Revista Espacio Regional vol 1 2011.

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0718-1604
Espacio Regional
Revista de Estudios Sociales
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Volumen 1, Número 8
Enero – Junio 2011
(número especial)
«Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales» es una
publicación editada semestralmente (se publica en julio y
diciembre) por el Departamento de Ciencias Sociales de
la Universidad de Los Lagos más la participación de
la Dirección de Investigación y el Programa de Estudios
y Documentación en Ciencias Humanas, de la misma
Casa de Estudios, quienes difunden los trabajos de
investigación y reflexión elaborados en Chile y el
extranjero; su objetivo consiste en la producción y
difusión de investigaciones y estudios en historia y
ciencias sociales desde diversas perspectivas que
contribuyan al debate en torno a los actores sociales y a
los escenarios y procesos en los cuales discurre su
quehacer, por lo que la Revista siempre está abierta a
considerar dichas contribuciones de libre reflexión. El
contenido de la Revista está dirigido a especialistas,
investigadores y estudiantes de pre y posgrado de las
disciplinas recién mencionadas.
Las colaboraciones pueden enviarse a Espacio Regional.
Revista de Estudios Sociales, Departamento de Ciencias
Sociales, Universidad de Los Lagos, Av. Fuchslocher, n.º
1305, Osorno, Chile.
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DIRECTOR REVISTA
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Patrick Barr-Melej
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Igor Goicovic Donoso
Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile
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Universidad de Chile, Santiago, Chile
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Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago,
Chile
Julio Pérez Serrano
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Claudio Robles Ortiz
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago,
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ISSN: 0718-1604
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Chilena: <http://www.mch.cl/revistas/imagenes/pag205.jpg>
Diseño portada: Impresión: Printus S.A., Osorno
Tiraje: 350 ejemplares
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en esta Revista no representan necesariamente la opinión de la Institución que la edita.
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SOCIALES SE ENCUENTRA ACEPTADA EN LOS
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DIALNET: SERVICIOS DE ALERTAS SOBRE
PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS CIENTÍFICOS
LATINDEX: SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN EN
LÍNEA PARA REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA
LATINA, EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL
SUBIMOS AL MOMENTO QUE
NACEN LOS RÍOS
Quería contarte q visitamos por fin el lugar donde se
forman los ríos y rodeamos un valle q era seco seco como
un funeral amarillo pero no triste sino alegre como una
selva llena de bichos tocando flautas de tallos y animales
extraños y casas sin piso y lagos de sal y fumé fumé como
condenado porq bueno había de sobra tal como me
prometió mi poetamigo Malebrán de olor clandestino q
dicen aquí no se puede quemar y recordamos con la
poetamiga Saldaño una niña importante de la historia q
corría por unas calles cholas hechas de polvo junto a una
casa de tierra vestida para un carnaval y teníamos tantas
cosas q ver tanto q oler tanto q oír q me olvidé de lo
apretado q tenía el pecho en chile de lo muxo q me
prohibieron y negaron de lo distinto q es salir de las rejas
de esta cárcel angosta y policial y bebí de un jugo con
leche de una salteña comí un sabor dulce y vi q no había
pobreza como cuentan en El Merculo ni la felicidad esta
en un auto de lujo ni en un avión comercial ni en la cocacola más entré a otro espacio donde los colores se meten
por las narices y por los ojos los sabores te dejan ese
sonido q llaman clamor no de mar ni dinero sino de
truenos en las noches tras las montañas y clamor de cielo
estrellado de libertad y calor de decir no me vendo carajo
ni pienso lo q quieren los del aguilaverde sino soy distinto
porq si No americano ni latinoamericano porq Vespucio
era europeo ni latino porq Roma ya se olvidó de reír sino
aimara quechua y andino y vimos como nacen los ríos y
bajan y bajan flotando y subí alto muy alto arriba de los
andes como invitaba Neftalí pero no a blasfemar su
nombre gratis con medallas de oro brillante sin honestidad
sino a compartir sencillo con un pueblo sin ego de niño
tonto hijo de su papá violador/acomodador y me detuve a
respirar por falta de aire y sobraba para comer y sobraba
para mirar y claro se me hizo corto el tiempo si lo pasé
volando y obvio q me porte mal porq soy un perrowuaxo q
hace perromuerto siempre q no sabe bailar y lo q se no lo
vendo sino lo regalo porq no sacas nada de vender tu alma
viejo sino cantas no esperes la noche para recordar y
también vi mujeres lindas como no si andaba creando y sin
mujeres no hay carnaval en fin subimos los andes bien alto
y no me importó las carretera ni el baño ni la altura ni el
olor porq no estaban Todo era distinto y agradable
confieso q no eché de menos la humedad ni el asma sino al
volver caí en un abismo sin fondo profundo en esta bolsa
de pasto cortado con forma de chile me quiero puro
arrancar y volver a ver los ríos flotar…
Persus Nibaes
Osorno - 2011
Espacio Regional
Revista de Estudios Sociales
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Volumen 1, Número 8
Enero – Junio 2011
(número especial)
PRESENTACIÓN
9
DOSSIER: Norte Chico o Tradicional: recuentos socioeconómicos
11
El Norte Chico o Tradicional en la encrucijada: actores regionales,
crisis económica y fomento estatal en las décadas de 1920 y 1930
The Traditional or Norte Chico in the crossroads: regional actors, economic crisis and
state promotion in the decades of 1920 and 1930
15
Eduardo López Bravo
Las operaciones de la Caja de Crédito Minero en un contexto de
crisis, 1927 - 1934
The operations of the Mining Loan Bank in a crisis, 1927 - 1934
37
Irina Meneses Vergara
La crisis económica de 1929 y el retorno de los salitreros. Efectos
políticos y sociales en el valle del Choapa (1929 – 1938)
The economic crisis of 1929 and the return of the saltpeter workers. Political and
social effects in the Choapa valley (1929 – 1938)
Igor Goicovic Donoso
51
Políticas mineras: cambios y continuidades socioeconómicas en
Atacama, 1926 - 1960
Mining Companies’ politics: socio-economical changesand continuities in Atacama,
1926 - 1960
Hernán Venegas Valdebenito
69
Trayectoria agrícola de la provincia de Coquimbo. Campesinos,
Estado y medioambiente, 1930 - 1960
Farming trajectory of the Coquimbo province: farmers, state and environment,
1930 - 1960
Enzo Videla Bravo
93
“Ni pan, ni techo, ni abrigo”: Una aproximación histórica al problema
de la vivienda en el Norte Chico durante el Frente Popular. Los casos
de La Serena y Coquimbo
“No bread, no roof and no coat”: An historical approximation to the housing problem
in the Norte Chico during the Popular Front. The cases of La Serena and Coquimbo
113
María Belén Meza Báez
Migrantes en el Norte Tradicional o Chico: El caso de la provincia de
Coquimbo, 1921 - 1971
Migrants in the Traditional or Norte Chico: The case of the Coquimbo province,
1921 - 1971
129
Luis Ortega Martínez
INSTRUCCIONES Y NORMAS PARA LOS AUTORES
153
Espacio Regional
Presentación Revista
PRESENTACIÓN
Es bajo la forma de una edición especial que editamos el primer número de este año 2011 de
Espacio Regional, Revista de Estudios Sociales del Departamento de Ciencias Sociales de la
Universidad de Los Lagos. Número especial, porque decidimos dejar espacio abierto y exclusivo
a un equipo de investigación que, durante estos últimos años, ha transformado el “Norte
Tradicional”, como lo escribe originalmente el investigador principal Luís Ortega, en su principal
campo de pesquisa.
Oriundos todos de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), profesores y estudiantes de
postgrado incluidos en el proyecto FONDECYT 1095107, Luís Ortega, Igor Goicovic, Hernán
Venegas, Eduardo López, Irina Meneses, Enzo Videla y María Belén Meza nos hacen penetrar
en la geoeconomía de la zona situada entre Chañaral y el valle del río La Ligua, en las
condiciones financieras de las iniciativas productivas, los actores y conflictos sociales del mundo
campesino y en las migraciones provocadas por el desarrollo de las actividades económicas.
Lo relevante de esta investigación, y de los primeros resultados presentados en esta edición, es
que, justamente, tanto la zona como sus actividades no habían sido historiografiadas
anteriormente.
En esto residió nuestro interés por acercarnos a este proyecto: dar a conocer los avances
significativos del conocimiento histórico de un espacio poco estudiado y, por lo tanto, poco
conocido.
Espacio Regional tiene como meta ser, desde su creación en 2004, un lugar de recepción y de
difusión de los aportes cognitivos elaborados desde las regiones en pos de la construcción de
una historia nacional sin lo que ha sido su norte hasta hace poco: el centralismo y el
“santiaguinismo”.
Por lo tanto, decidimos postergar hasta el próximo número las secciones tradicionales tales
como “Fuentes documentales”, Notas de investigación”, “Opinión y debate” y “Reseñas”.
En el futuro, Espacio Regional continuará abriendo sus páginas a equipos investigativos de los
diferentes ámbitos de las ciencias sociales, por lo que dejamos invitados a los lectores a
contactarnos.
Patrick Puigmal
Secretaría de Redacción
Espacio Regional
Dossier:
Norte Chico o
Tradicional
Espacio Regional
Presentación Dossier
EXORDIO
Nos complacemos en entregar este dossier que reúne trabajos que son resultados de la
investigación y las discusiones generadas en el contexto del trabajo realizado durante el primer
año y medio de desarrollo del Proyecto FONDECYT 1095107 “Contextos, actores y espacios
para una redefinición del Norte Chico, 1929-1975. Una propuesta de análisis regional”.
Como su título lo indica, dicho proyecto envuelve una propuesta ambiciosa en varios sentidos.
En primer lugar, se trata de investigar acerca del desenvolvimiento de un contexto físico -el de
la zona comprendida entre Chañaral y el valle del río La Ligua- al cual hemos denominado Norte
Tradicional, durante un período que ha recibido escasa o nula atención por parte de la
historiografía nacional. En segundo lugar, se intenta identificar actores y los espacios en los que
una sociedad golpeada fuertemente por una crisis productiva y social de medio siglo se vio
enfrentada a una serie de eventos negativos que determinaron su devenir por las siguientes
cuatro o cinco décadas. Pero, además de esa identificación y locación, los trabajos que
componen este dossier tienen como objetivo examinar los contenidos de sus propuestas y las
demandas -en particular sobre el Estado- que se generaron en un período en que la relación
entre el ente público y los espacios regionales cambió sustancialmente, tanto en cuanto a la
forma en que ella se planteó, tanto por la forma en que adquirieron los mecanismos de
“transmisión” de aquellas demandas así como de las respuestas.
Los trabajos contenidos en este dossier pueden ser agrupados en tres categorías. Sin que ello
implique un orden de importancia o prioridades, están los de Hernán Venegas, Eduardo López e
Irina Meneses acerca de la demanda de los medianos y pequeños mineros y de la respuesta del
Estado en la forma de la creación de una institución que partió como caja de crédito y que, a la
larga, se convirtió en una controvertida organización económica, pero que, según Leland R.
Pederson, rápidamente devino en “un servicio social” y en un gran “habilitador”. Hernán
Venegas demuestra que la demanda local fue de larga data, pero consistente, mientras que
Eduardo López destaca que en su expresión política ella contribuyó a una suerte de
“provincialización” de la política regional, otrora de significativo peso en la escena nacional. Por
su parte, Irina Meneses brinda importantes antecedentes que contribuyen a una mejor
comprensión del rol que jugó la Caja de Crédito Minero y de cómo, tempranamente, ella fue
objeto de agudas críticas no tan sólo por la deficiencias en su gestión, sino por el sesgo hacia
los medianos mineros en cuanto a sus decisiones.
Los trabajos de Igor Goicoviü y Enzo Videla tienen como objeto de estudio el mundo agrario de
los valles del Choapa y el Limarí, y, si bien parten de enfoques diversos, coinciden en relevar a
actores sociales que hasta ahora no han sido objeto de estudio, entre ellos los campesinos.
Mientras Videla analiza los procesos en la perspectiva de largo plazo y los vincula a la
implementación de políticas públicas en torno al tema de la tierra para explicar la generación de
una demanda por parte de esos sectores, Goicoviü indaga acerca de los orígenes del
movimiento campesino y lo encuentra en los desplazamientos desde el Norte Grande a partir de
los años críticos de la década de 1930. Ambos autores analizan además las expresiones de
conflictividad social aguda que en algunas etapas remecieron a esas zonas. Videla,
adicionalmente, incursiona en el tema del agua y los ciclos de sequía, dejando abierta la
interrogante acerca de los rasgos de sociedad tradicional de la zona, precisamente debido a su
extrema dependencia respecto de los recursos naturales.
El artículo de Enzo Videla se refiere también a los desplazamientos de población en su relación
al mundo rural y en ese sentido se inscribe también en el tercer grupo de artículos junto con el
de María Belén Meza y Luis Ortega. El primero de ellos abre una nueva perspectiva en el
Espacio Regional
desarrollo del proyecto, que es el de la dimensión urbana y específicamente la de la demanda
por vivienda de los migrantes que arriban desde la década de 1930 a las ciudades de Coquimbo
y La Serena. Su artículo se vincula al trabajo de Ortega en la medida de que trata de un
problema que es el producto de los desplazamientos de población y su concentración a partir de
la década de 1930; Ortega toma los procesos migratorios como eje de su trabajo, en particular
en la antigua provincia de Coquimbo, entre fines de la década de 1920 y comienzos de la de
1970, e intenta conciliar el estudio de los datos censales con aquellos de la realidad productiva
-en particular de la minería– para, desde allí, abordar el de los desplazamientos al interior de la
provincia y más allá de ella. En una aspiración por personalizar los datos cuantitativos, entrega
algunos resultados de seguimientos a migrantes de las década de 1920 mediante entrevistas a
descendientes de los actores.
A través de estos trabajos, los siete autores comienzan a develar procesos y abrir nuevas
avenidas de investigación acerca de temas, hasta ahora, escasa o marginalmente estudiados, y
anuncian resultados que, de una u otra manera, cambiarán nuestra percepción sobre procesos
y mecanismos en el Norte Tradicional.
[email protected]
Universidad de Santiago de Chile
~ 14 ~
Espacio Regional
Vol. 1, n.º 8, Osorno, enero-junio 2011, pp. 15 - 35
EL NORTE CHICO O TRADICIONAL EN LA ENCRUCIJADA:
ACTORES REGIONALES, CRISIS ECONÓMICA Y
FOMENTO ESTATAL EN LAS DÉCADAS DE 1920 Y 1930 1
THE TRADITIONAL OR NORTE CHICO IN THE CROSSROADS: REGIONAL ACTORS,
ECONOMIC CRISIS AND STATE PROMOTION IN THE DECADES OF 1920 AND 1930
2
Eduardo López Bravo
[email protected]
Santiago, Chile
RESUMEN
El Norte Chico o Tradicional durante las tres primeras décadas del siglo XX debió soportar un
complejo escenario de crisis económica, decadencia y transformaciones complejas que se
vieron profundizadas con el fuerte impacto de la recesión internacional de 1929 a 1932. En
efecto, los efectos de la recesión se hicieron sentir sobre una realidad productiva ya muy
resentida, como era la minería, sino que, además, implicaron la pérdida del mercado del Norte
Grande y de algunos mercados internacionales para la producción agropecuaria.
De acuerdo a lo anterior, el presente artículo revisa la atmósfera, los testimonios, las demandas
y reflexiones que realizaron un conjunto de actores regionales de las provincias de Atacama y
Coquimbo en la coyuntura de las décadas de 1920 y 1930 en torno al problema del fomento y
protección estatal en el contexto de crisis económica regional.
Palabras claves: Estado, región, minería, crisis, fomento
ABSTRACT
The “tradicional” or “Norte Chico” (Small North of Chile) had to, during the first three decades of
the XXth century, put up with a complex economical crisis scenario, decline and transformations,
which were deepened by the strong effect of the International recession between 1929 and
1932. The effects of the recession had an impact on the already resentful production reality, like
the mining activity, and, furthermore, involved the lost of the Norte Grande (Big North of Chile)
market and of several international markets od the farming production sector.
The present article will look through the atmosphere, the testimonies, the demands and thinkings
realizad by several regional actors of the Atacama and Coquimbo provinces during the period of
1920-1930 based on the problem of development and state protection during the regional
economical crisis.
Key words: State, region, mining, crisis, development
Artículo recibido el 31 de marzo de 2011; aceptado el 15 de mayo de 2011.
Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile. Proyecto FONDECYT Nº: 1095107.
2
Magíster en Historia Mención América, Universidad de Santiago de Chile.
1
Dossier
Vol. 1, n.º 8, enero-junio 2011, Eduardo López Bravo
Introducción
Ciertamente, la década de 1920 constituyó un epílogo para la larga fase de estancamiento y
decadencia económica que se generó desde finales de la década de 1870 en las provincias de
Atacama y Coquimbo. Sin embargo, también se transformó en un punto de partida de un nuevo
proceso social y económico tanto más complejo que el anterior. Se trató de un desenlace que
no solamente estuvo referido a la que había sido la principal actividad económica regional, la
explotación de la minería del cobre, sino que además implicó la disminución de los índices del
sector agropecuario y las importaciones. Parafraseando a Jorge Ahumada, se trató de una
3
“crisis integral”.
En efecto, el Norte Chico o Norte Tradicional debió soportar el fuerte impacto de la recesión
internacional de 1929 a 1932, que echó por tierra el reordenamiento productivo que se había
intentado implementar a partir de 1927 en el sector minero con la creación de la Caja de Crédito
Minero (CRACREMI). Los efectos devastadores de la recesión se hicieron sentir sobre una
realidad productiva ya muy resentida como era la minería, e implicaron la pérdida del mercado
del Norte Grande y de algunos mercados internacionales para la producción agropecuaria y las
incipientes actividades de procesamiento orientadas a la exportación (en particular en la
conservación de frutas).
En relación con lo anterior, el matutino “El Diario” de La Serena sintetizaba en sus páginas el
cuadro de agonía de las actividades agropecuarias de la provincia de Coquimbo producto del
impacto de la crisis económica:
“[…] El Valle de Elqui, y en general todas aquellas zonas que producen frutas
para secar, están sufriendo una lenta agonía desde tiempo atrás, ocasionada,
entre otros factores, por la guerra aduanera entre los vecinos sudamericanos;
esta lucha de tarifas, es, a nuestro juicio, la causal principalísima y dominante
que ha generado tan deplorable estado de cosas en las zonas productoras de
frutas para secar […]” 4
En el clima de crisis regional que describimos, comunes fueron en esta etapa las voces que se
levantaron, desde diversos grupos de interés sectorial de las provincias, solicitando acciones y
medidas concretas para enfrentar los efectos de la recesión económica. En la mayoría de los
casos, las demandas se dirigieron hacia las autoridades provinciales y nacionales, tal como le
ejemplifica el Boletín de Minas y Petróleo al publicar la presentación de industriales mineros de
la provincia de Coquimbo a la Intendencia regional.
“[…] Señor Intendente:
Los obreros y los industriales mineros de esta provincia, abajo suscritos
venimos por intermedio de US, a presentar a S. E. el Presidente de la
República, el reclamo y reforma de la legislación minera, que más adelante
exponemos […]
[…] Tome también usted en cuenta usted que el mercado agrícola de esta
provincia está desquiciado y anulado por la para de las salitreras y la enorme
cantidad de obreros cesantes que se han traído a esta región, hacen la vida y
el sostenimiento de ellos muy difícil.
3
4
Jorge Ahumada, En vez de la miseria, Editorial Pacífico, 1958.
El Diario de La Serena (La Serena), 25 de enero de 1932.
~ 16 ~
El Norte Chico o Tradicional en la encrucijada
Espacio Regional
¿Qué diría el país si por intermedio del ministerio de agricultura se hubiera
obtenido un decreto ley por el cual se gravaran con un 30% todos los
cereales producidos por los hacendados chilenos?
Hacemos la comparación de los agricultores para hacer resaltar a usted lo
injusto de las disposiciones vigentes con respecto a la minería del oro […]” 5
En plena fase de recesión y crisis regional, las denuncias de abandono y desamparo a la
situación productiva en las regiones del Norte Tradicional no se hicieron esperar. En este
sentido, el más importante periódico de la región de Atacama, “El Atacameño” destacaba:
“[…] El descenso violento y crecido del precio del cobre acaecido últimamente
no ha preocupado ni siquiera la atención de la prensa de la capital. Ni una
sola frase de conmiseración siquiera. La indiferencia más musulmana se
cierna en torno del minero en desgracia […] Duelo lo más hondo observar
este contraste de actitudes que se ven producir frente a la crisis del agricultor
y del minero”
Ojalá, que nuestro gobierno, advertido en lo que valen nuestros reclamos
tienda sus miradas al desastre doloroso que se opera en esta provincia y
haga llegar hasta aquí, sin más tardanza, su mano patriótica y bienhechora
6
[…]”
Asimismo, junto con la recesión y depresión que siguieron al crack de 1929, crearon una
situación tanto o más compleja desde el punto de vista social. En efecto, a la crisis productiva
continuó la masa de desempleados regional que se unió a un número indeterminado, pero
importante, de migrantes provenientes de las “oficinas” salitreras, las que producto de la crisis
económica mundial cerraban sus puertas. En este contexto, revelador resulta observar la
comunicación del Intendente de Coquimbo a las autoridades centrales:
“[…] Señor ministro:
Como está en conocimiento usted, la desocupación salitrera ha vaciado esta
provincia desde principios del año último, miles de obreros que acompañados
de sus mujeres, hijos y otros parientes, han procurado su cesantía pidiendo
trabajo a nuestras pobres industrias y a nuestra agricultura que también
atraviesa por un periodo difícil.
Algunos han visto satisfechos sus anhelos y a otros les hemos proporcionado
modestos jornales ocupándolos en las obras de caminos, en conformidad a
las instrucciones recibidas y en cumplimiento de los deseos expuestos por S.
E, el Presidente de la República y reiterados por US.
Pero a pesar de todos los esfuerzos, quedan todavía muchos que no
encontraron colocación y que pululaban por las calles de ciudad durante el
día, solicitando auxilio de la generosidad privada y que pasaban las noches
en cualquier sitio.
Obtuve que algunos fueran alojados en el escuadrón de carabineros, pero
aquí la atención no podía ser sino sumamente transitoria y por grande que
fuera la voluntad de los jefes y oficiales, no había manera de darles adecuada
alimentación […]”. 7
5
Boletín de Minas y Petróleo, junio de 1932.
El Atacameño, 30 de abril de 1930, “El Abandono de los Mineros”.
7
Memoria Intendencia de Coquimbo, La Serena, 26 de febrero de 1931.
6
~ 17 ~
Dossier
Todo lo hasta aquí expuesto ayuda a comprender mejor los rigores que enfrentaron los sectores
productivos del “Norte Tradicional” a comienzos de la década de 1930 y, al mismo tiempo, los
efectos sobre una realidad productiva y social desde ya resentida desde finales de la década de
1870 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial.
Treinta años después del fuerte impacto de la recesión internacional de 1929 a 1932 en las
provincias del “Norte Tradicional”, específicamente en 1967, la senadora comunista por
Atacama y Coquimbo, Julieta Campuzano Chávez, resumía la permanencia de las imágenes y
sensaciones de estancamiento y larga agonía regional al señalar:
“[…] la población de esas provincias vive acosada, angustiada, desde hace
años, por problemas muy graves, que apenas le permiten sobrevivir, sin que
se vislumbre una solución de fondo, un cambio efectivo, de proporciones, que
signifique revitalizar una región que viene sufriendo agonía lenta desde 1931
[…]” 8 .
En efecto, al finalizar la década de 1930 la producción minera se mantuvo a duras penas,
cuestión que se expreso en problemas tan complejos como el desempleo, las migraciones y
atraso productivo, cuestión que sumada a las sequías recurrentes terminaron consolidando un
patrón económico contradictorio que empujó a muchos de sus actores al camino de la
desesperación.
En este mismo sentido, el “Plan Operativo Anual” de 1971 al examinar los antecedentes
generales de la zona y el comportamiento económico destacaba que desde las décadas de
1930 y 1940 ambas provincias continuaban fielmente el modelo de desarrollo hacia fuera. En
otras palabras, la estructura productiva regional estaba fundamentalmente destinada a exportar
y el resto de las actividades complementaban a la minería o se derivaban de éste “[…] en último
término, el patrón se mantiene y la minería aún con altibajos continúa siendo el sector de mayor
dinamismo en la región; el proceso de industrialización nacional no ha alterado la estructura
9
regional […]”
8
Senado, Sesión Ordinaria 34ª, 23 de agosto de 1967. Julieta Campusano (Coquimbo, 31 de mayo de 1918
– Santiago, 11 de junio de 1991). Política, miembro del Partido Comunista; senadora en dos periodos, entre
1965 y 1973; diputada entre 1961 y 1965.
9
Plan Operativo Anual, 1971. III Región Atacama – Coquimbo. Oficina de Planificación Nacional. Marzo de
1971, 2-3.
~ 18 ~
Espacio Regional
Tabla n.º 1. Producción de total de Cobre (Toneladas Métricas)
Años
Atacama
Coquimbo
Total Regional
Total Nacional
1912
131.500
108.773
240.273
5.329.887
1913
125.439
97.336
222.775
4.556.424
1914
137.605
96.501
234.106
3.398.189
1915
166.102
67.101
233.203
2.156.732
1916
92.119
74.927
167.046
3.230.671
1917
62.321
71.823
134.144
4.622.204
1918
87.757
16.912
104.669
5.933.832
1919
112.868
35.273
148.141
4.355.540
1920
69.138
43.382
112.520
6.976.920
1921
24.953
10.557
35.510
2.510.847
1922
31.172
10.500
41.672
6.748.710
1923
40.766
7.436
48.202
10.099.175
1924
25.550
7.222
32.772
10.586.922
1925
33.524
13.876
47.400
11.922.493
Fuente: Anuario Estadístico, años 1912 – 1925.
10
Con todo, sólo hacia el final de la década del 30 las provincias de Atacama y Coquimbo
comenzaron a experimentar los efectos de la reanudación de la acción estatal. El “Plan de
Acción Inmediata para la Minería”, elaborado en 1939 por la CORFO, consolidó un vasto
programa de inversiones en minas y fundiciones para las regiones de Atacama y Coquimbo,
además, de suministrar préstamos para asegurar la continuidad de las labores en las minas de
cobre, oro y plata. 11
Pero tan significativo como lo que destacamos, es la elaboración colectiva regional de
apropiaciones, usos y reflexiones en torno a la función y rol del Estado en el ámbito económico.
En este sentido, asistimos a un cambio de experiencia histórica que operó también a nivel
conceptual sobre las funciones de fomento estatal en las provincias de Atacama y Coquimbo,
de tal suerte que no sólo es posible detectar la reconceptualización discursiva de los actores
regionales respecto de la idea del rol del Estado en el ámbito económico, sino que también, las
expectativas que se generaron localmente frente a la acción estatal, las cuales trazan nuevos
horizontes expectativas.
En esta perspectiva, proponemos como hipótesis complementaria que desde las primeras
décadas del siglo XX el contenido sobre el rol del Estado en el ámbito económico viene
sufriendo transformaciones paulatinas que son aceleradas con la gran depresión de 1929. El
10
Anuario Estadístico de la República de Chile. Oficina Central de Estadística, Santiago de Chile, Imprenta
Universo, 1912-1925.
Plan de Acción Inmediata para la Minería. Departamento de Minería. CORFO, Santiago de Chile,
Imprenta Universo S. A., 1939.
11
~ 19 ~
Dossier
acontecimiento de la crisis económica global de los años 1929 – 1932 colaboró en madurar una
conciencia colectiva sobre las acciones de fomento que podía desempeñar el Estado. En este
contexto, se adhieren, entonces, al uso del término Estado una polivocidad de términos tales
como empresario, planificador, dirigista, etc., los cuales fueron posibles de pensarse en
términos del funcionamiento de la economía. 12 El término Estado, por lo tanto, se transforma en
un concentrador de muchos contenidos significativos en el marco de una situación económica y
social de crisis en el “Norte Tradicional”.
Desde una óptica metodológica, este estudio incorpora la variable analítica de actores sociales
y/o locales en oposición a industriales mineros, agricultores, etc., para dar cuenta del proceso.
En efecto, la sociedad de las provincias de Atacama y Coquimbo representa un universo más
amplio e imbricado, una auténtica red social conformada, principalmente, por industriales
mineros y sus instituciones (como la SONAMI); representantes de los partidos políticos
regionales (Diputados y Senadores, principalmente), agricultores y sus asociaciones gremiales y
los ingenieros.
Actores regionales y la situación de la minería al finalizar el siglo XIX
Los intelectuales que primero se preocuparon de la crisis de la industria minera en las
provincias del Norte Tradicional desde mediados de la década de 1870, como Vicuña
Mackenna, Francisco Marcial Aracena, Francisco San Román y Joaquín Morales, 13 coincidieron
en reflexionar y destacar los factores que explicaban la decadencia local de la industria. Desde
diferentes medios de comunicación escrita y publicaciones expusieron lo que consideraron
como “las causas de la decadencia de la industria minera”. Sus conclusiones, las anotaciones y
observaciones terminaron identificando los síntomas y factores del letargo en la producción local
del cobre.
En efecto, si bien estos observadores no desconocieron en amplio abanico de factores, tanto
internos como externos, que permitían comprender la declinación de la industria cuprífera
pusieron especial énfasis en la ausencia de la iniciativa privada y la inversión, como lo
manifestó Aracena,
“[…] Una gran mezquindad, una palpable cobardía, un profundo desaliento en
una palabra, en nuestros capitalistas para entrar a formar parte en empresas
12
Respecto a los criterios generales que propone Koselleck para un concepto histórico fundamental como la
palabra Estado, véase: “Historia de los conceptos y conceptos de historia” en Revista Ayer, n.º 53, 2004, 3540. Asimismo, y del mismo autor, Futuro Pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona,
Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 1993, 117. Nuestro armazón teórico y metodológico, por lo tanto, se inspira
en las propuestas de historia conceptual de Reinhart Koselleck. Nos resulta clave para este artículo recoger
la idea de que los conceptos representan la unidad básica de experiencia humana. Esto lleva a Koselleck a
proponer la tesis de que los conceptos contienen estratos temporales, es decir, usos que corresponden a
determinadas épocas y que confluyen simultáneamente en el concepto cuando se utilizan.
13
La decadencia del cobre fue objeto de numerosos estudios e interpretaciones, al respecto dos obras
fundamentales son los trabajos de Benjamín Vicuña Mackenna, El Libro del Cobre i del Carbón de Piedra en
Chile, Santiago de Chile, 1883. En esta obra, Vicuña Mackenna, ofrece un interesante contrapunto entre la
relación minería chilena y la minería internacional del cobre, en particular con referencia al caso español. Su
principal interpretación apunta a las falencias de la actividad chilena en términos de inversión, tecnología y
escala de las operaciones. Otro interesante trabajo lo encontramos en Francisco Aracena, La industria del cobre
en las provincias de Atacama y Coquimbo, Valparaíso, Imprenta del Nuevo Mercurio, 1884, prologado por el
propio Vicuña Mackenna. El estudio consiste, como su autor declara, en una recopilación de artículos publicados
mayoritariamente en “El Estandarte Católico” bajo la idea de apuntes de viaje, los cuales no tuvieron la
pretensión de transformarse en una publicación de carácter histórico ni científico.
~ 20 ~
Espacio Regional
o compañías mineras. No resuelven a tirar a un pozo sus capitales aunque
estos mismos pozos después devuelvan aquellos con usura […]” 14
Otro elemento que explicaba la situación de postración de la industria fueron las malas
condiciones, incluso la ausencia, de medios de comunicación y transporte entre las ciudades y
pueblos con los yacimientos mineros del Norte Tradicional. En este sentido, el Chilian Times de
Valparaíso en la década de 1890, editorializaba manifestando que “[…] si los distritos mineros
del norte estuviesen provistos, como debe hacerse i conviene que se haga, de recursos
15
eficaces para el transporte, Chile podría hacer con ellos competencia al mundo entero […]” .
Lo que necesitamos, señalaba el Ferrocarril de Coquimbo, “[…] es un flete rápido y barato para
la conducción hacia la costa de nuestros metales tan abundantes, aunque de baja ley […]”. 16
Asimismo, el senador Agustín Ross, promotor de la unificación en una sola empresa de todas
las líneas férreas de la provincia de Coquimbo durante el año 1893, hacía notar que “[…] la
decadencia de su producción [el cobre], no ha sido tan solo el agotamiento de ciertas minas
ricas, sino también nuestra desidia respecto de algunos puntos muy importantes que se
17
relacionan con el tráfico marítimo […]”
Estas y otras opiniones de similar perspectiva, asumieron con cierta cuota de voluntarismo que
era plausible superar la crisis del sector y, por lo tanto, desarrollar proyectos mineros que
involucraran concentración de la propiedad minera, fuerte capitalización y el necesario espíritu
de empresa moderno. La solución a los males aparecía, de cierta manera, simple: inversión de
capitales, mecanización de los procesos productivos y espíritu de empresa. Si otras naciones
pudieron lograrlo, en Chile, las condiciones estaban todas presentes para intentarlo
rápidamente. Así lo entendía el diputado Manuel Antonio Matta, quien en sesión de discusión
sobre el nuevo Código de Minería al manifestarse sobre el carácter de las pertenencias mineras
manifestaba:
“[…] La concurrencia de muchos brazos y de muchos pequeños capitales,
que poder encontrar y que sólo aspiran una recompensa inmediata,
proporcionada a sus fuerzas, al poco trabajo empleado; porque no pueden
seguir adelante. Cuando ya la primera época ha pasado, cuando ya se ha
explorado el suelo y están muchas minas en explotación, que es cuando es
más fácil constituir pertenencias distintas, sólo los fuertes capitales, las
grandes asociaciones, pueden proseguir la explotación […]” 18
Incluso entrada la década de 1920, a través de las páginas de Riqueza Minera, publicación
especializada en temas mineros, se insistía en destacar que la “[…] falta el capital que es el
elemento más poderoso de la producción; falta también el espíritu de empresa que salva con
frecuencia las mayores dificultades […]” 19 .
14
Aracena, op. cit., 142.
Citado por el Boletín de la Sociedad Nacional de Minería (en adelante BSNM) bajo el artículo: “La minería
en las provincias del Norte”, Serie 2, n.º 54, 31 de marzo de 1893.
16
El Ferrocarril (Coquimbo), 20 de marzo de 1893.
17
BSNM, Serie 2, n.º 54, 31 de marzo de 1893.
18
Diputado Manuel Antonio Matta. Boletín Cámara de Diputados. Sesiones Ordinarias n.º 10, septiembre de
1874. Manuel Antonio Matta Goyenechea (Copiapó, 27 de febrero de 1826 - 22 de junio de 1892). Escritor,
poeta y político del Partido Radical. Senador en tres periodos, entre 1879 y 1897. Diputado por Copiapó en
siete periodos, entre 1855-1879. Presidió la Cámara de Diputados entre el 03 de junio al 17 de octubre de
1876. Ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización entre el 12 de septiembre hasta el 31 de
diciembre de 1891 durante la Junta de Gobierno presidida por Jorge Montt.
19
“La Sequía y su influencia en la Minería de Coquimbo”, en revista Riqueza Minera, año IV, n.º 39, enero
1926, 801.
15
~ 21 ~
Dossier
El complejo escenario que experimentaba el empresario minero de las provincias de Atacama y
Coquimbo al finalizar el siglo XIX llevó a la enumeración de un conjunto de dificultades para el
buen desarrollo de la actividad, tales como el transporte, los fletes, la falta de maquinarias, de
protección y de trabajadores. Con relación a lo anterior, en la memoria anual de 1887, el
Intendente de la Provincia de Coquimbo, Anfión Muñoz, colocaba el énfasis del complejo
escenario productivo de la región en los caminos que conectaban a los centros mineros con las
ciudades y los puertos de la provincia, manifestando:
“[…] el minero que tiene sus faenas en las montañas, se ve obligado a
conducir sus minerales y los artículos que consume por las serranías y
desfiladeros, donde, por el mal trato que experimentan los animales de carga,
el flete tiene que ser mucho más subido […] (agregando que el gobierno)
debería dedicar [se] a las reparaciones que constantemente exigen los
caminos de La Serena al mineral de La Higuera; de La Higuera al puerto de
Totoralillo […]” 20
Por otra parte, Francisco San Román proponía como soluciones para la realidad de Atacama en
1896 lo siguiente:
“[…] Volver a la vida estos abandonados elementos de riqueza y movimiento,
facilitar las transacciones mineras y restablecer la antigua animación y
prosperidad del puerto de Caldera, no requieren mayor inversión que el del
gasto de construcción de un camino carretero de valor de 30,000 pesos y que
desde hace más de diez años es objeto de gestiones, promesas y
disposiciones que quedan sin efecto […]”. 21
El Congreso Minero de 1895, con sede en Copiapó, al establecer las causas de la decadencia,
puso la mirada en los síntomas de la crisis productiva de la actividad industrial:
“[…] 1- Falta de vías de comunicación fáciles y económicas entre los asientos
mineros y los lugares de venta o embarque de los minerales. 2- Fletes
subidos en los ferrocarriles, que hoy sirven a la industria minera. 3- Falta de
maquinaria que facilite la explotación y beneficio de los minerales. 4- Escasez
de operarios y de hombres provistos de conocimientos técnicos. 5Desconfianza ocasionada por el manejo incorrecto de algunas sociedades
anónimas, que ha acarreado el retraimiento de los capitales de la industria
minera. 6- Excesivo precio del carbón piedra. 7- Falta de protección. 8- Falta
de unión y espíritu de asociación de los industriales chilenos, en los
principales centros mineros, para ejecutar trabajos científicos e industriales
de grande aliento. 9- Agotamiento de algunos depósitos metalíferos y
22
depresión de muchas pasta metálicas en los mercados extranjeros […]”
En definitiva, en las referencias a la situación de la industria minera dominaron los factores
ausentes para reanimar la minería local, pero, no profundizaron respecto del fenómeno
profundo de la crisis: el agotamiento del modelo de explotación minero. En palabras del
diputado Ramón Bañados Espinoza, “[…] La verdad de las cosas es que el mal no está en los
20
Memoria de la Intendencia de Coquimbo. Serena, 6 de abril de 1887, 205-206.
Francisco J. San Román, “Las Juntas de Minería”, en BNSM, Serie n.° 2, n.º 96, 31 de octubre 1896, 179.
Alberto Herrmann, “Bibliografía II. Conclusiones Generales. Sobre la Minería y metalurgia chilenas,
sugeridas por el estudio del Anuario del Señor Rothwell”, en BSNM, Serie n.º 2, n.º 98, 31 de diciembre de
1896, 211.
21
22
~ 22 ~
Espacio Regional
sistemas: el mal está en la falta de capitales, en la falta de viabilidad, en la mala calidad de los
23
metales, en la baja del cobre, en las continuas fluctuaciones de la plata, etc., etc. […]” . Por el
contrario, un lúcido observador de la primera década del siglo XX simplificó con claridad el
drama de la larga y lenta agonía de la producción minera en Atacama y Coquimbo al detectar la
persistencia de los trabajos de antiguo régimen:
“[…] Se encuentran por todas partes pequeños trabajos que se llaman minas;
pero que no son, en verdad, lo que se llama una mina en otros países. Aquí
se buscan minerales ricos. Los minerales pobres no se tocan, porque los
transportes a los puertos son muy caros, se dice. Me parece que está en la
naturaleza y en las costumbres de los chilenos el preferir los pequeños
trabajos. Cada cual quiere tener una mina y explotarla por sí solo, en lugar de
hacer una combinación con sus vecinos mineros. Con la asociación ellos
podrían obtener muchas facilidades y ganar bastante dinero. Trabajando
separadamente no consiguen nada. En general, los mineros no comprenden
las ventajas de los trabajos en grade escala, con maquinaria, medios de
transporte y organización adecuados […] Mientras tanto, prefieren buscar los
pequeños filones ricos, prescindiendo de los minerales pobres. No es esa una
24
industria, sino un azar […]”
En el marco del conjunto de síntomas o dificultades agravantes de la decadencia de la industria
del cobre al comenzar el siglo XX, junto con la desazón y las lamentaciones del empresariado
local, el Estado emergió paulatinamente como el instrumento, quizás uno de los pocos, que
podía colaborar en la superación de la crisis y el desarrollo de la actividad. El Estado, entonces,
progresivamente abandonaba la tesis matriz de la doctrina económica en boga; es decir, la
prescindencia más absoluta del Estado y de toda regulación oficial en el libre juego del
mercado, lo cual significaba el rechazo a cualquier forma de proteccionismo de las actividades
nacionales y que entrabara la competencia y triunfo de los más aptos. Apareció, entonces, el
Estado en el horizonte de soluciones como el organismo capaz de potenciar las capacidades de
comercialización de la producción del cobre en una coyuntura de larga decadencia.
Actores sociales y crisis regional: Hacia el camino del fomento estatal
Los primeros signos de re-valorización y resignificación del papel del Estado en su rol
económico se expresaron en la dimensión de colaboración y auxilio al desarrollo de la industria
minera. Así lo manifestaba el diputado radical Santiago Toro Lorca al describir la situación de la
minería atacameña,
“[…] Copiapó, el departamento más tiranizado, el que más sufre las
consecuencias del monopolio de las casas comparadoras, es también el más
digno de la acción gubernativa, porque el Estado es el único poder capaz de
matar ese monopolio tanto más odioso cuanto que el ferrocarril, en vez de
23
Diputado Ramón Bañados Espinosa. Boletín Cámara de Diputados. Sesiones Ordinarias, 20 de agosto de
1887. Diputado suplente por Rere para el período de 1882 a 1885. Ramón Bañados Espinosa fue Diputado
por Rere para el período 1885 a 1888. Integró la Comisión de Elecciones, Calificadora de Peticiones y la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Diputado por Lebu para el período 1888 a 1891, siendo
Segundo Vicepresidente desde el 2 de junio al 13 de noviembre de 1888. Diputado por Rere y Puchacay
para el período 1900 a 1903. Integró la Comisión de Constitución, legislación y Justicia y la Comisión de
Legislación y Justicia.
24
A. Von G, “La minería en Chile. Las verdaderas causas de su decadencia”, en BSNM, 3ª serie, n.º 92,
1908, 340.
~ 23 ~
Dossier
servir al público, sirve sumiso a los intereses particulares de la sociedad
25
industrial de Atacama […]”
La intervención del Estado en el ámbito económico comenzaba a entenderse entonces como un
articulador y facilitador de iniciativas privadas en función de la industria metalúrgica. De esta
manera lo entendía el diputado por Rancagua, Alejandro Huneeus, el año 1903, cuando al
someter a la cámara un proyecto de ley favorable a la actividad minera nacional manifestaba
que “[…] corresponde a la nación colectiva, a la del Estado realizar algo para lo cual lo individual
es manifiestamente incapaz, es decir, el fomento de la industria metalúrgica en Chile […]” 26
Este proceso de ampliación del rol del Estado en temas económicos y, por
revalorización respecto a su intervención en materia de apoyo a la industria
encontraron presentes en el debate de los meeting mineros de Ovalle y Copiapó
1900. Desde una perspectiva crítica a la posibilidad de materializar el auxilio del
industria minera, Alberto Herrmann 27 destacaba que:
lo tanto, de
cuprífera se
de marzo de
Estado en la
“[…] Los discursos y resoluciones del meeting en Ovalle […] piden
adquisición por parte del Estado del ferrocarril de Tongoy a Trapiche,
prolongaciones y continuaciones de las líneas férreas del departamento […]
establecimiento de fundiciones fiscales […] El otro meeting de Copiapó ha
llegado a conclusiones parecidas […]
Entristece el ánimo la comparación de los tiempos antiguos con los
modernos: en aquellos había iniciativa individual vigorosa, en los días de hoy
falta la iniciativa y sobra el desaliento. Las generaciones pasadas de los
mineros chilenos tenían el mote valiente:
Ayúdate y Dios te ayudará
La generación moderna eleva su voz suplicante y hace suyo el lema:
28
Pide ayuda al padre Fisco y te ayudará […]”
25
Boletín Cámara de Diputados. Sesiones Ordinarias, 12 de agosto de 1898, 694. El Diputado Santiago
Lorca Toro Nació en Copiapó, Chile, el 30 de noviembre de 1866; fueron sus padres el industrial y minero
de Atacama, Santiago Toro Besoaín y Dolores Lorca Blanco. Se desempeñó desde junio de 1892 como
secretario de la intendencia de Atacama y poco después, intendente interino, por fallecimiento del titular,
don Manuel Carrera Pinto. En 1894 fue nombrado intendente en propiedad, cargo que desempeñó hasta
septiembre de 1896. En 1904 se estableció en Iquique, para ejercer su profesión y allí permaneció hasta
1912, año en que fue electo diputado. Durante su permanencia en esta ciudad, reorganizó y unificó el
partido Radical y fue presidente de su Asamblea hasta 1912. En 1912 fue electo nuevamente diputado, pero
por Tarapacá y Pisagua, período 1912-1915; integró la Comisión Permanente de Legislación Social. Hizo
estudios especiales sobre legislación social, convencido de que era un deber primordial el de resguardar los
derechos de las clases trabajadoras, y velar por los obreros, los ancianos, las mujeres y los niños. Después
de alejarse del ámbito político, se dedicó a su profesión y al periodismo
26
Boletín Cámara de Diputados. Sesiones Ordinarias n.º 41. Diputado Alejandro Huneeus, 30 de agosto de
1905, 779. Alejandro Huneeus García Huidobro perteneció a las filas del partido Conservador. Fue electo
diputado, por primera vez, en 1903-1906, por la agrupación de Rancagua, Cachapoal y Maipo. Mandato que
le fue renovado en 1906-1909; integró la Comisión Permanente de Gobierno y Colonización y como
diputado reemplazante en la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y la de Instrucción Pública.
Fue reelecto nuevamente, por la misma agrupación, periodo 1909-1912; integró la Comisión Permanente de
Gobierno y Colonización. Y reelegido por la agrupación ya mencionada, por el periodo 1912-1915; integró la
Comisión Permanente de Legislación Social y la de Guerra y Marina. En la Cámara fue miembro también de
la Comisión Conservadora y del Comité Parlamentario de su Partido.
27
Alberto Herrmann, Ingeniero y destacado investigador de la minería chilena.
28
Alberto Herrmann, “El estado de la minería del cobre en Chile”, en BSNM, Serie 3, n.º 41, 30 de mayo de
1900, 133.
~ 24 ~
Espacio Regional
A pesar de algunas críticas al abandono del espíritu de empresa y voluntad empresarial
característica del siglo decimonónico, el rol articulador y facilitador del Estado en el ámbito de la
producción y las iniciativas privadas comenzaban paulatinamente a considerarse como
necesarias. En este sentido, el diputado por Antofagasta, Carlos Gregorio Ávalos, exponía el
año 1903 en la cámara de diputados su evaluación de la crisis de la minería cuprífera
destacando que:
“[…] La esterilidad de tanto esfuerzo pareciera consagrar como verdadero el
juicio de los que creen que en Chile la minería del cobre hizo su época y que
carece de base y aliciente para que los poderes públicos se ocupen de
levantarla […] la principal causa, entre otras, a que debe atribuirse la
postración de la minería: la falta de mercado equitativo en el país para sus
productos inmediatos […]
Colocadas las cosas en este terreno de verdad, corresponde a la acción
colectiva, a la del Estado, realizar algo para lo cual lo individual es
manifiestamente incapaz, es decir, el fomento de la industria metalúrgica en
Chile […]” 29
En una larga exposición sobre la grave situación económica de Atacama el diputado Bruno
Sergio Pizarro Espoz instaba por el auxilio del Estado en la actividad minera manifestando que:
“[…] Se necesitan grandes esfuerzos, y vosotros, señores Diputados, lo
sabéis mejor que yo. Hay necesidad de invertir capitales y gran despliegue de
trabajo, de esfuerzo humano, hay necesidad de tener paciencia […]
Aquella provincia, no necesito decirlo –lo sabe todo Chile- era antes un
verdadero emporio en donde la plata rodaba y el cobre se encontraba en
leyes superiores a veinte y treinta por ciento.
Más aquello tiempos pasaron, y ha habido que cambiar la explotación de
simplemente extractiva a industrial. Y para hacer explotación industrial se
necesitan, en primer lugar, vías de comunicación y fletes baratos.
No podrías con las mismas medidas que se han aplicado a Coquimbo […]
sacar a Atacama del estado de postración industrial en que está- Hay
necesidad de adoptar medidas más intensas en su aplicación […]”
Es menester, entonces, que los dineros del Estado se inviertan allí, no diré,
señor Presidente, en forma que pudiera tal vez calificarse de excepción
respecto del resto de la República, sino siquiera en situación de igualdad, que
por cierto no es mucho pedir […]” 30
29
Boletín de Sesiones Cámara de Diputados. Sesión Ordinaria n.º 41, 1903. Véase también en BSNM, 31
de diciembre de 1904, 391-392. Carlos Gregorio Ávalos Varela, nación en Vallenar en 1854. Titulado de
Ingeniero en Minas el 19 de mayo de 1877. Fue consejero de la Caja de Crédito Salitrero. Gerente del
Banco Comercial de Valparaíso. Director de la Compañía Sudamericana de Vapores en 1902. Decano de la
Facultad de Matemáticas de la Universidad de Chile. Columnista de El Mercurio. Ministro de Industrias y
Obras Públicas, desde el 12 de mayo al 1º de junio de 1904, bajo la administración de Germán Riesco.
Ministro de Industrias y Obras Públicas y subrogante de Guerra y Marina, desde el 29 de octubre al 7 de
noviembre de 1906 bajo la administración de Pedro Montt. Diputado por Antofagasta, Taltal y Tocopilla, para
el período 1903-1906. Integró la Comisión de Obras Públicas
30
Boletín de Sesiones Cámara de Diputados. Sesión Ordinaria n.º 26, 29 de julio de 1911. Bruno Sergio
Pizarro Espoz, Diputado por primera vez en el período 1909-1912, como representante por Copiapó,
Chañaral, Vallenar y Freirina. Reelecto diputado, por Copiapó, Chañaral, Vallenar y Freirina en el período
1912-1915; no se incorporó hasta el 1o. de agosto de 1912; fue miembro de la Comisión Permanente de
Gobierno. Reelegido diputado, por la Agrupación mencionada, período 1915-1918; continuó integrando la
Comisión Permanente de Gobierno e integró además la de Legislación y Justicia.
~ 25 ~
Dossier
En el mismo sentido, el diputado Manuel María Gallardo González al exponer sus comentarios
en la cámara sobre el presupuesto para las tarifas de ferrocarriles aislados de la zona norte del
país no solo llamaba la atención sobre la crisis de la industria minera en las provincias del Norte
Tradicional, sino que además, instaba al Gobierno central a “fomentar la industria minera”
concluyendo que:
“[…] Todos sabemos que las condiciones de baja ley de los minerales que
hoy se explotan en Atacama y Coquimbo, hay todavía que agregar el bajo
precio que tienen, para formarse una idea de lo difícil que es actualmente
triunfar en las industrias extractivas.
De modo, pues, que la zona norte del país atraviesa hoy por una situación tan
crítica que los habitantes de ella se han visto obligados a acudir al Gobierno
[…]
Es necesario, pues, que el Gobierno se penetre de la gran conveniencia que
hay en fomentar la industria minera en esta región tan abandonada […]” 31
En la Memoria Anual correspondiente a 1912 para la provincia de Coquimbo, el Intendente
Espinosa Varela, exponía que:
“[…] la crisis económica que en los últimos años se ha dejado sentir en la
República, ha repercutido en la provincia de mi mando con caracteres de
gravedad […] El Estado y la Municipalidad tiene la palabra al respecto […] El
Estado dictando leyes que fijen norma de conducta para el pago de salarios,
32
que protejan la industria, que impulsen las obras de regadío, etc., etc., […]”
En agosto de 1915, a propósito de la realización del Congreso Chileno de Minas y Metalurgia,
en la Cámara de Diputados se discutió y recomendó al “[…] Supremo Gobierno un plan de
política minera que venga a dar a su principal fuente de producción el impulso que tanto
33
necesita […]” En este mismo sentido, tres años más tarde (1917) el Diputado Conservador
por Caupolicán Eleazar Lezaeta destacaba que:
“[…] Soy partidario como el que más de la libertad industrial; pero creo que
esa libertad debe mantenerse en forma absoluta, solo cuando hay fuerzas
iguales, elementos iguales que luchen en el campo industrial, pero no cuando
la organización de la industria es impotente para luchar con las colosales
fuerzas de los trust. En este último caso, el Estado debe intervenir en amparo
34
de los industriales amenazados […]”
Nuevamente electo diputado, por la misma zona, período 1918-1921; no se incorporó hasta el 5 de agosto
de 1918. Reelecto nuevamente diputado, por la zona mencionada, período 1921-1924; falleció en octubre
de 1923, sin terminar aún, su período como diputado.
31
Boletín de Sesiones Cámara de Diputados. Sesión Ordinaria n.º 46, 31 de agosto de 1911. Manuel María
Gallardo González fue Regidor por La Serena desde 1887 y primer alcalde de la Ciudad. Diputado por La
Serena, Elqui y Coquimbo para los períodos 1900 a 1903, 1903 a 1906. Integró la Comisión de Gobierno y
la de Guerra y Marina. Diputado por Lebu, Cañete y Arauco para el período 1909 a 1912. Ocupó la primera
vicepresidencia desde el 14 de octubre de 1909 al 18 de enero de 1912. Integró la Comisión de Gobierno y
Colonización y la Comisión de Gobierno. Militante del partido Liberal Democrático, combatió en la
Revolución de 1891, tras la derrota fue uno de los reorganizadores del Partido. Falleció en Santiago el 21 de
octubre de 1912
32
Memoria de la Intendencia de Coquimbo, La Serena 19 de mayo de 1913.
33
Boletín Cámara de Diputados, Sesiones Ordinarias, 12 de agosto de 1915, 1070.
34
Boletín Cámara de Diputados, Sesiones Ordinarias. Diputado Eleazar Lezaeta, 3 de diciembre de 1917.
Miembro del Partido Conservador e Ingeniero Civil con especialidad en hidráulica. Sus principales
~ 26 ~
Espacio Regional
En rigor, las actividades productivas en las provincias de Norte Tradicional continuaban
atravesando durante las primeras décadas del nuevo siglo un cuadro de desolación. En opinión
del Diputado Eleazar Lazaeta, un conjunto de factores estacionales y estructurales parecían
“[…] haberse conjurado para arruinar sus expectativas […]”: baja del precio, el alza del valor de
la moneda, de los fletes, el terremoto de 4 de diciembre de 1918 y “[…] los reducidos precios
que pagan por los metales los establecimientos de fundición que les imponen la ley [de los
minerales] a su antojo […]” 35
En la Memoria Anual de la Intendencia de Atacama correspondiente a 1919, el Intendente Juan
Praod Puelma sintetizaba el estado general de la provincia señalando que “[…] La situación de
la provincia ha sufrido seriamente con motivo del terremoto […] que es esta ciudad, donde se
han destruido la mayor parte de las casas y otras han quedado en estado de completa ruina
[…]” 36
Junto con los efectos que generó la Primera Guerra a nivel mundial, los problemas en la región
al finalizar la segunda década del siglo XX muestran un Estado que puede ser considerado de
colapso. De acuerdo con la Memoria del Gobernador de Chañaral, Roberto Carmona, el cuadro
productivo y social de la zona era devastador:
“[…] Debo primeramente llamar la atención de US., sobre el estado de
postración industrial que ha tenido que soportar durante este último tiempo, a
causa de la guerra que ha devastado a Europa.
Siendo la minería la principal, o más bien dicho, la única industria que por
tanto años le ha dado vida y lo ha colocado, como uno de los primeros
productores de cobre en el país, la falta de compradores de minerales, la falta
de fletes y la prohibición de importarlos en Estados Unidos, además del
encarecimiento extraordinario de la vida, que en este departamento es más
fuerte que en ningún otro, trajo como consecuencia la paralización completa
de todas las faenas mineras y la despoblación de su territorio […]” 37
En este marco de crisis, la minería del cobre de Atacama y Coquimbo requería de auxilio y
soluciones diferentes a las implementadas y donde la participación pública resultaba para
algunos observadores contemporáneos fundamental. En esta línea, en la Cámara de Diputados
se consolidan las visiones donde el Estado debía asumir un rol central. El diputado Tomás
Menchaca apeló a cierto nivel de participación pública, manifestando “[…] para proteger
medianamente la minería, se necesitaría implantar varios establecimientos de fundición
diseminados por los distintos centros de producción minera […]” 38 .
En el año 1923, el ingeniero Julio Kuntz al presentar sus conclusiones sobre el estudio de la
actividades fueron Consejero de la Caja de Crédito Salitrero en 1907 e Ingeniero jefe de la Dirección de
FF.CC. de la Dirección General de Obras Publicas entre los años 1898 a 1902. Diputado por Caupolicán
para el periodo de 1915 a 1918 y 1918 a 1921; por Coelemu, Talcahuano y Concepción para el periodo de
1930-1934. Integró la Comisión de Vías y Obras Públicas. Socio fundador del Instituto de Ingenieros de
Chile; director del instituto de Ingenieros 1904-1906; 1908-1909; 1912-1915. Director y Luego “Socio
perpetuo” Sociedad Nacional de Minería. Socio Honorario del Club de la Unión.
35
Citado por el Diputado Eleazar Lezaeta, Sesiones Extraordinarias, 19ª, 3 de diciembre de 1917.
36
Memoria de la Intendencia de Atacama. Copiapó 1 de abril de 1919.
37
Memoria del Gobernador de Chañaral. 23 de febrero de 1919.
38
Cámara de Diputados. Sesión Ordinaria 9ª, 8 de julio de 1918. Tomás Menchaca, abogado y miembro del
Partido Conservador, desarrolló parte de su discurso sobre la base de una nota dirigida al Diputado por
Illapel, Sergio Irarrázaval, con diversas propuestas firmada por diez personas en La Serena el 16 de abril de
1918. Datos biográficos de Menchaca en De Ramón, vol. III, 123.
~ 27 ~
Dossier
zona cuprífera de Vallenar y Freirina a la dirección de Minas y Geología sintetizaba lo que el
Estado debía realizar para levantar la industria minera manifestando que,
“[…] el Estado debe tener derecho de intervenir si se hace mal uso de (la)
propiedad (minera) […] debe ejercer fiscalización por medio de empleados
especiales […] también en las relaciones sociales, que se desempeñan en un
gran rol en la industria ejercerá buena influencia la intervención del Estado
[…] puede prestar su ayuda construyendo caminos. La provisión de petróleo
debería preocupar al Estado […] Finalmente, debe mencionarse que una
limitación y supervigilancia en las especulaciones bursátiles de las acciones
mineras nacionales […]” 39
La reflexión sobre la situación de la minería cuprífera en el Norte Chico y la necesidad de
modernización industrial en el sector, preparó el camino para que ingenieros como Kuntz
apelaran desde la racionalidad técnica a la intervención directa del Estado. En definitiva, el
Estado se presenta como par complementario de la modernización industrial deseada.
En el contexto descrito no es difícil entender que durante la década de 1920 fueran creadas un
conjunto de instituciones de fomento económico de carácter sectorial. Específicamente, en para
el sector minero cristalizó hacia 1927 la propuesta de reordenamiento productivo que representó
la Caja de Crédito Minero (CRACREMI), institución cuyo objetivo fundamental fue el fomento de
la minería mediante el otorgamiento de créditos, Las discusiones en la cámara de Diputados
sobre el estudio y normativa que regularía la CRACREMI, ilustran el contenido político y social
que asumió el Estado en la segunda mitad de la década de 1920. En el ideal de los
legisladores, empresarios y pequeños mineros provinciales la CRACREMI venía a “[…] ser una
ayuda y un primer paso de gran trascendencia para el desenvolvimiento de la minería nacional y
por consiguiente de la riqueza pública […]” 40
Respecto de las preocupaciones financieras que representaba la creación de la CRACREMI, los
legisladores reflejaron en sus intervenciones el renovado contenido político que comenzaba a
asumir el Estado en relación a su papel de fomento de la industria minera. En este sentido, el
Diputado Santiago Rubio exponía que “[…] si se organiza por el Estado la exploración y
cubicación de los metales el crédito minero será un impulsador efectivo de la minería nacional y
la Caja podrá ejercer sus benéficas funciones sin estar expuesta al fracaso y a la pérdida de los
valores garantidos por el Estado […]”. 41
En sus primeros pasos, la CRACREMI, 42 con un capital fijo de $40.000.000 que emitiría sus
obligaciones financieras con garantía del Estado, intentó abordar todos los ámbitos de la
minería nacional; tanto la metálica como no metálica, incluyendo el carbón. No obstante,
inicialmente el ámbito de competencia restringía el crédito a las empresas mineras chilenas y
explotadas por chilenos. Los préstamos solo serían destinados para instalar plantas de
39
Julio Kuntz, La zona cuprífera de los departamentos de Vallenar y Freirina, Publicaciones del Servicio de
Minas y Geología, Ministerio de Industria y Obras Públicas, Santiago de Chile, Imprenta y Litografía
Universo, 1923, 13-15.
40
Boletín Cámara de Diputados, Sesiones Extraordinarias, 12 de noviembre de 1926, 1125.
41
Boletín Cámara de Diputados, Sesiones Extraordinarias. Diputado Santiago Rubio, 6 de diciembre de
1926, 1609.
42
La Caja de Crédito minero fue creada bajo la ley 4.112 y promulgada el 12 de enero de 1927. Boletín de
las leyes y Decretos del Gobierno. Libro XCVI, 1927. Santiago de Chile, 1927. Respecto a la trayectoria de
la CRACREMI en las provincias del Norte Tradicional véase el trabajo de Adolfo Ibáñez Santa María,
“Paipote. Donde se fundieron la minería y el Estado moderno”, en Juan O’Brien (editor), Fundación y
Territorio. Reflexiones históricas sobre los orígenes de la Fundición Paipote, ENAMI, 1992.
~ 28 ~
Espacio Regional
“concentración” y la imposibilidad de conceder créditos a la pequeña minería, pues, no se
encontraban en condiciones de constituir garantía sobre los dineros adelantados. Este último
aspecto, la imposibilidad de otorgar créditos a los pequeños empresarios mineros, se
transformó en uno de los temas que más críticas despertaron en el ámbito regional respecto a
las funciones y tareas que implicó la CRACREMI. En este sentido, a través del periódico
copiapino “El Amigo de País”, el periodista Braulio Castro Ossandón planteaba sus
aprehensiones:
“[…] La Caja de Crédito Minero por lo demás, no podría, por mucho que sean
sus millones, realizar el auxilio directo de todos los industriales mineros. A lo
sumo limitaría éste a un corto número. Pero en cambio puede, con capital
relativamente pequeño, entonar, o más bien dicho crear de nuevo la pequeña
industria. Para esto bastaría con organizar, sea como empresa propia o
ayudando a otras u otras empresas la compra de minerales con pago de las
pastas que contenga; y promoviendo al beneficio en el país mismo de los
43
metales a producir […]”
El debate regional sobre las operaciones de la CRACREMI fue intenso, sobre todo a nivel de las
provincias de Atacama y Coquimbo. Innumerables fueron las publicaciones que cuestionaron el
carácter parcial de las acciones de fomento a la industria minera y la situación de desmedro a
las que estarían sometidos los pequeños mineros locales. Como exponía el industrial minero de
Copiapó, Luis Capelli, “[…] La Ley de Crédito Minero no favorecerá si no a unos pocos,
Atacama que es la que más necesita raro será el negocio que podrá acogerse por las
exigencias de esa ley. El mediano y pequeño industrial no tendrá ningún beneficio […]” 44 Tan
significativo como este tipo de comentarios es la consolidación del rol del Estado como un par
complementario del desarrollo de la industria minera nacional e instrumento eficaz para la
superación de la crisis del sector en las provincias del Norte Tradicional. En este sentido,
también en las páginas del matutino “El Atacameño” se planteaba la acción decidida Estado en
la adquisición de minerales, ejes y barras de cobre y la posible relación compleja con las
iniciativas privadas:
“[…] Creemos que el Estado no sería tampoco una amenaza, un
inconveniente para las casas extranjeras que actualmente se dedican a la
compra venta de minerales, al entrar ésta en iguales operaciones.
La intervención del Estado traería un estímulo para esas casas con provecho
del productor.
Se dice que el Estado no podría entrar en actividades comerciales. Esta
objeción es más aparente que real. El Estado no entraría a comerciar, sino a
servir de simple interventor en tal comercio, sin comprometer en nada sus
intereses […]” 45
Desde una perspectiva similar, el Ingeniero en Minas de origen Alemán Sali Hochschild
señalaba que “[…] el Estado no es una amenaza de nadie y no será jamás un estorbo para el
libre comercio de minerales. Por el contrario, creo que habrá más margen para el comercio de
productos minerales […]”. 46
A partir del año 1928, a través de tres leyes consecutivas, las funciones de la CRACREMI
43
El Amigo del País, 6 de enero de 1927.
El Atacameño, 7 de enero de 1927, “Industria Minera en Copiapó”.
Ibid., 24 de diciembre de 1927, “La compra de minerales, ejes y barras por parte del Estado”.
46
Ibid., 6 de marzo de 1928.
44
45
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Dossier
sufrieron sustanciales modificaciones, las cuales posibilitaron mayor flexibilidad para emprender
proyectos de apoyo y fomento a los industriales cupríferos. De esta manera fue autorizada para
comprar y vender minerales, para otorgar préstamos de capital de explotación, recursos para
estudiar la posibilidad de hornos de fundición, para ampliar las garantías y explotar planteles de
beneficio de su propiedad y aumentar el crédito. Sin embargo, si bien las expresiones públicas a
nivel provincial fueron favorables a la ampliación del giro y las operaciones de la CRACREMI,
continuaron manifestándose posiciones críticas, cuestión que el diario El Atacameño denominó
como “los satisfechos y los descontentos”. En opinión del diputado José Eliseo Peña Villalón
“[…] Tal reforma la estimo muy conveniente, porque ahorra mucho tiempo y facilita las
47
Para otros observadores contemporáneos “[…] A la provincia de
operaciones (mineras) […]”.
Atacama se le promete mucho: Trasandino Copiapó-Tinogasta, embalses y canalización de sus
aguas, impulso de su exclusiva industria minera por medio por medio de hornos de fundición,
48
etc.: pero a la postre nada práctico vemos […]”
Durante el año 1929, meses antes que las provincias de Atacama y Coquimbo fueran asoladas
por los efectos de la recesión mundial de octubre de aquel año, las críticas a las operaciones de
la CRACREMI se agudizaron. En este sentido, el diario El Coquimbo de La Serena incorporó en
sus páginas un telegrama de los mineros de Combarbalá al Intendente Provincial protestando
por las promesas sucesivas de la caja que no se cumplen. 49 En tono similar, los mineros de la
ciudad de Ovalle, manifestaban que:
“[…] para que así se paguen precios equitativos y capaces de dejar alguna
pequeña utilidad compensadora de los sacrificios que demanda estas labores
a los industriales de escasos recursos, como una manera de alejarse de las
casas compradoras particulares, las que se enriquecen a costra de la
precariedad de los mineros […] La CACREMI había prometido que para junio
compraría minerales, lo cual no ocurrió. Luego dijeron agosto, y ya se está
50
viendo que terminará septiembre y aun no cumplen su promesa […]”
La lentitud de las acciones de fomento de de la Caja de Crédito Minero también fueron
palpables en Huasco. Mediante un artículo publicado en el matutino “El Atacameño” al
despuntar el año 1930 el ingeniero Horacio Echegoyen manifestaba que “[…] los mineros están
perdiendo la fe en la Caja de Crédito Minero […]”, puntualizando que:
“[…] Porque se viene matando la fe del minero en la Caja de Crédito y en
Guayacán, sea porque la reparación de caminos y medios de embarque
ofrecidos hace un año, no sean iniciado, sea porque los estudios de las
plantas de Concentración y las de Fundición siguen en estudio, sea porque
47
Ibid., 17 de febrero de 1927, “Documentos Parlamentarios”. El Diputado José Eliseo Peña Villalón militó
en el Partido Radical Socialista; fue su organizador y primer presidente, en 1931, año en que éste se fundó.
Fue electo diputado, por la Cuarta Circunscripción Departamental "La Serena, Coquimbo, Elqui, Ovalle,
Combarbalá e Illapel", período 1926-1930; fue diputado reemplazante en la Comisión Permanente de
Relaciones Exteriores; y en la de Educación Pública. Integró una de las Juntas de Gobierno de la República
Socialista, junto a Carlos Dávila Espinoza, presidente y Pedro Nolasco Cárdenas Avendaño, Junta que
funcionó desde el 30 de junio al 8 de julio de 1932. En este mismo período, pero durante la Presidencia
Provisional de la República Socialista, de don Carlos Dávila Espinoza, fue nombrado ministro de Tierras y
Colonización, del 8 de julio al 1° de agosto de 1932. Paralelamente, fue ministro del Interior, cargo que
ejerció del 13 de julio al 1° de agosto también, del mismo año. Autor de un “Programa de Historia y
Geografía” y de “Antigüedades Coquimbanas”. Accionista y director de varias compañías mineras.
48
Ibid., 8 de marzo de 1928.
49
El Coquimbo (La Serena), 25 de septiembre de 1929.
50
Ibid., 26 de septiembre de 1929.
~ 30 ~
Espacio Regional
las Casas Compradoras no pueden pagar el mineral que reciben, al recibirlos
sea porque no se ha dado importancia al reconocimiento y ensayo de los
metales del pobre; sea porque no encuentra ninguna facilidad para mejorar
de suerte […]” 51
Por su parte, el senador Aquiles Concha Stuardo en sesión ordinaria expresó su crítica al
procedimiento técnico que implementaba la CRACREMI al momento de recibir el mineral de los
mineros de la región señalando que “[…] Todas las provincias se quejan de la Caja de Crédito
Minero. No hay un solo minero que éste contento con la Caja, aparte naturalmente, de aquellos
que han recibido beneficios de ella […]” 52 En el marco de dificultades que venimos destacando
respecto a la puesta en operaciones de la CRACREMI, el Norte Tradicional debió soportar el
fuerte impacto de la recesión internacional de 1929 a 1932, que echó por tierra el
reordenamiento productivo que se había intentado implementar desde 1927 con la creación de
un conjunto de instituciones de desarrollo social y de fomento sectorial como la Caja de
Colonización Agrícola o el Instituto de Fomento Industrial. El complejo escenario abrió la
posibilidad para que surgieron voces desde los industriales mineros de Atacama que exigieron
el abandono de la asignación de créditos que se impuso a la Caja en su creación y el retorna a
la figura del avío. De acuerdo a lo anterior.
“[…] La Caja de Crédito Minero es sencillamente una vulgar Caja de
préstamos […] Las casas Gallo, Escobar, Edwards en Copiapó […] han
ejercitado el crédito minero en forma amplia, usando la aviación minera,
poniéndose en contacto inmediato con el minero, corriendo el riesgo de su
explotación […]
La Caja si desea servir a la minería nacional, debe abandonar su papel de
prestamista para convertirse en aviador de la minería abandonada o de la
que por falta de recursos se explota en forma costosa y con escasos
rendimientos. Ese debe ser el rol de la Caja.
Esta institución se encuentra en condiciones espléndidas para ejercitar la
53
aviación con éxito […]”
Con todo, y a pesar del golpe que significó para las provincias de Atacama y Coquimbo la
recesión mundial entre 1930-1932, es posible observar que la faceta del Estado como actor
relevante en el fomento económico sectorial no desapareció. Por el contrario, mitigados los
efectos más complejos de la crisis económica el Estado continuó siendo considerado como el
principal instrumento para el estímulo y desarrollo de la minería. De acuerdo a lo anterior, el
“Congreso Minero de Copiapó” del año 1934 manifestaba que “[…] El Estado debe constituir
51
El Atacameño, 10 de enero de 1930.
Ibid., 17 de enero de 1930. Aquiles Concha Stuardo Nació en Santiago, el 2 de julio de 1885. Estudió
ingeniería mecánica en la Escuela de Artes y Oficios, 1902. Fue becado por el gobierno para perfeccionarse
en metalurgia. Militó en el partido Demócrata donde fue secretario de convenciones y director general de su
partido. Elegido senador por la Cuarta Agrupación Provincial "Santiago", periodo 1926 a 1930; integró la
Comisión Permanente de Agricultura, Minería, Fomento Industrial y Colonización. Reelecto senador, pero
por la Segunda Agrupación Provincial "Atacama y Coquimbo", periodo 1930 a 1938. Fue electo en
reemplazo del senador titular, Guillermo Azócar Álvarez, quien en mayo de 1931, aceptó el cargo de
ministro de Estado, incompatible con el de senador. Se incorporó el 13 de julio de 1931. Fue senador
reemplazante en la Comisión Permanente de Obras Públicas y Vías de Comunicación. El movimiento
revolucionario que estalló el 4 de junio de 1932, decretó, el día 6, la disolución de este Congreso. Al
restituirse el Parlamento, fue electo senador nuevamente, por la Segunda Agrupación Provincial "Atacama y
Coquimbo", periodo 1933 a 1941; integró la Comisión Permanente de Policía Interior. Dejó de existir en
Santiago, el 31 de diciembre de 1972
53
Ibid., 29 de abril de 1930.
52
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Dossier
propiedad minera en los yacimientos que se reserva para el objeto de enajenarlos o explotarlos.
En esta forma se constituirá la propiedad minera inscrita a favor del Estado […]” 54
Desde mediados de la década de 1930 las atribuciones del Estado en el ámbito económico
asumieron crecientemente un contenido más dinámico y de transformación futura. La acción
estatal se enriqueció de un contenido de expectativas que desembocará con la creación el año
1939 de la CORFO y, en este sentido, la formalización del “Plan de Acción Inmediata para la
Minería” del mismo año. En este marco, superadas paulatinamente ciertas vicisitudes, el tema
de la modernización de la industria minera ocupó un espacio central en las discusiones y
publicaciones gremiales y políticas durante la década de 1930 en la región. En definitiva,
asistimos a la consolidación de las demandas a la intervención desde el Estado y tecnificación
productiva desde todos los actores sociales regionales, independiente de las posiciones
ideológicas y sectoriales.
Ejemplo de esta consolidación, de esta posición transversal sobre la acción del Estado en el
ámbito económico sectorial y, además, del encuentro entre la política, la administración pública
y los técnicos lo encontramos en las páginas del Boletín de Minas y Petróleo el año 1932, donde
se exponía que las impresiones del Ingeniero E. Bianchi:
“[…] El Estado, los legisladores, las instituciones mineras y los industriales,
deben preocuparse seriamente del problema que dejamos enunciado,
correspondería al estado y a los legisladores, reglamentar en lo posible, las
normas de trabajo. Sería un ideal naturalmente que el estado procediera a
habilitar y reconocer las minas hasta dejarlas en situación de ser explotadas
con el mínimo de riesgo por los particulares. Estos a su vez, deberían
asesorarse mas continuamente de los ingenieros de minas, a fin de evitar los
errores indicados que están labrando el descrédito y la decadencia de la
minería nacional. Por otra parte, la inspección de sociedades anónimas
puede realizar una labor muy útil, asesorándose en los organismos técnicos
del estado, cada vez que se solicite capitales particulares para construir
plantas de beneficio, a fin de evitar contrasentidos como los que hemos
señalado más arriba […]” 55
Desde nuestra perspectiva, el Congreso Minero de Copiapó del año 1937 dos temas se
transformaron en centros de discusión y conclusiones respecto del desarrollo de la industria
minera en las provincias del Norte Chico: El problema de una fundición y la creación de un
Ministerio de Minería. Consideramos que ambas demandas vinieron a enriquecer el rol de
fomento económico del Estado con un contenido utópico que lo separó del contexto de la
experiencia posible, transformándolo –también- en un espacio de expectativas para la
modernización industrial del sector metalúrgico.
En el acto inaugural del Congreso Minero, Luis Cereceda, Presidente de la Asociación Minera
de Copiapó, manifestaba que “[…] contribuimos efectivamente al bienestar nacional,
pretendemos que nuestros problemas son también de país y es con este espíritu que queremos
56
hacer llegar a los Poderes Públicos la expresión de nuestras necesidades […]” , lo cual
implicaba superar el contenido experiencial de las demandas sectoriales y proyectar soluciones
54
Comisión de delegados de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Mociones ante el Congreso Minero de
Copiapó, 13.
55
Boletín De Minas y Petróleo, junio de 1932.
56
Discursos de Luis Cereceda C., en: “Conclusiones del Congreso Minero de Copiapó, 1937”, BSNM, año
LIII, vol. 2, 1937, 1595. El congreso se desarrolló los días 27, 28 y 29 de septiembre de 1937.
~ 32 ~
Espacio Regional
que sólo podrían resolverse en el futuro y con un componente nacional. Por su parte, el
Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Hernán Videla Lira, en su discurso inaugural
sintetizaba sus aspiraciones sobre un Ministerio de Minas evaluando el accionar administrativo
del Estado en el período reciente señalando,
“[…] mientras la labor administrativa que se relaciona con nuestra industria se
encuentre dispersa, a cargo de diferentes y pequeñas oficinas, nunca
podremos esperar que el Estado confeccione un plan de conjunto, y
emprenda tareas que ya asumen carácter imprescindible. Es necesario
refundir en un organismo bien estructurado y con facultades precisas los
diversos servicios fiscales relativos a la minería, cuya acción adolece hoy de
vacíos y ausencias. Sólo de esta manera es posible pensar que el Estado
apoye y proteja nuestro trabajo en proporción a sus rendimientos y legítimo
derecho.
Corresponde a los poderes públicos el determinar la forma en que deben
ejercerse las funciones administrativas; pero en todo caso ellas deben ser
adecuadas a un sistema que facilite el desarrollo de la producción, y que
57
atienda a los requerimientos técnicos de ésta […]”
Lo que intentamos exponer en función de las finalidades de las dos citas anteriores es ilustrar el
tránsito desde valoraciones donde el concepto Estado se refirió a demandas sectoriales
específicas (como cuotas de impuestos a la minería, mejoramiento de redes de caminos y
ferroviarios, créditos a la industria, etc.) hacia otras que perseguían una nueva orientación de
futuro. En otras palabras, conceptos y realidades tiene sus propias historias, como nos propone
Koselleck, 58 de tal suerte que en un momento las apelaciones al Estado y la
reconceptualización de las funciones del Estado se limitó inicialmente a reaccionar y tener
correspondencia exacta con la realidad social y política que experimentaba la industria
metalúrgica. Realidad que era denunciada como síntomas o dificultades agravantes de la
decadencia de la industria del cobre al comenzar el siglo XX. En ese contexto, el Estado surgió
como el instrumento que podía colaborar en la superación de la crisis y el desarrollo de la
actividad.
Reflexiones finales
Los trabajos e investigaciones de historia económica y política referidas a la fase comprendida
entre las década de 1920 hasta finales de 1930 que han reflexionado entorno a la expansión de
las actividades y atribuciones del Estado en el ámbito económico resaltan principalmente las
propuestas de fomento y protección a la economía nacional. En efecto, en el transcurso de las
décadas que revisamos, el país asistió a la transformación cualitativa de las responsabilidades
del ente público, asumiendo nuevas funciones como empresario y como agencia de
planificación que terminaron excediendo sustancialmente la órbita del agente de crédito inicial
59
que habían proyectado las primeras administraciones de Alessandri e Ibáñez.
Con posterioridad al impacto de la crisis económica en el Norte Tradicional entre 1929 - 1932,
57
Discurso de Hernán Videla Lira, en “Conclusiones del Congreso Minero de Copiapó, 1937”, BSNM, año
LIII, vol. 2, 1937, 1597.
Koselleck, op. cit., 35-40.
59
Para una revisión del estado de la literatura asociadas la historia económica chilena, véase el interesante
trabajo de Luis Ortega Martínez, “Historia empresarial en Chile, 1850-1945; el estado de la literatura”, en
Carlos Dávila L. de Guevara (compilador), Empresa e historia en América Latina. Un balance historiográfico,
TM. Editores - Conciencias, 1996. En opinión del autor, la tradición marxista concentró sus análisis en el
período anterior a las primeras décadas del siglo XX.
58
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Dossier
las percepciones sobre el papel del Estado en el ámbito del fomento sectorial participan de una
nueva orientación de futuro que lo hace dialogar como un concepto de expectativa. Las
expectativas de los intereses mineros de las provincias de Atacama y en el Congreso de 1937
subrayaban “[…] la necesidad de aprovechar íntegramente todos los productos, mediante el
establecimiento de una fundación nacional, que se requiere con indiscutible urgencia, como una
solución de vastos alcances […]”. Una vez que estos actores locales pudieran ver, en el futuro,
concretizadas sus demandas de fundición “[…] no podremos desarrollar cabalmente una
industria nacionalizada, que proporcione a Chile el fruto que conquista el esfuerzo chileno
[…]” 60 Las posibilidades de acción estatal en la industria minera asumió un contenido utópico,
de transformación y de luchas políticas futuras que concluirían en el consenso nacional de
desarrollo mediante la creación de la Corporación de Fomento.
No es de extrañar, entonces, que una vez que la CORFO inició sus labores diseñara un Plan de
Acción para cada rubro de la economía nacional. El Plan de Acción Inmediata para la Minería
fue el primero que aprobó la CORFO y sintetizaba las viejas demandas que por más de veinte
años de estratos profundos de significados pasados y expectativas de futuro respecto al rol del
61
Estado para el fortalecimiento económico sectorial de las provincias del Norte Tradicional. Al
describir el papel del Estado desde la depresión de 1929, Aníbal Pinto nos proporciona una
descripción muy ilustradora de lo estatal en materia económica, sosteniendo
“[…] Con respecto a la función que jugada por el Estado en el campo de la
inversión, parece útil subrayar que lo que ha distinguido substancialmente la
contribución pública ha sido su participación en iniciativas y empresas al área
tradicional de las obras públicas, para lo cual, sin duda, tuvo importancia
primordial el cambio político acaecido en 1938 y una de sus más fructíferas
62
derivaciones, la fundación de la Corporación de Fomento […]”
No obstante, lo paradojal de este sentido de expectativas para hacer realidad el bienestar de la
industria minera lo constituye el hecho que en el momento que la CORFO y los planes de
acción inmediata definieron y normaron la acción del nuevo Estado en la industria la percepción
de los diferentes actores regionales fueron perdiendo la carga de expectativas futuras y
asumiendo un mayor contenido experiencia de presente. Lo que intentamos señalar es que en
la práctica la tardanza en la materialización de las demandas de la finales de la década de
1930; es decir, el Ministerio de Minería (creado el 21 de marzo de 1953) y el proyecto de
Fundición Nacional de Paipote (cristalizado el 26 de enero de 1952), mostraron un Estado que
perdió la capacidad de plantear nuevos horizontes de expectativas en función del sector
metalúrgico.
Por el contrario, en las décadas sucesivas, la acción estatal se concentró preferentemente en
satisfacer las demandas y promesas de solución postergadas, retrasos y críticas que fueron
siempre del presente y no del futuro. Así lo exponía un folleto conmemorativo del centenario de
la ciudad de Copiapó el año 1944, manifestando que:
“[…] Chile ha experimentado durante varios años con lo que se ha llamado
ECONOMÍA DIRIGIDA. En la práctica, los resultados demuestran que la
intervención del Estado en las actividades productoras se ha efectuado sin
plan y que los Reglamentos y Controles han servido para favorecer y
60
“Conclusiones del Congreso Minero de Copiapó, 1937”, BSNM, año LIII, vol. 2, 1937, 1597-1598.
Plan de Acción Inmediata para la Minería, op. cit.
62
Ibid., 177-178.
61
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Espacio Regional
perjudicar a otros; la producción ha disminuido […]” 63
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~ 35 ~
Dossier
~ 36 ~
Espacio Regional
LAS OPERACIONES DE LA CAJA DE CRÉDITO MINERO
EN UN CONTEXTO DE CRISIS, 1927-1934 THE OPERATIONS OF THE MINING LOAN BANK IN A CRISIS, 1927-1934
“La Caja de Crédito Minero habrá de demostrar que la minería,
bien conducida, es fuente tan segura de entradas como la agricultura,
mediante un maduro examen, técnico y comercialmente completo de
las negociaciones en que intervenga. Esta es la hermosa misión que
tiene en sus manos la Caja, y, si consigue realizarla, habrá contribuido
poderosamente a restablecer la confianza de los capitalistas y del público
en general en los negocios mineros, y habrá servido, en la forma más
eficaz, los intereses generales de la Nación”. 1
2
Irina Meneses Vergara
[email protected]
Santiago, Chile
RESUMEN
El objetivo de este artículo es exponer el desenvolvimiento de la Caja de Crédito Minero,
CACREMI, en su primera década de funcionamiento para responder a la siguiente hipótesis. El
desarrollo anterior de la pequeña y mediana minería, subordinado al capital comercial de los
fundidores y de los controladores del transporte marítimo que no permitió a los mineros
desarrollar una capacidad comercial ni productiva en términos de innovación y productividad. Se
agregó la falta de habilitadores, dado el nuevo escenario en la industria mundial del cobre,
sumado a la restricción al crédito, se obtuvo que la CACREMI se convirtiera en la nueva
habilitadora de la pequeña y mediana minería sirviendo a la perpetuación del arcaísmo y
estancamiento de esta actividad.
Palabras claves: CACREMI, minería, estancamiento
ABSTRACT
The goal of this article is to state the development of the Mining Credit Fund (CACREMI) during
its first decade running in order to answer the next hypothesis. The previous development of
small and medium mining activity, subordinate to the commercial capital of the creators and
managers of the sea-transport that did not allow the miners to develop an commercial or
productive ability in terms of innovation and productivity. We have to indicate too the lack of
enablers, in the new scenario of the copper world industry, added to the credit limitation; in these
circumstances, the CACREMI became the new enabler of small and medium mining activity
promoting the perpetuation or archaism and stagnation of this activity.
Key words: CACREMI, Mining activity, stagnation
Declaración de Edmundo Delcourt, Superintendente de Salitre y Minas, hecha a la revista La Riqueza
Minera de Chile, año VII, n.º 63, enero 1928.
2
Economista. En el año 2009 participó en el Proyecto FONDECYT 1095107 en calidad de Asistente de
Investigación.
1
Dossier
Vol. 1, n.º 8, enero-junio 2011, Irina Meneses Vergara
Introducción
La Caja de Crédito Minero, institución creada en 1926 y que fue llamada para resurgir a la
pequeña y mediana minería tras largos años de letargo, nos permite hoy, estudiar y cuestionar
el desenvolvimiento de las políticas de fomento e incentivo hacia esta industria nacional, en el
marco de las importantes coyunturas económicas internacionales de la época.
Este artículo se concentra desde el nacimiento de la Caja hasta mediados de la década de
1930, años entre los cuales se distinguen tres fases: la primera, desde su creación que ocurrió
en enero de 1927 hasta 1934. En esta la institución tuvo importantes frenos derivados de su ley
orgánica que no le permitían la concreción de sus objetivos, no obstante, logró funcionar ante la
coyuntura de la Gran Depresión Internacional por los planes de reactivación del empleo, entre
los que destaca los asociados a los lavaderos de oro. Cabe señalar que entre estos años, la ley
que rigió su funcionamiento sufrió numerosas modificaciones. En una segunda fase, que
comprende los años 1935 a 1937, se agudizaron las deficiencias del actuar de la Caja y se hizo
aún más evidente el estado desastroso de la pequeña y mediana minería en el país, el
agotamiento de los minerales de fácil trabajo, el agotamiento de los desmontes y disfrutes, la
falta de reconocimiento, la escasez de capital de particulares, la escasez de agua, la carestía de
los fletes y los subidos costos de explotación dan cuenta del complicado panorama de esta
industria. Finalmente, la tercera fase corresponde al comienzo de una política de fomento y
protección a la industria de la pequeña y mediana minería, que ocurrió a partir del Congreso
Minero de Copiapó en 1937 y que desembocó en el Plan de Acción Inmediata para la Minería
en 1939. Este plan fue desarrollado bajo la protección y aprobación de la Corporación de
Fomento de la Producción, en su primer año de funcionamiento.
Un denominador común en los años estudiados, es la problemática de la legislación que rige el
funcionamiento de la Caja, incluso cuando esta era modificada para soslayar alguna restricción,
esta se frenaba por una nueva no considerada.
Para entender ¿por qué se creó la Caja de Crédito Minero?, es preciso conocer el desarrollo
previo de la pequeña y mediana minería, por ello se expone una muy breve síntesis del
desenvolvimiento de esta industria y de los hitos más importantes relacionados a ella en el
periodo que le antecede a este estudio. Entre las cuestiones que más determinaron su
desempeño están la evolución que tuvo el precio internacional del cobre, el estado del proceso
productivo, el escaso desarrollo técnico y productivo, junto al régimen comercial y de inversión
en la industria.
En efecto, en la industria del cobre de Chile de la segunda mitad del siglo XIX, se distinguen dos
ciclos que se manifestaron en el precio internacional del mineral. El primero ocurrió entre 1848 y
1873 con un alto precio, fundamentado principalmente por la expansión de la demanda mundial,
que provocó un auge en la producción y exportación del cobre chileno, que fue posible por la
existencia de mineral de alta ley. Esto último es relevante dado el escaso desarrollo técnico en
el procesamiento del mineral. Tal auge en la producción de cobre se manifestó en que en 1896
3
Chile produjo 51.800 toneladas, con las que cubría el 60% del consumo mundial de este metal.
El segundo ciclo ocurre entre 1873 y 1896 con una baja del precio del cobre, explicada por la
masiva reestructuración del mercado internacional que comenzó a verificarse desde mediados
de la década de 1860, tal reestructuración se reflejó por la aparición de las grandes
corporaciones y en consecuencia de ingentes capitales, con lo cual se daba paso a la Gran
3
Eduardo Novoa M., La Batalla por el Cobre, Santiago de Chile, Editorial Quimantú, Colección Camino
Abierto, 1972, 11.
~ 38 ~
Las operaciones de la Caja de Crédito Minero
Espacio Regional
Minería que producía con economías de escala. 4 La expansión productiva fue posible por el
desarrollo de importantes innovaciones tecnológicas, que permitieron explotar minerales de baja
ley e introducir mejoras en el transporte. Fue así como se expandió la oferta mundial hasta la
víspera de la Segunda Guerra Mundial presionando a la baja del precio del cobre, a tal punto
que los costos de producción en Chile superaban el precio de venta del mineral, provocándose
en las regiones del Norte Chico un proceso de decadencia por la falta de incentivos económicos
para el desarrollo de la minería del cobre. 5
En cuanto al proceso productivo, este se realizaba por pequeños mineros, que en ausencia de
capital recibían financiamiento para explotar sus minas de los comerciantes que controlaban el
transporte marítimo o los fundidores que tras un procesamiento del mineral lo exportaban. Este
financiamiento ocurría también en forma de insumos y herramientas para la explotación.
Posteriormente, los mineros vendían el mineral extraído a su habilitador a la tarifa que éste
convenía. De esta manera el cobre chileno llegaba al mercado mundial, bajo un régimen de
subordinación al capital comercial, quedándose anclados los mineros a la lógica de producción
tradicional, es decir, al estar intermediado al vínculo entre los productores mineros y el mercado
internacional a través del capital comercial, la modernización necesaria para la vigencia de su
oferta se trabó. En consecuencia, la minería del cobre experimentó un proceso de crecimiento
sin desarrollo en su periodo de auge (1848-1876). 6
4
Christopher Schmitz, “The Rise of Big Business in the World Copper Industry 1870-1930”, en Economic
History Review, vol. XXXIX, n.º 3, 1986; y Luis Ortega, “Las transformaciones en el mercado internacional del
cobre y la decadencia de la región minera tradicional de Chile, 1875-1920”, en Tiempo y Espacio, vol. 20, 2008,
28.
5
Leland R. Pederson, La minería del Norte Chico. Chile, Santiago de Chile, RIL, 2008; Luis Ortega, “Del
auge a la crisis y la decadencia. La minería del cobre en el Norte Chico 1850-1930”, en Luis Ortega, Milton
Godoy y Hernán Venegas, Minería y sociedad en el Norte Chico, 1840-1930, Santiago de Chile, Academia de
Humanismo Cristiano – Universidad de Santiago de Chile, 2009.
6
Luis Ortega, Chile en ruta al capitalismo. Cambio, crisis y depresión 1850-1880, Santiago de Chile,
DIBAM-LOM, capítulo III, parte 1, 2005.
~ 39 ~
Dossier
Esquema n.º 1. Proceso minero-industrial (simplificado)
llevado a cabo en la segunda mitad del siglo XIX
Capital de trabajo
Herramientas,
COMERCIANTE
O FUNDIDOR
Habilitador
impone tarifa de
PEQUEÑO MINERO
Dueño de la mina.
Mineral de alta ley, en
gran volumen, dado el
nulo procesamiento.
Ofrece al mercado
mundial
Bajo estas circunstancias comienza el siglo XX para la minería del cobre, en otras palabras, sin
capacidad técnica ni comercial que permitiera a esta industria sobreponerse y captar los
recursos financieros para reactivar las regiones que en otra época tanta actividad habían
generado. 7
Paralelamente a este estado de decaimiento en la industria, apareció en Chile la Gran Minería,
primero con el establecimiento del mineral de El Teniente en 1908 y luego del mineral de
Chuquicamata en 1915, ambos filiales de corporaciones cupríferas de Estados Unidos. Con
esto se creó un dualismo en la industria del cobre, por una parte estaban estos colosales
yacimientos entramados al trust del cobre mundial, y, por otra, miles de pequeños mineros sin
capacidad de responder al nuevo orden. En cuanto a los factores de producción, la primera se
distinguía por ser intensiva en capital, mientras que la segunda en ser intensiva en mano de
obra. En tanto, fue hacia la pequeña y mediana minería donde se destinaron los objetivos de la
CACREMI.
Así pues, conforme se iban agotando los últimos minerales de alta ley que todavía permitían
obtener un margen tras el bajo precio del cobre, se iban poco a poco cerrando las fundiciones
que habían sido testigo del gran auge minero.
Bajo este escenario comienza a gestarse la idea de establecer en el país una entidad que
otorgue crédito a los mineros.
En concreto, fue la Sociedad Nacional de Minería la que durante los años 1920 a 1925 practicó
importantes estudios que dieron cuenta de la sensible decadencia en la producción de
minerales de alta ley, principalmente de cobre, y que los capitales privados se mantenían
retraídos de las inversiones mineras. Con esto, la Sociedad Nacional de Minería acordó
7
Ortega, “Del auge a la crisis…” (2009) y Pederson, op. cit., para un análisis de esos procesos.
~ 40 ~
Espacio Regional
proporcionar la intensificación del empleo de nuevos procedimientos para concentrar los
minerales, con el fin de aprovechar sustancias que permanecían en un completo abandono.
Estas y otras circunstancias promovieron la idea de establecer en el país un organismo del
Estado destinado a fomentar la minería nacional sobre bases enteramente modernas: una Caja
de Crédito Minero. En efecto, el 28 de mayo de 1926 el presidente de la Sociedad Nacional de
Minería, Javier Gandarillas Matta, sometió a la consideración del directorio de dicha institución
un proyecto de creación de una Caja de Crédito Minero. 8
Se denominó moderna, pues, en el mundo no se registraban instituciones como éstas, es más,
desde el Perú se envío una comitiva a estudiar el funcionamiento y legislación de la Caja con el
fin de nacionalizar la industria minera del Perú, como da cuenta el Boletín de Minas y Petróleo
de enero de 1931.
Luego de instalada la idea de la creación de la Caja, la SONAMI buscó apoyo en el gobierno de
la época, pero no tuvo éxito pues el Ministro de Hacienda rehusó financiar el proyecto. Pese a
esto, el proyecto fue confiado a un grupo de senadores. No obstante, para facilitar su despacho,
en el proyecto se propusieron garantías de la mayor severidad, de modo que las operaciones de
la Caja quedaran encuadradas dentro de un marco riguroso y casi inaccesible al pequeño
minero, pues se imponía la exigencia, ineludible y perentoria, de contar con minerales
cubicados para recibir una ayuda directa del crédito. El proyecto fue aprobado y así se dictó la
Ley n.º 4.112, de 12 de enero de 1927, que fue la primera ley orgánica de la Caja de Crédito
Minero. La estructura legal de la Caja se concibió tomando en cuenta únicamente las
necesidades de las grandes empresas y no las del pequeño productor. 9
En estas circunstancias fue fundada la Caja de Crédito Minero, bajo el amparo de una ley
restrictiva. He aquí las principales estipulaciones de su ley orgánica:
El artículo primero explica escuetamente su finalidad, dice así: “Se establece una Caja de
Crédito Minero destinada a fomentar el beneficio de toda clase de minerales existentes en el
país, por medio de empresas nacionales y mediante préstamos…”. Su capitalización se haría
por la autorización de emisión de bonos con garantía del Estado hasta por 40 millones de pesos
(alrededor del 0,5% del PIB de 1927) que ganarían un interés anual de hasta siete por ciento y
una amortización acumulativa, también anual, del uno por ciento.
Respecto de las operaciones, “la Caja tendrá como objetivo fomentar la instalación de
establecimientos de beneficio de minerales, mediante préstamos en dinero, cuando las
cubicaciones en las minas sean favorables”. En cuanto a las garantías, estas se debían
constituir a favor de la Caja, “ya sea con fianza hipotecaria, depósito en dinero u otra garantía
real para responder de que dispone del capital necesario para iniciar la explotación adecuada
del establecimiento que se va a construir”, así las minas constituidas en hipoteca, en caso de
mora podían ser embargables.
Acerca de la comisión, intereses y amortización, se estableció que podía cobrar una comisión
de hasta dos por ciento anual sobre el monto total del préstamo, que los deudores debían servir
un interés de ocho por ciento anual sobre sus préstamos, y que el préstamo debía pagarse en
un plazo no mayor a doce años. Además, “los deudores estarán obligados a destinar un mínimo
de un diez por ciento de sus utilidades líquidas a la formación de un fondo de reserva y
eventualidades hasta completar el veinticinco por ciento del monto total del préstamo,…este
fondo se depositará en la Caja al interés de seis por ciento anual”.
8
9
Memoria anual Caja de Crédito Minero. Santiago, 1935.
Idem
~ 41 ~
Dossier
Finalmente, se dispuso de manera especial la facultad para otorgar préstamos por un total de
seis millones de pesos, el quince por ciento del capital de la Caja, para instalar o habilitar
establecimientos de beneficio de minerales en las provincias de Atacama, Coquimbo y
Antofagasta. En estas plantas, “deberán instalarse secciones de minerales por cuenta ajena, y
para la fabricación de ácido sulfúrico para los industriales y mineros que lo soliciten a los precios
fijados por la Caja”.
Con lo anterior se da cuenta que la finalidad de la Caja en su fundación, no fue dar auxilio a los
pequeños mineros, sino, más bien, a industriales que mantuvieran suficiente capital para
responder las garantías y cubicaciones exigidas, además de poseer una capacidad para ahorrar
parte de sus utilidades. Nace desde ya, una incongruencia entre la estructura legal de la Caja
que rige su finalidad, y lo que esperan la mayoría de los mineros afectados por la baja del precio
del cobre y el agotamiento de los minerales de alta ley, que los dejó sin incentivos económicos
para continuar su actividad. Estos mineros no contaban ni con el capital de trabajo necesario
para hacer funcionar un régimen estable de explotación de sus minas, disfrutes o desmontes,
menos lo tendrían para erigir una planta de beneficio con todas las restricciones impuestas por
la Caja. Cabe recordar que la minería de ese entonces provenía de un proceso productivo
tradicional, donde predomina el sistema denominado “al pirquén”, que es un sistema bastante
rudimentario y arcaico. 10
Ya revisada la génesis de la Caja, se examina a continuación la primera fase, distinguida al
comienzo del artículo, esta comprende desde el inicio de la Caja hasta el año 1934.
Durante los primeros años de funcionamiento de la Caja, ésta fue el blanco de constantes
críticas. A saber, tras el interés y entusiasmo que despertó entre la numerosa “familia minera”
chilena la noticia de la creación de una entidad destinada a fomentar y ayudar a la minería, vino
una fuerte decepción, al punto que circuló la frase que la Caja no era para el minero pobre, sino
para ayudar a aquellos que por el estado de trabajo de su mina y la calidad de su yacimiento, ya
11
no necesitan de ayuda fiscal, siéndole fácil encontrar capitales particulares. En referencia a
las garantías exigidas, se abogaba que la mayoría de las minas no cumplían con tales, aun
más, las minas que ofrecían condiciones favorables, aunque no tuvieran la cantidad suficiente
para garantizar totalmente la inversión del capital que necesitaban, encontraban generalmente
los elementos que necesitaban para su explotación, por medio de empresas que el público
especulador, tanto en Chile como en otras partes, organizaba con relativa facilidad. Por otra
parte, entre las peticiones que se hacían a la caja resalta la de apertura de poder de compra de
los minerales de exportación por la Caja, en la esperanza de que está pudiera dejar en manos
de los mineros mayores beneficios que los que reciben de los compradores o exportadores
actuales. 12
Es así como en julio de 1927, tras cinco meses de su creación, comienza una seguidilla de
modificaciones a su ley orgánica, la primera fue para conceder fondos para laboratorios, la
segunda para establecer su reglamento legal que más tarde fue derogado para dictar uno
nuevo. La tercera ocurrió en febrero de 1928 y se refería a una muy importante modificación,
ésta autorizaba a la Caja para comprar y vender minerales. Cuatro meses después, en otra
modificación, se extendían los préstamos destinados a la adquisición e instalación de
maquinarias al capital de explotación de las minas. Luego, en diciembre de 1928, a través de la
10
“Un pirquinero es un minero rústico, curtidor del pirquén (lugar de explotación sin control técnico) que
antaño pagaba un canon de acuerdo a la cantidad y ley de mineral extraído”; en Sergio J. Villalobos,
Diccionario de términos mineros de Chile, Santiago de Chile, RIL, 2006, 120.
11
La Riqueza Minera de Chile, año VII, n.º 65.
12
La Riqueza Minera de Chile, año IX, n.º 687.
~ 42 ~
Espacio Regional
Ley n.º 4.503, se estableció que no sólo se fomentaría el beneficio de las minas, sino también la
explotación de los minerales; que la cubicación no sería tan estricta, lo que significaba que se
podría complementar con otras garantías; se eliminó el límite máximo fijado por los préstamos; y
se facultó a la Caja para explotar sus propios Planteles de Beneficio. La última modificación
antes de entrar a la década del treinta corresponde a la autorización para contratar empréstitos.
Lo anterior da cuenta de lo experimental que fue esta institución y de cómo fue cambiando de
dirección su campo de acción. Dos modificaciones importantes dan cuenta de ello, la primera, la
autorización para comprar y vender minerales, y la segunda, la facultad para explotar sus
propios planteles de beneficio. Pasó así de tener un rol netamente financiero hacía la industria,
a otro que abarcaba un campo de intermediación, otro productivo y el financiero que había sido
su origen.
En efecto, en 1929 la Caja comenzó la construcción de tres de sus Plantas de beneficio, estas
fueron, El Salado ubicada frente a Chañaral, Punta de Cobre ubicada a 20 kilómetros al sur de
13
Copiapó y Tambillos ubicada a 35 kilómetros al sur de Coquimbo. Todas para flotar minerales
de cobre con una capacidad de 100 toneladas diarias y por un valor cada una de un millón
quinientos (alrededor de 22 millones de pesos del 2008), en conjunto representan un 11,15%
del capital autorizado a la Caja.
Ahora bien, para comprender el actuar de la Caja en el seguir de los años es necesario
entender el contexto económico, tanto nacional como internacional, en el que le correspondió
desarrollar sus actividades. Así pues, en octubre de 1929 se inicia la Gran Depresión, crisis
económica iniciada en Estados Unidos que se propagó a todo el mundo; ésta se prolongó toda
la década del treinta, siendo particularmente intensa hasta 1934. En particular, la economía
chilena entre 1929 y julio de 1932 se encontraba en una fase deflacionaria, venía desde 1925
en una tendencia expansiva, donde todos los sectores, menos la agricultura, aumentaron
significativamente su producción, a saber, en 1929 las exportaciones físicas aumentaban un 7%
y las importaciones un 27%, no obstante, los términos de intercambio se habían deteriorado en
un 10%, lo que significaba que debía pagar más por los productos que importaba. Con lo
anterior las reservas del Banco Central cayeron por primera vez, desde que se reinstauró el
patrón oro.
En 1930 la recesión mundial ya era evidente para Chile, las exportaciones disminuyeron en un
tercio respecto al año anterior, la cuenta de capitales se deterioraba, pero aún el impacto a nivel
doméstico no se sentía, salvo la minería que había disminuido su producción. Por otra parte, las
importaciones habían disminuido, pero aún eran mayores en un 17% a las del 1928, incluso
cuando los términos de intercambio continuaban deteriorándose.
Fue en 1931 cuando la recesión se generalizó en el país, en este año la capacidad para
importar se disminuyó a la mitad, la cuenta de capitales fue negativa, y la producción disminuyó,
en el caso de la agricultura en un 20% y en la construcción en un 55%. Bajo tal escenario, el
Banco Central aumentó la tasa de redescuento, que corresponde al costo de los créditos del
Banco Central a los bancos comerciales, con lo cual la base monetaria disminuyó
drásticamente. 14 En paralelo, comenzó un alza de aranceles aduaneros. Mientras tanto, el
13
Proceso de concentración mediante el cual las partículas de un mineral son inducidas a adherirse a las
burbujas creadas por un agente espumante presente en la pulpa, que las hace flotar, en Villalobos, op.cit.,
38.
14
Al igual que en Estados Unidos, en donde la Federal Reserve contribuyó a “dinamizar” la recesión con un
alza de interés en ese año. Dos interesantísimos recuentos en John K. Galbraith, A Short History of
Financial Euphoria. Financial Genius is Before the Fall, Knoxville, Whittle Direct Books, 1990; y Charles P.
~ 43 ~
Dossier
ingreso fiscal disminuía fuertemente, en 1931 estos correspondieron al 62% de los de 1929, por
lo que el endeudamiento aumentó en un 26% entre 1929 y 1931. Además, las reservas de oro
disminuyeron en un 113% entre estos mismos años. Con esto, más el tímido incremento de los
préstamos del Banco Central, se generó una disminución del 40% en la cantidad de dinero,
generándose así los efectos deflacionarios de la depresión.
Luego, entre julio de 1931 y 1932 ocurre en Chile una fase inflacionaria, en un ambiente de
inestabilidad política. El fin de la fase anterior ocurre por la cesación de pago de la deuda
externa en 1931, esta moratoria estuvo sujeta a la implantación de un control de cambios, con la
creación de la Comisión de Cambios Internacionales. Con esto se permitió relajar las presiones
financieras de la balanza de pagos y ejercer un control directo sobre las importaciones, las que
disminuyeron drásticamente. Las exportaciones disminuyeron a menos de la mitad de 1931 y
los términos de intercambio disminuyeron un 15% adicional. Por otra parte, el Banco Central
esta vez disminuyó la tasa de redescuento, pero los créditos a la banca privada disminuían. Fue
por la liquidez creciente que estaba siendo inducida por otros préstamos del Banco Central al
sector público que la oferta de dinero aumentó, a fines de 1932 ésta era un 85% más que la de
julio de 1931. Este incremento se generó para financiar el gasto de gobierno, dada la
disminución de los ingresos fiscales. Un hecho relevante, es el abandono del patrón oro
ocurrido en marzo de 1932. Se inició además, un conjunto de políticas de comercio exterior muy
complejas, entre algunas estuvo, la instauración de un sistema de tipo de cambios múltiples,
cuotas, licencias de importación y lista de importaciones permitidas. En definitiva, la cesación de
pagos de la deuda externa, el control de cambios y la devaluación permitieron controlar los
problemas de la balanza de pagos. 15
Dicho lo anterior, queda ahora revisar las operaciones realizadas por la CACREMI en el marco
de una crisis internacional y de una economía que actuaba al ritmo de las circunstancias.
Ya en 1932 la Caja contaba con las tres Plantas de Beneficio indicadas antes, más la Planta
Domeyko ubicada a 50 kilómetros al sur de Vallenar, todas construidas para beneficiar
minerales de cobre, sin embargo, estas quedaron inactivas en 1929 dado el bajo precio del
16
cobre, disminuyó en términos reales un 26% anual entre 1929 y 1932. Tal situación se soslayó
transformando los planteles para beneficiar minerales de oro, en efecto, ante la desvalorización
de la moneda, se generó incentivos económicos para explotar minerales de oro, como ocurre a
menudo en procesos de crisis. Junto a lo anterior ocurrió un hecho aun más decidor, este
correspondió a la política de fomento y desarrollo de la minería del oro, que se inició a partir del
Gobierno para remediar el problema de la desocupación desencadenado por el efecto de la
Gran Depresión Internacional, es a partir de la necesidad de proporcionar ocupación a los
obreros cesantes y de dotar al país divisas ante la coyuntura económica de entonces, que se
inicia la política de explotación de los lavaderos de oro, para lo cual se distaron una serie de
decretos con el fin de instaurar tal actividad a partir de la subvención del Estado con
17
participación de particulares.
Kindleberger, Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial Crises, New York, John Wiley & Sons,
Inc., 3ª edición 1996. Para el caso chileno Ricardo Lagos Escobar, “El precio de la ortodoxia”, en Colección
de Estudios CIEPLAN n.º 12.
15
Paul T. Ellsworth, Chile, An Economy in Transition, Princeton, Princeton, Princeton University Press, 1937,
capítulos I y II.
16
Según precio FOB real US$ 2000/ton.
17
José Miguel Varas, La novela de Galvarino y Elena, Santiago de Chile, LOM, 2ª edición, para un hermoso
recuento de la actividad en los lavaderos de Andacollo.
~ 44 ~
Espacio Regional
Hay que destacar el rol que juega la CACREMI en ente nuevo escenario, en el que la minería,
principalmente la aurífera, fue llamada a soslayar los embates de los efectos de la crisis en el
país. En efecto, en diciembre 1931 se dictó una ley de subsidio a la minería 18 que estuvo
vigente entre este año y hasta fines de 1933. En esta se permitió subsidiar el trabajo de los
obreros que se dedicaran a faenas de la minería del cobre, de acuerdo al comportamiento del
precio del cobre electrolítico, subsidiaba también cada tonelada de cobre en barras que
producían las fundiciones. Respecto a los minerales auríferos, estableció un subsidio por cada
gramo de oro fino que comprara la Caja. Esta ley tuvo su mayor implicancia en la minería
aurífera, ya que a partir de esta se destinaron recursos de distintas instituciones de Gobierno
para que procediera la Caja a comprar y beneficiar minerales auríferos.
Luego en junio de 1932, con el dictamen de un decreto de ley, 19 se estableció la exclusividad
para comprar, vender y exportar minerales de oro en estado nativo, en proceso de elaboración,
y oro de lavaderos a la CACREMI, mientras que la exclusividad de compra y venta del oro en
barras o amonedado la tuvo el Banco Central, al precio de cambios internacionales.
Recapitulando, la desvalorización de la moneda, que generó incentivos económicos para que
los mineros desviaran sus esfuerzos a la explotación de minerales de oro; el fomento a la venta
de minerales de oro a través de subsidio; la exclusividad de compra, venta y exportación de
minerales auríferos para la Caja; más la política de fomento de explotación de los lavaderos de
oro, desencadenó una gran actividad en la Caja entre los años 1932 y 1934, volcada totalmente
a la minería aurífera. Cabe destacar que todo ello se enmarca en dos objetivos de políticas
económicas, creación de empleo y dotación de letras de cambio como se le llamaban a las
divisas, para hacer frente a la difícil situación económica que enfrentaba el país, pues se hacían
necesarias para responder a la obligaciones de la deuda externa y para pagar las
importaciones.
La mayor actividad de la Caja se reflejó en la apertura de treinta y tres agencias de compra de
minerales en el transcurso del año 1932, estas se ubicaron entre Antofagasta y Santiago,
20
concentrándose el cincuenta por ciento de aquellas en el Norte Chico. Estas agencias
establecieron dos tarifas de compras, una para los auríferos de concentración, que se
beneficiaban en los planteles de propiedad de la Caja a través del método de flotación, y otra
para los auríferos de exportación 21 , que correspondían a minerales de alta ley que a pesar de
su volumen, su alto contenido en oro hacía posible costear el flete y dejar un margen a los
mineros. Para vender los concentrados y los minerales de alta ley la CACREMI estableció
contratos con fundiciones de Estados Unidos, en base a los cuales establecía sus tarifas de
compra. Para los mineros lo más relevante fue la apertura de compra de minerales de
concentración, pues dio valor comercial a los minerales de baja ley que no costeaban los fletes
a las fundiciones extranjeras.
El gran dinamismo de la Caja por estos años, se reflejó por consiguiente en las compras de
minerales realizadas, tanto de las agencias como de sus Planteles, ya que registraron un
aumento colosal de un 265% de 1932 a 1933, lo que significa que las compras de 1933 fueron
casi 4 veces a las del año anterior, por otra parte, el valor pagado aumentó en un 553%, es
decir, fue 6,5 veces más que el año previo, la diferencia con el aumento de las unidades físicas
22
se explica en parte al aumento en el costo del dinero que fue de un 23% y también por el
18
Ley 5012.
Decreto de Ley 193.
10 agencias en Coquimbo y 8 en Atacama.
21
En ambas tarifas se descuenta un cargo por flete.
22
Referido en este caso a la inflación.
19
20
~ 45 ~
Dossier
aumento en las tarifas pagadas a los mineros gracias al subsidio estatal. Así, el año 1933 fue el
que mayor oro fino compró, aglutinando un 21% del total de minerales comprados entre 1932 y
1938. Para el año posterior, es decir, para 1934 estas compras disminuyeron en un 8% respecto
del año previo, no obstante, representó este un 19% del total. En cuanto al valor pagado este
disminuyó un 7%, en este caso la diferencia se explica por la disminución en la inflación de un
0,8%. En resumen, las compras de minerales por la Caja crecieron en promedio anualmente
129% entre 1932 y 1934.
La agencia compradora más importante entre estos años, según gramos de oro fino comprado,
fue Copiapó Sali Hochschild con un 16% de las compras totales, ésta era una agencia privada
que actuaba en representación de la Caja. La planta El Salado le seguía con un 12%, la planta
Domeyko con un 9%, y luego otra agencia privada, Copiapó Cía. American Smelting con un 8%.
La agencia Freirina y la Planta Punta de Cobre compraron cada una un 7% del total. En
seguida, cuatro agencias más compraban alrededor del 5% cada una y todas las demás
porcentajes muy bajos, la mayoría menor a la unidad. En definitiva, alrededor de diez agencias
compraban el 81% del total comprado de oro fino por la Caja entre 1932 y 1934, mientras que el
porcentaje restante se repartía entre más o menos veinte agencias, o dicho de otra manera, un
tercio de las agencias compraba el 81% del oro fino. La provincia que lejos fue la que mayor
actividad reportó a la Caja por estos años, en cuanto a compra de minerales fue Atacama, pues
de este 81% el 72% le correspondió a esta provincia, el cual se distribuyó entre los
departamentos de Copiapó con un 32%, Huasco con un 21% y Chañaral con un 19%. Las
provincias de Coquimbo y de la Antofagasta completan el porcentaje faltante con un 5 y 4 %,
respectivamente.
Al examinar el número de patentes mineras registradas para minerales auríferos y la producción
de oro en gramos se observa que ambas
aumentaron significativamente para el año
1933 (ver tabla n.º 1), tanto para los lavaderos
Tabla n.º 1
de oro como para las minas, lo que va de la
Patentes
mano con el colosal aumento de las compras
de oro fino de la Caja, no obstante, para el año
Año Lavaderos Minas Producción
siguiente, es decir, para 1934 la Caja
de oro
Oro grs.
disminuyó sus compras, mientras que las
1932
309
727
1.175.059
patentes continuaron aumentando junto a la
producción, tal situación se explica en parte
1933
2668
1337
4.584.514
por la disminución de la ley promedio de los
1934
3759
2179
7.392.085
23
como por
la
minerales comprados,
disminución del rendimiento de los lavaderos
de oro, lo que ya se había previsto en 1932
autorizándose al jefe de lavaderos de oro, a través de un decreto 24 la aplicación de un nuevo
subsidio, destinado a los obreros que trabajaban en lavaderos de oro de bajo rendimiento,
financiándose éste con las utilidades que se percibían de la venta de oro, esto último con el fin
de que tal gasto se financiara a sí mismo. Pero el principal motivo de la disminución de los
minerales comprados fue la derogación de la exclusividad de la Caja en la compra de minerales
auríferos en agosto de 1934, con ello las casas exportadoras y las fundiciones privadas
compraron libremente, generando una competencia en precios. Estos nuevos compradores
desplazaron a la Caja en las zonas aledañas donde funcionaba, disminuyendo las actividades
de las agencias y en algunas de ellas, las compras se paralizaron completamente de modo que
fueron cerradas, entre estas estaban las agencias de Tiltil, Santiago, Espino, Curacaví,
23
24
Estas fueron en promedio 26,13; 24,49 y 23,77 en 1932, 1933 y 1934, respectivamente.
Decreto n.º 280, dictado en Santiago el 25 de julio de 1932.
~ 46 ~
Espacio Regional
Quebrada de Alvarado y Coquimbo. Así, de las cuarenta y dos agencias que operaron entre
1932 y 1934, sólo veinticuatro funcionaban al comienzo del año 1935.
Para graficar como afectó la derogación de la exclusividad de compra para la Caja, se examina
el caso de la agencia de Andacollo, que funcionó entre diciembre de 1932 y agosto de 1934.
Sus compras de oro fino en 1993 fueron de 61.666 gramos mientras que para 1934 fueron sólo
de 15.771 gramos, lo que se traduce en una disminución de un 74%. Pues bien, con la libertad
de compra y venta de minerales auríferos las plantas de beneficio de propiedad privada que se
instalaron en este distrito absorbieron la producción de minerales de baja ley, mientras que los
minerales de exportación fueron vendidos con ventaja por los mineros en el Puerto de
Coquimbo a The South American Metal Co., o bien a la firma Sali Hochschild. Por esto mismo
se cerró también la agencia de Coquimbo. Ambas agencias aparecerán en escena a fines de la
década, cuando la Caja vivió una fase completamente distinta, en la que fueron otros los
objetivos los que la guiaron.
Desde que la Caja amplió su campo de acción, desde el financiero al de la intermediación junto
al productivo con las modificaciones a su ley orgánica, le correspondió atender funciones como
la compra de minerales, que se examino antes, como la de beneficiar con sus planteles de
beneficio los minerales de concentración adquiridos, esta actividad es la que se pasa a revisar a
continuación, enmarcada, como antes, en la primera fase distinguida en este estudio, es decir,
en la que va desde su nacimiento hasta 1934, recordar que ésta se caracteriza por un
aletargamiento e inoperancia en su actuación por las restricciones de su legislatura, que no le
permitían en ir en auxilio de la decadente pequeña y mediana minería a través del crédito
minero, pero que luego al ritmo de las circunstancias fue derivando su campo de acción para
responder al contexto de crisis internacional y nacional con los planes de reactivación del
empleo y acumulación de divisas y reservas de oro, adoptando un gran dinamismo.
Las críticas a la gestión de la CACREMI fueron agudas y hacia mediados de la década llegaron
al Congreso Nacional. Ellas se concentraron en tres puntos generales. En primer lugar, en que
las acciones de la institución no habían llegado en auxilio de los pequeños mineros,
fundamentalmente debido a las características de su política de crédito y de compra de
minerales. En segundo lugar, que sus acciones habían favorecido a los grandes operadores de
las antiguas provincias mineras y, en tercer lugar en la forma en que era administrada. Al
respecto un enardecido diputado manifestó a la Cámara que la Caja “no ha cumplido con las
finalidades que tuvieron a la vista sus autores” y que se había convertido en un instrumento
político para el gobierno, pues había
“…dado motivos a la creación de un ejército de soplones e intrigantes: a la
realización de una política de odios y de desenfreno de las ambiciones
bastardas, descuidando la protección de la industria minera nacional”.
La Caja en su accionar daba muestras de ineficiencia pues teniendo a su disposición una serie
de instrumentos y recursos líquidos no había contrapesado el poder de “compañías
imperialistas, tales como Hoschchild, American Smelting, Gildemeister y otras”, con lo cual “los
mineros pobres [eran] entregados a la voracidad del imperialismo”.
El diputado Vega concluyó que
“Esta ley, cuya finalidad esencial fue la de fomentar la minería, ayudando
especialmente a los mineros de escasos recursos, ha sido aprovechada sólo
para pagar servicios electorales y para “hacer caja”….a los que con el apoyo
~ 47 ~
Dossier
oficial, pretende ser elegidos como representantes de esa región. Resuelven
25
una baja politiquería con los dineros públicos”.
Algunos meses después el Diputado Concha llevó a la sala las conclusiones del Congreso
celebrado por las “asociaciones Mineras de Atacama y Coquimbo recientemente celebrado”
pero que no habían sido tomadas en cuenta por el Ministro de Hacienda, Gustavo Ross en los
proyectos que modificaban las funciones y atribuciones de la CACREMI. 26 Según él, con ello se
hacía patente el sesgo de las autoridades respecto del sector minero.
A partir de ese año, la CACREMI entró en un proceso de restructuración interna y de
redefinición de sus funciones que la comprometió cada vez más con el proceso minero
propiamente tal.
Esquema n.º 2. Funciones de la CACREMI 1927-1934
Compra de
Minerales
Minerales de
alta ley
Puertos de Exportación
con destino a Fundiciones
Extranjeras
Minerales de baja ley,
con tarifa de
concentración
Plantas de
Beneficio
Fundiciones
Extranjeras
25
26
Fundiciones
Nacionales
Cámara de Diputados, Sesión Ordinaria n.º 23, 7de julio de.1934.
Ibid., Sesión Extraordinaria n.º 21, 23 de diciembre de 1936.
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Espacio Regional
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Dossier
~ 50 ~
Espacio Regional
LA CRISIS ECONÓMICA DE 1929 Y EL RETORNO DE LOS SALITREROS.
EFECTOS POLÍTICOS Y SOCIALES EN EL VALLE DEL CHOAPA (1929-1938) 1
THE ECONOMIC CRISIS OF 1929 AND THE RETURN OF THE SALTPETER WORKERS.
POLITICAL AND SOCIAL EFFECTS IN THE CHOAPA VALLEY (1929-1938)
Igor Goicovic Donoso 2
[email protected]
Universidad de Chile
Santiago, Chile
RESUMEN
La crisis económica originada en Estados Unidos en 1929 fue el detonante de una cadena de
secuelas internacionales. Chile no fue la excepción. En este artículo nos proponemos analizar la
fase temprana de constitución y articulación del movimiento popular en Choapa. 3 Hemos optado
por privilegiar esta área del espacio regional, porque en ella se desarrolló un pionero y poderoso
movimiento campesino que, en las décadas posteriores, se puso a la cabeza de la demanda por
reforma agraria que sacudió al conjunto del país. Efectivamente, en Choapa, la temprana
radicación de los obreros desocupados en los lavaderos auríferos permitió la vertebración de la
organización sindical y con, ello, la difusión de un heterogéneo ideario de emancipación social.
Palabras claves: Crisis de 1929, Choapa, obreros, organización sindical
ABSTRACT
The economical crisis originated in the United States in 1929 was the trigger of a chain of
International consequences. Chile was not the exception. In this article, we will propose to analize
the early stage of the constitution and organization of the popular movement in Choapa. We
decided to choose this regional area because a pioneer and powerful peasant movement was first
developed there and, then, this movement took the lead of the agrarian reform demands that shook
the country. Really, in Choapa, the early unionization of the workers in the gold-panning sites make
possible the organization of a trade union, and with it, the spreading of a heterogeneous ideology of
social emancipation.
Key words: 1929 crisis, Choapa, workers, trade union organization
Este artículo forma parte del proyecto de investigación, Contextos, actores y espacios para una
redefinición del Norte Chico, 1929-1975. Una propuesta de análisis regional (FONDECYT 1095107).
2
Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.
3
Utilizamos indistintamente la denominación “Choapa” o “Valle del Choapa”, para referirnos al espacio
territorial adscrito al antiguo Departamento de Illapel, que, con la reforma administrativa de 1975 paso a
denominarse Provincia de Choapa. Este espacio se encuentra conformado por las comunas de Illapel,
Salamanca, Los Vilos y Canela, y ocupa la margen meridional de la actual Región de Coquimbo.
1
Dossier
Vol. 1, n.º 8, enero-junio 2011, Igor Goicovic Donoso
Introducción
La crisis económica iniciada en la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929 generó
una serie de consecuencias económicas, políticas y sociales a escala global, las cuales se
manifestaron, incluso, más allá del cierre del proceso recesivo, verificado hacia 1938. La
economía chilena, fuertemente ligada a las explotaciones mineras, especialmente de salitre y
4
cobre, fue, sin duda, una de las más afectadas. El efecto más evidente de esta crisis, a
comienzos de la década de 1930, fue el alto índice de desocupación que afectó, muy
particularmente, a los trabajadores salitreros. Miles de estos trabajadores abandonaron las
5
faenas en el Norte Grande y se desplazaron hacia el centro y sur del país. Una parte
importante de este contingente de desocupados se estableció en el Norte Chico del país, lo cual
estimuló el desarrollo de las organizaciones sociales y políticas de la clase obrera local. Los
nuevos referentes sociales y políticos constituidos en la región se convirtieron, hasta 1973, en
importantes núcleos de sociabilidad y agitación obrera; ello, a su vez, incidió en la configuración
de una serie de cambios cualitativos en las relaciones de poder a escala local.
Estructura económica local y situación de crisis
La zona de Choapa ocupa el margen sur de la Región de Coquimbo y, desde el temprano
asentamiento colonial, vio desarrollar en sus tierras, con éxito relativo, explotaciones agrícolas,
ganaderas y mineras. Durante el siglo XVI las faenas de los lavaderos auríferos concitaron el
interés de los primeros habitantes de la zona, mientras que en el siglo XVII la economía de
estancia se convirtió en el principal rubro productivo. 6 Más tarde, el trigo y el cobre adquirieron
7
especial relevancia. Ello favoreció el que las autoridades coloniales definieron esta zona como
área de concentración aldeana, y en 1754, primero, y en 1788, después, se dictaron sendas
reales cédulas que sancionaron la fundación de la villa de San Rafael de Rozas y
8
posteriormente su repoblación.
Hasta comienzos de la década de 1870 la zona experimentó, al igual que el resto del Norte
Chico, un proceso expansivo de sus actividades productivas. Ingentes toneladas de cobre y en
menor medida oro y plata se dirigían desde la Corrida de Sánchez o desde Aucó, hacia las
fundiciones de Guayacán, mientras que los valles de los ríos Illapel y Chopa proveían a las
faenas mineras de toda la región de recursos agrícolas y pecuarios. No obstante, la crisis
económica inaugurada en 1875 se extendió rápidamente por la zona de Choapa, colapsando a
4
Para un análisis global de la crisis se puede ver el estudio de Charles Kindleberger, La crisis económica de
1929-1939, Barcelona, Crítica, 1985. El impacto de la crisis en Chile en Patricio Meller, Un siglo de
economía política chilena, (1890-1990), Santiago de Chile, Andrés Bello, 1996; Manuel Marfán, “Políticas
reactivadoras y recesión externa. Chile 1929-1938”, Estudios CIEPLAN, Santiago de Chile, 1984 y, en el
mismo volumen, Gabriel Palma, “Chile 1914-1935: De economía exportadora a economía sustitutiva de
importaciones”. Un enfoque general en, Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile. La
economía: Mercados, empresarios y trabajadores, vol. 3, Santiago de Chile, LOM, 2002, 35-37.
5
Ver, al respecto el capítulo 5 (“Donde se alberga la revolución: La crisis salitrera y la propagación del
socialismo obrero, 1920-1923”), contenido en el libro, de Julio Pinto, Desgarros y utopías de la pampa
salitrera. La constitución de la identidad obrera en tiempos de la cuestión social (1890-1923), Santiago de
Chile, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2007.
6
En 1593 Choapa era un importante asiento de minas, dependiente del Corregimiento de Quillota. Ver
María Teresa Cobos, “La división político-administrativa de Chile, 1541-1811”, Monografías Históricas, 3,
Valparaíso, Instituto de Historia, Universidad Católica de Valparaíso, 1983.
7
Al respecto ver el trabajo de Arturo Serey Cortes, “Crónicas históricas de Illapel, 1531-1810”, en Illapel:
Ciudad de los naranjos, 1754-1988, Illapel, Impresión Odonne, 1988.
8
Ver el trabajo de Nelly Plaza, “La fundación de la villa de San Rafael Rozas, en el Reino de Chile, (siglo
XVIII)”, Actas Americanas, 2, La Serena, 1994, 7-17.
~ 52 ~
La crisis económica de 1929 y el retorno de los salitreros
Espacio Regional
algunos sectores (especialmente a la minería del cobre) y reduciendo la magnitud de las
actividades agro-ganaderas. Ante esta situación, cientos de trabajadores locales optaron por
migrar hacia las regiones de Tarapacá y Antofagasta, enrolándose en las la guaneras, las
salitreras y las explotaciones de plata. 9
Al sobrevenir la crisis de los nitratos, en la década de 1920, muchos de estos trabajadores
optaron por retornar a sus lugares de origen. No obstante la situación económica de la zona no
sólo no había experimentado recuperación alguna (desde 1875), sino que, por el contrario, la
crisis estructural de la economía local había alcanzado mayor extensión. Cabe preguntarse,
entonces, ¿qué rasgos identificaban a la economía local a comienzos de la década de 1930?
Una primera cuestión a considerar es que, si bien las actividades mineras poseían un rol
protagónico al interior de la estructura económica local, el proceso de modernización de las
mismas es más bien reciente. 10 Lo anterior mirado tanto desde el punto de vista de la
incorporación de tecnología de punta, como también en relación con la inversión masiva de
capitales y con el surgimiento de una clase social de asalariados modernos adscritos al sistema
productivo.
Efectivamente, la zona de Choapa definió tempranamente su rol al interior de la estructura
económica nacional como productora de recursos mineros. En el proceso de expansión,
desarrollo y crisis de estas actividades definió, también, el carácter y forma de su transición al
capitalismo. Esta transición, lenta y dolorosa, ha estado marcada en los últimos 120 años por
11
profundas y prolongadas crisis económicas y sociales. En síntesis, la minería en Choapa ha
sido históricamente el eje articulador de la estructura económica local y se ha constituido en el
polo económico más relevante en la generación de riqueza. Los ciclos de expansión y crisis de
la estructura económica local y, por lo tanto, el devenir de sus habitantes han estado
históricamente ligados a la situación de las actividades mineras.
Como señalamos previamente, la crisis de las actividades cupríferas en 1875 y la subsecuente
expansión de las actividades salitreras detonaron un sostenido proceso migratorio desde las
regiones de Atacama y Coquimbo, en dirección de los yacimientos salitreros. Miles de peones
mineros dirigieron sus pasos hacia el norte, primero para servir a su país en la Guerra del
Pacífico y más tarde para arrancarle a la tierra la riqueza que les había sido esquiva en sus
lugares de origen. Pero el desarrollo de la actividad salitrera no sólo incorporó mano de obra a
las faenas de explotación del salitre, también contribuyó al enganche de trabajadores en los
transportes terrestres (especialmente ferroviarios) y en las faenas portuarias. A la vez, el salitre
se convirtió en la principal fuente de demanda de maquinarias, herramientas e insumos para las
9
Al respecto ver nuestro trabajo, “La crisis de la minería del cobre y su impacto en una estructura
socioeconómica local. Illapel, 1875-1890”, Si Somos Americanos, 4, Iquique, Instituto de Estudios
Internacionales, Universidad Arturo Prat, 2003, 117-132.
10
En noviembre de 1954 entró en funcionamiento la planta beneficiadora de minerales de “El Arenal”,
dependiente de la Caja de Crédito Minero (CACREMI). Esta fue la primera gran planta en la zona que operó
simultáneamente con los procedimientos de flotación y cianuración (El Reflector, 12 de noviembre de 1954).
Siete años más tarde se instaló en Illapel una oficina de ENAMI, organismo que habría de jugar un rol
destacado en el apoyo a la pequeña minería regional a través del aporte de maquinaria pesada,
implementación y equipamiento para la explotación y concesión de créditos a mediano y largo plazo.
Gobernación Provincial de Choapa, Situación minera de la Provincia de Choapa, Illapel, 1985, 2.
11
De acuerdo con la Encuesta CASEN 2006, un 14% de la población de la Provincia de Choapa se
encontraban ese año en situación de pobreza. Este porcentaje contenía a un total de 11.199 personas. Ver
MIDEPLAN, <http://www.mideplan.gob.cl/casen/Estadisticas/pobreza.html>
~ 53 ~
Dossier
faenas productivas y en el eje fundamental que articulaba a los restantes sectores de la
12
economía nacional.
En el período comprendido entre 1880 y 1930 el país accedió a un vertiginoso proceso
modernizador, en el cual se consolidó el modo de producción capitalista, se expandieron las
relaciones salariales y se reafirmaron los vínculos de dependencia de la economía nacional
respecto de los centros hegemónicos de la economía mundial. En este proceso, fue el salitre el
vehículo que transportó a Chile hacia la modernización capitalista. La incorporación del salitre a
la economía nacional, a comienzos de la década de 1880, se convirtió en un importante
incentivo para el conjunto de las actividades productivas a nivel nacional. El trabajo de Luis
Ortega y Julio Pinto demostró que la expansión experimentada por las explotaciones salitreras
incidió significativamente en el incremento experimentado por el conjunto de las actividades
productivas del país. 13 La permanente demanda de diferentes artículos emanada desde las
oficinas salitreras daba cuenta de la constitución de un mercado consumidor cada vez más
amplio y sofisticado.
En este contexto la crisis de la minería del cobre en el Norte Chico, logró ser parcialmente
paleada con la expansión de las actividades agropecuarias. La zona de Choapa, por ejemplo,
ofrecía una serie de ventajas desde el punto de vista agropecuario: Sus áreas de producción se
encontraban relativamente próximas a los mercados consumidores, en comparación con los
centros productivos del núcleo central y de la zona sur; por otro lado, el carácter transicional de
sus suelos y de su clima le permitían desarrollar cultivos extensivos de cereales y de todas
clase de productos de chacarería, lo cual en las zonas más septentrionales era inviable;
además, los derivados de la ganadería, especialmente caprina (charqui, carnes frescas, leche,
mantequilla, etc.) arribaban en mejores y más rápidas condiciones a la zona norte; por último en
la zona de Choapa se obtenían las primeras cosechas de frutas, cereales y legumbres, lo que
permitía colocar a buenos precios, en el mercado salitrero, los productos de la región.
La activación alcanzada por las faenas agropecuarias conllevó un mayor dinamismo en las
actividades comerciales de la zona. Esto, evidentemente, repercutió profundamente en el puerto
de Los Vilos. En el período comprendido entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del
siglo XX el puerto vivió su época de mayor expansión y desarrollo. Las expectativas de acceder
a una situación de progreso material sostenida se alimentaban principalmente de la expansión
experimentada por las actividades marítimo-comerciales. Así, por lo menos, lo acredita un
despacho (fechado en 1908) del corresponsal en Los Vilos del periódico El Choapa de Illapel.
«El comercio los vemos animado; el tráfico incesante a toda hora; tan pronto
atraviesa la calle una carreta cargada con mercaderías, como una tropa que
conduce a las bodegas los abundantes productos de las canchas de las
haciendas vecinas... el comercio adquiere gran desarrollo, la población
aumenta, i por todas partes amenaza ya la ola del progreso». 14
Los crecientes y más complejos niveles de actividad productiva y comercial exigían la
articulación de una red de agencias navieras capaces de facilitar el almacenamiento, transporte,
embarque y desembarque de mercaderías. Lo anterior también implicaba construir bodegas,
instalar oficinas, contratar personal administrativo y enganchar cuadrillas de obreros para las
12
Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia económica de Chile, 1830-1930, Madrid, 1982, 6571.
Julio Pinto y Luis Ortega, Expansión minera y desarrollo industrial. Un caso de crecimiento asociado
(Chile, 1850-1914), Santiago de Chile, Universidad de Santiago de Chile, 1990.
14
El Choapa (Illapel), 16 de febrero de 1908.
13
~ 54 ~
Espacio Regional
faenas de carga y descarga. Desde esta perspectiva uno de los factores que más contribuyó al
desarrollo que experimentaron las actividades comerciales en Los Vilos, fue la construcción y
habilitación de la red ferroviaria Los Vilos-Illapel-Salamanca y la incorporación de esta red al
tendido longitudinal norte.
La puesta en funcionamiento de los ferrocarriles locales fue un proyecto largamente anhelado
por la comunidad local. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX los ferrocarriles aparecían
asociados íntimamente a la idea de progreso y desarrollo; la habilitación de una línea férrea no
sólo era el medio a través del cual una comunidad se ponía en contacto con el mundo, sino que
también era la puerta de acceso a la modernización.
En enero de 1884 el gobierno de Domingo Santa María publicó la Ley 2.033, mediante la cual
se autorizaba la construcción y explotación de un tendido ferroviario que uniera las ciudades de
La Calera y Ovalle; desde esta línea principal debían surgir dos ramales: Uno que uniera el
pueblo de La Ligua con el puerto de Papudo y otro que vinculara el Valle del Choapa con el
15
puerto de Los Vilos. En todo caso, las expectativas de los habitantes de la región se vieron
prontamente frustradas. El ansiado ferrocarril recién comenzó a construirse en 1889 16 y el tramo
más importante (Los Vilos-Illapel) sólo fue entregado en 1909; 25 años después de aprobada la
ley. 17 Hacia 1897, época de tremenda importancia en la proyección económica de Los Vilos, el
18
ferrocarril apenas cubría el tramo comprendido entre Los Vilos y la hacienda Las Cañas. En
noviembre de 1912, se unieron los tramos finales de la red longitudinal norte que vinculaban la
ciudad de La Serena con la localidad de Cabildo, pasando por la villa de Illapel. 19 La puesta en
marcha de ambas líneas férreas permitió abaratar los costos de los fletes de las mercaderías
que provenían desde las zonas interiores de Choapa. Este abaratamiento de los fletes permitió
incrementar los volúmenes de carga que se despachaban desde Los Vilos, fenómeno que a su
vez redundó en un mayor dinamismo comercial.
Al irrumpir en Chile la crisis económica que afectó al sistema capitalista internacional, a partir de
1929, las actividades económicas del país experimentaban un importante crecimiento; éste
devenía del aumento de las exportaciones de salitre y cobre y de la importación de recursos
financieros (empréstitos). 20 No obstante, las bases estructurales que sostenían este crecimiento
habían demostrado, desde la crisis de 1860, su gran vulnerabilidad frente a las recesiones
periódicas que afectaban al sistema. Por otro lado, las relaciones de dependencia que unían a
la economía chilena con los centros hegemónicos del capitalismo mundial, determinaron que los
21
efectos de la crisis se hicieran presentes con especial dureza en Chile. Consecuentemente, el
15
Ver, Boletín de Leyes y Decretos de la República de Chile, Libro LII, n.º 1, enero de 1884, 130-134.
Los trabajos se iniciaron en abril de 1889 y estuvieron originalmente a cargo del empresario local Felipe
Geisse, quien contrató a 150 peones para llevar a cabo las faenas; El Norte (Illapel), 1 de abril de 1889 y 25
de abril de 1889.
17
Emilio Vasallo Rojas y Carlos Matus Gutiérrez, Ferrocarriles de Chile. Historia y organización, Santiago de
Chile, 1943, 38. El tramo Illapel-Salamanca sólo fue entregado a la explotación en 1914.
18
La Voz de Illapel (Illapel), 24 de abril de 1897.
19
La Voz de Illapel (Illapel), 12 de noviembre de 1912 y Santiago Marín Vicuña, Los ferrocarriles de Chile,
Santiago de Chile, Litografía y Encuadernación Barcelona, 1912, 133.
20
Manuel Marfán, Políticas reactivadoras y recesión externa: Chile 1929-1938, Santiago de Chile, Colección
Estudios CIEPLAN, marzo de 1984, 89.
21
Gabriel Palma, Chile: 1914-1935. De economía exportadora a sustitutiva de exportaciones, Santiago de
Chile, Colección Estudios CIEPLAN (Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica),
marzo de 1984, 76.
16
~ 55 ~
Dossier
fenómeno recesivo afectó radicalmente a las estructuras económicas locales, incluida,
22
evidentemente, la zona de Choapa.
La situación de crisis se hizo extensiva a la estructura minera local. En la zona el grueso de las
faenas mineras experimentó un importante decrecimiento. La excepción lo constituyó la minería
del oro. De acuerdo con Julio Ruiz, las actividades auríferas escaparon a la constante recesiva
que afectó al sector minero debido a que fueron beneficiadas con la intervención directa del
Estado, que actuó como agente monopólico en su comercialización, y por la creciente demanda
de este mineral en el mercado internacional. 23 Este criterio se ve refrendado por los datos que
aporta el registro de inscripción minera de Illapel entre 1928 y 1936. La tendencia general de las
inscripciones mineras manifiesta una tendencia alcista desde 1928, pese a que en
determinadas coyunturas se observan agudos quiebres y contracciones. La mayoría de estas
contracciones, en todo caso, encuentran su explicación en los temores y reticencias con que los
24
gremios mineros enfrentaban las políticas oficiales. Una vez que la «crisis de confianza» fue
superada el ritmo de las actividades auríferas retomó la senda del crecimiento.
El régimen económico en crisis y las medidas de reactivación del gobierno no facilitaron la
recuperación de la economía local. No se concedieron créditos, ni facilidades para el desarrollo
de la pequeña y mediana minería y sólo se explotaron intensivamente los lavaderos de oro, que
redituaron jugosas ganancias a las compañías concesionarias de mayor capitalización y al
Estado que monopolizó la comercialización. La reactivación global de la industria minera sólo se
produjo cuando el sistema capitalista abrió nuevamente sus mercados a los productores
dependientes.
El deterioro general de las actividades productivas, en especial el de las mineras, actuó como
factor directo en la caída de la producción agrícola. Los recursos generados por la minería
articulaban el desarrollo económico del país, generando una relativa capacidad de consumo en
la población, que la agricultura nacional estaba en condiciones de satisfacer. Por ello, al
desplomarse la minería y resentirse con ello toda la estructura económica del país, la agricultura
también se sumió en una fase recesiva.
Este deterioro productivo del agro no tuvo ni la intensidad ni la relevancia del que afectó a las
faenas mineras, ya que la gran elasticidad de los productos agrícolas favoreció el crecimiento
de la demanda y la reversión en el mediano plazo del proceso recesivo que los afectaba. La
fase recesiva se concentró en el ciclo 1930-1932; en este período los rubros trigo blanco, trigo
candeal, frejoles, lentejas, maíz y papas, experimentan caídas significativas en sus volúmenes
25
productivos y en sus índices de productividad. Esta fase recesiva se vio agudizada por el
desarrollo de un ciclo pluviométrico deficitario entre 1927 y 1936, el que derivó en una situación
de sequía durante los años 1932-1936. 26
A partir de 1935 comienza a vislumbrarse una leve recuperación del sector. Este hecho se vio
reforzado por la mantención de los niveles productivos en las actividades ganaderas de la zona.
22
Un primer análisis de este proceso de “decadencia” se encuentra en Igor Goicovic Donoso, Formación
económico social y lucha de clases en el Valle del Choapa (1930-1973), Los Vilos, 1990.
23
Julio Ruiz, La minería chilena en la primera mitad del siglo XX, Santiago de Chile, s/f, 217.
24
Los datos respectivos en Igor Goicovic, Pasando a la historia. Los Vilos, 1855-1965, Los Vilos, Ilustre
Municipalidad de Los Vilos, 1996, 117.
25
Ver cuadros y tablas estadísticas en Igor Goicovic, “Crisis económica y respuesta social: Choapa
1929-1935”, en Notas Históricas y Geográficas, 4, Valparaíso, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de
la Educación, 1993, 119-153.
26
Dirección General de Estadísticas (en adelante DGE), Anuarios Estadísticos, 1926-1937.
~ 56 ~
Espacio Regional
Las estadísticas indican que el número de cabezas de ganado en Choapa experimentó una
caída global de 21.000 unidades, en el período 1930-1936. Esto adquirió especial relevancia al
interior de las unidades agrícolas minifundarias que centraban sus faenas en las crianzas de
caprinos y ovinos. En la comuna de Mincha 27 por ejemplo, donde la actividad campesina giraba
en torno a la explotación de ganado, el número de ovinos descendió en 52 puntos en 1936
respecto de 1930; y los cabríos lo hicieron en 32 puntos en el mismo período. Por el contrario
los vacunos y los caballares criados por lo regular en las grandes haciendas, mantuvieron, e
incluso elevaron levemente su volumen en este ciclo. 28
El arcaísmo de la infraestructura productiva local fue un factor que acentuó los rasgos recesivos
de la crisis. Un número reducido de explotaciones —evidentemente aquellas con un mayor nivel
de capitalización— disponían de fuentes de energía propia, vehículos de transporte y
maquinaria agrícola. A lo anterior había que agregar la carencia absoluta, en esta época, de
embalses de regadío, situación que en tiempos de sequía afectaba duramente a las actividades
agrícolas. En la zona de Choapa el problema central de la agricultura estaba radicado en la
existencia de una gran propiedad latifundaria, en muchos casos improductiva. En 1926 el 3.6%
de los predios de la zona ocupaban el 87.4% de la superficie territorial. Hacia 1930 se había
producido y extendido una concentración aún mayor de la tierra, el 2.2% de los predios ocupaba
29
esta vez el 88.9% de la superficie.
Las cifras que arroja el Censo Agropecuario de 1930 son un fiel reflejo del alto grado de
improductividad alcanzado por la gran propiedad latifundaria. Sobre una extensión total de
819.015 hectáreas, sólo el 3.5% estaban destinadas a cultivos, el 69% correspondían a
30
superficies cubiertas de arbustos y praderas naturales y un 25.5% eran tierras estériles.
El latifundio se convirtió en ese momento en el principal obstáculo para el desarrollo de las
actividades agropecuarias y agudizó, con su escasa capacidad productiva, la tendencia recesiva
del agro.
La estrecha relación entre el puerto de Los Vilos y los valles interiores de la zona de Choapa
implicaba que cualquier proceso de expansión o crisis en dichos sectores desencadenara
fenómenos de índole similar a nivel local. La crisis económica mundial de 1929, con sus
desastrosas consecuencias a nivel nacional, también afectó radicalmente al puerto de Los Vilos.
El colapso productivo de las actividades mineras y agropecuarias en Choapa desaceleró el
proceso de expansión que vivía el puerto desde fines del siglo XIX. La crisis del sector portuario
tocó fondo en 1933, iniciándose un importante proceso de recuperación a partir de 1934. En
este proceso de recuperación jugó un rol primordial la recuperación de la demanda agrícola,
especialmente internacional, la que operó directamente sobre los productores de Choapa y, a
través de éstos, en el incremento de las exportaciones del puerto local.
La crisis económica afectó profundamente a la región. No obstante los aspectos más complejos
de la misma, como la desaceleración productiva y el incremento de la desocupación,
comenzaron a revertirse a partir de 1935.
27
Hoy comuna de Canela.
DGE, Censos Agropecuarios, Chile, 1930 y 1936
DGE, Anuario Estadístico, 1926 y Censo Agropecuario, Chile, 1930.
30
DGE, Censo Agropecuario, Chile, 1930.
28
29
~ 57 ~
Dossier
El arribo de los salitreros y el desarrollo de la organización sindical
A diferencia de lo ocurrido a escala nacional, el movimiento popular en la zona de Choapa había
experimentado un lento desarrollo durante las primeras tres décadas del siglo XX. Hasta
comienzos de la década de 1930 las organizaciones populares en Choapa se limitaban a dos
sociedades mutualistas de raigambre liberal, la Sociedad de Obreros y Protección Mutua de
Illapel, fundada en 1912, y el Consejo Federal Illapel de la Gran Federación Obrera de Chile,
constituido en 1913. A estas organizaciones se anteponían dos agrupaciones similares
formadas por el Partido Conservador, los centros obreros Unión y San José. 31 No obstante, el
acontecimiento más relevante de este período fue el levantamiento campesino de La Tranquilla,
producido en 1923. Efectivamente, en el mes de abril de ese año, un numeroso contingente de
trabajadores rurales de la zona, organizados en torno a un Consejo Federal Campesino, se
declaró en huelga e intentaron asaltar las casas patronales de la Hacienda La Tranquilla. En el
posterior enfrentamiento que se produjo con la fuerza pública murió asesinado por las balas
32
policiales el trabajador Fidel Araya.
La situación general del movimiento de trabajadores en la zona experimentó un importante
cambió a partir de 1929. Efectivamente, la crisis económica que afectó con particular rigor a las
actividades salitreras del extremo norte de Chile, generó profundas transformaciones sociales
33
en la región. Miles de obreros quedaron cesantes y acicateados por el hambre y la miseria
iniciaron un largo peregrinar hacia la zona central del país. 34 Muchos de estos trabajadores eran
antiguos campesinos y mineros que se habían desplazado hacia las salitreras en busca de
mejores condiciones de vida. Hacia 1931, cientos de esos trabajadores se habían instalado en
Illapel.
“600 obreros cesantes producto paralización de las salitreras y llegan
buscando trabajo en las obras viales y de tranque Huintil y Puente Negro. A
muchos de los desocupados del norte les llegó la noticia de que en Illapel se
desarrollan importantísimas obras de regadío y han creído encontrar en este
pueblo el trabajo. Pero se han decepcionado al encontrar que las obras no
necesitan de operarios”. 35
Con la crisis los antiguos enganchados retornaron a sus hogares, pero en esta oportunidad
traían consigo un amplio bagaje experiencial en los planos sindical, político y cultural, lo cual
dará lugar a profundas transformaciones en los espacios de recepción. Muchos de estos
inmigrantes asumieron la tarea de impulsar la construcción de organizaciones sociales capaces
de representar sus intereses de clase.
31
Ver: Igor Goicovic, Formación económico social y lucha de clases en el Valle del Choapa, 1930-1973, Los
Vilos, Programa Jóvenes Investigadores Regionales, WUS-Chile, 1990, 142-147.
32
Sobre este tema ver nuestro trabajo, “Surco de sangre, semilla de redención. La revuelta campesina de
La Tranquilla (1923)”, en Valles. Revista de Estudios Regionales, 3, La Ligua, 1997, 79-118.
33
Para un análisis de los efectos económicos de la crisis de 1929 en la zona de Choapa, ver nuestro
artículo, “Crisis económica y respuesta social. Choapa 1929-1935”, Notas Históricas y Geográficas, 4,
Valparaíso, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 1993, 119-153.
34
El arribo de los trabajadores salitreros a la zona central de Chile en, Juan Carlos Gómez, “Crisis, hambre
y socialismo: Chile 1931-1932”, Andes, 7, Santiago de Chile, Instituto de Estudios Contemporáneos (IEC),
1988 y Julio Pinto Vallejos, “Donde se alberga la revolución. La crisis salitrera y la propagación del
socialismo obrero (1920-1923)”, en Julio Pinto Vallejos, Desgarros y utopías en la pampa salitrera, Santiago
de Chile, LOM, 2007. Al respecto también cabe destacar que tan sólo en el mes de agosto de 1931, 14.954
trabajadores salitreros se establecieron en la Provincia de Coquimbo. Ver, Inspección General del Trabajo
(IGT), Revista del Trabajo, 2, Santiago de Chile, agosto de 1931.
35
La Opinión del Norte (Illapel), 24 de enero de 1931.
~ 58 ~
Espacio Regional
Gráfico n.º 1
Fuente: Censos de población, años respectivos
Hasta la década de 1875 la población en el Departamento de Illapel mantuvo un ritmo inalterado
de crecimiento. Ese año el total de población registrado en el V Censo de Población, fue de
49.078 habitantes. Pero la crisis del sector cuprífero, que golpeó con fuerza a la región, y la
expansión experimentada por las actividades salitreras en las regiones de Tarapacá y
36
La
Antofagasta, estimuló un constante flujo de población hacia la zona septentrional.
población experimenta una brusca caída, la que se prolonga hasta comienzos del siglo XX. No
obstante la leve recuperación presentada en el Censo de 1907, los valores absolutos (45.213),
se mantienen por debajo de las cifras de 1875. La recuperación definitiva y el nuevo ciclo
expansivo de la población se inician hacia 1930 con el retorno de los salitreros.
Entre 1931 y 1938 aproximadamente 18 organizaciones sindicales y gremiales surgieron en la
zona de Choapa. El primero de ellos, el Sindicato Profesional de Oficios Varios, se fundó en la
37
localidad de Salamanca en el mes de marzo del año 1931. Ese mismo año un grupo de
personas provenientes de la burocracia administrativa y educacional daban vida en Illapel al
Consejo Local de la Unión de Empleados de Chile (UECH), a la Asociación de Empleados
Públicos de Illapel y a la Agrupación Departamental de Profesores. 38 Más tarde, el 31 de
octubre de 1932, veintisiete obreros illapelinos constituyeron el Sindicato Profesional de
Carpinteros y Ramos Similares “(...) en conformidad con los derechos que les confieren la Ley
39
187 que creó el Código del Trabajo y 4.057 sobre organización sindical”.
36
Ver al respecto nuestro trabajo, «La crisis de la minería del cobre y su impacto en una estructura
socioeconómica local. Illapel, 1875-1890», Si Somos Americanos, 4, Universidad Arturo Prat, Iquique, 2003,
pp. 117-132.
37
La Opinión del Norte, Illapel, 30 de abril de 1931.
38
La Opinión del Norte, Illapel, 13 de octubre de 1931.
39
La Opinión del Norte (Illapel), 19 de noviembre de 1932.
~ 59 ~
Dossier
Por su parte, en Los Vilos, el 27 de noviembre de 1932, 32 obreros portuarios formaron el
40
Un año más tarde, catorce
Sindicato Profesional de Obreros Marítimos de Los Vilos.
trabajadores daban vida a la Unión Gremial de Obreros y Campesinos de Huentelauquén. 41 Los
trabajadores agrícolas de la región estuvieron a la vanguardia de las organizaciones sindicales
del país. Los problemas del mundo rural aparecen sistemáticamente descritos en la prensa
local. En 1933 un campesino, Gumersindo Bugueño, señalaba:
“Me veo en la necesidad de aclarar algunos puntos sobre las justas
aspiraciones de los inquilinos, medieros y arrendadores de tierras de cultivo,
que si en estos últimos tiempos no nos hemos podido dedicar a las labores
agrícolas ha sido por las mil y un trabas que los señores hacendados
imponen a los que no simpatizan con sus ideas políticas o no mantiene con
ellos relaciones de amistad. No somos cesantes”. 42
Entre 1933 y 1939 el proceso de formación de entidades sindicales se concentró en las faenas
mineras, especialmente en aquellas surgidas al alero del Servicio Nacional de Lavaderos
Auríferos, que se nutría principalmente de obreros salitreros en situación de cesantía. Surgen
en este período, el Sindicato Aurífero Los Almendros (1932), el Sindicato de Lavaderos
Auríferos (1932), el Sindicato Minero Las Vacas (1935), el Sindicato de Lavaderos de Oro de
43
Casuto (1936) y el Sindicato Minero El Carmen (1936). Más tarde se organizaron: el Sindicato
de Lavaderos de Oro de Canelillo, los sindicatos industriales de obreros mineros de Farellón
Sánchez y de la mina Cola de Pato y el Sindicato Profesional de Obreros Mineros y
Pirquineros. 44
En el mismo período, pero en torno a otros ámbitos económicos, se fundaron: el Sindicato de
Lancheros y Jornaleros de Mar y Playa de Los Vilos (1934), el Sindicato Industrial Vera S.A.
(1937), el Sindicato Profesional de Panificadores y Ramos Similares (1937), el Sindicato Único
de Campesinos de Choapa (1937), el Sindicato de Lustrabotas de Illapel y la filial Illapel de la
Unión de Profesores de Chile; además entró en reorganización el Sindicato de Oficios Varios de
45
Salamanca. La mayoría de estos sindicatos concurrió en 1938 a la constitución del Consejo
Departamental Illapel de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) la que,
encabezada por Lucas Ortiz, Lorenzo Olivares, Teobaldo Baeza, Juan Andrade y Roberto
46
Aranda, inició las tareas de centralización y conducción de las movilizaciones obreras.
El surgimiento de las organizaciones políticas y el desarrollo de la conflictividad
El surgimiento de las organizaciones políticas populares en Choapa se encuentra
estrechamente ligado al desarrollo de sus organizaciones sociales. El primer referente en
constituirse en la zona fue el partido Socialista Unificado formado en 1932 por el periodista
40
El Reflector (Illapel), 2 de diciembre de 1932.
El Reflector (Illapel), 3 de marzo de 1933.
La Opinión del Norte (Illapel), 26 de agosto de 1933.
43
El Reflector (Illapel), 8 de mayo de 1933, 13 de octubre de 1933, 15 de junio de 1936, 1 de octubre de
1936. Conservador de Bienes de Illapel (en adelante CBI), Registro de Instrumentos Públicos (en adelante
RIP), 1935, n.º 262, fs. 326.
44
El Reflector (Illapel), 21 de enero de 1939.
45
CBI, RIP, 1935, n.º 260, fs. 313; 1942, n.º 705, fs. 620 vta. Sindicato Profesional de Panificadores y
Ramos Similares de Illapel, Libro de Actas (1937-1943), Acta n.º 1, fs. 1. El Reflector (Illapel), 4 de
septiembre de 1937, 13 de noviembre de 1937, 31 de diciembre de 1938, 21 de enero de 1947.
46
Entrevista a Lucas Ortiz (1989).
41
42
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Espacio Regional
Humberto Villarroel, quien desde las columnas del periódico El Reflector, impulsó la
organización obrera clasista y contribuyó a la difusión del ideario socialista. 47
A nuestro juicio la consolidación en este período del Partido Socialista (PS) como fuerza política
hegemónica al interior de la clase obrera organizada, se explica en función de dos elementos:
Por una parte el Partido Comunista (PC), referente indiscutido de los trabajadores del norte
salitrero (de donde provenían muchos de los líderes locales) se encontraba, a consecuencia de
la política represiva del Gobierno de Carlos Ibáñez, en una situación de repliegue la que
sumada a su actitud intransigente frente al sindicalismo legal, lo aislaba de importantes sectores
de masas que, como los de Choapa, recién iniciaban su transitar por el camino de la lucha
social. Por otro lado es importante destacar que la dirección local del PS, evaluando
acertadamente la situación regional, priorizó por la organización de sindicatos mineros y
agrícolas, estructuras que representaban e identificaban al grueso de la masa laboral de la
zona, con lo cual, al arribo del PC a la comarca (1937), la mayoría de las organizaciones
48
populares ya se encontraban constituidas y férreamente adscritas al PS.
Los primeros antecedentes de la presencia política popular en Choapa se remontan a 1925. En
esa fecha la candidatura de José Santos Salas, apoyado por la Unión de Asalariados de Chile
(USRACH), la Federación de Obreros de Chile (FOCH) y el PC, obtuvo en el departamento de
49
Illapel un total de 70 votos, contra 1.199 del candidato conservador, Emiliano Figueroa.
Posteriormente, en las elecciones presidenciales de 1931, se estructura en la ciudad de Illapel
un Comité de Izquierda, dirigido por el obrero salitrero Julio Donoso Vargas, en apoyo a la
candidatura del líder de la Izquierda Comunista (trostkista) Manuel Hidalgo. 50 Los resultados
para la izquierda son nuevamente muy pobres: Manuel Hidalgo obtuvo sólo 13 votos y Elías
Lafertte (candidato del PC) ninguno. Por el contrario los candidatos derechistas, Juan Esteban
51
Montero y Arturo Alessandri Palma, obtuvieron 1.092 y 241 votos respectivamente.
Hacia 1932 esta situación comienza a experimentar un leve viraje. El surgimiento de
organizaciones políticas (PS) y sociales (sindicatos) más estables, permite un repunte en la
presencia política electoral de la izquierda. La presencia de Marmaduke Grove en la zona, en
octubre de 1932, dinamizó la campaña política de los socialistas
“Proclama de la Candidatura de Marmaduke Grove.
“Los campesinos, obreros, empleados, cesantes, estudiantes, mujeres y
niños de Illapel inician hoy, de tres a cuatro de la tarde, la marcha del
hambre. Será una manifestación sugestiva en la que se quiere interpretar la
situación miserable en que estamos viviendo en este pobre país.
47
Igor Goicovic, “Crisis económica (...)”, op cit., 150-151.
La bibliografía referida al movimiento obrero en Chile es amplia y variada. Una buena recensión
bibliográfica se encuentra en la cartilla elaborada por Jorge Rojas Flores, “Panorama general de la historia
de los trabajadores”, Serie Hacer y Escribir Nuestra Historia, Cartilla n.º 3, Santiago de Chile, PET, 1995. La
relación entre los partidos políticos populares y el movimiento obrero se encuentra muy bien trabajada en
los textos de Alan Angell, Partidos políticos y movimiento obrero en Chile, México, Ediciones ERA, 1974 y
de Paul Drake, Socialismo y populismo. Chile, 1936-1973, Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso,
1992.
49
Dirección General del Servicio Electoral (en adelante DGSE), Resultados de la elección presidencial del
22 de octubre de 1925.
50
La Semana (Illapel), 2 de septiembre de 1931.
51
DGSE, Resultados de la elección presidencial del 4 de octubre de 1931.
48
~ 61 ~
Dossier
“Se vivará a Grove. Se pedirá a Grove. Se proclamará a Grove. El pueblo
trabaja y continuara trabajando para que este hombre sea el presidente de
52
Chile”.
En las elecciones de 1932 Marmaduke Grove obtuvo en Choapa 289 preferencias, mientras que
53
el PC, nuevamente con Elías Lafertte como candidato, no registró votación . Las candidaturas
derechistas, en un período en el que la presión laboral, el cohecho y la represión policial se
convertían en su principal arsenal electoral, mantuvieron una votación significativa: Arturo
Alessandri, 922 votos; Héctor Rodríguez, 335; y Enrique Zañartu, 852 54 . Las condiciones en las
cuales se realizaban las elecciones regulares fueron sistemáticamente denunciadas por la
prensa obrera,
“Como de costumbre hubieron grandes incorrecciones en la lucha electoral
en Los Vilos. El Sr. Isaac Aguilar, latifundista de Cabilolén, trae a sus
inquilinos como vulgares corderos. En Los Vilos también hubo cohecho.
Inquilinos de Cavilolén (Isaac Aguilar) y Quilimari fueron arrastrados a las
votaciones. Se pagó $20 por voto. Isaac Aguilar, secundado por su empleado
Juan Villalobos, comerciante del mismo fundo, trajeron alrededor de 30
inquilinos para que votaran. Desde Quilimarí los campesinos eran traídos por
55
un camión”.
Hacia 1935 el PS había constituido en el Departamento de Illapel un Comité Seccional, dirigido
por el periodista Humberto Villarroel y por el talabartero Daniel Villalobos. De este Comité
dependían núcleos orgánicos con presencia activa en las localidades de Cuz Cuz, Sánchez,
Huentelauquén, Los Lavaderos, Chillán y Plan de Hornos. 56 En 1937 se constituyó en Los Vilos
un nuevo Comité Seccional del PS dirigido por Arnoldo Eyzaguirre Cáceres, Félix Rojo Fuentes
y Florencio Suárez. Su principal línea de intervención se encontraba dirigida a la organización
57
político social de los obreros marítimos y de los pescadores artesanales. En 1937 surge en la
escena política local el PC. Su principal dirigente en este período fue el obrero Alejandro
Vergara. 58 Luego, en 1938, se constituyó la primera base de las Juventudes Comunistas (JJCC)
59
illapelinas.
En abril de 1936 el PS, el Partido Radical (PR) y el Partido Radical Socialista (PRS),
constituyeron la filial Illapel de la coalición centroizquierdista Frente Popular (FP). Hacia 1938 el
FP en Illapel funcionaba con sus tres pilares básicos: El PR, representado por el dentista
Bernardo Ross Peña (Presidente), el PS, con Estenio Meza (Vicepresidente) y el PC, con
60
Alejandro Vergara (Secretario).
Este período de irrupción y ascenso de las organizaciones políticas y sociales del proletariado
en Choapa culminó en 1938 con la constitución del Consejo Departamental de la CTCH y con la
ocupación, por parte de las organizaciones políticas populares, de algunos espacios de
representación en el poder político nacional (Congreso) y local (municipios).
52
Cartel de propaganda del PS, El Reflector (Illapel), 21 de octubre de 1932.
Esto confirma la ausencia del PC como fuerza política popular en el Departamento de Illapel.
54
DGSE, Resultados de la elección presidencial del 30 de octubre de 1932.
55
El Reflector (Illapel), 4 de noviembre de 1932.
56
Ibid., 12 de enero de 1935.
57
58
Ibid., 23 de octubre de 1937.
59
60
Ibid., 12 de abril de 1936.
53
~ 62 ~
Espacio Regional
En las elecciones de diputados de 1937 si bien la lista n.º 1, compuesta por el PR, el PS y el
Partido Democrático (PD) -con 1.403 votos en el Departamento de Illapel- fue derrotada por la
lista n.º 2, de conservadores, liberales y demócratas -que obtuvo 2.239 preferencias-, logró, sin
embargo, a colocar a cuatro de sus candidatos en los sillones parlamentarios, entre ellos al
diputado socialista Manuel Eduardo Hubner, quien obtuvo en la zona de Choapa una de las más
altas votaciones personales -610 sufragios-. 61
Para las elecciones presidenciales de 1938 el candidato de la coalición FP, Pedro Aguirre
Cerda, se impuso en Illapel con 3.971 votos, sobre el representante de la oligarquía Gustavo
Ross, quien obtuvo sólo 2.434 sufragios. 62 A su vez, en las elecciones municipales de ese
mismo año el PS, con 611 votos en el Departamento de Illapel, logró elegir tres regidores en la
Comuna de Illapel (Daniel Villalobos, Juan Rojas y Estenio Meza) y uno en la de Salamanca
63
(Dinator Ávila).
La conquista de estos espacios de representación política se relaciona directamente con el alto
grado de internalización logrado por los partidos políticos de izquierda respecto de los anhelos y
demandas de los sectores populares en Choapa. Sus aspiraciones, por largos años acalladas y
subsumidas, encontraban en los sindicatos y organismos políticos populares la receptividad y
canalización que requerían. Las demandas populares en Choapa expresaban, durante esta
primera etapa, una activa defensa de los derechos sociales y económicos de la clase
trabajadora. Por ello adquirieron una amplia profundidad y extensión a nivel local.
Entre 1933 y 1936 cuatro conflictos laborales conmovieron las actividades productivas de la
región. El 28 de febrero de 1933, 200 obreros del Servicio Local de Lavaderos paralizaron sus
actividades en demanda de la mantención del subsidio de $1.50 que la empresa les asignaba
64
para el desarrollo de sus faenas. Las condiciones materiales de vida y de trabajo en los
lavaderos eran particularmente precarias. La prensa local señalaba al respecto,
“El piojo y el juego de azar imperan en los campamentos auríferos. En
campamentos auríferos se desarrolla el juego de azar en forma alarmante.
Obreros no cuentan con distracciones culturales. En el campamento Los
Almendros, los obreros reclaman porque no se les da el jabón suficiente para
65
hacer sus lavados”.
La afluencia de trabajadores desocupados se incrementaba día, pero la situación no sólo no
mostraba signos de mejoramiento; por el contrario, los obreros denunciaban un aumento en la
explotación laboral y un empeoramiento en las condiciones materiales de vida.
“En forma horrorosa se está especulando con los obreros en Hilta. Artículos
de primera necesidad pero de pésima calidad, son vendidos a precio de oro.
Armando Silva, obrero laborioso vino a la imprenta de El Reflector para hacer
un denunció. Se vende pan de mala calidad por los concesionarios del
campamento, harina tostada horripilante, en 20 centavos, se dan 50 gramos.
La compra de oro, la mayor parte se hace por vales a la pulpería, cuyo dueño
es el padre del jefe del mismo campamento. Este mismo oro tampoco es
pesado en la balanza que ha impuesto el Fisco, sino en una antigua que
61
DGSE, Resultados de las elecciones de diputados de 1937.
Ibid., Resultados de las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 1938.
Ibid., Resultados de las elecciones municipales de 1938. El Reflector (Illapel), 9 de abril de 1938.
64
El Reflector (Illapel), 3 de marzo de 1933.
65
Ibid., (Illapel), 2 de septiembre de 1932.
62
63
~ 63 ~
Dossier
conviene a su favor”. 66
No obstante la percepción de las autoridades sobre la situación de los lavaderos de oro era
radicalmente diferente. La prensa conservadora se encargó de refrendar la visión optimista de la
minería local.
“En esta región no hay cesantes ni indigentes, nos dice el jefe de Bienestar
de la Jefatura de Lavaderos de Oro, Sr Rolando Molina de regreso a esta
capital, después de una larga gira por las faenas auríferas del departamento
de Illapel, enviado por la jefatura del servicio con el objeto de estudiar el
aspecto social de las faenas y proponer medidas de bienestar. Illapel dice el
entrevistado, es un departamento riquísimo y abierto a todas las posibilidades
de trabajo. La minería, la agricultura, el comercio y algunas pequeñas
industrias constituyen la riqueza básica de esta tierra. Los lavaderos de oro,
constituyen actualmente el 40% de la economía de la región, dice Molina. El
año próximo pasado las faenas de lavaderos produjeron alrededor de
$35.000 en producción bruta de oro. Al margen de las faenas ha florecido el
67
pequeño comercio y se ha mejorado condiciones de vida y progreso”.
En el mes de noviembre de 1933 los obreros agrícolas del fundo Chuchiñi, administrado por
Amadeo Maturana, se declaran en huelga debido, al atraso de once meses en el pago de sus
salarios, a la inexistencia de contratos de trabajo y exigiendo el mejoramiento de sus raciones
alimenticias. 68 La situación en el agro era particularmente compleja. La región de Choapa
presentaba uno de los índices más altos de concentración de la propiedad agraria en el país. De
acuerdo con el censo Agropecuario de 1929-1930, el 2% de los propietarios del Departamento
69
de Illapel (36), concentraban e, 88.9% de la superficie agrícola. Esta situación se convirtió, de
manera permanente, en un factor de tensión y conflicto a nivel a local.
En mayo de 1936 los trabajadores portuarios de Los Vilos, tras una paralización de 24 horas,
obtuvieron de las empresas embarcadoras, Carlos Streeter Vicuña y Porton y Cía., un reajuste
70
del 35% en las tarifas vigentes en los tres tramos de su jornada laboral. Tres meses después
un nuevo paro obligaba a la empresa Porton y Cia. a cancelar a sus obreros el monto del 35%
que se negaba ha hacer efectivo. 71
66
Ibid., 18 de noviembre de 1932. Las denuncias continuaron sucediéndose con posteridad. En la firma de
lavaderos auríferos, de Chaparro y García, en el sector de Los Almendros, los trabajadores vivían en cuevas
y ramadas con chilcas. La firma no había pagaba los sueldos y los trabajadores no tenían contratos. El
Reflector (Illapel), 17 de marzo de 1933.
67
La Opinión del Norte (Illapel), 15 de mayo de 1935. En una edición posterior el periódico destacaba lo que
a su juicio eran los rasgos de los trabajadores de lavaderos; “Los obreros cesantes enviados a las faenas,
en su mayoría son elementos rebeldes a toda disciplina, principalmente de Santiago (…) Existen también
los obreros profesionales del ocio, aquellos que se complementaron con el “hampa” y que resisten toda
tentativa de trabajo. Estos obreros abandonan las faenas en la primera oportunidad y se vuelven a la capital
después de haber hecho mil y una fechorías por los fundos y pueblos del norte. Son llamados elementos
volantes y no se asimilaron sino después de un experimento serio, bajo una directiva enérgica pero
constructiva”. La Opinión del Norte (Illapel), 22 de mayo de 1935.
68
El Reflector (Illapel), 17 de noviembre de 1933.
69
Dirección General de Estadística (en adelante DGE), Censo agropecuario, 1929-30, Santiago de Chile,
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, 1933, 4.
70
Ibid., 1 de junio de 1936.
71
~ 64 ~
Espacio Regional
En tanto, la incorporación de los trabajadores locales a las movilizaciones de rango nacional
presentó diferentes facetas. En enero de 1935 los obreros ferroviarios de Illapel se plegaron a
última hora, y en medio de muchas vacilaciones, a la huelga general decretada por el gremio
nacional en demanda de mejoras salariales. 72 Por el contrario, durante el paro nacional del 6 y 7
de mayo de ese mismo año contra el impuesto del 2% sobre las ventas, decretado por el
gobierno de Alessandri, el comercio minorista local jugó un papel protagónico, colocándose a la
73
cabeza de la movilización popular que exigía la abolición de dicho gravamen.
La lucha política careció en un comienzo de la organización y fuerza suficiente como para
imprimirle un cambio acelerado a la dinámica adquirida por la lucha social en la región. De esta
forma las acciones políticas locales se limitaron a ser caja de resonancia de algunos fenómenos
políticos nacionales; por ejemplo la caída de Ibáñez, celebrada en Illapel con un comicio público
que reunió, el 28 de julio de 1931, a más de mil illapelinos en las calles. 74 Un acto similar se
verificó el 11 de junio de 1932 al producirse el advenimiento de la República Socialista. 75
La articulación global de la lucha político sindical regional con su homólogo nacional comenzó a
quedar de manifiesto desde mediados de la década de 1930. En un acto de masas verificado el
1 de mayo de 1935, las organizaciones políticas y sociales de la zona acordaron enviar al
supremo gobierno el siguiente telegrama,
“Ministro del Interior.
“Santiago.
“Representantes comercio, prensa, obreros reunidos teatro hoy acuerdan:
libertad inmediata presos y procesados políticos, derogación dos por ciento
ventas, retiro proyecto ley de seguridad interior estado y pago deuda externa.
Atención trabajo tranque Huintil obstaculizado intereses creados.
76
“El Comité”.
A estas alturas la clase trabajadora comenzó a manifestar signos de rechazo a la gestión
política y económica de la clase gobernante. En una concentración pública que conmemoraba el
cuarto aniversario de la fenecida República Socialista, los dirigentes locales del PS, Humberto
Villarroel y Daniel Villalobos, denunciaron la desnutrición, miseria, falta de viviendas y las
relaciones laborales injustas que afectaban a la clase obrera, y promovieron la transformación
77
radical de la estructura de dominación.
Por otro lado del análisis comparado de cuatro documentos, Programa Regional del Frente
Popular, Programa Municipal del Partido Comunista, Manifiesto del Frente Popular de Illapel y
Manifiesto del Frente Popular de Salamanca, publicados en la prensa local entre 1936 y 1938,
se desprende que las organizaciones políticas de izquierda acogieron las principales demandas
de los sectores populares de la región. Estas se pueden sintetizar en cinco puntos. 78
1. Impulsar obras de regadío que permitieran incorporar más tierras a las actividades agrícolas.
2. Fomento efectivo, a través de entidades crediticias con presencia regional, de las actividades
mineras, agrícolas y de la pequeña industria.
72
Ibid., 11 de mayo de 1935.
74
La Opinión del Norte (Illapel), 1 de agosto de 1931.
75
76
El Reflector (Illapel), 6 de mayo de 1935.
77
78
Ibid., 19 de julio de 1936, 23 de enero de 1938, 14 de febrero de 1938 y 9 de marzo de 1938.
73
~ 65 ~
Dossier
3. Elaboración y habilitación de un amplio programa de obras públicas.
4. Ampliación de la atención médico sanitaria a todos los sectores obreros.
5. Elaboración y habilitación de un plan de construcción de viviendas populares y de
establecimientos educacionales.
Este programa se combina con una crítica descarnada, pero no por ello menos real, del régimen
de dominación oligárquico, planteándose como alternativa al mismo la instauración de un difuso
régimen democrático, en el cual la mayoría de las aspiraciones populares se verían cumplidas.
Este proceso de ascenso de las luchas y organización popular fue advertido por la élite. Durante
todo este período (1930-1938) su poder real, económico, político y social, no fue
significativamente amagado, ya que mantuvo una presencia hegemónica en municipios,
juzgado, policía, entre algunas organizaciones obreras (Sociedad de Obreros y Protección
Mutua y Centro Unión Nacional) y sobre las masas campesinas no organizadas (inquilinos). Ello
en todo caso no fue suficiente como para aceptar pasivamente la emergencia de elementos
perturbadores del orden tradicional.
En el plano organizativo a la Junta Departamental de Agricultores (fundada en 1925) se vino a
sumar, en abril de 1932, el Comité Departamental de la Sociedad Minera del Norte, que
nucleaba a los medianos productores mineros de la zona. Si bien éstos manifestaban
contradicciones con los latifundistas en el plano del acceso a los minerales, cobros onerosos
por el derecho a tala, las trabas al libre comercio en los campamentos, etc., el carácter no
antagónico de aquellas les permitía combinar esfuerzos para expoliar y reprimir a los sectores
subordinados.
En 1929 ante la llegada de un numeroso contingente de obreros a la zona el periódico
salamanquino El Mallacún editorializaba
“Como han llegado a este pueblo una gran cantidad de obreros para los
trabajos de reconstrucción del camino a Cuncumén, y como es seguro que
entre ellos deben haber muchos de malos antecedentes, estimamos de
imprescindible necesidad que se aumente el número de carabineros en la
Tenencia de Salamanca”. 79
En Illapel, el 4 de octubre de 1931, en pleno proceso de votaciones para elegir Presidente de la
República, el inquilino de la Hacienda Illapel Alejandro Ortega Tapia, fue asesinado en la plaza
pública de la localidad ante más de doscientos electores allí reunidos, en circunstancias que
bandas de fiscalizadores del cohecho, provenientes de la hacienda, se enfrentaban con un
grupo de pobladores que se manifestaban a favor de la candidatura de Arturo Alessandri Palma.
En el hecho aparecieron directamente involucrados el propietario de la Hacienda Illapel, Sergio
Irarrázaval y el directos del periódico conservador La Opinión del Norte Juan Zamorano Baier.
Tras un rápido sumario en el juzgado local ambos inculpados fueron sobreseídos y dejados en
libertad. 80
Casi dos años después los dueños de la Hacienda Illapel formaron con los inquilinos de la
hacienda una guardia armada dotada de cincuenta fusiles y una ametralladora pesada para
“proteger vidas y propiedades”. 81 Posteriormente, en diciembre de 1933, el Gobierno de Arturo
Alessandri, respondiendo favorablemente a una demanda de la Compañía Minera Plan de
79
El Mallacún (Salamanca), 28 de abril de 1929.
La Opinión del Norte (Illapel), 10 de octubre de 1931.
81
El Reflector (Illapel), 1 de abril de 1933.
80
~ 66 ~
Espacio Regional
Hornos Ltda., determinó liquidar la existencia legal de los sindicatos obreros de los lavaderos
auríferos y ordenó expulsar desde los campamentos a sus dirigentes. 82
Por último, la noche del 14 de octubre de 1938, el Presidente del FP de Illapel, el dentista
radical Bernardo Ross Peña, fue asesinado a golpes, en plena vía pública, a manos de los
guardias personales (Natael Valderrama y Arturo Prado) del diputado conservador Rafael del
83
La consternación causada en el pueblo por este alevoso crimen jugó un rol
Canto.
fundamental en el triunfo electoral alcanzado por el FP de Illapel en las elecciones
presidenciales de ese año.
Los antecedentes anteriores acreditan que en el período analizado se produjo en Choapa el
surgimiento y consolidación de las primeras organizaciones obreras dotadas de un programa
clasista. Se abrió, de esta forma, un período fecundo en la participación de los sectores
populares en el quehacer político y social de la zona.
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82
83
Ibid., 1 de diciembre de 1933.
Ibid., 16 de octubre de 1938.
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~ 68 ~
Espacio Regional
POLÍTICAS MINERAS: CAMBIOS Y CONTINUIDADES
SOCIOECONÓMICAS EN ATACAMA, 1926-1960 1
MINING COMPANIES’ POLITICS: SOCIO-ECONOMICAL
CHANGESAND CONTINUITIES IN ATACAMA, 1926-1960
Hernán Venegas Valdebenito 2
[email protected]
Universidad de Chile
Santiago, Chile
RESUMEN
Desde la década de 1920 se planteó en Chile la discusión por poner en práctica políticas de
fomento productivo con intervención del Estado. Los planteamientos se hicieron desde el ámbito
técnico, político y empresarial, materializándose en el campo de la minería, desde fines de esa
década, en el establecimiento de instituciones como la CACREMI y, en términos más
específicos, en la creación de una red de agencias compradoras de minerales y fundiciones
cuyo ejemplo más emblemático fue la Fundición Nacional de Minerales de Paipote. Lo que se
presenta en este documento es la discusión inicial acerca de la necesidad de una mayor
intervención estatal y los efectos producidos por ella en la preservación de una minería
tradicional de pequeña escala y en la distribución espacial de la población regional de Atacama.
Palabras claves: intervención estatal, fomento, minería tradicional
ABSTRACT
Since the decade of 1920, the debate in order to put the production development political
practices with intervention of the state is set out. The approaches were done since the technical,
political and business range, materialized in the mining sector, since the end of this decade, with
the creation of institutions like the CACREMI, and in more specific terms, with the creation on a
net of mineral buying agencies and foundries, which most emblematic example was the National
Foundry of Minerals in Paipote. What is presented in this document is the initial debate around
the necessity of a more important state intervention and the effects produced by it on the
preservation of a traditional small size mining and on the spatial distribution of the regional
population of Atacama.
Key words: State intervention, development, traditional mining
Introducción
La minería del llamado Norte Chico no sólo había sido por muchos años uno de los principales
pilares de la economía chilena, sino particularmente el principal estímulo productivo para las dos
provincias que, hasta la Guerra del Pacífico, habían constituido la parte más septentrional de
Este artículo forma parte de los resultados del proyecto FONDECYT 1095107, “Contextos, actores y
espacios para una redefinición del Norte Chico, 1929-1975. Una propuesta de análisis regional”.
2
Académico Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile.
1
Dossier
Vol. 1, n.º 8, enero-junio 2011, Hernán Venegas Valdebenito
Chile 3 . Atacama y Coquimbo se preciaban de ser un verdadero emporio de riquezas mineras,
así lo habían demostrado el ciclo de la plata, del cobre y, en plena época depresiva, la
producción de minerales de oro bajo sus más diversas formas. 4 Sin embargo, ese que había
sido el motor de su actividad, especulativo o real, había dejado de funcionar hacia fines del siglo
XIX. Se conjugaron entonces una serie de factores que hicieron que la producción de minerales
en Chile se tornara una tarea cada vez más dificultosa y se pusieran a prueba no sólo el interés,
sino también la capacidad de los industriales nacionales para mantenerse en el rubro.
La minería chilena, especialmente la del cobre, tal como se ha planteado muchas veces, se
había mantenido por mucho tiempo al límite de las posibilidades de competir en un mercado en
plena expansión, no sólo desde el lado de la demanda, sino también de la oferta del metal rojo. 5
Ello fue posible en el marco de una tendencia creciente a la baja de los precios mundiales y las
dificultades de los productores chilenos de participar en el mercado del cobre a partir de una
estructura minera que podía ser calificada en términos de tamaño de pequeña y mediana, y, por
sus condiciones de producción, como artesanal. 6
En el último tercio del siglo XIX, las características del sector ya estaban definidas, entonces
una intricada red de relaciones permitía que unas cuantas minas de mayor envergadura
asumieran al mismo tiempo la actividad de concentración y refinado, subordinando a los
productores más pequeños en dichas redes, que además incluían el complejo proceso de
colocación de la producción en el mercado externo. 7
Ello hizo posible, que hasta la llegada de los grandes capitales trasnacionales, la industria que
se mantenía mayoritariamente en manos chilenas, sobreviviera como una minería de estructura
artesanal, en todo el sentido de la palabra, y al mismo tiempo, selectivamente se introdujeran
algunos cambios tecnológicos, en las minas de mayor tamaño, que de cierto modo matizaban la
situación de estancamiento del sector.
A pesar del éxito relativo alcanzado por la minería chilena en el concierto mundial del mercado
del cobre, tenía, en la década del 1880, sus días contados. En primer término, porque los
precios mundiales entraron en una prolongada tendencia a la baja que puso al límite las
posibilidades y capacidades de los productores chilenos, débiles en su inversión de capitales y
muy dependientes de la provisión de fuerza de trabajo. Problemas reforzados por el
agotamiento de minerales de alta ley que permitieran asumir los costos de producción de una
actividad que aún no lograba mejorar sus procesos de concentración y fundición. Así, no pasó
mucho tiempo para que quedara demostrada en cifras la rápida expulsión de los productores
8
chilenos del mercado internacional del cobre.
3
Luis Ortega Martínez, Chile en ruta al capitalismo. Cambio euforia y depresión. 1850-1880, Santiago de
Chile, Dibam, 2005.
4
Para el estudio de la minería del Norte Chico son fundamentales los trabajos de Leland Pederson, La
Industria minera del Norte Chico. Chile. Ril editores, 2008, Pierre Vayssièrre, Un sciecle du capitalisme
minier au Chili, 1830-1930, Tolouse, 1980; más recientemente se ha publicado: Joaquín Fermandois et al,
Historia Política del cobre 1945-2008, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 2009; Maria
Cecilia Barros et al. Chile minero: Enami en la historia de la pequeña y mediana minería chilena, Editorial
Ocholibros, Santiago de Chile, 2009; Luis Ortega, Milton Godoy y Hernán Venegas, Sociedad y minería en
el Norte Chico, 1840-1930, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 2009.
5
Luis Ortega, Hernán Venegas, “El vértigo del precio. El cobre en el mercado mundial, 1860-1913”, en
Revista Contribuciones científicas y tecnológicas, año 1, n.º 1, Santiago de Chile, 2004.
6
El concepto fue acuñado por Pierre Vaysièrre, op. cit.
7
James Douglas, “Las minas de cobre en Chile”, Boletín Minero de la Sociedad Nacional de Minería
(BMSNM), n.º 586, Santiago de Chile, 1949.
8
Alexander Sutulov y Andrés Zauschquevich, El Cobre chileno, Corporación del cobre, 1975, 83.
~ 70 ~
Políticas mineras: cambios y continuidades
Espacio Regional
El nuevo siglo planteaba nuevas exigencias que, en general la minería tradicional no fue capaz
de satisfacer. En primer término, a pesar de que la transformación del Código de minería en
1888 permitía el denuncio de enormes extensiones para las tareas mineras -y la mantención de
esta propiedad por medio del pago de una patente anual-, la magnitud de los negocios mineros
en Chile continuó siendo de pequeña escala, en que productores individuales, ayudados por sus
parientes o unos cuantos trabajadores agujereaban la roca y extraían pequeñas cantidades de
metal que debían ser vendidos a los fundidores a magros precios, siempre al límite de la
viabilidad económica. Un congresista aseguraba, hacia 1926, la existencia de 27.000
pertenencias mineras que pagaban patente, de las cuales 20.000 estaban en las cuatro
provincias del norte aunque concentradas en Atacama y Coquimbo, de ellas sólo 1.800 estaban
trabajando efectivamente. Esta era la evidencia más palmaria de que se trataba de una
actividad incapaz de competir adecuadamente y condenada, por tanto, a las estrecheces
económicas, especialmente en tiempos de crisis. 9
La transformación del código minero, en lugar de contribuir a la creación de empresas medianas
o de gran tamaño, administradas por productores o “empresarios” nacionales, no había hecho
más que abrir la puerta del mercado cuprífero a las grandes Compañías trasnacionales
norteamericanas que, en el plazo de dos décadas, terminaron monopolizando la producción de
dicho metal. 10
Hacia 1922 era un hecho que tales Compañías controlaban la, posteriormente, llamada Gran
Minería del Cobre, emplazadas en espacios en que su relación con el entorno era más bien
parcial, por no decir, en algunos casos, prácticamente inexistente. Si bien dicho fenómeno había
mostrado aspectos muy parecidos a lo que había ocurrido en Estados Unidos después de las
transformaciones de la institucionalidad minera en un sentido análogo, una diferencia palmaria
separaba a ambas experiencias. Mientras que en USA el fenómeno había, prácticamente
barrido con los pequeños propietarios transformándolos en el componente proletario de las
propias empresas que habían copado el mercado, en Chile, en palabras de W. Culver, la
pequeña minería no había desaparecido y, por el contrario, había sobrevivido, manteniendo su
carácter de artesanal, aunque el autor no abundó mucho en las posibles explicaciones para
dicho fenómeno. 11
Con todo, lo que sucedió fue que los grandes yacimientos dedicados a la explotación de
minerales de baja ley, requirieron trabajar a escalas no conocidas en la producción nacional,
con capitales absolutamente más abultados y con tecnología que los pequeños mineros ni
siquiera habían imaginado incorporar. Lo curioso de todo esto es que Atacama y Coquimbo no
fueron el escenario de dichas transformaciones, toda vez que las mega explotaciones de cobre
estuvieron ubicadas o en la región de Antofagasta, en el norte del país, o en las cercanías de
Rancagua, en la zona central. Sólo Potrerillos se ubicaba en el límite más septentrional del
Norte Chico y sus influencias regionales se hicieron sentir más que nada en el ámbito de la
atracción de trabajadores de baja especialización.
9
Boletín de Sesiones Cámara de Diputados (BSCD), diputado Richard Rojas, 28 ª sesión extraordinaria, 12
de noviembre de 1926.
10
Ibid. En 1924 se produjeron 140.000 toneladas de cobre fino, de este total sólo el cinco por ciento
correspondía a productores nacionales y el 95% a empresas de capitales externos. “El valor comercial que a
estas dos grandes empresas se le atribuye en estados Unidos, según precio de sus acciones, asciende a
2.500.000 pesos chilenos y las utilidades obtenidas el año pasado fueron superiores a 150.000.000 de
pesos”.
11
William Culver y Cornel Reinhart, “La fundición Paipote y la pequeña minería: orígenes de la fundición
estatal en Chile”, en Juan O’Brien (editor) Fundición y Territorio, reflexiones históricas sobre los orígenes de
la fundición Paipote, ENAMI, Santiago de Chile, 1992.
~ 71 ~
Dossier
Con todo, lo que se desea afirmar es que si bien el cobre chileno alcanzó nuevamente
resonancia internacional, la región y particularmente Atacama, poco tuvieron que ver con ese
nuevo y espectacular auge. Muy por el contrario, la minería local siguió exhibiendo patrones
tradicionales, obligada a acomodarse a los flujos y reflujos de la demanda y los precios
internacionales, siempre al límite del éxito pasajero o del fracaso rotundo.
Tanto así, que los acomodos no sólo consistieron en dejar de producir y volver a hacerlo
siguiendo las fluctuaciones de los precios, sino también, en el caso de los trabajadores y
pequeños propietarios, mudando de actividades o aceptando la “recomendación” estatal de
privilegiar la producción de otros metales, como ocurrió con el oro, considerado la tabla de
salvación para la economía nacional en los difíciles días de la Gran Depresión. Entonces, una
medida considerada de emergencia alentó casi por una década las actividades mineras de
Atacama y Coquimbo, pero también en otras latitudes nacionales, justamente la década que
demoraron los precios del metal rojo en recuperarse y alcanzar sus antiguos niveles.
Con todo, lo peor del desastre pareció ubicarse en el quinquenio previo a la crisis económica de
1929 y los casi ocho años que siguieron a ese desequilibrio de la economía mundial. Coincidió
también con las importantes transformaciones en la discusión sostenida en torno a cuáles
debían ser los mecanismos para superar la crisis y cuál el rol del Estado en medio del desastre.
Una suerte de consenso se apoderó de las autoridades, políticos, intelectuales y técnicos, que
tanto a nivel mundial, latinoamericano y chileno manifestaban la idea de que el Estado debía
12
superar su tradicional neutralidad. Sumergidos en medio de una crisis, que en realidad en
Chile dejaba sentir su peso con mucha nitidez, a comienzos de la década de 1920, autoridades,
técnicos y los diversos grupos de presión demostraron su interés por una mayor intervención del
Estado. Naturalmente la mayor parte de los argumentos estuvieron dirigidos a defender la
participación estatal encaminada a superar los problemas que resultaban sensibles para el
conjunto de la economía, las empresas ligadas al sector y el presupuesto nacional. Así por
ejemplo, se discutió profusamente los problemas energéticos del país, drásticamente amagados
por los conflictos sociales en la industria del carbón a partir del propio año 1920, la caída de la
producción por el cierre de algunas compañías y la notable concentración de la actividad, que
entre otras cosas, permitía a los empresarios del sector controlar los precios y los envíos de
combustible. 13
El debate en torno al abastecimiento de energéticos, puso en el tapete la pregunta de cuál
debía ser la actitud del Estado, cuáles sus iniciativas y, por otra parte, cuáles deberían ser los
límites de dicha intervención. El problema carbonífero se enfrentó movilizando a diversos
agentes estatales y empresariales. Así, patrocinado por la SONAMI y discutido en el Congreso
Nacional y en el Ejecutivo, se pensó que la solución, para el abastecimiento de combustible,
podía estar en la creación de un Consejo de Fomento Carbonero que, entre otras cosas, debía
elaborar un plan específico y detallado para contribuir a mejorar la producción de carbón, el
abastecimiento hacia las diversas actividades productivas, la implementación de nuevos medios
de transporte (ferroviario, naviero y portuario) así como una adecuada política fiscal,
principalmente arancelaria, que favoreciera el uso de carbón nacional en desmedro del mismo
producto importado o del petróleo, considerado la gran amenaza.
Lo importante de este debate es que constituyó un muy buen anticipo de una suerte de
redefinición de la esfera estatal y sus funciones y se adelantó, en algunos años, a la
implementación de políticas de raíz keynesiana. La creación del Consejo de Fomento
12
Ver, por ejemplo, Carlos Keller, Cómo salir de la crisis, Editorial Nascimento, Santiago de Chile, 1932.
Hernán Venegas Valdebenito, El Carbón de Lota. Textos y fotografías a fines del siglo XIX. Pehuén,
Santiago de Chile, 2008.
13
~ 72 ~
Espacio Regional
Carbonero y su propuesta para abordar los temas relacionados con la crisis de la industria del
carbón y la disposición de energía en Chile antecedió, en casi tres años, a iniciativas de similar
naturaleza, entre las que cabe mencionar a la Caja de Crédito Minero en 1927 (CACREMI) y a
la de Crédito Agrícola.
La Caja de Crédito Minero, si bien respondió a la iniciativa de una asociación empresarial, que
en muchos sentidos había devenido en grupo de presión, encontró acogida dentro de una
corriente de transformaciones en que al Estado se le comenzaba a percibir como un ente más
dinámico y mucho más responsable de velar por los equilibrios sociales y el crecimiento
económico. Así, cuando se propuso la discusión de un proyecto de este tipo, primero a nivel de
la propia entidad patrocinadora y luego frente a los entes deliberativos, se entabló un debate
que hacía de telón de fondo, mientras se trataba de resolver la crisis de la minería de las
provincias nortinas, permitiendo que se integrara como nudo central la idea de que el Estado
debía cumplir un rol más dinámico. Efectivamente, dentro de las primeras estrategias
ensayadas para sobrellevar la catastrófica situación por la que pasaba la economía nacional y
particularmente la región minera, la intervención estatal actuó como eje articulador. Lo que
propone este trabajo es que esa intervención del Estado se hizo permanente en el tiempo,
galvanizándose primero en el plano crediticio y rápidamente en una acción directa de fomento
productivo, no sólo proveyendo de recursos a los mineros de la zona, sino que actuando como
poder comprador de los productores locales que, a pequeña escala, constituían la base
productiva de las provincias de Atacama y Coquimbo. Esto, que ya ha sido reconocido por una
vasta literatura, fue acompañado por otros efectos muy importantes. En primer lugar, el discurso
de quienes intervinieron en el debate, acerca del diseño de una política fiscal a favor de la
producción minera, lo hicieron con un lenguaje en que se planteaba directamente que los
beneficiarios de la acción del Estado, y particularmente de la CACREMI, deberían ser los
pequeños propietarios, o “mineros pobres” como se les calificó, contribuyendo se ese modo a la
mantención de una producción a baja escala y muy vulnerable a los cambios operados en el
mercado internacional del cobre o de otros productos mineros, es decir conservó una minería de
naturaleza artesanal, subordinada al capitalismo que se había instalado en otros planos. Por
otra parte, de acuerdo a los vaivenes del crecimiento o estancamiento productivo alentó
intensos movimientos de población, entre el mundo urbano y rural e incluso de tareas
productivas entre los migrantes y , por último, y es quizás el fenómeno que más deseamos
resaltar, estimuló un cierto diseño de ocupación del espacio, en torno a las plantas de
concentración y agencias compradoras de metales establecidas por la CACREMI y por la
proyección del ferrocarril longitudinal, que concentró población alrededor de las estaciones que
servían al transporte de productos. En otras palabras fue el propio Estado quien, en este caso a
través de las decisiones de la CACREMI, estimuló un nuevo tipo de ocupación territorial, y al
mismo tiempo determinó el cierre de dichas plantas o agencias compradoras y los consiguientes
trastornos migratorios. Una situación quizás análoga a los que había ocurrido en el mundo
salitrero, aunque en aquel sector eran las empresas privadas las que habían generado tal
dinamismo. Para el caso de las provincias de Atacama y Coquimbo, los mejores ejemplos de
concentración de población fueron las plantas de El Salado, Punta de Cobre, Domeyko y
Tambillos y las agencias de la CACREMI, sobre todo después de 1932, ubicadas en lugares
como el caserío de Cuba; la estación de Carrera Pinto (que además era agencia compradora de
minerales); en los puertos de Carrizal, Taltal o en las propias inmediaciones de Copiapó y
Coquimbo.
Prácticamente toda la producción era enviada a las grandes fundiciones de Naltagua y Chagres
de la Société des Mines de Cuibre de Naltagua y de la Compagnie du M’Zaita, respectivamente,
~ 73 ~
Dossier
ubicadas en la zona central del país, que fundieron la mayor parte de los minerales de cobre y
14
oro hasta la puesta en marcha de la fundación Paipote en 1952.
Las propuestas para un Estado más interventor
Hacia mediados de la década de 1920 la discusión acerca del rol del Estado como conductor de
las transformaciones de la realidad nacional era un tema que penetraba los distintos círculos
políticos y sociales, ya sea en las esferas institucionales, o dentro de los distintos actores más o
menos organizados.
A nivel parlamentario, por ejemplo, y en relación a la crisis minera, pero también a la que
asolaba al país en términos generales, esa discusión ya se había instalado. 15 Así, en una de las
mociones presentadas al Senado, en relación a un proyecto de protección a la industria minera
del cobre, se exaltaba no solo esa necesidad, sino que además se hizo observaciones muy
profundas acerca de lo que, a juicio de la comisión redactora del proyecto, encabezada por
senador Enrique Oyarzún, se señalaba como “los nuevos deberes del Estado”.
De acuerdo a los parlamentarios se estaba en presencia de una nueva forma de sociedad y, por
lo tanto había que diseñar la conducción política en concordancia con las necesidades del
presente. La mutación se había realizado en corto plazo, y por lo que era menester estar a la
altura de aquellas transformaciones. 16 Se abogaba entonces por una mayor intervención
estatal, aunque solo fuese, en este caso, creando condiciones de fomento crediticio para
favorecer el esfuerzo productivo que realizaban los cientos de mineros que explotaban los
minerales de cobre en el norte del país, particularmente de las provincias de Atacama y
Coquimbo.
Reafirmando lo que se veía como una necesidad se llegó a plantear que: “En tiempo de la
sencilla vida antigua, creíamos que la única misión del gobierno era vestirse de uniforme policial
y realizar el principio de dejar al individuo abandonado a sí mismo y sin cuidarse de él mientras
17
él no se cuidase de los demás”.
Como los tiempos habían cambiado, pero como además se estaba en medio de la aguda crisis
de uno de los sectores productivos más tradicionales de la economía chilena, se argumentaba
que mantener la tesis de la no intervención estatal significaría, para los productores nacionales
prácticamente el abandono. Por el contrario, se afirmaba, que ya era hora de que la ley y las
instituciones o abiertamente el Estado, deberían “venir constantemente en socorro del
18
individuo”.
La actividad estatal debía estar dirigida a la protección y defensa de la pequeña industria que,
en el caso de la minería nortina, y chilena en general, se veían amagadas por la presencia de
las grandes compañías trasnacionales productoras de cobre a gran escala, o por las casas
14
Caja de Crédito Minero, Memoria correspondiente a los años 1932, 1933 y 1934. Sociedad Imprenta y
Litografía Universo, Santiago de Chile, 1935.
15
Ver la reciente tesis de Nelson Rodríguez Torres, en que se analiza la discusión en torno a la creación de
la refinería de Paipote, en que se sitúa la opinión de distintos actores sociales acerca de una mayor
intervención del Estado en esa iniciativa específica. Atacama pide una fundición. La discusión pública del
proyecto de la Fundición Nacional de Minerales en Paipote, Tesis para optar al grado de magíster en
Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2011.
16
Boletín Sesiones del Senado (BSS), 12 de agosto de 1926, 1226.
17
Ibid.
18
Ibid.
~ 74 ~
Espacio Regional
intermediarias, compradoras de minerales, que en la mayoría de los casos también eran
propiedad de capitales externos.
Cuando se presentó el primer borrador para la dictación de una ley de protección a la industria
del cobre se llegó a hablar del “rol tutelar del Estado”. Este proyecto, planteaba en lo específico
la garantía estatal para los créditos otorgados con el objetivo de construir una o varias usinas
destinadas a la concentración y refinación de minerales de baja ley, abundantes en las
provincias nortinas, y, al mismo tiempo, la producción a escala de ácido sulfúrico para el
beneficio de los mismos, que además presentaban la ventaja de ser pobres en su contenido de
cal, lo que hacía posible la operación.
Se planteó directamente la necesidad de la protección estatal, que aunque cubría un área
limitada, constituía un buen inicio para reconocer esa función del Estado en términos más
generales.
El senador Aquiles Concha, uno de los más decididos defensores de una mayor intervención del
ente público en materias de fomento, no sólo argumentó en relación al apoyo que necesitaban
los mineros del norte, sobre todo los pequeños, para realizar su actividad productiva, sino que
citó numerosos ejemplos contemporáneos en que la intervención estatal se había manifestado
en acciones concretas. Llamó la atención, por ejemplo, sobre el caso de Nueva Zelanda, en que
el “Gobierno declaró a fines de 1919 que consideraba la nacionalización de las minas como
necesaria, y en cuyo Consejo Directivo estarían representados el gobierno, los mineros y las
19
Compañías. Las ganancias se repartirían entre los obreros y los accionistas”.
En la misma ocasión, el senador, realizó una larga exposición en que hizo referencias a
situaciones análogas ocurridas en países tan diferentes como Alemania, España, Italia,
Portugal, Austria, Rusia, por nombrar algunos. Como argumento final exponía que parecía una
aberración el permitir las exportaciones de los productos minerales chilenos, para luego
importarlos convertidos en productos finales. Argumento que se sigue esgrimiendo hasta
nuestros días, por los detractores del modelo exportador chileno.
Lo que se debía fortalecer era la intervención estatal como un acicate para la producción
nacional. No sólo como una fuente de trabajo de miles de operarios y pequeños productores,
sino también para incrementar las arcas fiscales duramente amagada en esos años de crisis.
Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer en lo referente a una mayor aceptación
de la intervención del Estado y sus instituciones. Una señal de aquello es que el propio senador
Aquiles Concha, ya citado, matizaba su opinión acerca de la intervención pública, y la
circunscribía más bien al plano crediticio, al menos en lo que atañía al fomento de la minería o
al apoyo técnico a partir de organismos especializados como el Cuerpo de Ingenieros del
Estado, pero desconfiaba de la acción directa de las instituciones estatales. Entonces expresó
el senador Concha: “En el mismo proyecto en que se estudió esta materia yo había pensado
que el propio Gobierno hubiera instalado estas usinas; pero después de consultar a numerosas
personas, llegué al convencimiento de que el peor administrador es el Estado”. 20
Este juicio fue tan contundente que en el proyecto de ley que dio origen a la Caja de Crédito
Minero (CACREMI) no se incluyó la posibilidad de que fuese el propio Estado el que pudiese
crear directamente las plantas de concentración y las fundiciones de minerales y tampoco se
permitió que actuara, al menos inicialmente, como agente comprador de los minerales de los
pequeños productores. Su acción quedó remitida específicamente al plano crediticio, al menos
19
20
BSS, senador Aquiles Concha, 12 agosto de 1926, 1230.
Ibid., 1237.
~ 75 ~
Dossier
momentáneamente. Esto determinó que, en un ambiente de crisis, el proyecto impulsado por la
CACREMI se hiciese más lento de lo previsto, sobre todo por la serie de requisitos que debían
cumplir los aspirantes al sistema de crédito establecido por la institución.
A pesar de que fomentar la industria minera era una cuestión de necesidad nacional. En medio
de la crisis, las estrategias para su superación no sólo podía limitase a una restricción del gasto
fiscal, particularmente a través de una reorganización de los servicios públicos y el equilibrio del
gasto, sino también produciendo más, especialmente aquellas materias transables que
permitieran agregar divisas a una alicaída economía nacional.
La mirada acerca del destino de aquellos recursos parecía estar cambiando y esto también
tenía que ver con la nueva concepción de Estado que se estaba instalando. Entonces se
afirmaba, “Un grueso porcentaje de los presupuestos nacionales debe quedar para obras
públicas, asistencia social, fomentos de las industrias, etc.; en fin, para que cada año el
patrimonio de la República y el bienestar de sus hijos se acreciente”. 21
Ciertamente hubo posturas más radicales que provenían de los representantes de la izquierda,
que aun no habían sido desalojados del Congreso Nacional, previo a la dictadura de Ibáñez.
Así, durante la discusión de la ley para dar origen a la CACREMI y señalar sus funciones,
algunos de sus portavoces se manifestaron por una mayor intervención estatal, aunque
finalmente moderaron sus posturas. El diputado Abraham Quevedo, por ejemplo, manifestó,
“Más de una vez he dicho que es preciso que el Estado reciba una participación en las
industrias del país. Nuestro ideal es socializar todos los medios de producción, y, por hoy,
22
dentro del régimen capitalista, nacionalizar las minas”.
Sin embargo, el propio representante comunista manifestaba que por tratarse de un régimen
que no admitía tal posibilidad, al menos el Estado debía participar de las ganancias de estas
industrias, las que debían estar en función de la colectividad social y evidentemente beneficiar
las entradas fiscales.
No fueron solamente los miembros del poder legislativo los que se manifestaron por un cambio
de dirección en la acción ejecutiva del Estado, la necesidad de intervenir en materia de
legislación social y el fomento a distintas actividades productivas como la industria carbonífera,
y en este caso el estimulo a los pequeños productores de cobre y de otros minerales, como es
natural, también encontró acogida en los gremios empresariales, de naturaleza agropecuaria,
manufacturera y por supuesto del sector minero representado por la Sociedad Nacional de
Minería. De hecho, el proyecto para fundar la Caja de Crédito Minero fue impulsado con mucha
fuerza por dicha institución, aunque algunos parlamentarios aseguraban que dicha
preocupación estaba en función de la mediana minería y sus empresarios. Dentro de los
argumentos esgrimidos se resaltaba la aparente contradicción entre los considerables ingresos
estatales por concepto de derechos de exportación de productos mineros, patentes mineras y
derechos de internación por insumos para la minería, con la aparente desidia estatal respecto
de su apoyo a una industria que otorgaba vitalidad a la economía nacional. En julio de 1927, el
ente gremial afirmaba que el gobierno apenas dedicaba al fomento de la minería el 0,5% de las
entradas que percibía por el ejercicio de esa actividad económica, y de allí la necesidad de que
se tomara conciencia de aquella falencia. Lo paradójico, sostenía el gremio empresarial, era que
si el Estado no contribuía al fomento minero, atentaba contra sus propios ingresos, por lo que
hacía un firme llamado a quienes debían apoyar la iniciativa de crear una entidad de fomento
minero y promover una mayor intervención pública:
21
22
Ibid., 1240.
BSCD, diputado Abraham Quevedo, 43ª sesión extraordinaria, 10 de diciembre de 1926, 1703.
~ 76 ~
Espacio Regional
Dotando el Cuerpo de Ingenieros de Minas del personal y de los elementos
necesarios para desarrollar un plan de trabajo de reconocimientos, estudios,
sondajes que permitan una estimación de la riqueza contenida en el subsuelo
del territorio, ayudando a los mineros con los elementos técnicos para su
mejor orientación y aprovechamiento de sus minerales, contando con
laboratorios experimentales en que se puedan probar prácticamente los
procedimientos más adecuados, construyendo caminos y vías de acceso a
las minas, es la única manera como el Estado contribuirá a que sus rentas
aumenten en lugar de disminuir. 23
En el mismo tenor se manifestaron los técnicos consultados por la Sociedad Nacional de
Minería y por los diputados promotores de proyectos de ley encaminados a fortalecer el fomento
minero. Quizás un buen ejemplo lo represente la iniciativa del diputado Arturo Lois, poco antes
de entrar a discusión el proyecto de la CACREMI. En efecto, el diputado se manifestaba
partidario de la creación de una sección dependiente del Cuerpo de Ingenieros del Estado,
destinado a la prospección y sondaje de los distritos mineros del país cuya finalidad sería
aumentar la producción. Para tales efectos, se debía dotar a la institución aludida de
financiamiento estatal por la vía de un crédito y por el aumento de los impuestos, especialmente
de las patentes pagadas por las empresas mineras. El propio Lois se encargó de reforzar su
argumento con informes técnicos entregados por especialistas, entre los que cabe destacar los
de los ingenieros Carlos Besa F., Johormes Felsch, E.Lemaitre y Edmundo Delcourt, la mayoría
de esos informes, aunque muy específicos, tendían a afirmar la necesidad de una mayor
intervención del Estado. En este caso, en el plano de la investigación geológica, sondajes y de
nuevos procesos productivos, en que el Estado debía ejercer un rol más dinámico, no sólo
aportando recursos, sino también fortaleciendo instituciones especializadas, como el Cuerpo de
Ingenieros, o la creación de nuevas estrategias como la propia CACREMI que por entonces se
estaba discutiendo en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Justamente cuando se discutió la creación de la CACREMI, no hubo disidencia respecto de
crear una institución de fomento minero, el debate se centró más bien en cuestiones
relacionadas con los montos a invertir por el Estado, las exigencias establecidas para los
beneficiarios de los créditos, las garantías establecidas, las características técnicas de los
establecimientos de concentración o fundición, su emplazamiento -que claramente estuvo
dirigido hacia las provincias de Atacama y Coquimbo- y, por otro lado, de qué manera se
involucraría el Estado. Actuando sólo como fuente de créditos o finalmente considerando la
posibilidad de que fuese el propio Estado el que se hiciese cargo de la fundación de esos
establecimientos y fomentar de esta manera a los medianos y, particularmente, a la gran masa
de pequeños mineros o “mineros pobres” como se les denominó en numerosas ocasiones
dentro de las discusiones parlamentarias.
En una primera instancia la mayoría de las propuestas estuvieron orientadas a proponer que el
Estado, a través de la nueva corporación, facilitara créditos e impulsara la iniciativa privada para
levantar dichos establecimientos, luego de que se cumpliera con algunos requisitos tales como
asegurar la disponibilidad de capital propio cercano al 30% de la inversión inicial, minerales
suficientes para asegurar la utilidad de la inversión y además de responder a la exigencia de
que en las inmediaciones de la fundación de los establecimientos de beneficio hubiese
explotaciones mineras que lo abastecieran con sus productos, permitiendo una vida útil de, al
menos, diez años. La intención era clara, se deseaba favorecer a estos pequeños empresarios
23
BMSNM, “Crédito y Fomento Mineros” n.º 33, febrero de 1927.
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Dossier
pero, al mismo tiempo, recoger la producción de una multitud de pequeños productores
esparcidos en el desierto nortino. Los efectos no solo fueron económicos, sino que reforzaron
algunos de los patrones clásicos de poblamiento de la región y generaron otros, muy
novedosos, en las décadas siguientes al menos hasta la de 1960.
En las etapas iniciales de discusión del proyecto para crear la Caja se manifestó también la idea
de establecer empresas mixtas, no entre el Estado y los propietarios, sino a través del
establecimiento de cooperativas o comunidades entre varios mineros para operar una sola
planta. Esto tenía que ver directamente con la idea inicial de algunos senadores y diputados, de
que la forma como se había redactado inicialmente el proyecto de la CACREMI favorecería
solamente a los medianos propietarios o a los “mineros ricos”, como se les denominó, y no a las
gran masa de pequeños productores que, según se planteaba, era el espíritu de la ley que se
orientaba, entre otras cosas, a sacar a las provincias nortinas de la crisis en que se
encontraban.
La necesidad de entregar mayores facultades para los organismos de fomento no tardó en ser
reclamada. Para el caso de la minería, fue el propio Consejo de la Caja de Crédito Minero la
que solicitó reformas a la ley que la había creado, particularmente para extender sus facultades
y destrabar su propia actuación. Obviamente esta demanda estaba en consonancia con el
fortalecimiento de la idea acerca de la necesidad de una mayor presencia estatal, que fue
respaldada por el propio gremio minero, dirigentes políticos, parlamentarios, técnicos y el propio
gobierno que comenzó a hablar permanentemente en términos de su “política minera”. 24
El Consejo de la Caja, llamaba la atención al Ministro de Hacienda, acerca de lo poco efectivo
que podía ser restringir las tareas de la Caja solo al área crediticia, considerando además las
limitaciones establecidas para entregar los créditos. Se trataba de un proceso lento que
reservaba el apoyo a los sectores económicamente mejor dotados. Los voceros de la institución
agregaban además:
La mayoría de los mineros, que son gente de escasos recursos, no tiene sus
minas en situación de ofrecerlas en garantía, porque carecen de cubicación
(una de las exigencias de la ley) y de medios para llevarla a cabo, y por esa
25
circunstancia se ven imposibilitados para disfrutar de las ventajas de la ley.
El verdadero propósito del argumento tenía la finalidad de justificar la propuesta del Consejo de
la Caja de convertir a la entidad en un poder comprador para los pequeños propietarios, a
través de agencias establecidas por la CACREMI en las distintas regiones nortinas y, por otra,
facultarla también para tomar la iniciativa en términos de la creación y manejo de complejos
industriales de fundición de minerales y, por supuesto, la producción de ácido sulfúrico a gran
escala. A juicio del Consejo de la Caja esto era absolutamente necesario puesto que los
pequeños mineros, “constituyen un núcleo numeroso, cada uno de los cuales podría explotar
pequeñas cantidades a la medida de sus fuerzas, pero que tampoco puede hacerlo porque no
tienen mercado comprador”. 26
En sus planteamientos, los miembros del Consejo de la CACREMI, creían estar en consonancia
con las propuestas del gobierno de Ibáñez y declaraban el propósito de colaborar con el
“programa de fomento de la minería, de acuerdo con el espíritu del Supremo Gobierno”,
24
BSCD, diputado Ángel Custodio Vicuña, 81ª sesión ordinaria, 17 de diciembre de 1928.
Idem.
Informe del Consejo de la Caja de Crédito Minero al Ministro de Hacienda Pablo Ramírez, 27 de
septiembre de 1928, citado en BSCD, 17 de diciembre de 1928, 4181.
25
26
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Espacio Regional
cuestión que más tarde sería reafirmada por el propio Ministro de Hacienda de Ibáñez, Pablo
Ramírez, firme defensor de una mayor intervención estatal.
Con todo, la necesidad de introducir reformas a la ley que regía a la Caja de Crédito Minero, se
afirmaba además en las severas críticas hechas, en la propia Cámara, a su funcionamiento en
términos de las demoras suscitadas en la tramitación de los préstamos a los productores
mineros; la falta de estudios geológicos y empadronamiento de las minas y el reconocimiento de
su potencial productivo y, por último, la demora en la compra de minerales. Los cargos eran
serios, pues se debe recordar que la Institución había sido organizada de acuerdo a la ley
4.112, de 12 de enero de 1927, y las críticas se hacían a menos de dos años de esa fundación.
La primera reforma que se materializó al funcionamiento de la Caja fue la que autorizaba a la
institución para convertirse en compradora de minerales. El asunto era importante por varios
motivos; en primer término permitía la existencia de pequeños productores; en segundo lugar
flexibilizaba la dominación que habían establecido las casas compradoras de metales,
mayoritariamente extranjeras que se habían enseñoreado en el norte, al menos de Antofagasta
y, hasta Huasco, en el caso de la provincia de Atacama, que al no ser más de tres o cuatro se
repartían las zonas de operación e imponían los precios de compra a los pequeños propietarios;
por último se estimaba que el producto de las ventas al extranjero, por parte de la Caja,
permitiría futuras inversiones en materia del establecimiento de fundiciones controladas por la
entidad. 27
El propio Consejo de la Caja y algunos diputados, como el ya citado Eliseo Peña Villalón,
insistían que el mecanismo más adecuado para fortalecer la minería nortina y a sus cientos de
productores consistía en que la “Caja de Crédito Minero proceda al establecimiento de grandes
usinas, de hornos de fundición con grandes capitales de los cuales como es sabido dispone la
Caja”. 28
El contexto de las discusiones de fines del año 1928, ya había cambiado suficientemente para
profundizar en las ideas que fortalecían la presencia estatal. En la Cámara por ejemplo, a raíz
del rechazo por parte del Senado de las reformas que permitían la inversión directa de la Caja
en la construcción de plantas de beneficio, se levantaron voces afirmando la necesidad de
volver al proyecto original que facultaba a esa entidad para asumir tareas de esa naturaleza.
El entonces diputado radical Juan Antonio Ríos defendía la facultad de la Caja para la
instalación de establecimientos de fundición que comprasen minerales, no solamente de alta
ley, sino aquellos que, por lo general, eran producidos por los mineros pobres. Argumentaba el
diputado Ríos que: “Es indudable que esta facultad va a herir intereses creados, los de aquellas
29
empresas que se dedican a la compra de minerales para exportarlos del país”.
Otra de las reformas que se discutía por entonces, y que había sido propuesta por el Ejecutivo,
era la facultad que se otorgaba al Presidente de la República para el establecimiento de un
impuesto ad valorem a los minerales que se exportaran sin procesar. Obviamente, lo que
perseguía una iniciativa como aquella era promover la refinación de minerales dentro del
territorio nacional, ya sea por las fundiciones ya instaladas (aunque eran de capitales
extranjeros) o por nuevos establecimientos del ramo que deberían abrirse en función de la
nueva demanda. El propio Ríos afirmaba que dichas reformas resultaban “fundamentales para
27
Ver argumentos expuestos por el diputado Eliseo Peña Villalón, BSCD, 78ª sesión ordinaria, 10 de
diciembre de 1928.
28
Ibid., 4032.
29
BSCD, diputado Juan Antonio Ríos, 17 de diciembre de 1928, 4159.
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la buena marcha de la Caja de Crédito Minero en lo relativo a la protección que pueda prestar a
la industria minera”.
Como en otras ocasiones, no eran sólo los representantes políticos los que se manifestaban a
favor de una nueva estrategia, los propios mineros, aunque en este caso no se tratara de la
gran masa de los pequeños productores, sino que más bien de quienes ya tenían una suerte de
trayectoria empresarial, los que hacían ver la necesidad de las medidas de protección que podía
brindar el Estado. El texto de la declaración de los mineros que a continuación se incluye es
muy sugerente por dos motivos: por una parte, defiende la necesidad de contar con medidas de
protección estatal y, por otro, llama la atención acerca de la dominación impuesta por el capital
extranjero en materias de compra y exportación de los productos minerales. En un telegrama
recogido por el Boletín de la Cámara de Diputados es posible leer:
Rogamos a la Honorable Cámara, en nombre de los dueños de minas de
cobre, en la reforma Caja Minera, el derecho de exportación a los minerales y
la facultad dada a la Caja Minera de explotar fundiciones. Si no se conceden
estas medidas. Productores chilenos seguirán entregados a la subordinación
económica de casas extranjeras, con perjuicio evidente para desarrollo de
faenas mineras chilenas y formación de capitales nacionales.
Firmaban la carta una serie de empresarios de las cercanías de Taltal, entre los que es posible
distinguir a Felipe Santiago Matta, descendiente de una vieja estirpe minera y política de la
región.
El gran cambio, sin embargo, tiene que ver con las nuevas iniciativas gubernamentales que se
estaban poniendo en práctica. El proceso de modernización del Estado patrocinado por Ibáñez,
incluía no solamente reformas institucionales, sino también el establecimiento de políticas
públicas de corte nacionalista dirigidas a levantar aquellas actividades consideradas
fundamentales para el crecimiento económico del país.
En un manifiesto del gobierno se afirmaba que lo que se buscaba era mejorar la política
crediticia por una parte y, por otra, poner en práctica, a través de la Caja de Crédito, las
medidas necesarias para en términos ejecutivos ayudar a los productores nortinos. Se trataba
de una cuestión que claramente se definía en términos de política minera. Entonces se afirmaba
“los medios que se proponen para su adopción por la Caja, llenarán este objetivo y permitirán al
30
Gobierno desarrollar, por su intermedio, un programa completo de política minera”.
El problema fundamental era que con estas medidas se entregaban a la Caja operaciones de
carácter comercial, que todavía algunos sectores empresariales y del poder legislativo se
negaban a considerar como apropiadas, como ocurrió inicialmente a nivel del Senado en que
dichas mociones fueron rechazadas.
En la Cámara también hubo quienes dudaban de la capacidad técnica de la CACREMI para
asumir tareas de tal magnitud, especialmente aquellas relacionadas con la fundación y
operación de grandes fundiciones, y se manifestaron a favor más bien de lo que para entonces
se estaba intentando poner en práctica en la industria siderúrgica de Valdivia, en que el Estado
más bien participaba como socio capitalista, pero no intervenía directamente en la ejecución del
proyecto.
30
BSCD, diputado Arturo Lois, refiriéndose a un documento del Ministerio de Hacienda. 81ª sesión
ordinaria, 17 de diciembre de 1928, 4160.
~ 80 ~
Espacio Regional
Nuevamente es la intervención de Juan Antonio Ríos, el que nos entrega elementos clave para
entender los cambios que estaban operando a comienzos del gobierno de Carlos Ibáñez del
Campo. Por una parte, el diputado hacía referencia a los comentarios realizados por el propio
Presidente de la República, en el mejor estilo roosveltiano, “que si era preciso perder algunos
millones de pesos en la protección de la minería nacional, se perderían”. 31
A juicio del diputado Ríos ya no sólo se podía hablar de protección de la industria minera como
una propuesta de fomento local, sino también en términos de protección respecto de las
iniciativas de los capitalistas extranjeros. Esta misma razón impulsaba al representante en la
Cámara a abogar por que se dotara a la Caja con la facultad para establecer fundiciones de
minerales o directamente permitir al Estado, a través de la Caja, habilitar a los industriales para
que las fundaran de acuerdo a los criterios establecidos por la Institución. El concepto habilitar,
lo subrayamos entre otras cosas porque, la conversión de la Caja en Poder Comprador y el
Estado en habilitador de los productores nortinos parece ser el cumplimiento, por una parte, de
un lejano anhelo de los mineros chilenos y latinoamericanos de conseguir del Estado, en su
diferentes formas, la constitución de un gran poder comprador, que en sus inicios, a más de un
siglo de distancia, se encarnaba en los Bancos de Rescate y ahora se concretaba a través de la
CACREMI, iniciativa que se prolongó en el tiempo con las tareas llevadas adelante por la
Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Por otra parte, las palabras del diputado Ríos, hacen
pensar en un Estado convertido en un “gran habilitador”, figura económica más que centenaria
en la minería chilena hasta esos años: el gran capitalista que habilita a un estrato de mineros de
menor envergadura, pero que se favorece onerosamente del esfuerzo de ese estrato de
trabajadores-empresarios, era un componente que dominaba tradicionalmente las relaciones
económicas del norte minero. En este caso el Estado se convertía en el habilitador soñado, en
el sentido de exigir poco a cambio de las ayudas pecuniarias y técnicas otorgadas pero, por otra
parte, se convertía en el gran pilar para sostener la subsistencia de un gran sector de mineros
atrasados que difícilmente podían operar de otra manera.
Claramente se trataba de una política de protección estatal que queda mucho más en evidencia
al leer el texto enviado por Pablo Ramírez, en su calidad de Ministro de Hacienda, al Presidente
de la Cámara de Diputados en el que argumentaba a favor de las medidas patrocinadas por el
Ejecutivo:
Las enmiendas hechas por el Honorable Senado consisten en suprimir la
facultad que se daba a la Caja para construir y explotar establecimientos de
fundición y la autorización que se confería al Gobierno para gravar con
derecho de 30 por ciento la exportación de minerales.
El Gobierno estima que ambas facultades son indispensables para que la
caja pueda desarrollar debidamente el programa de fomento de la minería
32
que se tiene trazado.
Haciéndose eco de esta propuesta, el diputado Eliseo Peña Villalón, llamaba la atención sobre
la política del Gobierno que, según él, pretendía el fomento de la producción nacional en todos
sus ámbitos, tanto la agricultura, como la industria nacional, y en el caso que nos ocupa del
ámbito minero.
31
Carlos Ibáñez del Campo, citado por diputado Juan Antonio Ríos, BSCD, 81ª sesión ordinaria, 17 de
diciembre de 1928, 4162.
32
Pablo Ramírez, Ministro de Hacienda, citado por el diputado Urrejola, BSCD, 17 de diciembre de 1928. El
subrayado es del autor.
~ 81 ~
Dossier
El Gobierno siguiendo esta gran política de fomento de la producción
nacional, de protección, se preocupa ahora de fomentar la producción minera
que, como es sabido, señor Presidente, es la segunda industria en el país,
puesto que lleva sus productos a la exportación y tiene gran importancia al
desarrollo económico del país. 33
Defender esta idea además, según el diputado, era alentar la posibilidad de los mineros pobres
o pequeños propietarios de sustraerse de la red de las agencias compradoras de metales que
“es bien sabido, los explotan”, toda vez que, se afirmaba, existía una especie de acuerdo entre
las mismas para repartirse las distintas zonas mineras sobre las cuales establecer sus
operaciones. Juicio que no sorprende demasiado si se conoce el nombre de las principales
agencias y las regiones en las que operaban. La referencia alude a casas compradoras de
minerales, como las de Mauricio Hochschild y Cía. Limitada que operaba en Iquique, Tocopilla y
Antofagasta, principalmente; La Compañía American Smelting, que lo hacía en Antofagasta,
Copiapó y Vallenar; la de Sali Hochschild en Copiapó y Caldera y The South American Metal
34
Co., que compraba productos mineros en Coquimbo y Valparaíso.
En auxilio de los mineros pobres o la perpetuación de la minera artesanal
La discusión en torno a las políticas de protección a la industria minera y particularmente a la
minería del cobre habían comenzado tempranamente en la década de 1920, pero sin duda
alcanzaron nuevos bríos cuando, por iniciativa de la Sociedad Nacional de Minería, y
patrocinados por algunos congresistas se presentaron varios proyectos de protección a la
industria minera, particularmente aquel que dio origen a la CACREMI.
Lo interesante de esta presentación es que, como en casi todos los textos introductorios para
dar curso a proyectos de esta naturaleza, en éste se realizaba un detallado estado de la minería
chilena, particularmente en aquellos aspectos que determinaban las diferencias entre el sector
dominado por las grandes compañías estadounidenses y aquel representado por un sin fin de
pequeñas y medianas pertenencias. Por otra parte, en casi todos los preámbulos se reconocían
las serias dificultades de los pequeños productores en términos de escasez y carestía de los
insumos mineros, deficiencias en los medios de transporte y la dependencia de las agencias
comerciales para vender su producción. Al mismo tiempo se daba cuenta de la escasez de
establecimientos de fundición para los productos mineros y el encarecimiento que suponía
trasladar esos minerales para beneficiarlos en las grandes fundiciones del centro del país.
El gran telón de fondo de toda esta discusión, sin embargo era otro. Se trataba de lo que
podríamos definir como la defensa de los “mineros pobres” o de los pequeños productores que
soportaban todo este andamiaje productivo que se deseaba fortalecer. Cierto o no, lo que se
levantó fue un discurso de defensa de los intereses de este sector, aunque también se incluía a
los medianos productores y se les diferenciaba de las grandes empresas, no sólo por el capital
involucrado, sino también por las técnicas utilizadas y, sobre todo, por tratarse de un sector
productivo cuyos capitales y fuerza de trabajo eran de origen chileno.
Por ejemplo, en el proyecto que se presentó a discusión al Senado de la República en agosto
de 1926 se hablaba directamente de brindar protección a la industria minera nacional, a los
mineros medianos o pequeños. Esto se veía además como una necesidad del país toda vez
que, aunque el sector representaba una ínfima parte de la producción total, era el punto de
partida para restaurar el dominio sobre una riqueza que se consideraba propia y que se había
33
34
BSCD, diputado Eliseo Peña Villalón, 17 de diciembre de 1928.
Caja de Crédito Minero, op. cit., 99.
~ 82 ~
Espacio Regional
desnacionalizado bajo el control de las grandes empresas extranjeras, particularmente
estadounidenses.
Por otra parte, mientras se afirmaba el fomento a los medianos y pequeños mineros se
reforzaba la oferta de trabajo en ese sector productivo. Se afirmaba entonces que “Fomentando
el desarrollo de la minería encontrará trabajo bien remunerado mucha parte de nuestro pueblo y
en especial, aquel que se dedica a trabajar minas en pequeña escala y que en su propio trabajo
asegura el sustento diario de su persona y de su familia” 35 .
Esta última idea fue reflotada en múltiples ocasiones, pero sobre todo después de la ocurrencia
de las numerosas crisis que se descargaron sobre la economía nacional, particularmente en la
etapa que siguió a la Gran crisis, pero que se volvió a recoger en los años siguientes,
especialmente en el duro período iniciado en la década1950.
En esa misma sesión del Senado se dio a conocer al informe entregado por la Comisión de
Agricultura, Minería, Fomento Industrial y Colonización de esa corporación, acerca de una
moción impulsada, entre otros, por los senadores Aquiles Concha, Remigio Medina, Agustín
Rivera, Manuel Trucco y Enrique Zañartu, que ponían énfasis en la necesidad de establecer un
mecanismo a través del cual el Estado apoyara crediticiamente nuevos proyectos de fundación
de establecimientos de beneficio de minerales. Nuevamente, esta “vocación” por los mineros
pobres volvía a ser un tema que servía de argumento a la propuesta. Después de entregar una
serie de especificaciones técnicas relativas a la gran cantidad de minas, a la existencia de
minerales de baja ley, a la calidad de los mismos para su concentración y fundición, la
propuesta se detenía nuevamente en el sentido social de la iniciativa. En la cuarta
consideración que se exponía para fortalecer el proyecto se establecía:
Que la usina que se instalará en Atacama, acogiéndose a los beneficios de
esta ley, venderá ácido barato a los mineros pobres, les molerá y tostará sus
minerales, les arrendará plantas de lixiviación, analizará minerales con tarifas
reducidas y proporcionará gratuitamente los consejos de técnicas
especialistas.
Es decir, una situación diametralmente opuesta a la que había operado en la minería
estadounidense después de la modificación de la legislación del ramo en la nueva potencia
minera, comentada por W.Culver y citado en las primeras páginas de este trabajo. Tal vez no
sea tan difícil encontrar explicaciones para tal fenómeno. En primer lugar se trataba de un
período en que la presión provocada por la existencia de un gran número de cesantes en el país
afligía a los distintos actores gubernamentales, y por otro lado, no solo en Chile, sino a nivel
mundial, tal como ya lo hemos manifestado, los argumentos a favor de la intervención del
Estado, en términos de protección y diseño de políticas públicas, ya habían alcanzado un
amplio consenso. En esas circunstancias abogar por los mineros pobres era perfectamente
entendible, pues se trataba no solamente de adicionar recursos para la economía chilena, sino
también para crear fuentes de empleo que, aún antes de la crisis, era una necesidad
apremiante. Lógicamente esto fue reforzado en las décadas siguientes y el Estado se convirtió
en un gran propulsor de políticas de generación de empleos, por una parte, y por otra encabezó
un desesperado intento por equilibrar los pagos nacionales estimulando la minería del oro
durante casi un quinquenio, monopolizando incluso la compra de ese y otros metales
provenientes de la pequeña y mediana minería e impulsando grandes obras de producción
nacional como fue la proyección final de Paipote entre 1946 y 1952.
35
BSS, 12 de agosto de 1926.
~ 83 ~
Dossier
En el mismo tenor como se había expresado la Comisión del Senado recién comentada, se
manifestaba el senador Aquiles Concha, en relación al proyecto del cual era patrocinante:
Estudiar, por el momento, los proyectos que hay en tabla significa enriquecer
al país en una suma no inferior a los 200 millones de pesos anuales, significa
crear nuevas fuentes de producción que en un futuro no lejano le darán
trabajo a cien mil hombres, significa comenzar la nacionalización de nuestras
industrias, hoy día en manos de capitalistas extranjeros, significa conquistar
nuestra independencia económica, hoy que nos encontramos bajo el yugo del
36
poder manufacturero de otros países más adelantados.
En la misma exposición, el senador Concha, manifestó que el espíritu de la ley también estaba
dirigido a estudiar la forma de favorecer a los minerales pobres, estableciendo los mecanismos
para que las plantas que se fundasen compraran tanto los minerales como los desmontes
generados por estos productores, y alejarlos así del dominio y control de las casas compradoras
extranjeras. De acuerdo al parlamentario, se debía reglamentar las facilidades que los nuevos
establecimientos deberían dar a los mineros pobres para el desarrollo de sus actividades, “Hoy
día los mineros pobres, como son en su mayoría en el Norte apenas pueden adquirir en los
almacenes la pólvora y los barrenos con que hacen sus tiros para quebrar la roca mineralizada,
que, escogida a veces a mano, difícilmente y precios irrisorios venden a los compradores de
minerales”. 37
La acción del Estado y de la Caja de Crédito Minero, haría factible, entonces, la existencia de
una multitud de pequeñas explotaciones, que a niveles muy primarios podrían moler primero
sus dos y hasta cinco toneladas diarias de minerales de cobre de baja ley, y luego beneficiar
por lixiviación esas pequeñas cuotas de producción. Los mineros pobres tendrían, de acuerdo al
senador un “verdadero Banco” al servicio de estos miles de productores a pequeña escala.
Finalmente, la presentación del parlamentario terminaba afirmando la naturaleza innovadora del
proyecto:
Esta manera de beneficiar al minero pobre, fomentando al mismo tiempo la
riqueza del país, no se ha implantado nunca en Chile. Los proyectos que se
han confeccionado sólo han tendido a beneficiar a los grandes mineros…Este
proyecto permitirá a todo hombre de trabajo aprovechar la gran riqueza que
constituyen nuestras minas de cobre…Y es muy oportuno el momento para
despacharlo, hoy que en todo el país, y especialmente en la región del Norte
38
y del Centro, hay innumerables desocupados que no tienen ni que comer.
El tema de la desocupación no sólo se planteaba como un problema de las provincias nortinas,
se estimaba, además, que estimulando la industria minera se fortalecía la economía nacional en
su conjunto, se mejoraban los ingresos del Estado y se ofrecería fuentes de trabajo para
desempleados de otras partes del país, se agregaba entonces “esta riqueza está durmiendo
bajo nuestro suelo mientras en Santiago tenemos gente desocupada que no sabe en qué ganar
su pan y mientras el país carece de capitales para desarrollarse”. La utilización de ese último
término está absolutamente adelantada a su tiempo en materia de conceptualización
económica.
36
BSS, senador Aquiles Concha, 12 de agosto de 1926.
Ibid., 1220-1230.
38
Ibid., 1230.
37
~ 84 ~
Espacio Regional
Hay que advertir, sin embargo, que no es que hubiese un consenso extendido entre todos los
parlamentarios o incluso miembros del gabinete respecto a la intervención estatal. 39 Otros
miembros del Senado declaraban su escepticismo respecto de la intervención estatal, sin
embargo, estaban dispuestos a apoyar iniciativas. Por ejemplo, el senador Urzúa Jaramillo
manifestaba en la sala: “No soy, señor Presidente, de aquellos que tengan mucha fe en el éxito
que se obtenga en estas industrias por medio del procedimiento, un poco artificial, del concurso
del Estado”, sin embargo, se ofrecían a cooperar para que proyectos como la CRACREMI
pudieran prosperar en el Hemiciclo. Aprensiones similares manifestaban otros parlamentarios,
amparados en cuestiones más bien técnicas o presupuestarias como es el caso de los
senadores Irarrázabal o Echeñique, que se empeñaron en esclarecer los alcances de las
garantías exigidas por los créditos ofrecidos por el Estado y las condiciones que debían cumplir
los mineros beneficiarios, propiciando que se prolongaran los alcances de la ley no solamente a
fortalecer a los mineros más pobres, sino también a los de mediana envergadura. En ese
sentido el discurso inicial del senador Concha debió flexibilizarse y admitir que el espíritu de la
ley era más amplio en términos de los beneficiarios.
Hubo también propuestas más radicales como la del Senador Manuel Hidalgo, quien estimaba
que el propósito del proyecto era favorecer a los pequeños productores ofreciendo los medios
adecuados para que, ya sea estableciendo una fundición o a través de la vía húmeda, mejorar
la capacidad productiva de estos operadores de pequeña escala, y no a los mineros “ricos”,
como se planteaba para diferenciarlos de la multitud de pequeños productores. Ello significaría,
según el senador beneficiar a unos cuantos propietarios y no al conjunto de los mineros
regionales.
La discusión continuó en esos términos hasta que finalmente se determinó que los mineros
beneficiados para recibir apoyo de la Caja de Crédito Minero debían demostrar capitales
equivalentes al 30% del valor real de la inversión, ya sea en capital efectivo o en inversiones ya
realizadas en sus propias instalaciones, y que pudieran servir de garantía de los recursos
recibidos. En conclusión, lo que el proyecto de fomento minero permitió, a través de la
CACREMI, fue la sobrevivencia de una minería de pequeña escala, en que no sólo no se alteró
la forma de producir, sino que tampoco se transformó muy drásticamente las condiciones de
trabajo de los operarios de minas, las formas de acarreo del mineral y menos aún el diseño de
40
las pequeñas estructuras mineras de las provincias de Atacama y Coquimbo. Lo que si ocurrió
fue el fomentó de la producción y la concentración de población ya sea en torno a las plantas de
beneficio, a las agencias compradoras instaladas por la propia Caja o intermediadas por las
agencias privadas. Del mismo modo ocurrió con las estaciones del ferrocarril longitudinal que se
proyectó a través del desierto, que muchas veces coincidieron con el emplazamiento de las
plantas de beneficio, las agencias compradoras de minerales o de ambas y ello dio pie para que
se produjeran dos grandes fenómenos. Por una parte, se propició la permanencia de una
minería de pequeña escala, frágil no solamente desde el punto de vista productivo – se trata
muchas veces de minas con menos de 10 operarios-, sino también desde el punto de vista de la
calidad de sus operaciones, el carácter “familiar de mucha de ellas”, su escaso apego a los
protocolos de seguridad y la legislación social establecida y, por cierto, exageradamente
sensibles a los precios internacionales del metal. Se trató de una minería extremadamente
riesgosa, en que los accidentes laborales, ya sea por desprendimiento de bloques o por los
hundimientos totales eran responsables de heridas y resultados fatales con una continuidad que
se sigue observando hasta el presente. La acción de CACREMI, y particularmente sus efectos
39
El ministro de Hacienda del Presidente Emiliano Figueroa, (Silva Somarriva), por ejemplo, encontraba
excesiva la cantidad de 40.000.000 de pesos solicitada para echar a andar la CACREMI, de acuerdo a lo
que se estipulaba en el proyecto inicial de la entidad.
40
BSCD, diputado Rubio, 44ª sesión extraordinaria, 13 de diciembre de 1926.
~ 85 ~
Dossier
sobre la mantención de una minería de pequeña escala y débiles condiciones materiales y
laborales, se proyectó en el tiempo por el ejercicio, hasta cierto punto similar, que desde la
década de 1960 ha desarrollado ENAMI.
El segundo fenómeno, es más bien de naturaleza demográfica y remite más bien a la forma
como se distribuyó la población en la provincia de Atacama, que por lo menos es el caso que
analizamos a continuación.
Efectos sociales y demográficos de la acción del Estado
La acción del Estado influyó notablemente en dos aspectos fundamentales. Por una parte, la
mantención de un núcleo de pequeños empresarios que, si bien era independiente, se mantenía
casi siempre al borde de la viabilidad económica. En la mayoría de los casos compartieron con
sus trabajadores, que muchas veces eran sus familiares directos, las penurias de un trabajo
realizado con las prácticas más ancestrales de la minería del Norte Chico, esto es la experiencia
en pequeños socavones, en profundidades superiores a veces a los 200 metros o en galerías
zigzagueantes cuyo diseño difícilmente fue proyectado por algún especialista en la materia y
sólo era el resultado de un conocimiento alcanzado en la práctica.
Por otra parte, La acción de la CACREMI, alentó una distribución de la población que en
términos generales se vio estimulada por el establecimiento de las plantas de concentración y
luego de fundición de minerales o por aquellos espacios en que se combinó la existencia de las
agencias compradoras y estaciones ferroviarias o que reunían las tres actividades, como
pueden ser los casos representados por el pequeño caserío de Carrera Pinto, al Norte de
Copiapó, emplazado luego de atravesar los extensos Llanos de Varas, una impresionante
llanura, y el cual, en la década del cuarenta, se conectaba a través del ferrocarril longitudinal.
Otros de los ejemplos más notables estuvieron representados por las plantas de El Salado, en
la provincia de Chañaral y de Domeyko, cincuenta kilómetros al sur de Vallenar. En ambas
situaciones se trata de lugares escogidos por la Caja de Crédito Minero para establecer sus
plantas de beneficio, facilitar la compra de minerales y servir de espacio de acopio para sacar la
producción por vía ferroviaria y naviera hasta las lejanas Fundiciones de Chagres y Naltahua,
por lo menos hasta que se construyó la primera Fundición Nacional de Minerales en Paipote, en
los inicios de la década de 1950.
~ 86 ~
Fotografía n.º 1
~ 87 ~
Espacio Regional
Dossier
En la evolución de los volúmenes de población, de los tres ejemplos señalados, se advierten
patrones generales relativamente similares en términos de cómo se manifestó su proceso de
transformación demográfico, tal como queda expresado en el cuadro n.º 1.
Tabla n.º 1
Evolución de la población en localidades estimuladas por CACREMI, 1930-1960
Carrera Pinto
Domeyko (Vallenar)
(Copiapó)
Años
V
H
M
Total
V
H
M
Total
V
H
M
Total
1930
44
77
94
171
13
39
30
69
27
146
78
224
1940
230
506
407
1003
111
511
244
755
459
1250
1138
2388
1952
1960
278
722
653
1375
16
47
21
68
342
898
916
1814
Nota: El censo de 1952 no contiene la información desagregada por entidades de población.
Para el caso de Domeyko, en el censo de 1940 se consigna la población urbana y rural agregada, la que en
el censo siguiente vuelve a desagregarse.
La letra V designa número de viviendas y las letras H, M y T a Hombres, Mujeres y Totales,
respectivamente.
Fuente: Censos de la República de Chile, años respectivos.
El Salado (Chañaral)
Existen algunas conclusiones que se pueden desprender del ordenamiento de los datos
correspondientes a la evolución de los tres espacios seleccionados. En primer término,
efectivamente, la intervención de la Caja de Crédito Minero alteró la distribución espacial de la
población en la región minera. Ya sea creando plantas de concentración o agencias
compradoras de minerales la institución estimuló no sólo la actividad productiva, sino también la
inmigración de población que encontró en esos espacios distintas alternativas laborales, ya sea
como mineros en las minas vecinas o en el mismo espacio dominado por las instalaciones de la
CACREMI. Muchas personas encontraron trabajo en calidad de operadores de los distintos
mecanismos de la planta, como seleccionadores de las diversas partidas de minerales,
transporte y carguío de los minerales y pastas ya concentradas.
Algunos obtuvieron empleo en las estaciones ferroviarias que conectaron dichos espacios tanto
con los puertos de embarque como con la propia red longitudinal que hacia los años treinta ya
se encontraba prácticamente operativa en toda su extensión. También se atrajo a población que
pudo desempeñarse en las actividades propias de construcción de las instalaciones de los
distintos pueblos (por ejemplo, carpinteros, albañiles y peones no calificados para levantar las
diversas construcciones y las plantas propiamente tales) y, por supuesto, en las diversas
actividades de servicio que fueron necesarias una vez que la población creció, en los tres casos
estudiados, en una proporción cercana a las 7 u 11 veces desde su volumen original, entre
1930 y 1940.
De unas pocas casas e instalaciones establecidas inicialmente para albergar las actividades de
la planta de concentración de la Caja de Crédito Minero, se pasó a la configuración de una
población de casi 2.000 habitantes en el caso, por ejemplo, de El Salado, en el Distrito de
Chañaral, un espacio dominado por el desierto y que obviamente debió su existencia a las
operaciones establecidas por la agencia estatal.
~ 88 ~
Fotografía n.º 2
Fotografía n.º 3
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Dossier
En algunos casos se combinó, como se dijo, la presencia de la Caja de Crédito Minero y sus
actividades, con la llegada del ferrocarril para producir el efecto de expansión de la población.
En los tres casos aludidos, las poblaciones se vieron estimuladas además por la llegada del
ferrocarril, que de acuerdo a Leland Pederson, se convirtió en la columna vertebral de la nueva
articulación regional. Fue el ferrocarril el que permitió el traslado de víveres, personas, insumos
industriales y obviamente la producción minera. Alterando de ese modo las viejas articulaciones
que se habían establecido entre el binomio: valle productor minero y puerto exportador. Ahora,
la tendencia era a una articulación longitudinal, favorecida por la red ferroviaria y por la
existencia de las plantas de concentración, agencias compradoras de minerales y finalmente, en
los inicios de 1950 por la implantación de la Fundición Nacional de Minerales, en Paipote en las
cercanías de Tierra Amarilla, que dio origen a una concentración de más de cuatro mil
personas.
El Salado, en la sección más septentrional de la provincia, Carrera Pinto, al norte de Copiapó y
Domeyko al sur de Vallenar se convirtieron en espacios atractivos para un gran número de
personas y dinamizaron los espacios circundantes, permitiendo de este modo la distribución
rural de un gran número de pirquineros que encontraban en esos “centros urbanos” un lugar en
donde vender su producción y por otra parte, encontrar un lugar en donde abastecerse no
solamente de insumos industriales, sino también de los efectos más esenciales para la vida
diaria y también de las ofertas de esparcimiento. Se produjo entonces una especie de simbiosis
entre esos espacios y la masa de pequeños productores y operarios mineros que de acuerdo al
censo de 1952 llegaba a un número de 10.277 trabajadores que se dedicaban en pequeña
escala a las labores extractivas dentro de la región. 41 Sin embargo, los cálculos establecidos
por la propia Caja de Crédito Minero, para ese mismo año, precisaban la vinculación de los
pequeños mineros con la corporación. Así de acuerdo a un censo, realizado por la entidad en la
provincia de Atacama, existían 398 dueños de minas trapiches y plantas, en tanto el número de
arrendatarios y pirquineros llegaba a las 1.993 personas. Además, relacionados con esas
faenas existían 4.189 obreros y empleados, que acompañados por sus familias, representadas
en 10.329 personas, constituían un grupo humano de poco más de 17.000 individuos ligados
directamente a los estímulos generados por la CACREMI. Si a ese número se agrega la
población trabajadora, y sus familiares, vinculada a los inicios del funcionamiento de la refinería
en Paipote, la cifra aumenta en 1.308 personas más. Es decir 18.319, personas de un total
42
Provincial de 80.113 habitantes, un 22,86 por ciento de la Población total de Atacama. Ese
porcentaje debe subir significativamente, si se adiciona a quienes indirectamente se
beneficiaron con las actividades impulsadas por la CACREMI en sus agencias compradoras,
plantas de concentración y refinería.
Como es obvio, la planta física de esos espacios urbanos creció considerablemente si toma en
cuenta el número de viviendas consignadas por las propias cifras censales. Se multiplicaron las
familias que vinieron a vivir al desierto y también las actividades propias de espacios de esa
naturaleza.
Que fue la influencia de la CACREMI la que alentó la existencia de estos espacios queda
dramáticamente representado por la experiencia de Carrera Pinto. Este lugar, que en sus inicios
fue considerado como un centro minero más, de pequeña escala, en el censo de 1930, llegó a
su máximo esplendor en la década de los cuarenta, en que la combinación del funcionamiento
de una estación de ferrocarril, agencia compradora de la Caja y la cancha de acopio de
41
Censo de Población de la República de Chile, 1952. Cuadro n.º 11: población Activa según posición
ocupacional, rama de actividad económica y sexo.
42
Caja de Crédito Minero, Censo de la población minera que vende sus productos a la Caja de Crédito
Minero, correspondiente al año 1952.
~ 90 ~
Espacio Regional
minerales permitió, guardando las proporciones, su mayor dinamismo. Sin embargo, en la
década de 1950 la agencia fue cerrada, pues muchos de los productos minerales fueron
trasladados directamente a Paipote o a las plantas de Punta del Cobre o Elisa de Bordos,
entonces la población de Carrera Pinto decayó notablemente. En 1960, si bien la sección
“entidades de población” del censo continuaba consignando a Carrera Pinto como estación de
ferrocarriles, la población había regresado prácticamente a su punto de partida. 43
Fotografía n.º 4. Estación de Carrera Pinto, década de 1950
44
En cambio, El Salado y Domeyko conservaron su rol como concentradores y redistribuidores de
la producción de los pequeños centros productores hasta muy avanzado el siglo XX.
Conclusiones
Desde fines del siglo XIX la minería chilena del llamado Norte Chico experimentó notables
transformaciones. No en el plano de la dimensión productiva de sus faenas, ni en la naturaleza
técnica de sus instalaciones, así como tampoco en el origen de los capitales invertidos, a
excepción de su sección norte dominada por las actividades del mineral de Potrerillos, sino más
bien por las dinámicas de fomento que, desde fines de la década de 1920, promovió el Estado
de Chile. Sin duda, los esfuerzos protectores y de fomento de la entidad pública tuvieron
importantes efectos en la tradicional región minera de nuestro país. Quizás lo más impactante
haya sido la mantención de una categoría de productor minero que mantuvo sus rasgos
seculares, esta vez bajo el amparo de una ayuda estatal que permitió perpetuar su naturaleza
artesanal, dispersión territorial y bajos niveles de productividad. La mantención de estructuras
“artesanales” de producción, hasta nuestros días, ha permitido la explotación de numerosos
depósitos mineros distribuidos a lo ancho de la geografía provincial, generando ingresos para
43
Ver Tabla n.º 1.
Fotografía facilitada por Alejandro Aracena Siares, historiador de Atacama, uno de los habitantes del
pueblo de Carrera Pinto, en la década de 1950.
44
~ 91 ~
Dossier
quienes los explotan, para las actividades anexas, así como recursos para el erario público. Al
mismo tiempo, esta actividad se ha convertido en una importante fuente de trabajo, aunque
oscilante y peligrosa, -dada las condiciones imperantes en los trabajos mineros-, para una
población que tiene en la minería una de las escasas fuentes de empleo en una deprimida zona
semidesértica.
La acción de la CACREMI y de su importante red de casas compradoras de minerales, plantas
de concentración y de refinería, ha sido fuertemente influyente en el diseño de un patrón de
ocupación territorial y distribución de la población en una región cuya columna vertebral fue el
ferrocarril longitudinal, pero que fue alimentada por una vasta red de producción y
comercialización de minerales estimulada por la institución estatal. A diferencia de la
experiencia salitrera en que la producción del nitrato y su comercialización fue alentado por la
iniciativa privada, la actividad minera en Atacama fue la simbiosis de la acción de fomento
impulsada por la Caja de Crédito minero y el esfuerzo de miles de pequeños empresarios y
trabajadores -y sus familias- que aceptaron el reto de arrebatarle sus riquezas al desierto
atacameño.
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~ 92 ~
u Espacio
Regional
TRAYECTORIA AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE COQUIMBO.
CAMPESINOS, ESTADO Y MEDIOAMBIENTE, 1930-1960 1
FARMING TRAJECTORY OF THE COQUIMBO PROVINCE:
FARMERS, STATE AND ENVIRONMENT, 1930-1960
Enzo Videla Bravo
[email protected]
Santiago, Chile
RESUMEN
En este artículo se tratarán tres factores del mundo agrícola de la zona de Coquimbo. En primer
lugar, se tomará la figura del campesinado de la zona para caracterizarlo y relevar su figura en
el contexto regional. En segundo lugar, se evaluara el rol del Estado y las lecturas que se han
hecho de la zona mediante la implementación de la acciones remediales y políticas públicas.
Para finalizar, se tomará el factor del medioambiente local, haciendo hincapié que es una de las
condicionantes a las formas específicas que los dos primeros actores adquirieron en la zona.
Palabras claves: agricultura, población, migraciones, Estado, sequía
ABSTRACT
In this article I will analyze three features of the rural society of the Coquimbo region. In the first
place I shall analyze the peasant as a socioeconomic actor, in an attempt to uncover its most
salient features and also to situate him/her in the regional context. Secondly, I will evaluate the
role of the State and of the representations of the region as contained in the short and long term
policies implemented in order to solve the problems which have besieged the region. Finally, I
will analyze the environmental factor starting from the premise that it is one of the factors which
shaped the both the peasants’ life and the actions of the State.
Key words: agriculture, population, migrations, state, drought
Este artículo forma parte de los resultados del proyecto FONDECYT 1095107, “Contextos, actores y
espacios para una redefinición del Norte Chico, 1929-1975. Una propuesta de análisis regional”.
1
Dossier
Vol. 1, n.º 8, enero-junio 2011, Enzo Videla Bravo
Comportamiento demográfico y población rural
Durante el siglo XIX la provincia de Coquimbo fue un espacio que se destacó por la explotación
de la minería que giraba en torno a la demanda internacional. La máxima expresión de esta
actividad fue el yacimiento de Tamaya, la mina más rica de cobre del mundo, que dio origen a
las fortunas de varios destacados personajes, como fue el caso de José Tomás Urmeneta. En
ese contexto, la zona geográfica presentaba una población preferentemente concentrada en
pequeñas aglomeraciones o dispersa en comunidades rurales.
Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX el primer ciclo de la minería del cobre se agotó,
produciendo distintas respuestas en el contingente humano que se dedicaba, por aquel
entonces, a la minería del cobre. Si se observa el comportamiento de la población del entonces
departamento de Ovalle, que es homologable a la conducta de la provincia, vemos cómo hubo
un cambio que va desde la población predominantemente aglomerada a una mayoritariamente
rural. Encontramos que se manifiesta un comportamiento muy singular, que tiene su expresión
en movimientos migratorios internos evidenciados en súbitos aumentos de la población rural, los
que van a contrapelo de lo que acontece a nivel nacional. En la década de 1880, donde aún
quedan resabios de la antigua producción minera, podemos ver una equivalencia demográfica
entre la población aglomerada y la rural, que tenía un cierto equilibrio, predominando la primera.
Sin embargo, al pasar el tiempo ella se vuelca hacia el otro sector de la economía regional del
Departamento de Ovalle, el sector agropecuario. 2
Gráfico n.º 1
Comportamiento de la Población en el Depto de Ovalle
1875-1930
70000
60000
50000
Pob. Urbana
40000
Pob. Rural
30000
Pob. Total
20000
10000
0
1875
1885
1895
1907
1920
1930
Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos respectivos (1875-1930).
Este fenómeno demográfico produce nuevos cuestionamientos, ya que se configura como un
tipo de movimiento migratorio singular. Ello debido a que ya para esos años se sostiene que la
migración hacia los centros urbanos y los polos de crecimiento económico eran casi el único
tipo de desplazamiento. Carlos Hurtado en su libro Concentración de la Población y Desarrollo
2
El comportamiento de la población de Ovalle es el fiel reflejo del movimiento de población de la Provincia
de Coquimbo.
~ 94 ~
Trayectoria agrícola de la provincia de Coquimbo
Espacio Regional
económico descarta un fenómeno migratorio interno, denominado migraciones cruzadas, con la
finalidad de simplificar el esquema de las migraciones para su estudio. Nosotros rescatamos
esta tipología de movimiento poblacional; la migración cruzada es un desplazamiento de
personas en sentidos mutuamente opuestos y su causa depende netamente de la elección del
individuo, y de los aspectos que podríamos denominar culturales. 3
Tabla n.º 1
Provincia
Coquimbo
1865
Rural
Urbana
Total
% Urbana
103620
42275
145895
29,0
1875
69284
88455
157739
56,1
1885
79973
96371
176344
54,6
1895
73673
87225
160898
54,2
1907
122523
52498
175021
30,0
1920
105631
54625
160256
34,1
1930
134960
63376
198336
32,0
1940
160218
85391
245609
34,8
1952
158939
103230
262169
39,4
Fuente: Censo de la repúblicas de los años correspondiente.
En el cuadro anterior se observa una ruralización de la población. Al paso de los años, que van
desde fines del siglo XIX hasta la cuarta década del siglo XX, la población de estos lugares no
desarrolló actividades concernientes a la minería, ya que esta actividad se encuentra en crisis.
Por ejemplo, según las estadísticas mineras en 1926 el departamento de Ovalle registra sólo
alrededor de 26 trabajadores en ese sector de actividad. 4 Esto genera más interrogantes, al
constatar que los trabajadores adscritos a las haciendas tradicionales de la zona (inquilinos y
peones) para las provincias de Atacama y Coquimbo en 1920 son 2.133 y 6.970 trabajadores
respectivamente.
Un dato adicional que ilustra la dinámica interna de la provincia es que en 1935 -en el primer
Censo Agropecuario- el personal en la faenas agrícolas de la provincia de Coquimbo
compuesto por empleados, inquilinos, peones y gañanes familiares de estos, gañanes o
5
afuerinos que no eran familiares de inquilinos y empleados, sumaban 17.223 personas,
representando el 12,8% de la población rural registrada en el censo nacional de 1930. De esta
manera, queda la incógnita sobre el 87,2% de la población rural restante, lo que equivaldría a
6
117.377 personas, a quienes el censo no les atribuyó una actividad específica.
Entre las actividades que se efectuaban en las comunidades, la minería era una fuente habitual
de ingreso complementario, ya fuese por medio de los hombres que migraban temporalmente
3
Carlos Hurtado, Concentración de la población y desarrollo económico. El caso chileno, Santiago de Chile,
Universidad de Chile, 1966, 10.
4
Enzo Videla, “Crisis de la minería del cobre. Efecto y Respuestas. Departamento de Ovalle, 1870-1930”,
Santiago de Chile, USACH, Tesis de licenciatura en historia, 2008, 45.
5
Dirección General de Estadísticas, Censo Agropecuario 1935/1936, Santiago de Chile, Imprenta Universo,
Chile, 1938, 244.
6
Oficina Central de Estadística, Anuario Estadístico de Minería y Metalurgia año 1921, Santiago de Chile,
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, 1929, 12.
~ 95 ~
Dossier
hacia el norte o mediante los que trabajaban como jornaleros en las minas del subsuelo de la
propia comunidad, ya que cuando se practicaba la minería se explotaban pequeñas cantidades
de mineral a la espera de alzas en el precio. 7 Muchas veces era en las comunidades mismas
donde se encontraban minerales de cobre en forma de pequeñas picadas a gran altura, en las
que no se realizan inversiones, ya que son fácilmente agotables y difíciles de trabajar en época
8
invernal por las condiciones climáticas. Cuando era necesario, estos hombres emprendían
viajes, siendo de su predilección los distintos centros mineros, dependiendo del grado de
actividad en que se encontrasen, como las faenas de salitre, los minerales de Chuquicamata y
Potrerillos en el Norte. A veces, en las mismas cercanías se encontraban las faenas mineras
extensas, que demandaban trabajadores como las del hierro en el yacimiento de El Tofo. 9
El mundo agrario marcó la cultura local. La vida en la comunidad Jiménez y Tapia transcurre en
estrecha vinculación con los ciclos de sus fuentes naturales de recursos. Los comuneros son
cabreros o “crianceros” como se denominan ellos mismos. El cuidado de las majadas de cabras
determina, en gran, su carácter trashumante. En verano, suben la cordillera en busca de
mejores pasturas, permaneciendo allí entre noviembre y marzo. El resto del año, los animales
pastan en el campo común. Para los comuneros la cabra es más que un animal doméstico: “los
campesinos consideramos la cabra como una madre de nosotros. Porque en los tiempos más
difíciles es cuando la cabra pare el cabrito y nos comienza a dar la producción. Entonces uno
tiene su producción ahí mismo en la casa”. 10 Sin embargo, estos comuneros que no fueron
llamados por el auge salitrero se abocaron a sus economías domésticas, también a la
producción de trigo o del ganado ovino y a satisfacer las demandas alimenticias del nuevo
emporio productivo del Norte Grande.
Posterior a la crisis salitrera y la de 1929, esta comunidad experimentó un aumento de su
población por el flujo de inmigrantes, provocando una revitalización en la economía rural por la
demanda provincial. Es así como se comienza a sanear la organización comunitaria y se hacen
llamados públicos por distintos medios a los integrantes de la comunidad para que retornen.
Por ejemplo, un periódico cercano a la comunidad se publicó el siguiente anuncio: “[se] pone en
conocimiento de los deudores morosos de la comunidad Jiménez y Tapia que si al término de
30 días a contar de esta fecha no pagaran lo adeudado serán juzgados en conformidad a la ley,
11
los rebeldes a los intereses de la colectividad y sufrirán los prejuicios consiguientes”. De esta
forma, hacia 1934 se redactó el primer estatuto de la comunidad que tiene la finalidad de
ordenar el funcionamiento, el que se tituló “Reglamento interno de la estancia El Sauce de
12
comunidad Jiménez y Tapia”.
En definitiva, las comunidades son unidades de características semicomunales y
semindividuales que se distinguen por la utilización, tanto de pequeñas extensiones de tierras
regadas, que a menudo son inscritas como propiedades individuales, como de tierras de
usufructo común de secano y pastoreo. Las extensiones de tierra individuales son denominadas
7
William L. Alexander, Resilience in Hostile Environments. A Comunidad Agrícola In Chile’s Norte Chico,
Introducción y capítulos I y II, Estados Unidos, Lehigh University press, 2008.
8
Roxana Caballero, “Factores que influyen en la participación de los trabajadores en organizaciones
existentes en las comunas de Samo Alto, Monte Patria y Punitaqui, del Departamento de Ovalle, Provincia
de Coquimbo”, Santiago de Chile, Universidad de Chile, Tesis para optar al título profesional de Asistente
Social, 1969, 22.
9
Carlos Sottorff Neculhueque, “Origen, desarrollo y consolidación de un mineral de hierro en el
Departamento de La Serena. El Tofo 1910-1940”, Santiago de Chile, Universidad de Santiago de Chile,
Departamento de Historia, Tesis inédita de Magíster, 2010.
10
Juan Solís de Ovando (comp.), Comunidad Agrícola Jiménez y Tapia, Santiago de Chile, PROCODES
Ltda., 1993, 39 y 40.
11
El Eco de Combarbalá, en Ibid., 31.
12
Ibid., 32.
~ 96 ~
Espacio Regional
“hijuelas”, “lluvias” y “posesión”, en las que se cultivan de preferencia, hortalizas, chacras,
cereales y frutales. El campo común es una extensa superficie de secano utilizado por todos los
comuneros, generalmente para pastoreo y recolección de leña. 13 Según los campesinos “los
predios se llaman lluvias y es por la pura causa de que se riegan con la pura agua que viene del
cielo”. Agregan que para el cultivo hay que tener paciencia “-Cuando llueve… para sembrar las
lluvias es esperar la humedad de las lluvias nomás. A la de Dios que es grande, esperar la
cosecha”. A veces, las tierras más privilegiadas se turnan año a año entre cada familia. 14
En este sentido, las comunidades agrícolas y sus habitantes mineros/campesinos o
campesinos/mineros que como dice Chouteau “tan luego truecan la barreta por el arado como el
arado por la barreta” y las otras combinaciones posibles, 15 nos plantea un problema teórico
importante. La abundante bibliografía sobre el campesinado no ha visto un problema complejo
como este en el cual el individuo haya tenido ciertos roces con los procesos de proletarización;
cuando lo necesita no tiene problema de ser un jornalero común y corriente, sueña con hacerse
rico encontrando una veta de mineral o espera que suba el precio de este para ir en su
búsqueda, cultiva y cría su propio ganado y para alimentarlo no tiene problemas para atravesar
la cordillera y procurarle pastos tiernos en la Argentina.
Según Jacques Chonchol se entiende a los campesinos como un grupo social definido por las
siguientes características: 1) que la explotación agrícola es la unidad esencial y multifuncional
de organización social en donde se establecen; 2) que tienen también el cultivo de la tierra y la
crianza de animales como principal medio de vida; 3) que poseen una cultura tradicional
específica, íntimamente ligada a las formas de vida de las pequeñas comunidades rurales; y, 4)
16
la subordinación al poder de entidades sociales exteriores a la comunidad campesina. Estas
características excluyen a los comuneros de la cuarta región, ya que más bien tienen una
relación íntima con la minería, verdadera “cuna” de la proletarización nacional. 17
En este sentido, podemos entender a este campesinado en los términos que planteó Chayanov,
para quien las unidades de explotación campesina no son homogéneas, pues junto con incluir
unidades de explotación campesina, incluyen unidades de explotación semi-proletarizadas y
semi-capitalistas. 18 Por su parte, Wolf afirma que los campesinos no pueden operar como
unidades de explotación semi-capitalistas, pues “el campesino no opera como una empresa en
el sentido económico, sino que imprime desarrollo a un hogar y no a un negocio”, siendo la
característica central de los campesinos que no cultivan ni administran granjas como un negocio
y en muchos casos cuando comercializa parte de su producción se debe a que es el
19
excedente.
Dentro de todas estas definiciones, aún no se puede considerar a nuestro comunero como un
campesino puro. Ha habido intentos por situarlo desde una óptica similar, que no le atribuye la
importancia que se merece a la minería como un elemento fundamental en la actividad y como
un origen de las comunidades agrícolas. Este es el caso de Gastón Castillo, que no trata de
13
Caballero, op. cit., 25.
Solís de Ovando, op. cit., 41.
15
Ver p. 82.
16
Jacques Chonchol, Sistemas Agrarios en América Latina: de la etapa prehispánica a la modernización
conservadora, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1994, 386-419.
17
Julio Pinto y Luis Ortega, Expansión Minera y Desarrollo Industrial: Un caso de crecimiento asociado
(Chile 1850-1914), Santiago de Chile, USACH, 1990, 49.
18
Alexander Chayanov, La organización de la unidad económica campesina, Buenos Aires, Ediciones
Nueva Visión, 1985.
19
Eric Wolf, Campesinos, Barcelona, Editorial Labor S.A., 10.
14
~ 97 ~
Dossier
dilucidar el origen, más bien da cuenta de su historia y le otorga importancia a la agricultura, la
20
crianza de cabras y a la trashumancia como elementos que definen su identidad.
Lo anterior muestra que al iniciarse el proceso de desarrollo capitalista en el país, este sujeto no
tenía problemas para adaptarse a las incipientes actividades económicas proletarizantes que
buscaban una fuerza de trabajo libre y cautiva. Libre, en el sentido de que podía desplazarse sin
trabas desde y hacia distintas actividades en función de los requerimientos del mercado.
Cautiva, sin embargo, en cuanto a no poder sustraerse completamente del sistema comunal o
acceder a opciones alternativas de supervivencia. 21 Entre 1870-1930 nuestro sujeto siempre fue
libre para ir donde lo llamara la fortuna, mas nunca cautivo, como para sustraerse de lo que
tenía. Esto marca una diferencia con experiencias similares como la de las comunidades
indígenas bolivianas, las que en los mismos años nunca se vieron estimuladas ni constreñidas
por las actividades argentíferas, desde que iniciaron la introducción del capitalismo y los
22
procesos de proletarización.
Con esto no se pretende cerrar el debate. No se debe pensar que estos pequeños
agricultores/mineros vivieron en condiciones gratas, muy por el contrario. En la última etapa del
siglo XIX, estos agricultores/mineros tuvieron que soportar el colapso total de la economía del
cobre, que tenía como emporio a su localidad inmediata y que en la era del salitre eran
continuamente golpeados por las bajas y subidas de la producción salitrera, sobre todo desde
las combinaciones de productores que se verificaron en cinco oportunidades entre 1884 y
23
1906. En un momento, los agricultores/mineros fueron quedando sin ninguna actividad mineral
importante donde desenvolverse, para finalizar con la crisis de 1929 en donde el modelo de
crecimiento económico se agotó, lo que también afectó a este sujeto que vio cada vez más
pauperizada su situación. Esto hizo volver a quienes habían emigrado y aferrarse más a la tierra
a los que se quedaron.
La relación de estos sujetos con los otros grupos sociales no estaba ausente de conflicto.
Además, y de manera creciente, sus modos de vida se veían alterados por la modernidad. En
muchos casos los nuevos hacendados amedrentaban, expoliaban y corrían los cercos de sus
propiedades a expensas de las comunidades. Por ejemplo, cuando las haciendas necesitaban
aumentar su producción para satisfacer las demandas de las faenas mineras a mediados del
siglo XIX, el único camino que tenían era la expansión territorial de su predio a expensas de los
de las comunidades y de los campesinos. Es así como en los años de 1860 la comunidad
sucesorial de la zona de Hurtado -herederos de las tierras de Josefa Miranda- que poseía una
extensión de 30.224,9 entraron en conflicto con la hacienda de la familia Herrera. El jefe de los
habitantes de la comunidad, Francisco Javier Millas, nieto de Josefina Herrera, entabló un juicio
cuyo fallo le favoreció en 1861. Posteriormente, entre los caminos que llevaban de Ovalle a su
propiedad fue asesinado, según la tradición del lugar. En la misma localidad, pero ya en el siglo
XX no dejaban de sucederse los conflictos con la hacienda, los empleados de esta última
hacían habituales incursiones a las zonas productivas de la comunidad para llevarse la
producción. Todo esto terminó detonando un clima de violencia y enfrentamientos constantes
20
Gastón Castillo, “La Vuelta de los años. Reseña y perspectiva de las sobre las comunidades, el pastoreo
y la trashumancia en la región semiárida de Chile”, en Patrick Levinais y Ximena Aranda, Dinámicas de los
sistemas agrarios en Chile árido: Región de Coquimbo, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2003, 63-121.
21
Pinto y Ortega, op. cit., 50.
22
Gustavo Rodríguez Ostria, El Socavón y El Sindicato. Siglo XIX-XX, La Paz, ILDIS, s/f, 45 y 46.
23
Alejandro Soto, Influencia Británica en el Salitre. Origen, naturaleza y decadencias, Santiago de Chile,
USACH, 1998, 171. Según este autor a partir de 1919 se empezó a vivir la crisis definitiva de salitre. Esto
tiene correlación con el aumento de la población en el departamento de Ovalle evidenciada en el censo de
1930.
~ 98 ~
Espacio Regional
que terminó en 1905 con la muerte del hijo de Francisco Javier Millas en un asalto en los
caminos de la localidad. 24
En la población rural de la provincia de Coquimbo la presencia del inquilino es evidente, pero
no tiene un peso relativo equivalente al de otras zonas del país, como la central, tampoco jugó
el rol de ser el émbolo de la economía agraria local. Hay diversos matices entre los diversos
valles de los ríos Huasco, Limarí y Choapa en cuanto a la importancia de este tipo de mano de
obra.
Gráfico n.º 2
Fuente: elaboración propia a partir del censo de población de 1920 y los censos de agricultura de los años
respectivos.
En 1908 un suplemento del Ministerio de Industrias y Obras Públicas mostraba su
preocupación debido a que eran poquísimos los fundos que poseían inquilinos. Es más,
afirmaba que está institución era casi desconocida en la zona: “el trabajador de la zona anda de
25
fundo en fundo y en ninguno se arraiga”. La publicación instaba a los dueños de fundos de la
zona a que, aprovechando las condiciones de estreches del valle, hicieran un registro de todos
los trabajadores a través de una libreta donde se estipulara el comportamiento, los meritos y
causas del abandono de las labores. De esta manera se evitaría en parte la movilidad del
obrero agrícola de la zona.
Lo que sucedía en la zona era que los trabajadores tenían fuentes de ingresos mucho más
rentables que un salario. Con anterioridad a la crisis de 1929 entre esas fuentes se destacaban
los cueros de Chinchilla, de cabra y productos de origen vegetal como la algarrobilla. Esta
última es un arbusto de gran valor industrial, debido a que su fruto, por la alta cantidad de
taninos, era muy apetecido como ingrediente para la elaboración de tintes para la industrial
textil y como insumo para la industria de pieles, ya que acelera el proceso de los curtidos,
convirtiéndose en una fuente permanente de ingreso para los trabajadores rurales. Llegada la
época de recolección, gran parte de la población obrera iba hacia el interior de la zona de
Vallenar. El obrero tenía todas las facilidades para ir a recolectar. El agrónomo de la zona,
24
Andrés Pascal, Relaciones de Poder en un Localidad Rural (Estudio de Caso en el Valle Hurtado,
Coquimbo), Santiago de Chile, Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (ICIRA), 1971,
69 y 70.
25
Anales Agronómicos, año III, n.º 1, 1º trimestre, 1908, 20.
~ 99 ~
Dossier
Augusto Opazo, se sorprendía de esta situación atípica de la región, en contraste del panorama
agrícola de la zona central, en donde la institución del inquilinaje presentaba mayor cohesión y
subordinación con respecto al patrón y la hacienda. Opazo relataba que en muchas ocasiones,
cuando los trabajadores locales emprendían el viaje en la época de cosecha de la algarrobilla,
los encargados de las faenes productivas trataban de asegurar, por diversos medios, el
concurso de la mano de obra a la vuelta de los viajes. La siguiente cita nos ilustra aquella
situación:
“[el trabajador agrícola] al patrón que le sirve le anuncia el viaje i lo que más
pide es de cincuenta a cien pesos para provisiones de alimentos que el
patrón no trepida en dárselos, pues sabe que así al regreso tendrá al
trabajador, mientras si niega el préstamo, el vecino se lo facilitará i se
quedará con el operario”. 26
La aparición del Estado y los conflictos rurales en la provincia de Coquimbo
Según Cristóbal Kay, unos de los factores responsables de la baja tasa de crecimiento de la
agricultura chilena, antes de la década de 1930 fue la estructura de tenencia de la tierra,
particularmente el predominio del sistema de hacienda. Sostiene que es innegable que la
distribución de la tierra sea sumamente desigual. Una de las consecuencias fue la falta de
competencia en los mercados de la tierra y de capital, cuyo resultado era una distribución
ineficiente de los recursos. El minifundio tenía demasiada mano de obra, un restringido acceso
a la tierra y una casi nula capacidad de acudir al crédito. 27
Lo anterior se debía en parte, a la configuración del Estado liberal que provenía del siglo XIX, que
mediante su accionar ignoraba las demandas y problemas de los distintos ámbitos sociales,
porque su esencia se definía, en palabras de Ramón Barros Luco, de la siguiente manera: “En
28
Chile hay dos tipos de problemas; los que se solucionan solos y los que no tienen solución”.
Esta forma de Estado, al avanzar los primeros años del siglo XX, comenzó a ser criticado desde
su interior, críticas motivadas por el abandono en que se mantenía a diversos lugares del país,
como el caso de la provincia de Coquimbo. El diputado conservador Tomás Menchaca sostenía:
“Hay que dejar a un lado la antigua teoría del Estado-guardián, que sólo se limitaba y
preocupaba de cuidar de la vida de los habitantes y uno que otro derecho esencial. Es
necesario que nosotros tengamos en cuenta una concepción más moderna de las funciones del
Estado”.
“En nuestro país el individualismo ha tenido un gran auge y una parte
considerable de nuestros hombres de gobierno han estado empapados de
esta doctrina…, pero afortunadamente, en los últimos tiempos se nota una
reacción considerable, y se ve que el Estado interviene en forma efectiva en
29
los casos en que la industria privada ha reclamado su ayuda”.
Pero en las primeras décadas del siglo XX, se comienza a producir un cambio, como lo afirma
Carmagnani. Las capas medias tuvieron una gran expansión cuantitativa con un alto grado de
una conciencia nacionalista, que comienza a corroer lentamente las bases del estado liberal
oligárquico. Desde las capas media surgieron intelectuales que comienzan a criticar la forma
como se han llevado las cosas, empezando a impregnar al aparato estatal del nacionalismo
26
Ibid., 25.
Cristóbal Kay, “El desarrollo del capitalismo agrario y la formación de una burguesía agraria en Bolivia,
Perú y Chile”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 44, n.º 4, octubre-diciembre 1982, 1281-1322.
28
Citado en Brian Loveman, Chile, The Legacy of Hispanic Capitalism, New York, 2001, 163.
29
Cámara de Diputados, Sesión Ordinaria, n.º 29, 8 de agosto de 1918.
27
~ 100 ~
Espacio Regional
como ideología. Pronto se plasmó, imbuido de la fuerza de dos ideas claves, el desarrollo
industrial y la intervención estatal en el campo económico y social. 30
En el caso de Chile, estas demandas fueron propias de los sectores medios y se transformaron
en programa de gobierno con Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931), cuyo Ministro de
Hacienda, Pablo Ramírez, manifestó: “El Ministerio tiene el lema de su jefe: Afrontar los
31
problemas, no orillarlos; proceder con Justicia y sin contemplaciones”.
Es así como en esos años se comenzó la construcción de lo que fue denominado: “Chile
Nuevo” que daría al país una nueva organización social y dirección espiritual. En materia de
intervención del Estado, en la economía, según Bernedo, no existía un plan de desarrollo
económico nacional, pero sí había ciertos elementos. En este plano, el gobierno de Ibáñez creó
diversos aparatos del Estado que iban en solución de distintas problemáticas, en el ámbito
agrario, se crearon dos instituciones, la Caja de Crédito Agrario de 1926 y la Caja de
Colonización Agrícola en 1928.
La primera debía su creación a que al interior del gobierno se aseveraba que en el siglo XIX los
agricultores habían trabajado sin medios económicos, tecnológicos y con insumos vegetales o
animales de mala calidad. Se pensaba que para 1926, la agricultura requería de sumas
importante de dinero para modernizar sus operaciones. La antigua Caja de Crédito Hipotecario
estaba obsoleta, pues solamente daba préstamos por el valor del 40% de las propiedades
puesta en garantía; además, beneficiaba exclusivamente a los agricultores con títulos de
propiedad, dejando de lado a los arrendatarios y otro tipo de agricultores. Lo que se buscaba
era que el crédito se asignara a las personas, no a la propiedad, por lo que pensaban que la
economía agraria tomaría más dinamismo. Preferentemente, los préstamos serían en dinero en
efectivo para dar mayor beneficio a las personas que accedían a él.
Al pasar los años, el Estado comenzó a tomar más injerencia del control de la Caja de Crédito
Agrario y a dirigir su acción a los pequeños y medianos agricultores. Esto se vio motivado por
un estudio de la Sociedad Nacional de Agricultura de esos años que concluía que el territorio
agrícola del país estaba dividido en 94.690 propiedades, de las cuales 38.177 eran menores a
cinco hectáreas, que representaba el 40,32% del total de las propiedades. En cambio, los
grandes predios que se extendían de las 200 a 5000 hectáreas, representaban sólo el 9.6% del
32
total. Respecto a esta situación, la Comisión de Hacienda del Senado sostuvo: “Los datos
anteriores acusan la existencia de una población extraordinaria de pequeños propietarios que
representa un facto de indiscutible importancia en el orden social y que es preciso atender en
sus necesidades, las que sólo pueden conseguirse poniendo a su alcance un crédito fácil y
33
barato”. La labor de la Caja de Crédito Agrario no estuvo exenta de dificultades, pues a poco
andar no pudo dar cuenta del espíritu que se le quería imprimir de ayudar a los pequeños
propietarios y medianos, pues los problemas de liquidez y de garantía para la emisión de
préstamos se fueron agudizando por numerosas coyunturas críticas. 34
30
Marcello Carmagnani, Estado y Sociedad en América Latina, 1850-1930, Barcelona, Editorial Crítica,
1984, 215-216.
31
Patricio Bernedo, “Prosperidad económica Bajo Carlos Ibáñez del Campo”, en Historia, n.º 24, 1989, 5105, 15.
32
La SNA por esos años se encontraba muy preocupada por la mejora de la productividad de la agricultura
nacional en por esto que exigía dos medidas aumento de los crédito y que el rol del Estado fuera más
presente. Véase Cristian Medina y Cristina Garay, La Política de la Tierra. Jaime Larraín García Moreno.
1896-1975, Santiago de Chile, Ediciones Centro de Estudios Bicentenario, 2008, 125.
33
Cámara de Senadores, 28 Sesión Ordinaria, 25 de julio de 1927, 743, en Patricio Bernedo, Ibid., 65.
34
Ernest Feder y Oscar Uribe Villegas. "Feudalismo y Desarrollo Agrícola: El Papel del Crédito Controlado
en la Agricultura Chilena", en Revista Mexicana de Sociología, vol. 22, n.º 1 (Jan. - Apr., 1960), 39-65.
~ 101 ~
Dossier
Debido a las recurrentes sequías y problemas agrícolas, los agricultores de la provincia de
Coquimbo solicitaban recurrentemente prorrogas y congelamiento de los cobros de los
préstamos y debes. También se registran algunas solicitudes para ayudar a los dueños de
ganados menores, como el ovejuno y en especial el caprino, que en periodos de sequía sufría
mortandades bastante altas por la falta de talaje.
Dos años después de la creación de la Caja de Crédito Agrario hizo su aparición la por medio
de la Ley 4496 Caja de Colonización Agrícola. Esta nueva agencia estatal estuvo a cargo de
organizar y dirigir colonias destinadas a intensificar la producción, propender a la subdivisión de
35
la propiedad agrícola y fomentar la colonización de campesinos nacionales y extranjeros. Esta
institución era un anhelo de destacados intelectuales de la época, que veían en ella una suerte
de implementación de una reforma agraria. 36 Este es el caso de Leoncio Chaparro, que
sostenía que 599 propietarios de 12.943.733 hectáreas representaban el 55% de las tierras
agrícolas en 1932. 37 Es preciso destacar que lo anterior se daba en un clima intelectual, en que
se consideraba que la colonización agrícola era el elemento fundacional de una nueva forma de
vida, la que se expresaría en una reforma agraria. Alejandro Escobar sostenía que era una
vuelta del hombre a la tierra, en donde “el presidente revolucionario Ibáñez, estaba dando la
bases la constitución de un socialismo o una comunismo rural”. Aquí se produciría una nueva
forma de campesino, en donde los antiguos empleadores y obreros abandonarían la pluma y el
martillo por la pala y el azadón. En donde se dignificaría el trabajo de estos hombres por el
contacto con la tierra. 38
Parte de la dirigencia de la Sociedad Nacional de Agricultura, encarnada en la figura de Jaime
Larraín García-Moreno, aprobaba esta tentativa de Reforma Agraria, ya que tenía “una clara
finalidad social de consolidar una clase media campesina”. 39 Sin embargo, desde los sectores
tradicionales del agro era mal visto este proceso, ya que atentaría contra el “orden social”.
Francisco Encina, un claro representante de estos sectores, planteaba que “los factores de
fracaso que lleva consigo la colonización son la falta de laboriosidad y previsión de nuestro
40
pueblo. La más elemental prudencia aconseja no desorganizar la estructura agraria actual”.
Cuando inicia su incipiente labor la Caja de Colonización Agrícola, en la provincia de Coquimbo
existían 11.573 propiedades agrícolas, de las cuales el 76% u 8.306 eran de pequeñas
dimensiones y podían ser clasificadas como minifundio. El 4% de los propietarios de los
terrenos agrícolas concentraba el 98% de las tierras agrícolas y 80% de los terrenos regados.
El 96% de las propiedades tenían el acceso sólo al 2% de los terrenos agrícolas y al 10 de los
terrenos regados.
Sobre lo anterior, es complejo efectuar un balance con el objeto de constatar si realmente se
cumplieron los objetivos. Sí es plausible afirmar que, a fines de la década de 1920 y sobre todo
en el contexto de la crisis que se inició en 1929, el tema del acceso a la tierra adquirió mayor
vigencia. El mismo Alejandro Escobar señaló tres formas en que se expresó: 1) Una
desocupación obrera, la desorganización salitrera que dejó alrededor de 40.000 pampinos
35
Boletín del Departamento de Agricultura, año I, n.º 1, 2 y 3, ene-mar, 1929, 217.
Thomas C. Wright, en su Landowners and Reform in Chile, the Sociedad Nacional de Agricultura, 19191940. University of Illinois Press, 1982, capítulo IV, sugiere que sus acciones fueron el primer intento de
reforma agraria en el país.
37
Leoncio Chaparro, Colonización y Reforma Agraria, Santiago de Chile, Editorial Nacimiento, 1932, 10.
38
Alejandro Escobar, La cadena de oro de la esclavitud, Santiago de Chile, Imprenta República, 1932, 3.
39
Medina y Garay, op. cit., 89.
40
Elizabeth Reiman y Fernando Rivas, La Lucha por la Tierra, Nosotros los chilenos, Editorial Quimantú,
1972, 63. En sus treinta y cuatros años de funcionamiento la Caja creó 120 colonias compuesta por un total
de 4.779 pequeños predios: apenas el 2,5 por ciento de los predios existentes en el país.
36
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Espacio Regional
paralizados; 2) Escasez de circulante; y, 3) Las restricciones en el crédito, debido
principalmente a la falta de dinero. 41 En razón de esto, la vuelta a la tierra sería una gran forma
de paliar los efectos de la crisis.
Es por eso que la Caja de Colonización Agrícola estaba llamada a realizar una misión
importante. Esa agencia del Estado accedió de tres formas a los terrenos a colonizar: a) por
propuesta de remate; b) por compra directa; o, c) por expropiación. Generalmente la Caja
adquirió los predios colonizados. 42 Después de todo el proceso de compra de los terrenos, la
Caja recibía las postulaciones de los interesados, pasando el filtro de selección se les
comunicaba a los colonos elegidos las formas en las que iba a acceder a los predios y las
formas de pago que debían tener para ello. Una de las zonas en que la acción de la Caja fue
intensa es la del valle del Choapa. En una gira realizada en el año 1929, Juan Pablo Rojas,
Director de Departamento de Agricultura, sostuvo:
“llegué al valle de Choapa, que recorrí hasta el interior, hasta Salamanca.
Aquí tanto la población como las autoridades, están empeñadas en realizar
un proyecto de colonización agrícola. Este pueblo, como algunos de otros del
país, está rodeado de fundos que no se subdividen y que como consecuencia
del régimen extensivo en que se explota, no contribuye al abastecimiento de
43
la población.”
Ya a la fecha se habían realizado los estudios en la zona para establecer colonias agrícolas en
el Departamento de Illapel en algunos predios de la Junta de Beneficencia y en las tierras de la
hacienda que lleva el mismo nombre del pueblo y departamento.
En 1936 comenzaron los preparativos de implementación de la colonia en las tierras de la
Hacienda Illapel. En el boletín del Ministerio Agrícola, fueron publicados estudios que entregan
datos interesantes sobre el predio. La sección que se puso a la venta albergaba a un número
alrededor de 75 familias de inquilinos que explotaban la propiedad y que estaban destinados a
ser los beneficiarios de esta colonia. Además se pudo determinar que en la zona, durante por lo
menos 10 a 15 años se presentaban ciclos de lluvias irregulares, por lo cual en las conclusiones
se recomendó que las nueva posesión adoptara las formas de explotación y gestión de la
propiedad de las comunidades agrícolas de las zonas aledañas, ya que les permitiría tener una
propiedad individual legalizada. En segundo lugar, el régimen de explotación de las pequeñas
tierras regadas y los extensos predios de secano servirían a los nuevos parceleros para tener
una mejor explotación de los campos, acorde con las características de la zona. 44 Una
estadística interna de la lluvia caída desde 1913 a 1934 arrojó un total de 18 años secos.
Además, que tenían derechos de propiedad minera de los lavaderos de oro y yacimientos de
otros minerales que hacían que la colonia tuviera otras entradas económicas.
En el ámbito local y en especial en la zona de Illapel, hubo resistencia al proceso de
colonización agrícola, en especial de parte de la Junta de Beneficencia y Asistencia Social, que
no quería facilitar los terrenos, esgrimiendo como razón que, de producirse estos “atropellos”,
numerosas personas comenzarían a retractarse de sus intenciones de donar sus herencias de
41
Ibid.
Carlo Álvarez A., “El Problema Agrario en Chile”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 20, n.º 1 (Jan. Apr., 1958), 71-84.
43
Boletín del Departamento de Agricultura, año I, n.º 7, 8 y 9, 1929, 56-57.
44
Ibid., n.º 7, años V, enero a marzo, 1936, 105-109. Para ver más detalles de la tasación del predio ver el
boletín n.º 8.
42
~ 103 ~
Dossier
tierras agrícolas. 45 A la par, argumentaba que la zona de Choapa presentaba la particularidad
que los fundos a expropiarse tenían una explotación ganadera en conjunto, es decir, eran los
distintos pisos ecológicos de la trashumancia que se efectuaba a nivel local hasta la veranadas
en Argentina. Este era el caso de los fundos Tambo y Tahuinco en la zona costera, que se
combinaban con las posesiones cordilleranas de Tranquilla y Cuncumén. Las medidas que tomó
la Junta de Beneficencia fue rentar estos predios a hacendados locales, lo que sumado a la
competencia por los recursos que provocaban las sequías, fue derivando en continuos
enfrentamiento entre los habitantes rurales de la zona.
En la región de Coquimbo se establecieron alrededor de cinco colonias agrícolas: Siberia
(1934), Talhuén (1936), Chuchiñí (1936) y Salamanca (1936). A las anteriores hay que sumarle
la Colonia de Illapel. En el año 1950, en una evaluación de la explotación de las colonias, Juan
Ochoa aseveró que ella era bastante rudimentaria debido, según éste, a que los colonos, por
ser en su mayoría ex inquilinos o pequeños propietarios de la zona, habían seguido las mismas
formas y rubros de explotación que mantenían en el fundo: cereales, chacarería y crianza de
ganado, sin preocuparse de la calidad de las semillas, de fertilizantes y crianza de animales de
mala calidad en los terrenos regados y de valor, que antes mantenían en los campos de
secano. Además, en muchos casos adoptaban los mecanismos de sobrevivencia de la
comunidades agrícolas aledañas, como lo era a los ojos de Ochoa, que los herederos en la
sucesiones deseasen terrenos propios para cultivar. Esta subdivisión extensa provocó que las
parcelas se volvieran minifundios improductivos. Por último, en la Colonia Salamanca, que se
creó en el antiguo fundo Las Casas, con los habitantes de la zona, las uniones
extramatrimoniales no se legalizaban contribuyendo a mantener a la provincia de Coquimbo
46
como unas de las regiones con mayor porcentaje de hijos ilegítimos de la época.
En el año 1943 es una de la primeras oportunidades que detectamos una discusión pública
acerca de la organización interna de las comunidades agrícolas, la que fue llevada adelante por
el diputado comunista Justo Zamora Rivera, que permanentemente se preocupaba por el tema
de los campesinos, sobre todo de los pequeños. Zamora en esos años recorrió la zona de
Coquimbo en donde pudo observar el fuerte clima de incomodidad que se veían los pequeños
campesinos debido a los numerosos problemas que vivían por los títulos de dominio que no se
encontraban saneados. Debido a ello, los comuneros no podían acoger a las leyes que
47
fomentaban la creación de cooperativas de campesinos. Por ese entonces, la Comisión de
Agricultura y Colonización de la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley para la
que los campesinos pudieran inscribir individualmente sus propiedades, para que así pudiesen
optar a los beneficios que presentaban ciertas agencias del Estado a pequeños propietarios. 48
Esta problemática de los campesinos miembros de las comunidades agrícolas de la provincia
de Coquimbo, era una entre varias, ya que estaba presente también el fuerte fenómeno de la
sequía, que en esa década asoló a la región extendiéndose durante varios años. Otro de los
problemas que surgieron debido a la tensión por los escasos recursos naturales y la endeble
claridad jurídica de los títulos de dominios de las propiedades, fueron los hechos de violencia.
Es así que en ese mismo año ocurrió un hecho de sangre que fue destacado tanto en el
Congreso como en la prensa local. La comunidad de Chape y Chacay, que según los registros
tenían antecedentes jurídicos de dos siglos desde su constitución. Debido a la escasa claridad
45
Servicios de Beneficencia y Asistencia Social, El Problema de destinar a colonización agrícola los fundos
de la beneficencia. Puntos de vista sustentados sobre el particular por la junta central de beneficencia,
Santiago de Chile, 1933.
46
Juan Ochoa Romaní, El Problema Agrario en la Provincia de Coquimbo, La Serena, Editorial Britania,
1950.
47
Este fue el caso de la ley 6.382 sobre la creación de cooperativas de pequeños agricultores de 1939.
48
Cámara de Diputados, 3ª Sesión Ordinaria, 2 de junio de 1943, 724-726.
~ 104 ~
Espacio Regional
de ellos, muchos hacendados de la zona inscribían los territorios pertenecientes a los
comuneros y al reclamar las tierras y eventualmente expulsar a los campesinos, lo hacían en
forma violenta. En el caso mencionado, desde años se producía una disputa por los terrenos
que pertenecían a la comunidad Chape, denominada Estancia El Sauce. Los luctuosos sucesos
se originaron por una venta indebida del hacendado Rafael Valdivia que a su vez le vendió a
Jorge Chadwick. Este comenzó un litigio judicial en el que el 13 de septiembre, los comuneros
que pertenecían a la administración se presentaron a los tribunales. La ausencia de ellos de la
Estancia fue la oportunidad elegida por el hacendado local para mandar una tropa de
trabajadores comandada por Roberto Illanes, alias El Pepino, especialmente contratado para
desalojar a mujeres y niños que se encontraban solos con dos representantes de la
administración de la comunidad, Eugenio Yáñez y Francisco Valdivia. 49 Al presentar
resistencia, la cuadrilla mandatada por Chadwick abrió fuego contra los representantes de los
comuneros, dando muerte a Yáñez y Valdivia. Estos sólo pudieron repeler el ataque con piedras
y palos.
Las agresiones por parte del hacendado continuaron durante algunos meses, al parecer, ante la
mirada indiferente de las autoridades de orden y seguridad. Incluso el 30 de noviembre de ese
año Chadwick persistía en asediar a los comuneros de Chape y Chacay capturando sus
ganados y exigiéndoles el abandono de las tierras y la firma de contratos como inquilinos de no
50
querer abandonar las posesiones.
Cuatro años después de estos sucesos, en 1947, nuevamente se suscitó un enfrentamiento
entre algunas comunidades y hacendados locales, como en el caso de las comunidades de San
Julián y El Durazno, que estaban sufriendo la usurpación de sus tierras por el hacendado
Roberto Martínez. Para evitar esto, los comuneros echaron mano a la ley de colonización,
solicitando la expropiación de sus propios terrenos y a numerosas súplicas al Congreso
Nacional para evitar esta situación. 51 El diputado comunista Humberto Abarca reaccionaba con
estupor y reclamaba la pronta respuesta del ministro de Agricultura y Colonización.
En el antiguo departamento de Illapel, también se producía este clima de tensión. Ya desde los
tempranos años de la década de 1920 se registraban conflictos entre hacendados y
campesinos. Como fue el incidente de la Tranquilla en donde el campesino Fidel Araya fue
52
asesinado de una forma violenta.
Ramón Meneses, dirigente del sindicato único de trabajadores SUTE, en la década de 1970,
relató que se inició en la vida laboral como profesor en la zona de los valles de Huasco, Elqui y
Choapa. Allí se percató de la realidad de los campesinos desde fines de la década de 1940 y
principios de los años cincuenta. Ellos poseían pequeños predios de 12, 6 ó 4 hectáreas, que,
en numerosos casos, no les generaba producción e ingreso suficiente, por lo que debían
trabajar en los predios de los grandes propietarios de la zona en las labores de la limpieza de
tomates, cosecha de ají o aseo de los canales. Por esas tareas se les pagaba alrededor de 8
pesos diarios. Muchas veces se habían de acompañar de sus hijos para que los ayudaran a
realizar las mismas tareas, por esta labor los niños recibían alrededor de 4 pesos. La jornada
duraba de sol a sombra, en donde la gente estaba expuesta a calores intensos. En los meses
de junio y julio, cuando se podían dedicar a las labores de sus predios aparecían los agentes de
las casas comerciales para adquirirles las cosechas en verde a precios muy por debajo de los
49
Cámara de Diputados, 33 sesión ordinaria, 14 de julio de 1943, 1237-1238.
Aurora Campesina (Ovalle), 12 de diciembre de 1943.
Cámara de Diputados, Sesión 20ª Ordinaria, 22 de Julio de 1947.
52
Igor Goicovic, “Surco de sangre, semilla de redención. La revuelta campesina de La Tranquilla (1923)”, en
Valles. Revista de Estudios Regionales, n.º 3, Museo de La Ligua, La Ligua, 1997.
50
51
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Dossier
de las plazas urbanas. Pero en el afán de asegurar esa entrada los campesinos de estas zonas,
53
aceptaban eso montos.
El panorama de represión y de condiciones complejas de vida de los campesinos más pobres
continuó. Por ejemplo, en el año 1953 fueron expulsados de la hacienda Peralillo del área de
Choapa una cantidad no determinada de inquilinos que habían vivido allí entre 30 y 40 años por
la compañía “Cardones Hermanos” que era un nuevo arrendatario del predio. Esta situación
captó el interés de los parlamentarios de la zona. 54
Figura n.º 1. Concentración geográfica de las Comunidades agrícolas
Fuente: William W. Winnie, “Communal Land Tenure in Chile”, en Annals of the Association of American
Geographers, vol. 55, n.º 1, marzo 1965, 67 -86.
Lo que se estaba produciendo en esos valles, era el fenómeno, que descartó Kay para la zona
central del país, que es ciclo “represivo contra la fuerza de trabajo” que veía acentuado por los
problemas de la crisis de antiguo régimen, originada en las condiciones medioambientales
adversas de la provincia de Coquimbo, como era el caso de las recurrentes sequías. Lo
anterior, se imbricaba con el proceso, como lo sostiene el mismo autor, de tecnificación de
algunas tareas productivas que se registró entre 1930-1960 en que las haciendas, gracias a
esto, estaban transitando hacia la conversión en empresas capitalistas, donde los dueños de las
grandes propiedades se habían transformados en innovadores, debido a que en un breve lapso
de tiempo cambiaron las relaciones sociales de sus predios, por lo que la antigua mano de obra
53
54
Cecilia Urrutia, Niños de Chile, Santiago de Chile, Editorial Quimantú, 1972, 42.
Cámara de Diputados, 36ª Sesión Ordinaria, 5 de agosto de 1953, 1656.
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Espacio Regional
ya no era necesario y en algunos casos fueron expulsados de los predios agrícolas que
habitaban. 55
Enfrentado las Sequías. La política de construcción de embalses y sus resultados
La configuración de la fisonomía del medioambiente y de la expresión más inmediata, a los ojos
de las ciencias sociales, es el paisaje. Esto, debido a que acá se plasman las interacciones
entre el hombre, las prácticas de los proyectos políticas y culturales que se ven dinamizadas por
56
los requerimiento del sistema económico capitalistas. En la provincia de Coquimbo, desde la
década de 1920, el Estado desarrolló una política de construcción de embalses y tranques
creando una nueva imagen del entorno de la región. Las tierras productivas del valle de Limarí
correspondían al tipo de explotación extensiva y a la agricultura de secano que predominaba en
la zona. Sin embargo, a partir de 1927, el Estado se hizo eco de las peticiones de auxilio a la
zona y emprendió los estudios para la construcción de un embalse en el sector del pueblo de
Recoleta -en la quebrada de Higuerillas- donde la cuenca del río Hurtado, que es afluente del
Limarí, se estrecha, facilitando la construcción de la obra. La construcción comenzó en 1929, y
finalizó en 1934 con una capacidad de 100.000.000 de metros cúbicos y beneficiando a unas
57
17.000 hectáreas situadas al Norte del río Limarí. Este es uno de los embalses que en el
transcurso de la primera mitad del siglo XX se instalaron en la zona, pero -como lo demuestra
una intervención del diputado comunista Cipriano Pontigo en 1947- el carácter cíclico de las
sequías recurrentes que afectaban a la zona no se veían soslayadas por la construcción de los
embalses que existían hasta esa fecha debido a la magnitud de los problemas que las sequías
dejaban tras su paso.
Sin embargo, a los pocos años ya existían problemas. Ya en 1936 en la misma Cámara de
Diputados los representantes de la provincia promovieron una moción que deja en evidencia
las problemáticas de estás grandes obras:
“El tranque está terminado desde casi dos años no pudiéndose aprovechar
integralmente de sus beneficios, debido a que la red de canales de
distribución de las aguas, se encuentra inconclusa”. 58
El diputado radical Gabriel González Videla, hacía hincapié en que el Estado debía hacerse
cargo de la construcción de los canales de distribución. Un año más tarde las sequías en la
zona de Coquimbo nuevamente hacían estragos, lo que provocaba que se efectuaran
peticiones por parte de los diputados de la provincia al gobierno y sus agencias para recurrir a
medidas paliativas:
“el gobierno podría prestar ayuda a los transporte de animales facilitando,
algunas operaciones en forma adecuada que podría hacer la Caja de Crédito
Agrario, esta institución según lo informado en la prensa, así lo ha dicho el
gerente muy bien inspirada a la solución de este problema, y así se sabe que
se ha facilitado o se piensa facilitar a los agricultores de la zona central y sur,
los medios necesarios para que compren en la zona norte el ganado
necesario y traerlo en estas regiones. Pero a este respecto yo creo
conveniente observar que sería mucho mejor que fuera la propia caja agraria
55
Kay, op cit., 1302.
Jens Anderman, “Paisaje: Imagen, Entorno y Ensamble”, en revista Orbis Tertius, año XIII, n.º 14.
Ministerio de Fomento, El Embalse de Recoleta Departamento de Ovalle de la Provincia de Coquimbo,
1929-1934, Santiago de Chile, Dirección General de Obras Públicas, Departamento de Riego, 1934.
58
Cámara de Diputados, 19ª Sesión Ordinaria, 30 de junio de 1936, 1209.
56
57
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Dossier
la que adquiera directamente de los agricultores de la zona norte los animales
59
que ella los colocaras entres sus clientes de la zona central”.
Según González Videla, “desde hace mucho tiempo, esta provincia se viene viendo amenazada
periódicamente por estas sequías, que son verdaderamente catastróficas, en lo que se refiere
en la economía [regional]” “La Sequía afecta principalmente a la gente pobre, que vive alejada
de las ciudades y las que viven en las quebradas, a las cuales pueden llevar a la miseria más
absoluta”. 60
Dada la magnitud de los problemas de la agricultura de la provincia de Coquimbo, en la década
de 1930, las nuevas instituciones del Estado fueron objeto de numerosos cuestionamientos. De
tal manera, la Caja de Crédito Agrario, fue acusada de no dar facilidades para ir en ayuda de los
verdaderos afectados, como eran los pequeños campesinos. Por esta razón, se presentaron
numerosos proyectos de modificación de tanto de su estructura como de su misión. 61
Concluido el embalse Recoleta, se emprendió la realización de una segunda obra de similares
características en la zona de Cogotí. En el año 1938 se presentó al Congreso el proyecto de ley
para la construcción del embalse, que tendría una capacidad de 500 millones de metros
cúbicos, lo que daría una reserva de agua que podría hacer frente a las demandas regionales. 62
Para poder acceder a los beneficios, los propietarios de los predios debían adquirir para ellos
derechos de aguas. Para esto, debían ceder al fisco una superficie equivalente a la que
deseaban regar. Por ello, los antiguos dueños recibieron una indemnización no superior a los
100 pesos por hectárea. La idea era que el fisco entrara así en posesión de 20.000 ha de suelo
escogido, cuyo mayor valor, una vez regado, garantizaría recuperación la inversión que significó
63
el empréstito de 150.000.000 millones de pesos que contrató el fisco. Sin embargo, luego de
finalizada la construcción de los embalses, su puesta en uso presentaba problemas que hacían
que funcionaran a un tercio de su capacidad. Fue el caso denunciado en 1944 con relación al
embalse de Culimo, en el departamento de Illapel, en donde solamente se irrigaban 500
hectáreas en vez de las 1500 que estaban proyectadas originalmente, y una situación similar se
64
aplicaba a los embalses de Cogotí y Recoleta.
A pesar de la construcción de los tranques, los azotes de la sequías recurrentes no fueron
paliados por las obras de irrigación. En 1945 los embalses de la zona tenían un 10% de su
capacidad en vigencia y, además, a un persistían los problemas por la falta de canales de
distribución como acontecía con el de Recoleta 65 . Dicha sequía continuaba en el año 1947 e
incluso se profundizó, lo que concitaba aún más la atención de los diputados. El representante
regional Cipriano Pontigo, expuso en cifras los efectos:
“Tengo aquí una estadísticas de la Dirección General de Agricultura, en la
que se establece la magnitud de los efectos de la sequía. 4056 agricultores,
que con sus familias hacen 24578 personas han quedado damnificadas en la
provincia de Coquimbo.
59
Cámara de Diputados, 44ª Sesión Ordinaria, 18 de agosto de 1937, 2235.
62
Cámara de Diputados, 32ª Sesión Ordinaria, 18 de enero de 1938, 2235.
63
Idem
64
Cámara de Diputados, 20ª Sesión Ordinaria, 04 de julio de 1944, 794.
65
Cámara de Diputados, 67ª Sesión Ordinaria, 11 de septiembre de 1945, 2630-2631.
60
61
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Espacio Regional
Las pérdidas de animales en la provincia de Coquimbo son las siguientes:
hasta el 28 de mayo de 1946 habían muerto 8275 vacunos; 4444 caballares;
6623 porcinos; 35525 ovejunos; 188.349 cabríos”. 66
También la naturaleza, en la forma de la sequía, afectaba principalmente a los pequeños
agricultores y comuneros, pues los hacendados usaban tierras que ocupaban para otras
cosechas, como la cebada, maíz o trigo para la producción de pasto y salvaguardar la
existencia de alimento para sus ganados o por otro lado, presionaban por otros territorios para
su beneficio. Esto demuestra que no hubo una política, por lo menos hasta la segunda mitad de
la década de 1960, que incentivara un mejor uso del suelo.
La concentración del agua entre los regantes indica un grado de concentración mayor aún que
el reparto de la tierra, hay un desperdicio del recurso, y no existe relación entre el uso del agua
y la producción de alimentos deficitarios dentro de planes de fomento.
Al llegar a la década de 1960 aún no se construían los canales de distribución que las obras de
riego demandaban para beneficiar a una población mayor. Sin embargo, tal vez no era tan
necesaria, ya que el 3% de los regantes del embalse Recoleta poseían para el año 1967 el
50,6% de las acciones, (los usuarios del servicio de riego son los accionistas de las respectivas
asociaciones canalistas y comunidades regentes), y el 2,5% de los regantes del embalse
Cogotí, poseía el 41% de la misma. Los sistemas de canales y el mal uso de agua arrojaban
entonces pérdidas que se estiman en un 50% del agua en el primer caso, y del 30 al 50% en el
segundo. 67
A modo de conclusión
El breve y simplificado panorama de algunas de las cuestiones más relevantes de las
características de la zona agrícola de Coquimbo revela que se trató de un sector en donde se
verificaron problemas y tensiones de todo tipo que la autoridad trató de resolver con soluciones
que pueden ser consideradas como paliativos, tal cual lo señaló en 1969 la recientemente
creada Oficina nacional de Planificación (ODEPLAN). 68 Dichos problemas tuvieron una fuerte
repercusión sobre el nivel y los desplazamientos de la población de la provincia y motivaron una
creciente intervención del Estado la que, dadas sus características, no tuvo los resultados
esperados.
Finalmente, el análisis de los problemas generados por el régimen de lluvias de la zona
demuestra, por una parte, la amplitud de las demandas que la decadencia de la provincia
generó y cómo ellas fueron trasladadas al Estado. Pero, tal vez más importante, sobre todo
desde un punto de vista teórico, demuestra uno de los rasgos que explican de mejor manera el
origen y características de los problemas de la antigua provincia de Coquimbo. En efecto, como
a toda sociedad tradicional, la naturaleza puede aún ponerla en jaque, en este caso, a través de
las recurrentes sequías.
66
Departamento de Acción Social de la Universidad de Chile, Estudio descriptivo de quince comunidades
del Estero Punitaqui, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 1967, 2.
68
Presidencia de la República, Oficina de Planificación Nacional, Bases para el desarrollo de la Provincia de
Coquimbo, Santiago, ODEPLAN, 1969, 2 y 5.
67
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Espacio Regional
“NI PAN, NI TECHO, NI ABRIGO”: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL
PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN EL NORTE CHICO DURANTE EL
FRENTE POPULAR. LOS CASOS DE LA SERENA Y COQUIMBO 1
“NO BREAD, NO ROOF AND NO COAT”: AN HISTORICAL APPROXIMATION TO THE
HOUSING PROBLEM IN THE NORTE CHICO DURING THE POPULAR FRONT.
THE CASES OF LA SERENA AND COQUIMBO
María Belén Meza Báez 2
[email protected]
Santiago, Chile
RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo dar cuenta de las políticas de vivienda impulsadas por el
Frente Popular (1937–1949), primordialmente relativas a la institución a cargo del problema, la
Caja de la Habitación Popular, en lo que tradicionalmente se conoce como Norte Chico,
específicamente en la los espacios urbanos de Coquimbo y La Serena. Fue dentro de las
políticas públicas de vivienda, propias de los años cuarenta e integradas a un proyecto-país
más amplio, donde esta institución actuó en aras de otorgar una solución al latente conflicto de
la habitación popular, en un intento por dar respuesta a las múltiples voces que alertaban de
dicho problema. ¿Cómo se organizó, en consecuencia, la política social por parte del Estado?
¿Cómo se alineó con el discurso frente-populista del “pan, techo y abrigo”? ¿Cómo resolvió
finalmente el Frente Popular, las necesidades de habitación de la zona?
Palabras claves: vivienda, Frente Popular, políticas sociales
ABSTRACT
The goal of the present article is to explain the housing problem politics developed by the
Popular Front (1937-1949), mainly in relation with the institution in charge of this problem, the
Administration of Popular Housing, in what is traditionally known as Norte Chico (Small North),
specifically in the urban zones of Coquimbo and La Serena. It was within the housing problem
politics of the 40’s integrated in a wider country size project, that this institution worked in order
to give a solution to the old housing problem. ¿How was organized, in consequences, the State
social politics? How was it lined up to the Popular Front discourse speaking of “bread, roof and
shelter”? ¿How did, finally, the Popular Front resolve the needs of the housing of this zone?
Keywords: Housing, Popular Front, social politics
Artículo recibido el 31 de marzo de 2011; aceptado el 2 de junio de 2011.
Esta investigación preliminar se enmarca dentro del proyecto Fondecyt 1095107, “Contextos, actores y
espacios para una redefinición del Norte Chico. 1929–1975. Una propuesta de análisis regional” a cargo del
Profesor Luis Ortega Martínez. Agradezco las contribuciones del equipo investigador, especialmente a Enzo
Videla y al profesor Igor Goicovic, por facilitarme material atingente al tema.
2
Estudiante del Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile.
1
Dossier
Vol. 1, n.º 8, enero-junio 2011, María Belén Meza Báez
Introducción
Al estudiar el problema de la vivienda en perspectiva histórica, podemos visualizar tres grandes
ejes desde donde ha sido abordada esta problemática. En primer lugar, ha sido estudiada
desde una mirada que podríamos llamar como “tradicional”, en donde se enumeran
concretamente las políticas públicas adoptadas por diferentes gobiernos para resolver el
conflicto. En segundo lugar, la historia social la ha abordado desde la perspectiva de la
movimientalidad que han desarrollado los sujetos carentes de ella, contraponiéndose a las
acciones concretas que el Estado chileno, a través de sus políticas sociales, ha intentado
subsanar. Y, en tercer lugar, y desde una perspectiva multidisciplinaria, desde lo que se conoce
como los estudios urbanos (que arrancan desde lo histórico, pero también desde las ciencias
sociales en general, tal como la geografía, antropología, sociología, la arquitectura, el
urbanismo, etc.) en donde la dimensión físico-política y la permanente interacción y
movimientos entre los sujetos que habitan la ciudad se constituye por extensión, como foco de
estudio. Nuestra perspectiva, sin embargo, va ligada en poder dibujar una primera aproximación
a lo que fueron los intentos de política habitacional en los asentamientos urbanos del Norte
Chico, particularmente en Coquimbo y La Serena, y tratará, en primera instancia, poder integrar
estos tres enfoques que, sin duda, nos permite visualizar un panorama más completo del tema.
Para poder situar teóricamente este estudio preliminar, haremos referencia desde donde se
sitúa la acción técnica y política del Estado propiamente tal, caracterizada en lo que se conoció
como el “Estado de Bienestar”.
Consideraciones respecto a las políticas sociales del Estado: El Estado de Bienestar.
Perspectiva histórica
La necesidad de dar a la población un desahogo en el plano social, estaba latente en el país de
los años treinta. Las mutaciones que comienzan a sufrir las ciudades tras acoger a miles de
inmigrantes conllevó la preocupación de las dirigencias políticas y sociales. Habiendo superado,
en teoría, el tema de la denominada “cuestión social” en los albores del siglo XX, por lo menos
discursivamente, uno de los mecanismos de resolución a los persistentes problemas que
aquejaban a la población, que adoptó el Estado chileno con relación a las demandas de las
masas durante los gobiernos radicales, fue la de la inclusión dentro del sistema político,
absorbiendo con ello posibles desbordes sociales. Ya la preocupación no estaría imbuida por la
caridad de las cúpulas gobernantes ni eclesiásticas, sino por otorgar a estas, las mínimas
condiciones para su desenvolvimiento social.
La categorización de “Estado de Bienestar” es asertiva en cuanto al periodo de este estudio, ya
que se imbuye dentro de lo que fueron las políticas de índole social del Frente Popular. En ese
sentido, se puede caracterizar como:
“el desarrollo y sostenimiento de un sistema de régimen democrático, en el
que se generan ámbitos de articulación de intereses diversos accesibles a
una base social heterogénea y se organizan espacios de negociación y
resolución de conflictos, permitiendo así el sostenimiento de la estabilidad
política”. 3
Es de acuerdo a este dominio que se diseñan diligencias pertinentes a encontrar salidas que
sean concordantes a las problemáticas que la sociedad en cuestión pueda padecer. La
3
Alfonso Raposo, Estado, ethos social y política de vivienda. Arquitectura Habitacional pública e ideología
en el Chile republicano, Santiago de Chile, RIL Editores, 2008.
~ 114 ~
“Ni pan, ni techo, ni abrigo”
Espacio Regional
preocupación por lo social pasa a configurar la base de este sistema, lo conforma y lo
determina, siempre y cuando pueda brindar coberturas sociales al ciudadano en la medida que
este pase a formar parte de la institucionalidad. 4
El “Estado de Bienestar”, propio de los gobiernos populares, (y del Frente), a nuestro parecer
tuvo que ver con que la propensión a satisfacer a las masas respondió estructuralmente a
“lógicas de coyuntura” 5 que se aproximaban, en este caso, a lo político-discursivo. Vale decir,
que las políticas públicas, en relación con las peticiones, no estuvieron asociadas a una
planificación organizada referente a los temas en cuestión que fuera de larga data, sino que
estos problemas han sido arrastrados y acumulados, y “deben orientarse principalmente a la
contención de demandas mediante la mitigación de efectos”. 6 La “misión social del Estado” por
consiguiente, tuvo que ver con el desarrollo económico expansivo que fomentó el país durante
las primeras décadas del siglo XX y que estuvo determinado por las crisis de gobernabilidad
que provienen de la confrontación de intereses entre las esferas de lo político y lo económico. 7
Víctor Pelli plantea que la idea de la consigna redistributiva orienta predominantemente las
8
acciones hacia los sectores con mayores carencias. Es decir, que los beneficios que la
institucionalidad les puede brindar se hace en el margen de una “transferencia de bienes y
servicios” 9 que los individuos por su condición de pobreza no pueden alcanzar. Plantea que
estos últimos presentan dos tipologías de carencias: la “carencia del poder de gestión y
negociación”, como también la “falta de inserción social satisfactoria y equitativa”. La primera
tiene que ver con la “desvalorización de los individuos dentro del juego de transacciones de la
sociedad formal, en donde el rol de poder de gestión de estos los limita en la toma de
decisiones y los transforma en subordinados, receptores de beneficios con la forma de paquetes
cerrados de bienes y servicios”. Desde esta visión, estaríamos hablando de un sujeto pasivo y
negado en tanto organizador e interventor. En segundo lugar, la falta de inserción en el sistema
es condicionada en cuanto al aspecto físico y territorial. A razón de este sujeto, sería marginal,
excluido socialmente que carece de códigos de convivencia. Se asemeja consistentemente al
planteamiento de Gabriel Salazar respecto al desarrollo histórico del sujeto popular, que dentro
10
de esa lógica, estaría permanentemente disociado del aparato y el accionar estatal.
El Frente Popular, colmado de consignas relativas a atender necesidades de la población
(“Gobernar es educar”, “Pan, techo y abrigo”) queda intrínsecamente asociado al ideal del
Estado benefactor, ya que se configura discursivamente en torno a las carencias de sectores
sociales necesitados, y se asienta concreta y definidamente sobre la base de emanar
soluciones (político-sociales) que tengan relación con éstos. El radio que intentaron abarcar
estos lineamientos siempre fueron amplios, vale decir, que quisieron incluir al grueso de la
población, contendiendo y disintiendo en la práctica con el real “sentir social”.
Entre los años treinta y cuarenta, el fortalecimiento del proceso de industrialización en el país, la
creciente necesidad de importación de bienes alimentarios y los progresivos requerimientos del
4
Idem
Idem
6
Idem
7
Para una mayor profundización respecto al periodo de estudio, ver: Frente Popular en Chile. Su
configuración: 1935 – 1938, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2008.
8
Víctor Pelli, “La integración social como objetivo de las políticas habitacionales”, en Boletín del Instituto de
la Vivienda, n.º 31, Santago de Chile, 1997, 58.
9
Idem
10
Ver Capítulo III: “El Sujeto Popular”, en Gabriel Salazar et. al., Historia contemporánea de Chile: Actores,
Identidad y Movimiento, vol. 2, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 1999.
5
~ 115 ~
Dossier
sistema de previsión social, llevó a producir severos desequilibrios estructurales. Lo anterior,
según Raposo: “desencadenó un fuerte proceso inflacionario y significativas mermas del salario
real de los trabajadores (básicamente, a mediados de la década del cuarenta) lo que se tradujo
en nuevas movilizaciones reivindicativas […] el sector agrario sufrió una serie de problemas que
relacionan esta crisis con las migraciones que dinamizaron el aceleramiento de la urbanización,
derivándose de ello la aparición de demandas sociales que presionan por sobre la capacidad
económica del sistema urbano de satisfacerlas”. 11
En lo relativo al “asistencialismo” emanado del Estado, nos acercamos a la definición que hace
Pelli, por confluir en ella la idea tanto de la “acción” (políticas públicas asociadas al bienestar)
como también el rescate del “sujeto” (beneficiado, asistido, acogido). Adscribimos, por lo tanto,
a:
“que las políticas habitacionales con sus objetivos enfocados exclusivamente
en la solución de carencias de bienes y servicios tienen su raíz en la decisión,
por parte del sector que cuenta con acumulación y excedentes de recursos (a
saber, el Estado), de ceder una parte de estos recursos con destino a la
12
satisfacción de estos objetivos”.
En el Norte Chico, la particularidad del problema de la falta de habitación, estuvo caracterizado,
principalmente, por el estancamiento y modesto desempeño económico que sufre la zona en las
décadas del treinta y del cuarenta, que por extensión debilitó aún más la tentativa de solucionar
en un corto plazo la carestía de habitaciones y que conllevó a hacer más profunda la
provincialización y estancamiento de la región. Esto no es menor, si consideramos que el
abandono que sufre este lugar por parte del Estado en esta época, hace que, precisamente la
demanda por la vivienda no fuera cuantitativamente comparable con la realidad nacional (o con
la capital, Santiago), y que por extensión, las soluciones fueran mucho más retardadas en
tiempo y cobertura. Tuvo que ver, obviamente, con la densidad poblacional de la época y
también con los movimientos migratorios que en el Norte Chico se desarrollaron. Esto propició
una cierta autonomía en la labor constructiva de viviendas y, por ende, una búsqueda a la
solución del problema. Podríamos decir, entonces, que la precarización de la habitación propició
y forzó que los sujetos carentes de ella, buscaran por sus propios medios, una vía de escape
independiente, desregulada y alterna. Como ejemplo de esto, tenemos a los conventillos, los
ranchos, los arrendamientos a piso (como herencia del siglo XIX) y en menor medida, “las
callampas” como fenómeno del siglo XX. Sin embargo, y a pesar de que el sector se constituyó
como una zona de presión minoritaria, en tanto a la demanda de la “habitación barata”, de igual
forma y de manera precaria, el Estado a través de la Caja de Habitación Popular, institución
creada en 1936, intentó mitigar, tímidamente, la carestía habitacional.
Lo anterior, nos da luces de la tipología de habitantes que se albergaron en las ciudades
(Coquimbo y La Serena), que son foco de este estudio preliminar. Si bien es cierto que puede
que este tipo de “habitar” sea característico a nivel macro o nacional, en estas localidades las
dirigencias provinciales, comunales y los mismos pobladores se reconocieron como una
provincia “que es desconocida y atrasada para el resto del país”, tal como relata una editorial
del diario “El Obrero” de la ciudad de La Serena:
“…en nuestra ciudad, un grupo de entusiastas obreros han venido trabajando
por obtener que la Caja de Habitación Popular o el Seguro (obrero), inicien la
edificación obrera. Pero todo esfuerzo ha sido inútil. Parece que en las
11
12
Raposo, op. cit., 35.
Pelli, op. cit.
~ 116 ~
Espacio Regional
esferas gubernativas no conocen nuestra provincia o creen que no nos hace
falta casas donde vivir, porque no se concibe de otra manera que, mientras
en ciudades de mayor o menor número de habitantes se construyan
habitaciones para los trabajadores, aquí, nos mantenemos peor que en la
Colonia, habitando inmundos conventillos y cuartos que carecen en absoluto
de higiene y hasta de relativa comodidad en la cual hacen su entrada triunfal
los parásitos del tifus o la tuberculosis […] es importante que nuestros
gobernantes se preocupen de preferencia de tan importante problema, ya que
una vez solucionado, traerá como consecuencia, el levantamiento cultural de
las clases trabajadoras”. 13
El problema de la vivienda en La Serena y Coquimbo
La región de La Serena y Coquimbo, se fue transformando en las primeras décadas del siglo
XX, en el albergue de los primeros procesos migratorios después del boom salitrero en el norte
grande. Si bien es cierto que estos procesos no se dan directamente desde estos
asentamientos hacia las urbes, si las localidades intermedias se configuran como el primer
14
escenario a donde desembocan. Tal como Conning lo manifiesta en su exhaustivo estudio
respecto a la migración interna, se da un tipo de migración “escalonada”, intercalando los
espacios que acogen a estos migrantes. Había, en consecuencia, que solucionar la
sobrepoblación y el hacinamiento en que vivían los nuevos integrantes de las urbes, así como
también, solucionar los problemas a los que ya vivían allí y que estaban lidiando con la sordera
de las autoridades. El Frente Popular se configura como alianza político-electoral en el año
1936, año durante el cual se establecen comités provinciales y comunales para tender puentes
con las organizaciones de trabajadores de las distintas zonas del país. En la región, se
conocieron múltiples organizaciones como, por ejemplo, el Comité Pro población “IV
Centenario”, el de “Av. de Aguirre” de La Serena, el de la población “Juan Bohon” y”
Centenario”, en Coquimbo. Estas organizaciones tienen su punto cúlmine en la Convención
Obrera Zonal, en el año 1938, instancia sobre la cual se hace particular hincapié en las
peticiones de mejora en las condiciones de vida de los trabajadores sin vivienda (o sea, que se
regule el tema de los arrendamientos) así como también en el requerimiento de la construcción
y planificación de viviendas de calidad y que sean propiedad de los trabajadores. Esta
Convención sirvió para aglutinar una serie de requerimientos a las autoridades provinciales y
que resumen en:
“Estimamos que el problema de la habitación obrera debe considerarse por
zona, por cuanto el terreno no tiene el mismo valor adquisitivo en la zona norte
comparada con la zona central del país y la del sur; el material de construcción
de Concepción al sur, que son pueblos madereros tiene que ser mucho más
adquisitivo que en la zona norte, donde no existen bosques y las actividades y
formas de trabajo se diferencias mucho entre una y otra región […] Tal vez
para el centro del país como Santiago, por ejemplo puede ser más adaptable la
construcción colectiva pero localizando nuestro pensamiento a nuestras
necesidades consideramos que en La Serena o en Coquimbo no le es
conveniente ya que la edificación colectiva no es más que un conventillo
higienizado y que el obrero nunca tendrá dominio sobre él”. 15
13
El Obrero (La Serena), sábado 19 de enero de 1936.
Arthur M. Conning, Estimación de la migración interna neta, clasificada por edad y por sexo, en las
provincias y regiones en Chile durante los años 1930-1940, 1940-1952 y 1952-1960, Santiago de Chile,
CELADA, 1965.
15
El Obrero, op. cit.
14
~ 117 ~
Dossier
La idea del derecho de propiedad comienza poco a poco a vislumbrarse durante esta época.
Las políticas sociales de vivienda, acostumbradas a ser una respuesta de coyuntura más que
una propuesta planificada, estuvieron dirigidas en dos primeras décadas del siglo XX a legislar
en lo relativo a los arriendos y a la regulación de ranchos, no solucionando, por obviedad, la
matriz del conflicto. Fue por esto (tanto por la falta de higienización y por la escasez) que estas
crisis tuvieron su vía de escape en torno a los grados de movilización que tuvieron sus
moradores. Es por eso que principalmente los arrendatarios, habitantes de los conventillos, se
comienzan a congregar entre sí previo reconocimiento de las demandas en común que tenían.
La lucha por la vivienda se transformó a poco andar en una lucha de ideas, de concepciones de
mundo, y por ende, de convicciones políticas. En los años treinta, las movilizaciones, lograron
definir con precisión su identidad y su adversario, llegando a cuestionar la ineptitud de la clase
política referente al tema, aun cuando no lograron llegar al punto de objetar el sistema en
general. Aceptaron, por ende, la intromisión de agentes políticos, al no encontrar una respuesta
desde el gobierno en el ámbito resolutivo. Es importante recalcar, sin embargo, que durante
este periodo la movilización de arrendatarios y de pobladores no alcanza la magnitud que tuvo
en décadas posteriores, en donde las tomas de terreno se constituirían como una conducta
reivindicativa frente a la “inoperancia de los gobernadores”. Es importante recalcar esto, ya que
la mayoría de las fuentes consultadas atestiguan que las organización agrupadas en torno al
conflicto, buscaron un entendimiento con la autoridad, llegando inclusive a trabajar, de forma
intermitente, con el gobierno. Precisamente, en la zona de Coquimbo y La Serena, el punto
cúlmine fue la anteriormente mencionada Convención, que a su vez estuvo resguardada por un
órgano político ligado al Partido Comunista que se denominó como “Congreso Obrero
Regional”, organización que amplió hacia los sindicatos su radio de acción. Tanto la
Convención, como el Congreso Regional intentaron tender puentes hacia la administración
provincial y posteriormente, hacia la nacional. Fueron la instancia en donde, como ya
mencionamos con anterioridad, se determinaron cuales eran las reales necesidades del lugar:
“Alguien ha indicado que debería adquirirse la parte sur de Avenida de
Aguirre comprendida entre las calles Pedro Pablo Muñoz poniente, Juan de
Dios Pení al camino a Coquimbo. Nosotros consideramos que esto no es lo
más adecuado ya que nuestro pueblo no es industrial en el cual pueda
decirse que los obreros tengan trabajo permanente y por tiempo indefinido.
La mayoría de nuestra población obrera la forman carpinteros, albañiles,
estucadores que hay casos que pasan largos meses sin trabajos, careciendo
hasta de lo necesario para pagar el alquiler de la propiedad que habitan.
Exigimos […] debemos inculcar a nuestros habitantes el amor a la tierra que
es fecunda y generosa. Es por eso que la Liga de arrendatarios conformada
por gente de nuestra tierra pide que se expropien los terrenos comprendidos
en las calles Balmaceda, Amunátegui y la línea imaginaria de Ánima de Diego
hasta el camino a Coquimbo. Que al obrero se le entregue higiénica
habitación, con una pequeña parcela de terreno donde pueda dedicarse él o
su mujer e hijos al cultivo de legumbres o arboles, crianza de animales o
aves. De esta manera, junto con crearle a nuestra población el amor al
trabajo, el producto de estas pequeñas industrias se dedicaría, ya fuera para
satisfacer el canon de arrendamiento o a la cuota de adquisición, en caso de
16
ser aspirante a propietario”.
Si bien es cierto que el problema de la habitación era una de las principales preocupaciones
dentro de la incipiente configuración del entramado urbano, las vías de acceso, caminos,
acceso a sistemas de alcantarillados e higienización, también comenzaron a ser una
16
El Obrero (La Serena), 6 de septiembre 1938 “La vivienda popular barata”.
~ 118 ~
Espacio Regional
preocupación latente. Ya no sólo importaba dotar de viviendas, sino que debía asegurarse
-aunque fuera rudimentariamente– la planificación de las regiones y zonas en cuestión. Los
periódicos de la época sirven de plataforma para exponer los “peligros a los que se exponen las
personas, y que la autoridad no ha querido o podido reparar”, 17 por lo que la acción hacia una
posible solución de los problemas cotidianos de los habitantes de estas zonas, estuvo ligada
primariamente, a la gestión local del municipio y en muchos casos, a la propia resolución de los
afectados en cuestión:
“Están en pleno desarrollo los planes de pavimentación de la ciudad, los que
siguen extendiéndose hacia los barrios altos, con un verdadero abandono del
sector norte de la población que, junto con merecer igual consideración que
parte de las autoridades por su semejante condición de contribuyentes,
necesitan de salidas pavimentadas a fin de facilitar el tránsito que se ha
intensificado enormemente desde la iniciación de los trabajos y producción de
Juan Soldado […] Ojalá que la Autoridad Comunal entrara a considerar
debidamente estas circunstancias para dar preferencia, en un próximo plan
de pavimentación, a la de las calles del sector indicado de la ciudad, en
donde encontraría la mejor cooperación de los propietarios y habitantes.” 18
Fotografía n.º 1. Masiva recepción del Presidente Pedro Aguirre Cerda a la ciudad-puerto de
19
Coquimbo en 1940.
Existe, en este sentido, una cierta de disociación respecto a la construcción concreta de
viviendas en la zona y a la ejecución de las obras viales con las cuales debían ser
acompañadas. Los periódicos de la época, presentan un sinnúmero de este tipo de demandas,
y son los que servirán como plataforma de denuncia e incluso de petitoria hacia las autoridades
17
El Día, 2 de mayo de 1944.
Foto extraída desde Patricio Cerda, “El Ferrocarril Coquimbo - La Serena y la industria del cobre.1862 –
1895”, en Luis Ortega et. al, Sociedad y minería en el Norte Chico, 1840 -1930, Santiago de Chile,
Ediciones USACH- UAHC.
18
19
~ 119 ~
Dossier
comunales y provinciales. La falta de alumbrado eléctrico, 20 la racionalización y cobertura de
algunos servicios básicos que no llegan a algunos sectores de la ciudad, hizo que la
preocupación de los habitantes urbanos se tradujera en pequeños atisbos de organizatividad,
como mencionábamos con anterioridad. La prensa, en ese sentido, fue la plataforma de
denuncia que tuvieron los comités de la región, así como también las mismas autoridades para
tender puentes y responder a las solicitudes que se revelaban:
“Se consiguió la reparación inmediata de la Población Obrera "25 de
Octubre", como puede comprobarse por la llegada del arquitecto. La Caja de
Crédito Minero, a petición de la Comisión, dispuso la traída de todas las
herramientas y elementos de trabajo de sus Agencias y faenas paralizadas,
con el fin de facilitarlas a los obreros cesantes. […] En Sanidad y la Caja de
Seguro Obligatorio se encontró muy buena acogida y se les prometió
21
solucionar pronto los problemas presentados, Atte. El Intendente.”
En Coquimbo, la situación no era más favorable. El diario “El Progreso” de dicha ciudad,
también se configuró como plataforma para exponer las problemáticas asociadas a una débil
organización departamental y regional a nivel urbano. Una editorial del mencionado impreso
manifiesta el abandono de la región a mano de las autoridades tanto nacionales como locales,
tipificando al tipo de habitante que hay en la ciudad de la época, como el que “vive” en
conventillos, el arrendatario a piso, en que vive en ranchos, el inquilino, el cual por constituirse
identitariamente como tal, no ha podido superar tal condición, en tanto que los gobernantes no
han querido enmendar tal situación. 22 En una editorial del mismo:
“En el plano, no caben más de 4 calles longitudinales a lo largo de las cuales
se ha ido construyendo la ciudad. La edificación ha sido ligera y no se ha
hecho en conformidad a las disposiciones sanitarias requeridas. El grueso de
la población ha tenido que refugiarse en los cerros o en sus proximidades.
Aquí ya la población no sigue línea arquitectónica: vive en chozas y
habitaciones que no se conforman con la estética y el progreso que reclaman
los pueblos. Parecen grupos de indios que se hubieran aposentado en esos
lugares. Coquimbo presente al viajero que lo visita por primera vez un
aspecto muy desolador. Se piensa en esos momentos en si hubo o hay
autoridades que se hayan preocupado de velar por las poblaciones. Pero este
sería una impresión del conjunto a vuelo de pájaro. Autoridades han existido
y han estudiado muchos problemas; pero ya por una razón, ya por otra, pues
en esto ha intervenido desgraciadamente la política para organizar
técnicamente los servicios, los rumbos que se han iniciado para proseguir
tales o cuales proyectos que hubiesen sido beneficiosos para Coquimbo, han
23
quedado detenidos”.
La política de Estado
La Caja de Habitación, diseña en conjunto con el Colegio de Arquitectos de Chile, un Plan
Nacional de Viviendas que da a conocer en el año 1939, en cual se trazaron las directrices de
una propuesta de un diseño urbano para la mayoría de las ciudades del país. Este Plan, fue una
estrategia de mitigación por parte de los gobiernos frentepopulistas para atenuar en parte, la
20
El Día, 19 Junio 1944.
El Progreso, 27 de agosto 1940.
23
El Progreso, 16 de septiembre 1943.
21
22
~ 120 ~
Espacio Regional
carestía de habitación. El gremio de arquitectos, a través de los funcionarios colegiados que,
mayoritariamente eran radicales, trabajó en conjunto con los comités comunales de base del
Frente Popular. Esto permitió que originalmente, el Plan de viviendas estuviera diseñado tal
como un año antes se había acordado en la Convención Obrera zonal, es decir, una clara
delimitación y reconocimiento del tipo de arquitectura constructiva que cada zona del país
necesitase (clima, demografía, etc.). Sin embargo, el problema que presentó esta planificación
fue la nula preocupación por entrelazarlo con los planes reguladores de las ciudades así como
también que ya no se hizo hincapié en la construcción de una vivienda definitiva, sino que el eje
constructivo de las viviendas, sería solo de emergencia, ya que se consideraba que estas serían
“transitorias” y sería el puente hacia la vivienda definitiva. El Boletín del Colegio de arquitectos,
así lo atestigua en una editorial:
“Considero que deben hacerse dos tipos de construcciones: o de emergencia
y a la vez otro definitivo, como las que se han estado haciendo en la
actualidad. Mi opinión tiene su fundamento en que las construcciones de
emergencia son de muy poca duración, de manera que servirían solo en
parte para subsanar en parte el problema de la escasez de viviendas; eso
tiene que ser definitivo. Para Coquimbo, estas viviendas de emergencia
contemplarán lo que la ley 7.600 ordena, que es el fomento hacia los “huertos
obreros”, cuestión que permitirá que hombres y mujeres puedan extraer de la
tierra, su sustento cotidiano”. 24
24
Boletín del Colegio de Arquitectos, n.º 7, Santiago de Chile, agosto de 1945, 5.
~ 121 ~
Dossier
Tipología Habitación Popular Nacional, 1942.
~ 122 ~
Espacio Regional
Portada Boletín n.° 1 Sociedad Cooperativa de Huertos Obreros ‘José Maza’ Ltda.
Los Huertos Obreros: hacia una nueva solución
La idea de los Huertos Obreros, cobra vital importancia, si consideramos las condiciones
ambientales del norte tradicional chileno. La política de implementarlos dentro de cada una de las
habitaciones, propendió básicamente a poder estructurar un sistema de vida “sustentable” para
los habitantes y moradores de estas nuevas viviendas (debido, como ya hemos mencionado, al
estancamiento productivo que en la época presentaba la región). Tal como lo consigna la ley
1.936 25 que crea la Caja de la Habitación, recibían esa designación, “la vivienda popular que
tenga un terreno anexo adecuado a la explotación de una pequeña industria o cultivo y cuyo
rendimiento económico sea suficiente para cubrir los intereses de préstamo y para el sustento de
la familia […] se estableció, por la Sección Técnica Agrícola del Departamento de la Habitación
que la superficie adecuada debía ser de 5.000 m2”. 26
25
26
Decreto Ley 5.950.
Víctor Rabinovich, “El Huerto Obrero”, en Junta Central de la Habitación Popular. Conferencias y estudios.
~ 123 ~
Dossier
Dentro de los orígenes de la puesta en marcha de esta nueva solución a la falta de habitabilidad
en el norte tradicional, se remite a la Ley 5.950, que crea la Caja de la Habitación Popular, la cual
contiene la especificación del fomento a la construcción de los huertos, pero que tal como lo
explica el senador José Maza, “ésta se desentendió del problema”, ya que, básicamente, el
presupuesto era manejado a nivel nacional, pero que privilegió casi en su totalidad, a la capital
Santiago. Una de las modificaciones que se le hace a la mencionada ley, fue el de ampliar el
presupuesto con que contaba esta agencia del Estado, para poder realmente fomentar este tipo
de construcción. Con el fin de remediar el desconocimiento que la institución estaba haciendo de
la implementación de éstos, crea la Cooperativa de Huertos Obreros, encabezada por el
anteriormente mencionado Senador Maza. Éste, férreo defensor del proyecto y de las
modificaciones a la ley que fomenten este tipo de edificación, diseña y estructura el plan de
acción para financiar el proyecto. En primer lugar, la Caja de la Habitación, como agencia
nacional, es la que se encargará de “pedir empréstitos a la Caja de Ahorros y que ésta pueda
27
redescontar los documentos que correspondan a esta operación, en el Banco Central”, así
como también, incluía ampliar el Departamento Técnico de la Caja, distribuyéndolo
regionalmente, para dibujar los trazados en donde se implementarían estas edificaciones. El
discurso de la época, fuertemente amparado en la idea nacional del progreso, estuvo siempre
direccionado hacia poder materializar concretamente, soluciones a los problemas de vida de la
población obrera y trabajadora, apegado a la idea discursiva de lo que significaban los gobiernos
“populares” en la época. Emilio Zapata, miembro y encargado de la Cooperativa de Huertos
Obreros en sesión de la Cámara de Senadores, planteó:
“El Huerto Obrero tiene la virtud de resolver numerosos problemas que se
presentan a nuestro pueblo, y que constituyen algo así como un todo en el
conjunto de las reivindicaciones que reclama. El huerto obrero, dará casa
propia, higiénica y confortable al obrero y empleado, dará un huerto para
cultivar sus productos con que atenderá las necesidades de su familia, y
donde se podrá desarrollar alguna industria casera con la que incrementará
los medios económicos familiares para proporcionar vestuario y educación a
sus hijos […] Tendrá, también, otra virtud: hará que los chilenos aprendamos
a aprovechar la cantidad y calidad de los productos de nuestro suelo y por
consiguiente, nos enseñará a comer. Especial atención tendrá la crianza de
aves, cerdos, conejos y ciertas especies de cabras en el norte del país, que
darán espléndidos resultados en la producción de carnes y leche”. 28
Con posterioridad a esta normativa, y con el decreto 7.600 que modifica la ley original de la Caja
de la Habitación, en el año 1943, el huerto tenía que diferenciarse del “jardín”, ya que el primero
debía tener un cariz netamente económico “no recreacional”, ocupándose este exclusivamente
para el sustento cotidiano familiar. Una de las explicaciones para el fomento de este tipo de
habitabilidad estuvo asociada a lo que Raposo denomina como “una suerte de hermenéutica de
la responsabilidad social en el dominio público con respecto a los trabajadores, tanto en lo
concerniente a su bienestar y estabilidad como a su disponibilidad como fuerza de trabajo
29
socializada”. Claramente, el discurso de la época asociado a las características de los nuevos
gobiernos populares, debía estar emparentado, al menos en teoría, con las políticas sociales
públicas que se ejecutaban. Una explicación, para que, por ejemplo, en el norte tradicional
chileno se implementara esta forma de habitabilidad, era esencialmente práctica: las condiciones
Exposición de la habitación económica, Semana de la Habitación - noviembre y diciembre de 1936.
Santiago de Chile, Imprenta Gutemberg, 1937, 139.
27
Sociedad Cooperativa de Huertos Obreros “José Maza” Ltda., Los Huertos Obreros Chilenos, 1941, 14.
28
Ibid.
29
Raposo, op. cit., 79.
~ 124 ~
Espacio Regional
demográficas, geográficas y espaciales así lo permitían, tal como sucedió también en el sur del
país. Era improbable, dada la magnitud de las migraciones campo-ciudad, que por ejemplo, en
Santiago, se pudiesen implementar de forma regulada y sostenida. En esta medida,
consideramos que “hay cierta conciencia de que la familia obrera se encuentra desposeída de
medios de producción y una suerte de creencias en virtudes moralizadoras inherentes al arraigo
del sujeto con la madre tierra”. 30 Lo atestigua el diario El Día de la ciudad de La Serena:
“Hemos podido imponernos que han sido solucionadas las dificultades que se
habían presentado en un principio, para hacer realidad la idea de construir
una población campesina en La Pampa, a base de huertos obreros que se
instalarán en las chacras de propiedad de la Beneficencia. Los actuales
ocupantes de dichas tierras han aceptado entregarlas en abril próximo, una
vez terminadas las cosechas de los productos plantados o sembrados y como
hay la posibilidad de que se agregue a los terrenos iniciales la chacra del
Buen Pastor podrán instalarse ciento veinte huertos [sic]. Tendremos al
corriente a nuestros lectores sobre esta importante obra que se proyecta en
nuestra zona y que tan grandes beneficios ha de reportar a las clases
31
modestas.”
Si bien es cierto que la región del Norte Chico estuvo caracterizada particularmente por el
estancamiento económico, la realidad del problema de la vivienda en la zona se asemejó
consistentemente al déficit habitacional del resto del país, aún cuando el crecimiento
demográfico quedó estancado y en paulatina disminución. A tres años de gobierno, persistía el
déficit habitacional (35.000 viviendas) en la zona, no pudiéndose dar cobertura a la triada que
alzó a la coalición frentepopulista; el gremio de arquitectos, sin embargo, no coadyuvo
mayormente a solventar y construir de manera concreta, remitiéndose básicamente a ser meros
expositores acerca del problema, no logrando inmiscuirse de forma más profunda en la labor
práctica y concreta referente al conflicto. Dado el contexto político, establecían que las precarias
formas de vida de la población en general, atentaban contra la raza, la patria y el porvenir. 32 Es
interesante rescatar este punto, ya que estos conceptos soportan ideas que configuran el
escenario político de la época, destacando la idea de “nación” como contención de las políticas
de índole social. El “porvenir de la raza” va entrelazado con las mejoras que se llevaron a cabo,
ya que existe la idea de que el “pueblo” (como sector trabajador y asalariado) sustenta la suerte
del país:
“Si queremos tener una raza fuerte y trabajadora, que prometa para el futuro,
miremos hacia abajo, bien hacia abajo, ayudemos a nuestros obreros,
démosle salud, higiene y bienestar, desde sus primeros pasos, y esto se
consigue ofreciéndole una casa; una casa que reúna todas las condiciones
que la vida reclama y que pueda ser adquirida, con un arriendo mensual al
33
alcance de todos los salarios.
Los arquitectos asociados veían la carestía de habitación como “el problema capital que encara
nuestra nacionalidad […] por cuanto todos los hechos y realidades de nuestra vida colectiva, de
sociedad que se precia de organizada y culta, giran o están influenciadas por la vivienda”. 34 Ya
30
Rabinovich, op. cit.
El Día, 27 de septiembre 1947.
32
“La Habitación barata” en Urbanismo y Arquitectura. Revista de la Asociación de Arquitectos de Chile. n.º
II, febrero de 1946.
33
Idem. El subrayado es de la autora.
34
Boletín del Colegio de Arquitectos, n.º 10 de julio de 1946.
31
~ 125 ~
Dossier
habiendo pasado 10 años de la creación de la Caja de la Habitación, en 1946, las soluciones al
conflicto no pasaron de ser mínimas, ya que el petitorio y el discurso no habían variado:
“El gobierno popular prometió pan, techo y abrigo al pueblo. La carestía
creciente de la vida ha hecho más difícil preocuparse del pan. La
desconfianza y la amenaza de leyes contra la propiedad impiden construir
casas. El valor de los arriendos, que es lo único que nos queda para habitar,
ha subido un 30% y faltan. Las familias en las grandes ciudades se acumulan
en piezas. El balance, señores, indica un negocio en ruinas”. 35
Fuente: Portada Revista “Urbanismo y Arquitectura”. Órgano oficial de Asociación de Arquitectos de Chile,
1939. La idea de la “cruzada por la salvación nacional y de la raza, estuvo direccionada también en la
puesta en marcha hacia la concreción de las politicas sociales de la época.
35
El Obrero (La Serena), 13 de junio de 1946.
~ 126 ~
Espacio Regional
Conclusiones
Una de las particularidades que alzó a la coalición frentepopulista al gobierno, fue su promesa
de sustentar el “pan, techo y abrigo”. El ímpetu hacia la resolución de problemas se vio
entrampado por un sinnúmero de problemas de índole político, inclusive dentro de la misma
facción, cuestión que frenó en varias ocasiones, la pronta solución a los conflictos que
presentaba la población de la época. Consideramos, sin embargo, que la creación de
expectativas, primeramente, estuvo direccionada desde las cúpulas gobernantes netamente
desde el discurso, no ampliándolo ni materializándolo en la satisfacción de las demandas
expuestas en la época. Si bien el Estado nacional comenzó a hacerse presente desde la
década del treinta con mayor fuerza que en las postrimerías del siglo XX, esto no alcanzó para
retribuir con la concreción de las promesas hechas por los gobiernos de turno a la población, ya
que aportó, inclusive, con provincializar aún más la zona, entrampando burocráticamente,
muchos de los proyectos que se ejecutarían en la región. La prensa en ese sentido, aportó a
constituirse como uno de los portavoces de las demandas de los sectores populares carentes
de vivienda, exponiendo las miserables formas de vida que llevaban éstos. La concreción de
proyectos habitacionales en la época fue insuficiente para el grueso de los habitantes y de los
migrantes que llegaban a la zona, constituyéndose de forma exigua para la región.
~ 127 ~
Dossier
Bibliografía
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Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, 1943 -1947.
Sociedad Cooperativa de Huertos Obreros ‘José Maza’ Ltda. Los Huertos Obreros Chilenos, 1941.
~ 128 ~
Espacio Regional
MIGRANTES EN EL NORTE TRADICIONAL O CHICO:
EL CASO DE LA PROVINCIA DE COQUIMBO, 1921-1971 1
MIGRANTS IN THE TRADITIONAL OR NORTE CHICO:
THE CASE OF THE COQUIMBO PROVINCE, 1921-1971
[email protected]
Santiago, Chile
RESUMEN
A lo largo del período 1921-1971 el Norte Tradicional (Chico) enfrentó los avatares de
complejidades producto del deterioro de sus actividades económicas tradicionales (agricultura,
ganadería y minería) y desastres naturales entre los que cabe destacar los terremotos y
tsunamis (1922, por ejemplo), periódicos ciclos de sequía y la degradación de los suelos como
resultado de las características. Coquimbo en sus problemas combinó entonces rasgos de
economía moderna o capitalista y de sociedad tradicional o pre-capitalista. Como consecuencia
de lo anterior, la región experimentó cambios en sus movimientos poblacionales propios de una
zona marcada por la decadencia secular y por los ajustes sociales necesarios para enfrentar los
desafíos de la sobrevivencia, el desarrollo personal y colectivo, así como de una modernización
incompleta.
Palabras claves: migración, economía, población, región
ABSTRACT
All along the mid-century Chile’s Norte Chico (or Traditional North) was besieged by manifold
problems derived from the decadence of its traditional economic activities (agriculture, cattleraising and mining), natural disasters such as earthquakes and tsunamis (1922 is but just one
example) or periodic periods of drought and the degrading of soils due to extensive cultivation of
wheat and cattle raising. Thus Coquimbo in its quagmires combined features of modern or
market economy and traditional or pre-capitalist society. From a demographic point of view, the
outcome of such processes were important changes in population movements characteristic of
societies undergoing a process of secular decadence and the social adjustments required to
confront the challenges of survival, personal and collective development and incomplete
modernization.
Key words: migration, economy, population, region
Artículo recibido el 31 de marzo de 2011; aceptado el 6 de junio de 2011.
Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Este artículo es un producto del
proyecto FONDECYT 1095107.
1
Dossier
Vol. 1, n.º 8, enero-junio 2011, Luis Ortega Martínez
Introducción
La década de 1920 marcó el momento más complejo en el largo proceso de decadencia de la
región conocida como “Norte Chico” o “Norte Tradicional”. Los problemas que desde los años
1870 aquejaban a una de sus principales actividades económicas, la minería del cobre, llegaron
a su máxima expresión en medio de la inestabilidad que siguió al término de la Primera Guerra
Mundial, contexto en el cual la demanda por el metal experimentó una fuerte contracción, y su
precio una aguda tendencia a la baja. Tal cual lo señaló una revista especializada en asuntos de
ingeniería y mineros, “comparado con otros bienes primarios, el metal está constantemente
bajando de precio, gracias a los triunfos de los ingenieros de minas y metalúrgicos” y concluía
2
preguntándose si era plausible pensar en la libra de cobre a 10 centavos en el futuro. En 1922
un terremoto y posterior tsunami destruyeron instalaciones mineras y metalúrgicas en la
provincia de Atacama y en el norte de la de Coquimbo, lo cual asestó un golpe devastador a la
actividad que, en todo caso, ya mostraba serios problemas productivos los que, además,
adquirían complejas dimensiones sociales. En efecto, cuando en 1920, y dadas las difíciles
condiciones del mercado, la American Smelting and Refining Company cerró la fundición en
Caldera, se produjo “la inmediata disminución de los establecimientos mineros de la región, de
3
la actividad comercial y de la población” y el pueblo comenzó a morir lentamente.
En 1926, cuando la Cámara de Diputados discutía el proyecto de ley que creaba la Caja de
Crédito Minero (CACREMI), el estado de la minería motivó numerosas intervenciones que
dieron cuenta de su desmedrada condición. Un buen resumen fue hecho por el diputado por
Coquimbo Eliseo Peña Villalón, quien sostuvo que: “...la minería de las provincias del Norte,
especialmente de Coquimbo y Atacama, se encuentra en plena decadencia…”; lo que atribuyó
“por una parte, a la falta de capitales y, por otro lado, a que los depósitos mineros de alta ley ya
no existen… Las altas leyes que hicieron la riqueza fabulosa de los minerales de Caracoles,
4
Chañarcillo, La Higuera y Tamaya”, pertenecieran ya a la historia.
El “crack” de 1929 creó una situación aún más compleja tanto desde el punto de vista social
como productivo, pues a la masa de desempleados de la región se agregó un número
indeterminado, pero importante, de migrantes quienes -por iniciativa propia o transportados por
el gobierno- provenían del extremo norte del país, de las “oficinas” salitreras que una a una
cerraban sus puertas. Superados los rigores de comienzos de la década de 1930, los sectores
productivos tradicionales languidecieron mientras se desarrolló la “gran minería” del cobre y del
2
Engineering and Mining Journal , 16 de mayo de 1925; precios en New York. Ello implicaba que el precio
retornaba al nivel de 1895 cuando alcanzó los 10,76 centavos de dólar por libra; en 1913 el precio
promedio fue de 15,26 centavos y llegó a un máximo de 27,20 en 1916. En 1920 el precio promedio fue de
17,46 centavos; datos de Engineering and Mining Journal, 12 febrero de 1921.
3
Publicación extraordinaria El Atacama de 1930; citada por Leland R. Pederson, La industria minera del
Norte Chico. Chile, Santiago de Chile, RIL Editores, 2008, 25. El comentario acerca de la disminución de
población está refrendado por el resultado del Censo de aquél año que arrojó una población de 1.546
personas para la comuna; en 1920 el registro fue de 2.454 mientras que en 1907 alcanzó a 2.778. Datos de
Dirección General de Estadística, Resultados del X Censo de Población de 1930, Santiago de Chile,
Universo, 1931, 48.
4
Cámara de Diputados (CD); Sesión Extraordinaria (SE) del 1 de diciembre de 1926. Eliseo Peña Villalón
nació en Ovalle en 1869; estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y en 1895 recibió el
título de Profesor de Estado en Historia y Geografía. Fue fundador y presidente de la Asociación Provincial
de Educación de Coquimbo, profesor, vicerrector y rector del Liceo de La Serena. Accionista y director de
varias compañías mineras. Diputado durante el período 1926-1930 y miembro de la Junta de Gobierno de la
República Socialista hasta el 8 de julio de 1932, en la que sirvió en calidad de Ministro del Interior y luego de
Tierras y Colonización. Datos en Armando de Ramón, Biografías de chilenos 1876-1975, 4 vols., Santiago
de Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2003, vol. III, 232.
~ 130 ~
Migrantes en el Norte Tradicional o Chico
Espacio Regional
hierro, actividades que no tuvieron mayor impacto en la región. A lo largo de tres décadas, el
“Norte Tradicional” vivió enfrentado a problemas tan diversos como complejos: desempleo,
emigración y migraciones internas, atraso productivo y sequía. La respuesta local fue débil, y si
bien el Estado desarrolló algunos importantes proyectos de infraestructura (especialmente
embalses y obras de riego), los esfuerzos desplegados no fueron suficientes para frenar la
decadencia, en particular la de la provincia de Coquimbo. A fines de la década de 1960, los
diagnósticos fueron explícitos acerca de la extensión y profundidad de los problemas; en 1967
la senadora por Atacama y Coquimbo, Julieta Campusano Chávez, manifestó que:
“…la población de esas provincias vive acosada, angustiada, desde hace
años, por problemas muy graves, que apenas le permiten sobrevivir, sin que
se vislumbre una solución de fondo, un cambio efectivo, de proporciones, que
signifique revitalizar una región que viene sufriendo agonía lenta desde
1931”. 5
Dos años más tarde, el nuevo ente planificador del gobierno, la Oficina Nacional de
Planificación (ODEPLAN) elaboró un descarnado diagnóstico acerca del estado de la provincia
de Coquimbo el que concluyó que “la magnitud de los problemas no permite plantear soluciones
realistas de corto plazo” dado que “la experiencia histórica obliga a concluir que el patrón de
desarrollo tradicional no [puede] ser mantenido…” y que “…un nuevo patrón de desarrollo [era]
6
imprescindible”.
¿Cuál era el estado de la provincia de Coquimbo a fines de la década de 1960? Tenía para
entonces una economía cuya ocupación era fundamentalmente agraria, basada en tierras de
muy baja seguridad de riego en los valles y en cierto grado en las áreas de secano. Existía una
actividad relativamente importante en la minería del hiero y del cobre, en tanto que la industria
fabril era incipiente y no tenía mayor significación en el empleo. Como consecuencia de lo
anterior, las características esenciales de la economía provincial eran: a) baja productividad y
niveles de vida absolutamente insatisfactorios; b) inestabilidad económica originada por las
características de la minería y de la agricultura; c) deterioro secular de los recursos agrícolas; d)
fuertes migraciones internas y emigraciones hacia otras áreas del país; e) existencia de una
gran masa de población -comuneros, pequeños propietarios y pirquineros, entre otrosmarginados económica y socialmente, “con niveles de vida ente los más bajos del país” y,
finalmente, f) existencia de un sector de servicios muy crecido y dependiente de los sectores
7
primarios.
Ese escenario era el resultado de un proceso histórico de larga data que, desde el punto de
vista de los procesos de desplazamiento de la población experimentó importantes
modificaciones desde la década de 1920. A partir de la década de 1870, y hasta la Primera
Guerra Mundial, tal desplazamiento reconoció un fuerte flujo circular hacia y desde el Norte
Grande; en cambio, a contar de la década de 1920, las provincias de Atacama y Coquimbo se
convirtieron en receptoras netas de población y experimentaron intensos desplazamientos y
reordenamientos internos. En cuanto a los desplazamientos hacia el norte y la zona central,
8
estos continuaron, aunque a escala más reducida.
5
Senado; Sesión Ordinaria 34ª, 23 de agosto de 1967.
Presidencia de la República, Oficina de Planificación Nacional, Bases para el desarrollo de la Provincia de
Coquimbo, Santiago de Chile, ODEPLAN, 1969, 2 y 5.
7
Ibid., Introducción, 1.
8
Para el caso de las migraciones a Chuquicamata, Jurgen Bahr, “Agriculture, Copper Mining, and Migration
in the Andean Cordillera of Northern Chile”, en Mountain Research and Development, vol. 5, n.º 3, 1985,
279-290.
6
~ 131 ~
Dossier
El impacto de la crisis del “cobre” en Atacama y Coquimbo
La crisis a la cual hizo referencia ODEPLAN en 1969 fue secular y alcanzó su máxima
profundidad e intensidad en el contexto de la Primera Guerra Mundial y los diez años de
inestabilidad que le siguieron. Desde mediados de la década de 1870 la minería del cobre
chilena enfrentó una compleja situación en el mercado internacional originada en un fuerte
aumento de la oferta a raíz de cambios trascendentales en la explotación, y en una consiguiente
baja en el precio que se prolongó por un cuarto de siglo. Enfrentada tanto a problemas propios
como a aquellos que provenían de la coyuntura internacional, la minería chilena no estuvo en
condiciones de superarlos dadas las características de la matriz histórica sobre la que fue
construida. 9 Es por ello que a partir de la década de 1880, y hasta el comienzo de la Primera
Guerra Mundial, vivió el estancamiento y luego la decadencia, fenómenos que generaron un
conjunto de cambios y situaciones sociales negativas en las otrora prósperas y pujantes
provincias de Atacama y Coquimbo.
Terminado el ciclo del cobre a mediados de la década de 1880, la agricultura y la ganadería
reorientaron sus ventas y comenzaron a depender fuertemente del mercado de las salitreras
para colocar sus granos, forrajes, animales en pie y subproductos de la ganadería. La minería
regional experimentó un fuerte deterioro, el que en el caso del cobre se tradujo en una
reducción de la producción a un promedio anual de 22.000 toneladas métricas en el quinquenio
1895-1899, lo cual representaba tan sólo el 42% del promedio para el período 1870-1874, el
mejor de la actividad en su etapa de auge. La guerra en Europa empeoró la condición de la
minería y durante su desarrollo, como resultado de la fuerte alteración de los mercados y la
reducción de la oferta de fletes, la extracción de minerales experimentó una nueva baja que
llevó a un virtual colapso a partir de 1917.
Desde entonces el panorama regional se tornó angustiante, pues, como afirmó el diputado Peña
Villalón: “los minerales de Tamaya, Carrizal, La Higuera, que fueron de los más fuertes
10
productores, están hoy día paralizados con sus minas inundadas”. Igual destino enfrentaban
centenares de medianos y pequeños yacimientos. La crisis de la minería, en particular la del
cobre, arrastró a la otrora emprendedora y próspera región a una compleja involución social y
económica.
9
“Del auge a la crisis y la decadencia. La minería del cobre en el Norte Chico 1850-1930”, en Luis Ortega, Milton
Godoy y Hernán Venegas, Minería y sociedad en el Norte Chico, 1840-1930, Santiago de Chile, Academia de
Humanismo Cristiano / Universidad de Santiago de Chile, 2009.
10
Como nota 3. A pesar de que la afirmación es de 1926, me parece una buena síntesis acerca de un
proceso de larga data.
~ 132 ~
Espacio Regional
Gráfico n.º 1
Ya hacia el fin de 1917, el diario La Nación informaba que las noticias se recibían en Santiago
acerca del estado de la minería tradicional eran “desoladoras”. Una combinación de factores
parecía “haberse conjurado para arruinar sus expectativas”: la baja del precio, el alza del valor
de la moneda, de los fletes, la escasez de carbón y coke y “los reducidos precios que pagan por
los metales los establecimientos de fundición que les imponen la ley [de los minerales] a su
11
antojo”.
Junto a las extremas condiciones generadas por el conflicto mundial, 12 los problemas que
venían enfrentando por cuatro décadas los pequeños y medianos mineros llegaron a un estado
que puede ser considerado el punto de colapso final. De acuerdo con el ya citado reportaje de
La Nación:
“Como no hay defensa contra las pésimas condiciones en que se desarrolla
la industria del pequeño minero, ni contra las imposiciones de los
compradores de metal, y como casi nadie exporta minerales en bruto, a no
ser de muy subida ley, ha ocurrido, y sigue ocurriendo, que la mayoría de
esos explotadores de mina se han arruinado, han perdido hasta el último
centavo y junto con ver disipado el fruto de sus sacrificios de muchos años,
han abandonado sus labores para ir a buscar en otras provincias una
13
ocupación más remunerativa, o que les permita seguir viviendo al día”.
11
Citado por el diputado Eleazar Lezaeta, CD, SE, 19ª, 3 de diciembre de 1917. Lezaeta era miembro del
Partido Conservador e Ingeniero Civil con especialidad en hidráulica. Estuvo involucrado en numerosas
iniciativas –públicas y privadas- relacionadas con la minería. Datos en De Ramón, vol. III, 232.
12
Para un análisis de su impacto, Bill Albert, South America and the First World War. The Impact of the War
on Brazil, Argentina, Perú and Chile, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, capítulos I, II y III.
13
Como nota 5. Respecto al rol de los fundidores Joanne Fox-Przeworski, “Mines and Smelters: the Role of
~ 133 ~
Dossier
Al parecer, la minería del cobre de Atacama y Coquimbo había llegado a un callejón sin salida
pues al final de la Gran Guerra se afirmó que:
“…se trabajan muy pocas minas, sólo las que contienen minerales de alta ley
y que pueden luchar contra el alza del cambio y con las reducciones y
castigos que hacen en los precios las firmas compradoras de minerales. Los
propietarios de estas minas, para poder vender sus minerales tienen que
mandarlos a considerable distancia, a 200 o 300 kilómetros, de los lugares
que explotan sus minas, porque… gran parte de las fundiciones se han visto
obligadas a paralizar sus faenas, dando como motivo la falta absoluta de
coke para el trabajo”.
Llegó entonces el momento, “en presencia de la grave situación porque atraviesa la industria del
cobre”, de concurrir en su auxilio, pero no a través de procedimientos complejos, sino por medio
de una “simple ayuda que venga a salvar a la minería de la situación de ruina porque en este
momento atraviesa”. En la misma línea, a fines de 1917 se generó un fuerte debate en la
Cámara de Diputados, durante el cual el diputado Tomás Menchaca apeló a algún grado de
participación pública, sólo que ahora ella debía tomar la forma de una respuesta a las
demandas “de algunos industriales mineros de la provincia de Coquimbo”, los que habían
concluido que “para proteger medianamente la minería, se necesitaría implantar varios
establecimientos de fundición diseminados por los distintos centros de producción minera”. 14
No era aquella una medida de fácil concreción, pues algunas de las “condiciones objetivas
clásicas -calidad y accesibilidad de los minerales, alto contenido de cobre de éstos,
disponibilidad de mano de fuerza de trabajo– ya no existían. Otras, de corte subjetivo, como
podrían ser considerados los capitalistas-habilitadores del período clásico (1845-1875) habían
dejado la región y se habían instalado en Santiago donde pasaron a formar parte de la
15
oligarquía, en un proceso que continuó, al parecer, hasta muy tarde en el siglo XX. En 1966,
Arnold J. Toynbee quedó con la impresión de que en Coquimbo “algunas familias parecen haber
desaparecido: otras han tenido la suerte de lograr fortuna en Coquimbo y convertirse más tarde
16
en miembros de la sociedad chilena de Santiago”.
Sin embargo, ya era demasiado tarde. El ciclo de decadencia iniciado en la década de 1880 se
intensificó en la década de 1920 y adquirió un ritmo que arrastró a las provincias de Atacama y
Coquimbo a una etapa de postración y empobrecimiento que solo fue revertida en la década de
1990, cuando comenzaron a madurar proyectos de desarrollo productivo en otras áreas de
actividad. Pero entonces, la ahora Región de Coquimbo detentaba el triste récord de contar
entre sus comunas a algunas de las más pobres del país.
El proceso social que desató la crisis del cobre en el Norte Tradicional fue complejo, profundo y
extendido en el tiempo. Por una parte, el deterioro económico generado por la crisis de la
minería tradicional frenó el desarrollo de los mercados de factores y de bienes y servicios. Por
the Coal Oligopoly in the Decline of the Chilean Copper Industry”, en Nova Americana, n.º 1, 1978, y su libro
The Decline of the Copper Industry in Chile and the Entrance of American Capital, New York, Arno Press,
1980, especialmente 16-30 y capítulos III y IV.
14
CD. Sesión Ordinaria 9ª, 8 de julio de 1918. Menchaca, abogado y miembro del Partido Conservador,
desarrolló parte de su discurso sobre la base de una nota dirigida al diputado por Illapel, Sergio Irarrázaval,
con diversas propuestas firmada por diez personas en La Serena el 16 de junio de 1918. Datos biográficos
de Menchaca en De Ramón, vol. III, 123.
15
Ortega, op. cit., “Del auge…”.
16
Entre el Maule y el Amazonas, Buenos Aires – Santiago, Francisco de Aguirre, 1968, 89.
~ 134 ~
Espacio Regional
otra, introdujo un elemento de inestabilidad y desarraigo en una sociedad en la que el problema
de la movilidad de la fuerza de trabajo fue un componente crítico permanente y fue
determinante en su crisis y decadencia. En otra dimensión, deterioró profundamente, y por largo
tiempo, uno de los componentes de la articulación histórica, forjada a partir del siglo XVII, que
vinculaba a la agricultura y a la minería como ejes de una estrategia de vida de importantes
comunidades.
Gráfico n.º 2
Gráfico n.º 3
~ 135 ~
Dossier
Gráfico n.º 4
Empleo en la minería del cobre.
Provincia de Coquimbo 1912-1929
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
El empleo minero se redujo sustancialmente, y en algunos departamentos de la provincia de
Coquimbo, en particular en el de La Serena, prácticamente desapareció. En los tres
departamentos provinciales históricamente con mayor densidad de producción cuprífera
(Coquimbo, La Serena y Ovalle), el número de barreteros, apires y canchamineros comenzó a
caer rápidamente, y hacia 1917 eran tan sólo un séptimo del promedio del primer quinquenio de
la década de 1870. En los últimos años de década de 1920, este tipo de empleo prácticamente
17
desapareció.
También la crisis de la minería introdujo un elemento adicional de inestabilidad y desarraigo en
una sociedad en la que el problema de la movilidad de la fuerza de trabajo fue un componente
crítico permanente y fue determinante en su crisis y decadencia. En otra dimensión, deterioró
profundamente, y por largo tiempo, uno de los componentes básicos de la articulación histórica,
forjada a partir del siglo XVII, que vinculaba a la agricultura y a la minería como ejes de una
estrategia de vida de importantes comunidades.
17
Siguió existiendo el pirquén, como práctica extendida, pero no hay registro del número de personas
involucradas.
~ 136 ~
Espacio Regional
Tabla n.º 1. Distribución de la población de Coquimbo
1865-1982
Urbana
Rural
Total
1865
42275
103620
145895
1875
88455
69284
157739
1885
96371
79973
176344
1895
87225
73673
160898
1907
52498
122523
175021
1920
54625
105631
160256
1930
63676
134960
198636
1940
85391
160218
245609
1952
103230
158939
262169
1960
160148
148843
308991
1970
205025
133621
338646
309149
110807
419956
1982
Fuente: Censos de Población, años respectivos.
Tabla n.º 2. Población de ciudades de la Región de Coquimbo que
en 1982 tenían más de 5.000 habitantes, 1907 – 1982
1907
1920
1930
1940
1952
1960
1970
1982
1992
Andacollo
1045
601
922
6748
3948
5381
6031
7790
10216
Coquimbo
12106 15438 17121 18868 24878 33749
50405
62186
110897
Illapel
3359
10395
12246
15523
18868
La Serena
15996 15240 20698 21742 33785 40854
61897
83238
109293
Los Vilos
0
0
832
4106
6520
9422
Ovalle
6988
9172
11795 14807 17573 25282
31756
43023
53515
Salamanca 1397
1906
2134
2819
2635
3197
4677
6547
9454
Vicuña
2900
3121
3415
3545
4144
5107
6316
7716
2949
3189
4405
6085
1305
8152
1747
3027
43840 48446 61028 75789 96263 126029 176225 231143 329381
Fuente: Censos de población, años respectivos.
El impacto del colapso de la minería sobre la población del Norte Chico o Tradicional fue mayor
y se expresó en un virtual estancamiento prácticamente por medio siglo. Desde la década de
1880 la zona comenzó un complejo proceso de inestabilidad con fuertes caídas población en los
años censales de 1895 (9%) y 1920. Los resultados de este último son el punto de comparación
más bajo con cualquier resultado desde el censo de 1854: 12,1%, lo cual redundó en que la
~ 137 ~
Dossier
población regional fuera, en 1920, un 14,7% menor que en 1875. Dos factores incidieron en la
generación de este comportamiento poblacional: el interno, representado por el ya referido
deterioro de la actividad minera y sus repercusiones; el segundo, de naturaleza externa,
combinó hasta 1913 el atractivo de las “oficinas” salitreras con el potente desarrollo urbano en la
zona central, en particular en el eje Santiago-Valparaíso, con su consiguiente generación de
oportunidades de empleo. Los desplazamientos más numerosos se verificaron hacia dos polos
de atracción externos, en primer lugar a Tarapacá y Antofagasta. El segundo estuvo constituido
por las ciudades de Santiago y Valparaíso. También fue importante la circulación interna, lo cual
explica por qué luego de tres décadas de concentración de población en el país (1854-1885),
ambas provincias retornaron a una distribución de población propia de una sociedad tradicional.
En efecto, desde la última década del siglo XIX, y hasta el Censo de 1930, la población de
ambas provincias pasó a ser mayoritariamente rural o dispersa como producto del colapso de
una serie de villas mineras. 18 Entre 1885 y 1930 el 57% de la población de Atacama, con un
máximo de 59,6 en 1907, residió en las áreas rurales; en Coquimbo el promedio fue de 67,9 con
un máximo de 70%, también en 1907.
Gráfico n.º 5
La población de la provincia de Coquimbo disminuyó en 8,8% entre 1885 y 1895 y si bien
repuntó en 1907, esto sólo significó recuperar el nivel de 1885. En el siguiente espacio intercensal registró una nueva caída, esta vez de 8,4%, que le llevó a su nivel más bajo desde 1885.
Lo importante en este caso es que las principales bajas en la población fueron las
correspondientes a los centros poblados, pues en 1920 este tipo de población fue tan sólo el
56,7% de aquella de 1885. Cabe hacer notar que el nivel más bajo se registró en 1907, con
54,5%. El proceso de despoblamiento de las agrupaciones de población que comenzó en el
decenio inter-censal 1885-1895, se acentuó a partir de 1907. En ese contexto, tendieron a
cobrar fuerza las prácticas tradicionales en las que se articulaban diversas estrategias de
18
Por otra parte, la metodología censal descartó a partir de entonces el conteo de aldeas y villorrios de
menos de 2.000 habitantes y procedió a clasificar esa población en condición de rural.
~ 138 ~
Espacio Regional
sobrevivencia con base en la agricultura y en la minería de pequeña escala, ambas con
marcados arcaísmos y con limitada capacidad en términos de creación de empleos. 19
Esas son las claves que explican por qué, en su etapa de mayor decadencia, la provincia de
Coquimbo se “ruralizó”, según la terminología censal, aunque parece más apropiado pensar en
un proceso de “dispersión”; en otras palabras, la mayoría de su población vivía en el campo o
en pequeñas agrupaciones en torno a yacimientos mineros abandonados, mientras otros, los
menos tal vez, continuaron la práctica de la ganadería trashumante, la caza e incluso la
recolección. 20 Entre 1907 y 1952, en promedio, el 65,9% de la población provincial vivió en
áreas rurales o en aldeas, caseríos y villorrios, en donde se repetía una y otra vez la práctica de
cambiar “el casco minero por la chupalla” cuando “las minas no rinden lo que deben rendir”. 21
Dichas prácticas incidieron incluso en la instalación de la “gran minería” en la provincia de
Coquimbo, pues un número importante de trabajadores del mineral de hierro El Tofo, al término
de su jornada, regresaban a sus domicilios, ya fuese en el pueblo de La Higuera o en sus
inmediaciones, y se dedicaban a cuidar a sus animales, pues por aquellos años aún poseían
22
majadas alrededor del yacimiento.
La movilidad fue la resultante de la necesaria e inevitable articulación de dos actividades con
lógicas productivas diferenciadas y caracterizó a todo el Norte Tradicional, en donde se
reforzaron modos de producción y relaciones sociales de producción pre-capitalistas, muchas
de las cuales sobrevivieron hasta muy entrado el siglo XX y, hasta nuestros días, se les
encuentra en las “comunidades agrícolas”.
A partir de del período inter censal 1920-1930 la población del Norte Tradicional comenzó un
lento proceso de recuperación y concentración de la población. En particular, ello es evidente en
Coquimbo en donde el desarrollo de la agricultura, de algunas manufacturas y la actividad
estatal, expresada en la construcción de obras públicas de envergadura -como lo fueron los
embalses y las obras de riego- retuvieron y atrajeron población. También contribuyó la política
del gobierno de resituar a los trabajadores desempleados del salitre. La crisis terminal de la
explotación del salitre motivó al gobierno a reubicar a miles de trabajadores desempleados y a
sus familias. En 1930 el empleo en las oficinas salitreras descendió a 44.100 personas, el nivel
de 1914, después de haber alcanzado un máximo de 60.880 en 1924 y 1925. En 1939, su
23
número se había reducido a 20.000, lo cual contribuyó a un fuerte descenso de la población
del Norte Grande (14,7%); de 292 mil habitantes en 1930 a 249 mil en 1940. 24 A mediados de la
década de 1930 se estimaba entre 20 y 30.000 las personas arribadas desde el norte salitrero
tan sólo a los placeres auríferos, entre los que se destacó Andacollo. Allí se generaron agudos
problemas sociales los que, dada su gravedad, fueron objeto de extensas intervenciones, en el
19
Un “índice de arcaísmo” en Dirección General de Estadística, Censo Agropecuario 1929-30, Santiago de
Chile, Universo, 1933, 101; indica que del total de arados en la Provincia de Coquimbo el 78.3% eran “de
palo”; en la Provincia de Atacama éstos eran tan sólo el 48.4%, lo cual es posible explicar por el carácter
más intensivo de la agricultura del valle de Huasco.
20
Alberto Herrmann, “Estado de la minería del cobre en Chile”, en Boletín de la Sociedad Nacional de
Minería, n.° 40, 30. De abril de 1900, 99.
21
José Miguel Varas, La novela de Galvarino y Elena, 2ª edición, Santiago de Chile, LOM, 183. La cita
recuerda la afirmación de Eugenio Choteau acerca de que el trabajador nortino “tan luego trueca la barreta
por el arado como el arado por la barreta”; citado en Ortega, “Del auge…”.
22
Carlos Sottorff Neculhueque, “Origen, desarrollo y consolidación de un mineral de hierro en el
Departamento de La Serena. El Tofo 1910-1940”, Santiago de Chile, Universidad de Santiago de Chile,
Tesis inédita de Magíster, Departamento de Historia, 2010, 117.
23
Carlos Hurtado, Concentración de población y desarrollo económico. El caso chileno, Santiago de Chile,
Universidad de Chile, Cuadro 23. Enrique Reyes, El desarrollo de la conciencia proletaria en Chile, Santiago
de Chile, Orbe, 73.
24
Censos de Población, años respectivos.
~ 139 ~
Dossier
Senado. 25 En cuanto a la minería tradicional, según Pederson, en “ambas provincias la minería
[mostró] una razonable prosperidad en el largo plazo aunque no una total afluencia”, aunque
una revisión de las sesiones del Congreso Nacional deja en evidencia agudos problemas en la
26
“pequeña” minería.
El Norte Tradicional inició entonces no sólo la recuperación de su población, la que fue más
consistente en la provincia de Coquimbo, sino que lentamente comenzó a experimentar su
propio proceso de concentración, con un retardo respecto del proceso nacional de alrededor de
dos espacios inter-censales respecto de la tendencia nacional. De tal manera, si la región pasó
a tener una población mayoritariamente aglomerada o “urbana” en el período inter-censal 19521960, a nivel nacional ello se había verificado entre 1930 y 1940.
Durante aquellos años cesaron los fuertes desplazamientos de población tal cual se habían
verificado entre 1885 y 1920. Sin embargo, ello no significó que los flujos de emigración y de
migraciones internas cesaran del todo. Los primeros pasaron a ser más selectivos y focalizados,
en tanto que los segundos se intensificaron y nutrieron el crecimiento de las ciudades. Pero
también ambas provincias se convirtieron en receptoras netas de población, en particular de
migrantes desde la zona central en busca de empleo.
Un estudio de 1971, elaborado a partir de la información del Censo de Población de 1960,
destacaba algunas tendencias que con seguridad se habían mantenido en el tiempo. De tal
manera, de los migrantes rurales (1.567 casos) de la entonces provincia de Coquimbo, la
mayoría eran hombres (61,93%) y el 72,30% del total se dirigía a otra provincia, en tanto que el
26% migraba dentro de su departamento de origen o encaminaba sus pasos a otro, pero dentro
de la provincia. Los migrantes que dejaron la provincia se dirigieron mayoritariamente (43,82%
al Norte (Antofagasta 20,96%, Atacama 17,28% y Tarapacá 5,56%, en tanto que el 20,77% se
27
dirigió a las ciudades de Santiago y Valparaíso. Un estudio publicado en 2003 confirmó los
hallazgos de Zúñiga con datos del período intercensal 1982-1992 y concluyó que la población
rural permanecía estacionaria desde 1952 y que ello era un indicador de que “la región de
Coquimbo es una tierra de emigración” o “un territorio exportador de mano de obra”, aunque la
intensidad del proceso tiende a disminuir. 28 Ambos estudios concluyen que se trata de un
proceso relativamente antiguo.
¿Quiénes fueron los migrantes en el Norte Chico o Tradicional?
La migración no se restringe al simple cambio geográfico y no puede enfocarse sólo desde la
perspectiva de los saldos positivos o negativos (como lo hacen algunos demógrafos). Es un
proceso de movilidad social que refleja cambios más globales en la estructura de la sociedad y,
por eso mismo, está estrechamente ligado a las transformaciones experimentadas tanto en el
lugar de origen como en aquél de destino del migrante. Las migraciones se entienden entonces
25
Sesiones Ordinarias del Senado n.º 12 y 15, 7 de agosto, 1138-1141, y 4 de septiembre de 1935, 16891692, en las que el senador y médico Hugo Grove Vallejos intervino acerca del tema con los preámbulos “El
estado sanitario del país” y “Situación moral, cultural y sanitaria de la población de Andacollo”. Un detallado
y hermoso relato acerca de las características de la vida en Andacollo en aquellos años en la novela de
José Miguel Varas, Galvarino y Elena, 47-62.
26
Pederson, 257.
27
Jorge Zúñiga Ide, La emigración rural en la provincia de Coquimbo (Chile). Informe preliminar, Santiago
de Chile, ILDIS, 1971.
28
Philippe Hamelin, “Poblamiento de la Región de Coquimbo: el rol de las migraciones”, en Patrick Livenais
y Ximena Aranda (eds.), Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile árido: la región de Coquimbo,
Santiago de Chile, Universidad de Chile, Institute de Recherche pour le Développement, Universidad de La
Serena, 2003, 195-196, 198-199 y 203.
~ 140 ~
Espacio Regional
como el resultado de un conjunto amplio de situaciones en un lapso de tiempo prolongado y no
sólo de situaciones objetivas. De acuerdo con ello, cabe preguntarse: ¿Por qué migraron los
habitantes del Norte Tradicional?
Nunca se sabrá exactamente por qué las personas decidieron migrar y ciertamente la decisión
de hacerlo fue el resultado de un proceso que debió estar determinado por múltiples factores y
la “etapa final de un largo y complejo proceso de desarraigo” que no es fácil interpretar a
cabalidad. No es posible una comprensión efectiva del por qué si el análisis de variables queda
limitado sólo a algunos problemas endógenos que pueden parecer determinantes -crisis
productivas, sequías, saturación de la pequeña propiedad-, sin, por lo menos, profundizar en la
naturaleza de ellas y en los factores que finalmente las convirtieron en causas de migración,
pero asociadas a cuestiones sociales y psicológicas. 29 De tal manera, es prioritario indagar en
problemas tales como la articulación entre agricultura, ganadería y minería y evaluar las
características de sus vínculos, así como en todo lo que dice relación con el impacto de los
factores exógenos, tanto objetivos -empleo en faenas mineras del Norte Grande- como
subjetivos, entre los que al parecer se destaca el Servicio Militar Obligatorio. La enumeración de
esos factores, sin embargo, no es suficiente para explicar la decisión de los individuos de dejar
su lugar de origen. Después de todo, este proceso puede ser visto como mecanismo de escape,
por ejemplo, cuando el acceso a la propiedad, por reducida que sea ésta en términos de
extensión, se torna imposible. En ese momento, cualquier individuo puede sentir que ha dejado
de pertenecer a un grupo más o menos cohesionado del cual en un momento crítico puede
obtener apoyos diversos.
Según Zemelman, 30 una comprensión más cercana a las motivaciones que llevan a un individuo
al límite crítico, pasado el cual su inconformismo o rechazo deriva en migración, requiere de un
análisis del medio económico, social e institucional general que le rodea como también de
aquellos otros elementos de contexto que le son particulares, como por ejemplo el tipo de
actividad que desarrolla. Por lo tanto, se requiere de una descripción lo más exacta posible del
contexto global y particular, del lugar de residencia de los migrantes, de su entorno social, de
sus posibilidades de desenvolvimiento personal, como también de su visión del medio. La
decisión de migrar, entonces, no aparece como una consecuencia mecánica de realidades
externas determinantes, sino como la resultante de una relación ente la objetividad de los
hechos económicos y sociales y la valorización subjetiva que el individuo hace de ellos.
En el caso del Norte Tradicional, en particular en la antigua provincia de Coquimbo, el fenómeno
migratorio cambió sustantivamente en cuanto a dimensiones y locaciones a partir de la segunda
década del siglo XX. Para entonces, no sólo comenzó el agotamiento de la industria salitrera,
sino que hizo su “entrada en escena” la “gran minería del cobre”. En efecto, a partir del
momento en que la Chile Exploration Company (CHILEX) comenzó a desarrollar la mina de
Chuquicamata, este yacimiento se convirtió en un importante atractivo para la población
masculina del Norte Tradicional, y una vez iniciada la crisis de la minería del salitre también
para la del Norte Nuevo o Grande. En la década de 1920 el flujo de población desde las
provincias de Atacama y Coquimbo si bien se estabilizó a la baja, adquirió características de
circuito que, con transformaciones importantes, se mantuvo hasta la década de 1980. Una
publicación de la CHILEX, da cuenta de aquel movimiento. Un personaje de ficción, Juan
Minero, cuenta que:
29
Hugo Zemelman, El migrante rural, Santiago de Chile, ICIRA, 1971, 30.
Zemelman, op. cit., 29; siguiendo a Arnold M. Rose, Migrants in Europe. Problems of Acceptance and
Adjustment, London, Oxford University Press, 1969. Un estudio más reciente desde la antropología estudia
este aspecto de la migración rural precisamente en el valle de Río Hurtado: Luis Pezo Orellana, “La
migración rural en su fase motivacional: aportes para su estudio desde el caso de Río Hurtado, IV Región,
Chile”, en Werken, n.º 007, 2005, 151-164.
30
~ 141 ~
Dossier
Yo soy un minero. Aquí nací y me crié y eduqué. Mi padre también lo fue, aunque él llegó de
otras tierras. Vino desde el sur, de la región de Coquimbo. Aun cuando siempre tuvo la
esperanza de volver a su pueblo, no lo pudo lograr, porque aquí se casó y formó su hogar…
Con su trabajo pudo educarnos a nosotros; y digo nosotros, porque fuimos cinco hermanos… Mi
hermano Pedro también trabaja aquí… Mi destino era seguir como mi padre, ser un minero más
31
de Chile. Y aquí estoy…
En 1985 Jürgen Bähr publicó un estudio acerca de los movimientos migratorios durante el
quinquenio 1965-1970, en particular hacia los distritos de Calama y Chuquicamata. 32 Bähr
estudió 5.777 eventos migratorios entendidos estos como “movimientos de familias o de una
sola persona” que involucraron a 13.581 individuos que iniciaron sus desplazamientos
principalmente desde cinco zonas de emigración: los oasis de la zona andina del interior de la
provincia; desde la zona salitrera; desde el puerto de Antofagasta, desde “el así llamado Norte
Chico” y desde la “Zona Central, especialmente de la Región Metropolitana de Santiago y de la
de Valparaíso”. Del total de los eventos migratorios, aquellos correspondientes al Norte
Tradicional sumaban 1.904, con el 33% del total; 1.360 (23,5%) eventos se originaron en la
Región de Coquimbo, 544 (9,4%) en la de Atacama. Las provincias que “hicieron una mayor
contribución” al proceso fueron las de Limarí -de larga tradición minera y migraciones- con 591
eventos que representaron el 43,5% del total regional y el 10,2% del total de eventos, la del
Choapa ( 38,6 y 9,1%) y la de Huasco (46 y 4,3%). Cabe destacar que de los casos originados
en la provincia de Elqui, el 57,4% de ellos se originó en el sector del antiguo mineral de La
Higuera.
A partir de la década de 1920 el mineral de Potrerillos, y luego en la de 1950 El Salvador,
atrajeron un importante número de migrantes. Una revisión de las fichas de personal que
ingresó a la Andes Copper Mining Company entre 1925 y 1972 realizada por Ángela Vergara,
revela que aproximadamente el 40% del personal señaló como lugar de origen un pueblo
33
situado en lo que hoy es la Región de Coquimbo. Otros datos señalan que la mayoría de los
migrantes partieron del entonces departamento de Ovalle, y en segundo y tercer lugar, de
aquellos de La Serena y Coquimbo, todos ellos de importante tradición minera y metalúrgica.
31
Texto reproducido por Janet L. Finn en Tracing the Viens. Of Copper, Culture and Community from Butte
to Chuquicamata, Berkeley, University of California Press, 1998, 115. El original en Oasis, 6 de junio de
1964, publicación de la Chile Exploration Company.
32
“Agriculture, Copper Mining and Migration in the Andean Cordillera of Northern Chile”, Mountain Research
and Development, vol. 5, n.° 3, 1985, 279-290.
33
Copper Workers, International Business and Domestic Politics in Cold War Chile, Pennsylvania, The
Pennsylvania State University Press, 2008, 49.
~ 142 ~
Espacio Regional
Tabla n.º 3. Migrantes del Norte Tradicional en Chuquicamata
Región de
Atacama
Eventos
migratorios
Porcentaje de total
regional
Porcentaje de
total nacional
Provincia
Huasco
250
46
4,3
Copiapó
142
26,1
2,5
Chañaral
Total región
Región de
Coquimbo
Provincia
Choapa
152
544
27,9
100,00
2,6
9,4
525
38,6
9,8
Limarí
591
43,5
10,2
244
1.360
17,9
100,00
4,3
23,5
Elqui
Total región
Total casos
país
1.904
32,9
Fuente: Bähr, op. cit., 284-5.
A partir de los datos cuantitativos y de testimonios de personas originarias de la región de
Coquimbo, se ha diseñado una metodología para tratar de responder a la pregunta ¿Quiénes
fueron los migrantes en el Norte Chico o Tradicional? Se visitaron tres distritos de la Región de
Coquimbo –Serón, Cerrillos de Tamaya, La Higuera- y se desarrolló un programa de entrevistas
recabando datos acerca de los desplazamientos de los migrantes a partir de la década de 1920
y hasta 1971, apelando a la memoria de sus descendientes o al testimonio de los propios
protagonistas. También se entrevistó a personas que, siendo originarias de Coquimbo, hoy
residen en Santiago y en la conurbación Valparaíso-Viña del Mar. Con ello se conformó una
muestra de 35 casos de los cuales en este artículo se exponen algunos datos.
Dos lugares en donde se ha desarrollado la pesquisa comparten un rasgo en común: fueron
importantes centros mineros desde mediados del siglo XIX y desde comienzos del XX entraron
en un proceso de decadencia que hacia la década de 1960 adquirió su máxima expresión. La
Higuera es una comuna de población dispersa en la que a comienzos de la década de 1980
moraban 3.648 personas –con una densidad de 1,14 habitantes por kilómetro cuadrado-, de las
cuales sólo 800 lo hacían en el pueblo, situado a 55 kilómetros al norte de La Serena. La
actividad económica, seriamente deteriorada en la década de 1960 por el cese de las
explotaciones de hierro y las periódicas sequías, se reducía a la explotación de cobre por parte
de pirquineros, la agricultura de subsistencia, la ganadería caprina, la pesca artesanal y,
crecientemente, el turismo. En Cerrillos de Tamaya, aldea de 900 habitantes situada a 25
kilómetros al noroeste de Ovalle, la decadencia comenzó con el agotamiento de los yacimientos
de cobre del mismo nombre al final del siglo XIX, lo cual, al igual que en La Higuera dio origen a
un fuerte despoblamiento. A partir de la década de 1920 la minería se redujo a explotaciones
“medianas”, las cuales desde mediados de los años 1950 debido a su agotamiento devinieron
en “pequeña” y pirquén, las que se complementaron con el desarrollo de la agricultura y la
ganadería caprina incentivadas estas dos por las obras hidráulicas ejecutadas a fines de la
década de 1910 por privados.
~ 143 ~
Dossier
La realidad de Serón, aldea de poblamiento disperso en la comuna de Río Hurtado, es
sustancialmente diferente a las dos anteriores, pues en cuanto a actividades productivas
descansa en la agricultura –de subsistencia y comercial- y la ganadería, y sólo marginalmente
en algún tipo de minería de pequeña escala. Las principales producciones para el mercado son
los “huesillos”, la uva para la elaboración de pisco, y caprinos, mientras que la minería –cobre y
manganeso– es una actividad ocasional regida por las variaciones del precio. Ello ha resultado
en la cíclica transformación “de los sujetos campesinos en pequeños pirquineros [sic]”. Una
tradición importante son las llamadas “veranadas”, en las que los arrieros dirigen sus animales a
los pastos cordilleranos cercanos a las vegas. 34
Luis Rojas Aguirre nació en la comarca de Serón en febrero de 1907. 35 Su madre, una pequeña
propietaria agrícola, fue Marcelina Rojas Rojas, nacida en 1890 en la misma localidad; Luis fue
el tercero de ocho hermanos y tuvo una relación distante con su padre quien residió
principalmente en Ovalle. En 1925 Luis dejó su pueblo natal y se dirigió a Ovalle cubriendo el
trayecto en tres días, ya fuese en carreta o en alguno de los primeros camiones que circulaban
por la compleja ruta que recorría la totalidad del valle de Río Hurtado. Desde Ovalle se dirigió a
Coquimbo en donde embarcó con destino a Antofagasta a bordo del navío “Flora” de la
Compañía Sud Americana de Vapores. El trayecto lo hizo, como tantos otros migrantes, sobre
la cubierta del navío “cerca de la chimenea, para pasar el frío”. Luego se dirigió a Calama y
Chuquicamata, lugar en que postuló a un empleo en la CHILEX. Por ser menor de edad, Luis no
fue aceptado por lo que se enroló en el Servicio Militar Obligatorio en 1926 en el regimiento
Destacamento de Montaña Nº 1 “General Lagos" con asiento en Calama. Un año más tarde, ya
cumplidas sus obligaciones militares, fue contratado por la CHILEX, empresa en la que laboró
hasta 1964. Su primer trabajo fue en el taller eléctrico.
Luis fue uno de los primeros habitantes de Serón que llegó a Chuquicamata. Allí contrajo
matrimonio con Teresa Rojas y gracias a la cadena comenzada por él llegaron desde su aldea
de origen, paulatinamente, primero una hermana de 15 años que vivió largos años en su casa y
luego hermanos que ingresaron a la CHILEX como trabajadores en distintos oficios. Años más
tarde llegaron sobrinos, hijos de dos hermanas que permanecieron en Serón; uno de ellos
ingresó a la compañía como hijo de Luis, puesto que en los años cincuenta y sesenta constituía
para la compañía un buen antecedente que el postulante fuese pariente de uno de sus
trabajadores. Según su hijo Sergio, Luis se convirtió en una especie de “Padrino”, al que
distintos niveles de parentesco le reconocían como el primero entre todos ellos. Era muy
respetado y querido por una gran cantidad de parientes. Cuando en 1977 falleció su hermana,
que vivió con él hasta que se casó, Luis viajó a sus funerales a Serón; entonces él ya residía en
Valparaíso, en donde sus dos hijos habían estudiado en la sede local de la Universidad de
36
Chile. En esa ocasión debió saludar a los miembros de una numerosa familia quienes le
manifestaron su reconocimiento, para lo cual debió sentarse en un sillón desde donde pudo ver
una larga fila que salía de la casa donde estaba. Eran sus parientes que pasaban uno a uno
manifestando su alegría de conocerlo y saludarlo, en otras palabras, le hicieron explícita una
forma de respeto. Mientras varios de los Rojas y su descendencia permanecieron en Calama,
algunos regresaron a su punto de partida. El último de los Rojas de Serón en emigrar a
34
<www.memoriasderiohurtado.cl> 12 de enero de 2011. La condición de pirquinero es la de menor escala
en las explotaciones mineras.
35
Registro de Nacimientos en la Circunscripción de Hurtado, n.º 10 del Departamento de Ovalle; 143,
Registro n.º 112, 5 de julio de 1907.
36
Los datos acerca de Luis Rojas Aguirre son el producto de una entrevista a mi amigo y compañero Sergio
Rojas Rojas, académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de
Chile; este texto fue leído por su hermano, Francisco Rojas Rojas. También se recogieron datos acerca de
él en Serón.
~ 144 ~
Espacio Regional
Chuquicamata fue Eduardo Rojas, hoy radicado en la aldea. 37 Eduardo se dirigió a Calama a
comienzos de 1971. A diferencia de Luis, demoró un día en llegar a Ovalle desde donde
emprendió el viaje al norte “en una micro”. Eduardo se desempeñó por nueve años en Codelco
Chuquicamata, empresa que debió abandonar en 1982 a raíz de las protestas en contra de la
dictadura militar. Regresó a Serón al final de aquel año y desde entonces se dedica a la
explotación de uva en un predio de 1,2 hectáreas.
Eduardo recuerda su estancia en Chuquicamata como una importante experiencia personal y
pecuniaria, pues con sus ahorros pudo adquirir la tierra que trabaja y construir una amplia casa
en un terreno colindante a las viviendas de otros Rojas. Reconoce que Luis Rojas Aguirre fue el
que “abrió el camino” a Chuquicamata para los hombres de Serón y que para éstos la decisión
de partir representó un cambio fundamental en sus vidas, ya sea para los que como él
regresaron a su pueblo de origen con ahorros, o para aquellos que se radicaron en Calama o en
algún otro lugar de Chile una vez que terminó su vida laboral. Es una opinión compartida por los
hombres y mujeres radicados en Serón que laboraron en “Chuqui” y también por aquellos como
Luis Rojas Aguirre que decidieron radicarse en otros lugares. Para todos ellos fue una
experiencia decisiva; y al parecer para otros también, aunque no hayan realizado el viaje.
Es el caso de Julio Chacay, que declara tener “más de 75 años”, pero no saber con certeza
cuando nació, es un personaje controvertido en su comunidad, al cual todos los días se le ve
desde el mediodía sentado en la puerta de su casa y, al crepúsculo, frente a la plaza de Serón.
Su principal actividad allí es conversar con quien esté dispuesto a departir algunos minutos con
él, de preferencia en torno a una cerveza y un bocado. En cierta medida, Julio subsiste gracias
a la solidaridad de los aldeanos. Nos cuenta acerca de su agitada vida desde la adolescencia lo
que, según él, lo llevó a Chuquicamata en donde, en todo caso, su permanencia fue breve
debido a problemas disciplinarios. Sin embargo, para los habitantes de Serón, entre quienes la
credibilidad y el prestigio de Julio están fuertemente debilitados, sus relatos son sólo fantasía,
pues nunca habría estado en aquel yacimiento.
Raúl Valdivia nació en Tamaya en 1932 y en la actualidad reside allí, en una antigua y
deteriorada vivienda en el costado poniente de la plaza. Desde muy joven se dedicó al trabajo
minero, ya fuese en los desmontes de la antigua fundición en las inmediaciones del entonces
pueblo o en algunos pequeños yacimientos. Raúl relata su experiencia de aquellos años y nos
da cuenta de la histórica imbricación mundo rural-mundo minero; nos cuenta que “el minero
antes tenía un piño de cabras, si no resultaba eso, rasguñaban el cerro para su sustento diario”.
Sin embargo, hacia fines de la década de 1940 la baja del precio del cobre y las dificultades en
la colocación de su escasa producción, le hicieron abandonar el oficio y emprender camino a
Calama en donde permaneció en calidad de obrero de una empresa contratista de la CHILEX,
hasta mediados de la década de 1970. Hoy sus recuerdos son un tanto difusos, pero está vívido
en su memoria el primer y largo viaje al norte en ferrocarril, las características de la vida en “el
campamento” e incluso la visita de Fidel Castro en 1971.
Hoy, Raúl recuerda con nostalgia el pasado de Tamaya y su juventud: “Nosotros no alcanzamos
a ver el pasado esplendoroso de Tamaya. Mi abuelo tenía una pulpería, y nos contaba que en el
tren le llegaban como 10 ó 12 carros con cargas para abastecer el negocio. Se paró Tamaya, se
acabó la plata y el trabajo. Mi abuelo cambiaba joyas por alimento, porque no había como
comprar y la gente tenía que alimentar a sus hijos”. En esa perspectiva, su partida a
Chuquicamata fue su “salvación”, aunque perdió su preciada condición de “minero
independiente”.
37
Los antecedentes que se exponen a continuación son fruto del trabajo de campo realizado por el equipo
de investigación del proyecto FONDECYT 1095107 en noviembre y diciembre de 2009 y febrero de 2010.
~ 145 ~
Dossier
Manuel Arias Sandoval nació en La Higuera en 1930. Su padre, junto con ser comerciante,
editaba el diario local, el que había adquirido por herencia; en 1948 Manuel fue llamado a
cumplir con su Servicio Militar Obligatorio y se le destinó a Antofagasta. Una vez terminadas sus
obligaciones militares se radicó en la oficina salitrera María Elena, en donde se desempeñó en
calidad de mecánico, oficio que había adquirido en el regimiento. Su retorno a La Serena no fue
voluntario pues, a pesar de sus simpatías falangistas, en 1951 fue arrestado por trasgredir la
Ley 8.987 de Defensa Permanente de la Democracia o “Ley Maldita” y enviado a esa ciudad en
calidad de “relegado”. Regresó a María Elena dos años más tarde, pero dado el deterioro de las
condiciones laborales en ese lugar, emprendió su retorno a la provincia de Coquimbo. Debido a
las escasas oportunidades de empleo allí existentes, Manuel emprendió su camino a Santiago,
en donde finalmente se radicó y continuó desempeñándose en calidad de mecánico de
vehículos pesados. Dejó esa actividad a mediados de la década de 1990 y por estos días reside
en la comuna de Lampa. No ha visitado La Higuera desde comienzos de los años 1960 y dice
que, en realidad, no le interesa el destino del pueblo, al que no recuerda con cariño.
Eduardo Vargas Saavedra nació en el año 1932 en El Tambo, en la actual provincia de Choapa,
en las inmediaciones de la ciudad de Salamanca. Su padre era trabajador de uno de los tantos
predios de la Beneficencia en ese distrito y poseía escasa tierra. A los once años, a instancia de
su padre, debió interrumpir sus estudios primarios y comenzó a trabajar en la “pulpería” de uno
de los fundos de la comarca. En el desempeño de sus labores Eduardo se afilió a la
organización comunista local, lo cual en 1950 lo llevó a abandonar la zona, aconsejado por su
patrón, a fin de evitar una inminente detención por infracción a la “Ley Maldita”. Eduardo se
dirigió por tren y “micros” al valle de Aconcagua, y se radicó en la zona de Putaendo en donde
por varios años se convirtió en obrero agrícola y activo organizador de los primeros sindicatos
de trabajadores rurales. En 1958, en el contexto de la campaña presidencial del médico
Salvador Allende, se trasladó a Valparaíso en donde se convirtió en obrero de la construcción,
con especialidad en albañilería de alcantarillado. Hasta hace pocos años Eduardo regresaba
periódicamente, en largas visitas a su tierra natal; vive en la actualidad en el límite entre Viña
del Mar y Quilpué, en una amplia casa que construyó con la ayuda de su familia y en donde en
un extenso patio cultiva hortalizas y cría aves de corral, actividades que, según él, lo acercan a
su infancia y a su El Tambo natal. Pero como todos los migrantes de Coquimbo entrevistados, y
que se han radicado en otras provincias una vez finalizada su vida laboral activa, a pesar de la
nostalgia, nunca ha pensado en regresar.
Las mujeres también fueron parte de los movimientos migratorios que experimentó la provincia
de Coquimbo. También el flujo de mujeres hacia otras zonas del país es histórico y los destinos
que ellas tuvieron fueron múltiples. Un buen ejemplo de un conjunto numeroso de ellas es el de
las vendedoras ambulantes de Antofagasta en la década de 1920. De un universo de 1.210
registros de vendedores y vendedoras ambulantes inscritos entre junio de 1925 y el 7 de enero
38
de 1931, 195, o el 16,1% correspondía a mujeres. De ellas, 146 registraban edad, siendo 139
de ellas adultas que consignaban su lugar de origen. Sólo el 11,5% era originaria de
Antofagasta; el resto provenía de la zona central: 11% de Valparaíso y Aconcagua, 8,6% de
38
Todos los datos referidos a este caso específico me fueron entregados por la profesora Dina Escobar, coinvestigadora del proyecto FONDECYT 1095126, del cual también soy co-investigador y formaron parte de
su ponencia: “Presencia laboral de mujeres, niñas y niños en Antofagasta a través de las fuentes
municipales, 1920-1930”, presentada en las XV Jornadas de Historia Regional realizadas en Arica en
octubre de 2010. Archivo Municipal de Antofagasta. Registro de vendedores Ambulantes. Tomo I y II. El
registro contenía: Fotografía del vendedor/ra; número de orden en la inscripción, edad, lugar de nacimiento,
y si sabía leer y escribir. Luego se insertaba la filiación. Se debía rellenar el impreso con los datos
personales de identificación física de la persona: cara y color de tez, ojos y color, nariz, orejas, pelo y color,
boca (grande, chica) y estatura.
~ 146 ~
Espacio Regional
Santiago. Había 10 extranjeras, mayoritariamente bolivianas. El grueso de ellas provenía de las
provincias de Atacama y Coquimbo, con 50 casos o el 36%. En cuanto a provincias de origen el
82% dijo ser de Coquimbo (24 del puerto, 8 de Ovalle, 7 de La Serena y 3 de otra ciudad). De
las ocho que declararon proceder de la provincia de Atacama, cuatro dieron a la ciudad de
Copiapó como punto de partida, mientras las restantes señalaron Huasco (2), Vallenar y
Chañaral.
Aquellas mujeres que nacieron a fines de la década de 1920, y comienzos de la de 1930,
combinaron los desplazamientos externos e internos con las labores en sus hogares y el
servicio doméstico, y algunas, como tantos hombres, se dirigieron a algunos de los yacimientos
de la “gran minería”. Es el caso de las hermanas Millas Rojas de Serón que, todavía niñas, se
trasladaron en la década de 1940 con sus padres a Chuquicamata. Hoy residen en Calama en
donde se dedican al comercio. Un vez por año viajan a Serón, fundamentalmente para visitar a
su padre, Jorge Millas, quien una vez que terminó su vida laboral en la CHILEX, regresó a
Serón en donde adquirió dos hectáreas que dedicó al cultivo de uva que vendía a la planta
39
procesadora de Pisco Capel situada en la salida poniente del poblado. Las hermanas dicen
que les gusta mucho Serón, pero que por ningún motivo regresarían a vivir en el pueblo.
Ana Graciela Rojas Rojas tuvo una percepción similar y solo regresó a Serón después de una
vida laboral bastante extensa en Santiago y en El Salvador en donde se desempeñó en calidad
de cocinera y empleada doméstica; en El Salvador trabajó en casa de una familia
estadounidense. Los ahorros de más de 30 años le permitieron regresar a Serón y construir su
propia vivienda y adquirir un terreno en que se produce uva. Ana Graciela es viuda y vive sola,
pero desarrolla una activa vida social con amigas y participa en el Centro de Madres, la Junta
de Vecinos y la Asociación de Enfermos Crónicos. Dice extrañar mucho a sus hijos, quienes
luego de culminar su vida laboral en El Salvador se radicaron en Antofagasta, y sostiene que
sus visitas anuales constituyen una de sus grandes y escasas alegrías.
Raquel Contreras Contreras dejó su natal San Lorenzo a los 11 años, en 1950. Diversos
motivos, en particular la muerte de sus padres, la motivaron a dejar el hogar natal en el valle del
río Rapel y dirigirse a La Serena, trayecto que realizó en diversos medios de transporte. En esa
ciudad fue recibida por una prima, quien le procuró trabajo doméstico inicial en una parroquia;
allí aprendió oficios varios que le permitieron desempeñarse en diversos hogares y procurarse
sustento para una temprana vida independiente. Fue acogida por una familia para la que
desempeñó las labores hogareñas; a cambio, los dueños de la casa la incentivaron a continuar
sus estudios interrumpidos y seguir estudiando corte y confección, o modas, en la Escuela
Técnica de Niñas de la ciudad. Equipada con sus nuevas destrezas, Raquel desarrolló una
amplia estrategia de sobrevivencia que combinaba las tareas de tipo doméstico con la
producción de diversos tipos de vestuario. A partir de ese momento se hizo independiente y
consolidó su residencia en la ciudad en la que reside hasta hoy, en donde formó familia con
Mario Álvarez Urbina, natural de Vicuña, de oficio fotógrafo.
Entre las mujeres que dejaron la región se destacó la figura pública de Carmen Lazo Carrera,
“La negra Lazo”, que nació en Chuquicamata el 19 de septiembre de 1920. Por razones de
carácter laboral, su padre, originario de la provincia de Coquimbo, regresó a ella a comienzos
de la década de 1930, para trabajar en el mineral de hierro El Tofo, en donde Carmen ingresó al
recientemente fundado Partido Socialista de Chile en 1933. Su vida laboral comenzó
tempranamente como funcionaria del Servicio de Seguro Social, actividad que combinó con
39
La entrevista con las hermanas Millas Rojas se realizó el 20 de noviembre de 2009 en Serón. No pudimos
entrevistar a su padre que se encontraba enfermo y que falleció una semana más tarde. Las referencias a él
se basan en los datos que nos entregaron sus hijas.
~ 147 ~
Dossier
responsabilidades dirigenciales en la Confederación de Trabajadores de Chile entre 1939 y
1943. En 1941 fue elegida miembro del Comité Central de su Partido y se trasladó a Santiago.
En 1943 fue elegida regidora por esa comuna y en 1965 diputada por el Primer Distrito de
Santiago, sirviendo en esa calidad hasta el Golpe Militar de septiembre de 1973. Carmen Lazo
murió en el aeropuerto de Santiago como consecuencia de una falla respiratoria, cuando
regresaba después de participar en una actividad partidaria en La Serena; es decir, en la misma
región donde comenzó su actividad política.
¿Quiénes migraron al Norte Tradicional?
Si a partir de la década de 1930 la población del Norte Tradicional comenzó a aumentar
sostenidamente, en ello fueron decisivos los movimientos inmigratorios. Un caso masivo se
registró a comienzos de la década de 1930, cuando en el contexto de la crisis el gobierno puso
en marcha el plan de “lavaderos de oro”, uno de cuyos asientos importantes fue Andacollo. A
ese pueblo, que según los datos de 1930 tenía tan sólo 922 habitantes, llegaron
aproximadamente 6.000 y sus dependientes, lo cual elevó su población hasta cerca de 20.000
personas en 1924. De acuerdo con el censo de 1940 Andacollo sólo tenía una población de
6.748 habitantes, lo cual representaba una extraordinaria tasa anual de crecimiento de 22%.
También se encuentran buenos ejemplos en algunos servidores del Estado que convergieron a
las dos provincias, en particular a la provincia de Coquimbo. Un caso es el de Estela Ortega
Santander, quien nació en Valparaíso en 1905. Estela se trasladó a Santiago a comienzos de la
década de 1930 y obtuvo un empleo en el Consulado de Bolivia y se involucró en actividades
políticas. Pero también estudió y calificó como profesora primaria, actividad en que conoció a
Pedro Arriaza Ojeda, natural de Domeyko en la provincia de Atacama. De joven, Arriaza se
dedicó a las labores mineras en pequeños yacimientos, pero a fines de la década de 1920
ingresó a la recientemente creada policía de Carabineros de Chile en la que alcanzó el grado de
capitán, servicio que debió abandonar por una rencilla con un oficial superior. A comienzos de la
década de 1940 siguió cursos que lo calificaron como profesor de “enseñanza primaria”,
logrando con Estela diversas destinaciones docentes en la zona central. A mediados de la
década de 1940, Arriaza ganó un concurso para dirigir la escuela de la Hacienda Llimpo, de
propiedad pública, al interior de Salamanca, en el valle del Choapa. Ambos permanecieron allí
hasta mediados de la década de 1960, cuando solicitaron y obtuvieron traslado a la Escuela
Básica de Colmo, cerca de Con-Con en la Provincia de Valparaíso, en donde terminaron su
carrera.
Eduardo Hernández Valladares nació en Santiago en 1930 e ingresó a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado a comienzos de la década de 1950. En 1968 fue trasladado a la ciudad
de La Serena y, luego de instalarse llevó, por tren, a su familia. Eduardo era trabajador de vía al
ingresar a la Empresa y al jubilar, después de 30 años servicios, era Jefe de Taller. Permaneció
en la ciudad capital de la IV región, en donde aún reside.
Jorge Osorio Zamora, natural de Valparaíso, donde nació en 1938. Hasta 1971 Jorge, de
profesión Ingeniero Comercial, se desempeñaba en calidad de Jefe de Personal de la Sede de
Valparaíso de la Universidad de Chile. En su calidad de militante del Partido Socialista de Chile,
a mediados de aquél año recibió la orden de trasladarse a Coquimbo, para asumir similar
función en la industria productora de neumáticos MANESA, de propiedad del Estado. Jorge
desempeñó esa función hasta el día 11 de septiembre de 1973, y fue detenido por funcionarios
de la Policía de Investigaciones el día 17. Permaneció arrestado en las dependencias del
regimiento Arica de La Serena y luego en la cárcel de la ciudad, sin que se le formularan
cargos. El 16 de octubre Jorge fue ejecutado junto con otros 16 detenidos, en un episodio asaz
conocido y documentado.
~ 148 ~
Espacio Regional
Conclusión
A partir de la década de 1920 los movimientos migratorios del Norte Tradicional comenzaron a
experimentar importantes modificaciones respecto a la forma tradicional que había adquirido
desde la medianía del siglo XIX, aunque conservaron algunos rasgos esenciales. Entre estos
últimos se destacan dos factores que informan de manera fundamental la decisión de
abandonar el lugar de origen: la reducción de las oportunidades que permitieran a las personas
aspirar a un mejor nivel de vida –en donde el tema del acceso a la tierra y, en segundo lugar, el
reforzamiento de los mecanismos de redes que facilitaron el proceso de desplazamiento. El
93,3% de los encuestados afirmó que el primer factor fue su principal motivación, en tanto que
el 6% declaró al segundo en importancia al momento de tomar la decisión final de migrar. 40
Las diferencias son importantes y denotan cambios sustantivos. En primer lugar, cabe destacar
los movimientos internos, los que contribuyen a explicar la aceleración del proceso de
concentración de población. En ello la participación de las mujeres jugó un rol preponderante.
En segundo lugar, la emigración a otras regiones dejó de ser un fenómeno masivo, en la
medida que las oportunidades de trabajo en el Norte Nuevo o Grande se redujeron, dadas las
características de las empresas de la “gran minería” del cobre. En esos desplazamientos la
estructuración de redes –familiares o de amigos- tuvo particular importancia; en el caso de los
varones, los desplazamientos facilitados por el servicio militar fueron uno de los factores en la
base de dichos desplazamientos.
Los datos obtenidos en Cerrillos de Tamaya, San Lorenzo y Serón sugieren que las
motivaciones de los migrantes de esas comarcas se encuadran con los modelos que dan
cuenta de las migraciones tradicionales. En primer lugar, como resultado del agotamiento de las
oportunidades de mejorar el nivel de vida en el lugar de origen, que en estos casos está
relacionado con el cada vez más limitado acceso a la tierra y las dificultades de la minería,
incentivos principales para buscar trabajo con buenas remuneraciones en el norte o el centro
del país; también estuvieron relacionadas –y lo están hasta hoy- con la aspiración de acceder a
niveles de educación superior: enseñanza media, profesional o universitaria. En 1971 en una
muestra de 1570 emigrantes rurales el 8,1% declaró haber emigrado por motivos de estudio,
mientras que el 79,4% atribuyó su decisión a motivos de trabajo, es decir, a la búsqueda de
nuevas y mejores oportunidades de empleo. 41
La mayoría de los entrevistados se dirigió al Norte Grande, a las faenas de la “gran minería” o
las ciudades de mayor tamaño de la zona central; los primeros desempeñaron labores propias
de la fuerza de trabajo no calificada, mientras que en el caso de los segundos, en su mayoría
mujeres, se desempeñaron en el sector servicios, tanto en el doméstico como en el comercio.
Los que migraron pero permanecieron en la provincia (actual IV Región), tuvieron un destino
similar.
La diferencia más importante es que desde la década de 1930 los movimientos migratorios
dejaron de ser masivos en cuanto a desplazamientos a otras regiones. Los grandes
desplazamientos se verificaron al interior de la región y empujaron el proceso de concentración
de población, al cual contribuyeron -en un quantum desconocido- los inmigrantes, si bien
algunos de ellos se radicaron en las áreas rurales. Sin embargo, la muestra no permite siquiera
elaborar conclusiones tentativas al respecto, pero señala un camino posible para acercarnos a
conocer quienes convergieron a y se desplazaron por Coquimbo por aquellos años.
40
Resultados en línea con los de Jorge Zúñiga Ide, La emigración rural en la provincia de Coquimbo.
Informe preliminar, Santiago de Chile, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 1972.
41
Zúñiga, Cuadro n.º 24.
~ 149 ~
Dossier
Dos estudios, uno de 1971, otro de 2003, confirman en términos generales las principales
tendencias de los procesos migratorios en una perspectiva de larga duración, aunque
ciertamente la cantidad de personas involucradas para entonces había decrecido
considerablemente.
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Espacio Regional
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~ 151 ~
Dossier
~ 152 ~
Instrucciones para
los autores
Icación
cc
Espacio
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INSTRUCCIONES Y NORMAS PARA LOS AUTORES
QUE COLABOREN EN ESPACIO REGIONAL
Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales es una publicación editada semestralmente (se
publica en junio y diciembre) por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos
más la participación de la Dirección de investigación y el Programa de Estudios y Documentación en
Ciencias Humanas (PEDCH), de la misma Casa de Estudios.
Las colaboraciones pueden enviarse a Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales,
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Los Lagos, Av. Fuchslocher, n.º 1305, Osorno, Chile
y/o al correo electrónico habilitado para tal efecto: [email protected]
Para someter los trabajos enviados al Comité Editor, los autores deberán apegarse a las
siguientes normas editoriales de la revista:
1) Cada autor que envíe su trabajo original o inédito a Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales
asume el compromiso de no remitirlo al mismo tiempo a otras publicaciones en español, por lo que cada
artículo deberá acompañarse de una declaración en la que se explicite que no ha sido publicado y que no
se presentará simultáneamente a otra revista mientras el Comité Editor no haya entregado su resolución.
2) Los autores o colaboradores deben enviar su trabajo por correo electrónico, en programa Word para
Windows, con una extensión máxima de 20 carillas (14.000 palabras, aproximadamente) tamaño carta,
interlineado o espaciado sencillo en letra Times New Roman tamaño 12, incluyendo texto, bibliografía,
notas, gráficos, tablas, cuadros, mapas, diagramas e imágenes. Como se publicará en b/n, se debe
considerar esto en el diseño de tablas, cuadros, gráficos y en la selección de fotografías u otras imágenes.
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Comité Editor, el derecho de efectuar los cambios necesarios para mantener el estilo de Espacio Regional.
3) Cada trabajo debe incluir al comienzo un resumen del mismo, en castellano e inglés, con una extensión
máxima de 200 palabras. Este resumen debe incluir, como máximo 5 palabras claves en ambos idiomas. Se
espera que en el resumen se especifique el o los objetivos y los resultados de la investigación.
4) El nombre del(a) autor(a) y el de la institución a la que pertenece se deberán indicar claramente. Con un
llamado a pie de página al final del título se podrá indicar si el texto es el fruto de algún proyecto de
investigación concursable.
5) El trabajo podrá ser dividido en capítulos (en números romanos), títulos (en números arábigos) y
subtítulos (ordenados según las letras del alfabeto latino que nos rige).
6) Las notas de texto irán a pie de página y deben ajustarse a las siguientes indicaciones:
a) Las llamadas a ellas se harán mediante números volados secuenciales, sin paréntesis.
b) Cuando se cite por primera vez una obra, deberá figurar el nombre y apellido del autor, título
(cursiva), ciudad, editorial, año de edición y páginas. Todos estos datos deberán aparecer separados por
comas, y no por puntos. Las referencias siguientes a esa primera obra se harán citando el apellido del autor,
seguido de op. cit.
Ejemplos:
1. Roy Porter, Breve historia de la locura, México D.F., Ediciones Turner, 2003, 68-95.
2. Porter, op. cit., 99-114.
Instrucciones a los autores
Vol. 1, n.º 8, enero-junio 2011, Sec. de Redacción
c) Se escribirá en cursiva solamente el título del libro o de la revista en la que se incluya el artículo
que se cite, yendo éste entre comillas. En este caso, junto al nombre de la revista, se añadirá el volumen,
número, año y páginas.
Ejemplos:
1. José Mansilla, “Conflictos sociales en Calbuco hispano: los indios reyunos contra el
gobernador de Chiloé (1761–1765)”, en Espacio Regional, vol. 2, n.º 3, Osorno, 2006,
11-28.
2. Joel Lespai, “Consolidación del capitalismo agrario en la región austral y propiedad
indígena en Osorno (1883-1931)”, en Jorge Muñoz y Raúl Núñez (editores),
Amotinados, abigeos y usurpadores, Osorno, Editorial Universidad de Los Lagos,
2007, 101-145.
d) En caso de periódicos o diarios:
1. El Damas (Osorno), 21 de junio 1892, “Las bondades de la lectura”.
e) Idem e Ibid. (sin acentuar y en cursiva si se refiere a un artículo o un libro. Si se refiere a una
fuente documental no irá en cursiva) se utilizarán para reproducir la cita anterior. Idem cuando es
exactamente igual e Ibid. cuando contiene alguna variación como número de páginas, capítulos, etc.
7) Los originales publicados en Espacio Regional son propiedad del Departamento de Ciencias Sociales de
la Universidad de Los Lagos, siendo preciso citar su procedencia en cualquier reproducción total o parcial.
Los autores recibirán 3 ejemplares del número de la revista en el cual se publique su trabajo.
8) El Editor o Editora responsable acusará recibo de los originales en un plazo de siete días hábiles a partir
de su recepción. La aceptación de las colaboraciones dependerá de los arbitrajes confidenciales de al
menos dos especialistas. A partir de los informes, el Comité Editor decidirá sobre la publicación e informará
a los autores. En caso positivo, el plazo máximo transcurrido desde la llegada del artículo y su publicación
es de un año.
La Bibliografía se consignará al final del artículo y hará alusión a los trabajos efectivamente
considerados en la elaboración del mismo. El listado se encabezará con el título “Bibliografía” y los trabajos
se ordenarán alfabéticamente, tomando como base el apellido de los autores (excepto en los autores
institucionales). Si se ha trabajado con más de una obra de un mismo autor se deben ordenar sus obras
desde la más reciente a la más antigua. Se utilizará sangría francesa. Se sugiere evitar el uso de guiones
para indicar que las referencias pertenecen a un mismo autor.
Algunos ejemplos:
Amenábar, Alejandro, dir. Ágora. Telecinco Cinema, 2009. (La abreviatura “dir.” corresponde a director de la
película cinematográfica citada).
Amenábar, Alejandro, dir. Los Otros. Sogecine, 2001. (La abreviatura “dir.” corresponde a director de la
Ceballos-Escalera, Alfonso de y Almudena de Arteaga. La Orden Real de España (1808-1813). Madrid:
Ediciones Montalbo, 1997.
Chust, Manuel. “América despierta”. La Aventura de la Historia 11/125 (2009): 38-43.
Delgado, Víctor. Entrevista personal. 29 de septiembre de 1999. (En este caso se trata de una entrevista
inédita hecha por el autor del artículo a Víctor Delgado).
Goicoviü, Igor. “Re: Manifiesto de Historiadores”. Correo electrónico enviado a autor. 4 Feb. 2002. (Esta es
una comunicación electrónica. Se indica el autor, título del mensaje si procede, indicación de que
es un correo electrónico enviado a: puede ser al autor o a otra persona, indicar el nombre si es a
otra persona, fecha del correo).
Millar, René. La Inquisición de Lima. Signos de su decadencia 1726-1750. Santiago de Chile: DIBAM / LOM,
2004.
~ 156 ~
Instructions for the authors
Espacio Regional
Ulloa, José. “Galvarino Riveros Cárdenas. Ícono identitario a fórceps de Curaco de Vélez”. ¿Adónde se fue
mi gente? Memorias y realidades en la construcción de Chiloé (siglos XVI al XXI), editor Sergio
Mansilla. Osorno: PEDCH, 2008: 83-102. (En este caso se trata de un artículo independiente que
forma parte del libro mencionado).
Warnken, Cristián. “Una belleza nueva”. Canal Televisión Nacional de Chile. Domingo 10 de mayo de 2009.
(La fuente en este caso es un programa de televisión).
Como se aprecia, de preferencia –aunque no exclusivamente-, Espacio Regional publica sus
artículos originales o inéditos de acuerdo a una adaptación de la normativa MLA Style Manual.
Espacio Regional publica reseñas originales e inéditas de libros recientes, las cuales están
exentas del proceso de evaluación externa y cuya publicación será decidida por el Director y/o Editor(a) de
la Revista. Las reseñas deben tener una extensión aproximada de entre 1200 a 1500 palabras y deben
enviarse sólo por correo electrónico. El encabezado de cada reseña debe incluir los siguientes elementos
en este orden: a) nombre del autor reseñado; b) título del libro en cursivas; c) editorial, ciudad de
publicación, país y año entre paréntesis; d) número ISBN; e) número de páginas. Bajo el encabezado, al
costado derecho se incluirá el nombre del autor de la reseña y el de su institución.
Cada autor(a) puede enviar sus colaboraciones a: Espacio Regional. Revista de Estudios
Sociales, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Los Lagos, Av. Fuchslocher, n.º 1305,
Osorno, Chile. Cada trabajo puede ser enviado hasta el 30 de abril del año respectivo para que pueda ser
evaluado, de modo tal que aparezca en el primer volumen de la revista; y hasta el 30 de octubre de cada
año para que pueda ser evaluado y publicado en el segundo volumen de la revista.
Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales requiere a los autores que concedan la propiedad
de sus derechos de autor para que su artículo y materiales sean reproducidos, publicados, editados, fijados,
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incluida su puesta a disposición del público a través de medios electrónicos, ópticos o de otra cualquier
tecnología para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin fines de lucro.
INSTRUCTIONS AND NORMS FOR THE AUTHORS
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Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales is a biannual publication (published in June y
December) by the Social Sciences Department of the Universidad de Los Lagos with the collaboration of the
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The articles must be sent to Espacio Regional. Revista de Ciencias Sociales, Departamento de
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In order to present the papers sent to the Editing Committee, the authors will have to follow the editing norms
of the magazine:
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Each author that sends its original and no edited paper to Espacio Regional. Revista de Ciencias
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and the photos and illustrations in the TIFF format. Those elements must have a title, number,
~ 157 ~
origin reference and must be annexed in separate pages at the end of the article; their place in the
text must be indicated as: (insert graphic 1). The editor will be authorized, with the agreement of
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4)
The name of the author and of the institution in which he works must be indicated. With a note of
reference at the end of the title, it is possible to indicate if the paper is the result of a research
project.
5)
The paper can be divided en chapters (with roman numbers), titles (Arabic numbers) and subtitles
(ordered following the Latin alphabet).
6)
The notes of reference will be situated at the foot of the page and must follow theses indications:
a) The identification of these must appear with numbers without parenthesis.
b) When a title is quoted for the first time, it is important to give the name and family name of the
author, title, city, editor, year of edition and number of pages. All these information must be separated by
comas and not points. The next references at the same text will be indicated with the name of the author
and, then, op. cit.
Examples:
1. Roy Porter, Breve historia de la locura, México D.F., Ediciones Turner, 2003, 68-95.
2. Porter, op. cit., 99-114.
c) The title or the name of the magazine in which appears the article, only, should be written with
italic letters; the article will be quoted in parenthesis.
Examples:
1. José Mansilla, “Conflictos sociales en Calbuco hispano: los indios reyunos contra el
gobernador de Chiloé (1761–1765)”, en Espacio Regional, vol. 2, n.º 3, Osorno, 2006,
11-28.
2. Joel Lespai, “Consolidación del capitalismo agrario en la región austral y propiedad
indígena en Osorno (1883-1931)”, en Jorge Muñoz y Raúl Núñez (editores),
Amotinados, abigeos y usurpadores, Osorno, Editorial Universidad de Los Lagos,
2007, 101-145.
d) In case of newspapers:
1. El Damas (Osorno), 21 de junio 1892, “Las bondades de la lectura”.
e) Idem and Ibid. (without black letters and in italic if it refers to an article or a book. If it refers to an
archive document, without italic letters) will be used in order to reproduce the last reference note. Idem when
it is exactly the same and ibid when it contains differences such as number of pages, chapters, etc.
7) The original articles published in Espacio Regional are property of the Social Sciences Department of the
Universidad de Los Lagos, and the total or partial reproduction or quote of these texts must include its origin.
The authors will receive 3 samples of the magazine in which is published their article.
~ 158 ~
Espacio Regional
8) The editor will inform about the reception of the articles within a delay of 7 days after reception. The final
acceptation of the papers will depend on the valuation of, at least, 2 specialists. With these evaluations, the
Editing Committee will decide on the publication and will inform the authors. If the decision is positive, the
maximum delay between the reception and the acceptation is a year.
The bibliography will be situated at the end of the article and will indicate the works really considered in the
elaboration of the paper. The list will start with the title “Bibliography” and the works will be alphabetically
classified, using the name of the authors (exceptionally the name of an author-institution). If the paper has
been elaborated with more than one work of on author, one should classify the works from the newest to the
oldest. The French sangria must be used.
Some examples:
Amenábar, Alejandro, dir. Ágora. Telecinco Cinema, 2009. (La abreviatura “dir.” corresponde a director de la
Amenábar, Alejandro, dir. Los Otros. Sogecine, 2001. (La abreviatura “dir.” corresponde a director de la
Ceballos-Escalera, Alfonso de y Almudena de Arteaga. La Orden Real de España (1808-1813). Madrid:
Ediciones Montalbo, 1997.
Chust, Manuel. “América despierta”. La Aventura de la Historia 11/125 (2009): 38-43.
Delgado, Víctor. Entrevista personal. 29 de septiembre de 1999. (En este caso se trata de una entrevista
inédita hecha por el autor del artículo a Víctor Delgado).
Goicoviü, Igor. “Re: Manifiesto de Historiadores”. Correo electrónico enviado a autor. 4 Feb. 2002. (Esta es
una comunicación electrónica. Se indica el autor, título del mensaje si procede, indicación de que
es un correo electrónico enviado a: puede ser al autor o a otra persona, indicar el nombre si es a
otra persona, fecha del correo).
Millar, René. La Inquisición de Lima. Signos de su decadencia 1726-1750. Santiago de Chile: DIBAM / LOM,
2004.
Ulloa, José. “Galvarino Riveros Cárdenas. Ícono identitario a fórceps de Curaco de Vélez”. ¿Adónde se fue
mi gente? Memorias y realidades en la construcción de Chiloé (siglos XVI al XXI), editor Sergio
Mansilla. Osorno: PEDCH, 2008: 83-102. (En este caso se trata de un artículo independiente que
forma parte del libro mencionado).
Warnken, Cristián. “Una belleza nueva”. Canal Televisión Nacional de Chile. Domingo 10 de mayo de 2009.
(La fuente en este caso es un programa de televisión).
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publicación, tras la evaluación preliminar del Comité Editor, el Editor(a) y/o el Director(a) de la revista, será
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1) Respecto al tema: originalidad, claridad del planteamiento argumental e interés científico disciplinar.
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~ 160 ~
~ 161 ~
Espacio Regional

Revista Espacio Regional vol 1 2011.

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