planes nacionales de vivienda y saneamiento 2006 - 2015

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PLANES NACIONALES
DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO 2006 - 2015
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Rudecindo Vega Carreazo
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Guido Valdivia Rodríguez
Viceministro de Vivienda y Urbanismo
Otto Eléspuru Nesanovich
Viceministro de Construcción y Saneamiento
Lima, marzo de 2006
ÍNDICE GENERAL
Presentación ................................................................................................................9
Introducción: Hacia la Superación de la Pobreza .........................................................15
Plan Nacional de Vivienda..........................................................................................25
Plan Nacional de Saneamiento...................................................................................61
AGUA Y VIVIENDA PARA UNA VIDA DIGNA.
A PROPÓSITO DE LOS PLANES NACIONALES DE VIVIENDA
Y SANEAMIENTO 2006-2015
Rudecindo Vega Carreazo
Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
No hay vida sin agua y no hay vida digna sin vivienda. Agua y Vivienda son dos de las necesidades más elementales de los seres humanos y definen la esencia de una vida decente. La carencia
de una de ellas o, peor aún, de ambas, es un claro signo de pobreza, una nítida expresión de la
violencia estructural que limita o impide que las personas puedan desarrollarse como personas.
Justamente ahí, en la necesidad de proveer a todos de agua y de vivienda - hoy y en el futuro - se
resume la razón de ser del actual Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Sin embargo, una tarea trágicamente pendiente en el Perú es la capacidad de planificar y ejecutar
propuestas a mediano y largo plazo. Pocas veces o casi nunca levantamos nuestra mirada al horizonte. El día a día nos consume y marca nuestro accionar. Algunas veces - sobre todo durante
los procesos electorales o al inicio de los gobiernos - se discute y propone medidas generales de
mediano y largo plazo sin avanzar como se debe en su contenido. Y, otras veces, nos olvidamos
de lo avanzado y reiniciamos todo nuevamente.
Concientes de ello y con la finalidad de proponer una visión de mediano y largo plazo, consolidar
y dar sostenibilidad a los planes y programas iniciados y, sobre todo, apoyar a las personas, al
país y a sus autoridades nacionales, regionales y locales (todas ellas a ser renovadas en abril y
noviembre de este año) es que hoy entregamos, completamente actualizados y con un horizonte
hasta el 2015, el Plan Nacional de Vivienda y el Plan Nacional de Saneamiento.
Los Planes Nacionales de Vivienda y Saneamiento 2006-2015 surgen del compromiso del Estado
peruano por desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de eliminar su déficit y con el
objetivo de extender el acceso de los servicios sociales básicos de agua y saneamiento, de manera
a proporcionar, a cada familia peruana, las condiciones necesarias para una vida digna y un desarrollo saludable en un entorno adecuado. Estos planes llevan el signo de la lucha por superar
la pobreza al mismo tiempo que promover el empleo, con el fomento de la inversión pública y
privada para propiciar el crecimiento económico y el desarrollo nacional.
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El objetivo central de estos Planes es contar con un marco director que oriente el desarrollo
coherente e integrado del sector VIVIENDA, comprometiendo a las diferentes entidades e instituciones públicas y privadas involucradas a llevar a cabo este proceso de manera participativa,
concertada, transparente y con objetivos nacionales claros y bien definidos. Se trata de definir
y determinar programas y proyectos que permitan concretar y ejecutar los grandes lineamientos sobre la materia, asumidos por el Estado Peruano en la Cumbre del Milenio y el Acuerdo
Nacional.
La “disolución” del Ministerio de Vivienda durante el primer gobierno de Fujimori y la reducción,
durante la década anterior, de la importancia del sector vivienda como actividad estratégica para
el desarrollo nacional, a través del progresivo desmantelamiento del marco normativo, institucional, tecnológico y financiero que regía las actividades del desarrollo urbano, la vivienda y la construcción, requiere generar un cambio cualitativo importante destinado a recuperar la credibilidad
pública del Estado como gestor del bienestar de la gente y responsable de garantizar un ambiente
sano para ésta y las futuras generaciones.
El Plan Nacional de Vivienda, denominado “Vivienda para Todos” 2006-2015, contiene los lineamientos de política, objetivos, metas, estrategias y líneas de acción programática del sector para
los próximos años. Busca consolidar el auge de la actividad habitacional y los logros obtenidos
desde la creación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el 2002, bajo la
perspectiva que la política de vivienda debe constituirse en una Política de Estado que garantice
la continuidad de sus principales programas y propuestas.
Este conjunto de propuestas de objetivos, metas e inversiones permitirán fortalecer y hacer más
competitivo el Sector, mediante la promoción de alianzas público-privadas, el fortalecimiento del
sistema de regulación sectorial y la introducción de la gestión por resultados y la rendición de
cuentas en el Sector.
Extender el acceso a una vivienda digna mediante las inversiones programadas, tiene además un
efecto directo en la prevención de conflictos relacionados con los derechos fundamentales de las
personas; si a esto le sumamos la participación de la población en las decisiones sobre el tipo de
servicios que requieren y los costos que están dispuestos a asumir por ellos, además de colaborar
en una administración justa y sostenible de los servicios, habremos avanzado en nuestra responsabilidad de conseguir el desarrollo humano y solidario del país.
Finalmente, los Planes Nacionales de Vivienda y Saneamiento, pronto serán complementados
con los Planes de Desarrollo Urbano e Infraestructura que el Sector propondrá al país, donde se
dejarán establecidas las bases y orientaciones para garantizar la permanencia y la sostenibilidad
de las políticas del sector y afianzarse como políticas de Estado.
Lima, marzo de 2006
En el caso del sector saneamiento, el Plan Nacional de Saneamiento “Agua es Vida” 2006-2015
expresa un conjunto de medios necesarios para llevar a cabo las acciones que realizan las diferentes entidades involucradas en el sector y que abarcan los ámbitos urbano, rural y pequeñas localidades, promoviendo su integración. El Plan incluye no sólo las acciones a realizar por el propio
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sino también las acciones que se requiere
realizar en el ámbito de las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS), pequeñas municipalidades y
Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), las cuales tienen a su cargo la administración, operación y mantenimiento de los servicios rurales, e incluye, asimismo, el papel que
cumplen los Gobiernos Regionales en materia de saneamiento.
Estos planes, impulsados por primera vez en conjunto, se inscriben como parte del compromiso de diálogo de las fuerzas políticas del país, la sociedad civil y el Gobierno para lograr un
Acuerdo Nacional. Dichas partes expresaron, en julio de 2002, el compromiso de proporcionar
a cada familia el acceso a una vivienda digna y condiciones básicas para un desarrollo saludable en un ambiente de calidad y de seguridad; se comprometieron a otorgar un tratamiento
especial a las obras de servicio social, con énfasis en la infraestructura de salud, educación,
saneamiento, riego y drenaje, para lo cual plantearon la participación de la empresa privada
en su gestión.
De igual manera, los Planes se orientan hacia el cumplimiento del compromiso y adhesión del
Gobierno peruano por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, concientes de la importancia del agua y los servicios de
saneamiento tanto como de la necesidad de mejorar las características físicas y la calidad de las
viviendas a fin de lograr la superación de la pobreza, garantizar la salud de las personas, reducir
las tasas de mortalidad y morbilidad, promover la igualdad de géneros y la conservación del
medio ambiente.
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INTRODUCCIÓN: HACIA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Se estima que al 2015, año meta de los siguientes planes, la población del Perú será de aproximadamente 31 millones 972 mil habitantes. Si se asume que el tamaño promedio de los hogares
peruanos es de 4.4 miembros, al 2015 el Perú contará con 7 millones 266 mil hogares, lo que
equivale a un crecimiento promedio de 91 mil nuevos hogares por año.
La población en edad de trabajar (15 a 64 años) aumenta anualmente a un ritmo mayor a la tasa
de crecimiento demográfico: 2,2% versus 1,6%. Es decir, quienes hace 10 ó 20 años formaban
parte de la base piramidal de población hoy demandan trabajo y vivienda.
Por otro lado, las tendencias observadas en la distribución de la población por área rural o urbana
muestran que la dinámica demográfica no ha sido uniforme. Una distribución geográfica heterogénea es producto de la fecundidad, mortalidad, migraciones y la existencia de oportunidades
económicas, laborales y sociales.
El 72,3% de la población peruana se concentra en el área urbana; en la costa se ubica el 52.2%
de la población; en el departamento de Lima el 29,1%, y en Lima Metropolitana y Callao el
28.8%. Asimismo, en los últimos años se aprecia un mayor incremento relativo de la población en
determinadas localidades de la costa, a raíz de las actividades de agroexportación que motivan
una importante migración de la sierra a la costa.
Si no se sostiene una política de vivienda en los siguientes años enfocada a los sectores de mayor
demanda, para el 2015 el déficit habitacional podría incrementarse en un 50% si se toma como
referencia el déficit habitacional de arrastre cuantitativo y cualitativo; el número de hogares que
cada año se incorporan al mercado habitacional (necesitados o demandantes); la cantidad y
caracterización de la producción habitacional formal e informal y el deterioro del parque habitacional existente (estimado en 2% anual).
De la misma manera, si bien nuestro país posee una oferta hídrica amplia, como consecuencia
de la falta de inversión en infraestructura, el bajo nivel de cobertura de agua potable en el país
expresa una realidad preocupante ya que la población no se beneficia de ella: el acceso al agua
es un indicador fundamental para medir el desarrollo humano de una población.
El Perú presenta niveles elevados de pobreza y pobreza extrema especialmente en el tema de
saneamiento, los cuales se reflejan en la carencia de sistemas adecuados de acceso al agua potable, drenaje y elevadas tasas de contaminación de las aguas.
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LA POBREZA EN EL PERÚ
No obstante los innegables éxitos de la política macroeconómica implementada en el Perú desde
el año 2001 - la que ha permitido un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno motivado
por el notable incremento de las exportaciones, la demanda interna y la inversión - persisten en el
país altos niveles de pobreza y pobreza extrema.
De acuerdo con las estimaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, la pobreza se redujo del 54,3% a 51.6% a nivel nacional entre el 2001 y el 2004,
aunque se incrementó en Lima Metropolitana en 4.7 puntos porcentuales (pasando de 31.8% a
36.5%), lo cual limita el impacto de la reducción global de la pobreza que se ha presentado en
las áreas rurales (4.6%) y más acentuadamente, en el resto del área urbana (6.7%). Este resultado desigual puede atribuirse, en una buena proporción, al aumento de 5.4% de la población
en Lima Metropolitana, así como al auge de la actividad agroexportadora en varias regiones de
la costa como Lambayeque, donde la pobreza se redujo 18.1puntos porcentuales o Ica, que presentó una contracción de la pobreza de 17.5 puntos porcentuales, al bajar de 46.7% a 29.2%.
Si bien la tendencia es a la reducción, a la fecha aproximadamente 13 millones 800 mil personas
viven por debajo de la línea de pobreza, de las cuales 5 millones 600 mil se encuentran en condición de extrema pobreza, es decir que no están en capacidad de cubrir una canasta básica de
alimentos pese a que, de acuerdo a cifras del INEI, la pobreza extrema se ha reducido de 24.1%
a 19.2% (casi cinco puntos porcentuales) entre el 2001 y el 2004.
Reducir a la mitad el porcentaje de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza será el objetivo nacional de los próximos diez años. Para esto se requiere de una estrategia
integral de largo plazo de la que forman parte importante los planes nacionales de vivienda y
saneamiento, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
EL ENTORNO ECONÓMICO
El Marco Macroeconómico Multianual, elaborado anualmente por el Ministerio de Economía y
Finanzas, estima que la producción nacional en el período 2006-2008 crecerá a un promedio
anual de 5% y, en el ámbito sectorial, la recuperación será liderada, entre otros, por el sector
construcción que se estima crecerá en 7,5% durante los próximos tres años.
De la misma manera, el MEF propone que el gasto social - que actualmente representa cerca del
8% del PBI - se eleve por encima del 10% y que estos gastos se orienten principalmente a las áreas
de nutrición, salud, educación, justicia, vivienda, seguridad ciudadana e inversión social adicional
que permita la transferencia de capital a las zonas más deprimidas y necesitadas, de tal manera
que, en un escenario de restricción de recursos fiscales, se proteja a las familias de alto riesgo y
se garantice la prestación de servicios sociales básicos de calidad adecuada.
El crecimiento sostenido del país y el incremento en la competitividad han requerido elevadas
tasas de inversión en infraestructura física y capital humano y han generado los cimientos para
desarrollar un país social y econonómicamente estable. Prueba de ello son los indicadores favorables del Producto Bruto Interno (PBI) que viene mostrando el país: durante el 2005, la economía
nacional se vio incrementada en un 6,7% con relación al periodo anterior y ésta en un 4,8% en
relación al 2003. Esta recuperación económica se vio fuertemente consolidada y apoyada por el
creciente ritmo que mostró el Sector Vivienda, que creció en el 2005 en un 8,7% con relación al
año anterior.
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La dinámica mostrada por el Sector a través de sus diferentes programas y proyectos ha contribuido, además, al arrastre económico de otros sectores como la minería no metálica (hormigón,
arena o piedra chancada), industria ladrillera, productos de plástico, suministros eléctricos, pinturas, mayólicas, etc. De esta manera, la participación productiva del Sector se ha convertido en
un componente fundamental de las políticas de desarrollo del país.
En el mediano plazo, con la implementación de tratados de libre comercio con los Estados Unidos, la Unión Europea y el Asia, así como de acuerdos de integración con los países andinos y
el MERCOSUR, se irá consolidando una economía abierta con un aparato productivo orientado
firmemente hacia la exportación. Para ello es indispensable el fortalecimiento de la competitividad
del país.
LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS
El incremento sostenido del comercio mundial, la disponibilidad de medios tecnológicos para
difundir información y conocimientos y la vigencia de modelos económicos que privilegian la
formación de bloques de países con importantes niveles de integración comercial, económica y
política, nos indican que la globalización es un hecho ineludible del que no pueden sustraerse
países pequeños y de renta media baja como el Perú. El objetivo es conseguir que la globalización
se convierta en una fuerza positiva que nos permita conseguir la mayor cantidad de beneficios
para el país.
Pero la globalización implica ser competitivos. Competitividad se define como la capacidad de un
país de alcanzar un crecimiento rápido y sostenido. De acuerdo al Foro Económico Mundial, para
medir la competitividad de una sociedad en su conjunto se utiliza el Índice de Competitividad para
el Crecimiento (ICC) que se compone de tres sub-indicadores: calidad institucional, ambiente macroeconómico y disposición de recursos tecnológicos. Ello quiere decir que no basta que un país
tenga estabilidad macroeconómica, inversión, recursos materiales, tecnológicos o habilidades
empresariales, si al mismo tiempo no tiene una sociedad institucionalizada.
Una sociedad institucionalizada es aquella en la que existe capacidad para procesar las discrepancias de los diferentes grupos de interés mediante mecanismos predecibles y legitimados. Es
decir, aquélla en que los ciudadanos creen en sus instituciones (convicción ciudadana) y éstas
funcionan de acuerdo a las competencias previamente otorgadas y a las normas legítimamente
aprobadas por la sociedad.
La institucionalización de la sociedad facilita, además, el fortalecimiento de otros factores de
competitividad (como la estabilidad macroeconómica o la inversión empresarial a largo plazo).
Puede afirmarse, en consecuencia, que una sociedad institucionalizada es el prerrequisito básico
para la competitividad de un país.
Una vez consolidados los factores de competitividad, es posible alcanzar el crecimiento sostenido.
Ello, sin embargo, no es suficiente para garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto,
condición previa para alcanzar el desarrollo sostenido de un país.
Es aquí donde el Estado cumple un rol de primer orden en la reducción de la desigualdad y de la
pobreza. El crecimiento sostenido de un país, con un marco institucional sólido, puede generar
una recaudación de recursos fiscales creciente y continua que permita desarrollar políticas de
Estado que, por un lado, promuevan la inversión y, por otro, sirvan para reducir la pobreza y la
desigualdad. Estas últimas - las llamadas políticas sociales - reducen los niveles de conflicto que
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Plan nacional para la superación de la pobreza
pueden amenazar a una sociedad, reforzando su institucionalidad y produciendo lo que puede
denominarse el círculo virtuoso del desarrollo, tal y como se muestra en el grafico siguiente:
El círculo virtuoso del desarrollo
Competitividad
Global
EJES
OBJETIVOS
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
HUMANAS Y
RESPETO DE
DERECHOS
FUNDAMENTALES
Asegurar el capital
humano y social de
grupos sociales en
situación de riesgo y
vulnerabilidad social
PROMOCIÓN DE
OPORTUNIDADES
Y CAPACIDADES
ECONÓMICAS
Incrementar sus
activos familiares y
comunitarios y
mejorar los ingresos
y el empleo
permanente
ESTABLECIMIENTO
DE UNA RED DE
PROTECCIÓN
SOCIAL
Reducir los riesgos y
proteger a las
personas y sus
familias
Estímulo de
Inversión
Reducción de
la pobreza
Mantenimiento
preventivo y generación
de infraestructura y
desarrollo de iniciativas
sociales productivas
Servicios sociales
básicos: educación,
salud, alimentación y
nutrición, vivienda y
saneamiento
Derechos básicos:
justicia y seguridad
ciudadana
Fondos sociales
Activos de familias
y comunidades:
infraestrctura vial
telecomunicaciones y
electrificación
Capacidad técnica
Desarrollo rural
Mejoramiento del
ingreso
Fondos sociales
Recaudación
Fiscal Continua
Políticas Sociales
Eficientes
Elaboración: VMVU
Con este enfoque, el Plan Nacional de Competitividad liderado por la Presidencia del Consejo
de Ministros, que propone como uno de sus objetivos principales establecer planes estratégicos
de gestión de las entidades públicas y su adopción por consenso nacional, constituye uno de los
documentos orientadores para la elaboración de los planes.
EFICIENCIA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
Queda claro que las políticas sociales constituyen un elemento clave para la institucionalización
de la sociedad, para la competitividad del país y para el bienestar nacional. De la eficiencia de
estas políticas depende en gran medida que los objetivos se alcancen en el menor tiempo posible,
de modo que se reduzcan los costos y riesgos sociales y económicos que trae consigo el mantenimiento de la pobreza y la desigualdad.
Sin embargo, no es posible lograr eficiencia, productividad y calidad del gasto sin organizar
y ordenar las políticas sociales para superar la pobreza, precisando con claridad los grandes
lineamientos, prioridades y objetivos que orienten las intervenciones sociales. En este sentido,
mediante el D.S.Nº 064-2004-PCM se precisaron tres grandes ejes que todo programa o proyecto social debe perseguir: el desarrollo de capacidades humanas, la promoción del empleo
y generación de oportunidades económicas para los pobres y el funcionamiento de una red de
protección social.
Protección integral de
todos los niños y niñas
menores de tres años1,
de cualquier daño que
afecte su desarrollo
potencial
Crecimiento
Sostenido
Sociedad
Institucionalizada
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ÁREAS DE
INTERVENCIÓN
PRIORIDADES
ESTRATÉGICAS
Protección a los grupos
más vulnerables,
especialmente los niños
menores de tres años,
mujeres embarazadas y
puérperas personas con
discapacidad, personas
adultas mayores y
damnificados por efecto
de emergencias naturales
Fondos sociales
Carta de política social
Por otro lado, la Carta de Política Social elaborada por la Comisión Interministerial de Asuntos
Sociales (en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Educación y la colaboración del Banco Mundial) establece
que estas estrategias tienen como elementos fundamentales los siguientes principios que orientan
la acción del Estado en este campo:
1. Promoción y respeto de los derechos y deberes de la persona y responsabilidad de las instituciones.
2. Participación de la sociedad civil.
3. Asignación de recursos con criterio de equidad.
4. Descentralización de los servicios.
5. Coordinación entre los diversos actores involucrados.
6. Fomentar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
7. El seguimiento permanente y la evaluación de la eficiencia y eficacia de las decisiones
adoptadas.
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Acuerdo Nacional
Otro de los documentos de política que guía las acciones propuestas por los Planes Nacionales
de Vivienda y Saneamiento es el Acuerdo Nacional, un compromiso de gobernabilidad al que
llegaron por consenso los representantes de las distintas organizaciones políticas, religiosas y
sociales del país. Dichos representantes aprobaron, en julio de 2002, un conjunto de Políticas de
Estado, dos de las cuales orientan los planes nacionales del sector: desarrollar la infraestructura
y la vivienda con el fin de eliminar su déficit mediante el fomento de la competitividad del país y
su desarrollo sostenible y, en segundo lugar, garantizar el acceso universal a una salud integral de
calidad a través de la ampliación del acceso al agua potable y saneamiento básico, así como el
control de los principales contaminantes ambientales.
Con estos objetivos, el Estado se comprometió a promover una cultura de la salud, incluyendo
hábitos de vida saludables, ampliando el acceso a los servicios de agua y alcantarillado de acuerdo a las necesidades de cada región (Décimo Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional).
Asimismo, se comprometió a facilitar el acceso a una vivienda digna, lo que supone elaborar un
plan nacional de vivienda y normas que simplifiquen la construcción y el registro de viviendas
en tiempo y costo que permitan su densificación, abaratamiento y seguridad. Se comprometió
también a consolidar un sistema habitacional integrado al sistema económico privado; con el
Estado en sus niveles nacional, regional y local, en un rol subsidiario, facilitador y regulador de
estas actividades y le encomienda al sector privado fomentar la transferencia de su diseño, construcción, promoción, mantenimiento u operación, según sea el caso. Finalmente, se comprometió
a fomentar el saneamiento legal y a buscar mejorar la calidad de las viviendas auto-construidas
(Vigésima Primera Política de Estado del Acuerdo Nacional).
Es evidente, pues, la íntima relación que existe entre la precariedad urbana - que se expresa en
la carencia de infraestructura (servicios públicos, vivienda, equipamiento urbano) - y la exclusión
social de las familias pobres. Por ello, los programas orientados a la atención de la precariedad
física y la integración de las familias pobres a la ciudad son los más eficientes en la lucha contra
la pobreza.
En efecto, un estudio de la Comisión Económica para América Latina-CEPAL1 considera que los
programas de vivienda basados en subsidios directos habitacionales, los de mejoramiento de
barrios pobres y los fondos sociales “constituyen, como conjunto, intervenciones que cubren parte
importante de las distintas demandas y expresiones del problema de la pobreza (alojamiento,
barrios e infraestructura para los pobres)”.
Asimismo, el ejercicio de apreciación al Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, MiBarrio,
efectuado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD2 , concluye que
“MiBarrio ha logrado convertirse en una institución reconocida y valorada por las poblaciones
urbano-marginales y los gobiernos locales involucrados, ya que apunta a resolver aspiraciones
y necesidades altamente prioritarias por la población y sus autoridades. En el mismo sentido, el
programa cumple un rol importante en los esfuerzos gubernamentales de combate y reducción
de la pobreza extrema en las áreas urbanas menos favorecidas del país, siendo consistente con
los esfuerzos nacionales dirigidos al logro de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de la
Superación de la Pobreza, el Acuerdo Nacional y las Metas de Desarrollo asumidas por el Perú
para el 2015 en la Cumbre del Milenio.”
Es así que los programas y las políticas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
están dirigidos al mejoramiento y desarrollo del hábitat urbano y rural del país y reflejan el rol
primordial del Sector, no solamente en la generación de empleo, el desarrollo de mercados, la
producción industrial y la inversión, sino también en el fortalecimiento de alianzas público-privadas y la ejecución de la política social de lucha contra la pobreza.
Los objetivos de desarrollo del milenio
Planteados por la mayor reunión de líderes mundiales convocados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas desde su creación, expresan el reconocimiento de la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el
plano mundial y la decisión de reducir a la mitad el porcentaje de personas que están por debajo
de la línea de pobreza al 2015. Los ODM se plantean ocho metas, una de las cuales propone
reducir a la mitad las personas que carecen de acceso a agua potable, así como, mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de asentamientos humanos y tugurios:
Objetivo 7 : Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta 10
: Reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de
Meta 11
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de los habitantes
de asentamientos humanos y tugurios.
Los planes nacionales de vivienda y saneamiento se han planteado un horizonte de 10 años en
concordancia con las Metas del Milenio y se proponen, ambos, alcanzar los compromisos internacionales asumidos por el Perú en la Declaración del Milenio.
En conclusión, los planes nacionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
teniendo como marco el Plan Nacional de la Superación de la Pobreza, el Plan Nacional de
Competitividad, el Marco Macroeconómico Multianual, la Carta de Política Social, el Acuerdo
Nacional y las Metas de Desarrollo del Milenio, apuntan a superar la pobreza mediante la búsqueda del desarrollo humano de la población de menores recursos y grupos vulnerables; mediante la promoción de una gestión que propicie el desarrollo de la competitividad y la eficiencia a
través de programas dirigidos a las personas que carecen de acceso a agua potable y servicios
de saneamiento; mejorando las condiciones de vida de los habitantes de asentamientos humanos
y tugurios; facilitando el acceso al suelo formal; promoviendo las inversiones inmobiliarias con
fines residenciales; y estimulando la producción de soluciones habitacionales de calidad para el
medio urbano y el rural del país.
1
“Pobreza en América Latina: Nuevos escenarios y desafíos de políticas para el hábitat urbano”, Camilo Arraigada, Serie medioambiente y desarrollo Nº 27, NN.UU. CEPAL - División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos, Santiago de Chile. Octubre de 2000.
2
“Ejercicio de Apreciación del Programa “MiBarrio” del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo – PNUD Perú, Lima, enero de 2006.
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PLAN NACIONAL DE VIVIENDA 2006 -2015
VIVIENDA PARA TODOS
ÍNDICE
CAPÍTULO I - SITUACIÓN ACTUAL ..................................................... 31
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
La vivienda en el Perú (1990-2000)...............................................................31
Perfil habitacional y barrial (al 2001) .............................................................32
Una nueva visión (2001-2006)......................................................................33
1.3.1 El modelo de gestión habitacional ............................................................ 33
1.3.2 El marco institucional .............................................................................. 33
1.3.3 El marco normativo ................................................................................. 35
1.3.4 El plan nacional de mediano plazo ........................................................... 36
Metas alcanzadas (2001-2005) .....................................................................37
1.4.1 Metas físicas alcanzadas .......................................................................... 37
1.4.2 Metas económicas y sociales alcanzadas .................................................. 37
Limitaciones .................................................................................................37
CAPÍTULO II - POLÍTICA DE VIVIENDA .............................................. 43
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Principios fundamentales ..............................................................................43
2.1.1 La vivienda, un asunto de carácter múltiple ............................................... 43
2.1.2 La vivienda, lo urbano y lo rural ............................................................... 43
2.1.3 La vivienda y la institucionalidad............................................................... 43
2.1.4 La vivienda y el desarrollo económico ....................................................... 43
2.1.5 La vivienda y la superación de la pobreza ................................................. 44
2.1.6 La vivienda y la descentralización ............................................................. 44
Misión ..........................................................................................................44
Objetivos ......................................................................................................44
2.3.1 Objetivos generales ................................................................................ 44
2.3.2 Objetivos específicos ............................................................................... 45
Metas ...........................................................................................................45
2.4.1 Metas físicas ........................................................................................... 45
2.4.2 Metas económicas .................................................................................. 46
2.4.3 Metas sociales ........................................................................................ 46
Estrategia .....................................................................................................46
2.5.1 Integralidad: vivienda para todos ............................................................. 46
2.5.2 Progresividad: más apoyo para los que menos tienen ................................ 47
2.5.3 Subsidiariedad: atiende el más eficiente, al que está más cerca .................. 47
2.5.4 Enfoque de mercado: equilibrando la oferta y la demanda ......................... 48
2.5.5 Transparencia: generando confianza ........................................................ 48
2.5.6 Articulación industrial: produciendo lo que la vivienda requiere .................. 49
2.5.7 Eficiencia social: superando la pobreza .................................................... 49
Líneas de acción programática ......................................................................49
2.6.1 Producción habitacional .......................................................................... 49
2.6.2 Mejoramiento urbano y rural.................................................................... 51
2.6.3 Financiamiento habitacional .................................................................... 52
2.6.4 Innovación tecnológica............................................................................ 54
2.6.5 Modernización normativa ........................................................................ 55
2.6.6 Fortalecimiento y posicionamiento institucional .......................................... 56
2.6.7 Promoción habitacional ........................................................................... 57
CAPÍTULO I
SITUACIÓN ACTUAL
1.1 La vivienda en el Perú (1990-2000)
A partir del año 1991, se inició el proceso de debilitamiento institucional del sector vivienda, cuyos
principales hitos fueron:
a. Una merma notoria de influencia política y de recursos económicos, al haber perdido su
rango ministerial.
b. El mal uso y posterior liquidación del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) que desde
1979 hasta 1992 fue el sustento de los programas de vivienda social, junto con la Empresa
Nacional de Edificaciones (ENACE), también desactivada.
c. La liquidación de las entidades que brindaban el financiamiento hipotecario para las familias de estratos medios y bajos y el apoyo crediticio para el desarrollo de proyectos de
vivienda(Banco Central Hipotecario, Banco de la Vivienda, Mutuales de Vivienda, Cooperativas de Créditos para Vivienda).
d. La dispersión, en diferentes instancias del aparato estatal, de las entidades encargadas de la
instrumentación de políticas como la Superintendencia de Bienes Nacionales, el Banco de
Materiales (BANMAT), el Fondo Mivivienda, la Comisión de Formalización de la Propiedad
Informal (COFOPRI), las empresas de Saneamiento, el Registro Predial Urbano (RPU).
e. La pérdida de su capacidad para generar información técnica actualizada y efectuar investigaciones aplicadas, al haberse reducido el nivel de actividad y el ámbito de influencia del
Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR) y la desactivación del Instituto Nacional
de Investigación y Normalización de la Vivienda (ININVI).
f. La reducción de su ámbito de gestión geográfica, al haberse transferido las Direcciones Regionales de Vivienda y Construcción a los Consejos Transitorios de Administración Regional.
g. La desvinculación - cuando no el enfrentamiento - con los gobiernos locales, lo que ha
significado una superposición de normas y competencias que afectaron tanto al ciudadano
como al inversionista.
31
Todo ello impidió la implementación de políticas nacionales de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda y construcción de infraestructura urbana, y condujo al mantenimiento de
un marco normativo desfasado. Baste mencionar, como ejemplos de este desfase, la vigencia por
más de treinta años de un obsoleto Reglamento Nacional de Construcciones, y el que los procesos
de habilitación urbana y de edificación sean regidos por disposiciones que adolecían de gruesas
fallas conceptuales, en las que primó la voluntad política de interferir en los fueros municipales
antes que en el desarrollo ordenado de nuestras ciudades.
Los gobiernos locales, por su lado, sea por falta de medios económicos o por carencia de capacidades técnicas, no podían dirigir adecuadamente el pronunciado proceso de urbanización que
ha sufrido el país, proceso que ha sido liderado por acciones espontáneas, desarrolladas principalmente por las familias de menores recursos.
Este crecimiento desorganizado de nuestras ciudades, que afectaba directamente el desarrollo eficiente
del aparato productivo nacional, motivó además la acentuación de las diferencias sociales, de las que
las graves carencias de empleo, educación, salud, alimentación y vivienda son un fiel reflejo; esto generó un uso ineficiente del territorio, como lo revela el hecho que, en el 2001, el 52.2% de la población
nacional se ubicaba en la costa, región que solamente representa el 11% del territorio, en tanto que en
la selva, que concentra el 58% de la superficie, apenas habitaba el 13% de los peruanos. Es igualmente
significativo el que aproximadamente el 53% del Producto Bruto Interno se concentra en la zona central
del país, principalmente en Lima, mientras que en el Oriente solamente se produce el 5% del PBI.
En este contexto, las iniciativas para el desarrollo de programas habitacionales se limitaron, en
los últimos años, a esfuerzos privados concentrados en los sectores altos y medios de la población
urbana, utilizando para ello recursos de la banca privada y del Fondo MIVIVIENDA que, desde su
creación hasta julio del 2001, apenas logró la colocación de 1,200 créditos por un monto de
US$ 21 millones, a pesar de contar con recursos que bordeaban los US$ 500 millones.
El mayor volumen de viviendas correspondió a la llamada autoconstrucción, en la que la asistencia técnica es prácticamente nula y el apoyo financiero formal está a cargo del Banco de Materiales, cuya gestión durante los años noventa estuvo marcada por la politización y la ausencia de
criterios técnicos para el diseño de programas de crédito y para la calificación y la aprobación de
préstamos. Como consecuencia de ello, la cartera de colocaciones del BANMAT - cercana a los
US$ 900 millones – presentaba, a julio del 2001, una morosidad de 86%.
Quizá el único esfuerzo coherente vinculado con la política habitacional fue la experiencia de formalización de la propiedad predial urbana llevada a cabo por COFOPRI, a partir de 1996, con
apoyo del Banco Mundial. Esta formalización permitió entregar, a través del Proyecto de Derechos
de Propiedad Urbana (PDPU), más de 1 millón 100 mil títulos de propiedad, e incorporó con
ello a los beneficios de la formalidad a igual número de familias pobres. Este éxito evidente del
proyecto, reconocido a nivel mundial como buena práctica de regularización del suelo urbano,
no pudo ser articulado con una estrategia integral de mejoramiento de las condiciones físicas y
sociales de los asentamientos humanos formalizados.
Los mayores niveles de déficit cuantitativo y cualitativo por características físicas se concentran en
los departamentos de Lima 40,9%, Puno 6,6%, Cusco 5,4%, Callao 4,8%, Junín 4,8% y el resto
(37,5%) en 19 departamentos.
La inexistencia de una política habitacional deliberada y consistente durante los noventa, originó
que la inmensa mayoría de las viviendas de este período (120 mil al año según los datos censales)
fueran producidas al margen de la formalidad y carentes de condiciones mínimas de habitabilidad, lo cual se refleja en los siguientes indicadores del parque habitacional encontrado:
•
•
•
•
El 45.0% del total de viviendas contaba con dos o menos habitaciones.
El 45.5% tenía pisos de tierra.
El 60.8% contaba con abastecimiento de agua mediante red pública dentro de la vivienda.
El 69.6% tenía alumbrado eléctrico.
Adicionalmente, al 2001, 7,5 millones de personas (el 44% de la población urbana) vivían en
alrededor de 7 mil Barrios Urbano Marginales (BUM) de las principales ciudades del país, en
condiciones de precariedad física y abandono social, con el riesgo de perpetuar su situación de
pobreza o indigencia.
1.3 Una nueva visión (2001-2006)
Desde julio del 2001, el gobierno nacional inició una nueva estrategia para el tratamiento de las demandas habitacionales y barriales y recuperó, para el sector, la importancia estratégica que le correspondía,
por su alto impacto en la reactivación económica, en la generación de empleo y en el incremento de
los niveles de bienestar de la población. La nueva visión se sustentaba en cuatro factores clave:
• Un nuevo modelo de gestión habitacional, más eficiente y sostenible.
• Un nuevo marco institucional, coordinado y eficaz.
• Un nuevo marco normativo que promueve la creatividad, el bajo costo y preserva la calidad
de la construcción.
• Un Plan nacional de mediano plazo, coherente e integrado.
1.3.1 El modelo de gestión habitacional
Se trataba de reemplazar al vigente hasta los años noventa, en el que el Estado se encargaba de
ejecutar todas las fases del proceso de producción habitacional: diseñaba, normaba, construía, financiaba la construcción, comercializaba las viviendas, otorgaba los créditos hipotecarios y los cobraba.
La nueva propuesta le reservó al Estado un rol promotor y facilitador de la iniciativa privada, a la que se
entregó la ejecución de la política habitacional. Sería el sector privado inmobiliario-constructor (empresas inmobiliarias, pequeñas y medianas constructoras, profesionales independientes) el encargado de
diseñar, construir y comercializar los programas habitacionales. El financiamiento de la construcción y
el otorgamiento de los créditos hipotecarios quedaban a cargo de las instituciones financieras privadas
(bancos comerciales, financieras, cajas municipales y rurales, cooperativas de ahorro y crédito).
1.2 Perfil habitacional y barrial (al 2001)
1.3.2 El marco institucional
Como consecuencia de la inexistencia de una estrategia articulada, a diciembre del año 2001 el
déficit habitacional ascendía a 1’233,000 viviendas. De éste, correspondería a viviendas faltantes
326,000 (26%), y 907,000 (74%) a viviendas existentes pero inadecuadas por características
físicas y de hacinamiento (déficit cualitativo).
32
Comprendiendo que la dispersión del sector, alentada desde los noventa, constituía una fuerte limitación para la ejecución de la política de vivienda, se tuvo una clara conciencia de la necesidad de recuperar la institucionalidad del Sector Vivienda. Para el efecto, se dictaron las siguientes disposiciones:
33
• Declarar de interés nacional la ejecución de actividades destinadas a promover el acceso de
toda la población a la vivienda digna y crear una Comisión de Coordinación encargada del
seguimiento de estas actividades (D.S.010-2002-MTC de 20 de marzo de 2002). La Comisión
es presidida por el Viceministro de Vivienda y la integran el Viceministro de Saneamiento, el
Secretario Ejecutivo del Fondo Mivivienda, el Presidente del Directorio del Banco de Materiales,
el Superintendente de Bienes Nacionales y el Coordinador Nacional de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI). Se trató del primer esfuerzo por integrar, en
una sola instancia, a todas las entidades del gobierno nacional vinculadas directamente con el
tema habitacional y urbano.
• Crear el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Ley 27779 de 11 de junio de
2002), como ente rector y ejecutor de política en temas de vivienda, construcción, desarrollo
urbano y saneamiento, al cual se adscriben el Fondo Mivivienda y el Banco de Materiales,
entre otras entidades. Con esta decisión, el sector vivienda recupera su rango ministerial e
integra bajo su administración a las instituciones del Estado encargadas del financiamiento de
la vivienda.
Esta propuesta de fortalecimiento institucional se ha consolidado con la transformación del
Fondo Mivivienda en una empresa estatal de derecho privado (Ley 28579 del 09 de julio del
2005), que contribuirá notablemente a la sostenibilidad del financiamiento hipotecario para
vivienda social al menos durante los siguientes diez años.
En este mismo esquema, el Banco de Materiales SAC - BANMAT, además de haber ido mejorando su gestión administrativa y perfeccionando los procesos de otorgamiento de créditos, se
ha ido encargando de los Proyectos Piloto Techo Propio, los Proyectos de Producción Urbana
Primaria y de Mejoramiento Integral de Barrios. Ha optimizado la utilización de los recursos
del Fondo de Apoyo Social con su participación en el cofinanciamiento de los Proyectos de
Mejoramiento Integral de Barrio. Asimismo, ha implementado el Programa Mi Mercado con el
que da inicio a su accionar a través de la intermediación financiera.
• Conformar la Comisión Consultiva de Vivienda (R.M. N° 004-2002-VIVIENDA del 28 de
julio de 2002) integrada por representantes de los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros,
de las Asociación Peruana de Consultoría, de las principales Universidades del País, de la
Cámara Peruana de la Construcción, de la Federación de Trabajadores de Construcción
Civil y de la sociedad civil. Este cuerpo colegiado ha emitido opinión sobre los principales instrumentos de la política habitacional y los ha respaldado con su solvencia técnica
y representatividad, lo que ha permitido contribuir notablemente en su implementación y
en la sensibilización de los agentes económicos, políticos y sociales hacia los objetivos del
sector.
• Implementar los subsidios directos habitacionales, mediante la aprobación de la ley de creación del Bono Familiar Habitacional (Ley 27829 del 20 de setiembre de 2002) que implicó
un cambio cualitativo de trascendencia en el abordaje del problema de la vivienda social.
Con anterioridad al BFH, que es una ayuda directa, transparente y focalizada en las familias
pobres, el apoyo del Estado se otorgaba mediante subsidios indirectos, indiscriminados y
desfocalizados a la demanda y a la oferta de vivienda.
Este cambio estratégico fue consolidado con la creación de los Bonos de Mejoramiento
Barrial (D.S. 004-2004-VIVIENDA del 27 de marzo de 2004) para la ejecución de proyectos
integrales de mejoramiento de barrios marginales en las principales ciudades del país.
34
1.3.3 El marco normativo
Dado el nivel de obsolescencia de las normas técnicas y administrativas que regían la actividad
edificatoria y de vivienda, se dieron una serie de disposiciones destinadas a modernizarlas, pero
cuidando de no interferir con las competencias normativas de los gobiernos locales. Las principales normas aprobadas son las siguientes:
• Reglamento de Construcción y Habilitación Urbana Especial (D.S. N° 030-2002-MTC del
30 de junio de 2002), para flexibilizar las condiciones de diseño y construcción de viviendas
sociales y hacer posible, de esta manera, una oferta habitacional de calidad y consistente
con la capacidad de compra de familias de ingresos medios y bajos.
• Programa de Proyectos Piloto de Vivienda (D.S. Nº 019-2002-MTC del 10 de mayo de
2002) financiado con recursos del Banco de Materiales SAC, para impulsar la utilización
de nuevas propuestas de diseño urbano y de vivienda, el empleo de nuevas tecnologías de
construcción y el uso de terrenos subutilizados del Estado para generar vivienda para familias pobres.
• Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (D.S. 027-2003-VIVIENDA del 06 de octubre de 2003), que estableció un marco normativo homogéneo y simplificado a nivel nacional para la formulación de instrumentos de planeamiento y gestión
urbanos a cargo de los gobiernos locales, con el propósito de promover las inversiones
urbanas.
• Reglamento de la Ley General de Habilitaciones Urbanas, Texto Único Ordenado, aprobado por D.S. N° 010-2005-VIVIENDA del 12 de mayo de 2005, que aclaró el procedimiento
para el otorgamiento de licencias de habilitaciones urbanas.
• Reglamento de la Ley de Regularización de Edificaciones y Declaratoria de Fábrica (D.S.
N° 011-VIVIENDA-2005 del 13 de mayo de 2005) que fijó modificaciones sustantivas a la
norma que regula sobre todo el otorgamiento de licencias de construcción, lo cual procuró
su simplificación y flexibilización.
• Reglamento Nacional de Edificaciones (D.S. N° 015-2004-VIVIENDA del 06 de setiembre
del 2004 y R.M. N° 290-2005-VIVIENDA del 26 de noviembre del 2005), decretos que establecen el índice y la nueva norma técnica de edificaciones, respectivamente, reemplazando al Reglamento vigente desde los años setenta. El RNE es concebido como un compendio
integrado de normas técnicas con el que se pretende registrar los avances de la tecnología
de diseño y construcción obtenidos en los últimos cuarenta años; reducir al máximo la
ambigüedad de las normas a fin de facilitar la aprobación de proyectos; conceder a los
profesionales que diseñan y construyen una parte significativa de la responsabilidad sobre
la calidad y seguridad de las edificaciones; y establecer parámetros técnicos que vayan de
acuerdo a los nuevos requerimientos habitacionales y urbanos.
• Resolución Ministerial Nº 297-2005-VIVIENDA, que autoriza al Directorio del BANMAT para
que, en ejercicio de sus atribuciones, apruebe la utilización de recursos a los que se refiere el artículo 3º de la Ley Nº 27205 para el “Sistema de Reforzamiento de Vivienda Rural
de Pobladores de Menores Ingresos y con Mayor Riesgo Sísmico”, con el objeto de definir
proyectos piloto en el medio rural para aplicar soluciones con tecnología apropiada en el
reforzamiento y, en su caso, mejoramiento y reconstrucción de viviendas.
35
1.3.4 El plan nacional de mediano plazo
1.4 Metas alcanzadas (2001-2005)
Como ya se ha mencionado, el Plan Nacional de Vivienda “Vivienda para Todos” se concibió
como un instrumento de planeamiento y gestión de la política habitacional hasta el 2007. Se fijó
tres objetivos:
Luego de cincuenta y cuatro meses de implementación de la nueva visión estratégica para abordar el problema de la vivienda y de treinta y tres meses de vigencia del Plan Nacional “Vivienda
para Todos”, pueden apreciarse avances significativos que se expresan en los siguientes logros
alcanzados en lo físico, en lo económico y en lo social:
• Reducir el déficit habitacional de arrastre y absorber la demanda residencial derivada de la
formación de nuevos hogares.
• Impulsar la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición.
• Mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación, subutilizadas o deterioradas.
Para el cumplimiento de estos objetivos, se implementó una estructura de seis programas, cada
uno de ellos destinado a atender a un determinado segmento socioeconómico (ver cuadro adjunto), consagrando de esta manera la propuesta de satisfacción integral del problema habitacional
y de precariedad urbana expresada en el nombre del Plan: Vivienda para Todos.
El planteamiento general de cada programa consiste en complementar el esfuerzo de las familias
(el ahorro previo) con el apoyo directo otorgado por el Estado (subsidios habitacionales o barriales y, en el caso del Programa Mivivienda, el Premio del Buen Pagador) y, de ser requerido, con un
crédito hipotecario complementario.
Como se aprecia en la ilustración, los programas que conforman el Plan benefician directamente
a familias que pertenecen a los niveles socioeconómicos B, C, D y E que involucran a más del 85%
de la población urbana del país. Más aún, hay que indicar que la consolidación del programa
MIVIVIENDA ha permitido, a su vez, la diversificación de productos financieros inmobiliarios por
parte de los bancos privados, y ha favorecido de manera indirecta a una parte importante del 15%
restante de la población.
1.4.1 Metas físicas alcanzadas
• 82 mil viviendas nuevas, construidas a través de los Programas MIVIVIENDA, Techo Propio y
BANMAT.
• 18 mil viviendas nuevas construidas con financiamiento privado, 49 mil viviendas mejoradas a
través del Programa de Vivienda Progresiva del BANMAT.
• 15 mil familias beneficiadas con obras de infraestructura urbana y desarrollo social a través de
Programas MiBarrio y La Calle de Mi Barrio.
• Construcción de dos mercados a través del Programa Mi Mercado, en beneficio de cerca de 2
mil familias.
1.4.2 Metas económicas y sociales alcanzadas
•
•
•
•
•
5,923 millones de soles de inversión en vivienda y mejoramiento urbano.
4,723 millones de soles de créditos hipotecarios.
616 mil empleos generados. 206 mil empleos directos y 410 mil indirectos.
2 millones 569 mil personas beneficiadas con vivienda o empleo.
52 meses (a diciembre de 2005) de crecimiento sostenido de la construcción con un incremento acumulado de 23 % desde el 2001 (ver gráfico adjunto).
Evolución anual del PBI Construcción
Sistema de Financiamiento según nivel socioeconómico (NSE)
7.5
ESTRUCTURA SEGÚN NSE
A
CRÉDITO HIPOTECARIO COMERCIAL
A
PROGRAMA MIVIVIENDA
PROGRAMA TECHO PROPIO
PROGRAMA BANMAT
PROGRAMA TECHO PROPIO DEUDA CERO
36
B
C
D
b
B
4.0
4.8
0.3
c
C
c
2001
D
2002
2003
2004
2005
D
D
e
PROGRAMA MIBARRIO
d
E
PROGRAMA LA CALLE DE MIBARRIO
d
E
PROGRAMA MEJORANDO MI PUEBLO
d
E
4.9
E
1.5 Limitaciones
A pesar de que los indicadores mostrados reflejan una consolidación de la política habitacional
implementada, es evidente que la magnitud de los déficit habitacionales y urbanos no se han
reducido en una magnitud significativa. Esto obliga a plantear objetivos de largo plazo - de allí
la necesidad de un nuevo Plan hasta el 2015 - y el ajuste de los instrumentos que conforman la
política de vivienda con miras a superar las dificultades encontradas en esta primera etapa de
aplicación, siendo las más relevantes las siguientes:
37
• Incapacidad de las familias potencialmente beneficiarias de los programas habitacionales
para completar el ahorro previo requerido como cuota inicial. En efecto, estudios de mercado
efectuados por empresas independientes revelan que el 54% de quienes podrían aplicar al
programa Mivivienda y 79% de quienes desean postular al programa Techo Propio, tienen capacidad de pagar las cuotas mensuales pero no cuentan con el dinero suficiente para efectuar
la cancelación de la cuota inicial de los créditos hipotecarios.
• Insuficiencia de la oferta habitacional del Programa MIVIVIENDA en las ciudades del interior y en los estratos de ingresos medio-bajos (viviendas de menos de 18 mil dólares) y
del Programa Techo Propio en Lima Metropolitana.
• Debilidad financiera y económica de muchas empresas promotoras, sobre todo las enfocadas en Techo Propio, lo que retrasa la culminación de los proyectos y afecta la credibilidad del programa.
• Dificultades notorias para la ejecución de proyectos habitacionales, sobre todo los que se
ejecutan en el marco del Programa Techo Propio, por la demora e impredecibilidad de los
trámites de zonificación, de la aprobación de licencias de habilitación urbana y construcción
y de la de factibilidad de servicios públicos y registrales. Este nivel de incertidumbre es un
factor discriminante en la decisión de desarrollar o no proyectos de interés social, dados
los bajos márgenes unitarios que se manejan en este tipo de emprendimientos.
• Escasez de información sistemática y confiable sobre la realidad habitacional y barrial, lo cual
dificulta la toma de decisiones empresariales y el monitoreo de los programas habitacionales.
• Persistencia de la cultura de la informalidad y de la ocupación de tierras públicas y privadas
como formas aceptadas socialmente de acceso al suelo.
• Insuficiente nivel de coordinación entre la política de vivienda, la de formalización de propiedad informal y la de saneamiento, así como con los programas que desarrollan otros sectores
enfocados en la superación de la pobreza.
• Debilidades en los procesos internos de aplicación de los Programas Techo Propio, Mivivienda
y MiBarrio, que retrasan los desembolsos y la ejecución de los proyectos.
• Dificultades para la aprobación de proyectos de mejoramiento integral de barrios en el marco
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y exigencia de someter a las obras de habilitación urbana y edificación desarrolladas por promotores privados a la evaluación del SNIP.
• Incipiente intervención del sector vivienda en el área rural, que complemente los programas de
saneamiento y electrificación rural.
• Reticencia de las instituciones financieras de mayor dimensión por involucrarse en el financiamiento de proyectos habitacionales en muchas ciudades del interior del país y de
aquellos dirigidos al Techo Propio. Igualmente, existen dificultades para la calificación
crediticia de familias que no cuentan con ingresos demostrables mediante boletas de ingresos.
• Imposibilidad de las instituciones de microfinanciamiento (cajas municipales y rurales,
EDPYME) para acceder a mayores líneas de crédito del Fondo Mivivienda, debido a sus
limitaciones patrimoniales y de riesgo.
• Desconfianza de los agentes económicos y sociales en la sostenibilidad de los programas
que conforman el Plan Nacional, por el agotamiento de la colocación primaria del Fondo
Mivivienda, la incertidumbre respecto al rol del Banco de Materiales y sobre la disposición
de recursos a largo plazo para solventar los subsidios directos habitacionales y barriales.
• Dificultades para intervenir en procesos de destugurización en el marco del Programa
Techo Propio, debido a la falta de saneamiento físico-legal de los inmuebles, a la debilidad financiera de las entidades técnicas ejecutoras y a las limitaciones impuestas por el
carácter monumental de los centros históricos del país.
• Insuficiente número de entidades técnicas interesadas en promover proyectos de mejoramiento de vivienda y construcción en lote propio o aires independizados, en el marco del
Programa Techo Propio. Debilidad financiera de las pocas entidades inscritas y limitaciones técnicas y presupuestarias de los gobiernos locales.
• Reducida articulación del sector fabril vinculado con los materiales y servicios de construcción con la política habitacional. Existencia de productos de baja calidad, nacionales
e importados.
38
39
CAPÍTULO II
POLÍTICA DE VIVIENDA
2.1 Principios fundamentales
2.1.1 La vivienda, un asunto de carácter múltiple
Se entiende que la atención de la demanda habitacional de una parte significativa de la población
peruana requiere de la consolidación de una política de largo plazo que contemple obligatoriamente el carácter múltiple del problema de la vivienda: comprende aspectos económicos, financieros, legales, sociales, ambientales, tecnológicos, institucionales y de mercado.
2.1.2 La vivienda, lo urbano y lo rural
Una política de vivienda integral debe contemplar - en el ámbito urbano - intervenciones destinadas a favorecer el crecimiento orgánico de los centros de población y, sobre todo, la integración
física y social de los barrios urbano-marginales.
En el espacio rural, las acciones de política habitacional no pueden limitarse a superar las carencias físicas de las viviendas y del entorno, sino que han de dirigirse también a contribuir al
incremento de la productividad y sostenibilidad de las actividades económicas que expresan la
ruralidad.
2.1.3 La vivienda y la institucionalidad
Una política de estado que promueva el acceso de las familias - sobre todo las que se encuentran en condición de pobreza o indigencia - a una vivienda digna y a mejores condiciones de su
entorno urbano o rural constituye un factor estratégico para el fortalecimiento de las convicciones
ciudadanas, de la autoestima, del sentido de nación, de la formalidad y de la confianza en las
instituciones democráticas.
2.1.4 La vivienda y el desarrollo económico
Si la política habitacional es capaz de articular eficientemente los medios económicos, financieros,
productivos y de mercado de los agentes económicos, de las familias y del Estado, se convierte en
un elemento clave para el crecimiento económico sostenible y articulado y el fortalecimiento de
43
la competitividad del país. En tal virtud, las oportunidades que ofrezca y los requerimientos que
demande el sostenimiento de la política de vivienda deben ser prolijamente contemplados en el
diseño de los planes y programas macroeconómicos
.
2.1.5 La vivienda y la superación de la pobreza
Por su capacidad de generar empleo - en especial el no calificado - pero particularmente por su
impacto directo en la mejora de las condiciones de vida de las familias, los programas de vivienda
y de mejoramiento urbano y rural se convierten en instrumentos de primer orden en la superación
de la pobreza y de la indigencia.
2.1.6 La vivienda y la descentralización
La política habitacional, por tener como ámbito todo el territorio nacional, por su capacidad de
movilizar inversiones tanto en las áreas urbanas como rurales - en las de extrema pobreza cuanto
en las más consolidadas - y por la necesidad de comprometer en su ejecución a agentes locales,
públicos y privados, puede contribuir notablemente con la descentralización económica y política
del país.
2.2 Misión
Mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo de la población nacional, urbana y rural, mediante:
-
la consolidación del sector vivienda como un factor de desarrollo económico y de distribución
de riqueza: más inversión, más empleo, más ingresos, menos pobreza;
su contribución a la elevación de los estándares de calidad de vida: mejor hábitat, más seguridad, más salubridad; y,
la creación de condiciones que posibiliten estilos de vida caracterizados por la integración y
cohesión familiar y social: mayor estabilidad, menos violencia, más solidaridad, más ciudadanía.
2.3 Objetivos
2.3.1 Objetivos generales
a. Consolidar la reducción del déficit habitacional de arrastre, y absorber la demanda residencial derivada de la formación de nuevos hogares.
b. Superar las condiciones de precariedad de las familias que habitan barrios urbanos subestándar y en las zonas rurales del país.
c. Impulsar la producción habitacional de bajo costo y óptima calidad, tanto en el área urbana
como en la rural.
d. Contribuir al crecimiento ordenado de los centros poblados, al fortalecimiento de sus
áreas en consolidación y a la recuperación de las deterioradas o subutilizadas.
e. Coadyuvar a la estrategia nacional para la superación de la pobreza e indigencia.
2.3.2 Objetivos específicos
a. Facilitar el acceso al suelo y promover las inversiones inmobiliarias con fines residenciales,
especialmente las dirigidas a familias pobres.
b. Estimular la producción de soluciones habitacionales de calidad que contemplen todas las
formas de dotarse de vivienda.
c. Propiciar la integración física y social de las familias que habitan en barrios marginales así
como la recuperación de las condiciones de habitabilidad de las que viven en áreas tugurizadas o deterioradas de los centros urbanos del país.
d. Contribuir a superar la vulnerabilidad física y económica de las familias que habitan las
áreas rurales del país.
e. Establecer un sistema integral de financiamiento que incentive la demanda de vivienda en
todos segmentos sociales, fortalezca a los agentes vinculados a la producción de soluciones
habitacionales e incorpore nuevas fuentes de fondeo al mercado de vivienda.
f. Asegurar la modernización del marco normativo institucional que rige el uso del suelo, así
como el diseño, la producción y la formalización de edificaciones, con la finalidad de incentivar la inversión urbana y garantizar la calidad y seguridad de lo construido.
g. Incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías de diseño y edificaciones, así como la normalización y estandarización de productos y servicios vinculados con la actividad edificatoria.
h. Coordinar la política habitacional con aquellas relacionadas con el desarrollo urbano, la
dotación de servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana.
i. Impulsar una mayor participación de los gobiernos regionales y locales en la ejecución de la
política habitacional, para permitir la paulatina transferencia de competencias en la materia.
j. Asegurar la permanente adhesión de los agentes políticos, sociales y económicos así como
de la población en general, a los fines y objetivos de la política habitacional y a la cultura
de la formalidad.
k. Garantizar el fortalecimiento de los organismos encargados de la formulación y ejecución
de la política habitacional.
2.4 Metas
2.4.1 Metas físicas
Con la aplicación del Plan Nacional de Vivienda 2006-2015, se espera desarrollar aproximadamente 2 millones doscientas cuatro mil acciones de producción habitacional y mejoramiento
urbano, distribuidas de la siguiente manera:
• La construcción de 632 mil viviendas y el mejoramiento de 348 mil viviendas en el área urbana.
• El mejoramiento urbano de 2,900 barrios marginales en los que habitan 723 mil familias.
44
45
• La realización de acciones de mejoramiento habitacional y desarrollo social y productivo en
1,000 centros poblados, con las que se dará atención de 501 mil familias en el área rural.
• Destinadas a familias de todos los niveles socioeconómicos, considerando sus hábitos de
vida y posibilidades económicas.
Adicionalmente, se espera conseguir que estas acciones beneficien a 9 millones 922 mil personas, de
las cuales el 80% vive en pobreza o en pobreza extrema y el 60% vive fuera de Lima Metropolitana.
• Que contemplen todas las formas de dotarse de vivienda: adquisición de vivienda nueva,
construcción sobre sitio propio, mejoramiento de vivienda, y arrendamiento de vivienda.
Finalmente, las intervenciones de mejoramiento urbano implicarán la integración física y social de
723 mil familias en barrios urbano-marginales y 501 mil familias previstas en el área rural.
• En todo el territorio nacional, en áreas rurales y urbanas, y dentro de éstas últimas, tomando
en cuenta las características de las zonas de expansión, las consolidadas y las deterioradas.
2.4.2 Metas económicas
• Que respondan a criterios establecidos de adecuación ambiental, seguridad, composición,
superficie y habitabilidad.
El esfuerzo económico que demandaría el logro de las metas físicas en el periodo 2006-2015,
ascendería a 13 mil 580 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 30% debería invertirse en los primeros cinco años. Este esfuerzo podrá efectuarse a partir de las siguientes fuentes:
• US$ 2,219 millones provendrán de los ahorros de las familias.
• US$ 3,503 millones para subsidios, financiados con recursos del gobierno central, de los
gobiernos regionales y locales, y de la cooperación internacional.
• US$ 5,989 millones en créditos hipotecarios provenientes de fondos privados, de los cuales
aproximadamente el 40% requerirá de algún fondo de cobertura estatal.
2.5.2 Progresividad: más apoyo para los que menos tienen
La estructura socioeconómica actual del país sugiere que, para acceder a condiciones habitacionales, más del 85% de la población – es decir no solamente los pobres e indigentes - requiere del
apoyo del Estado, aunque ciertamente en diferente magnitud. En tal virtud, el Plan Nacional debe
asegurar que la ayuda estatal sea progresiva: a mayor necesidad, mayor prioridad.
Para los próximos años, los sectores prioritarios por atender con las acciones del Plan Nacional
de Vivienda 2006-2015 serán:
• Las familias asentadas en barrios urbano-marginales.
• US$ 1,869 millones provendrían de créditos hipotecarios provenientes de fondos estatales.
El mayor esfuerzo financiero para el logro de las metas, 60%, corresponde al sector privado, a
través del ahorro de las familias y los créditos hipotecarios del sistema financiero. Concurre a este
esfuerzo el sector público, principalmente mediante el otorgamiento de subsidios y de créditos
hipotecarios complementarios, que constituyen el 26% y el 14%, del financiamiento.
Adicionalmente, de lograrse este resultado, ello podría significar aproximadamente 3.7% del Producto Bruto Interno en el primer quinquenio de aplicación del plan y 5.9% en el segundo.
2.4.3 Metas sociales
La meta previsible de generación de empleo podría alcanzar la cifra de 1 millón 563 mil nuevos
puestos de trabajo directos y aproximadamente 3 millones 072 mil indirectos, haciendo un total 4
millones 635 mil puestos de trabajo.
De otro lado, al beneficiar directamente a 7 millones 376 mil personas pobres o indigentes (casi
el 50% del total), se estaría contribuyendo notablemente a reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema del país.
2.5 Estrategias
2.5.1 Integralidad: vivienda para todos
Al ser la vivienda un bien indispensable para toda la población nacional, el Plan Nacional se propone generar oportunidades para facilitar su acceso, mediante soluciones habitacionales:
46
• Las familias que habitan viviendas tugurizadas de las áreas centrales de las principales ciudades del país.
• Las familias pobres e indigentes de las áreas rurales.
• Los nuevos hogares que se formen, especialmente los de sectores socioeconómicos de menores ingresos.
No obstante reconocer las condiciones de precariedad de la gran mayoría de la población, el apoyo
estatal debe otorgarse también como un estímulo al ahorro y al esfuerzo constructor de las familias.
2.5.3 Subsidiariedad: atiende el más eficiente, al que está más cerca
El esfuerzo para alcanzar los propósitos cualitativos y cuantitativos definidos por la Política Nacional de Vivienda necesita de la activa participación de la población y las familias, los agentes económicos, la sociedad civil y el Estado, mediante la adopción de actitudes favorables al cambio de
los procesos que intervienen en la comercialización, producción y financiamiento habitacional.
El Estado cumple un rol facilitador y promotor de la iniciativa de los demás agentes que son los
que fundamentalmente deben encargarse del diseño, la ejecución, la comercialización y el financiamiento de los programas habitacionales y de mejoramiento urbano y rural contemplados
en el Plan Nacional.
Para tal fin, el sector estatal otorga medios de financiamiento, subsidios directos, un marco
normativo, facilidades fiscales, información actualizada y recursos tecnológicos, especialmente
suelo urbano.
47
Sin embargo, frente a la ausencia de otros agentes, el Estado puede asumir temporalmente el rol de
ejecutor, pero previendo que sus intervenciones contemplen mecanismos de fortalecimiento institucional, asistencia técnica e información que faciliten ulteriormente la presencia de otros agentes.
• La seguridad jurídica de los derechos de propiedad.
No obstante que el nivel de operación alcanzado hasta la fecha por los programas y actividades
que componen la política de vivienda ha permitido la concentración de las funciones asignadas al Estado en el gobierno nacional, se prevé que, durante la ejecución del Plan Nacional al
2015, varias regiones e incluso algunas provincias habrán consolidado una importante demanda
habitacional efectiva, lo que haría necesaria la transferencia gradual de competencias. El Plan
Nacional debe establecer mecanismos de acreditación de capacidades y de asistencia técnica
para dicho fin.
• La disponibilidad de servicios públicos.
2.5.4 Enfoque de mercado: equilibrando la oferta y la demanda
En este contexto, durante la aplicación del Plan Nacional, es necesario contar con un permanente
soporte de comunicación a través de medios masivos, institucionales y especializados.
La vivienda constituye, para la inmensa mayoría de la población, el bien material de más difícil
adquisición, puesto que involucra una parte significativa de los recursos familiares regulares y la
necesidad imperiosa de recurrir a medios de financiamiento de largo plazo.
De otro lado, la producción de viviendas requiere de la concurrencia eficiente de una serie de
agentes (diseñadores, constructores, industriales, comerciantes, consultores, entidades financieras
y estatales) y recursos materiales (suelo, servicios básicos, insumos, maquinarias y servicios de
construcción); así como la existencia de un marco regulatorio que garantice la calidad y seguridad de las edificaciones (autorizaciones municipales, normas técnicas de diseño, construcción y
fabricación, instrumentos de formalización de la propiedad).
En este contexto, la política de vivienda debe estructurarse alrededor de un enfoque de mercado,
propiciando la incorporación de un mayor número de familias a la demanda habitacional a la vez
que impulsando el crecimiento y sostenibilidad de la oferta de viviendas.
El Plan Nacional debe contemplar mecanismos financieros, fiscales, comerciales, normativos y
tecnológicos para complementar el esfuerzo de las familias por acceder al mercado habitacional,
a la par que instrumentos que estimulen el interés de los agentes económicos y sociales por integrarse a la cadena de producción de viviendas.
2.5.5 Transparencia: generando confianza
Un plan de largo plazo solamente es sostenible si es que su vigencia es legitimada por la credibilidad que inspira entre los diferentes agentes económicos, sociales y políticos que participan en
su formulación e implementación.
Con este propósito, el Plan Nacional de Vivienda debe considerar mecanismos que garanticen la
transparencia de su ejecución, promuevan la confianza de los agentes y permitan la evaluación y el
control de sus resultados. En este objetivo de generar confianza, son particularmente importantes:
• La disponibilidad y el libre acceso de información sobre el mercado habitacional.
• El aseguramiento de la calidad de los materiales de construcción.
• La idoneidad de los agentes que participan en la producción de viviendas.
• La vigencia de los derechos del vendedor y del comprador de viviendas.
2.5.6 Articulación industrial: produciendo lo que la vivienda requiere
La producción habitacional en gran escala repercute, a su vez, en los niveles de producción y
comercialización de materiales, equipos, herramientas y componentes para la construcción y mejoramiento de viviendas. Por ello, el Plan Nacional de Vivienda debe articularse con la política industrial y comercial para generar una mayor fluidez productiva, un incremento de la productividad,
una mejora en la calidad de los bienes y servicios y una reducción de los costos de producción.
Paralelamente, el Plan debe incentivar la paulatina normalización de materiales y servicios, la
estandarización de componentes, así como la acreditación de la solvencia técnica y económica
de las entidades que intervienen en el proceso de producción habitacional.
2.5.7 Eficiencia social: superando la pobreza
Con el propósito de hacer más eficiente la inversión que destina el Estado a la estrategia de
superación de la pobreza, resulta necesario coordinar los programas de vivienda con subsidio
directo, los de mejoramiento de barrios urbano-marginales y los de vivienda rural, con los otros
programas que se focalizan en los pobres e indigentes. Es particularmente relevante la necesidad
de coordinación con los planes de saneamiento básico y de formalización de la propiedad urbana
y rural con los Gobiernos Locales, teniendo en cuenta, para el caso de la propiedad urbana, el
nuevo rol conferido a COFOPRI para con éstos.
2.6 Líneas de acción programática
Para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias del Plan Nacional 2006-2015, se han
diseñado siete Líneas de Acción Programática las que, a la luz de la experiencia reciente, describen ya las principales acciones de política habitacional a emprender.
2.6.1 Producción habitacional
• La seguridad de contar con recursos para financiar el plan.
• La transparencia en el otorgamiento de los subsidios y ayudas estatales.
• La estabilidad y racionalidad del marco técnico-administrativo.
48
a. Asegurar la disposición de suelo urbano para la atención de la demanda habitacional y de
equipamientos urbanos, previendo sobre todo que pueda contarse con suelo para el desarrollo de programas habitacionales dirigidos a familias de bajos ingresos. Para ello, será
necesario contar con una Bolsa de Tierras Urbanas, que pueda incorporar:
49
• Terrenos de dominio privado del Estado, particularmente en áreas de expansión urbana.
• Terrenos de propiedad de los gobiernos locales y regionales.
• Terrenos de propiedad de entidades del Estado en liquidación.
• Terrenos correspondientes a instalaciones militares, que se localicen dentro de las áreas
de expansión urbana de mediano plazo.
La consolidación de estos programas permitirá también orientar una inversión descentralizada
de vivienda social, lo que incrementará la oferta habitacional en las ciudades del interior.
c. Estimular el crecimiento vertical u horizontal residencial mediante la agregación de nuevas
unidades de vivienda en los aires o en áreas libres de una vivienda ya producida o existente.
Para el efecto, será necesario:
• Asegurar un número creciente de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) para esta
modalidad.
• Terrenos de comunidades campesinas localizados en las áreas de expansión urbana.
• Terrenos urbanos ubicados en antiguas zonas industriales en proceso de abandono.
• Inmuebles abandonados que puedan reciclarse con fines de vivienda.
• Inmuebles de entidades estatales ocupados por tugurios.
• Terrenos o inmuebles de propiedad privada no utilizados y que tengan vocación residencial.
Los predios de propiedad estatal que sean declarados prioritarios con fines de vivienda serán
incorporados a la Bolsa de Tierras. Los de los gobiernos regionales y locales podrán servir para
solventar Programas de Vivienda regional o municipal. Los de propiedad particular aportados
voluntariamente por sus propietarios, bajo el esquema de transferencia onerosa o joint-venture.
b. Promover el desarrollo de proyectos inmobiliarios, prioritariamente para vivienda social, en los
terrenos e inmuebles que conforman el Bolsa de Tierras, mediante los siguientes Programas:
• De Producción Urbana Primaria (PUP), en áreas de expansión urbana. A través del PUP,
el Estado invierte en la habilitación urbana de “macrolotes” que luego son vendidos a
operadores privados para que construyan y comercialicen proyectos de vivienda social
y equipamiento urbano complementario.
• De Transferencia de Terrenos Urbanizados (TTU), en áreas consolidadas, donde se
identifique una demanda habitacional insatisfecha. Mediante el TTU se transfiere, a título oneroso y sin ninguna inversión del Estado, terrenos a operadores privados, condicionando la misma al desarrollo de proyectos cuyo producto residencial sea consistente
con los objetivos de la política habitacional.
50
• Impulsar la participación de los gobiernos locales, mediante Programas Municipales de
Vivienda, encargados de la organización de la demanda y la facilitación de proyectos.
• Promover el desarrollo de Entidades Técnicas locales, que sirvan de soporte a la construcción y supervisión de los proyectos.
d. Identificar, proponer e impulsar, de manera coordinada y concertada, la dotación o complementación de infraestructura urbana (abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, alumbrado doméstico y público, comunicaciones); equipamiento urbano social
(salud, educación y recreación); económico (industria, comercio, turismo); institucional (seguridad, justicia) y protección ambiental urbana.
e. Facilitar a la población urbana y rural el acceso, uso y disfrute de los espacios públicos libres de
carácter cívico, deportivo, natural y zonas verdes, respecto de estándares mínimos preestablecidos.
2.6.2 Mejoramiento urbano y rural
a. Consolidar el proceso de integración física y social de los barrios urbano-marginales, a fin
de garantizar la sostenibilidad del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) en
sus diferentes modalidades, mediante:
• La declaratoria de interés nacional del PMIB, de tal manera que se asegure su sostenibilidad en el tiempo.
• La creación de Programas Regionales y Provinciales de Mejoramiento Integral de Barrios,
que propicien la utilización de recursos del canon y regalías, entre otros, en los barrios
urbano marginales de sus circunscripciones.
• De Proyectos Piloto de Vivienda (PPV), en áreas deterioradas en donde no se advierte interés
del sector privado por intervenir. El PPV permitirá, subsidiariamente, invertir recursos del
Estado para la construcción y comercialización de proyectos de vivienda de interés social.
• La implementación de fondos fideicometidos para proyectos de MIB, con aportes de
empresas privadas de presencia predominante en determinadas regiones y de la cooperación internacional (Fondos Contravalor y No Reembolsables).
• De Destugurización sobre predios de propiedad estatal, a través del cual el Estado
facilitará el otorgamiento de créditos a operadores privados para la recuperación de
tugurios, dotando de vivienda nueva o mejorada a sus ocupantes en el mismo inmueble o relocalizándolos. Estos proyectos deberán asociarse necesariamente al Programa
Techo Propio.
• El establecimiento de un marco específico para la evaluación de Proyectos de MIB en el
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
b. En este escenario, el rol del Gobierno Nacional deberá ir migrando paulatinamente de la
ejecución directa a la indirecta, bajo las siguientes premisas:
• De Reciclaje de Edificaciones públicas o privadas, a través del cual se facilita a operadores
privados el otorgamiento de créditos para el desarrollo de proyectos de vivienda social.
• La reestructuración permanente del ámbito de intervención directa del Gobierno Nacional, focalizando la ejecución de proyectos en aquellas circunscripciones en las que no
existan programas regionales o provinciales en marcha.
51
• La asignación de recursos para complementar los que efectúen los gobiernos regionales
o provinciales en los programas que administren, o los que se impulsan a través de la
cooperación internacional o el sector privado. Estos recursos constituyen el aporte del
Estado a los Bonos de Mejoramiento Barrial (BMB), entendiéndose que deben financiar
una parte minoritaria de ellos.
• El establecimiento de un sistema nacional de capacitación, acreditación, seguimiento y
evaluación de programas de mejoramiento integral de barrios, para garantizar que todas
las intervenciones se ejecuten bajo los principios de la política nacional.
c. Impulsar el Programa Integral de Mejoramiento de Viviendas y Pueblos Rurales (Mejorando
Mi Pueblo) que contemple:
• La ejecución de proyectos integrales de mejoramiento o construcción de vivienda, recuperación del entorno rural y acciones de desarrollo productivo y social.
• El otorgamiento de Bonos Habitacionales Rurales (BHR), como un subsidio directo a las
familias pobres o indigentes involucradas en los proyectos.
• La formalización de los predios rurales.
• El fortalecimiento de los gobiernos locales rurales, mediante la dotación de instrumentos
de planeamiento y gestión.
• La coordinación con las intervenciones que efectúen otros programas enfocados en el
área rural, particularmente los de saneamiento básico, electrificación, infraestructura vial
y formalización de la propiedad.
Durante la ejecución del Plan, será indispensable establecer mecanismos que incentiven la
participación de los gobiernos regionales y locales, de tal forma que pueda desarrollarse
un esquema de transferencia de competencias similar al previsto para el mejoramiento de
barrios urbanos.
2.6.3 Financiamiento habitacional
a. Propiciar la constitución de un Sistema Integral de Financiamiento Habitacional (SIFH), a
partir del conjunto de instrumentos de captación y mecanismos de prestación de recursos
financieros. El SIFH deberá:
para la ejecución de proyectos, fondos de garantía para pequeños y medianos empresarios y fideicomisos inmobiliarios.
• Desarrollar mecanismos de fondeo a instituciones de microfinanciamiento (cajas municipales y rurales) para el financiamiento de proyectos de mejoramiento de viviendas
y construcción en sitio propio, con recursos del BANMAT y COFIDE. Este esquema de
financiamiento debe servir fundamentalmente al fortalecimiento de las entidades técnicas
encargadas de la ejecución de proyectos, de la asistencia técnica previa y de los programas municipales de vivienda.
• Crear un Fondo Revolvente para financiar los programas de desarrollo inmobiliario residencial en los inmuebles y terrenos que conforman la Bolsa de Tierras. Este fondo se
formará con recursos propios, producto de la transferencia de los terrenos públicos y
privados de la Bolsa de Tierras y provenientes de otras fuentes.
• Establecer un programa de incentivos financieros y de otro tipo para fomentar el uso de
materiales y servicios de construcción nacionales en los proyectos habitacionales, especialmente los de vivienda social.
A través de esta línea, los fabricantes de productos nacionales podrán competir en mejores condiciones en el mercado y las empresas constructoras tendrán una alternativa de
financiamiento más ventajosa que los créditos puente.
Se exigirá que los productos o servicios que se beneficien de estos incentivos se sujeten
previamente a los procesos de normalización técnica y acreditación empresarial, de tal
manera que se cumpla con el objetivo colateral de incrementar la calidad y seguridad de
la construcción.
b. Incentivar a las familias al ahorro con fines de vivienda, para acelerar su incorporación al
mercado habitacional a fin de facilitar la sostenibilidad de la demanda. Para ello se plantea:
• Promover los programas de ahorro programado a través de las instituciones financieras privadas.
• Establecer un marco de operación y seguimiento que impulse la utilización de los recursos de las
Compensaciones por Tiempos de Servicios (CTS) y de las remesas que provienen del exterior.
• Propiciar una mayor incorporación de los fondos previsionales de trabajadores estatales organizados, como los fondos policiales y militares de vivienda, la Derrama Magisterial, los CAFAE.
• Incentivar la participación de las instituciones financieras privadas en el fondeo de créditos hipotecarios. En aquellos segmentos de bajos ingresos en los que el riesgo inicial sea
alto, el Estado otorgará una cobertura a través de MIVIVIENDA.
• Fomentar la creación de fondos de vivienda de trabajadores de empresas privadas, involucrando a los empleadores en el otorgamiento de garantías para el desarrollo de
proyectos habitacionales.
• Impulsar la estandarización de carteras hipotecarias que permita la emisión de Bonos
Hipotecarios para atraer recursos del mercado de capitales para el financiamiento de
vivienda.
• Involucrar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito para vivienda en la implementación de
programas de ahorro programado.
• Impulsar la creación de Empresas de Capitalización Inmobiliaria (ECI).
• Implementar un programa de financiamiento para promotores privados de vivienda social, a través de las instituciones financieras privadas, inicialmente con recursos de
COFIDE, MIVIVIENDA y del BANMAT. Este programa deberá comprender créditos puente
52
c. Garantizar la sostenibilidad de los programas de subsidio directo habitacional y barrial para permitir el afianzamiento del mercado de viviendas de interés social. Para ello se propone destinar:
53
• Una asignación presupuestal permanente del gobierno central, a partir de un porcentaje de la
recaudación de IGV e Impuesto a la Renta proveniente de las Principales Empresas Contribuyentes relacionadas con la actividad constructora, inmobiliaria y de materiales de construcción.
• Un porcentaje de las recuperaciones del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) destinado a otorgar subsidios a quienes acrediten su condición de aportantes al FONAVI.
• Una parte de los recursos de los gobiernos regionales y locales por concepto de canon y
regalías, para financiar subsidios barriales que otorguen sus propios Programas de MIB.
• Una parte de los recursos obtenidos por los gobiernos locales por concepto de Impuesto
Predial, para financiar subsidios de mejoramiento de vivienda o construcción en sitio propio de sus propios programas.
• Aportes de empresas privadas de presencia predominante en determinadas regiones y de
la cooperación internacional (Fondos Contravalor y No Reembolsables).
a. Establecer un marco normativo técnico-administrativo nacional, relacionado con el uso del
suelo urbano y el desarrollo urbano en general, con el objetivo de:
• Propiciar el ordenamiento de la población y sus actividades económicas en el territorio
nacional de manera equilibrada, complementaria y sostenible.
• Promover el crecimiento, conservación, mejoramiento y protección de los centros de población de manera sostenible, es decir, social, económica y ambiental.
• Incentivar la participación del sector privado en acciones e intervenciones de desarrollo
urbano e inmobiliario.
• Un porcentaje del Fondo Nacional de Ayuda Social (FONAS) que administra el Banco de Materiales.
• Estimular la competitividad de las ciudades del país y, por ende, de las actividades económicas que se desarrollan o pudieran desarrollarse en ellas, teniendo en cuenta que - en
el marco de la globalización - las ciudades se han convertido en factores de producción
y competitividad nacionales, al concentrarse en ellas infraestructura, equipamiento y población.
• Un porcentaje de las utilidades obtenidas por el Estado en la ejecución de proyectos habitacionales sobre inmuebles que conforman la Bolsa de Tierras.
b. Actualizar, simplificar y flexibilizar las normas técnicas y administrativas relacionadas con la
habilitación urbana y la edificación residencial y no residencial, procurando:
2.6.4 Innovación tecnológica
a. Orientar la producción habitacional a la construcción de vivienda nueva de bajo costo, en
suelo propio en proceso de urbanización o urbanizado, para venta o arrendamiento; así
como a la densificación habitacional en áreas consolidadas o en proceso de consolidación
y al mejoramiento habitacional de viviendas existentes pero inadecuadas.
b. Tomar en cuenta la diversidad geográfica, climática y cultural que caracteriza nuestro país
en los procesos de diseño y construcción de vivienda nueva y de mejoramiento habitacional. Las soluciones habitacionales deberán invitar, cuando sea posible, al crecimiento
progresivo o movilidad habitacional, con la posible generación de un mercado secundario
de viviendas.
c. Incentivar la investigación y capacitación tecnológica con fines de innovación que reditúe en
mayores niveles de productividad y calidad habitacional, de modo que permita el acceso
mayoritario de la población nacional a vivienda nueva. Para el efecto, será indispensable
fortalecer el rol y los recursos del SENCICO.
d. Propiciar la estandarización de materiales y componentes constructivos e incentivar la
utilización de sistemas constructivos normalizados que reditúen en mayores índices de
productividad, sin menoscabo de la generación de puestos de trabajo. Es imprescindible
para ello fomentar la creación de entidades privadas que evalúen y otorguen la acreditación de empresas y la normalización de productos.
e. Estimular el estudio y mejoramiento de tecnologías constructivas tradicionales en lo que
respecta a condiciones sismorresistentes, de estabilización, confort, durabilidad y seguridad
(social y económica).
54
2.6.5 Modernización normativa
• Superar las discrepancias existentes entre las normas de alcance nacional y las normas
locales, así como entre dichas normas y la realidad edificatoria nacional.
• Facilitar y promover la inversión inmobiliaria en edificaciones nuevas y/o existentes, protegidas o no.
• Establecer procedimientos eficientes y homologados a nivel nacional que otorguen mayor seguridad jurídica para la tramitación de expedientes de habilitación urbana, de
construcción y mejoramiento de viviendas, así como de declaratoria de fábrica, y que,
mediante la reducción o eliminación de exigencias y cargas administrativas, signifiquen
disminución de tiempos de tramitación y reducción de costos directos e indirectos y, por
lo tanto, un menor efecto en los costos del producto final.
• Aumentar los niveles de calidad y productividad edificatoria, mediante el fomento del
empleo de nuevas tecnologías de diseño y construcción, así como mecanismos de normalización y acreditación técnicas.
• Actualizar y completar la configuración legal y la responsabilidad de los diferentes actores
que participan en el proceso edificatorio, incluyendo a los propietarios y usuarios.
• Garantizar la adecuada protección de los intereses de los usuarios de “productos” urbanos y edificatorios.
Para este propósito, será necesario concordar todo el marco legal vigente, modificando, precisando y/o derogando, entre otras, la Ley General de Habilitaciones Urbanas (N° 26878) y
la Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica
y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común (N°
55
27157). Igualmente, se fijará con claridad las competencias y atribuciones de los diferentes
niveles de gobierno en materia de desarrollo urbano y edificaciones residenciales y no residenciales, y se cubrirá los vacíos respecto de la promoción de inversiones en infraestructura
e edificaciones urbanas en general.
c. Propiciar la modernización del marco normativo relacionado a los procesos de formalización de la propiedad inmobiliaria y su utilización con fines de endeudamiento hipotecario,
que rige en los ámbitos bancario, notarial, registral y judicial.
d. Simplificar los mecanismos de acceso a los programas que componen el Plan Nacional de
Vivienda, particularmente los referidos al desembolso de subsidios habitacionales y créditos
hipotecarios.
2.6.6 Fortalecimiento y posicionamiento institucional
a. Coordinar la política nacional de vivienda y sus acciones de política con las organizaciones
públicas de alcance nacional, regional o local, con la población beneficiaria, la sociedad
civil y los agentes económicos.
b. Fortalecer las capacidades locales de los gobiernos municipales en su calidad de promotores y ejecutores de la política urbana, dentro de su ámbito de competencia territorial. Asimismo, promover una mayor eficiencia y eficacia operativa de los organismos regionales y
locales respecto de los procesos de zonificación, aprobación de expedientes, otorgamiento
de licencias y recepción de obras residenciales.
c. Consolidar el proceso de conversión del Fondo MIVIVIENDA y del BANMAT, así como el
fortalecimiento de SENCICO:
• El Fondo MIVIVIENDA deberá ir abandonando paulatinamente la responsabilidad de
fondear con sus propios recursos a las instituciones financieras intermediarias, y deberá
asumir, más bien, el rol de estimular el flujo de capitales privados hacia el financiamiento
de créditos hipotecarios, principalmente mediante el otorgamiento de coberturas de riesgo y la emisión de instrumentos negociables en el mercado de capitales.
e. Compatibilizar el Plan Nacional de Vivienda con el Plan Nacional de Saneamiento y con
los Programas de formalización de la propiedad implementados por los Gobiernos Locales,
tanto en el área urbana como rural.
2.6.7 Promoción habitacional
a. Instituir el Sistema Nacional de Información Urbano-Habitacional (SINIHU) a partir
de fuentes primarias y secundarias que coadyuven a la mejor toma de decisiones del
sector público y privado, permita el monitoreo y garantice la transparencia de los programas.
b. Instaurar un sistema de promoción de inversiones inmobiliarias residenciales en términos de identificación, selección, elaboración, difusión, orientación comercial y apoyo
a la venta para los agentes económicos.
c. Constituir un sistema de difusión y orientación a las personas naturales y familias del
ámbito urbano y rural respecto de las oportunidades de mercado existentes, las fuentes
de financiamiento disponible, parámetros de calidad habitacional comparables y seguridad jurídica a tenerse presente a la hora de optar por la adquisición o mejoramiento
de una solución habitacional.
d. Desarrollar campañas encaminadas al cambio de actitudes de la población, agentes económicos, agentes sociales y otras entidades del Estado respecto de la importancia social y
económica de la vivienda, la necesidad de facilitarla, y la conveniencia de acceder a ella
de manera segura y a precios asequibles, así como que su uso residencial no se considere
a perpetuidad.
e. Desarrollar una estrategia permanente y coordinada de comunicación y capacitación
para difundir los objetivos del Plan Nacional de Vivienda y las características de sus diferentes programas, con la finalidad de sensibilizar a los diferentes agentes vinculados
al tema urbano-habitacional acerca de sus bondades y contribuir al cumplimiento de las
metas de ejecución planteadas.
• El Banco de Materiales SAC dejará de operar progresivamente como banca de primer
piso que financie el mejoramiento o construcción en sitio propio de viviendas de interés
social, para convertirse en la entidad de apoyo financiero para promotores privados y
entidades técnicas y de los programas municipales y regionales enfocados en la vivienda
social. Igualmente, deberá fortalecer su participación en la ejecución de proyectos de
mejoramiento de barrios urbanos y poblados rurales, así como en programas dirigidos a
la generación de nuevo suelo urbano para vivienda y equipamiento.
• El SENCICO tendrá que fortalecer su función de investigación tecnológica y normalización de materiales, diseños y sistemas constructivos, a la par de vincular sus programas
de capacitación con los objetivos de industrialización comprendidos en el Plan Nacional
de Vivienda.
d. Establecer mecanismos de coordinación intersectorial para vincular los programas Techo
Propio, MiBarrio y Mejorando Mi Pueblo con los demás programas enfocados en la superación de la pobreza.
56
57
PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 2006 -2015
AGUA ES VIDA
ÍNDICE
CAPÍTULO I - SITUACIÓN ACTUAL ..................................................... 67
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Marco legal ..................................................................................................67
Antecedentes del sector ................................................................................67
Marco institucional .......................................................................................69
Gestión de recursos hídricos .........................................................................71
Ámbito de atención ......................................................................................71
Cobertura de los servicios .............................................................................72
Gestión de los servicios .................................................................................73
1.7.1 Indicadores de calidad ............................................................................ 73
1.7.2 Indicadores financieros ............................................................................ 76
Niveles de inversión
79
CAPÍTULO II - POLÍTICAS DE SANEAMIENTO .................................... 85
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Principios .....................................................................................................85
Visión ...........................................................................................................86
Misión ..........................................................................................................86
Objetivos ......................................................................................................86
Metas ...........................................................................................................88
2.5.1 Metas de cobertura ................................................................................. 88
2.5.2 Metas de Gestión .................................................................................... 90
2.5.3 Requerimiento de inversiones ................................................................... 91
2.5.4 Fuentes de financiamiento ....................................................................... 93
Estrategias ....................................................................................................94
2.6.1 Estrategias para el ámbito urbano ............................................................ 94
2.6.2 Estrategias para las pequeñas ciudades .................................................... 95
2.6.3 Estrategias para el ámbito rural ................................................................ 96
2.6.4 Instrumentos y mecanismos de desarrollo sectorial .................................... 96
Acciones a desarrollar ..................................................................................97
2.7.1 Consideraciones generales ...................................................................... 97
2.7.2 Acciones propuestas para el ámbito urbano ............................................. 98
2.7.3 Acciones propuestas para el ámbito rural .................................................. 99
2.7.4 Implementación de plan .......................................................................... 99
Monitoreo y evaluación...............................................................................101
CAPÍTULO III - PROGRAMAS Y PROYECTOS ..................................... 105
ANEXOS ............................................................................................. 111
CAPÍTULO I
SITUACIÓN ACTUAL
1.1 Marco legal
El marco jurídico general en que se ubica el Sector y el Plan Nacional de Saneamiento se rige, en
principio, por los preceptos indicados en la Constitución Política del Perú, por las distintas leyes
emanadas de la propia Constitución y por otras disposiciones de observancia general relativas al
saneamiento como son:
-
Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley Nº 26338.
Decreto Supremo Nº 09-95-PRES, Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento
y sus modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA.
Ley Orgánica que modifica la organización y funciones de los ministerios. Crea el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ley Nº 27779.
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ley
Nº 27792.
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA.
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293.
Decreto Supremo N° 157-2002-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública.
Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783.
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley Nº 27867
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.
Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Decreto Ley Nº 25965.
Reglamento General de Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Decreto
Supremo Nº 017-2001-PCM.
Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.
1.2 Antecedentes del sector
En el año 1981, mediante Decreto Legislativo N° 150, se creó el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA), una empresa estatal que reemplazó a la
67
SENAPA era una empresa central que estaba integrada por cerca de 15 empresas filiales del
interior, ubicadas en las ciudades con mayor desarrollo demográfico, una de las cuales era
SEDAPAL, creada a partir de la Empresa de Saneamiento de Lima–ESAL. En este nuevo sistema de manejo centralizado se empieza a insinuar, desde su denominación, el concepto del
Servicio.
La Constitución de 1993 establece la responsabilidad de las municipalidades en la prestación de
los servicios públicos. La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) señala en el numeral
2.1 del artículo 80º, que es una función compartida de las Municipalidades Provinciales administrar y reglamentar, directamente o por concesión, el servicio de agua potable, alcantarillado
y desagüe. De la misma manera, mediante Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización (marzo 2002), se establece que los gobiernos
locales desarrollan y regulan actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda y
saneamiento, entre otros.
En abril de 1990, se dispone la transferencia de todas las empresas filiales y unidades operativas
de SENAPA a las Municipalidades Provinciales y Distritales, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 574, complementado por el Decreto Legislativo N° 601.
Asimismo, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 establece que los Gobiernos
Regionales tienen entre sus funciones la de apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de saneamiento.
En diciembre de 1992, se crea, mediante Decreto Ley N° 25965, la Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento (SUNASS) como el organismo encargado de promover el desarrollo
y proponer las normas para la prestación de los servicios de saneamiento, fiscalizar la prestación
y resolver, en última instancia, los reclamos de los usuarios. Entonces, se declara en disolución y
liquidación a la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado,
SENAPA (Decreto Ley N° 25973).
Por último, en materia ambiental, la Ley General del Ambiente otorga diversas facultades al Sector
en materia de regulación y supervisión, para prevención y minimización de riesgo al ambiente a
causa de las actividades de saneamiento, lo cual se refleja en diversas normas sobre temas específicos.
En julio de 1994, se aprueba la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo 09-95-PRES de agosto de 1995, que establece las competencias de las instituciones involucradas en el sector, determina los deberes y derechos de los
usuarios y las Entidades Prestadoras, define el régimen tarifario, establece las condiciones y modalidades de la participación privada, entre otros temas.
El sector saneamiento está integrado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
ente rector del Estado en los asuntos referentes a los servicios de saneamiento, a través del Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS) y de la Dirección Nacional de Saneamiento
(DNS); las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento, (SUNASS), en su calidad de Ente Regulador.
El 11 de junio de 2002 se crea el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento bajo la
Ley Nº 27779, Ley Orgánica que modifica la Organización y Funciones de los Ministerios. El 25
de julio, mediante Ley Nº 27792, se promulga la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la cual determina y regula el ámbito, la estructura orgánica básica, las competencias y funciones del organismo rector de vivienda y saneamiento. De
acuerdo a estas normas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento formula, aprueba,
ejecuta y supervisa la aplicación de las políticas de alcance nacional en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento. Para tal efecto, dicta normas de alcance nacional y supervisa
su cumplimiento.
Otras entidades e instituciones del sistema que cumplen funciones relacionadas con el sector y
que permiten el cumplimiento de sus metas son:
Dirección General de Obras Sanitarias - la cual dependía del Ministerio de Fomento y Obras
Públicas - y absorbió a las empresas autónomas que ésta poseía en Lima, Arequipa y Trujillo.
En cuanto a la gestión de los servicios en el ámbito rural, el sector ha sufrido grandes cambios. En
el año 1962, por medio de la Ley N° 13997, se encarga al Ministerio de Salud Pública, a través de
la Dirección de Saneamiento Básico Rural (DISABAR), la promoción de los servicios en el ámbito
rural. Por esta vía se construyeron obras de variadas características para cubrir la infraestructura
básica de prestación de servicios, las que luego fueron entregadas a asociaciones de usuarios
denominadas Juntas Administradoras, integradas por pobladores de la localidad que se encargan
de la administración, operación y mantenimiento de estas instalaciones. El actual marco legal
aprobado por el Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA, establece que las Organizaciones
Comunales - las cuales incluyen a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento - son
las encargadas de prestar los servicios de saneamiento en el ámbito rural. Las Organizaciones
Comunales incluyen a las Asociaciones, Comités, entre otros. Adicionalmente, dicha norma ha
reglamentado la prestación de los servicios en las Pequeñas Ciudades (población entre 2,001 y
30,000 habitantes).
68
1.3 Marco institucional
Cuadro Nº 1: Roles vigentes del sector saneamiento
ÁREAS
ÁREA URBANA
a. Definición de políticas
b. Priorización de inversiones
ÁREA RURAL
MVCS-VMCS: DNS
MVCS-VMCS: DNS, OGPP - OPI Vivienda
MEF: Dirección General de Programación Multianual
DRVCS: Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento
VMCS: DNS - DSU
c. Asignación de recursos
d. Regulación
e. Aprobación y fijación de tarifas y
cuotas
f. Normas
VMCS: DNS – DSR
MEF: Dirección Nacional de Endeudamiento Público,
Dirección Nacional de Presupuesto Público y FONAFE
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)
Juntas de Accionistas EPS
Municipalidades
Organizaciones Comunales
MVCS-VMCS: DNS
MINSA: Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
69
ÁREAS
g. Estudios y ejecución de obras
h. Prestación de servicios
ÁREA URBANA
ÁREA RURAL
Gobiernos Regionales
Municipios
PARSSA – Ex-PRONAP
INADE
DIES
EPS
Gobiernos Regionales
PROMUDEH – FONCODES
MINSA - DIGESA
ONGS
DIES
Agencias de Cooperación
Internacional
EPS (Públicas, Privadas o Mixtas)
Municipalidades
Organizaciones Comunales
Elaboración: VMCS
Además de las Entidades antes mencionadas, tenemos a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, ente Regulador del Sector, cuyas funciones son supervisar, regular, normar, fiscalizar, sancionar y resolver controversias y reclamos de los usuarios de acuerdo con
los alcances y limitaciones establecidas en la ley. Este organismo se financia con el 1% de la
facturación de las EPS. SUNASS es un organismo descentralizado adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM), con personería de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Asimismo, participan el Ministerio de
Salud (MINSA), a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y la Dirección
Ejecutiva de Saneamiento Básico (DESAB), entidades que ejercen funciones en los aspectos
sanitarios de la calidad del agua para consumo humano y la protección del ambiente para la
salud.
•
•
•
•
Insuficiente cobertura de servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
Mala calidad de la prestación de servicios que pone en riesgo la salud de la población.
Deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos.
Tarifas que no permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento de los
servicios (atraso tarifario).
• El tamaño de los mercados bajo responsabilidad de las EPS no garantiza una buena
gestión, no permite economías de escala ni viabilidad financiera.
• Debilidad institucional y financiera.
• Recursos humanos en exceso, poco calificados y con alta rotación en las EPS.
Elaboración: VMCS – DNS
En resumen, la situación del sector saneamiento en el Perú es aún deficiente desde el punto de
vista institucional, de gestión y financiero. Por todo ello, se requiere resolver las causas que vienen
ocasionando los problemas antes mencionados, principalmente la interferencia política en la
toma de decisiones de gestión y la asistencia del Gobierno Nacional a través de subsidios, entre
otros.
1.4 Gestión de recursos hídricos
DIGESA es la autoridad responsable de normar, supervisar, evaluar y autorizar el uso de las aguas
residuales y los vertimientos de las mismas, así como aprobar los proyectos de sistemas de tratamiento de efluentes. Las Direcciones de Salud actúan como su contraparte regional, y los centros
y puestos de salud, administrados por las redes y microrredes de salud, como sus contrapartes
locales (Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas).
Un tema muy importante es el concerniente a la Gestión de los Recursos Hídricos que se desarrolla actualmente en torno al sector agrario. Surge la necesidad de alentar un enfoque integral
orientado a la coordinación de las intervenciones para el aprovechamiento multisectorial del
agua, al ser considerado como un bien económico cuyo manejo debe basarse en los criterios de
eficiencia, equidad y sostenibilidad.
Otras instituciones que actúan y participan en el sector son el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), que tiene injerencia específica en los aspectos de planificación económica sectorial y normativa relacionada a las finanzas; las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), el Sector
Privado, los Organismos Multilaterales de Crédito, (Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo y Corporación Andina de Fomento) y las Agencias de Cooperación Internacional, entre
otras.
En el año 2004, los Ministerios de Agricultura; Energía y Minas; Producción; Defensa; Salud;
Economía y Finanzas; y Vivienda, Construcción y Saneamiento consideraron relevante la preparación de la Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos, en función del aprovechamiento racional y sostenible del agua, de la cuenca hidrográfica como la unidad de gestión
integrada, del carácter multisectorial del agua y de la protección y preservación del recurso, entre
otros aspectos.
El rol que cumplen las organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación internacional, en lo que respecta a la prestación de los servicios de saneamiento, es fundamentalmente la
capacitación, la asesoría técnica y el financiamiento de las inversiones, lo cual, dado el alto nivel
de déficit de infraestructura, es clave para el desarrollo del sector.
El agua tiene valor social, económico y ambiental y su uso y aprovechamiento debe basarse en
el equilibrio permanente entre éstos. El agua es un recurso natural estratégico para el desarrollo
sostenible del país y su valor económico está en función de los costos que implican su disponibilidad, utilidad y escasez.
Por su parte, las EPS tienen un importante rol ejecutivo en la operación, mantenimiento y administración de los servicios.
1.5 Ámbito de atención
Los prestadores de servicios en el país son: (a) SEDAPAL y Empresas Prestadoras de Servicios
Municipales (EPS) que tienen bajo su jurisdicción al 62% de la población total del país; (b) Organizaciones Comunales que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la población principalmente
asentada en el ámbito rural; y (c) Municipalidades pequeñas (490) que albergan al 9% de la
población total.
70
La situación del sector es la siguiente:
En el Sector se tienen 54 EPS (cuadro Nº 2), entre ellas SEDAPAL, que tiene la responsabilidad
de atender al 29% de la población del país y las otras EPS al 33%. En el Anexo 1 se presenta el
listado de las EPS por Departamento considerando que, en algunos casos, existe más de una EPS
por departamento. Existen otras administraciones urbanas a cargo directo de los municipios que
deben atender al 9% de la población y, las organizaciones comunales, al 29% básicamente en el
área rural.
71
Cuadro Nº 2: Ámbito de atención del sector saneamiento - Año 2004
Ámbito Empresarial
Rango por conexiones
totales de agua
SEDAPAL
Número de
EPS
Nºde
distritos
atendidos
Habitantes
(miles)
%
1
45
7,975
29
EPS Grandes
de 40,000 a 200,000
9
130
5,444
20
EPS Medianas
de 10,000 a 40,000
21
91
3,004
11
EPS Pequeñas
de 1,000 a 10,000
23
37
705
3
54
303
17,166
62
Otras Adm. Urbanas 1/
Habitantes (miles)
%
490
490
2,477
9
Rural (Menos de 2000 hab)
75,765
11,800
7,902
29
TOTAL
76,255
12,290
10,380
38
Total Población Perú 2004 (miles)
Población Servida
Saneamiento
Millones de
habitantes
Millones de
habitantes
%
Millones de
habitantes
%
EPS’s Pequeñas
0.7
0.4
71
0.3
51
Otras Administraciones
2.5
1.5
60
0.8
33
Rural
7.9
4.9
62
2.4
30
27.5
20.8
76
15.7
57
COBERTURA TOTAL
Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú. 2001-2004, SUNASS.
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
Elaboración: VMCS-DNS
En cuanto a la cobertura de tratamiento de las aguas servidas, en el año 2004 se estima en 22%
a nivel nacional. Es decir que las tres cuartas partes de las aguas residuales generadas no reciben
ningún tipo de tratamiento previo a su disposición final, lo cual representa un serio problema de
contaminación al medio ambiente.
Ámbito Poblacional
N° Total de N° de localidades
localidades
atendidas 2/
Entidad
Ámbito Poblacional
más de 1’000,000
Ámbito No Empresarial
Población Servida
Agua Potable
Población
1.7 Gestión de los servicios
1.7.1 Indicadores de calidad
• Continuidad del servicio de agua
27,546
Incluye localidades con administración municipal o comunal de los servicios.
Fuente: Evaluación de los servicios de saneamiento en el Perú, año 2000, DIGESA-MINSA.
Fuentes: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú. 2001-2004, SUNASS.
Estudio Sectorial de los Servicios de Agua y Saneamiento en Pequeñas Localidades del Perú, año 2004, Banco Mundial.
12/
2/
1.6 Cobertura de los servicios
En el ámbito empresarial, la continuidad promedio es de 17 horas al día (ver el Cuadro Nº 4).
El 37% presenta una continuidad menor a 12 horas de servicio, 37% entre 12 y 20 horas y 26%
más de 20 horas.
En otras palabras, el 74% de las EPS presenta problemas de continuidad en la prestación del
servicio de agua, siendo los casos más preocupantes los de EMAPAVIGSSA, EPS ILO, EPSSMU,
EMAPAB y EMAPAPASCO que brindan el servicio en promedio 4 horas al día. Por otro lado,
EMUSAP AMAZONAS es la única empresa que brinda el servicio en forma continua.
La población total del Perú al año 2004 es de 27.5 millones de habitantes, de los cuales el 71%
reside en el área urbana y el 29% en el área rural. En el Cuadro N° 3, se presenta la cobertura
actual de servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional, donde se aprecia una cobertura de 76% de agua y 57% de servicios de saneamiento.
Cuadro Nº 4: Continuidad promedio del servicio de agua en el
ámbito empresarial – Año 2004
Nº Prestadores según Horas de Servicio al Día
Las coberturas actuales, en general, todavía son bajas y constituyen uno de los principales problemas que presenta el Sector.
Empresas
Ámbito Empresarial
Cuadro Nº 3: Coberturas de agua y saneamiento en el Perú – Año 2004
Población
Entidad
72
Población Servida
Agua Potable
[4 a 8h]
[8 a 12h]
[12 a 16h]
[16 a 20h]
[20 a 24h]
4
3
8
9
13
11
1
SEDAPAL
Población Servida
Saneamiento
Millones de
habitantes
Millones de
habitantes
%
Millones de
habitantes
%
Urbano
19.6
15.9
81
13.4
68
SEDAPAL
8.0
7.1
89
6.7
84
EPS’s Grandes
5.4
4.5
82
3.7
68
EPS’s Medianas
3.0
2.4
79
1.8
61
[0 a4h>
EPS
Promedio
17 horas
18 horas
4
3
8
9
12
11
16 horas
Grandes
0
2
1
2
2
2
15 Horas
Medianas
0
1
6
5
5
4
15 horas
Pequeñas
4
0
1
2
5
5
16 horas
Sin información: EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EMAPA SALAS, EMSAP ACOBAMBA Y EMAPAL (Luya)
Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 2001-2004, SUNASS.
Elaboración:VMCS-DNS
73
En el ámbito no empresarial - que incluye al rural - existe intermitencia en la prestación de los
servicios. El PRONAP (ahora PARSSA) reportó que, en una muestra de 20 localidades pequeñas,
el 75% tiene servicio discontinuo y el 50% menos de 10 horas diarias1 .
• Micromedición
Otro problema es la ausencia de programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los medidores. Si bien la mayoría de EPS cuenta con banco de medidores, no lleva un programa riguroso
de mantenimiento. En muchos casos sólo se usa el banco para calibrar medidores que presentan
altos consumos y reclamo de usuarios.
Cuadro Nº 5: Micromedición del servicio de agua en el Año 2004
Nº Prestadores según Nivel de Micromedición
Ámbito Empresarial
[0 a 25%]
[25 a 40%]
[40 a 60%]
[60 a 80%]
[80 a 100%]
21
7
8
8
2
SEDAPAL
EPS
1
Nivel Promedio
de Micromedic.
54%
70%
21
7
8
7
2
38%
Grandes
5
0
2
2
0
41%
Medianas
8
7
3
3
0
33%
Pequeñas
8
0
3
2
2
40%
En tanto en el país no se incremente la medición efectiva al nivel de producción (macromedición)
y consumo (micromedición), cualquier referencia al agua no contabilizada será cuestionable. Es
por esta razón que en este Plan no se ha considerado este indicador como meta de gestión por
su baja confiabilidad actual.
Sin embargo, asumiendo que el agua no contabilizada (más bien agua no facturada) es alta en
el país, se presenta de manera referencial la información del Cuadro N° 6 con base en la información de las EPS. En él se aprecia que SEDAPAL y las otras EPS tienen 37% y 50% de agua no
facturada. El 83% de las EPS supera el 30% de agua no facturada. La situación más grave se da
en la EPS SIERRA CENTRAL S.A. (95%).
74
Evaluación Global de los Servicios de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 2000 - PRONAP
Nº Prestadores según nivel de agua no facturada
[0 a 20%]
[20 a 35% ]
[35 a 50%]
[50ª 65%]
[65% a más ]
3
3
17
17
5
SEDAPAL
1
EPS
Promedio
43%
37%
3
3
16
17
5
Grandes
0
1
5
3
0
49%
Medianas
0
2
8
8
2
50%
Pequeñas
3
0
3
6
3
54%
Sin información: EMAPA PASCO, EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EMAPA SALAS, EMSAPA
CALCA, EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL.
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.
• Producción unitaria
Micromedición = [Nº total de medidores operativos /Nº total de conexiones de agua] x 100%
Sin información: EPSSMU, EMSAP CHANKA, EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EMAPA SALAS, EMSAP
ACOBAMBA, EMAPAL.
1
Empresas
Ámbito Empresarial
En el ámbito empresarial, el promedio de micromedición es 54% (ver Cuadro N° 5). El 4% de
empresas tiene un nivel mayor a 80%. Las EPS que presentan mayores niveles de medición son:
EMUSAP AMAZONAS, EMAPAT S.R.L, y EMSAP CHANKA S.A. que tienen indicadores de 91%,
85% y 93% respectivamente. En Lima Metropolitana, el nivel de micromedición al año 2004 era
de 70% (SEDAPAL).
Empresas
Cuadro Nº 6: Agua no facturada en el Año 2004
De acuerdo con el Cuadro N° 7, se estima que las empresas producen, en promedio, 291 l/hab./
día, dotación bastante alta para el nivel de desarrollo económico de las ciudades del Perú. Por lo
tanto, no es admisible que con los niveles altos de producción, en la mayoría de localidades, se
estén presentando problemas de intermitencia en el servicio.
El 15% de las EPS produce menos de 200 l/hab/día. En el otro extremo, el 48% de EPS reporta
una producción mayor a 300 l/hab/día; entre ellas destacan EPS MARAÑÓN (674 l/hab/día) y
EMAQ S.R.L. (617 l/hab/día) con 15 y 12 horas de servicio diario respectivamente.
Cuadro Nº 7: Producción unitaria ( l/hab/día ) en el Año 2004
Empresas
Ámbito Empresarial
Nº Prestadores según nivel de
producción unitaria
[0 a 200
l/h/d]
[200 a 250
l/h/d ]
[250 a 300
l/h/d ]
[300 a 350
l/h/d ]
[350 a más ]
9
12
8
10
13
1
SEDAPAL
EPS
Promedio
l/h/d
291 l/h/d
241 l/h/d
9
12
7
10
13
Grandes
2
3
0
4
0
253 l/h/d
Medianas
5
1
1
8
6
301 l/h/d
Pequeñas
5
2
1
3
3
292 l/h/d
Producción unitaria (l/hab/día) = [volumen de agua producida durante el año (m3) x 1000] / [Nº conexiones activas de agua x
promedio de habitantes por conexión x 365 días]
Sin información: EMAPA PASCO, EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EPS PATIVILCA, EMAPA
SALAS, EMSAPA CALCA, EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL
75
• Servicios con sistema de desinfección
Nº Prestadores según meses de morosidad
Empresas
En el ámbito empresarial, según la información del año 2004, las 43 EPS que reportaron información cumplieron con los niveles de cloro residual en las redes. Sin duda, la continua fiscalización
de la SUNASS obliga a las EPS a cumplir con este importante indicador, por lo que son muy raros
los casos de ausencia de cloro en las redes de distribución de agua.
Sin embargo, el problema principal se presenta en el ámbito rural; de una muestra de 1,630
sistemas analizados, el 59% no desinfecta al agua por carecer de sistema o insumos necesarios
(Gráfico N° 1). Considerando que en localidades con menos de 2,000 habitantes se tiene alrededor de 11,800 sistemas, se puede concluir que en cerca de 7,000 del ámbito rural no se contaría
con sistemas de desinfección. Es por esta razón que, en el presente Plan, una acción prioritaria es
el incremento de la desinfección en los sistemas, sobre todo del ámbito rural.
Promedio
[0 a 3m]
[3 a 6m]
[6 a 9m]
[9 a 12m]
[12 a más ]
EPS
20
9
6
4
8
8 meses
Grandes
2
2
2
2
1
8 meses
Medianas
10
5
2
0
4
6 meses
Pequeñas
8
2
2
2
3
6 meses
Morosidad (meses) = [Cuentas por cobrar al final del año] / [Importe facturado al año / 12 meses]
Sin información: EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EMAPA SALAS, EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL
Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 2001-2004, SUNASS
Elaboración:VMCS-DNS
• Margen operativo
Grafico Nª 1: Sistemas con desinfección - Área Rural 2004
Sistemas
Sin Desinfección
En el ámbito empresarial, el margen operativo alcanza un 28% (cuadro Nº 9). Este promedio se
eleva dado que SEDAPAL presenta un 33% en tanto que las EPS sólo llegan a un 17% en promedio. Asimismo, el 11% de las EPS (1 grande, 3 medianas y 2 pequeñas) tiene margen operativo
negativo; esto significa que ni siquiera puede cubrir sus costos operativos, lo cual origina el deterioro de la infraestructura y de la calidad de los servicios.
Sistemas
Con Desinfección
59%
41%
7,000 Sistemas
Cuadro Nº 9: Margen operativo en el Año 2004
4,800 Sistemas
Fuente: Información DIGESA // Elaboración: VMCS-DNS
Promedio
Negativo
[0 a 10%]
[10 a 20%]
[20 a 30%]
[30% a más]
1.7.2 Indicadores financieros
Ámbito Empresarial
5
11
13
12
5
28%
• Morosidad
SEDAPAL
EPS
Grandes
Medianas
Pequeñas
5
0
4
1
11
1
6
4
13
3
4
6
12
3
6
3
1
4
2
1
1
33%
17%
21%
11%
11%
A nivel empresarial, el promedio de morosidad (cuentas por cobrar) es equivalente a 5 meses de
facturación. Aproximadamente el 46% de las EPS tiene un nivel de morosidad menor a 3 meses y
el 15% es mayor a 12 meses.
En general, la situación es grave en algunas EPS: en EMFAPA TUMBES (35 meses), EMAPAU S.R.L.
(26 meses) y EMAPAY (23 meses). La alta morosidad origina problemas de liquidez y debilidad
en la capacidad de las EPS. Esto dificulta realizar, en forma adecuada, la operación y mantenimiento de la infraestructura; y, obviamente, ocasiona el no poder honrar los compromisos de sus
deudas.
Bajo estas condiciones, el ente regulador bien puede cuestionar la necesidad de incrementos
tarifarios que soliciten las EPS.
Cuadron Nº 8: Nivel de morosidad en el Año 2004
Empresas
Ámbito Empresarial
SEDAPAL
76
Nº Prestadores según margen operativo
Empresas
Nº Prestadores según meses de morosidad
[0 a 3m]
[3 a 6m]
[6 a 9m]
[9 a 12m]
[12 a más ]
21
9
6
4
8
1
Promedio
5 meses
3 meses
Margen Operativo = [Ingreso Operativo Total - Costo Operativo sin depreciación ni provisiones] / [Ingresos Operativo Total] x 100%
Sin Información: EPSSMU, EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EMAPA SALAS, EMSAPA CALCA,
EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL
Por otra parte, el indicador promedio de deuda (pasivo total) sobre margen operativo es de 10
años. Esto expresa, en término de años, el número de períodos de operación en que las empresas
tienen comprometido su margen operativo anual para hacer frente a las deudas. En SEDAPAL es
de 8 años y a nivel de las demás EPS, 20 años.
Es importante mencionar que 41 EPS presentaban una deuda total con terceros, deuda ascendente a US$ 1,620 millones, de la cual el 33% corresponde a las contribuciones reembolsables al
ex-FONAVI (US$ 537 millones). De no considerarse esta cifra, la deuda se reduce a US$ 1,083
millones.
Del Cuadro Nº 10, se puede ver que del total de la deuda contraída por las EPS con ex-FONAVI
(US$ 802 millones), un 33% (US$ 265 millones) corresponde a la deuda contraída directamente
77
por las EPS y el 67% restante a la deuda contraída por los usuarios que después fue transferida a
las EPS (contribuciones reembolsables).
Las tarifas cumplen un papel muy importante en la sostenibilidad de los sistemas de agua potable
y alcantarillado. El cobro de las mismas debe cubrir los costos de operación y mantenimiento,
además de permitir a la empresa ampliar la cobertura dentro del área de servicio.
Cuadro Nº 10: Deudas de empresas prestadoras de
servicios de saneamiento - 2004 (Millones US$)
Deuda Directa
Ex Fonavi 1/
EMPRESA
Otros
2/
• Tarifas
Deuda Total
Contrib. Reemb.
Ex Fonavi 1/
(Mill. US$)
%
SEDAPAL
123
478
130
731
45
EPS (sin Sedapal)
142
340
407
889
55
Ámbito Empresarial
265
818
537
1,620
100
Ultima información oficial proporcionada por COLFONAVI a diciembre de 2001.
Fuente Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 2004 SUNASS.
1/
2/
De un análisis realizado por el VMCS, si el 30% del margen bruto de las EPS (sin SEDAPAL) se
destinara al pago de la actual deuda directa de las EPS, éstas necesitarían, en promedio, 38 años
para pagarla.
En el Perú, la aprobación y aplicación de tarifas implica una serie de procedimientos que hacen
difícil su implementación.
El ente regulador, SUNASS, es quien establece los incrementos tarifarios a solicitud de las EPS.
Posteriormente, a través de audiencias públicas se fijan las tarifas y se define la viabilidad de su
aplicación. No obstante ello, son las Juntas de Accionistas de las EPS las que, una vez aprobadas
las tarifas por SUNASS, deciden en última instancia su aprobación, de ser el caso, lo cual ocasiona retrasos tarifarios de varios años en muchas de ellas.
En términos generales, las tarifas son bajas - en promedio S/. 1.29/m3 - pero no miden necesariamente la eficiencia en la gestión de las empresas sino, por el contrario, son el reflejo de la
baja calidad de los servicios brindados. En el ámbito empresarial, el pago promedio mensual por
usuario asciende a S/. 32, lo que significa un consumo promedio de 25 m3/mes/usuario.
Sin embargo, el Gobierno Nacional, con el objeto de mejorar la situación patrimonial de las EPS,
buscará disponer la consolidación, reestructuración, refinanciación y/o fraccionamiento de las
deudas directas de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento con el FONAVI y de las
deudas originadas por las Contribuciones Reembolsables derivadas de la ejecución de obras de
infraestructura de saneamiento para favorecer a los usuarios con recursos del FONAVI.
• Conexiones activas
A nivel empresarial, existe un elevado número de conexiones inactivas, es decir conexiones que
figuran en los registros de las EPS, pero que no son facturados.
Del total de EPS analizadas, el 11% de las conexiones domiciliarias de agua potable se encuentra
inactivo; esto significa 316 mil conexiones, el equivalente a más de dos ciudades como Arequipa.
SEDAPAL registra 56 mil conexiones inactivas no facturadas, lo cual representa un problema muy
serio que requiere una atención prioritaria.
Cuadro Nº 12: Tarifas y pago mensual promedio en el Año 2004
Empresas
Tarifa media
(S/. / m3)
Pago mensual promedio
(S/. / m/ usuario)
Ámbito Empresarial
1.29
32
SEDAPAL
EPS
Grandes
Medianas
Pequeñas
1.39
1.15
1.30
0.94
0.91
34
23
25
21
16
Tarifa media = [Importe facturado anual por agua y alcantarillado (soles) / Volumen facturado anual (m3)]
Pago mensual prom = [Importe facturado anual por agua y alcantarillado (soles) / N° conexiones activas / 12 meses]
Sin Información: EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EMAPA SALAS, EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL
Cuadro Nº 11: Conexiones totales y activas en el Año 2004
1.8 Niveles de inversión
Empresas
Nº Conexiones totales (miles)
Nº Conexiones activas (miles)
% Conexiones activas
Ámbito Empresarial
2,834
2,518
89
SEDAPAL
EPS
Grandes
Medianas
Pequeñas
1,386
1,448
868
491
89
1,330
1,188
723
388
77
96
82
83
79
86
% Conex. Activas = [N° de conexiones activas / N° de conexiones totales] x 100%
Sin Información: EMSAPA YAULI, EMAPA CHANCAY, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, EPS PATIVILCA, EMAPA SALAS, EMSAPA
CALCA, EMSAP ACOBAMBA, EMAPAL .
78
En el periodo 2000-2005 se ha invertido en el Sector US$ 833.1 millones, de los cuales el 45% son
inversiones ejecutadas por SEDAPAL que incluyen recursos propios y endeudamiento externo. El detalle
por año se presenta en el Anexo 2. Asimismo, en el Anexo 3 se presenta las inversiones realizadas en el
sector durante el periodo 1990-1999.
El Cuadro Nº 13 muestra un resumen del total de las inversiones ejecutadas en el periodo por entidad.
Cuadro Nº 13: Inversiones en el sector saneamiento 2000-2005
Entidades
Total: 2000-2005 (US$ Mill)
%
Sedapal
378.1
45.4
PARSSA
114.3
13.7
79
Entidades
Ámbito urbano
Total: 2000-2005 (US$ Mill)
%
MESIAS
97.8
11.7
EPS
79.7
9.6
Gobierno Regional
60.1
7.2
TUMBES
Inversión US$7.8 millones
FONCODES
55.5
6.7
PIURA (PE-P25)
A TRABAJAR URBANO
31.5
3.8
TUMBES¤
PRONASAR
7.7
0.9
CAJAMARCA (KfW)
Otros 1/
8.5
1.0
LAMBAYEQUE
PIURA¤
Total
833.1
100
Incluye INADE, Gestión de Proyectos e Infraestructura de Saneamiento FONAVI en Liquidación
Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera, MIMDES, Foncodes, Ministerio de
Trabajo, A Trabajar Urbano, SUNASS, SEDAPAL
1/
Del cuadro se aprecia que en el ámbito rural y de pequeñas ciudades se ha invertido un monto
ascendente a US$ 123.3 millones, representado por las inversiones ejecutadas por los Gobiernos
Regionales, PRONASAR y FONCODES.
Desde el año 2004 en que se inicia la ejecución del PRONASAR, la modalidad de intervención
en los ámbitos rurales y de pequeñas ciudades cambia con relación al modo en que se venía
efectuando, ya que en éste se daba una mayor importancia a la ejecución de infraestructura sin
considerar la sostenibilidad de los sistemas construidos.
El PRONASAR en cambio comprende, en el ámbito rural, la mejora o ampliación de sistemas
existentes y la construcción de sistemas nuevos, la capacitación y formación de JASS para la administración de los sistemas, el fortalecimiento de capacidades municipales así como educación
en salud e higiene a los usuarios. En cuanto a las pequeñas ciudades, comprende la implementación de nuevos modelos de gestión de la prestación de los servicios de Agua y Saneamiento a
través de operadores especializados, el fortalecimiento de capacidades municipales, la educación
en salud e higiene a los usuarios y el mejoramiento, rehabilitación o ampliación de los sistemas
existentes.
El MVCS, en el periodo 2001-2005, ha efectuado diversas intervenciones en la totalidad de regiones del país. A continuación se presentan dos mapas en los cuales se indican, tanto para el
ámbito urbano como para el rural, la intervención efectuada por el Ministerio, inversión que ha
significado un incremento en la población con servicios de agua y alcantarillado de 2.3 millones
de personas.
LA LIBERTAD
AMAZONAS
LORETO (PE-P29)
LORETO¤
PASCO
LAMBAYEQUE¤
CAJAMARCA¤
SAN MARTÍN¤
JUNÍN
ANCASH¤ HUANUCO¤
LIMA
UCAYALI¤
PASCO¤
HUANCAVELICA (KfW)
MADRE DE DIOS
JUNÍN¤
LIMA¤
MADRE DE DIOS¤
ICA
HUANCAVELICA¤
CUSCO¤
PUNO¤
AYACUCHO¤
AREQUIPA
AREQUIPA¤
MOQUEGUA¤
MOQUEGUA
CUSCO
APURÍMAC
APURÍMAC¤
ICA¤
AYACUCHO (KfW)
PUNO (KfW)
TACNA
Inv. US$3.8 millones
TACNA¤
Ámbito rural
Nº Proyectos: 7
Beneficiarios: 129,513
Inversión: US$10,696,331
Nº Proyectos: 3
Beneficiarios:11,392
Inversión: US$ 792,273
Nº Proyectos: 32
Nº Proyectos: 2
Nºde Proyectos: 111
Inversión:US$ 4,565,846
LORETO¤
¤AMAZONAS
PIURA¤
Nºde Proyectos: 31
LAMBAYEQUE¤
CAJAMARCA¤
SAN MARTÍN¤
Nº Proyectos: 10
Inversión: US$ 2,640,909
LA LIBERTAD¤
ANCASH¤ HUÁNUCO¤
Nºde Proyectos: 98
Nºde Proyectos: 74
Nºde Proyectos: 33
Inversión:US$1,264,440
TUMBES¤
Nº Proyectos: 4
Nº Proyectos: 1
Beneficiarios:3,000
PASCO¤
Nº Proyecto: 2
Beneficiarios:5,011
UCAYALI¤
JUNÍN¤
LIMA¤
MADRE DE DIOS¤
HUANCAVELICA¤
Nºde Proyectos: 20
CUSCO¤
ICA¤
APURÍMAC¤
PUNO¤
AYACUCHO¤
Nº Proyectos: 5
Nºde Proyectos: 117
Inversión:US4 4,810,479
UCAYALI
LA LIBERTAD¤
ANCASH (PE-P25)
Nºde Proyectos: 56
80
SAN MARTÍN
¤AMAZONAS
AREQUIPA¤
MOQUEGUA¤
TACNA¤
Nºde Proyectos: 29
Inversión:US$1,278,941
LEYENDA
Comunidades Rurales
Pequeñas Ciudades
Frontera Norte (Pozos)
Las Bambas (rurales)
81
CAPÍTULO II
POLÍTICAS DE SANEAMIENTO
2.1 Principios
•
•
•
•
Las tarifas / cuotas deben cubrir costos de operación, mantenimiento e inversiones.
Los subsidios deben dirigirse a los más pobres.
Los subsidios a la inversión deben ligarse a la eficiencia en la prestación de los servicios.
Promover alianzas público privadas para lograr la viabilidad financiera y mejorar la gestión de
los prestadores de servicios.
Los programas que se propone desarrollar en el Plan Nacional se han reforzado en aspectos que
apoyarán y acelerarán el proceso de cambio sectorial, a través del replanteo de estrategias y
reforzamiento de líneas prioritarias de acción. En el contexto definido, se promoverá el desarrollo integral sustentable al conjugar acciones en las cuatro dimensiones determinadas: técnicas,
ambientales, económicas y sociales, a fin de coadyuvar a cubrir el déficit de infraestructura de
saneamiento contemplado en el Plan Nacional de Vivienda.
La modernización de la gestión del Sector Saneamiento requiere, de un lado, del manejo y disponibilidad de información sobre el estado de los servicios de agua y saneamiento, la situación de salud relacionada, las inversiones que se encuentran en proceso, la demanda por el mejoramiento o acceso
a los servicios, entre otra información que permita hacer un seguimiento a los indicadores de impacto
en los proyectos de inversión; y de otro lado, de la disponibilidad de los recursos humanos calificados
para la implementación de las acciones, así como proyectos y obras. Es por ello que se contempla,
como ejes transversales para el desarrollo del Sector Saneamiento, el diseño e implementación de un
Sistema de Información en Agua y Saneamiento y de un Sistema Nacional de Capacitación.
Al igual que el Sector Saneamiento, otros sectores vienen implementando una serie de políticas
y estrategias orientadas a la reducción de la pobreza. Es en este contexto que la coordinación
intersectorial toma especial importancia para el logro de los objetivos trazados, basados en el
aprovechamiento de potenciales de otros sectores para la consolidación del desarrollo del sector
saneamiento.
De otro lado, la participación de la población en aspectos de política y desarrollo de temas ambientales y de agua y saneamiento en sus respectivas localidades constituye uno de los pilares de
la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.
85
2.2 Visión
Objetivo específico 1: Modernizar la gestión del sector saneamiento
La población tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y
precio, a través de prestadores de servicios eficientes regulados por el Estado a base de políticas
de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles.
2.4 Objetivos
• Adecuación de normas legales de acuerdo a las nuevas políticas que orienten el desarrollo del
Sector Saneamiento.
• Implementación de nuevas políticas para el reordenamiento del Sector Saneamiento.
• Redefinir los roles de los distintos agentes del Sector a nivel nacional, regional y local.
• Fortalecer las capacidades de las Direcciones Regionales de Construcción y Saneamiento para
la implementación de las políticas sectoriales en agua y saneamiento en el ámbito de sus regiones.
• Fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública.
• Fortalecer la capacidad de los prestadores de servicios en la ejecución de sus estudios y
obras.
• Desarrollar instrumentos que orienten una ágil gestión ambiental en los proyectos de inversión
pública y privada.
• Diseño e implementación de un Sistema de Información en Agua y Saneamiento.
• Diseño e implementación de un Sistema Nacional de capacitación en Saneamiento.
Objetivo general
Objetivo específico 2: Incrementar la sostenibilidad de los servicios
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de
agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en
concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y con las políticas Décimo
Tercera y Vigésimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional, así como con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir,
al 2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua
potable y a los servicios básicos de saneamiento.
• Promover la participación del sector privado (PSP).
• Promover la elaboración y ejecución de Planes de Desarrollo Empresarial.
• Promover el desarrollo de programas de asistencia técnica para el personal de los prestadores
de servicio.
• Promover la participación de los Municipios en la supervisión de las funciones de las JASS
(Juntas Administrativas de Servicios de Saneamiento).
• Promover la organización adecuada e independiente para la prestación de servicios, primordialmente en las pequeñas localidades.
• Promover Programas continuos de Educación Sanitaria.
• Promover programas de prevención de riesgos, la disminución de la vulnerabilidad y la optimización de la atención en casos de emergencia en el ámbito sectorial.
2.3 Misión
Fortalecer el Sector Saneamiento en el marco de las políticas y objetivos estratégicos del Gobierno
Nacional en concordancia con las metas de desarrollo, sostenibilidad, incremento de eficiencia
y productividad en la prestación de los servicios, mediante la promoción del reconocimiento del
valor económico de los mismos, la fijación de precios adecuados y la ejecución de inversiones de
acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y la Participación del Sector
Privado.
En este contexto, el MVCS, como ente rector de la política de saneamiento, se ha propuesto
garantizar la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento
de la calidad de los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la eficiencia económica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas.
Objetivo específico 3: Mejorar la calidad de los servicios
Cabe destacar que el objetivo general del Plan se alinea con los objetivos del Plan Nacional
de Competitividad que propone contribuir al mejoramiento sostenible de la calidad de vida
de la población peruana. En el Anexo 4 se presenta un resumen de los objetivos y acciones
del PNC relacionados al sector saneamiento.
Para cumplir con el objetivo general se han considerado los siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•
Promover obras de rehabilitación de los sistemas de saneamiento.
Promover programas de adquisición, instalación y mantenimiento de medidores.
Promover la racionalidad en la producción per cápita de agua en las EPS.
Promover la tecnificación en la gestión operacional de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las EPS.
• Promover la implementación de programas de control de calidad y promover la instalación y/o
rehabilitación de equipos de desinfección y laboratorio.
Objetivos específicos
Objetivo específico 4: Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio
1.
2.
3.
4.
5.
Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.
Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar la calidad de los servicios.
Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
Incrementar el acceso a los servicios.
Con relación a los objetivos específicos planteados, el sector se propone:
86
• Promover programas de acción para reducir la morosidad.
• Propiciar tarifas que, como mínimo, cubran sus costos de operación y mantenimiento.
• Promover la generación interna de caja de las EPS para cubrir inversiones y servicio de la
deuda.
• Promover la incorporación de conexiones a la facturación de las EPS disminuyendo las conexiones inactivas.
• Promover la ejecución de programas de control de pérdidas y fugas.
87
Objetivo específico 5: Incrementar el acceso a los servicios
Cobertura de alcantarillado2
• Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de agua potable con conexiones domiciliarias.
• Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de agua a través de piletas
públicas.
• Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de alcantarillado.
• Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de saneamiento con otros
sistemas de disposición de excretas (letrinas u otros).
• Promover la ejecución de obras de tratamiento de aguas servidas.
Se considera incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento del país, complementariamente, a través de la construcción de letrinas. En el ámbito urbano, como mínimo, se cubrirá el
crecimiento vegetativo de la población con conexiones de alcantarillado.
En el ámbito rural, con apoyo de financiamiento externo ya concertado, se considera incrementar
los actuales niveles de cobertura de saneamiento con letrinas, sin contemplar proyectos de conexiones de alcantarillado.
A nivel nacional, al año 2015 se propone alcanzar el 77% de la cobertura del servicio, lo que
representará atender a 24.5 millones de habitantes, de los cuales 19.1 millones serían del ámbito
urbano. Con ello se alcanzaría el 84% de cobertura urbana y 5.4 millones de habitantes del medio rural que representarán el 60% del total de la población rural a dicho año.
2.5 Metas
2.5.1 Metas de coberturas
Cobertura de agua potable
Como se indicó, se considera incrementar la cobertura del servicio de agua potable a través de la
instalación de conexiones domiciliarias y, complementariamente, con piletas públicas.
Dichas metas representan incorporar a este servicio, entre el año 2005 y el 2015, a 4.1 millones
de habitantes; mientras que 7.4 millones de habitantes no contarán con el servicio al año 2015.
En el Cuadro Nº 15, se presentan las metas de cobertura de alcantarillado.
Cuadro Nº 15: Cobertura de alcantarillado (%)
Para el área urbana, se considera que las conexiones domiciliarias, como mínimo, sostendrán los
niveles actuales de cobertura, de manera a atender el incremento vegetativo de la población.
GRUPOS
En el caso de SEDAPAL, se plantea un aumento de la cobertura con aplicación de soluciones
técnicas por segmentos de población en forma priorizada según la situación de salubridad y de
pobreza, orientado a lograr una cobertura del 97% al año 2015.
Para el área rural, se considera el incremento de la cobertura del servicio de agua potable con
el apoyo de financiamiento externo ya concertado. En el área urbana, la cobertura al año 2015
llegaría al 87% y en el área rural sería de un 70%. Al nivel de país, la cobertura sería de un 82%,
la misma que significa alcanzar las Metas del Milenio.
Dichas metas representan incorporar a este servicio, entre el año 2005 y el 2015, a 4.9 millones
de habitantes; mientras que 5.7 millones de habitantes no contarán con el servicio al año 2015.
1/
2005
2010
2015
URBANO
68
75
84
SEDAPAL
84
89
95
EPS GRANDES
68
75
83
EPS MEDIANAS
62
70
80
EPS PEQUEÑAS
41
52
65
OTRAS ADM. URBANAS
33
45
60
RURAL
30
43
60
PROMEDIO NACIONAL
57
66
77
1/ Incluye alcantarillado y otras formas de disposición de excretas.
Cobertura de tratamiento de aguas residuales
En el Cuadro Nº 14 se presentan las metas de cobertura de agua potable.
Cuadro Nº 14: Cobertura de agua potable (%)
2005
2010
2015
URBANO
GRUPOS
81
84
87
SEDAPAL
89
93
97
EPS GRANDES
80
82
85
EPS MEDIANAS
81
82
83
EPS PEQUEÑAS
62
67
73
OTRAS ADM. URBANAS
60
64
69
RURAL
62
66
70
76
79
82
PROMEDIO NACIONAL
Elaboración: VMCS - DNS
88
Se prevé un crecimiento a nivel del ámbito urbano que alcanzaría, en el año 2015, una cobertura de 100% de tratamiento de agua residuales, entendiéndose por esta meta que al año 2015
la población servida con tratamiento de aguas residuales sea igual a la población atendida en
alcantarillado.
En el Cuadro Nº 16, se presentan las metas de cobertura de tratamiento de aguas residuales.
Cuadro Nº 16: Cobertura de tratamiento de aguas residuales (%)
GRUPOS
URBANO
SEDAPAL
2
2005
2010
2015
22
54
100
10
40
100
Incluye otras formas de disposición de excretas.
89
GRUPOS
Cuadro Nº 17: Metas de gestión promedio en el
ámbito empresarial: 2005 - 2015
2005
2010
2015
22
54
100
EPS GRANDES
43
72
100
2005
2010
2015
EPS MEDIANAS
33
66
100
Continuidad del servicio (hr/día)
17
23
23
EPS PEQUEÑAS
6
53
100
Producción Unitaria (lts/hab/día) 1/
291
230
200
OTRAS ADM. URBANAS
6
53
100
Micromedición (%)
54
92
95
Morosidad (meses)
5
2
2
Margen Operativo (%)
28
42
50
Conexiones Activas (%)
89
95
95
URBANO
Indicador
(1) Porcentaje estimado sobre la población urbana servida con sistemas de alcantarillado.
2.5.2 Metas de gestión
En el ámbito urbano, se enfatiza la mejora de la gestión empresarial, orientada a incrementar la
viabilidad financiera, la calidad de servicios y sostenibilidad de sus inversiones.
Se considera elevar el nivel de continuidad de servicios, llegando en promedio a las 23 horas/día
en el año 2015. Para ello, se prevé mejorar la distribución y racionalizar la disponibilidad de la
producción unitaria de agua, a través de programas de macro y micromedición, la sectorización
de las redes de distribución, reducción de pérdidas y desperdicios, y la mejora en los niveles de
presión en las redes secundarias.
El MVCS propone impulsar el desarrollo de programas integrales de medición en las EPS que permitan alcanzar una cobertura promedio de micromedición al año 2015 del 95%. De esta forma,
se podrán reducir las pérdidas técnicas y comerciales, y facturar pagos justos por el consumo de
agua, de manera a promover una cultura de uso racional del agua.
Con mejoras en la eficiencia de la cobranza, incorporación de nuevas conexiones a la facturación, disminución de las conexiones inactivas y la oferta de una mejor calidad del servicio, se
proyecta lograr la reducción de la morosidad a un promedio de 2 a 4 meses de facturación, lo
cual generará, a la vez, mayor liquidez en las empresas.
Respecto al pago mensual promedio, se contempla la necesidad de realizar algunos incrementos
tarifarios que permitan generar los márgenes operativos suficientes para cubrir el pago del servicio de la deuda y las necesidades de contrapartida para realizar las inversiones requeridas por las
EPS de acuerdo a sus planes empresariales.
Al no contarse con información sobre la situación de los servicios de pequeñas localidades que
están a cargo directamente de los municipios (490), se ha tenido que estimar sus indicadores de
gestión en función a los disponibles para las pequeñas empresas.
La producción unitaria está calculada tomando como base la producción del año base.
1/
2.5.3 Requerimiento de inversiones
Para la estimación de las inversiones requeridas en el Sector, para el periodo 2006-2015, se han
tomado en cuenta las consideraciones generales indicadas en el ítem 5.1, los niveles de cobertura del ítem 3.5 y las metas de gestión del ítem 5.4, así como la información proporcionada por
Sedapal. Asimismo, se han utilizado los costos per cápita del Anexo 5, que se obtuvieron en base
a la recopilación de información de diversas obras ejecutadas, desde 1995 hasta 1999 por la EX
FONAVI y PRONAP (ahora PARSSA) para las zonas urbanas de las provincias del Perú, mientras
que los costos per cápita correspondientes a proyectos rurales responden a información obtenida
de una muestra de 60 proyectos construidos por varias instituciones promotoras como son FONCODES, APRISABAC, CARE, SANBASUR y DIGESA.
Cabe resaltar que para las proyecciones del requerimiento de financiamiento para las inversiones
se ha supuesto, entre otros, que no habría ampliación de producción mientras la producción per
cápita sobrepase los 200 lt/hab/día para el caso de las EPS y otras administraciones urbanas. En
el caso de SEDAPAL, se considera que las obras de ampliación de producción entren en operación
cuando el nivel per cápita sea inferior a 250 lt/hab/día.
En el Cuadro Nº 18 se aprecian los recursos necesarios para alcanzar las Metas de Milenio en
agua potable y alcantarillado, los que ascienden a US$ 2,911 millones. Las inversiones estimadas
para el Tratamiento de Aguas Residuales (TAR) al 2015 son de US$ 1,131 millones; cabe señalar
que la proyección realizada busca un tratamiento de aguas residuales en un 100% de aquellas
aguas recolectadas de los sistemas de alcantarillado (del 77% de la cobertura de alcantarillado
fijada como meta para el 2015).
Cuadro Nº 18: Financiamiento requerido de inversiones: 2006-2015 (Millones US$)
Componente
En el ámbito rural, las metas de gestión responden básicamente al objetivo estratégico de lograr
la sostenibilidad de las inversiones, a través de la participación activa de la población beneficiaria
y las municipalidades, siendo el componente de educación sanitaria - con la colaboración activa
de las mujeres - un eje central de la estrategia.
Ampliación
Rehabilitación
Medición
SEDAPAL
1,211
Agua Potable
433
145
Saneamiento
489
145
0
90
577
634
EPS Grandes
En el Cuadro Nº 17 se presentan las metas de gestión promedio planteadas para las Empresas
Prestadoras de Servicios.
Total
652
Agua Potable
157
123
Saneamiento
288
43
41
321
331
91
Componente
Ampliación
Rehabilitación
Medición
EPS Medianas
Total
367
Agua Potable
72
71
Saneamiento
178
22
25
167
200
EPS Pequeñas
87
Agua Potable
22
13
Saneamiento
43
3
5
40
47
310
Agua Potable
73
43
Saneamiento
167
10
17
133
• En el ámbito rural, se dará prioridad a las inversiones para rehabilitación de los servicios, la
capacitación de las JASS y la educación sanitaria de la población.
2.5.4 Fuentes de financiamiento
De los US$ 4,042 millones que se indica en el Cuadro Nº 17, US$ 1,270 millones corresponden
a créditos ya concertados y recursos propios de EPS, municipalidades y Gobiernos Regionales,
mientras que US$ 2,772 millones no cuentan con fuente definida de financiamiento.
En el Cuadro Nº 19 se presenta el detalle de las inversiones con financiamiento ya concertado
para el periodo 2006-2008.
177
Ámbito Rural
Cuadro Nº 19: Inversiones en curso 2006-2008
285
Agua Potable
94
Saneamiento
125
0
66
Total General
219
ÁREA
66
2,082
742
87
2,911
Financiamiento requerido para inversiones en tratamiento de
aguas residuales (Millones US$)
Componente
Ampliación
Rehabilitación
Total
SEDAPAL
367
0
367
EPS Grandes
331
22
353
EPS Medianas
203
9
212
EPS Pequeñas
47
0
47
152
1
153
Total General
1,100
31
Programa/Proyecto
Fuente de financiamiento
Inversión en
curso 20062008
1. Comunidades
Rurales
Hasta 2,000 hab.
PRONASAR – Comp. 1
Banco Mundial
75
2. Pequeñas
Ciudades
De 2,000 hasta 30,000
hab.
PRONASAR – Comp. 2
Banco Mundial
5
3. Pequeñas y
Medianas EPS
Ciudades medianas (Ayacucho, Cajamarca, Puno,
Huancavelica, Huaraz,
Moyabamba, Moquegua,
etc.)
Proyectos Integrales
PMRI
KfW
KfW
91
15
4. Grandes EPS
Grandes ciudades (TumPrograma PSP
bes, Piura, Huancayo, TrujiPE-P25
llo, Pucallpa, Chimbote,
PE-P29
Iquitos, Cusco)
BID-KfW
JBIC
JBIC
90
142
85
5. SEDAPAL
Lima y Callao
JBIC, CAF, BIRF
657
Préstamos e inversiones
con recursos propios
SUBTOTAL (Millones de US$)
1,131
1,160
Inversión estimada por EPS y Municipalidades con Recursos Propios 2006-2008
90
Obras de Saneamiento FONAVI en Liquidación
20
TOTAL (millones de US$)
1,270
Elaboración: VMCS – DNS
Elaboración: VMCS -DNS
Estas inversiones permitirán:
Las fuentes concertadas están referidas a los recursos provenientes de la generación interna de
las EPS con las tarifas vigentes, y de los créditos externos que se encuentran concertados. (JBIC,
Banco Mundial, BID, KfW, CAF, entre otros).
• Priorizar las inversiones en rehabilitación de sistemas, las cuales comprenden las inversiones
para prevención y atención de desastres así como para mejorar el control de la calidad y
desinfección del agua; programas de medición, y acciones para el mejoramiento de la gestión que apunten a lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicios.
• Dirigir un 3% de las inversiones en obras de rehabilitación de los sistemas a obras de prevención y atención de desastres.
• Promover la integración de Pequeñas Ciudades con otros municipios u otras EPS para lograr
mayores economías de escala y la viabilidad financiera. Igualmente, se promoverá la fusión de
pequeñas o medianas EPS.
92
Rango de atención
Las fuentes por concertar se refieren a la generación de nuevos recursos de las EPS3, recursos del
tesoro público, aportes de las comunidades y los operadores privados, créditos internos y externos
por concertar y donaciones.
Una fuente importante de financiamiento está referida a la generación de recursos de las EPS que
requerirían de aumentos tarifarios moderados. Estos recursos deberán ser destinados a la inversión y pago de préstamos concertados de ser el caso.
3
Incluyendo endeudamiento que puedan obtener con o sin aval del Gobierno Nacional.
93
Asimismo, a la fecha, SEDAPAL participa con recursos propios en el financiamiento de sus inversiones;
de esta manera, se observa una menor dependencia respecto a los recursos del Gobierno Nacional.
Frente al actual déficit de infraestructura, la participación del sector privado representa una fuente
importante de financiamiento por lo que el MVCS, en cumplimiento de las funciones señaladas
en su Ley de creación, promueve en forma activa la presencia de operadores especializados en la
gestión de las EPS del país.
De otro lado, se considera que, en concordancia con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
los Gobiernos Regionales podrán brindar asistencia técnica y financiera a las Empresas Municipales para viabilizar la ejecución de programas de inversión en saneamiento.
Entre otras estrategias para el ámbito urbano también se tiene:
• Disminuir el número de conexiones inactivas.
En el ámbito rural y de pequeñas ciudades, el MVCS deberá potenciar la participación de la
comunidad, de las municipalidades y de los Gobiernos Regionales en el financiamiento de sus
inversiones.
• Reducir el índice de morosidad.
En el Cuadro Nº 20 se presenta una propuesta de financiamiento para el periodo que no cuenta
con financiamiento definido (US$ 2,772 millones).
• Educar a los usuarios para un consumo óptimo y responsable de los servicios.
• Establecer márgenes operativos en las EPS para contribuir a sus programas de inversión.
• Revisión y simplificación de la estructura tarifaria.
Cuadro Nº 20: Esquema de financiamiento 2009-2015
Fuente de financiamiento
Porcentaje
350
13%
2. Endeudamiento Externo 1/
700
25%
• Concienciar e informar a la población sobre los beneficios de tarifas apropiadas que garanticen servicios eficientes.
3. Donaciones
300
11%
• Reducir la participación del nivel político en la aprobación de tarifas en las EPS.
4. SEDAPAL
280
10%
5. EPS - Recurso propios 2/
105
4%
6. Participación del Sector Privado
872
31%
7. Contrapartida Nacional (endeudamiento externo, PSP)
165
6%
2,772
100%
1.Recursos Ordinarios (Gobiernos Locales,
biernos Regionales)
Go-
TOTAL
• Priorizar las inversiones en programas de medición y en obras de rehabilitación.
• Definir, para cada caso, la política de tratamiento de la deuda con el Estado.
• Las inversiones deben considerar la protección y mejoramiento del medio ambiente.
Nota: Estimaciones sujetas a revisión
Se ha considerado un promedio de US$ 100 millones por año considerando los techos de endeudamiento externo.
2/
Se ha considerado la inversión promedio histórica.
Elaboración: VMCS –DNS
• Promover proyectos de rápido impacto para mejorar la situación financiera de las EPS medianas y pequeñas, que les permitan generar capacidad financiera para costear sus necesidades
de inversión.
2.6 Estrategias
• Promover la participación del Sector Privado en los servicios de agua potable y alcantarillado
buscando la eficiencia y la introducción de tecnologías eficaces, y así independizar de forma
estable la gestión.
1/
2.6.1 Estrategias para el ámbito urbano
94
• Promover tarifas adecuadas que permitan cubrir como mínimo los costos de operación y mantenimiento de los servicios.
Monto (Mill. US$)
En el ámbito urbano se impulsará el mejoramiento de la gestión y se incorporará el concepto
de viabilidad financiera. Para ello, una herramienta de apoyo clave será la participación del
sector privado vía concesiones y/o cualquier otra modalidad de participación. Además, para el
seguimiento y control del mejoramiento de la gestión y viabilidad financiera en las diferentes EPS
donde no sea viable la participación del sector privado, se han definido indicadores de metas, de
acuerdo al tamaño de la empresa.
• Fomentar la venta de agua en bloques, la misma que deberá ser vigilada por DIGESA, encargada de verificar la calidad bacteriológica del agua.
Cabe destacar que una estrategia importante es la optimización del uso de la capacidad instalada, previa a cualquier inversión en ampliación de la producción, así como lograr una contribución
de las EPS a sus programas de inversión (20-45%) que hasta la fecha eran financiados básicamente por el Gobierno Nacional sin posibilidades de recuperación de las inversiones.
2.6.2 Estrategias para las pequeñas ciudades
• Estrecha coordinación con el Programa A Trabajar Urbano para promover proyectos de saneamiento.
• Definir una política de tratamiento de la deuda con el Estado.
Los servicios de las pequeñas ciudades que comprenden poblaciones de 2001 a 30,000 habitantes son usualmente administrados por los municipios distritales o por las Juntas Administradoras
de Servicios de Saneamiento.
95
Para dar solución a los problemas de abastecimiento y gestión de las pequeñas ciudades se han
planteado las siguientes estrategias:
• Promover y facilitar la gestión de los servicios de agua y saneamiento a través de operadores
especializados o unidades de gestión independientes de la Municipalidad.
• El monto a pagar por los servicios debe cubrir, como mínimo, los costos de operación, mantenimiento y reposición del servicio.
• En materia de inversiones, las Municipalidades deben cubrir un mínimo del 40% del costo de
inversión, sea en mano de obra, materiales o dinero en efectivo.
Para el otorgamiento de recursos con cargo al Fondo mencionado, será indispensable que los
prestadores cuenten con un Contrato de Explotación y Plan Maestro Optimizado que permita
visualizar la evolución de sus metas de gestión y desarrollo.
Sistema de información sectorial en agua y saneamiento (SIAS)
Implementación de un conjunto formal de procesos que recopila, elabora y distribuye la información
necesaria sobre el Sector Agua y Saneamiento a nivel nacional para la operación del Sector y para las
actividades de dirección y control correspondiente, apoyando los procesos de toma de decisiones indispensables para desempeñar las funciones de la misma de acuerdo con las estrategias definidas.
Sistema nacional de capacitación en saneamiento
• Fortalecer las capacidades de las Municipalidades en cuanto al control, supervisión y fiscalización de los servicios.
• Educar a la población en materias de deberes y derechos para con los servicios de agua y
saneamiento, salud, higiene y educación ambiental.
2.6.3 Estrategias para el ámbito rural
Para el ámbito rural, considerando que el objetivo es lograr servicios sostenibles, a continuación
se indican las estrategias de intervención en agua y saneamiento:
• Educación en salud e higiene, así como en materia de deberes y derechos para con los servicios de agua y saneamiento.
• Desarrollo de capacidades tanto a nivel comunal (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento para la administración del servicio) como en los gobiernos locales para la asistencia
técnica, seguimiento y supervisión de los servicios implementados.
• Co-financiamiento de la infraestructura, tanto por parte del municipio como de la población,
diferenciando la construcción de obras nuevas de las de rehabilitación y otorgando un mayor
subsidio a la construcción de obras nuevas.
• Las cuotas a pagar por la prestación del servicio deben cubrir como mínimo: administración,
operación, mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitación de la infraestructura.
• Brindar diferentes niveles de servicios u opciones técnicas en agua y saneamiento en función a
la factibilidad de implementación (social, económica y técnica) de cada una de ellas.
2.6.4 Instrumentos y mecanismos de desarrollo sectorial
Fondo Nacional de Saneamiento
Creación del Fondo Nacional de Saneamiento cuyo objetivo es ordenar los esfuerzos dispersos de
apoyo financiero y técnico, tanto de las diversas dependencias públicas como de los organismos
de crédito multilateral, entre otros, así como constituir la herramienta de financiamiento de la
política financiera del Sector Saneamiento.
El Fondo se destinará para el financiamiento de las inversiones referidas al mejoramiento, ampliación
y desarrollo de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y disposición sanitaria de excretas.
96
Se busca la creación de un instituto a nivel nacional que brinde asistencia técnica y programas de
capacitación al Sector Saneamiento.
• Programa de asistencia técnica
Se busca fortalecer al Sector, mediante actividades de asesoría técnica, a fin de facilitar el aumento de sus capacidades de gestión para formular los planes maestros optimizados, estudios
de pre-inversión, diseños definitivos y preparación de expedientes técnicos y otros. Se analizará
la alternativa de implementar este mecanismo de manera descentralizada.
• Programa de capacitación
Promover la capacitación de los recursos humanos que conforman el Sector considerando una
actividad básica la elaboración de un inventario de las necesidades de formación de personal
que laboran en actividades vinculadas al sector, fundamentalmente el de las EPS. Esta información permitirá evaluar las posibilidades de una transferencia de conocimientos entre las EPS
mediante una cooperación horizontal. Se prevé una actividad muy dinámica de los donantes
para la implementación de este plan, sobretodo con la cooperación técnica internacional.
2.7 Acciones a desarrollar
2.7.1 Consideraciones generales
• La información base sobre la que se parte para preparar este conjunto de acciones corresponde al año 2004 y se ha obtenido de SUNASS, EPS, DIGESA, PRONASAR, PARSSA, FONCODES,
INEI, entre otros.
• La población del año 2004 ha sido desagregada según el ámbito de las administraciones de
servicios de saneamiento, y se ha clasificado en población urbana y rural (menos de 2,000
habitantes). La población del año 2004 así como las tasas de crecimiento poblacional para
el periodo de proyección, a nivel departamental, son estimaciones realizadas a partir de la
información del INEI.
• Se ha desagregado la demanda en seis grupos, cinco de los cuales corresponden al ámbito urbano y el restante al ámbito rural. Los grupos del ámbito urbano son: SEDAPAL, Grandes EPS,
Medianas EPS, Pequeñas EPS y Otras Administraciones del ámbito no empresarial. El grupo del
ámbito rural comprende localidades con población menor a 2000 habitantes.
97
• Las proyecciones de población hasta el año 2015, para los grupos urbano y rural se presentan
en el Cuadro N° 21.
• Las donaciones y aportes no reembolsables podrán destinarse a financiar proyectos de tratamiento de las aguas residuales en el ámbito urbano.
Cuadro Nº 21: Proyección de la población (Millones de habitantes)
• En pequeñas localidades urbanas que son administradas directamente por municipios, se contempla una contribución de, por lo menos, 20% entre Comunidades, Municipalidades y Gobiernos Regionales para el financiamiento de sus inversiones.
Población
Grupos
Tasa de Crec. (%)
2005
2010
2015
2005-2010
2011-2015
19.9
21.5
22.9
1.3
SEDAPAL
EPS GRANDES (9)
EPS MEDIANAS (21)
EPS PEQUEÑAS (23)
OTRAS ADMINIST. URBANAS (490)
8.1
5.4
3.1
0.8
2.5
8.7
5.9
3.4
0.8
2.7
9.3
6.3
3.6
0.8
2.9
1.5
1.9
1.6
0.8
1.6
1.3
1.3
1.2
1.6
1.1
1.4
RURAL
8.0
8.5
9.0
1.2
1.1
27.9
30.0
32.0
1.4
1.3
URBANO
TOTAL NACIONAL
Fuente: INEI
• En el caso de los municipios que tienen a su cargo directamente los servicios, será un
requisito, para la obtención de financiamiento, que formen una Unidad de Gestión independiente de los demás servicios que ofrecen tales municipios. Esto con el propósito
de garantizar la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua potable y
alcantarillado.
• En el tema de la prevención y atención de desastres, se considera fundamental para la
sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento, la Gestión de Riesgos de Desastres
que es parte integrante de las estrategias del presente Plan. La finalidad es promover que
las EPS y otros operadores tomen las medidas de prevención de riesgos de desastres y mitigación de vulnerabilidad y prevean en sus respectivos presupuestos los recursos necesarios
para ello.
2.7.3 Acciones propuestas para el ámbito rural
• Promover la demanda por servicios.
• El componente para la dotación o complementación de infraestructura sanitaria de abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas y disposición
de excretas, contemplado en el Plan Nacional de Vivienda, será financiado por el conjunto de
las acciones correspondientes a las inversiones del Sector Vivienda y no incide en las metas de
cobertura del presente Plan.
• Promover soluciones con letrinas para disposición sanitaria de excretas.
• Las inversiones requeridas se orientan a alcanzar las metas del milenio.
• Orientar las donaciones de los proyectos de cooperación técnica hacia este ámbito.
2.7.2 Acciones propuestas para el ámbito urbano
• Se contempla una contribución de, por lo menos, 20% entre la Comunidad y Municipalidad
para el financiamiento de sus inversiones.
• Para el cálculo de las inversiones en el ámbito urbano, se ha considerado incrementar la cobertura de servicios con conexiones e incrementar la cobertura total del servicio complementariamente con piletas y letrinas.
• Asimismo, se contempla mejorar la gestión: medición, continuidad, producción unitaria, conexiones activas, morosidad y margen operativo, principalmente en las EPS.
• De igual forma, se contempla priorizar las inversiones en medición y en rehabilitación.
• Las EPS deberán contribuir con sus recursos propios al financiamiento de sus programas de
inversión, y asegurar, cuando sea el caso, las contrapartidas necesarias para posibles créditos
externos.
• Se buscará la consolidación, reestructuración, refinanciación y/o fraccionamiento de las deudas directas de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento con el FONAVI y deudas originadas por las Contribuciones Reembolsables derivadas de la ejecución de obras de
infraestructura de saneamiento, con el fin de favorecer a los usuarios con recursos del FONAVI.
98
• Ampliar la cobertura de agua con conexiones y piletas, estas últimas con mayor incidencia en
poblaciones con mayor dispersión poblacional.
• Los pagos efectuados por los usuarios deben cubrir, como mínimo, los costos de operación y
mantenimiento de los servicios.
• Fomentar la participación de la comunidad en las decisiones sobre los servicios.
• Se promoverá la conformación de organizaciones comunales, previamente a la realización de
cualquier obra.
2.7.4 Implementación del plan
Se tiene previsto elaborar el Plan para el Fortalecimiento del Sector Saneamiento, que representa una herramienta para el planeamiento y desarrollo ordenado de las acciones de
la Dirección Nacional de Saneamiento y el marco director para su fortalecimiento. Este plan
coadyuvará al cumplimiento y a la implementación de las políticas y objetivos estratégicos
definidos por el Sector, con el propósito de contribuir al mejoramiento de los servicios de agua
y saneamiento.
99
El alcance del plan abarca los ámbitos urbano, rural y pequeñas ciudades, así como a las instituciones públicas y privadas involucradas a nivel nacional, regional y local.
En el ámbito urbano, se ha previsto formalizar las actividades de las Entidades Prestadoras de
Servicios de Saneamiento (EPS) de las Municipalidades Provinciales mediante la suscripción de los
correspondientes contratos de explotación, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento.
A efectos de obtener recursos financieros para los requerimientos de inversión del sector Saneamiento en el ámbito urbano, se concretó una operación de crédito con el Banco Interamericano
de Desarrollo por US$ 50 millones y recursos de contrapartida nacional de US$ 22 millones de
dólares de apoyo al ordenamiento y desarrollo de las EPS. Se prevé, a través de este programa,
implementar progresivamente la nueva política financiera del Sector, la que incluye la promoción
de la participación del sector privado y el establecimiento de facilidades para las inversiones en
rehabilitación y mejoramiento de los servicios.
El Sector viene promoviendo la creación de un Fondo Nacional del Sector Saneamiento que
canalice los recursos que actualmente se captan y aplican en forma dispersa las instituciones
del sector, lo que permite la aplicación óptima y equitativa de estos recursos. El Fondo se
conformaría con financiamiento de los organismos multilaterales de crédito, la cooperación
internacional y los aportes del Gobierno Central. Estos recursos serán destinados a financiar,
vía créditos, los planes de inversión de las empresas prestadoras de servicios vinculados a
la optimización de la capacidad instalada existente y al mejoramiento de la calidad de los
servicios.
La Participación del Sector Privado, como objetivo del sector para el desarrollo de los servicios, viene siendo implementada de manera conjunta con PROINVERSIÓN en seis (06) EPS,
número que podría incrementarse de acuerdo a la decisión que adopten las autoridades
locales. En el Anexo 6, se presentan las modalidades de vinculación del sector privado en el
desarrollo de infraestructura y provisión de servicios. En cualquiera de estas modalidades, el
beneficio que generará la inclusión del sector privado en el sector será de provecho para los
usuarios.
De otro lado, está prevista la creación de un mecanismo de representación conjunta frente a los
operadores privados cuya función consistirá en ser interlocutores ante la población a fin de garantizar un servicio eficiente de mutua responsabilidad.
2.8 Monitoreo y evaluación
El monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos trazados (especialmente de los compromisos internacionales del Perú como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los objetivos del
Sector) es una tarea permanente que se ha planteado el gobierno peruano.
Ésta se realizará a través del seguimiento de los indicadores de las metas de gestión y los indicadores operativos de los proyectos en ejecución establecidos para cada caso.
En el caso de proyectos que se ejecutan con recursos de préstamos externos, los encargados de
dichos proyectos son los responsables del seguimiento, monitoreo y supervisión de las acciones
programadas. Los responsables llevarán a cabo evaluaciones y auditorias independientes para
medir el avance de sus objetivos y sus resultados.
En el ámbito rural y de pequeñas ciudades, el Sector fortalecerá la capacidad de las municipalidades y de las organizaciones comunales para el monitoreo y evaluación de la prestación de los
servicios de saneamiento.
Asimismo, el Sector ha previsto implementar un Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento SIAS, en cuatro etapas:
• Primera etapa: análisis y diseño del SIAS.
• Segunda etapa: desarrollo del software y aplicativos.
• Tercera etapa: inicio de la implementación del SIAS y puesta en marcha (se utilizará la capacidad tecnológica instalada y los recursos existentes).
• Cuarta etapa: evaluación y posibles modificaciones y mejoramiento progresivo de la capacidad instalada y soporte tecnológico.
La implementación de este sistema de información en el medio rural se hará a partir de los sistemas existentes, buscando su integración y aprovechando los esfuerzos ya realizados por las
diferentes instituciones que actúan en este ámbito.
El aporte de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASS complementará
las labores de las tareas de monitoreo y evaluación de las tarifas y la calidad de los servicios.
De la misma manera, la participación del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, es
esencial en el seguimiento de las políticas y los objetivos del Sector.
En el ámbito rural, se ha previsto la ejecución de diversos programas de inversión con el
apoyo de recursos de la cooperación internacional y el Estado. En este contexto, el Sector
promoverá soluciones adecuadas a la cultura y la capacidad de pago de las comunidades,
una intensa participación comunal y municipal en la construcción y operación de los servicios, el subsidio parcial de la inversión en servicios, una continua educación sanitaria y la
participación de los gobiernos municipales provinciales y distritales en la supervisión y control
de los servicios.
La administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en las
áreas rurales será realizada a través de Organizaciones Comunales en representación de la población organizada. Para el caso de Pequeñas Ciudades, se consideró promover la conformación
de unidades de gestión dentro de las propias municipalidades y la participación de operadores
especializados.
100
101
CAPÍTULO III
PROGRAMAS Y PROYECTOS
3.1 Proyectos ejecutados en Lima Metropolitana
Actualmente se vienen ejecutando los siguientes proyectos:
• Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima – PROMESAL. Consiste en
la rehabilitación de los sistemas de distribución a fin de reducir las fugas en las redes de agua
potable y alcantarillado, así como la ejecución de obras generales y secundarias.
• Proyecto Micromedición.
• Rehabilitación de Redes Primarias, Colectores, Recolección y Disposición Final.
• Proyecto Obras Secundarias en Asentamientos Humanos - PROREDES.
• Proyecto de Ampliación de Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Evacuación de
Desagües (PAC). Consiste en brindar soluciones inmediatas de agua potable y saneamiento.
• Interceptor Norte. Consiste en la instalación de tubería para evacuación de aguas servidas
desde el colector Costanero hasta la playa Tabeada y posterior descarga al mar.
• Estudios y obras de agua potable y alcantarillado en diversos distritos.
• Reposición de Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado.
• Proyectos básicos para el desarrollo. Consiste en la elaboración de perfiles y obtención de
viabilidades de los proyectos a ejecutarse por la empresa en el marco del SNIP.
• Plan de emergencia. Consiste en la ejecución de proyectos para afrontar el problema de sequía.
• Proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima Metropolitana
- MESIAS, proyecto concebido para mejorar las condiciones sanitarias de la zona sur de
Lima, a fin de reducir la contaminación costera producida por la descarga de aguas residuales en el mar.
105
3.2 Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR
La población beneficiada por este programa se estima será de 680 mil habitantes.
Como parte de la política de desarrollo del Sector Saneamiento, el Viceministerio de Construcción y Saneamiento se encuentra implementando el Programa Nacional de Agua y Saneamiento
Rural (PRONASAR) financiado principalmente a través de un préstamo del Banco Mundial, por un
periodo que culmina a finales del 2008.
El costo total de este programa es de US$ 85 millones, cuyo financiamiento se clasifica de la
siguiente manera:
El costo total del Programa asciende a US$ 80 millones de dólares, de los cuales US$ 50 millones
corresponden a recursos procedentes de la operación de endeudamiento externo con el Banco
Mundial, US$ 25 millones son financiados a través de recursos ordinarios y US$ 5 millones corresponden a una donación del Gobierno de Canadá.
El PRONASAR está compuesto de cuatro componentes:
(i) Componente 1: Abastecimiento de Agua y Saneamiento rural, que comprende la mejora o ampliación de sistemas existentes y la construcción de sistemas nuevos; la capacitación y formación
de JASS a cargo de los sistemas, el fortalecimiento de capacidades municipales y educación en
salud e higiene a la comunidades; (ii) Componente 2: Abastecimiento de Agua y Saneamiento
en Pequeñas Ciudades, proyecto piloto que comprende la implementación de nuevos modelos
de gestión de los servicios de Agua y Saneamiento a través de operadores especializados, el
fortalecimiento de capacidades municipales, la educación en salud y higiene a los usuarios, y el
mejoramiento, rehabilitación o ampliación de los sistemas existentes; (iii) Componente 3: Fortalecimiento Institucional, que comprende la ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento
de las capacidades institucionales del Sector; y (iv) Componente 4: Ejecución, evaluación y monitoreo del proyecto.
A la fecha, el programa se encuentra en plena implementación en las Regiones de: Arequipa,
Ayacucho, Piura, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima, Cusco, San Martín y Apurímac. Se
tiene previsto intervenir en Amazonas, Ancash, Ucayali, Lambayeque y Puno.
3.3 Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y alcantarillado de las ciudades
de Piura-Castilla y Chimbote (PE-P25)
El objetivo de este proyecto es mejorar y ampliar los sistemas de de agua potable y alcantarillado
de las ciudades de Piura-Castilla y Chimbote.
•
•
Préstamo de la Cooperación japonesa JBIC US$ 65.3 millones
Contrapartida Nacional US$ 19.7 millones
3.5 Promoción de la participación del sector privado
Es el proceso mediante el cual se promueve la inversión privada proveniente de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas distintas del Estado Peruano,
organismos del sector público, las empresas del estado y los entes que conforman la Actividad
Empresarial de Estado.
TUMBES - Primera concesión de saneamiento en el Perú
(Alianza Estratégica Público Privada)
Como una alternativa para impulsar la mejora del Sector, el Ente Rector ha planteado las Alianzas Estratégicas Público Privada porque reconoce que la plataforma de diálogo entre el sector
público y el privado que se crea permitirá lograr cumplir el objetivo que se ha manifestado en
este documento, lo cual en el futuro cercano generará el ansiado beneficio esperado para la
población.
El actual ejemplo exitoso del tipo de alianzas antes mencionadas es la primera concesión en el
Sector Saneamiento llevada a cabo en el Perú.
En el mes de setiembre de 2005, se concretó el proceso de concesión de los servicios de agua y
desagüe en Tumbes con la firma del Contrato de Concesión con el Consorcio argentino-peruano
Latinguas-Concyssa, Aguas de Tumbes S.A.
La concesión de este servicio permitirá no sólo incrementar la cobertura de agua y saneamiento
en Tumbes, sino alcanzar niveles tales que harán posible mejorar la salud, el nivel de vida y el
bienestar de toda la población.
Otros procesos:
La población beneficiada por este programa se estima será de 650 mil habitantes.
EMPRESA
El costo total de este programa es de US$ 142 millones (US$ 100 Piura / US$ 42 Chimbote), cuyo
financiamiento se clasifica de la siguiente manera:
EPS GRAU
• Préstamo de la Cooperación japonesa JBIC US$ 106.5 millones
• Contrapartida Nacional US$ 35.5 millones
3.4 Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y alcantarillado de las ciudades
de Cusco, Iquitos y Sicuani (PE-P29)
SEDAM HUANCAYO
SEDALIB
EMAPACOP
El objetivo de este proyecto es mejorar y ampliar los sistemas de agua potable y alcantarillado de
las ciudades de Iquitos, Cusco y Sicuani.
106
Total
ÁMBITO
INVERSIÓN 30 años
(US$ Millones)
Región Piura(Provincias de Piura y Paita). Sullana y Talara si lo
solicitan podrán entrar en el proceso.
185 (Piura y Paita)
Huancayo y distritos
110
Región La Libertad (provincias de Trujillo, Ascope, Virú y Chepén)
255
Región Ucayali (provincias de Pucallpa)
151
701
107
3.6 Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI)
Esta Alianza Estratégica Público Público, el PMRI, tiene por objetivo apoyar a medianas y pequeñas empresas con proyectos que, a corto plazo, tengan impacto favorable en la generación de
caja, de tal modo que puedan superar su situación de crisis financiera y solventar sus propios
requerimientos de inversión.
La primera parte de este programa se realizará en 9 EPS, las cuales fueron elegidas luego
de pasar por un largo proceso de selección que permitió escoger a aquellas EPS más idóneas para dicho programa dadas las características del mismo. Las EPS participantes son: EPS
CHAVÍN (Huaraz), EMAPA CAÑETE, SEDAHUANUCO, EPS SELVA CENTRAL (Chanchamayo),
EPS SIERRA CENTRAL (Tarma), EPS MOQUEGUA, EPS MOYOBAMBA, EMAQ (Quillabamba),
EMAPA HUARAL.
Cabe señalar que se ha estimado que la población beneficiada por este programa es de 650,000
habitantes.
El costo total de este programa es de US$ 15 millones, cuyo financiamiento se clasifica de la
siguiente manera:
• Préstamo de la Cooperación alemana KfW US$ 12 millones
• Contrapartida Nacional US$ 3 millones
3.7 Programa de apoyo al desarrollo del sector saneamiento
Está destinado a mejorar la calidad y garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en el Perú. Éstos se encuentran administrados por empresas prestadoras de servicios de
saneamiento que dependen de los municipios y requieren lograr viabilidad financiera para mejorar la calidad de sus prestaciones, a fin de posibilitar a la población el acceso a los servicios de
agua y saneamiento; asimismo, se busca establecer empresas operadoras eficientes y sostenibles,
promoviendo la participación del sector privado.
COMPONENTE
KFW
Componente 1 Fortalecimiento Institucional
Componente 2 CPP
21,050,000
Componente 3 CPP Medianas y/o pequeñas y el PDL
BID
CN
2,500,000
500,000
45,500,000
13,730,000
2,000,000
500,000
2,500,000
4,500,500
4,500,500
Costos Financieros
TOTAL (US$)
21,050,000
50,000,000
19,230,500
SIN FINANC.
TOTAL
3,000,000
117,430,821
117,430,821
197,710,821
207,711,321
3.8 Cooperación técnica no reembolsable
El Sector cuenta, además, con el apoyo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo,
las Agencias Suiza, Alemana y Canadiense de cooperación internacional con el fin de contribuir
a mejorar la calidad de vida de la población mediante el fortalecimiento de las instituciones responsables de la gestión del sector de agua y saneamiento.
108
ANEXO 1: Relación de EPS por departamentos y coberturas – 2004
Población
Total EPS
(millones
habitantes)
Total EPS
%
Total EPS
%
EMAPAU
0,027
0,023
87
0,016
59
EMUSAP AMAZONAS
0,021
0,020
96
0,015
74
EMAPAB
0,025
0,019
75
0,017
70
Departamento
AMAZONAS
EPS
EMAPAL
ANCASH
APURÍMAC
AREQUIPA
CAJAMARCA
CUSCO
HUÁNUCO
ICA
AYACUCHO
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
Agua Potable 1/
Alcantarillado
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
Sub Total
0,073
0,062
85
0,048
66
SEDA CHIMBOTE
0,377
0,335
89
0,303
80
EPS CHAVÍN
0,109
0,099
90
0,085
78
Sub Total
0,486
0,434
89
0,388
79
EMUSAP ABANCAY
0,063
0,043
69
0,039
62
EMSAP CHANKA
0,017
0,013
80,0
0,010
58,8
Sub Total
0,080
0,056
63,1
0,049
49,9
SEDAPAR
1,032
0,864
84
0,795
77
Sub Total
1,032
0,864
84
0,795
77
EPS SEDACAJ
0,128
0,120
94
0,115
90
EPS MARAÑÓN
0,080
0,027
34
0,026
33
Sub Total
0,208
0,147
71
0,141
68
EPS SEDACUSCO
0,322
0,299
93
0,265
82
EMPSSAPAL
0,044
0,036
83
0,031
71
EMAQ
0,030
0,021
68
0,012
40
EMSAPA CALCA
HUANCAVELICA
Población Servida
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
Sub Total
0,396
0,356
89
0,308
78
SEMAPA HUANCAVELICA
0,045
0,023
51
0,021
46
Sub Total
0,045
0,023
51
0,021
46
SEDAHUANUCO
0,240
0,179
75
0,154
64
Sub Total
0,240
0,179
75
0,154
64
EMAPICA
0,229
0,190
83
0,162
70
EPS SEMAPACH
0,143
0,128
90
0,091
64
EMAPISCO
0,094
0,082
88
0,068
72
EMAPAVIGSSA 2/
0,042
0,030
71
0,034
81
Sub Total
0,508
0,430
85
0,355
70
EPS AYACUCHO
0,173
0,162
94
0,116
67
Sub Total
0,173
0,162
94
0,116
67
SEDALIB
0,865
0,670
77
0,581
67
Sub Total
0,865
0,670
77
0,581
67
EPSEL
0,891
0,509
57
0,475
53
Sub Total
0,891
0,509
57
0,475
53
SEDAPAL
7,975
7,097
89
6,699
84
SEMAPA BARRANCA
0,117
0,070
60
0,063
53
EMAPA HUACHO
0,113
0,097
87
0,094
84
111
Población
Total EPS
(millones
habitantes)
Total EPS
%
Total EPS
%
EMAPA HUARAL
0,084
0,053
63
0,049
58
EMAPA CAÑETE
0,140
0,123
88
0,089
64
EMAPA CHANCAY
0.027
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
EPS PATIVILCA
0.012
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
Sub Total
8,468
7,416
87
7,097
84
EPS LORETO
0,461
0,264
57
0,184
Sub Total
0,461
0,264
57
EMAPAT
0,048
0,046
Sub Total
0,048
EPS ILO
Departamento
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
JUNÍN
EPS
PUNO
2001
2002
2003
2004
2005
TOTAL
2000-2005
192.4
115.7
119.5
109.6
105.8
190.2
833.1
GOBIERNO REGIONAL
7.3
8.8
6.4
6.5
12.0
19.0
60.1
40
SEDAPAL
76.4
53.0
75.2
64.0
30.4
79.1
378.1
0,184
40
MESIAS
65.1
16.5
2.8
3.2
8.8
1.4
97.8
95
0,019
40
0,046
95
0,019
40
EPS
20.4
5.2
13.2
10.5
18.4
12.1
79.7
0,067
0,064
96
0,049
74
PARSSA
18.1
23.6
8.8
9.1
9.2
45.5
114.3
EPS MOQUEGUA
0,080
0,057
72
0,044
55
0.2
0.4
0.9
1.6
4.6
7.7
Sub Total
0,147
0,121
82
0,093
63
FONCODES
6.6
7.5
10.9
13.4
12.5
55.5
3.5
4.3
10.9
12.8
31.5
1.7
0.3
1.0
3.1
8.5
TACNA
TUMBES
UCAYALI
TOTAL
INVERSIONES
PRONASAR
EMAPA PASCO
0,080
0,038
48
S.I.
S.I.
A TRABAJAR URBANO
Sub Total
0,080
0,038
48
S.I.
S.I.
OTROS 1/
EPS SELVA CENTRAL 3/
0,109
0,074
68
0,055
50
EPS SIERRA CENTRAL
0,051
0,044
87
0,039
77
EPS MANTARO
0,078
0,056
71
0,033
42
SEDAM HUANCAYO
0,349
0,250
72
0,242
69
EMSAPA LA OROYA
0,033
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
EMSAP ACOBAMBA
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
0,563
0,424
75
0,369
66
EPS GRAU
0,880
0,731
83
0,594
68
Sub Total
0,880
0,731
83
0,594
68
SEDA JULIACA
0,211
0,170
81
0,168
80
EMSA PUNO
0,161
0,121
75
0,104
65
EMAPA YUNGUYO
0,013
0,013
97
0,008
61
EPS NOR PUNO
0,024
0,023
97
0,013
53
AGUAS DEL ATIPLANO
SAN MARTÍN
ANEXO N° 2: Inversión en el sector saneamiento : 2000-2005 (Millones de US$)
Alcantarillado
2000
Sub Total
PIURA
Población Servida
Agua Potable 1/
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
Sub Total
0,409
0,327
80
0,293
72
EMAPA SAN MARTÍN
0,246
0,194
79
0,145
59
EPS MOYOBAMBA
0,058
0,050
87
0,037
63
Sub Total
0,304
0,244
80
0,182
60
EPS TACNA
0,267
0,267
100
0,256
96
Sub Total
0,267
0,267
100
0,256
96
EMFAPATUMBES
0,188
0,159
85
0,103
55
Sub Total
0,188
0,159
85
0,103
55
EMAPACOP
0,276
0,127
46
0,110
40
Sub Total
0,276
0,127
46
0,110
40
4.5
0.6
1.7
1/ Incluye INADE, Gestión de Proyectos e Infraestructura de Saneamiento FONAVI en Liquidación.
Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas, Sistema Integrado de Administración Financiera
MIMDES, Foncodes
Ministerio de Trabajo, A Trabajar Urbano
SUNASS
Cobertura con conexiones domiciliarias.
Administra parte de los departamentos de Ica y Ayacucho.
3/
Administra parte de los departamentos de Pasco y Junín.
Fuente: SUNASS “Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento en el Perú: 2004”
1/
2/
112
113
1/ Las inversiones incluyen gastos financieros; no incluyen IGV
2/ Estimados, corresponde a inversiones realizadas por CORDELICA
3/ Incluye hasta el año 1994 las inversiones de proyectos del Ministerio de Salud. A partir de 1995 incluye el Sistema de Cooperación Popular, PRONAMACHS e INADE y Proyectos de Frontera
Fuente: Ministerio de la Presidencia. Diagnóstico del Sector saneamiento Setiembre 1999.
Dirección Nacional de Saneamiento
14,3
15,0
17,3
8,0
3,7
1,9
INVERSIÓN PERCAPITA
(US $/ PERSONA)
4,9
10,5
11,0
15,8
24,74
22,64
21,58
21,07
POBLACIÓN
NACIONAL ( MILLONES)
22,10
23,09
23,53
23,94
24,36
25,20
100.0
2,443,670
370.459
378.641
182.142
79.853
38.999
TOTAL
109.312
243.146
257.748
421.848
361.523
0.9
22,234
3.500
2.750
1.973
1.002
989
C. ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES
820
2.000
2.500
3.000
3.700
1.7
41,768
4.863
161
294
573
B. OTRAS ENTIDADES
DEL GOBIERNO 3/
440
250
4.688
7.000
10.000
13.500
14.8
361,468
78.689
47.039
29.851
480
A. FONCODES
0
11.261
22.145
24.575
69.908
77.519
17.4
425,470
87.052
56.789
31.985
1.776
II. RURAL
1.562
12.521
24.395
31.763
82.908
94.719
20.4
498,300
9.500
86.700
84.474
41.978
16.036
61.452
80.000
60.060
20.000
38.100
0.5
12,280
210
530
380
3.100
2.390
G. OTRAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE
SERVICIOS
5.670
0
0
0
0
23.1
563,930
62.250
117.500
20.780
0
0
E. FONAVI
F. ENACE
110
74.710
108.730
127.970
51.880
1.5
26.1
35,518
636,992
30.381
5.137
132.155
0
0
68.456
0
0
38.660
0
0
27.999
0
C. PROMAR (LIMA SUR)
14.012
28.537
0
36.730
125.371
112.160
2.7
64,986
8.000
8.000
8.000
8.300
8.001
5.863
5.000
1.022
7.800
40.365
5.000
52.912
8.4
206,194
B. GOBIERNOS
REGIONALES 2/
D. SEDAPAL
82.6
2,018,200
66.155
57.600
321.851
12.464
0
3.328
150.157
0
0
78.077
0
A. PRONAP
37.438
96.791
218.750
225.985
26.282
283.407
338.941
266.804
%
TOTAL 90-99
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
INSTITUCIONES
I. URBANO
(Miles de US$)
1/
ANEXO 3: Inversión en el sector saneamiento : 1990-1999
114
ANEXO 4
PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
El Plan Nacional de Competitividad (PNC) tiene como base los lineamientos de la Estrategia Nacional de Competitividad, los cuales se dividieron en 3 lineamientos motores y 7 condicionantes:
L1:
L2:
L3:
L4:
L5:
L6:
L7:
L8:
L9:
L10:
Articulación empresarial y Clusters
Innovación y transferencia tecnológica
Educación
Reglas Claras y Estables
Política económica transparente y predecible
Estabilidad Jurídica
Institucionalidad Pública y Privada
Mercado Financiero y de Capital
Infraestructura
Medio Ambiente
El fin último del PNC es el de contribuir al mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la
población peruana. Para lograr este propósito, se debe dinamizar la economía a través de la facilitación de la inversión privada, fuente primordial del crecimiento económico dentro de un marco
de creciente inserción al mercado global.
El propósito del PNC es el de mejorar la competitividad de las empresas para su exitosa inserción
en el mercado global para el desarrollo social.
El PNC se subdivide en 7 objetivos estratégicos para cada una de las 7 áreas temáticas en que
están divididos los 10 lineamientos antes señalados.
Los objetivos estratégicos son los siguientes:
1. Fortalecimiento Institucional. Fortalecer la institucionalidad con un Sistema Público efectivo
en sus resultados y eficiente en su costo, con organizaciones privadas y de la Sociedad Civil
que sean representativas y tengan capacidades fortalecidas para promover un adecuado
clima de negocios del país.
2. Política Económica, Mercados Financieros y de Capitales. Fortalecer la institucionalidad
para mejorar el clima de negocios del país a través de adecuadas políticas económicas,
comerciales, fiscales, tributarias y laborales; y mejorar la provisión y el acceso a recursos
financieros y de capital.
3. Infraestructura. Aumentar y mejorar la infraestructura física y la provisión de los servicios
relacionados para la integración de mercados y el desarrollo empresarial.
4. Articulación Empresarial. Fortalecer las cadenas productivas y conglomerados para promover el desarrollo regional y local.
5. Innovación tecnológica. Aumentar la aplicación de conocimientos para mejorar la competitividad de la producción usando las herramientas que proveen la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
115
6. Educación. Desarrollar competencias en los jóvenes y adolescentes para lograr su mejor
desempeño en la sociedad peruana.
7. Medio Ambiente. Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación del ambiente, mediante la promoción de la eficiencia empresarial y su crecimiento
comercial.
El tema saneamiento se encuentra incluido en el objetivo estratégico 3 Infraestructura, en las
siguientes estrategias:
1. Desarrollar un sistema integral de infraestructura que garantice una eficiente inversión de los
recursos públicos y privados.
2. Fomentar la participación del sector privado en la provisión de la infraestructura de uso público mediante mecanismos como las concesiones y, en aquellos casos que requieran de un
cofinanciamiento estatal, mediante esquemas de Asociación Público Privada (APP).
3. Fortalecer el marco regulatorio e institucional para facilitar la participación de la inversión
privada en la infraestructura del país y asegurar una adecuada protección de los usuarios.
ANEXO 5
ESTIMACIÓN DE COSTOS PER CÁPITA
La estimación de los costos per cápita (cpc) se basa en la recopilación de información de diversas
obras ejecutadas, desde 1995 hasta 1999 por la EX FONAVI y PRONAP para las zonas urbanas
de las provincias del Perú. Estas obras, que alcanzan a un total de 153, se han desagregado en
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas y, dentro de cada uno, se ha discriminado lo que corresponde a la construcción de obras primarias (captación, almacenamiento,
conducción, aducción, tratamiento) y secundarias (redes y conexiones). A su vez, éstas se han
clasificado en obras de ampliación y de rehabilitación. El costo de la instalación de medidores
y del sistema de piletas se obtuvo de un promedio de los costos correspondientes a las EPS de
provincias y a SEDAPAL S.A.
La estimación de los cpc correspondientes a proyectos rurales de agua potable y saneamiento
responde a información obtenida de una muestra de 60 proyectos construidos por varias instituciones promotoras como son FONCODES, APRISABAC, CARE, SANBASUR y DIGESA, en áreas
rurales de los departamentos de Cajamarca, Cusco, Ayacucho, Apurímac y Lima, zonas caracterizadas como de extrema pobreza y cuya población por localidad no supera los dos mil habitantes.
Estos proyectos cubren las diversas opciones técnicas y niveles de servicio más frecuentes. Para
su estimación, se han considerado costos directos e indirectos. El sistema más representativo es
el de gravedad simple; el nivel de servicio es con conexiones domiciliarias de agua y letrinas. Se
incluyen los costos para educación sanitaria y la capacitación en operación y mantenimiento de
los sistemas, con el propósito de fortalecer la sostenibilidad de los proyectos.
Para cada uno de los proyectos tomados en la información de base, se determinó la población
servida beneficiaria de las obras ejecutadas que permitiera hallar los cpc.
Cuadro Nº A5-1: Costos Per Cápita en el área urbana
COMPONENTE
Costos per cápita (US$/Hab.)
Ampliación del servicio de agua potable (costo total)
245
Ampliación de redes y conexiones agua potable, sin incluir obras primarias
151
Ampliación del servicio de alcantarillado (costo total)
233
Ampliación de redes y conexiones alcantarillado, sin incluir obras primarias
185
Ampliación tratamiento de aguas servidas
90
Rehabilitación sistema agua potable (1)
31
Rehabilitación sistema alcantarillado(1)
12
Costo de pileta
41
Rehabilitación de los servicios de tratamiento de aguas servidas (1)
14
Costo promedio por medidor instalado (incluye caja y accesorios)
62
(1) Los costos per cápita de rehabilitación están calculados en función de la población servida.
Cuadro Nº A5-2: Costos Per Cápita en el área rural (Poblaciones menores de 2000 Hab.)
COMPONENTE
116
Costos per cápita (US$/Hab)
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable con conexiones
77
Sistemas de Saneamiento con Letrinas
22
Costo de Pileta
41
Rehabilitación de Sistemas de Abastecimiento Agua Potable con conexiones
31
117
ANEXO 6
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
a) Contrato de servicios
La entidad estatal contrata con firmas privadas la ejecución de tareas específicas. La duración de este tipo de contratos es de 1 a 2 años.
b) Contrato de gestión
Se contrata con firmas privadas la gestión total del servicio. Su duración es de 3 a 5 años.
c) Contrato de arrendamiento
Se concede a una firma privada el derecho de explotar los servicios a cambio de recibir
un canon de arrendamiento por el uso de los activos. El arrendatario es responsable de la
operación y mantenimiento del sistema.
d) Contrato de concesión
Se concede a un operador privado el derecho de explotar el servicio por un periodo determinado (entre 20 a 30 años). El operador privado asume la totalidad del riesgo comercial,
recauda el valor de los servicios, cubre los costos de administración, operación y mantenimiento, así como los de inversión.
e) BOT (Build, Operate & Transfer)
El privado financia, construye, opera y explota un proyecto por un periodo de tiempo determinado. Al final del periodo, la obra es transferida a la entidad pública concedente por
el valor previsto en el contrato.
118
Los Planes Nacionales de Vivienda y Saneamiento han sido
elaborados por las Direccionales Nacionales de Vivienda; Urbanismo;
Saneamiento y Construcción del MVCS.
Esta publicación no habría sido posible sin la valiosa contribución del GRUPO AGUA
(PAS, COSUDE, CEPIS, GTZ-KfW, JBIC, ACDI, BID y la UE), y los importantes comentarios de todas
las personas que colaboraron con los borradores de esta propuesta.

planes nacionales de vivienda y saneamiento 2006 - 2015

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