiriendo de urgente atención en las áreas del tamaño del gobierno,
el sistema legal y la garantía de los derechos de propiedad, así como las regulaciones al mercado laboral.
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El área del tamaño del gobierno presenta caídas con respecto a los años anteriores, el puntaje global del área
y cada una de sus clasificaciones muestra que el país debe prestar atención a cómo crecen las inversiones y
el aumento del gasto del gobierno y como la asfixiante carga impositiva impide un pleno desarrollo de las
empresas y los ciudadanos. En el análisis comparativo de los datos de Panamá frente a los países de Centro
América observamos que el país está muy por debajo de los puntajes de la región, así como por debajo de los
promedios de los países que ostentan las mejores posiciones en el Reporte de Libertad Económica. Esta caída
en la puntuación es abismal desde el año 2005 y la misma no presenta señales de mejoramiento.
La protección de las personas y su propiedad se mantiene como el principal reto que debe afrontar el país
para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. A diferencia del periodo pasado, notamos que la confianza
hacia la policía comienza a mostrar un deterioro y seguimos confrontando serias dificultades en las áreas de
independencia judicial y la protección de los derechos de propiedad. Vemos ligeras mejoras en la ejecución
legal de los contratos y en el costo de la inversión en seguridad privada, haciendo la aclaración de que en los
últimos meses, posterior a la data analizada, la percepción de falta de seguridad y aumento de la criminalidad
se ha convertido en el tema de mayor preocupación de todos los panameños. Si comparamos nuestro país
con los diez mejores del mundo, aquellos países con mayor libertad económica, seguimos muy por debajo
del promedio de las puntuaciones que alcanzan estos países. Los diez mejores presentan un promedio de 7.7
puntos mientras que Panamá se mantiene por debajo de 5.5. Sin embargo, en la esfera regional sólo Costa
Rica ofrece una mayor protección a sus ciudadanos y un mejor sistema legal y de ejecución de contratos.
La libertad de comercio internacional es un punto destacado y siempre favorable para el país. Los datos de
este periodo muestran una ligera mejora con respecto al año anterior. Sin embargo, las barreras de entrada
no arancelarias y los excesivos trámites y regulaciones a las importaciones y exportaciones limitan cada vez
más nuestra capacidad de acceder a productos de mejor calidad y de mejores precios y nuestra capacidad
para seguir siendo un país con mejores ventajas comerciales. A pesar de estas barreras, Panamá ocupa la
cuarta posición entre los países con más facilidades y ventajas para el comercio internacional siendo superado
únicamente por Hong Kong, Singapur e Irlanda. En la esfera regional, Panamá mantiene el liderazgo en la
región centroamericana.
Las regulaciones al crédito, al mercado laboral y a las empresas siguen mostrando debilidades asociadas a
excesivas regulaciones al mercado laboral y a los costos asociados a la corrupción. El mercado crediticio
panameño sigue siendo un ejemplo para los países del área, aunque a nivel local es prioritario prestar
atención a los créditos para las pequeñas empresas y estamos viendo cómo las regulaciones y presiones de
los organismos financieros internacionales están afectando el desempeño administrativo y el aumento de
controles en el sector restándole competitividad al sector. El sector muestra ligeros avances con respecto al
año pasado. Sin embargo, las puntuaciones obtenidas se mantienen muy por debajo de los mejores promedios
del mundo. En comparación con la región centroamericana nos mantenemos en el promedio, todos juntos
luchando contra las excesivas regulaciones que no permiten un avance genuino en materia de competitividad
y libertad económica.
En cuanto a las regulaciones a las empresas, los requisitos administrativos, costos burocráticos, “pagos
extraordinarios” y el costo de cumplimiento fiscal son todos factores que frenan la formación de empresas y
debilitan las empresas existentes.
Panamá
Las restricciones en el mercado laboral son un impedimento al desarrollo del emprendimiento, mientras no se
pueda contratar y despedir libremente. La falta de libertad en los mercados laborales excluye a muchos de la
dinámica de las economías de mercado en crecimiento. Las regulaciones de contratación, así como el salario
mínimo restringen el acceso a la economía formal, al igual que las restricciones de la jornada y el costo de
despido de los trabajadores.
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Reformas estructurales liberales necesarias
Las reformas estructurales liberales necesarias para promover el bienestar y fomentar un ambiente que
permita la generación de riquezas en Panamá consideramos deben estar enfocadas en las siguientes áreas:
Independencia del Sistema Judicial, fortalecimiento del Estado de Derecho y garantía de la seguridad
personal
Disminución en las inversiones y el consumo del gobierno
Revisión de la estructura y administración de los impuestos
Regulaciones al mercado laboral
Independencia del Sistema Judicial, Estado de Derecho y seguridad física
de los ciudadanos
En Panamá, la confianza en las instituciones y en la seguridad jurídica ha ido en descenso en los últimos
años. Nos caracterizó una notoria falta de compromiso político para apegarnos a un sistema de reglas claras,
generales y de igual aplicación para todos los individuos. Las regulaciones aumentan, pero la administración
de justicia decae.
La administración de justicia rara vez está libre de las influencias de alguna de las partes en conflicto. La falta
de independencia judicial en todas las instancias impide que funcionen los frenos y contrapesos necesarios
para moderar la discrecionalidad del poder público sobre sobre la situación jurídica de los individuos. La
falta de independencia judicial también genera consecuencias para los particulares en la ejecución de sus
contratos y obligaciones, ya que permite que las personas de mayor influencia obtengan privilegios y que se
restrinjan los derechos y la libertad de los demás.
Se requieren reformas que permitan: Reconocer la esfera privada del individuo
Lograr un Estado de Derecho con la efectiva separación de poderes
Crear mecanismos para lograr la independencia en las decisiones judiciales
Crear pesos y contrapesos con la revisión judicial independiente de los actos administrativos
Aprobación de normas generales y de igual aplicación a todos los individuos. Eliminación de fueros y
privilegios
Establecer nuevos mecanismos de elección de Magistrados en el Órgano Judicial
Panamá
Disminución de las inversiones y el consumo del gobierno
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Una de las causas del peso excesivo del Gobierno en la economía son las inversiones y empresas estatales. La
cuestión es si realmente se obtienen beneficios de dichas inversiones sólo con tenerlas, en el contexto fiscal
e institucional actual.
El hecho de que el gobierno tenga capacidad de tener empresas lo coloca en una situación extremadamente
privilegiada, ya que no sólo es el encargado de definir las reglas del juego, sino que además está preparado
para dirigir una mayor cantidad de recursos a esa actividad, lo cual no necesariamente implica que tendrá la
mejor y más eficiente administración de dichos recursos.
Las empresas estatales no sólo pueden representar un malgasto de recursos a nivel de la administración del
fisco, sino también en cuanto al servicio prestado a los usuarios. Las empresas del Estado, al no estar sujetas
a la disciplina del mercado y de la libre competencia, no tienen incentivos para atender las quejas de los
clientes, ni ajustan sus estructuras de costos para ofrecer servicios más baratos y más eficientes que los de
la competencia.
Se requieren acciones y reformas que vayan encaminadas a:
Evaluar la rentabilidad y el rendimiento de las empresas e inversiones estatales
Privatizar, en libre competencia, las empresas estatales de menor rentabilidad
Disminuir el consumo del gobierno
Revisión de la estructura y administración de los impuestos
El sistema tributario panameño contempla alrededor de 180 leyes vigentes por impuestos nacionales y
aplicables en distintos períodos fiscales, así como cerca de 60 decretos reglamentarios y aproximadamente
140 resoluciones expedidas por la administración de ingresos.
Si nos preguntamos si el cobro de impuestos es universal y justo, la respuesta no sería sencilla. Sólo en
temas de Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal vigente establece reglas diferentes para su aplicación,
distinguiendo entre empleados, empleadores y trabajadores independientes, al igual que una doble tributación
para las sociedades y sus accionistas, los cuales deben declarar renta luego de que la sociedad lo hizo al
repartir dividendos.
Si bien todos pagamos el mismo impuesto sobre el consumo, al igual que los diversos impuestos municipales
correspondientes, existen grandes disparidades entre los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, ya que
sólo el 10% de los trabajadores lo pagan y el otro 90% está exento de este tributo.
Otro problema que se percibe es la indefensión del contribuyente frente a la Administración Tributaria, a falta
de reglas claras y objetivas para determinar el alcance de los impuestos y de una delimitación clara de los
deberes y derechos del contribuyente.
Optimizar el sistema tributario hacia el crecimiento económico y la generación de riqueza
Simplificar y modernizar las normas tributarias
Asegurar la seguridad jurídica en materia tributaria
Evaluar la rentabilidad de los tributos vigentes
Corregir de forma integral el manejo de las finanzas públicas
Procurar la transparencia y eficiencia en el uso de los ingresos estatales
Establecer la igualdad ante las normas tributarias - “Flat Tax”
Descentralizar la recaudación de impuestos
Proteger el principio de territorialidad de la tributación panameña
Panamá
Se requieren reformas que permitan:
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Regulaciones al Mercado Laboral
Las normas laborales vigentes socavan el principio de autonomía de la voluntad de las partes en las relaciones
laborales. Ningún trabajador podría renunciar a un “beneficio” que en algún caso particular no vaya acorde
con sus intereses.
Cada dos años se revisa el salario mínimo, atendiendo a la recomendación de la Comisión Nacional de Salario
Mínimo y por Decreto del Órgano Ejecutivo. Que el gobierno sea un intermediario crea la oportunidad de que
se tome una decisión política, si las partes no llegan a un acuerdo.
La regulación de los despidos vigente es otro tema preocupante, puesto que para despedir a un trabajador
con un contrato por tiempo indefinido, con más de dos años de permanencia laboral en el puesto, se requiere
aplicar una de las taxativas “causas justificadas de despido”, las cuales deben ser rigurosamente comprobadas
por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Existen normas que disponen que “La mujer que se encuentre en estado de gravidez solo podrá ser despedida
de su empleo por causa justificada y previa autorización judicial”, creando así barreras para que las mujeres
ingresen al mercado laboral.
Tener una ley laboral tan rígida aleja a empresarios extranjeros, creándose una barrera a la inversión
extranjera en el país. La regulación migratoria, las restricciones al ejercicio de las profesiones a panameños y
el tope máximo de personal extranjero que un empleador puede contratar, son medidas que impiden la libre
contratación por parte de los empleadores.
Se requieren reformas que permitan:
Modificar, flexibilizar y modernizar el Código de Trabajo
Permitir la libre contratación y ejercicio de profesiones a nacionales y extranjeros
Flexibilizar las normas que rigen el salario mínimo
Revisar la regulación de despidos
Análisis del trabajo del gobierno
Panamá
Independencia del Sistema Judicial y garantía de protección física a los
ciudadanos y sus bienes
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Al cumplirse el primer año de la gestión 2014-2019, el gobierno de Panamá ha emprendido y mantenido una
renovación institucional en cargos administrativos y judiciales esenciales, se dieron los nombramientos requeridos para las posiciones de Contralor General de la República y Procurador General de la Administración,
aún está pendiente el nombramiento de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y se ha dado
continuidad a los procesos de investigación por actos de corrupción a figuras de alto perfil del gobierno pasado. Sin embargo, éstos son solamente los primeros pasos para remediar errores del pasado y emparchar un
sistema judicial ineficiente. Se han visto avances para la implementación de la Carrera Judicial y del sistema
penal acusatorio a toda la República. Se ve un mejoramiento importante en el rescate de la institucionalidad
y en el fortalecimiento del Estado de Derecho, se promueven iniciativas que buscan garantizar los derechos
de propiedad en áreas vulnerables de forma histórica y se fomenta el mecanismo de denuncia para actos de
corrupción.
Los aspectos que preocupan y alarman de forma creciente, actualmente están relacionados con la falta de
acciones contundentes para el control de la criminalidad y el aumento de casos de robos y asesinatos en toda
la república, la restricción a la importación de armas se ha extendido y la labor policial para la defensa de los
ciudadanos se percibe como ausente.
Tamaño del gobierno
Frente a presiones internacionales que atentan contra la competitividad fiscal y de servicios internacionales
del país, el gobierno está adoptando posturas internacionales consistentes con la protección del principio
de territorialidad de la tributación panameña. Sin embargo, los mayores desafíos en materia de disciplina
fiscal se mantienen. No se ha reevaluado la política de subsidios estatales, muy por el contrario, existen
múltiples iniciativas legislativas que promueven y sugieren nuevos subsidios, y no se han hecho esfuerzos
para controlar y fiscalizar el gasto público destinado a subsidios. Los niveles de consumo del gobierno, en
lugar de disminuir, han aumentado, y la planilla del gobierno continúa creciendo. En este contexto, no se ha
contemplado una reducción de impuestos, ni se han hecho esfuerzos por una simplificación de las normas
tributarias. Recientemente se ha realizado la compra de una empresa de transporte público con un servicio
ineficiente, se han adquirido sus deudas y compromisos laborales, realizando un gasto enorme en un sistema
claramente fracasado.
En materia de avances existen iniciativas legislativas y del Ejecutivo que van encaminadas hacia la creación de
programas de colaboración público-privado para la revitalización económica de áreas de importancia, se está
trabajando en la modificación de la Ley de contrataciones públicas, se pretende limitar las arbitrariedades en
la administración pública y limitar el uso del poder, se regula la carrera municipal y se está discutiendo un
proyecto de descentralización de gran importancia.
Regulaciones al mercado laboral
Las regulaciones laborales panameñas son un lastre del populismo de la década de los años setenta y varias de
ellas han sido elevadas a rango constitucional. No se han tomado acciones de ninguna clase para modernizar
o flexibilizar el Código de Trabajo. Por el contrario, la tendencia marca hacia el mantenimiento de todas las
medidas laborales populistas que no permiten la competitividad del mercado laboral panameño. También
se observa una tendencia hacia el nacionalismo y el cierre a la inmigración, con propuestas tales como la
eliminación del programa de regulación masiva de extranjeros. Actualmente nos enfrentamos a la discusión
programada del aumento del salario mínimo donde empresarios y trabajadores intentan llegar a un acuerdo.
Si bien el área de libertad de comercio ha tenido un buen desempeño, se siguen fomentando iniciativas
que promueven la libertad económica, se reglamenta el proyecto Colón Puerto Libre que permite ampliar el
sector de operaciones de la Zona Libre de Colón, se otorgan incentivos fiscales en el sector energético, se
han firmado nuevos tratados y acuerdos comerciales y se trabaja en la simplificación aduanal. Por otro lado,
vemos con gran preocupación el aumento de aranceles de 37 productos alimenticios aumentando las barreras
de importación y restringiendo el comercio.
Panamá
Con respecto a las regulaciones de mercado nos encontramos con que se ha extendido la medida de control de
precios de productos de la canasta básica y se han presentado iniciativas legislativas que buscan implementar
nuevas regulaciones al comercio e iniciativas que permiten la competencia desleal.
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Recomendaciones finales
Independencia del Sistema Judicial, Estado de Derecho y garantía de la
seguridad personal y separación de los poderes
Respetar los límites de los poderes del Estado para proteger las garantías individuales. Las decisiones judiciales
deben estar libres de toda preferencia e influencia. Todas las leyes generales deben ser de igual aplicación a
todos los ciudadanos, medidas a largo plazo, sin referencias a objetos, personas o lugares particulares.
Se deben estudiar nuevos mecanismos para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se
debe aprobar el proyecto de Ley 23, que establece La Carrera Judicial en el sistema judicial panameño, como
método para elección y permanencia en el cargo de magistrados, jueces y funcionarios judiciales, y que
establece los primeros esbozos de un sistema de transparencia y seguimiento de los expedientes judiciales.
Inversiones y gastos del gobierno
Las empresas estatales deben rendir cuentas de forma permanente y transparente a la Contraloría General
de la República, de modo que el Estado pueda justificar sus inversiones. Se debe revisar el rendimiento y
la situación financiera de las empresas cuya parte operativa es totalmente estatal, para determinar si es
beneficioso que el Estado administre y opere estas empresas o no, así como debe realizarse una evaluación de
los servicios que reciben los usuarios de estas empresas estatales.
La privatización, en un ambiente de competencia, pondría fin a la politización en forma de nombramientos
políticos en los altos cargos de las empresas, y permitiría perseguir el fin último de cualquier empresa sujeta
a los límites del mercado: la maximización de beneficios.
Revisión de la estructura y administración de los impuestos
Panamá
El sistema tributario debe optimizarse hacia el crecimiento económico y la generación de riqueza, y no
hacia la mayor recaudación a corto plazo. El sistema tributario debe ser sencillo, estable y no confiscatorio,
para incentivar el ahorro y la iniciativa privada, y para permitir una mayor recaudación a largo plazo y
desincentivar la evasión fiscal.
50
En general, es necesaria una corrección integral y sostenible de las finanzas públicas. Nuestros desafíos no
se limitan al hecho de que debemos crear un sistema tributario sencillo, que no incentive la evasión fiscal y
que no desincentive el ahorro y la iniciativa privada. El manejo de las finanzas públicas debe ser prudente,
permitiendo el ahorro estatal y el alcance de superávits fiscales para cubrir cualquier emergencia y mantener
la sanidad de las finanzas públicas.
Regulaciones al mercado laboral
La principal propuesta para mejorar el mercado laboral panameño es modificar, flexibilizar y modernizar el
Código de Trabajo, a fin de eliminar disposiciones que otorguen fueros y privilegios a grupos específicos,
reconocer y proteger el principio de autonomía de la voluntad de las partes, permitir la solución de controversias
por métodos alternativos, y permitir el ingreso de más personas al mercado laboral por la flexibilización de
salarios mínimos en trabajos de poca experiencia y la flexibilización del porcentaje establecido como tope a
la contratación de personal extranjero.
Declaración final
Panamá
Requerimos un sistema judicial independiente, transparencia y eficiencia en la gestión pública y el uso de sus
recursos, así como respeto a las iniciativas privadas.
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CONCLUSIONES
El Reporte de Libertad Económica en el Mundo 2015 muestra que los indicadores de libertad económica para
los países de Centro América tuvieron una mejora vertiginosa entre la década de 1990 y el 2000. Sin embargo,
a partir de esa época la tasa de mejora ha sufrido lentos avances e incluso, retrocesos. Esto es problemático,
especialmente en los casos del tamaño de gobierno, el comercio internacional y las regulaciones, que no han
regresado a sus mejores calificaciones en 2005 y 2010.
En este sentido, es importante que los diseñadores e implementadores de políticas públicas se preocupen
y solucionen oportunamente el crecimiento del gasto y del déficit públicos y que tomen medidas para
modernizar las legislaciones laborales, para facilitar los trámites burocráticos que tanto afectan el desarrollo
económico de los países.
Es importante destacar también la percepción positiva que se ha mantenido sobre el indicador Buen Dinero
en todos los países de la región, pero especialmente en Nicaragua. Este es un elemento importante para
la estabilidad macroeconómica de los países que da seguridad a los inversionistas con respecto al retorno
potencial de sus inversiones.
El indicador de Estructura Legal y Derechos de Propiedad especialmente en el caso de Guatemala ha sufrido
un retroceso importante, debido a los costos que la criminalidad impone a los negocios y a la mala percepción
que se tiene del sistema de justicia. En todo caso, la evaluación de este indicador es pobre para casi todos los
países de la región, con excepción de Costa Rica que tiene una nota intermedia.
En el caso del Comercio Internacional el principal problema que se observa son las crecientes restricciones
que las barreras no-arancelarias imponen a los negocios internacionales. Situación que perjudica a los
productores centroamericanos que dependen de insumos extranjeros para sus empresas o a los exportadores
de la región que enfrentan problemas para mover sus productos de los puertos.
Conclusiones
Finalmente las regulaciones son uno de los principales problemas de la libertad económica en Centro América.
Las legislaciones laborales en desuso plagan a los países de la región. Éstas se han convertido en un lastre para
el desarrollo económico y para el crecimiento de la demanda laboral. Y los resultados de estas malas políticas
se observan principalmente en la huida de cerebros y en la migración de millones de centroamericanos a otros
países donde la libertad del mercado laboral les permite acceder a mejores oportunidades de ingresos.
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PERFILES INSTITUCIONALES DE LOS COEDITORES
El editor general de este documento es Javier Calderón, Investigador del Centro de Investigaciones Económicas
Nacionales (CIEN).
Instituto Desarrollo Empresarial y Acción Social, Costa Rica
El Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social (IDEAS) nace el 20 de marzo de 2013 en San José, Costa
Rica. Su misión es fomentar el uso estratégico del conocimiento para diseñar soluciones orientadas al mercado
para problemas locales, nacionales o regionales y promover los espacios de diálogo y colaboración más efectivos
para lograr su implementación, en los países de América Latina.
IDEAS trabaja para:
Promover una cultura emprendedora, la comprensión del rol del empresario en la sociedad y la educación
relacionada con valores, el funcionamiento de los mercados y la importancia del Estado de Derecho.
Crear espacios adecuados para el debate serio, abierto y transparente -a todo nivel- que permitan a los
ciudadanos participar, activamente, en el diseño de estrategias y soluciones privadas o de políticas públicas
para los problemas.
Impulsar soluciones orientadas al mercado (pro-market).
Mejorar el acceso a la información necesaria para el diseño de estrategias empresariales y políticas públicas.
Participar activamente en elevar el nivel de discusión en temas de soluciones privadas y de política pública
-al fomentar la participación informada de los ciudadanos y colaborar con los distintos actores de la
sociedad-, pero sin involucrarse, directamente, en temas de política partidaria o decisiones de política
electoral.
Su Presidente es Luis E. Loría. Melvin Garita es Economista y Asociado de IDEAS.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) es un centro de investigación y acción comprometido
con el desarrollo de Guatemala y la región. Está conformado por profesionales íntegros que realizan estudios y
consultorías con rigurosidad técnica para incidir en las políticas públicas, de forma innovadora, con énfasis en
las áreas económica, social y de seguridad.
El CIEN es una institución política, pero no partidista, cuenta con libertad de expresión y es independiente del
financiamiento de sus programas y proyectos. Los tomadores de decisiones constituyen su público principal.
Su Presidente es Jorge Lavarreda y el Director del Área Económica es Hugo Maul.
.
Fundación Eléutera
Fundación Eléutera defiende y promueve las ideas del liberalismo clásico en Honduras, tanto en lo social como en
lo económico. Eléutera trabaja por una Honduras próspera y de individuos libres, donde todos pueden ser parte
del éxito como una nación multicultural. La fundación busca lograr esto mediante el acceso a un sistema legal
que asegure la vida, la propiedad y la posibilidad del éxito personal sin tener que salir de Honduras.
Perfiles institucionales de los coeditores
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Guatemala
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Eléutera es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro ni afiliación con partidos políticos
que trabaja de cerca con la comunidad para crear incidencia en políticas públicas con gobiernos locales y
nacionales que avancen la misión de la organización.
La Dirección Ejecutiva de Fundación Eléutera está a cargo de Guillermo Peña Panting. Jorge Colindres es
Analista Legal y Christian Betancourt es Analista Adjunto de Fundación Eléutera.
Fundación para la Libertad, Nicaragua
Fundación Libertad es una organización sin fines de lucro con el doble propósito de servir como un centro
de pensamiento estratégico y un espacio de diálogo y promoción de la sociedad libre, abierta, responsable y
próspera, en Nicaragua y Centro América.
La Fundación enfoca sus recursos en programas de educación e investigación de políticas públicas e iniciativas
de participación ciudadana, desde el enfoque de la libertad y los principios de responsabilidad individual, respeto
a la propiedad privada, libre empresa, emprendedurismo, buen gobierno y Estado de Derecho. Mediante estos
esfuerzos, se pretende aportar a la construcción de una sociedad meritocrática y en libertad, donde cada persona
pueda alcanzar su máximo potencial humano.
Fundación Libertad fue creada en el año 2012 mediante un “grant” de su Presidente-Fundador, Félix Maradiaga.
Fundación Libertad, Panamá
La Fundación Libertad es una organización sin fines de lucro establecida en la República de Panamá desde el año
2001, se funda con la misión de difundir y defender los principios de libertad individual y ampliar sus espacios
para promover una sociedad de personas libres y responsables.
Perfiles institucionales de los coeditores
Actualmente desarrolla actividades y programas basados en cuatro ejes fundamentales: libertad económica,
Estado de Derecho, promoción de la cultura liberal y desarrollo de la libre empresa.
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Surse Pierpoint es Presidente y Marissa Krienert es Directora Ejecutiva de Fundación Libertad.
Fraser Institute, Canadá
El Fraser Insitute de Canadá fue fundado en 1974. Su misión es medir, estudiar y comunicar las repercusiones
de los mercados competitivos y de las intervenciones gubernamentales en el bienestar de las personas. Su ideal
es un mundo libre y próspero en el cual las personas se beneficien de mayores posibilidades de elección y de
mercados competitivos en el marco de la libertad con responsabilidad individual.
El Fraser Institute es una organización independiente enfocada en la investigación y la formación, con socios
internacionales en más de 70 países del mundo. Su labor se financia mediante aportes deducibles de impuestos
de personas, organizaciones y fundaciones. Para mantener su autonomía de criterio, no acepta subvenciones
públicas ni contratos de investigación. El Fraser Institute publica anualmente el Índice de Libertad Económica
en el Mundo. Sus autores son James Gwartney, Robert Lawson y Joshua Hall. El Director Ejecutivo del Fraser
Institute es Peter Cowley y el Director del Centro de Estudios de la Globalización es Fred McMahon.
Fundación Friedrich Naumann para la Libertad
Perfiles institucionales de los coeditores
La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF) es la fundación alemana para la política liberal que
se crea en 1958. La labor de la Fundación se basa en la formación democrática de ciudadanos responsables,
la asesoría política de líderes y el diálogo político internacional. La Fundación concentra su esfuerzo en la
cooperación con sus contrapartes para la creación y el impulso de estrategias que generen propuestas liberales
para el desarrollo de los países en los que trabaja; propuestas que hagan énfasis en la importancia de una
sociedad informada y participativa, y que promuevan el valor de la libertad, las virtudes de la democracia liberal
y el respeto a los derechos individuales y a las instituciones del Estado de Derecho. Asimismo, la FNF promueve
el desarrollo sostenible que combine el crecimiento económico con el propósito de mejorar la calidad de vida de
los individuos. El presidente de la FNF es el Dr. Wolfgang Gerhardt, su Directora Regional para América Latina es
Birgit Lamm y el Director de Proyectos para Centro América es David Henneberger.
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