Programa nacional de Canarias. Elecciones

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CANARIAS ERES TÚ
Vamos a cambiar Canarias
PROGRAMA
NACIONAL
E L E CC I O N E S 2 0 1 5
CANARIAS ERES TÚ
vo t a
Vamos a cambiar Canarias
ROMÁN
PRESIDENTE DE CANARIAS
Román Rodríguez Rodríguez
CANDIDATO
AL P ARLAMENTO DE C ANARIAS
1. UN CICLO POLÍTICO AGOTADO
2
2. CAMBIAR LA ECONOMÍA Y LA FISCALIDAD: PARA EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN
DE EMPLEO
4
SITUACIÓN ECONÓMICA
4
UNA POLÍTICA FISCAL JUSTA Y PROGRESIVA EN VARIOS FRENTES
5
UNA NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
6
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.Y CON EL INCUMPLIMIENTO DEL REF.
6
PLAN CANARIAS
10
3. ORIENTACIÓN DE NUESTRO MODELO DE CRECIMIENTO HACIA LA
SOSTENIBILIDAD
A. POLÍTICAS TRANSVERSALES
11
11
IMPULSO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS ISLAS Y CON EL EXTERIOR
11
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ( I+D+I)
12
ENERGÍA
14
RESIDUOS
15
AGUA
16
BIODIVERSIDAD Y PATRIMONIO NATURAL
16
B- POLÍTICAS SECTORIALES
18
PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE
18
TURISMO
20
COMERCIO
23
INDUSTRIA
24
SECTOR AUDIOVISUAL
25
SECTOR PRIMARIO
26
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
28
C.- INTERNACIONALIZACIÓN DE NUESTRAS EMPRESAS.
4. POTENCIAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
28
30
EDUCACIÓN
30
SANIDAD
35
POLÍTICAS SOCIALES
36
3
JUSTICIA
38
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
39
POR UNA FUNCIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
40
5. POLÍTICAS DE COHESIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
42
POLÍTICA DE VIVIENDA Y MEDIDAS CONTRA LOS DESAHUCIOS
42
FAMILIA
43
MAYORES
43
MENORES
44
MUJERES E IGUALDAD
44
JÓVENES
46
DEPORTES
47
DISCAPACIDAD
48
DERECHOS DE GAYS Y LESBIANAS
49
6. CULTURA
50
I. PROPUESTAS
50
7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE CANARIAS
54
LA ASIGNATURA PENDIENTE: PROFUNDIZAR EN LA DEMOCRACIA Y EN LA AUTONOMÍA
DE AYUNTAMIENTOS Y CABILDOS.
54
8. DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y SISTEMA ELECTORAL
56
MEJORAR LA DEMOCRACIA. TRANSPARENCIA Y ÉTICA POLÍTICA
56
DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE LA POLÍTICA
60
REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL AL PARLAMENTO CANARIO.
61
ANEXO: PROPUESTA DE REFORMA DE LEY ELECTORAL DE CANARIAS DEL PACTO POR LA
DEMOCRACIA EN CANARIAS
62
9. DEFENDER LOS INTERESES DE CANARIAS FRENTE AL ESTADO
64
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y REF ECONÓMICO
65
PROFUNDIZACIÓN DEL AUTOGOBIERNO
66
LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
67
UN NUEVO ESTATUTO POLÍTICO PARA CANARIAS
67
4
10.- CANARIAS EN EL MUNDO
69
CANARIAS Y LA UNIÓN EUROPEA
69
GLOBALIZACIÓN: CRISIS Y POBREZA
70
COMPROMISO CON LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y LA PAZ
71
UN PROGRAMA PARA CAMBIAR CANARIAS
72
5
ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015
‘PARA CAMBIAR CANARIAS’
Nueva Canarias afronta esta convocatoria de Elecciones Autonómicas con la convicción de la necesidad del
cambio político. Para acabar con las actuales políticas que han causado tanto sufrimiento y para trabajar por
el bienestar colectivo, recuperando el prestigio de la política y mejorando la democracia y la participación
ciudadana. Colocando a Canarias en el lugar que le corresponde en el marco estatal y europeo.
El profundo deterioro de las condiciones de vida de un porcentaje muy significativo de la población, la
degradación de los indicadores relacionados con el desarrollo económico y social, así como el retroceso de
los servicios públicos, ratifican que las políticas del Gobierno de Canarias desde el inicio de la crisis
económica han resultado completamente erróneas e injustas.
Contribuyendo esas políticas neoliberales, además, al desafecto y la deslegitimación de la política, los
políticos y las instituciones por buena parte de la ciudadanía.
Los sucesivos gobiernos, liderados por CC con dos socios diferentes, el anterior el PP y en la actualidad el
PSOE, han incurrido en los mismos errores de aceptación y defensa de los recortes de las políticas públicas
como centro de su actuación.
Las coincidencias entre estos gobiernos han sido, lamentablemente, muchas. Y las diferencias de matiz han
sido de todo punto insuficientes para afrontar los graves problemas que nos afectan en beneficio de la
mayoría social.
Por estos motivos, este programa mantiene una parte de las propuestas del de los comicios de 2011, con las
incorporaciones relacionadas con las necesidades y propuestas emergentes, así como de oportuna
actualización.
El trabajo desarrollado en el Parlamento de Canarias, con solo dos diputados, ha demostrado que en Nueva
Canarias tenemos posición rigurosa y elaborada sobre la totalidad de los asuntos que afectan a los intereses
generales de Canarias y de su gente.
Todo ese trabajo se incluye en las Memorias de nuestra actividad parlamentaria, en las enmiendas a la
totalidad de las seis leyes presupuestarias y económicas de la legislatura, así como en las 54 resoluciones
que planteamos en el último Debate del Estado de la Nacionalidad 2015.
Todas las elecciones son importantes, sin duda, pero en este caso tienen el valor añadido de la pulsión de
cambio.
Se producen en una coyuntura de fin de un ciclo político agotado, que ha dejado en herencia fractura social,
pobreza y desigualdad, asociados a una profunda desafección con la actividad política que es preciso afrontar
con participación y transparencia, así como con un cambio radical de estas políticas fracasadas.
Nueva Canarias aspira a colaborar con la consecución de ese cambio de ciclo político a través de su
presencia en ayuntamientos, cabildos y Parlamento de Canarias, para influir con análisis y propuestas en el
cambio político que necesita Canarias con urgencia.
Y lo hacemos con un plural frente amplio de organizaciones y personas de todas las islas, comprometidas
con este programa de cambio político, económico y social.
Nueva Canarias
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1. UN CICLO POLÍTICO AGOTADO
Nos encontramos ante un fin de ciclo político, como hemos señalado. El fin de un conjunto de políticas
equivocadas e injustas, sustentadas en el pensamiento ultraliberal, que han provocado un retroceso enorme
en los derechos y condiciones de vida de la mayoría de la población.
Las fracasadas políticas de recortes deben dar paso a políticas profundamente distintas, puestas al servicio
de las personas y no de las instituciones financieras o de los mercados.
Frente a esas políticas hemos defendido consecuentemente políticas de estímulo, de inversión pública, de
fiscalidad progresiva y justa, de persecución del fraude fiscal y de acceso de familias y empresas al crédito.
El empleo y los servicios públicos, grandes sacrificados del período reciente, deben ser fortalecidos para
que contribuyan a una sociedad con mayor equidad. El maltrato en los Presupuestos Generales del Estado,
en la financiación autonómica o el incumplimiento reiterado del REF fiscal debe dar paso a un trato justo
hacia Canarias que permita la potenciación de los servicios públicos y el fortalecimiento de la economía y el
empleo.
La protección del territorio y la apuesta por las energías renovables deben ser señas de identidad del global
de las políticas y no un discurso retórico alejado de la práctica real.
La banalización de la política, la corrupción, el desprestigio de las instituciones, la democracia acartonada y
formal, los sistemas electorales injustos y desproporcionados… deben dar paso a una mayor transparencia y
auténtica participación ciudadana.
Acabando, también, con la inmoral desigualdad de las políticas frente a la crisis, que han permitido el
desahucio de personas y familias, mientras que, con dinero de todos, se rescataba a los bancos o a las
autopistas de peaje.
El esfuerzo de la ciudadanía organizada, de los movimientos sociales y de las fuerzas políticas que aspiran a
la transformación de la sociedad canaria debe visualizarse en los 88 ayuntamientos, en los siete cabildos y en
el Parlamento y en el Gobierno de Canarias.
Ese cambio es imprescindible y hemos de abordarlo partiendo de una situación tan grave como la que hoy
padece la sociedad canaria. Con datos sociales y económicos muy duros:
•
Con un 30,8% de desempleo EPA, es decir más 343.500 personas
•
Con 234.400 parados de larga duración, el 68% del total
•
Con un 56% de paro juvenil.
•
Con más de la mitad de los parados registrados que ya no recibe ninguna prestación.
•
Con un tercio de la población en situación de pobreza.
•
Con desahucios por impago de alquileres o hipotecas.Y decenas de miles de canarios que no han
podido acceder a una vivienda.
•
Con retroceso en la calidad de la asistencia sanitaria, como vemos con el colapso de las urgencias o
el desbordamiento de las listas de espera.
N u e v a C a n a r i a s!
Elecciones autonómicas 2015
2
•
Con parámetros educativos que nos siguen dejando muy alejados de las medias española y europea.
•
Con el gasto social más bajo del Estado.
•
Con una auténtica crisis en la prestación de la dependencia o en la gestión de la Prestación Canaria
de Inserción (PCI).
Arrastramos algunos problemas del pasado.
Pero otros son mucho más recientes. Son consecuencia del enorme retroceso económico
y social que han supuesto las impuestas políticas de austeridad, de recortes. Que han
incrementado el desempleo. Que han aumentado la pobreza y las desigualdades
sociales. Que han descapitalizado a los servicios públicos. Y que tienen responsables. En
Europa. En España. Y también aquí, en Canarias.
Desde Nueva Canarias, en todos nuestros ámbitos de actuación, no nos limitamos a la
crítica de las políticas económicas o sociales. Ofrecemos, siempre, alternativas.
Lo hacemos en el Parlamento con nuestra Oposición constructiva frente a las leyes
económicas y presupuestarias de la Comunidad Canaria, frente a las normativas que
tratan de desregular la protección del territorio o a las que no abordan suficientemente los
problemas de la gente en sanidad, educación, vivienda o lucha contra la pobreza.
Y lo hacemos, asimismo, en el Congreso de los Diputados, en cabildo y ayuntamientos;
en las instituciones donde gobernamos, volcadas en las políticas sociales, en el interés
general, en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas.
También en las calles, con nuestra activa participación en las huelgas generales contra las
políticas económicas y laborales del Gobierno del PP, en las movilizaciones en defensa de
los servicios públicos o de los derechos de las mujeres, así como en la oposición a las
prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las Islas.
Nos encontramos inmersos en un proceso intenso que nos llevará hasta las elecciones
del 24 de mayo. Un proceso precedido de muchas horas de trabajo para elaborar
programas y confeccionar candidaturas en los distintos ayuntamientos y cabildos, así
como en el Parlamento.
Alimentados, también, por las jornadas participativas, por los encuentros abiertos que
hemos llevado a cabo sobre Fiscalidad y servicios públicos, Juventud, Sector Primario,
Modelo de Desarrollo, Energía y Modelo turístico. Así como con la aportación de cada una
de las personas y organizaciones que conforman nuestro Frente Amplio.
Este largo proceso de reflexión y trabajo nos confirma, una vez más, la convicción de que
es posible hacer otra política. Dirigida a la defensa del interés general frente al de unos
pocos.
Defendemos que el actual ciclo político está acabado por su evidente fracaso en lo
económico y en lo social. Su herencia es una sociedad fracturada y empobrecida donde lo
único que ha crecido es la miseria y la desigualdad.
Nueva Canarias
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2. CAMBIAR LA ECONOMÍA Y LA FISCALIDAD: PARA EL
CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO
A finales del 2010 describimos la dramática situación que sufría Canarias y señalamos que las recetas
neoliberales impuestas desde la Troika y asumidas por los gobiernos de España y Canarias conducirían a una
profundización de la crisis y al empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría social.
Insistimos en que estas políticas estaban asentadas sobre razones de naturaleza ideológica y que no eran
producto de una respuesta justa y racional a la crisis provocada por la ambición desmedida de los llamados
mercados y de los especuladores.
Así, hemos asistido a una dramática etapa bajo el dogma de la austeridad y los recortes. Receta de
pensamiento único que ha acusado auténticos estragos sociales: destrucción de empresas, pérdida de
empleos, reducciones salariales y más de un 11% de trabajadores pobres, empeoramiento de los servicios
públicos, inversiones casi insignificantes por parte de las administraciones, etcétera.
Algunos datos que confirman esta grave situación:
SITUACIÓN ECONÓMICA
1.- Datos de paro según la EPA (último dato, primer trimestre de 2015): 30,8%
Número de parados al finalizar 2014 en Canarias: 343.500
Siete puntos por encima de media estatal (23,78%)
Superando en 20 la media europea
2. Parados de larga duración:
-
En marzo de 2015 hay 234.400 parados de larga duración, lo que supone el
68,24% del total.
Por tanto, se han incrementado los parados de larga duración en más de 63.000, un 38%,
en estos tres años y medio. Ello supone pérdida de las ayudas por desempleo e incremento de la
dificultad para volver al mercado laboral, especialmente los mayores de 45 años.
3. Paro juvenil.
En marzo de 2015 el paro juvenil asciende al 56,49%.
Esto supone más de cinco puntos por encima de la media estatal (51,36% de paro entre los menores de 25
años).
- Es decir, seis de cada diez jóvenes canarios están en paro.
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4. Parados registrados que no reciben ninguna prestación:
134.371, con datos del reciente febrero, lo que supone un 51,73% de los parados registrados en
los Servicios de Empleo.
5. Pobreza:
El porcentaje de hogares con carencias materiales severa es del 8,5%, 2,3 puntos más que la
media española (6,2%)
Tasa de pobreza del 35,5% una de las más altas de España.Y en el marco de una sociedad muy desigual.
Seguimos ocupando lugares de cabeza en desahucios de vivienda habitual, tanto en el caso de las hipotecas
como el de alquileres.
Nueva Canarias apuesta por una política diametralmente opuesta, dirigida a estimular la demanda, impulsar
la inversión desde las administraciones públicas, incrementar el gasto social, favorecer la circulación del
crédito… para generar empleo de calidad a través del impulso a la economía productiva.
Este cambio de la acción política es imposible si no obtenemos los recursos para impulsar la financiación de
las grandes obras y servicios públicos o de las políticas estratégicas que son determinantes para ayudar a
recuperar el crecimiento económico y el empleo.
Para ello es imprescindible:
UNA POLÍTICA FISCAL JUSTA Y PROGRESIVA EN VARIOS FRENTES
-
Persecución del fraude fiscal: el sindicato GESTHA ha puesto de manifiesto el gigantesco
fraude fiscal en España (aproximadamente el 24% del PIB) que en Canarias es mayor en casi cinco
puntos porcentuales, alcanzando el 28,7%.
Este sindicato ha puesto en evidencia que reduciendo en diez puntos en Canarias el fraude fiscal y
laboral se recaudarían 1.530 millones de euros para la Hacienda Pública y 516 millones por
cotizaciones sociales. Defendemos, en consecuencia, una política pública integral contra el fraude
fiscal. La Agencia Tributaria Canaria debe contar con potentes estructuras de análisis, evaluación y
persecución del fraude. Y debe operar en coordinación con la Agencia Estatal; esta debe establecer
acuerdos internacionales para perseguir el fraude, la evasión de capitales y combatir los paraísos
fiscales.
-
Mayor proporcionalidad y justicia del sistema tributario. Al margen de que
proponemos una profunda reforma fiscal en el plano estatal (que es determinante: impuesto de
sociedades, IRPF, etcétera), en nuestro territorio defendemos una mayor progresividad en relación
con las competencias en fiscalidad de la Comunidad Canaria.
Por ello hemos propuesto un mayor esfuerzo fiscal a las rentas más altas (a partir de 90.000 euros
de base liquidable) y mayor progresividad al impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas (a
partir de 750.000 euros), así como subir los tipos incrementados del IGIC vinculados al consumo de
lujo.
Hemos insistido, además, en la necesidad de crear un impuesto sobre las estancias turísticas. No es
razonable que el sector de mayor crecimiento en Canarias no participe en mejorar la
competitividad del destino, la promoción y la renovación de las infraestructuras turísticas.
Nueva Canarias
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Esta medida está implantada en la práctica totalidad de los países europeos o en ciudades del
mundo con gran afluencia turística. En el caso español, Cataluña la aplica con éxito desde noviembre
del año 2012.
Hemos propuesto una muy moderada tasa de 1 euro por persona, excluidos los menores de 12
años. La cantidad recaudada sería distribuida al 50% entre la Comunidad Autónoma y los cabildos y
ayuntamientos turísticos.
La recaudación, con carácter finalista, deberá destinarse a actuaciones de mejora de la actividad
turística y de preservación de nuestros recursos naturales.
UNA NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Ha sido una denuncia constante de Nueva Canarias la injusta participación de Canarias en la
financiación autonómica en relación con el resto de las comunidades del Estado.
Tras la aprobación en diciembre de 2009 del nuevo sistema de financiación –entre
estatal del PSOE y el Ejecutivo canario de CC-PP-, Canarias ha venido perdiendo
millones de euros anuales por este concepto. Un daño enorme para nuestros
especialmente, para los servicios públicos esenciales y para la obra pública, que
básicamente por este procedimiento.
el Gobierno
más de 800
intereses y,
se financian
Es esencial que nos coloquemos en la media de financiación por habitante del conjunto de las
CCAA. Para lo cual es preciso que el Gobierno de España abra un proceso de reforma (un clamor
en el Estado) que hasta ahora se ha negado a acometer a pesar de la evidencia del trato injusto y
desigual que recibe Canarias.
Reclamando, asimismo, los recursos del desaparecido ITE para dedicarlos a políticas sociales y de
empleo.
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Y CON EL INCUMPLIMIENTO
DEL REF.
Los Presupuestos Generales del Estado deben dar respuesta a las condiciones específicas de
Canarias y a su grave situación de desempleo. Esto es lo que se perseguía, en buena medida, con el
Plan Canarias de 2009, luego incumplido en la práctica totalidad de sus apartados.
Es, además, reiterado el incumplimiento de los preceptos del REF por parte de los distintos
gobiernos españoles. situación que ha alcanzado su cenit con el actual Ejecutivo del Partido Popular.
El daño infligido a nuestros intereses supera los 200 millones de euros/año a los que debe sumarse
el conjunto de incumplimientos del Gobierno de España con Canarias a lo largo de la legislatura:
más de 600 millones de euros perdidos en convenios de carreteras, 42 millones anuales por la
desaparición del PIEC o 52 para la renovación de las ciudades turísticas.Y así, un largo etcétera.
Un incumplimiento generalizado de los aspectos económicos del REF que, lejos de ser una dádiva,
constituye un derecho de Canarias reconocido legal y constitucionalmente para compensar las
6
circunstancias adversas que sufrimos por el alejamiento, la insularidad y la fragmentación de nuestro
territorio.
Son medidas económicas que impactan en la vida de los habitantes de Canarias. Estamos
refiriéndonos a las políticas de ayuda al transporte de mercancías y personas (el descuento por
residencia). De las destinadas a la desalación de agua o las dirigidas a la producción de energía. Así
como de las que tratan de impulsar las telecomunicaciones, tan relevantes para un territorio alejado
e insular.
Pero también nos referimos al Plan de Empleo -en una Comunidad con un 30,8% de desempleados
según la última EPA, la de marzo de 2015-, del acceso al crédito o de la internacionalización de
nuestras empresas. O a la inversión estatal destinada a la renovación de las ciudades turísticas
obsoletas.
También a las inversiones en infraestructuras que, como señala el artículo 96 de la Ley 20/1991 del
REF, no pueden ser inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades
autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular. El mejor
ejemplo lo tenemos en el insuficiente y ahora incumplido convenio de carreteras.
El cumplimiento de nuestro REF es, para NC, un elemento determinante en las relaciones
Canarias-Estado. No sólo por la necesaria renovación de sus aspectos económicos, sino para exigir
el cumplimiento de los preceptos del vigente.
Tras la aprobación a finales del pasado diciembre del REF fiscal desde Nueva Canarias señalamos
que aunque supuso un avance, especialmente al permitir que la RIC se pueda invertir en la
contratación directa de trabajadores y también por las sustanciales mejoras respecto a la Zona
Especial Canaria (ZEC), este no debe ser mitificado.
En el mejor de los escenarios, colaboraría en la generación de 4.000 o 5.000 empleos anuales.
Positivo impacto pero muy insuficiente en un territorio con más de 340.000 desempleados.
Cuando en el Parlamento de Canarias hemos aprobado las modificaciones del REF económico,
desde Nueva Canarias hemos señalado que el gran problema es el incumplimiento del mismo por
los diferentes gobiernos españoles, fueran del PSOE o del PP. Aspiramos a su actualización pero ya
nos gustaría que simplemente se cumpliera el actual articulado.
El documento aprobado, fruto de un elevado consenso entre las organizaciones empresariales,
sindicales y políticas de las Islas, así como de sus universidades públicas, plantea como finalidad:
•
Actualizar los aspectos económicos del tradicional REF de Canarias.
•
Que se garantice que las limitaciones estructurales permanentes de Canarias, que la
convierten en región ultraperiférica de la Unión Europea de acuerdo con lo dispuesto en el
art 349 del Tratado de Funcionamiento, sean compensadas a través de políticas específicas y
suficientes.
•
Que se desarrolle un conjunto estable de medidas económicas y fiscales encaminadas a
promover el desarrollo y la cohesión económica, social y territorial de Canarias, velando en
particular por la efectiva atención de las necesidades derivadas de la doble insularidad.
•
Que se fomente la internacionalización de la economía canaria a través de la promoción de
Canarias como plataforma atlántica.
Nueva Canarias
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En ese sentido, hemos solicitado que el Parlamento canario inste al Gobierno de Canarias para que
reclame del Ejecutivo estatal el cumplimiento de los aspectos económicos del REF contenidos en las
leyes 20/1991 y 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Unas leyes
que se encuentran plenamente vigentes. Otra cosa, bien distinta, es que se estén incumpliendo
sistemáticamente.
Por otra parte, hemos insistido en que la actualización de los aspectos económicos del REF en
ningún caso deben estar supeditados ni condicionados ni vinculados por la imprescindible
modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, cuya
aplicación ha resultado tan perjudicial para nuestra Comunidad.
Es preciso blindar nuestro Régimen Económico y Fiscal cuando el Constitucional ha señalado que la
Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene mayor rango y no se puede subordinar a las leyes
del REF.
Hay que blindarlo de manera que el Gobierno central no pueda actuar de manera caprichosa a la
hora de desarrollar y presupuestar esas políticas económicas esenciales para superar los hándicaps
de la lejanía y de la insularidad. Un blindaje jurídico que pasa, con toda seguridad, por su
imprescindible inclusión en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución.
Crédito
Asimismo, hay que facilitar el impulso a la economía privada, la que genera la mayoría del empleo. Es
determinante que el crédito de la banca privada llegue a familias y pequeñas y medianas empresas. Y
que lo haga en condiciones justas, accesibles y con garantías. El Estado debió plantear esas
condiciones en el momento en que se produjeron millonarias ayudas a la banca.Y no lo hizo.
Ante esta situación de contracción sostenida del acceso al crédito, que sin duda contribuye a la falta
de financiación a la economía productiva, NC considera imprescindible impulsar, por
parte de las Administraciones públicas, el desarrollo de instrumentos
financieros de carácter público y vocación de estabilidad, que apoyen al tejido
productivo canario para promover el crecimiento, la innovación y la generación de empleo en
las islas.
Las deficiencias en el funcionamiento del mercado financiero canario, que no realiza adecuadamente
su tarea más genuina como es la provisión de crédito a las empresas en condiciones accesibles,
aconsejan adoptar una medida de esta naturaleza, evitando o al menos minorando el riesgo de
exclusión financiera de muchas actividades económicas en el Archipiélago por la falta de financiación
adecuada.
Por ello se propone constituir un Ente Público de Crédito de Canarias cuyo objeto deber
ser la financiación del sector productivo canario y, de manera especializada, para las pequeñas y
medianas empresas, las empresas de economía social, los autónomos y las personas emprendedoras
en el tejido empresarial.
Entre sus funciones estaría actuar como instrumento de política de crédito público a
empresas no financieras, autónomos y otras entidades; coordinar y concentrar la gestión de los
distintos instrumentos financieros y de crédito que hoy gestionan distintos departamentos del
Gobierno canario y otras entidades dependientes de la CAC, evitando solapamientos y mejorando
8
la sinergia entre ellos; facilitar el acceso a los recursos financieros públicos y privados idóneos para
las necesidades de los diversos proyectos empresariales; impulsar la cooperación con otras
entidades financieras tanto públicas como privadas de forma que mejoren el acceso al crédito de
los agentes económicos; participar como socio protector en la recién creada Sociedad de
Garantías y Avales de Canarias (fruto de la unificación de las antiguas Sogarte y Sogapyme), de la
que el Gobierno canario es el principal accionista; etc.
Los recursos del Ente Público de Crédito de Canarias procederán, inicialmente, de las
dotaciones de fondos e instrumentos financieros recogidos en el presupuesto anual de la
Comunidad Autónoma de Canarias; del patrimonio propio; de los recursos financieros que obtenga
de la Unión Europea, del Gobierno central, de instituciones financieras públicas españolas o
internacionales o de otras entidades financieras públicas y privadas; y de préstamos o emisiones de
títulos de renta fija.
Este Ente Público de Crédito tendría más capacidad de intervención si se conveniara con el
Instituto de Crédito Oficial estatal que los créditos concedidos por esta entidad se vehicularan a
través de Ente Canario y no de la banca comercial como se hace en la actualidad. Sobre todo si se
logra que el importe de la línea de mediación específica para Canarias que regula del artículo 22 de
la Ley 19/1994 de modificación del REF sea una cantidad significativa para hacer frente a la grave
situación económica y financiera que vivimos. Recordemos que este artículo establece que “en
tanto el PIB per cápita de Canarias se sitúe por debajo de la media nacional, el Instituto de Crédito
Oficial tendrá abierta una línea de préstamos de mediación con tipos de interés preferente para
financiar inversiones por parte de las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en Canarias” y
que “el importe de la línea de préstamos, el tipo aplicable a la cesión de fondos por el Instituto de
Crédito Oficial a las entidades de crédito (…) se determinarán por el Gobierno de la Nación en
función de la situación económica y financiera en cada momento”.
El nuevo Ente Público de Crédito de Canarias deberá colaborar con los objetivos de política
económica que defina la CAC como prioritarios, singularmente intensificar los procesos de
renovación y modernización turística, las estrategias de innovación, el impulso de las energías
renovables, el apoyo al sector primario y aquellos que faciliten la internacionalización de nuestras
empresas.
La actividad y actuaciones que desarrolle esta entidad deben dirigirse bajo los principios de máxima
transparencia y publicidad con código ético estricto y de responsabilidad social en su gestión diaria.
Se deben fijar mecanismos de gestión que garanticen la independencia, la profesionalización y la
experiencia.
La fórmula jurídica que tendrá este Ente Público será la que se valore más adecuada para el ejercicio
de sus funciones, pero en todo caso deberá posibilitar la obtención, si se decidiera, de la
autorización administrativa (“ficha bancaria”) del Banco de España para poder actuar como entidad
financiera que pueda acudir a los mercados mayoristas de crédito.
Por este motivo en el Anteproyecto de Ley del Ente Público de Crédito de Andalucía, que se
redactó al final de la legislatura, se propone crear una sociedad mercantil del sector público, en
forma de sociedad anónima, con personalidad jurídica propia y autonomía de gestión económica y
financiera.
Nueva Canarias
!
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Por su parte el Parlamento de Cataluña aprobó en octubre de 2013 proponer al Congreso de los
Diputados la modificación de la legislación que regula las entidades de crédito para convertir su
Instituto Catalán de Finanzas (creado en 1985) en un “banco público”, dotándolo de su
correspondiente ficha bancaria. Esta modificación permitiría a esa institución crediticia acceder,
según sus proponentes, a los mercados de capital internacional y también a las subastas de liquidez
del Banco Central Europeo (BCE). Esta propuesta la hizo CiU y ERC y fue apoyada por el PSC,
Iniciativa y la CUP. En todo caso esta propuesta va más encaminada a defender la creación de una
“banca pública”, similar a la que existe en muchos “lander” alemanes.
PLAN CANARIAS
El conjunto de los sectores económicos de las Islas deben dirigir todos sus esfuerzos al crecimiento
y la generación de empleo, en un marco de sostenibilidad.
No es posible cerrar aquí el conjunto de políticas que influyen sobre el crecimiento económico y la
generación de empleo, toda vez que inciden, sin duda, políticas sectoriales que desarrollaremos en
otros apartados de este programa.
Ello no obsta para que planteemos aquí la necesidad de un verdadero Plan Canarias por el
Empleo y contra la Pobreza, con participación de la Unión Europea y los gobiernos del
Estado y Canarias, dirigido a sumar el conjunto de recursos y aportaciones disponibles desde el
Estado, los cabildos y ayuntamientos, el sector empresarial (en especial las pymes) para formular
políticas dirigidas a superar las insoportables cifras de desempleo.
Al mismo no pueden ser ajenas las entidades financieras que deben implicarse en la potenciación de
la actividad económica a través de instrumentos de responsabilidad social corporativa, de su
participación en la fiscalidad y, especialmente, a través de favorecer la circulación del crédito.
10
3. ORIENTACIÓN DE NUESTRO MODELO DE CRECIMIENTO
HACIA LA SOSTENIBILIDAD
La crisis económica ha puesto en evidencia las debilidades del patrón de crecimiento económico seguido
por Canarias y los problemas estructurales de nuestra economía: endeudamiento de empresas y familias
muy superior a la media estatal, falta de diversificación del sector turístico, enorme dependencia de las
energías fósiles, bajos niveles de productividad, escasa formación de la población, baja innovación
empresarial, escasa presencia de sectores tecnológicos, crecientes problemas de movilidad y un nivel de
desempleo que nunca descendió de las 100.000 personas a pesar de la fase expansiva vivida desde 1993
hasta 2007, cifra de desempleados que hoy triplicamos con creces.
Al mismo tiempo este crecimiento no corrigió las desigualdades sociales y la existencia de bolsas de
pobreza que, con la crisis, en 2015 se sitúan en un tercio de la población según el INE. Otros efectos no
deseados de esta gran expansión económica, alentados por la hipertrofia del sector constructor y por el
turismo, han sido el incremento poblacional, el excesivo consumo del territorio y el deterioro de nuestros
recursos naturales.
Para resolver estos problemas debemos ir avanzando en la gradual reorientación de nuestro
modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad, en sintonía con las recomendaciones de la Unión
Europea, que desde 2001 aconseja poner en marcha en cada territorio adecuadas estrategias de
desarrollo sostenible.
Canarias lo hizo cuando en 2003, por unanimidad de su Parlamento, aprobó las leyes de directrices que, en
relación al territorio, apuestan por la conservación de los recursos naturales y de los suelos de interés
agrario, litorales y de valor paisajístico, considerándolos como recursos estratégicos para el desarrollo
económico, la cohesión social y para nuestra identidad como pueblo. Y en cuanto al urbanismo en las
ciudades, promueve el ahorro en el consumo de suelo y la reutilización del suelo urbanizado, impidiendo la
extensión y la dispersión residencial y desarrollando políticas activas de suelo y vivienda.
Es decir, pusimos en marcha una estrategia que combina crecimiento económico, preservación de los
recursos naturales y de nuestro patrimonio y bienestar y cohesión social.
A. POLÍTICAS TRANSVERSALES
IMPULSO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS ISLAS Y CON EL EXTERIOR
Los puertos y aeropuertos son esenciales para la conectividad entre las islas y entre estas y el exterior.
Respecto a los puertos, el modelo de gestión compartida entre Canarias y el Estado de los puertos de
titularidad estatal ha demostrado sobradamente su eficacia.
Asimismo, hay que realizar un esfuerzo inversor en los puertos de titularidad de la Comunidad Canaria y
que desarrollan una relevante función en la comunicación entre las islas, como el de Agaete, Playa Blanca o
Morrojable, actualizando sus infraestructuras.
Ya hemos manifestado nuestra absoluta oposición a las privatización de AENA por parte del Gobierno del
PP. Insistimos en que los aeropuertos canarios constituyen un sistema aeroportuario integral que debe ser
excluido de las políticas aeroportuarias desarrolladas en el conjunto del Estado.
Nueva Canarias
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Es lamentable que tengamos que insistir en que las circunstancias permanentes de alejamiento e insularidad
que definen a Canarias convierten a estas infraestructuras en estratégicas y, por tanto, no pueden ser
puestas en mano de agentes que responden a su propio interés y no al interés general de Canarias.
Para potenciar la actividad económica de las Islas es de fundamental relevancia disponer de unas modernas
infraestructuras y servicios de conectividad que faciliten la movilidad exterior de personas y mercancías.
Para ello proponemos establecer nuevas rutas aéreas que permitan mejorar la conexión exterior de las
islas. Por un lado para mejorar la posición competitiva de Canarias como
destino turístico,
incrementando las ofertas y frecuencias con los países emisores tradicionales y estableciendo nuevas
rutas de acceso a países europeos con potencial turístico emergente. Por otro lado, facilitando la posición
de algunas islas como hub de transporte aéreo para determinadas rutas internacionales vinculadas con el
entorno geográfico del Archipiélago. En este segundo aspecto es muy conveniente establecer nuevas rutas
con las principales ciudades del África Occidental y algunas con el continente americano. Se trata, por
tanto, de potenciar a Canarias como nodo de tráfico aéreo entre Europa, África y América.
Defendemos que Canarias cuente con competencias en tráfico aéreo interinsular. Así como la implantación
de una Tarifa Única entre las islas para los residentes canarios, de manera que cueste lo
mismo un billete entre Tenerife y Gran Canaria que entre cualquiera de las islas capitalinas y las no
capitalinas o entre estas últimas. Ayudando, por tanto, a la cohesión territorial de Canarias. Y estableciendo,
asimismo, una Tarifa Aérea máxima entre Canarias y el resto del Estado.
Por último, impulsar la conectividad es también mejorar la red de telecomunicaciones de las Islas. Desde
Nueva Canarias promoveremos el desarrollo de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones de
banda ancha que permitan mejorar la conectividad de las islas en términos de capacidad y precio
mediante el establecimiento de nuevos cables submarinos de fibra óptica y facilitar la utilización de las
carreteras insulares para el despliegue de la fibra óptica por los operadores de telecomunicaciones,
posibilitando que llegue a todos los núcleos habitados de Canarias.
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ( I+D+I)
De nada sirve el mejor y el más completo de los programas electorales si no es un contrato político
con la ciudadanía. Y este, el compromiso con la I+D+i, es una constante que Nueva Canarias tiene asumido
en sus propuestas y en su práctica política por entenderlo esencial para la diversificación económica de
Canarias.
El balance de la apuesta por la I+D en Canarias en esta legislatura es bastante insatisfactorio a pesar de
algunos discursos engañosos.
a) Sobre el esfuerzo económico dedicada a I+D
El último Plan aprobado fue el Plan canario de I+d+i 2007-2010. En el año 2006 se logró en Canarias el
mayor gasto de I+D de la historia, medido como porcentaje del PIB, un 0,65%. El objetivo del Plan era lograr
en el año 2010 un porcentaje del 1,50% del PIB y la realidad es que bajamos al 0,62%.
Posteriormente el gasto en I+D no hizo sino disminuir, de forma que en el año 2013 (último año que
el INE ha publicado datos) se redujo al 0,50%, lejos del 1,24% de España y muy lejos del
3% que recomienda la estrategia Europa 2020. Además este año 2013 la reducción respecto al
año anterior fue del 4,0%, mientras que en España fue sólo del 2,6%.
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b) Sobre los recursos humanos dedicados a I+d+I
Según se recoge en la parte de análisis del Documento de la RIS3, en 2010 (último dato que proporciona),
“el número de personas que trabajan en este ámbito ha estado decreciendo en Canarias desde 2008. En
España ha estado creciendo desde 2007 si bien a tasas más pequeñas”.
Con ello adquiere más dramatismo el intento de desmembramiento y de despidos en el
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), provisionalmente abortado por la presión de los
trabajadores afectados, el apoyo de los sindicatos, de la ciudadanía, de la opinión pública y de algunos grupos
parlamentarios.
Para el año 2013, según los datos de la última Encuesta sobre actividades en I+D que publica el INE
anualmente (la última es del 21 de enero de 2015) el número de personas que trabajaban en I+D
en Canarias ya sólo era de 3.481, con un descenso del 7,9% respecto a 2012 cuando en el
Estado la reducción fue del 2,6%
c) Pero la prueba del algodón de la importancia que este gobierno ha dado a la I+D+i
es su tratamiento en los presupuestos públicos.
En los últimos 4 años se ha reducido la partida pública dedicada a I+D+i de 204,8 millones
en 2009 a 82,7 millones en 2014, una reducción de 122,1 millones, es decir del 59,6%.
Y si se nos dice que la culpa es de la crisis y la obligada reducción de los presupuestos
públicos, acudamos a valorar la capacidad de ejecución del Gobierno de esta partida. Así en el año
2012 de los 167,3 millones presupuestados sólo han ejecutado 50,7 millones, es decir,
un nivel de ejecución del 34% de lo presupuestado.
Nueva Canarias asume los siguientes como objetivos en el área de I+D+i:
✦ Menos cemento más talento. La inversión pública en I+D+i ha de tener como objetivo
básico el capital humano. La estabilidad profesional, las oportunidades de empleo, la calidad del
trabajo, la calidad de la formación han de ser las prioridades de las políticas públicas de I+D+i.
✦ Se aumentará la inversión pública en la formación de nuevos investigadores e investigadoras,
coordinando en esta materia el conjunto de organismos del sistema público de I+D+i y las universidades
canarias.
✦ Carrera profesional. Se promoverán fórmulas regladas de acceso a la carrera investigadora,
marcadas por la transparencia, el mérito y la igualdad. Se primará una oferta reglada de plazas de
formación investigadora en los centros públicos de I+D+i, se promoverá la movilidad internacional de los
investigadores y su retorno, así como una oferta pública de empleo en los centros de investigación en las
Islas. Se primarán los criterios de excelencia, mérito y flexibilidad en el desarrollo y progreso profesional
de los investigadores y las investigadoras. Se consolidarán y se reforzarán las plantillas de investigadores
en el sistema público de I+D+i, en unas condiciones laborales dignas y de estabilidad, propiciando la
convergencia en el estatus laboral de las plantillas en el conjunto de los centros de I+D+i de las Islas y
con los estándares europeos.
✦ Calidad y excelencia. Se fijarán sistemas de evaluación y certificación de la actividad investigadora,
primando la capacidad para generar retorno social y redes de cooperación. La captación de talento
internacional ha de jugar un papel clave en la promoción de una ciencia de calidad en las Islas.
Nueva Canarias
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✦ Internacionalización de la actividad investigadora en las islas. Se potenciará la
integración del sistema público de I+D+i canario en las grandes redes internacionales de cooperación
científica, propiciando la radicación en el Archipiélago de grupos de investigación de excelencia.
✦ I+D+i y colaboración para el desarrollo. Se propiciará la puesta en funcionamiento de
programas de cooperación para el desarrollo con países de nuestro entorno, con especial atención a la
formación de investigadores y tecnólogos de países empobrecidos.
✦ Ciencia para la igualdad. Se propiciarán políticas de incorporación de la mujer al tejido público y
privado de I+D+i, reduciendo la brecha laboral actualmente imperante entre mujeres y hombres en el
ámbito de la ciencia. Se propiciará el acceso de la mujer a puestos directivos de gestión científica. Así
mismo, se abordará una estrategia global contra los límites físicos, sociales y culturales que limitan la
accesibilidad o excluyen a los discapacitados físicos de la actividad científica. Se luchará contra la
discriminación LGTB subyacente o explicita en el ámbito de la ciencia.
✦ Vincular Ia I+D+i a las políticas activas de empleo, no solo orientadas a Ia formación de
trabajadores sino a la creación efectiva de empleo. La I+D+i en Canarias se caracteriza por una
importante carencia de personal de apoyo a la investigación, con uno de los peores ratios europeos de
personal técnico por personal científico. Solo equiparar este ratio a la media española permitiría generar
en las islas mas de 3.000 nuevos empleos de alta calidad.
Por otra parte, en NC consideramos que el Gobierno llevó al Parlamento la Estrategia de Especialización
Inteligente (RIS3) como un mero trámite, sin ninguna voluntad de generar acuerdos o buscar la
participación de los grupos de la oposición.
LA RIS3 es un documento de buenas intenciones aunque con algunas graves ausencias de sectores
importantes, que no se corresponde con la gestión que en estos casi 3 años de legislatura el Gobierno ha
hecho, especialmente sobre la I+D+i y el desarrollo de las TIC. Estos son precisamente los dos objetivos
temáticos que deben cumplir la RIS3 de Canarias, como condición ex ante para el acceso a los fondos
europeos en el periodo 2014-2020.
Nos parece bien que se presente a la Comisión Europea un documento elaborado según la guía propuesta
por ésta para poder acceder a los fondos europeos del próximo septenio pero no creemos que la RIS3
pueda cumplir ninguna otra finalidad, y mucho menos constituir "la agenda de transformación
socioeconómica de Canarias” como publicita el Gobierno.
Creemos que sobran estrategias “inteligentes” de esta naturaleza y lo que hace falta es un Gobierno
inteligente que gestione bien las políticas sectoriales y especialmente la I+D y la financiación adecuada de las
acciones convenidas.
ENERGÍA
Para Canarias el desarrollo de un modelo energético orientado hacia el objetivo de alcanzar la máxima
soberanía energética con el mayor peso específico de las energías renovables es una cuestión estratégica.
Lamentablemente, no han evolucionado las cosas en esa dirección en estos años.
•
Por una parte, el Gobierno de España ha desarrollado una política extremadamente agresiva a favor
de los combustibles fósiles y en contra de las energías renovables. De hecho, la primera decisión del
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ministro Soria fue suspender las bonificaciones a las energías renovables, seguida de una ley de los
sistemas insulares que es una auténtica contrarreforma, así como generar incertidumbre en relación
con el proyecto Chira–Soria para generar energía hidráulica en Gran Canaria. Para muestra un
botón: su empeño absolutamente delirante de favorecer las prospecciones petrolíferas en Canarias
en un ambiente de oposición manifiesta y claramente mayoritaria de la sociedad y las instituciones
canarias.
•
A su vez, el Gobierno canario, producto de su incompetencia y falta de compromiso en esta
materia, ha provocado que la penetración de las energías renovables en Canarias ascienda a un
ridículo 6%.
Ambas políticas son absolutamente criticables y contrarias al interés general de Canarias que va
perdiendo oportunidades para alcanzar el objetivo estratégico de lograr la máxima autosuficiencia
energética, sustentada en mayor medida sobre las energías renovables para lo cual nuestra tierra es
un auténtico paraíso.
En otro sentido, el debate sobre las prospecciones de petróleo ha atravesado toda
la legislatura. Tuvimos una posición clara: que era una decisión que correspondía a las
instituciones y al pueblo de Canarias. Defendíamos y defendemos que esta tierra se vuelque en las
energías renovables para las que tiene las mejores condiciones a nivel mundial.
Ese debe ser el camino y no el de la implantación de un nuevo combustible fósil, el gas, que
contamina, genera dependencia hacia el exterior y bloquea y limita el crecimiento de las renovables.
Exigimos al Gobierno que paralice la aprobación por decreto de las Directrices
de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE). Abriendo un profundo debate social y que
este concluya con un gran pacto basado en las energías renovables tiene condiciones excepcionales.
RESIDUOS
Canarias ocupa el segundo puesto en generación de residuos por habitante y día. Y es, también, la
Comunidad Autónoma que elimina sin reciclar el mayor porcentaje de sus basuras.
En las directrices de ordenación se señalan entre los objetivos prioritarios en este ámbito: reducir la
producción de residuos; incrementar su reutilización y reciclaje; minimizar los rechazos destinados a
vertederos; maximizar su valorización; asegurar el adecuado tratamiento de los diferentes tipos de
residuos que se producen en las islas; establecer los requerimientos territoriales de las distintas
instalaciones para la gestión de residuos; y hacer efectivo el principio de quien contamina, paga. Objetivos
que, plenamente, compartimos.
Nueva Canarias está convencida de que hace falta una nueva política preventiva y eficiente en la
gestión de los residuos. En este sentido, apostamos por una gestión de los residuos basada en criterios de
prevención, recogida selectiva así como recuperación y reciclaje.
NC se compromete a dar un impulso decidido a las políticas sostenibles de residuos que permitan
disminuir la producción de residuos, aumentar la recogida selectiva con el fin de acercarnos lo
más posible a la media de la OCDE del 30%, así como impulsar la transformación de los actuales
vertederos en modernos ecoparques.
Nueva Canarias
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Desarrollando, asimismo, los sistemas Integrados de Gestión de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, neumáticos, aceites y vehículos fuera de uso, con el fin de adaptarnos a la normativa europea
y de responsabilizar a productores y distribuidores en la recogida y tratamiento adecuado de dichos
residuos; impulsando el compostaje de materia orgánica en todo el Archipiélago; y promoviendo
la realización de campañas de comunicación gubernamentales sobre residuos de manera más intensa.
AGUA
Las claves pasan por la política de ahorro, reutilización, desalinización, tratamiento de aguas residuales y
recuperación de nuestros mermados acuíferos.
En Nueva Canarias continuamos apostando por recuperar nuestra cultura del agua, un bien finito y, a la
vez, frágil y que lo será más aún en el futuro. La gestión integral del agua es un problema que nos afecta a
todos y, por lo tanto es necesaria la sensibilización y la concienciación de todos a la hora de hacer uso de
ella para evitar dilapidarla.
Esto obliga a que el uso del agua haya de ser optimizado. Es imprescindible realizar una gestión eficiente,
mediante la introducción de técnicas de ahorro de agua y de fomento de la reutilización planificada del
recurso.
Entre otras medidas, seguiremos aplicando y desarrollando las actuaciones previstas en los Planes
Hidrológicos Insulares. Proponemos, por otra parte, una estructura de tarifas en función del uso y la
cantidad consumida. Los consumos básicos han de estar subvencionados, los suntuarios penalizados.
Igualmente, planteamos un Plan de ahorro y eficiencia de la gestión del agua, fomentando el uso de las
mejoras tecnológicas que permiten ahorros significativos (dispositivos de fontanería ahorradores, sistemas
eficientes de riego, etc.) a nivel doméstico, en el sector servicios y en el industrial. Y generalizar lo más
rápidamente posible medidas de ahorro en el consumo de agua en los edificios e instalaciones
públicas. Proponiendo, asimismo, incentivos en las tarifas a aquellas instalaciones turísticas o industriales
que acrediten una mejora en el uso eficiente del agua.
Así como potenciar la sensibilización de la ciudadanía sobre el valor del agua y su coste ambiental,
energético y económico; preservar los ecosistemas y paisajes asociados a la presencia del agua,
manteniendo el caudal ecológico; y recuperar y mantener la buena calidad de las aguas, maximizar el
empleo de las aguas residuales, convenientemente tratadas, e incentivar la articulación insular de las redes
de reutilización de aguas. Así como estimular, como recomiendan las directrices, la promoción y gestión
supramunicipal de las instalaciones de tratamiento de las aguas, mediante mancomunidades, consorcios o
empresas insulares, como ya venimos haciendo en la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria.
Nueva Canarias, como ha expresado de forma reiterada, defiende la gestión pública del agua, frente al
fracaso de las privatizaciones en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
BIODIVERSIDAD Y PATRIMONIO NATURAL
Biodiversidad
Frente al discurso medioambientalista del Gobierno CC-PSOE su práctica ha sido bien distinta. Nueva
Canarias apuesta decididamente por la potenciación de nuestro patrimonio natural y su biodiversidad. La
mayor riqueza natural de Canarias es su biodiversidad, representada por casi 12.000 especies de animales,
plantas y hongos, de las que más del 30% son endémicas. Nuestra Comunidad es una de las que cuenta con
mayor diversidad biológica de todo el planeta y es un centro de endemismos vegetales de interés mundial.
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La conservación y gestión sostenible de la biodiversidad de las Islas es un objetivo que debe inspirar el
conjunto de intervenciones públicas.
Justo lo contrario de lo que han hecho los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, manteniendo la
Ley 4/2010 del Catálogo Canario de Especies Protegidas e incumpliendo su compromiso de proceder a su
revisión.
Esta Ley no tiene otro objetivo que poder descatalogar los sebadales de Granadilla y facilitar la
construcción del puerto que allí se pretende.
Propondremos la reforma de esta Ley y la elaboración de un nuevo Catálogo sustentado en informes
técnicos y científicos, de forma que efectivamente se proteja nuestra biodiversidad y, especialmente, las
especies amenazadas.
Con un planteamiento más ambicioso, también impulsaremos la elaboración y aprobación de la Ley de
Biodiversidad de Canarias, que sirva de instrumento de defensa de este importantísimo recurso natural y
que lo declare de interés público de acuerdo con el Convenio internacional sobre conservación de la
Biodiversidad suscrito por la Unión Europea y el Estado español. También defenderemos medidas de
control riguroso y específico de la introducción de especies exóticas en el Archipiélago.
Entendemos que la biodiversidad no solo es un recurso pasivo que debemos proteger sino que también
ofrece unas grandes potencialidades como recurso económico que debemos aprovechar fomentando las
investigaciones básicas y aplicadas en múltiples campos (usos de productos naturales, biofarmacia, etcétera).
Patrimonio natural
También propondremos la elaboración y aprobación de los Planes de Uso y Gestión de todos los
Espacios Naturales Protegidos, promoviendo la máxima participación social y en el caso de los espacios
habitados, como los Parques Rurales, diseñando estrategias compartidas con la gente que vive en dicho
territorio, de forma que supongan elementos de dinamización económica de las zonas rurales, al mismo
tiempo que ecológicamente sostenible, superando antagonismos entre desarrollo económico y protección
de la naturaleza.
Asimismo, trabajaremos para recuperar, conservar y extender el cultivo de las variedades agrícolas locales
y las razas autóctonas de ganado como elementos de la biodiversidad agroganadera isleña. E impulsaremos
programas de conservación de la biodiversidad urbana y de las zonas agrícolas periurbanas.
La defensa de nuestro patrimonio natural también incluye hacer frente a los procesos de desertización que
sufren algunas de nuestras islas, como consecuencia de la deforestación y el abandono de la actividad
agrícola. Defendemos políticas intensivas de repoblación forestal, con especies adecuadas a cada
entorno, así como medidas de ayuda para los productores de cultivos agrícolas extensivos. Estas medidas
permiten la conservación de la cubierta vegetal, reducen los procesos de erosión, facilitan la infiltración del
agua de lluvia y la recarga del acuífero, así como la mejora del paisaje.
Cambio climático
Recuperación de la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático con el fin de reducir el
conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% el 2020 y 80% el 2050, dotando a la
Agencia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático de medios y presupuesto necesarios para coordinar
transversalmente dicha estrategia, fomentando los procesos productivos bajos en carbono en los servicios,
la industria, el transporte y la agricultura generando menos residuos.
Nueva Canarias
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Reducir las emisiones en los sectores difusos (agricultura, construcción, servicios, movilidad, residuos,
instituciones y ciudadanía) por medio de acuerdos sectoriales y una fiscalidad verde.
Modificaremos el Catálogo de Especies Amenazadas que ha reducido la protección de 290 especies y ha
desprotegido directamente a otras 29, eliminando el disparate legal que ha supuesto la creación de la
categoría “especies de interés para los ecosistemas canarios”.
Defensa de los animales
Aprobaremos un Plan Director de Gestión de los centros de recogida de animales abandonados o
perdidos con los recursos suficientes.
Apoyaremos a los municipios para el ejercicio de las competencias en relación con la aplicación de la ley y
las ordenanzas municipales para la recogida de animales, control de la exposición de los animales en los
escaparates y el control del bienestar de los animales de su municipio.
Elaborar un Plan de Revisión de todos los zoológicos y parques temáticos con animales de Canarias, con el
objetivo de mejorar el bienestar de los animales y garantizar su función educativa, de sensibilización y
protección de la naturaleza y biodiversidad. Se impulsará la adaptación de estas instalaciones para que
prioricen la conservación de especies en peligro de extinción y actúen como centros de rescate de
animales salvajes.
Revisar y velar porque se cumplan las directivas europeas sobre bienestar de los animales de producción,
erradicando los métodos crueles y reforzando las medidas de inspección y vigilancia, controlando el
transporte en condiciones y el sacrificio de manera indolora y de acuerdo con la normativa.
Apoyaremos las campañas de divulgación e informativas realizadas por las organizaciones de defensa de los
animales, reconociendo su valor social y educativo.
B- POLÍTICAS SECTORIALES
PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE
Una pieza clave para el desarrollo sostenible de nuestro Archipiélago es la forma en que deseamos
ocupar y preservar nuestro territorio. La fragilidad de los sistemas insulares nos obliga a ser responsables
y no hipotecar el bienestar de las generaciones futuras.
Las vigentes Directrices de Ordenación General, aprobadas por unanimidad del Parlamento en abril de
2003, en relación al territorio, apuestan por la conservación de los recursos naturales y de los suelos de
interés agrario, litorales y de valor paisajístico, considerándolos como recursos estratégicos para el
desarrollo económico, la cohesión social y para nuestra identidad como pueblo. Y en cuanto al urbanismo
en las ciudades, promueve el ahorro en el consumo de suelo y la reutilización del suelo urbanizado,
impidiendo la extensión y la dispersión residencial y desarrollando políticas activas de suelo y vivienda.
Nueva Canarias comparte estos principios que informan las Directrices y estamos convencidos de que es
posible, necesario y deseable combinar la protección del territorio y de los recursos naturales con el
fomento de las actividades económicas necesarias para crear empleo y riqueza.
En la última década hemos vivido un proceso de desregulación en materia de medio ambiente y protección
del territorio, cediendo el Gobierno a presiones de minorías empresariales.
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Se inició con la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y para la Dinamización
Sectorial y la Ordenación del Turismo, en la pasada legislatura (2009), con el Ejecutivo CC-PP. Continuó con
la Ley de Modernización y Renovación Turística y con las leyes de Armonización y Simplificación Territorial
(2014) y la de Inversiones Estratégicas (2015), con el Gobierno CC-PSOE, así como con la modificación de
la Ley Turística en abril de 2015, finalizando la legislatura.
Nueva Canarias se vio obligada a presentar una enmienda a la totalidad a la Ley de Armonización y
Simplificación del Territorio y de los Recursos Naturales, que supone una apuesta por la desregulación y que
sustituye la planificación urbanística por un urbanismo de proyectos. Se trataba de una demostración de que
el actual Ejecutivo CC-PSOE continúa en igual línea que el anterior CC-PP de acabar con el consenso a la
hora de abordar estas leyes fundamentales para Canarias.
El conjunto de modificaciones legales, impulsadas por CC con el PP o el PSOE, tienen en común su afán
desregulador, la ruptura del consenso que siempre se había dado en materia de legislación medioambiental y
territorial y la discrecionalidad/arbitrariedad del Gobierno en la toma de decisiones.
Frente al discurso medioambientalista que el Ejecutivo ha puesto en primer plano en la oposición a las
prospecciones petrolíferas, la práctica ha sido bien distinta.
Y con graves incumplimientos, como las de no proceder a la revisión de la Ley del Catálogo de Especies
Naturales.
No ha sido la regulación la que ha impedido las inversiones. Con un marco regulatorio menos laxo se
produjo un boom de las inversiones privadas y el continuo crecimiento económico de Canarias entre 1993
y 2008, año este último en que aparecen los efectos de la crisis económica que sufrimos en toda su
intensidad.
Con una regulación más exigente que la actual no había barranco o playa sin grúas. Y, en lo público, se
hicieron carreteras, puertos, hospitales o centros de salud; ahora hay carreteras paralizadas, hospitales con
sus obras sin terminar o colegios que son solo futuribles
Pretenden intencionadamente echar la culpa al sector público. Pero las razones de la retracción de las
inversiones, privadas y públicas, se encuentran fundamentalmente en la crisis, la falta de crédito, la caída de la
demanda y los recortes; y no, como plantean, el marco regulatorio.
Consideramos, en este sentido, que hay que simplificar y adecuar la legislación territorial, pero sin proceder
a la derogación de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, como algunos sectores
liberales están proponiendo, ni a desregulaciones suicidas que pondrían en peligro uno de nuestros
principales patrimonios: el territorio y el medio ambiente privilegiado que poseemos. Por tanto, cualquier
reforma debe partir de la reafirmación de la ordenación del territorio como función pública, es decir, como
un campo en el que deben tener una importante presencia las administraciones públicas.
Es necesario un Pacto por el Territorio y volver a la senda del consenso y, si es posible de la unanimidad
parlamentaria, en la reforma de las leyes territoriales en vigor, como se hizo con la Ley de Espacios
Naturales, la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de Directrices. Este consenso sólo ha sido roto
por los dos últimos Gobiernos: CC-PP y CC-PSOE.
Proponemos que exista una delimitación competencial más clara: la competencia territorial debe
residenciarse fundamentalmente en los cabildos. Los Planes Insulares de ordenación (PIO) deben ser el
instrumento fundamental de la ordenación del territorio y de los recursos naturales de cada isla. Los
Nueva Canarias
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ayuntamientos son responsables de la elaboración de sus Planes Generales de Ordenación. Y la legislación
básica la elabora el Parlamento.
También defendemos una COTMAC, como organismo suprainsular de control de la legalidad que, con
participación de Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos y representantes de la ciudadanía, vele
por la legalidad y evite interpretaciones diversas y contradictorias de la legislación territorial y urbanística
en los distintos planeamientos insulares y municipales.
TURISMO
Las Directrices de Ordenación del Turismo, aprobada unánimemente por el Parlamento canario en 2003,
tienen por objeto “inducir el cambio de los modos de producción y gestión de la oferta turística hacia un
modelo de desarrollo turístico diversificado, diferenciado, competitivo y sostenible, que cubra las
necesidades actuales de los turistas y de la sociedad canaria, protegiendo y mejorando las perspectivas de
futuro, y que proyecte una imagen de integración de la gestión de todos los recursos, de modo que queden
cubiertas las necesidades económicas, sociales y estéticas, manteniendo al mismo tiempo la identidad
cultural, el paisaje, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas vivos”.
Entre sus criterios básicos se encuentran:
a) La fijación de los límites razonables de crecimiento turístico y los aplicables a la clasificación y
calificación del suelo turístico sobre la base de unos parámetros de calidad basados en los niveles de
infraestructura y la conservación del patrimonio natural, cultural y del paisaje insular, teniendo presente la
escasez de los recursos naturales, la fragilidad de los ecosistemas insulares, la evolución económica de cada
isla y las expectativas sociales y laborales de la población.
b) El fomento de la renovación y sustitución de la planta alojativa inadecuada y la regeneración de la ciudad
turística degradada.
c) La primacía de la calidad sobre el crecimiento cuantitativo y la orientación de la actividad turística hacia
los sectores más rentables, que comporten el incremento de la productividad por gasto, especialización y
duración de la estancia, así como la creación de una oferta multitemática, diversa y amplia”.
Doce años después se han producido numerosos incumplimiento y una parte de las tareas planteadas por
las directrices están lejos de haberse cumplido, como sucede con la renovación de la planta alojativa
obsoleta y la renovación de las ciudades turísticas, así como las vinculadas a los procesos de regulación de
las camas ilegales.
En el período reciente hemos vivido años de crecimiento en la llegada de visitantes que no han tenido
suficiente reflejo en el empleo. Pero ha supuesto el último año 13.900 millones de ingresos y ha sido el
sector que mejor ha resistido a la crisis.
Las distintas leyes impulsadas por este Gobierno han ido eliminando de hecho los límites al crecimiento de
las camas turísticas. Instalando una especie de barra libre al gusto de los sectores más neoliberales. Y a pesar
de la buena voluntad expresada por las leyes no se ha avanzado suficientemente en renovación.
Creemos que hay que moderar el crecimiento de nueva planta alojativa. En este sentido somos
partidarios de límites cuantitativos y cualitativos del crecimiento alojativo con respeto al
modelo turístico de cada isla, con respeto al medioambiente y teniendo en cuenta lo que supone en
servicios e infraestructuras, en consumo de agua, de energía o generación de residuos.
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Por eso también somos firmes defensores de la necesidad de involucrar a las administraciones públicas en
las tareas de la rehabilitación de la ciudad turística que acompañen a la renovación de los establecimientos
turísticos privados.
El sector turístico va a seguir siendo nuestro motor económico porque se apoya en una
demanda de ocio que es creciente a nivel mundial, porque tenemos una gran ventaja natural en
nuestro clima y porque es intensivo en mano de obra. Pero es necesario mejorar su competitividad
haciendo frente a la creciente obsolescencia de infraestructuras y del parque alojativo.
Para lograrlo hay cuatro tareas irrenunciables: la rehabilitación de la ciudad turística, la
renovación de la planta alojativa, la diversificación de los servicios complementarios
al alojamiento y la formación del personal. Se trata de que el turismo, sin incrementar la presión
sobre el territorio, produzca mayores beneficios económicos, más y mejor empleo y mayor nivel de gasto.
Aumentando el valor añadido por visitante antes que persistir en el incesante incremento del número
de turistas, no permitiendo que se clasifique ni un metro más de suelo para uso turístico.
Para ello es muy relevante avanzar en la diferenciación del destino Canarias (cultura, gastronomía, actividad
deportiva…) haciéndolo menos dependiente de las coyunturas internacionales y menos limitado al turismo
de sol y playa.
Otra tarea fundamental es lograr una mayor conectividad aérea del Archipiélago con el resto
del mundo, incrementado las ofertas y frecuencia de vuelos con los destinos turísticos tradicionales y
estableciendo nuevas rutas de acceso a países emisores con potencial turístico emergente. Así como
manteniendo las bonificaciones de las tasas aéreas en el Archipiélago aprobadas por el Gobierno
central, tal como señala el artículo 4.4 de la Ley 19/1994 del REF.
También hay que potenciar la comercialización directa de nuestra oferta alojativa con los clientes de los
países emisores a través de internet y las nuevas tecnologías con el fin de disminuir el enorme peso que
tiene en Canarias la contratación del paquete turístico con el touroperador y concertar mejores precios.
Además, es necesario realizar una acertada política de promoción del destino, coordinando los esfuerzos y
recursos de las distintas administraciones implicadas y los operadores privados.
Sobre la Ley de Renovación y Modernización Turística de marzo de 2015
En relación con nuestro modelo turístico, Nueva Canarias ha enmendado ala totalidad la reforma de la Ley
2/2013 de Renovación y Modernización Turística, impulsada por el Gobierno CC-PSOE, al considerar que
pone en peligro el futuro turístico de Canarias. Se vuelve al fracasado modelo de la oferta masificada y sin
cualificación. Sin límites para la construcción de hoteles comprometemos la calidad de la oferta y
debilitaremos los procesos de renovación del destino turístico de Canarias.
Con esta PL del Gobierno de CC y PSOE, “se eliminan las limitaciones aún vigentes” a la construcción de
nuevos establecimientos alojativos turísticos. En la práctica, se deroga lo poco que quedaba de la
popularmente conocida como “moratoria” turística.
Se pone así en peligro el éxito futuro de Canarias, como uno de los principales destinos turísticos
europeos, al volver al fracasado modelo del incremento de camas en lugar de primar la renovación
continuada de la oferta y la ampliación de la oferta complementaria al alojamiento, destacando los
atractivos y singularidades de las Islas.
La Ley de Renovación ya supuso permitir sin límite tanto los hoteles de cinco estrellas como las villas
turísticas, en el caso de estas últimas sin solicitar requisito de calidad alguno. Ahora, al margen de su
Nueva Canarias
!
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categoría, se amplía la autorización para construir cualquier establecimiento, sin tener en cuenta la
categoría.Y con absoluta discrecionalidad decisiva por parte del Gobierno.
Con este planteamiento, el Ejecutivo acaba con las actuales y parciales limitaciones existentes para la
construcción de plazas turísticas de nueva planta, con el añadido de que sean de calidad y ecoeficientes,
atributos que hoy se le supone a cualquier alojamiento turístico de nueva creación. Ya reglados en
normativas estatales y canarias.
La nueva ley establece dos caminos diferentes para conceder la autorización a un nuevo establecimiento
alojativo: primero, el ya conocido de 5 estrellas y villas sin límite alguno; y ahora, en el caso de una
instalación de categoría inferior a 5 estrellas -también sin limitaciones-, su autorización depende, hasta la
elaboración del Reglamento, de la decisión completamente discrecional del Gobierno, sin que se establezcan
criterios objetivos definidos para tomar esta decisión, pues parece evidente que si cumpliera la normativa
de estándares turísticos y de estándares edificatorios debería concedérsele automáticamente.
El Gobierno CC-PSOE ha cedido a las presiones del PP y minoritarios sectores empresariales partidarios
de desregular la actividad turística y que achacan en exclusiva la falta de dinamismo de la economía canaria a
la ‘maraña legislativa’ y al excesivo intervencionismo de las administraciones públicas sobre el libre
funcionamiento del mercado. Algunos olvidan demasiado pronto que la crisis que aún padecemos la ha
producido ese ‘mercado libre’ que supuestamente sabía autorregularse y que generó la burbuja financiera e
inmobiliaria que arruinó a tantos países, a tantas empresas y a tantas personas.
Somos favorables a una regulación del sector turístico y rechazamos los cantos de sirena de los
desreguladores. Creemos que es necesario hacer ‘buena regulación’ poniendo en primer plano la defensa
del interés general.
Creemos que hay que moderar el crecimiento de nueva planta alojativa orientando una parte de las
inversiones empresariales hacia la renovación. Somos partidarios de límites cuantitativos y cualitativos del
crecimiento alojativo con respeto al modelo turístico de cada isla. Y, al tiempo, firmes defensores de la
necesidad de involucrar a las administraciones públicas en las tareas de la rehabilitación de la
ciudad turística que acompañen a la renovación de los establecimientos privados para mejorar la
competitividad de nuestro destino.
La Memoria de Evaluación de la Ley de Renovación, presentada en el Parlamento canario en octubre de
2014, realiza una estimación de la necesidad de inversión pública en el espacio público turístico y sitúa la
inversión necesaria para estas actuaciones en 1.463 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno canario
tiene presupuestado en el año 2015 para esa tarea de rehabilitación de núcleos turísticos sólo 15 millones
de euros. En cien años lograría el objetivo.
La rehabilitación de las ciudades turísticas es esencial. Y coadyuva a que el sector privado desarrolle la de
los establecimientos turísticos, favorecidos por un entorno más atractivo y competitivo.
Por esta razón, NC ha presentado una Proposición de Ley para el establecimiento de una tasa turística (1
euro por visitante y día). Un tributo que pagarían nuestros visitantes, como sucede en muchas zonas
turísticas consolidadas del mundo, y cuya recaudación se destinaría al fomento de la rehabilitación de las
infraestructuras públicas turísticas y que estimamos puede suponer entre 70 y 100 millones anuales
dependiendo del tipo de gravamen.
Una rehabilitación que contribuiría, además, a la generación de empleo directo y a la activación del sector
de la construcción; que permitiría afrontar la renovación de las ciudades turísticas, la mejora de la
competitividad del destino, el impulso del turismo sostenible, responsable y de calidad, así como la
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promoción exterior, que son algunas de las tareas pendientes, junto con la imprescindible diferenciación del
producto Canarias
Algunos niegan esta opción asegurando que distorsionaría la demanda. Olvidan que en 2012, en plena crisis,
el Gobierno estatal del PP subió un 43% el IVA turístico (del 7 al 10%) y que el Ejecutivo canario CC-PSOE
lo hizo en un 40%, elevando del 5 al 7% el IGIC turístico, Aumentando los precios mucho más de lo que
supondría la tasa. Y ese 2012 y los siguientes han sido años de continuos récord en la llegada de turistas y
en el gasto de los mismos.
En definitiva, en NC seguimos defendiendo los límites cualitativos (mínimo cuatro estrellas) y cuantitativos
al crecimiento en función del modelo turístico de cada isla, además de impedir la clasificación de nuevo
suelo para uso turístico. Apostando por la renovación, la diferenciación del destino Canarias, la mejora de la
conectividad y la rehabilitación de las ciudades turísticas.
Oferta alojativa irregular
La casuística de la oferta irregular es tan compleja que se necesita abordar este asunto con una ley
específica. Por eso, en el debate parlamentario de la Ley de Renovación y Modernización Turística,
propusimos una nueva Disposición Transitoria, que fue rechazada “la regularización y control de la oferta
alojativa”. En ella se mandata al gobierno a hacer un informe en un año para estudiar la oferta alojativa
irregular, no reglada e ilegal y presenta un Proyecto de ley que la intente regularizar o eliminar dotando al
departamento competente con más instrumentos materiales y humanos.
Con ello reiteramos lo que ya la Ley de Directrices del año 2003 mandataba al Gobierno sobre este tema.
Así, la Directriz 32.2 señalaba: “La consejería competente impulsará la regularización de la oferta, mediante
el perfeccionamiento de la regulación, la eliminación de la oferta ilegal y no reglada, y el establecimiento de
un sistema de seguimiento y control eficaz y suficientemente dotado de medios legales, materiales y
humanos”.
Se estiman en más de 100.000 las plazas que se encuentran en esta situación en las Islas. Es evidente que
en los últimos años nada se ha avanzado para frenar este fenómeno y, visto que finalmente apenas se
aborda en la Ley y se rechazó nuestra propuesta, tampoco parece que se vaya a controlar en los próximos
años.
COMERCIO
Canarias cuenta con un importante tejido comercial, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, que
emplea a decenas de miles de personas y que da respuesta a las necesidades de consumo de su
población. El sector ha sufrido importantes cambios en la última década, por la implantación de grandes
cadenas de distribución, y por las modificaciones en los hábitos de consumo. Se trata de un sector
estratégico, tanto por su importante peso en la generación de riqueza y empleo, como por su relevancia a
la hora de articular de manera sostenible nuestros barrios, ciudades y pueblos.
Para los pequeños comerciantes de las islas, en buena parte organizados en empresas de carácter familiar, a
la complicada competencia con las grandes superficies se suma la dificultad añadida de la elevación de
costes que supone el transporte a Canarias de los productos. Y, por el contrario, la ventaja de que sus
clientes potenciales no sólo son los residentes sino los millones de turistas que nos visitan anualmente.
Uno de sus retos es la modernización de sus empresas, adaptándolas y renovándolas de acuerdo con los
nuevos tiempos, para hacerlas realmente competitivas y atractivas para los consumidores. Impulsando,
asimismo, las zonas comerciales abiertas y el comercio de proximidad.
Nueva Canarias
!
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Por ello, proponemos que las administraciones públicas deben hacer los esfuerzos necesarios para apoyar
al pequeño comercio y favorecer en las comarcas y municipios las condiciones que permitan
alcanzar un nivel adecuado de equipamiento comercial en el que se garantice la armonización de los
intereses generales de la población con los intereses de los comerciantes y sus trabajadores, para que estos
puedan conciliar su vida laboral y familiar, y para que el pequeño comercio no sea barrido por las grandes
empresas con las que no puede competir en este y otros ámbitos.
Además, debido a la importancia de los comercios tradicionales en los núcleos urbanos el planeamiento
general deberá analizar la estructura comercial del municipio y establecer determinaciones zonales para
las diferentes categorías de establecimientos. En particular, proponemos que se establezcan medidas
para fomentar la recuperación, mantenimiento y promoción del comercio tradicional en los centros
urbanos y, especialmente, en los conjuntos históricos.
Industria
En el modelo económico canario el sector industrial tradicional ha tenido poco peso como consecuencia
de la fragmentación del mercado, escasez de materias primas, altos costes de la energía y los costes del
transporte.
Aún cuando esas dificultades siguen existiendo es preciso tomar medidas que hagan que el sector industrial
incremente su aportación al Producto Interior Bruto (PIB), especialmente en el ámbito de las industrias de
alto valor añadido. No podemos entender un modelo económico sostenible sin un dimensionado sector
industrial que signifique una cierta diversificación económica y que contribuya a dar peso a los sectores
productivos en relación a los servicios.
En términos generales la industria canaria es de dimensión reducida y está destinada al mercado
insular. Los subsectores más relevantes de nuestra industria son: producción eléctrica, refino de
petróleo y agua, industria agroalimentaria, tabaco, la industria auxiliar de la construcción y papel y artes
gráficas.
Consideramos que se han cometido muchos errores en el período reciente:
• El Gobierno ha abandonado, en la práctica, los objetivos fijados en la Estrategia de Desarrollo Industrial
de Canarias 2009-2020 (EDIC), aprobada en junio de 2009 por el Parlamento canario.
• En los Presupuestos canarios para 2015, el conjunto de los programas referidos al
sector industrial se reducen en 1,1 millones de euros (-10,0%), siendo el programa 421B
“seguridad industrial y minera” el que más disminuye, concretamente se reduce en 3,1 millones (-76%).
• Otro ejemplo del olvido del sector industrial es que la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3)
de Canarias 2014-2020, aprobada en el pleno del 12 de marzo de 2014, no tiene nada que ver con la
Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, hasta el punto que ni la nombra.
• El Gobierno debe poner a disposición suelo industrial barato y cualificado. Y agilizar el desarrollo de los
tres parques tecnológicos previstos (en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura) con los 150 millones
que ha ido transfiriendo el estado para este fin, una de las pocas concreciones de fallido Plan Canarias
del Gobierno de Zapatero. Así como facilitar las transferencias de I+D al sector.
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SECTOR AUDIOVISUAL
El desarrollo de una industria audiovisual propia es un asunto estratégico de suma importancia para
Canarias. Por motivos culturales, al convertirse el audiovisual en la expresión creativa que mayor impacto
produce en la generación de referentes culturales e identitarios en las sociedades modernas.
Y por razones económicas, pues su desarrollo supondría una importante contribución a la modernización y
diversificación de la economía canaria, al tiempo que mejoraría la proyección internacional del Archipiélago.
En mayo de 2009, el Parlamento canario, mediante una Proposición no de Ley (PNL) aprobada por
unanimidad, declaró el audiovisual como sector estratégico e instó al Gobierno a su desarrollo y
consolidación. En los últimos años, el Ejecutivo ha dispuesto de herramientas y oportunidades para propiciar
el desarrollo del sector. Pero las ha desperdiciado, con consecuencias nefastas para el sector, para las
empresas, para los profesionales y para Canarias en general.
En NC, hacemos nuestras las recomendaciones ya reflejadas en el Libro Blanco del Sector Audiovisual, en la
referida PNL del Parlamento canario o, incluso, en el último informe de perspectivas económicas de la
Confederación Canaria de Empresarios. Consideramos fundamental la implicación de las televisiones
públicas y privadas en el desarrollo y potenciación del audiovisual canario.
Medidas imprescindibles son el apoyo a las inversiones en infraestructuras y tecnología como
elemento esencial para mejorar la calidad de las producciones y la competitividad de las empresas; el
fomento de la producción y de la creación de obra audiovisual, con líneas de apoyo financiero que
aumenten la cantidad y la calidad de las producciones. Mayor y mejor aprovechamiento de los
mecanismos de apoyo a la PYME canaria ya existentes; y el apoyo a la promoción exterior, la
distribución y la comercialización de la producción y los servicios audiovisuales de Canarias.
Igualmente, proponemos el fomento de la I+D+i y el acercamiento entre centros de investigación y
empresas; el fomento de la clusterización en el sector (agrupación de empresas innovadoras con ánimo
de mejorar su competitividad); y la preservación y conservación del patrimonio audiovisual canario,
dotando a la Filmoteca de Canarias de los recursos humanos y materiales precisos para la consecución de
este objetivo.
Una RTVC profesionalizada y plural
En relación con la radio televisión canaria continuamos insistiendo en la necesidad de su democratización
para convertir este potente instrumento de comunicación y divulgación entre nosotros en garante de la
pluralidad informativa, para lo cual es determinante la profesionalización de su gestión, que ha de ser
independiente de los intereses del Gobierno de turno.
Es por ello que hemos defendido la nueva Ley de la RTVC aportando enmiendas al texto por considerar
que se trata de un paso relevante para mejorar su calidad y lograr su necesaria independencia y pluralidad.
Hemos lamentado, y actuado en consecuencia, la perversión del espíritu de esta nueva Ley al tratar de
imponer el resto de las fuerzas políticas del Parlamento canario un Consejo Rector que lejos de primar la
profesionalidad de sus miembros ha priorizado las cuotas partidarias.
Anunciamos oportunamente y en ello nos mantenemos que Nueva Canarias no va a asistir en silencio a
esta perversión de la Ley, por lo cual actuaremos con todas las herramientas a nuestro alcance para evitar
las maniobras contra la profesionalización de este importante servicio público.
Nueva Canarias
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SECTOR PRIMARIO
La importancia que los nacionalistas otorgamos al sector primario va mucho más allá de su valor
económico, que lo tiene. También es un instrumento esencial para la conservación y promoción de nuestro
territorio y de nuestros valores identitarios y culturales, a todas luces esenciales para Nueva Canarias.
El sector primario tiene una serie de debilidades estructurales y de producción que dificultan su
competitividad (escasez de suelo y de agua, pequeña dimensión de las parcelas, especialización en
pocos productos, bajo grado de autoabastecimiento y fuerte dependencia del exterior, etc.), pero su
importancia no puede ser medida sólo en términos económicos, en cuanto a su aportación al PIB canario,
sino por su papel en la producción de alimentos frescos, disminuir la dependencia alimenticia del
exterior, fijar la población rural y la conformación de nuestro paisaje, así como por mantener los suelos
frente a la erosión.
Canarias necesita políticas específicas y suficientes de la Unión Europea y del Estado español para paliar la
desventaja estructural permanente derivada de la lejanía e insularidad.
En Canarias se detectan muchos vegetales y productos vegetales cuya introducción está prohibida,
originando graves consecuencias para nuestros cultivos, daños irreparables para el ecosistema y una
disminución importante de los rendimientos e ingresos económicos de los agricultores. La asunción de
competencias a Canarias en el control fitosanitario de puertos y aeropuertos es una prioridad para NC,
así como la implementación de medidas efectivas para el control de la importación ilegal de productos
agrarios.
Desde el Gobierno no se atiende con el empuje necesario la crisis que atraviesa el subsector del tomate:
no se aplican las ayudas contenidas en el Plan Estratégico del Tomate de Exportación aprobado en 2008.No
se ha cumplido con las ayudas del POSEI adicional (ayudas de estado).
Solicitamos que las ayudas comprometidas en el POSEI Adicional y no abonadas íntegramente desde el año
2010 al 2013 al sector del tomate, ganadero y viticultor sean consideradas una deuda pendiente y sean
pagadas en los próximos años. Y que se adelante el pago de ayudas POSEI comunitarias para todos los
sectores agroganaderos como se hace con el plátano.
Nos parece equivocada la reducción de la cofinanciación al Programa Desarrollo Rural-FEADER 2007-2013
solicitada por el Ejecutivo canario en el año 2009.
El Gobierno ha fracasado en regularizar las explotaciones ganaderas de las Islas que se comprometió en el
artículo 5 de la Ley de Medidas urgentes.
Además, es necesario impulsar la mejora de los canales de comercialización de la producción agroganadera
isleña, para reducir los costes de intermediación y llegar a los consumidores en las mejores condiciones
de precios posible. En este sentido proponemos propiciar modelos de contratos-programa entre
productores agrarios, administraciones y agentes comercializadores de las comarcas para favorecer la
producción local y el consumo alimentario de proximidad. También defendemos fomentar la diferenciación
del producto local ante los consumidores (denominaciones de origen, indicaciones geográficas, sellos de
calidad…) para facilitar su elección de compra de los alimentos locales.
El futuro de la ganadería en Canarias pasa por incrementar las ayudas al transporte desde la Península a las
Islas de productos para la alimentación del ganado. Habilitar polígonos ganaderos de medianas dimensiones
y reconocerlos de forma expresa en las normas de ordenación del territorio y desarrollar la normativa,
que permita legalizar explotaciones, reubicar las que se han quedado enclavadas en núcleos de población o
26
permitir otras nuevas “vinculándolas a la actividad”, mediante la creación de polígonos ganaderos y granjas
modelos de reducidas dimensiones alejados de las poblaciones o incluso en suelos con bajo grado de
protección ambiental.
Como una medida transversal para todo el sector agroganadero defendemos una política activa de defensa
del suelo agrario en los distintos planes de ordenación del territorio. Se trata de lograr los compromisos
necesarios entre las administraciones autonómica, insular y municipal para conseguir planeamientos de
ordenación que faciliten y fomenten espacios dedicados a explotaciones agrícolas y ganaderas,
favoreciendo su implantación y desarrollo, así como la incorporación de nuevas generaciones.
También apoyaremos medidas destinadas a recuperar, conservar y extender el cultivo de las variedades
agrícolas locales y las razas autóctonas de ganado.
También proponemos impulsar un Plan Canario de Agricultura Ecológica, que tenga entres sus objetivos:
mejorar el nivel de conocimiento de los sistemas de producción ecológica y potenciar el asesoramiento, la
formación y el acceso de los agricultores jóvenes a la agricultura ecológica; potenciar una I+D específica en
este sector; eliminar las trabas burocráticas que dificultan su extensión y difusión entre los agricultores;
ecológicas;
promover
una
red
de
aplicar beneficios fiscales para la agricultura y ganadería
comercialización efectiva, campañas que fomenten el consumo de productos ecológicos, etc. El desarrollo
de una agricultura y ganadería ecológicas generará un valor añadido que le permitirá competir con los
productos de importación.
PESCA
Tras la pérdida del caladero Canario-Sahariano, la actividad pesquera se ha centrado fundamentalmente en
la flota artesanal de litoral, produciéndose el efecto negativo de sobreexplotación de las ya menguadas
costas canarias. NC plantea incentivar políticas que protejan y recuperen paulatinamente el sector.
Siguiendo dos líneas estratégicas principales: potenciar el sector pesquero artesanal y desarrollar las
tecnologías de cultivos marinos.
Hay que defender y proteger el sector pesquero artesanal de litoral. Potenciando las cofradías y la figura
del pescador profesional, evitando la pesca ilegal y la sobreexplotación, asegurando productos de consumo
de calidad. Impulsando la creación y protección de una red de reservas marinas en toda Canarias que
asegure la continuidad de las riquezas pesqueras del Archipiélago, protegiéndolas de la sobreexplotación.
Un ejemplo de los riesgos que afectan al sector es la inaceptable reducción de la cuota de capturas del atún
rojo, decidida por el Gobierno del PP y que NC continuará denunciando hasta su corrección otorgando la
cuota de captura que realmente nos corresponde, pasando del 2% actual al 10%.
Proponemos mantener las actuales ayudas europeas de compensación de los sobrecostes para la
comercialización de los productos pesqueros más allá de 2013 y revisarlas para ser completada por una
serie de medidas de apoyo a la producción pesquera y acuícola local. También es necesario adecuar la
infraestructura portuaria y refugios pesqueros existentes dotándolas de instalaciones frigoríficas
adecuadas, así como prorrogar las ayudas a la modernización de la flota.
Por último, hay que incentivar la piscicultura y la acuicultura, utilizando las mejoras tecnologías disponibles
y, preferentemente, potenciando los cultivos en tierra por los riesgos de contaminación que suponen las
jaulas marinas. Respecto a esta última actividad, con un gran potencial de desarrollo en las Islas, defendemos
la necesidad de establecer una adecuada planificación insular de la acuicultura que combine su implantación
Nueva Canarias
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con la protección de los ecosistemas marinos: aplicando el criterio de precaución; con respeto a los
espacios naturales y los ecosistemas sensibles; primando especies con un menor impacto ambiental;
minimizando la contaminación generada, evitando que su implantación perjudique otros sectores
como el turismo, etc.
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
Canarias necesita diversificar su economía fomentando nuevas actividades empresariales poco
consumidoras de suelo y de alto valor añadido. Desde NC impulsaremos programas que tengan como
objetivo la creación de empresas de base tecnológica e intensivas en conocimiento, como hemos expuesto
ampliamente en el apartado de I+D+i, que permitan la creación de empleos cualificados orientados a
titulados universitarios y especialistas de formación profesional y que fomente la cultura emprendedora e
innovadora.
Se trata de facilitar la emprendeduría especialmente en iniciativas logísticas y tecnológicas vinculadas a
Universidades y centros de investigación. Hablamos de empresas del sector de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones, industria audiovisual, actividades oceánicas y marinas, biomedicina,
biofarmacia, energías renovables, etc.
También es importante impulsar instrumentos financieros específicos para apoyar este tipo de empresas,
tales como desarrollar una oferta público-privada de Fondos de Capital Riesgo, Bonos de Innovación,
Préstamos participativos, Redes de Inversores Informales, etc.
C.- INTERNACIONALIZACIÓN DE NUESTRAS EMPRESAS.
El potencial económico que alberga Canarias y su situación geográfica debe conducirnos a una nueva forma
de entender las relaciones con los países de nuestro entorno, en la que debemos asumir un papel
protagonista en nuestra doble condición de vecinos y de frontera Sur de la Unión Europea.
Muchas de nuestras empresas tienen dimensión y estructura productiva suficientemente desarrollada
como para desempeñar una cierta función de liderazgo en la estrategia de penetración en África y otros
continentes en los que Canarias ha mantenido su presencia a lo largo de la historia.
Es necesario que Canarias se dote de una política definida de relaciones con los países del África
Occidental, de la Macaronesia y del Magreb, desde una actitud de cooperación y de ayuda al
desarrollo y también de internacionalización de nuestra economía facilitando la actividad exterior del
empresariado canario más emprendedor.
Además, cuando hablamos de mercados potenciales generalmente pensamos sólo en la exportación de
bienes, pero nos referimos poco a la exportación de servicios.
Desde el punto de vista de una estrategia de colaboración para el desarrollo, Canarias puede ser
considerada como un enclave fundamental. Hemos desarrollado tecnologías de producción
y
organización que pueden ser ofertadas a las economías emergentes, tanto en producción agrícola
(agua) como industrial y en la prestación de servicios.
Hemos desarrollado un “know-how‟ aplicado a nuestras condiciones, unas condiciones muy similares
a las que pueden darse en países como Marruecos, Cabo Verde y otros. De manera que estamos casi en
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mejor situación para exportar tecnologías y servicios que para la exportación de mercancías, sin perjuicio
de que las empresas canarias deberían volver la cara hacia el continente africano y de que se
potencie el comercio de reexportación.
Consideramos, asimismo, que la internacionalización de nuestras empresas es un factor de crecimiento
clave, por lo que se considera necesario configurar instrumentos específicos que procuren una apertura
hacia el exterior de las empresas canarias, lo que contribuiría a reducir nuestro déficit por cuenta
corriente, fomentaría la aplicación de economías de escala y coadyuvaría en el desarrollo de nuestra área de
influencia en el continente africano.
Para ello es especialmente necesario que se incentiven las conexiones de transporte aéreo y marítimo con
los países vecinos, en línea con lo expuesto en la Comunicación sobre las RUP COM (2012) 287 final, de
20.6.2012, relativo al “establecimiento de rutas aéreas y marítimas nuevas o más eficaces entre las regiones
ultraperiféricas y sus vecinos” incluyendo la posibilidad de “establecer requisitos de servicio para el
transporte similares a los de los contratos de obligaciones de servicio público con arreglo al derecho de la
UE”.
Esta idea es la que defendía el Informe Solbes sobre las RUP y que finalmente se incorporó en la
Comunicación COM (2012) 287 final: "Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una
asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador".
Nueva Canarias
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4. POTENCIAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Este ha sido un eje en el que hemos volcado gran parte de nuestra actividad política y parlamentaria.
Hemos defendido los servicios públicos de sanidad, educación y de servicios sociales para evitar el
deterioro de la cohesión en una sociedad con tan alto volumen de paro y pobreza. En este sentido, también
hemos defendido el mantenimiento del empleo público como forma de mantener la calidad de estos
servicios al mismo tiempo que se debe favorecer la eficiencia del sector público.
Junto al incremento del desempleo y la pobreza, las políticas neoliberales frente a la crisis han supuesto,
también, un ataque a los servicios públicos, que han visto reducidos drásticamente su presupuesto y su
personal. Lo que ha tenido enormes consecuencias en la sanidad, la educación o los servicios sociales,
deteriorando la cohesión social y reduciendo los niveles de equidad.
A lo largo de esta legislatura, nuestras enmiendas a la totalidad y parciales a los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias (PGCAC) de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, así como a la Ley de
Medidas Administrativas y Fiscales (2012) y a la Ley de Crédito Extraordinario al PGCAC de 2013, han ido
destinadas a incrementar las partidas de ingresos para poder elevar la financiación de estos servicios y
políticas públicas. El resto de los grupos prefirió la senda de la austeridad neoliberal que ha profundizado el
deterioro de lo público y contribuido a que la sociedad canaria sea hoy mucho más desigual e injusta.
La financiación autonómica que padecemos, gracias al acuerdo del PSOE estatal con el Gobierno de CC y
de PP en 2009, hace que Canarias se encuentre 800 millones de euros anuales por debajo de la media
estatal. Circunstancia que, junto a la orientación de extrema austeridad de las políticas económicas, ha sido
determinante en la descapitalización de la sanidad o la educación, con graves consecuencias para estos
fundamentales servicios públicos.
Estas políticas impuestas desde el Gobierno del PP y asumidas acríticamente por el Gobierno canario de
CC-PSOE han supuesto la desaparición de miles de puestos de trabajo como consecuencia de las
restricciones presupuestarias y de las inaceptables tasas de reposición de los trabajadores públicos.
Esto implica no solo una pérdida importantísima de recursos humanos cualificados sino un deterioro
profundo de los grandes servicios públicos que ven reducirse sus plantillas y empeorar las condiciones de
trabajo de sus profesionales, dificultando que puedan desarrollar sus tareas con eficacia.
Además, una dimensión de los grandes servicios públicos es su capacidad de generar empleo de
cualificación media y alta, un empleo decisivo para dar respuesta a la demanda ciudadana en servicios
públicos y la cohesión social, así como para evitar una mayor caída de los niveles de consumo.
EDUCACIÓN
Es preciso ofrecer una educación de calidad para toda la ciudadanía a lo largo de la vida. Garantizando la
equidad y la excelencia como fundamentos de la cohesión social y del progreso individual y colectivo.
Formando ciudadanos y ciudadanas responsables y profesionales competentes. Reconociendo la labor
docente. Entendiendo que educar y formar no es un gasto sino una inversión.
El logro del éxito educativo (académico, personal, social y profesional) exige compromiso del profesorado,
administraciones, familias y el conjunto de la sociedad. Para NC la educación es una trascendental
herramienta para construir un país vertebrado, solidario y próspero, constituyendo uno de los principales
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ejes de su acción política. Debe constituir una prioridad inversora, una preferencia en la difusión y
participación social, una apuesta de consenso y una vía de reducción de las desigualdades sociales.
Las próximas legislaturas deben ser las de la calidad, la compensación de las desigualdades, la eficacia,
eficiencia y excelencia del sistema educativo. A través de los grandes ejes que exponemos a continuación.
LA EDUCACIÓN, PRIORIDAD SOCIAL Y NACIONAL CANARIA
Apostar por la calidad de la educación canaria debe ser un objetivo prioritario del Gobierno. Mejorar la
calidad significa, junto a alcanzar buenos resultados, lograr un equilibrio entre la equidad y la excelencia. Para
ello será necesario:
1.-Incentivar los proyectos de centros comprometidos con su entorno.
Para que dispongan de una mayor autonomía que les permita dar una respuesta contextualizada a su
realidad sociocultural y económica, así como un compromiso con el aumento del nivel formativo del
alumnado.
2.-Promover la formación inicial y permanente del profesorado.
-
Elaborar planes de formación permanente del profesorado con el fin de facilitar su actualización
didáctica y científica, mejorando con ello las respuestas a las necesidades del alumnado.
-
Promover la innovación, investigación y experimentación pedagógica.
-
Incentivar la formación inicial y permanente del profesorado en las NTIC.
PLAN ESTRATEGICO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PEAD)
1.-Impulsar la educación inclusiva, donde no se realice distinción alguna en razón de procedencia,
sexo, lengua, religión, discapacidad, sobredotación, origen social o cualquier otra condición, promoviendo así
la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Para ello se precisa:
-
Orientar todas las decisiones políticas y técnicas al éxito escolar.
-
Garantizar que todo el alumnado tenga acceso real a las competencias básicas, incluidos los
alumnos en riesgo de exclusión social, con necesidades educativas, los que abandonan
prematuramente…
-
Consolidar y divulgar las experiencias de pedagogía y enseñanza inclusiva llevadas a cabo con éxito
en centros educativos de Canarias.
-
Garantizando la financiación para la investigación e innovación en centros con modelos de
educación inclusiva e introduciendo en la formación inicial del profesorado los planteamientos
inclusivos.
-
Dotar a los centros de los recursos personales y materiales necesarios:
✦ Incrementando profesionales de apoyo a las NEAE (audición y lenguaje y pedagogía
terapéutica) y en equipos de orientación de zona y específicos.
✦ Incluyendo a profesionales de educación social como agentes educativos.
-
Crear comunidades educativas donde cada estudiante sea valorado en todas sus capacidades como
fundamento esencial para el éxito escolar.
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-
Promover que las actividades del aula y las extraescolares motiven el éxito escolar, la inclusión
social y la participación del alumnado.
-
Personalizar la enseñanza a cada alumno dentro de su grupo ordinario.
-
Mejorar la oferta de Becas y ayudas a la gratuidad de la enseñanza.
-
Educación Intercultural.
2. Construyendo el éxito escolar.
-
Desarrollar planes integrales para prevenir el abandono escolar prematuro así como el absentismo
escolar.
-
Apuesta firme por medidas para compensar las desigualdades.
-
Generalizar la oferta de la Formación Profesional Básica.
-
Implementar Programas Integrales para compensar las desigualdades.
-
En los centros que por su realidad socioeconómica y cultural sean de mayor vulnerabilidad se
establecerán planes específicos de actuación:
✦ Reducir la ratio a 15 alumnos por aula, en aquellos niveles, materias y situaciones concretas
de déficit que lo precisen.
✦ Incrementar los recursos para funcionamiento de los centros.
✦ Ampliar la dotación de profesores y profesionales del ámbito social.
✦ Ampliar profesionales en Equipos de Orientación Psicopedagógicos
✦ Fomentar la estabilidad de los equipos de profesorado.
✦ Implantar actividades que faciliten participación de las familias.
APOSTAR POR LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS
Las escuelas Infantiles contribuyen a compensar las desigualdades socioeconómicas y favorecen el éxito
escolar futuro, sin olvidar su relevante papel en la conciliación de vida laboral y familiar. Proponemos:
-
Creación y ampliación de la Red de Centros Públicos de Educación Infantil de 0 a 3 años para cubrir
la demanda social, integrando en ella a las Escuelas Infantiles municipales y las de otras consejerías.
-
Fomentar la escolarización temprana a través de una oferta pública de plazas (de 0-3 años) en
escuelas infantiles.
-
Convenios con las administraciones locales para su gestión.
IDENTIDAD
Apostar por un modelo de escuela pública plural al servicio de la sociedad canaria, enraizada social y
culturalmente en su entorno, participativa, compensadora de las desigualdades e integradora de la
diversidad, convirtiéndola el principal agente de construcción de la identidad.
32
-
Contemplando la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la
historia, la cultura y otros hechos diferenciales del Archipiélago, para que sean conocidos, valorados
y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura universal.
-
Convirtiendo la formación inicial y permanente del profesorado en agentes activos en la
construcción de la identidad canaria.
-
Fomentando todas las experiencias y proyectos que contribuyan a la construcción de la identidad
canaria entre el alumnado y las familias.
-
Potenciar y desarrollar programas de educación de valores que nos distinguen: coeducación,
educación sexual, educación para la salud, educación medioambiental, educación para la paz y
democracia.
-
Apoyar a las Escuelas Rurales, apostando por las experiencias de innovación educativa y de
integración y progreso social de su medio.
GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO
1.La Formación Profesional es un valor estratégico para responder a las exigencias de la nueva
economía y fortalecer la cohesión social. El siglo XXI y el nuevo mercado laboral demandan una nueva FP
que impulse el alternativo crecimiento económico basado en el conocimiento. Propuestas:
-
Creación de un Observatorio de Formación Profesional
-
Aumento de la oferta de plazas en los ciclos de grado medio y superior atendiendo las necesidades
del mercado laboral así como a la demandas de los jóvenes y adultos canarios.
-
Ampliar la Red de Centros Integrados de FP.
-
Coordinación entre consejerías de Empleo y de Educación y Agencias de Desarrollo Local,
posibilitando una planificación de la FP de acuerdo a la demanda del mercado laboral y a nuevos
yacimientos de empleo.
-
Crear servicios de información y campañas de difusión en relación con la oferta de Formación
Profesional y con el mercado laboral.
-
Poner en marcha el sistema de cualificaciones profesionales, que fije los mecanismos necesarios para
evaluar y acreditar las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes
informales.
2.Potenciar la red pública de educación de personas adultas, facilitando el acceso a la titulación
básica y a otras enseñanzas postobligatorias.
-
Implementar en cualquier proceso de formación y/o educación formal e informal el uso de las
lenguas extranjeras.
3.Enseñanza de idiomas. Diversificar y ampliar la oferta idiomática de las Escuelas Oficiales de
Idiomas, adaptándolas a la demanda de la población atendiendo a los distintos perfiles y necesidades de
los diferentes sectores sociales. Planes de acogida e inmersión lingüística para alumnado inmigrante.
4.Impulso y mejora de las enseñanzas artísticas: Canarias necesita una apuesta firme por el desarrollo
educativo, cultural y artístico de sus ciudadanos. Es necesario impulsar y apoyar las enseñanzas de música
y de la danza, de arte dramático, de las artes plásticas y de diseño.
Nueva Canarias
!
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5.Impulsar Planes de Lectura promoviendo el interés de niños y jóvenes por la lectura, mediante
dotaciones adecuadas en las Bibliotecas y el fomento del libro de lectura como apoyo al desarrollo del
currículo de las diferentes materias.
6. Desarrollando el bilingüismo en los centros educativos de infantil y primaria de nueva creación.
-
Apostando por los programas de fomento de la educación bilingüe y por modelos plurilingües en
los centros educativos.
-
Impulsando el estudio de idiomas extranjeros en la FP.
-
Facilitando al docente la formación y el perfeccionamiento en idiomas.
7.NTIC y competencia digital. Vivimos en una sociedad absolutamente digitalizada, inmersa en una
revolución de las tecnologías de la Información y de la Comunicación. Por tanto este hecho debe
impregnar a la escuela, a los aprendizajes y a la metodología docente.
8.Potenciar y extender los Servicios Complementarios en todas las etapas educativas, teniendo en
cuenta el transporte escolar en Bachillerato y FP.Y potenciando la calidad en los comedores escolares.
UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON CANARIAS
Las universidades públicas canarias deben ofrecer una formación adaptada a las necesidades de la sociedad
canaria y con el máximo nivel de excelencia, garantizando la igualdad de oportunidades en su acceso y
apostando por los programas de Investigación, desarrollo e Innovación (I+D+I). Propuestas:
-
Mantener la financiación de los contrato-programa.
-
Renovar los indicadores de contrato en la línea de mejorar la igualdad de acceso a la universidad
pública, favoreciendo la inserción laboral de los/as titulados/as canarios/as dinamizando el sector
económico.
-
Incrementar la oferta de becas con el fin de facilitar el acceso a sectores de población con menos
posibilidades económicas.
-
Avanzar en el objetivo de alcanzar el 20% de titulados/as universitarios superiores y en Formación
Profesional.
-
Apuesta por la contratación de profesorado estable y a tiempo completo.
ESFUERZO PRESUPUESTARIO PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
Para poder alcanzar resultados similares a los países de nuestro entorno debemos aumentar los
presupuestos educativos a niveles equivalentes a la inversión media europea. Es por lo que debemos:
-
Aumentar progresivamente el gasto educativo público para alcanzar al menos el 5% del Producto
Interior Bruto de Canarias en educación.
-
Crear una partida presupuestaria destinada a financiar de la Ley Canaria de Educación con un
aumento progresivo anual destinado a alcanzar los objetivos inversores de la Unión Europea 2020
en materia educativa.
-
Este esfuerzo presupuestario debe traducirse en una inversión en infraestructuras educativas, que
resuelva las graves deficiencias que sufren muchos centros educativos en Canarias.
34
SANIDAD
En los últimos ocho años hemos asistido a la desidia del Gobierno de Canarias para hacer frente a los
problemas de desarrollo y gestión de la Sanidad. Lo que ha llevado al desbordamiento de los servicios de
urgencia, inaceptables tiempos de espera para las primeras consultas especializadas o para la realización de
pruebas diagnósticas o el abandono de la atención a la salud mental.
Una situación que determina que los canarios sean los que peor valoran la sanidad de todas las
comunidades autónomas. A lo que se unen las reiteradas quejas de los propios profesionales del sector.
Esta es una de las consecuencias de las políticas neoliberales que emanan de la UE y del Gobierno de
España asumidas silenciosamente por el Gobierno canario. Dada la gravedad del retroceso para el sistema
nacional de salud, Nueva Canarias ha suscrito un compromiso con la mayoría de los partidos presentes en
el Congreso de los Diputados para restituir la sanidad universal en la próxima legislatura.
El retroceso en la calidad y cantidad de los servicios de la sanidad canaria es, por tanto, el resultado de las
impuestas políticas de austeridad que han detraído miles de millones de euros de la sanidad pública. Con
graves efectos. Desde la reducción de personal médico y de enfermería al envejecimiento de los
equipamientos y el deterioro de las infraestructuras, pasando por la parálisis en el desarrollo de las
instalaciones pendientes.
El retraso en los tratamientos oncológicos en las islas orientales. Las reiteradas protestas de los pacientes
en Lanzarote. Lo que sucede con el hospital de Fuerteventura o con los hospitales del Norte y Sur de
Tenerife. Los problemas de saturación de las urgencias. La falta de una ágil respuesta a las reclamaciones de
los enfermos de hepatitis C. Las injustificables demoras en la realización de las pruebas diagnósticas y en las
intervenciones quirúrgicas. Más de 80.000 personas se encuentran en espera de una prueba o una
intervención.
Todos estos elementos del deterioro sanitario tienen mucho que ver con las reducciones presupuestarias y,
también, con la falta de previsión y la mala gestión.
Las responsabilidades son compartidas entre los gobiernos de España y Canarias. Uno,
el central, por sus brutales recortes; otro, el canario, por imitar las políticas de austeridad y planificar y
gestionar mal.
Defenderemos para recuperar la esencia de este servicio público fundamental un conjunto de líneas
maestras que orientarán el trabajo político de Nueva Canarias.
Con carácter inmediato es preciso que el próximo Gobierno canario desarrolle un conjunto de medidas
vitales para recuperar las prestaciones sanitarias públicas en Canarias.
• Incrementar la participación de pacientes y familias en el sistema sanitario.
• Impulsar la atención domiciliaria aprovechando el aporte de las nuevas tecnologías.
• Integrar la atención primaria y la especializada.
• Potenciar los servicios sociales y sociosanitarios estableciendo mecanismos de conexión con el
sistema sanitario.
• Devolver el derecho a la atención sanitaria a los que injustamente se les quitó y que hoy no tienen
otra opción que acudir a las urgencias hospitalarias.
Nueva Canarias
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• Avanzar en la participación de las farmacias comunitarias como parte del sistema sanitario,
contribuyendo además de la atención farmacéutica, al uso racional del medicamento y a la
educación y la prevención sanitaria.
La crisis que padece la sanidad canaria es superable financiándola adecuadamente, para que disponga de los
recursos humanos y materiales que precisa. Así como gestionando mejor y escuchando a los profesionales y
organizaciones del sector.
Entre otras actuaciones:
• Financiándola adecuadamente, para que disponga de los recursos humanos y materiales que precisa.
• Recuperando, por tanto, los más de 400 millones de euros recortados en los últimos cinco años.
• Con una racionalización del gasto, mediante una asistencia planificada, la utilización de la estructura
sanitarias en jornadas de mañana y tarde, la potenciación de la Atención Primaria, el uso de los
procedimientos que hayan demostrado su eficacia y la centralización de compras de bienes y
servicios.
• Implementando un Plan de Salud con suficiente ficha financiera, debatido y consensuado entre los
profesionales, las organizaciones de usuarios y las formaciones políticas; un Plan que plantee
estrategias y reoriente los recursos a las necesidades de salud de la población.
• Implementando un Plan de Urgencias dimensionado.
• Con un Plan de Obras y Equipamientos que complete la Red de Centros de Salud, finalice los
hospitales en construcción y revise y actualice los equipamientos.
• Impulsando una política de personal que dé estabilidad a las plantillas, impulse la carrera profesional
y establezca un sistema de acceso eficaz y transparente que proteja a los profesionales residentes.
• Estatutarización del personal de salud pública Salud Pública y de las Direcciones de las Áreas de
Salud
• Desarrollando una estrategia intensiva de lucha contra las listas de espera.
• Con una gestión más profesional y participativa.
• Estrategia de recuperación progresiva de los derechos sociales perdidos en los últimos años.
• Estableciendo un Fondo de cooperación Sanitaria, para la cooperación internacional al desarrollo en
salud.
Un conjunto de tareas que se inscriben dentro del profundo cambio que precisa Canarias y que
corresponderá impulsar al Parlamento y al Gobierno que se constituya tras las elecciones del próximo mes
de mayo.
POLÍTICAS SOCIALES
Una de las consecuencias más visibles e inaceptables de la crisis económica y de la injusta respuesta
político-institucional a la misma es el dramático incremento de la pobreza entre amplias capas de la
población, que ha generado una desigualdad social escandalosa asociada al profundo deterioro de las
políticas de cohesión social y de protección de las personas más débiles.
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Nueva Canarias ha realizado un esfuerzo relevante en escuchar a los sectores comprometidos (ONGs,
asociaciones e instituciones) que se ha traducido en un significativo número de iniciativas y propuestas en
todos los planos institucionales en que tenemos presencia.
- Medidas contra la pobreza
Hemos destacado la necesidad de incrementar sustancialmente el esfuerzo presupuestario para dar
respuesta al deterioro socioeconómico y la fractura social que afecta a un tercio de la población canaria.
Nueva Canarias ha propuesto también la formulación de un Plan Canario contra la Pobreza que debe incidir
inicialmente sobre los más de 47.000 hogares canarios que no perciben ningún ingreso, mediante la
aprobación de una renta básica para estas familias, con políticas coordinadas y recursos del Estado, del
sistema de Seguridad Social y de Canarias
Resulta imprescindible actuar con urgencia sobre la población más desfavorecida y excluida a través de un
incremento sustancial de las partidas de emergencia social.
Una medida que debe acometerse con urgencia es la de duplicar las partidas dedicadas a la Prestación
Canaria de Inserción (PCI). Por otra parte, denunciamos la negligencia del Gobierno de Canarias en la
gestión de la ya insuficiente PCI, ascendiendo el tiempo de tramitación a más de 200 días.
- Aplicación de la Ley de la Dependencia
El Informe extraordinario del Diputado del Común sobre 7 años de aplicación de la dependencia en las
Islas es demoledor, evidenciando su fracaso. También las críticas de otros organismos públicos (el SAAD
del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales) y privados especializados (Asociación de directores y
gerentes de servicios sociales), así como los propios cabildos insulares, incluyendo los del mismo color
político del Gobierno. Baste decir que en contestaciones a las preguntas de nuestro grupo, el Gobierno
reconoce que el tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia es de 323 días y que
existen más de 12.000 personas que teniendo reconocido el derecho no reciben el servicio o la
prestación correspondiente.
Esto ha contribuido al fracaso en la gestión del Sistema. Como bien señala el IV Dictamen del
Observatorio Estatal para la Dependencia al valorar el desarrollo del Sistema, “aquellas Comunidades que
han contado con las entidades locales de su territorio haciéndoles partícipes de los procedimientos de
reconocimiento del derecho de sus ciudadanos, y de la gestión de los servicios y prestaciones que se les
reconoce, arrojan mejores resultados que aquellas que han optado por modelos de gestión centralizados,
creando estructuras paralelas y prescindiendo de los servicios sociales de las entidades locales”.
Ese categórico suspenso que merece la aplicación de la Ley de la Dependencia en las Islas tiene su
traducción directa en el sufrimiento de miles de personas a las que se les conculcan gravemente sus
derechos. No tiene excusa ni justificación posible; y constituye un ejemplo diáfano del pésimo Gobierno
que sufrimos, y no merecemos, los hombres y mujeres de esta tierra.
El Sistema Nacional de Dependencia ha reconocido las 8.000 personas dependientes atenidas por los
dispositivos sociosanitarios de los cabildos, con lo que mejora estadísticamente la aplicación de esta
relevante ley en el Archipiélago. Pero seguimos estando en lugares de cola a nivel estatal y precisamos más
recursos estatales y canario para avanzar de manera significativa en el próximo período.
Para modificar la actual y penosa situación, desde Nueva Canarias exigimos, en primer lugar, que el
Gobierno canario que salga de las urnas el 24 de mayo no repita los errores y dejaciones del actual y
Nueva Canarias
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cumpla con sus obligaciones presupuestarias, destinando las partidas económicas a las que está
obligado para el desarrollo de la ley.
Asimismo, para lograr una mayor agilidad y eficiencia entendemos que los procesos de evaluación y de
gestión de los servicios y prestaciones deben quedar en manos de los cabildos, que son los que tienen
competencias en este ámbito y son los que están en mejores condiciones para garantizar un correcto
desarrollo de la ley de la Dependencia.
Se precisa, igualmente, una nueva Ley Canaria de Servicios Sociales para dar respuesta a los nuevos retos
planteados en esta materia, estableciendo las estructuras, los recursos y las competencias de las distintas
administraciones, atendiendo al principio general de descentralización de los servicios.
JUSTICIA
La falta de agilidad de la Justicia supone enormes perjuicios para ciudadanos y empresas. En ello concurren
una serie de factores: insuficiente nivel de informatización, carencias de personal, problemas de
estabilidad de las plantillas de jueces… Todo ello contribuye a generar desconfianza en la Justicia,
un servicio público esencial para la calidad de la vida democrática, y a extender una sensación de
inseguridad.
En el caso de Canarias, la situación se complica con actuaciones como la sectaria negativa a incluir en los
Presupuestos de la Comunidad partidas destinadas al Partido Judicial de Santa Lucía, tal y como se había
comprometido el Ejecutivo.
La Justicia tiene un papel fundamental en cualquier sociedad democrática: la de ser el garante de los
derechos y libertades de los ciudadanos. Para ello es necesario que la administración de Justicia opere
como un auténtico servicio público, sujeto al principio de eficiencia y eficacia en el desarrollo de su
trascendental papel en la sociedad. Por ello, es preciso adecuar las infraestructuras judiciales a las
necesidades actuales, desde la perspectiva de un servicio público esencial para la convivencia. Incorporando
las técnicas que aporta la sociedad de la información, esenciales para la optimización del funcionamiento de
este servicio.
La mejora y modernización de la Administración de Justicia en Canarias debe realizarse con la participación de
todos los profesionales y operadores jurídicos, las diversas Administraciones implicadas y los diversos
colectivos sociales.
Una mejora que exigirá, sin duda, la adopción de numerosas medidas. Entre otras las destinadas a frenar la alta
rotación de efectivos judiciales que sufrimos en Canarias. Así como al establecimiento de un nuevo sistema de
financiación adaptado al coste real de los servicios existentes y al desarrollo de un nuevo modelo de Oficina
Judicial, apostando decididamente por la creación de cuerpos autonómicos para los funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia, lo que garantizará una auténtica descentralización del servicio público de la
Justicia.
Otros aspectos que consideramos esenciales son:
•
El mantenimiento de los Partidos Judiciales en las islas no capitalinas y en las comarcas más alejadas
de Gran Canaria y Tenerife.
•
La eliminación de las Tasas Judiciales que dificultan el acceso a la Justicia por razones económicas.
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SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
La seguridad de las personas y bienes, es uno de los valores que como sociedad defendemos y la
defenderemos con intención de construir un espacio de libertad, justicia y seguridad, donde las personas
que viven y visitan nuestras islas puedan disfrutar de un buen estado de bienestar y vivan en un entorno
seguro.
Por ello, entendemos la seguridad pública desde una perspectiva de gobernanza pública, donde los
poderes públicos garanticen su prestación, la financien y controlen. Además, la entendemos bajo una óptica
global que aglutine, tanto las políticas en materia de seguridad, como de protección y atención a las
emergencias, -también a las del mar-.
El sistema actual está inmerso en una profunda crisis, existe un gran deterioro, y se caracteriza por un
vacío de contenido, por profesionales insatisfechos y una absoluta falta de liderazgo por parte del Gobierno
de Canarias.
Este Gobierno ha igualado la política de seguridad con la de Hacienda, habiéndola ubicado en la
misma Consejería, por lo que ha entendido la seguridad de las personas como un problema exclusivamente
económico y en caso alguno, como un valor para las personas que viven y visitan nuestras islas.
Ha aplicado todos los recortes posibles, reduciendo personal, despidiendo a profesionales competentes y
con experiencia. Ha anulado servicios, como la Academia Canaria de Seguridad. Ha disminuido servicios,
como los helicópteros de emergencias. Ha despedido a personas de coordinación de servicios, incluso
eliminando a los enfermeros para coordinación sanitaria.
En definitiva, la política de seguridad en esta legislatura se ha caracterizado por la ausencia de acción y
han destacado las restricciones, la falta de liderazgo, la improvisación y el desplazamiento de los
profesionales. Aun con todo esto, el sistema se mantiene gracias a los profesionales y voluntarios que
trabajan con esfuerzo y dedicación plena.
Por todo ello, hay que potenciar los recursos y especialmente a los mandos del sistema, creando una red de
profesionales capaces de liderar el proceso de cambio hacia un sistema ágil, eficiente y que vuelva a ser
modélico en Europa. Es preciso profesionalizar la gestión, despolitizar las decisiones y crear una autoridad
profesional reconocida. Es preciso potenciar los uniformes y reducir la intervención política a la mínima
expresión necesaria como autoridad y control público.
Ante este deterioro, proponemos:
Que la seguridad deje de ser una política exclusiva del Estado, para ser una política de consenso de las
Administraciones y los agentes sociales. Por tanto, el Gobierno de Canarias debe posicionarse como líder,
catalizador e impulsor de una verdadera política de seguridad integral, que nos permita garantizar
una convivencia en paz, así como consolidar un espacio turístico seguro.
Para la Policía Canaria, ejercer todas las competencias que actualmente da la Ley de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad a las Policías Autonómicas y exigiremos al Estado su financiación como en el resto de
Comunidades Autónomas. Mejoraremos el equipamiento, gestión y profesionalización de las Policías
Locales, como cuerpos capaces en el marco de la Policía Canaria.
Trataremos la formación como base de una buena cultura de seguridad, por eso introduciremos esta
materia en las escuelas. Además, potenciaremos una cultura de emergencias entre las personas que les
permita autor responsabilizarse y actuar en caso de emergencia. Volveremos a crear la Escuela de Seguridad
Nueva Canarias
!
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Publica que se encargue de la formación de todos los agentes de seguridad y emergencias, tanto policía
como de emergencias, protección y salvamento marítimo.
Crearemos la primera Agencia de Seguridad Integral en todo el Estado que se encargue de dar
apoyo tecnológico tanto a la Policía Canaria como a los servicios de atención de emergencias -también
marítimas-, también de la coordinación y optimización de todos los intervinientes, capaz de hacer
prevención, intervención coordinación y acreditación de todos los agentes de seguridad y emergencias.
Crearemos en todas las islas Servicios Insulares de Emergencia con el liderazgo de los Cabildos y
apoyados por el Gobierno de Canarias, encargados de la prevención y protección contra incendios y
salvamentos marítimos, apoyados y complementados por la acción de voluntarios que permitan hacer un
proyecto sostenible económicamente y en el tiempo.
Trataremos las Urgencias Sanitarias como parte de un sistema integral de seguridad, manteniendo la
responsabilidad y autoridad sanitaria, pero en coordinación con otros cuerpos. De hecho potenciaremos,
entre otras acciones, la implantación de espacios cardioprotegidos en las islas, así como helicópteros mixtos
sanitarios y de rescate que permita optimizar los recursos existentes actualmente.
En definitiva, queremos que Canarias, al igual que en otras materias, tenga su política propia de
seguridad pública en la cual el Gobierno sea la autoridad pública capaz de acreditar, formar, coordinaran
y evaluar las actuaciones, evitando duplicidades y garantizarían una actuación eficiente y equitativa.
POR UNA FUNCIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y AL SERVICIO DE LOS
CIUDADANOS
Nueva Canarias se ha destacado a lo largo de la legislatura por su contundente
defensa de los servicios públicos; y de sus trabajadores, que han visto como, por parte de los
gobiernos estatal y canario, se recortaban sus salarios y empeoraban sus condiciones laborales.
Reconocemos su profesionalidad que ha posibilitado el mantenimiento de muchos servicios pese a
los recortes en recursos materiales y humanos.
Trabajaremos por una administraciones más modernas y profesionalizadas que ofrezcan los mejores
servicios a la ciudadanía.
•
Planteamos una profunda reforma del funcionamiento de las Administraciones publicas canarias, a
través de una nueva Ley de Función Pública, que compatibilice las respuestas a las demandas
ciudadanas con un sector correctamente organizado, con estabilidad laboral, funcionarización y
carrera profesional.
•
Defendemos una administración pública de calidad y al servicio de todos los habitantes de
Canarias, independientemente de la isla o la comarca de residencia. Que posibilite a los ciudadanos
y ciudadanas un acceso sencillo, rápido y universal.
•
Apostamos firmemente por la Administración electrónica, en la que se deben poder realizar la
totalidad de los trámites, evitando desplazamientos innecesarios e igualando el acceso de los
ciudadanos y ciudadanas independientemente de su lugar de residencia.
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•
Una administración pública basada en criterios de eficiencia, transparencia, participación y
proximidad. Con los menores requisitos burocráticos y con horarios de atención personal que den
respuesta a las necesidades de la gente.
•
Es indispensable una mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos públicos como forma de
legitimación de sector publico ante la ciudadanía. Se deben simplificar los procedimientos
administrativos, acabando con inercias injustificables que paralizan las decisiones, pero garantizando
siempre la seguridad jurídica y el cumplimiento de la legalidad. •
Hay que facilitar el control y la transparencia de los contratos públicos por parte de los afectados y
de la ciudadanía en general mediante el uso de las nuevas tecnologías, favoreciendo la elección
objetiva de las empresas adjudicatarias.
•
Apostamos por una función pública dinámica y moderna, con trabajadores formados y motivados.
Una administración flexible, que se adapta a los cambios sociales y las demandas ciudadanas y que
incorpora las ventajas de la sociedad de la información. Defensa de la figura del funcionario público
en la tramitación de los expedientes como garante del cumplimiento de la legislación vigente.
•
Pondremos en valor lo público y a sus trabajadores frente a los que denigran su relevante tarea por
afanes privatizadores y de negocio. Insistiremos en la dignificación del empleo público, que no es un
lujo sino una necesidad para desarrollar sociedades más justas, como muestran los datos de las más
avanzadas del mundo.
•
Defendemos el estricto cumplimiento del Estatuto del empleado público, con la convocatoria en
tiempo y forma de oposiciones. Su dilación en el tiempo produce un indudable efecto llamada,
perjudicando a los residentes en Canarias. Los concurso-oposición deben valorar en la fase de
oposición la formación teórica y práctica de los aspirantes; y en la fase de concurso tener muy en
cuenta su experiencia profesional.
•
En cuanto a las listas de contratación, estas deben actualizarse y hacerse de forma absolutamente
transparente, primando la experiencia y la formación profesional.
•
Potenciaremos la carrera profesional de los empleados públicos, la justa remuneración y la correcta
evaluación de su tarea.
•
Impulsaremos la prevención de riesgos laborales en el sector, así como las actuaciones y planes
pertinentes respecto a las agresiones a sus trabajadores.
•
Desarrollaremos medidas que mejoren la conciliación entre la vida laboral y familiar. Así como otras
destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la erradicación de conductas sexistas.
•
Es preciso establecer un plan para recuperar lo perdido por los trabajadores públicos, que han sido
víctimas de las políticas de recortes y austeridad.
•
Hay que reducir la temporalidad en el sector y fomentar la formación continua de sus trabajadores.
•
Y acabar con las limitaciones a la reposición que ha supuesto pérdidas de miles de puestos de
trabajo de personal eventual.
Nueva Canarias
!
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5. POLÍTICAS DE COHESIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
POLÍTICA DE VIVIENDA Y MEDIDAS CONTRA LOS DESAHUCIOS
La política de viviendas no ha hecho más que empeorar en esta legislatura. Esto se observa en la tardanza
en adjudicar las viviendas oficiales terminadas o rehabilitadas; en el engaño que ha supuesto la hipoteca
joven que aún no ha empezado a abonarse la deuda contraída con las personas a las que se las
concedieron; el retraso en el pago de las subvenciones a las entradas para adquirir una vivienda, etc. La
guinda la ha puesto la absoluta desidia a adoptar alguna medida contra los desahucios, asunto sobre el que
ya en noviembre de 2011 presentamos una PNL que fue aprobada.
Sobre estos asuntos de la vivienda y los desahucios hemos desplegado numerosas iniciativas
y hemos formulado a través de enmiendas en la tramitación del proyecto de Ley de vivienda, mejoras
y propuestas para evitar los desahucios, que no han sido tenidas en cuenta por los grupos del gobierno.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los medios de comunicación siguen denunciando que
se continúan realizando desahucios en Canarias, a pesar del desmentido de la Consejería de Vivienda. Este
es un drama sobre el que es prioritario continuar actuando en todos los ámbitos institucionales y, por
supuesto, en el Parlamento canario.
Insistiremos en la necesidad de aplicar las propuestas de resolución que formulamos en el último Debate
sobre el Estado de la Nacionalidad y que fueron rechazadas:
• Exigir el cumplimiento de la Ley que modificó la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias para evitar las
ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos de viviendas en Canarias.
• Igualmente, impulsar el Registro de Viviendas Deshabitadas previsto en el artículo 97 de dicha Ley.
• Impulsar, asimismo, la creación de un fondo de prestaciones económicas de urgencia para familias que
han contraído deudas en relación con su vivienda por impago de alquiler o préstamo hipotecario y que
se encuentren en situación de emergencia social.
• Poner en marcha un programa de mediación para evitar lanzamientos por impago de alquiler.
• Establecer un fondo de ayuda de emergencia hipotecaria y al alquiler por doce meses prorrogables para
familias en exclusión social.
Para dar respuesta a las 36.000 familias en espera de una vivienda es preciso desbloquear la política
restrictiva del Instituto Canario de la Vivienda que ha dilatado inexplicablemente los trámites
administrativos para realizar las adjudicaciones.
Es de todo punto escandaloso que haya en las Islas cientos de viviendas de titularidad pública vacías.
Paralelamente, impulsaremos un Plan para la movilización del parque de viviendas privadas y para restaurar
y/o reponer los polígonos deteriorados.
Se precisa, asimismo, un ambicioso Plan de Vivienda, en Alquiler y en Propiedad, de promoción pública.
La cuestión de la Hipoteca Joven supone un nuevo incumplimiento a corregir. Implantaremos las medidas
precisas para agilizar el pago de la deuda correspondiente a los planes de vivienda protegida y usada.
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FAMILIA
Consideramos a la familia como un ámbito esencial y vertebrador de la sociedad. Actualmente no existe
un solo modelo de familia. La familia ha cambiado y presenta hoy distintas formas, manteniendo muchas de
sus características iniciales, como núcleo relacional y afectivo, pero en un marco más democrático y
plural.
Desde los poderes públicos debemos proteger a las familias, para generar las condiciones que permitan
que los niños y niñas se críen en un ámbito de afectividad y respeto, de aprendizaje de derechos y deberes.
Para ello es muy importante avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral, muchas veces
imposibilitada por horarios que impiden compartir tiempo con nuestros hijos e hijas; a lo que se suma
el todavía desigual e injusto reparto entre hombres y mujeres de las tareas domésticas y del cuidado de
los hijos. Dificultando que la paternidad y la maternidad sean vividas de forma plena. Y generando carencias
insustituibles en los pequeños, privados de la esencial relación con sus progenitores.
Nos comprometemos, por tanto, a apoyar al conjunto de las familias, con especial atención a las
numerosas, las monoparentales, las que tienen hijos/as discapacitados y las que tienen a su cargo
personas mayores o dependientes. Igualmente, consideramos de gran importancia la lucha contra
cualquier forma de maltrato y la atención adecuada de los menores de familias desestructuradas o en
peligro de exclusión social.
MAYORES
Los efectos de la crisis también se han cebado sobre nuestras personas mayores. Nuestras personas
mayores han visto como retrocedía la aplicación de la Ley de la Dependencia, se congelaban sus pensiones
(en el caso de Canarias, las más bajas del Estado) y se instauraban repagos sanitarios.
Además, en un ejemplo de solidaridad, en muchos casos sus pensiones han servido para sacar adelante a
hijos e hijas que se quedaron sin empleo; y en otros tantos en sus casas acogieron a los que terminaron
perdiendo sus viviendas.
Esta generación de personas mayores que vivió los efectos de la postguerra y que, con grandes sacrificios,
ayudó a construir una Canarias mucho más próspera, ha vuelto a realizar un enorme esfuerzo en la
Canarias del 31% de paro y un tercio de pobreza.
Reivindicamos la recuperación del poder adquisitivo de sus pensiones y el fin de los repagos sanitarios, así
como una adecuada aplicación de la ley de la dependencia. Y que el sistema sanitario se adapte a la nueva
realidad de mayor esperanza de vida, atendiendo adecuadamente a la cronicidad y aprovechando las nuevas
tecnologías de la salud.
Como hemos señalado en diferentes ocasiones, las personas mayores merecen todo nuestro afecto y
respeto. Mucho de lo que hemos alcanzado las generaciones más jóvenes se lo debemos a su esfuerzo y
sacrificio en tiempos mucho peores. Queremos que hoy puedan desarrollar su existencia con la mejor
calidad de vida y con la máxima consideración por parte de todos.
Nueva Canarias
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MENORES
El pasado mes de noviembre, coincidiendo con el XXV Aniversario de la Convención sobre los Derechos
del Niño, fue suscrito el Pacto Canario por la infancia, con el compromiso del Gobierno de
Canarias, los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias, la FECAM (Federación
Canaria de Municipios), la FECAI (Federación de Cabildos Insulares), el Diputado del Común y como
promotor del mismo UNICEF Comité Español.
La práctica totalidad de los Ayuntamientos de la Isla y de los Cabildos Insulares, aprobaron mociones en sus
plenos, con el que refuerzan el compromiso adquirido por sus respectivas federaciones. El Parlamento de
Canarias por unanimidad aprobó la Proposición No de Ley 8L/PNL-0383 sobre el Pacto Canario por la
Infancia, a través del cual se compromete a la materialización de sus compromisos.
El Pacto Canario por la Infancia, pretende la mejora de las políticas públicas destinadas a los niños. Los ejes
del mismo inciden en mejorar el proceso de elaboración de las políticas de infancia mediante: la inversión,
la coordinación, el diagnóstico, la planificación, la evaluación de las políticas y la participación.
Nueva Canarias asume con la mayor responsabilidad los contenidos de este Pacto, porque consideramos
inaceptable que en nuestra tierra la tasa de pobreza infantil se sitúe en torno al 35% (aproximadamente
130.000 niños y niñas), es decir, ocho puntos por encima de la media del Estado.
Valoramos positivamente las propuestas relativas a esta materia formuladas por UNICEF, destacando el
objetivo que compartimos de aprobar el II Plan de la Infancia de Canarias en la próxima legislatura.
MUJERES E IGUALDAD
Las mujeres han ido dando pasos firmes con su presencia cada vez mayor en las universidades, en las empresas
y en la vida política. En este último aspecto, en Canarias y España se ha multiplicado el número de mujeres
presentes en las distintas instituciones, especialmente los ayuntamientos con cada vez mayor porcentaje de
alcaldesas.
En el marco legislativo, en España también se han producido pasos muy relevantes, especialmente con la
aprobación de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en 2007, y, más recientemente, la Ley de
Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que da mayores garantías
jurídicas tanto a mujeres como a profesionales sanitarios.
En nuestras sociedades desarrolladas las mujeres han alcanzado elevados niveles de igualdad, pero esta se
ve limitada por problemas aún pendientes de resolver. Entre ellos, la persistencia de diferencias salariales con
los hombres en los mismos trabajos, como han denunciado reiteradamente los organismos internacionales. En
la UE, las mujeres ganan por término medio un 16% menos que los hombres, cifra que es ligeramente peor en
España (19%). Asimismo, las mujeres continúan mayoritariamente cargando con el peso de las tareas
domésticas y el cuidado de los hijos; y permanecen a nivel mundial en un segundo plano en el acceso a puestos
de dirección de las empresas.
Igualmente, la violencia de género continúa siendo una lacra vergonzosa que hace que cada año pierdan la vida
miles de mujeres en todo el mundo, que millones vean cercenada su libertad y su dignidad. Aunque se ha
avanzado mucho en el ámbito legislativo y en la sensibilización de la sociedad sobre este problema, queda
mucho por hacer para erradicarlo por la pervivencia de atávicas concepciones machistas.
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Es verdad que la legislación se ha endurecido respecto a los maltratadores. También que se han multiplicado
las campañas en que se moviliza a la sociedad contra el maltrato.Y que la sociedad es más sensible que lo
que lo era hace unos años. Pero todavía este problema, una de las grandes lacras de nuestra sociedad, sigue
siendo percibido como un asunto menor por buena parte de la sociedad.
Por ello es preciso seguir trabajando desde todos los frentes: jurídico protección efectiva de las mujeres
en situación de riesgo, policial, educativo… para minimizar la presencia de las ideas machistas, de menosprecio
a la mujer, que están detrás de los hombres que todavía ven a las mujeres como un objeto de su propiedad y
que cercenan su libertad, su integridad física y psicológica, y hasta su vida.
Avanzando, en definitiva, hacia una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, donde vayan diluyéndose
los actuales y elevados niveles de violencia. Se trata, sin duda, de un compromiso que atañe a toda la sociedad y
en el que no caben dilaciones.
Desde las instituciones y desde el conjunto de la sociedad habrá que persistir en ese camino por la igualdad de
derechos y por la igualdad de oportunidades. Una senda que exige el compromiso de todos para construir una
sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.
El Área de Igualdad será considerada un área vertebradora de todas las políticas públicas
Diseñaremos Políticas Públicas trasversales, que promocionen la igualdad entre hombres y mujeres, aplicando
la perspectiva de género en todas las Instituciones y en todos los ámbitos (presupuestos, vivienda, formación,
empleo, educación, sanidad, ….), de manera que dicha de perspectiva se incorpore en todas las políticas
públicas y a todos los niveles.
Para NC, el cumplimiento estricto de la legislación en materia de igualdad será una de las prioridades.
Diseñaremos y aplicaremos planes de formación en igualdad y corresponsabilidad en todos los centros
docentes, haciendo hincapié en el fomento de relaciones sanas y en igualdad entre los jóvenes y adolescentes.
Aplicaremos políticas activas de empleo tendentes a erradicar cualquier tipo de discriminación laboral o
sexual, con implicación directa de las Administraciones Públicas y las empresas privadas.
Apoyo y fomento de la economía social y laboral, favoreciendo entre otras medidas cooperativas laborales de
mujeres.
Se realizará un análisis del grado de cumplimiento e impacto de los Planes de Igualdad, así como un impulso de
los mismos.
En relación a la lacra de la Violencia de Género, desde NC impulsaremos un Plan Canario contra la Violencia
de Género (dotado de ficha financiera); campañas de sensibilización y prevención, tanto en medios de
comunicación como en los centros educativos, pues la mejor prevención es la educación y la formación. Se
potenciarán las redes de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género; potenciación de las redes de
acogida y centros especializados de intervención con mujeres víctimas de violencia; medidas que favorezcan la
integración laboral de estas mujeres; obligatoriedad de contemplar los llamados pisos “puente” en los Planes
de Vivienda, priorizando plazas para mujeres en situación de vulnerabilidad; un mayor apoyo e implicación en el
mantenimiento de la Red Canaria de servicios de atención, información y asesoramiento a mujeres víctimas de
violencia machista.
Defensa de los derechos sexuales y reproductivos, con diseño de políticas sanitarias, educativas y preventivas.
Nueva Canarias
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En este sentido nos hemos opuesto rotundamente a las modificaciones que el Gobierno del PP ha querido
introducir en la conocida popularmente como Ley del Aborto, por suponer una grave restricción de los
derechos de las mujeres.
JÓVENES
Los grandes problemas de los jóvenes canarios están vinculados a la formación, a las dificultades para el
acceso al empleo y, en consecuencia, al retraso en su emancipación, cuando no a un obligado regreso al
hogar familiar de partida a consecuencia de la crisis económica.
El primer y trascendental aspecto es mejorar los niveles de formación de nuestros jóvenes. No se puede
repetir el grave error de los momentos de gran expansión de nuestra economía, cuando miles de jóvenes se
incorporaron al mercado laboral sin completar sus estudios, error que hoy pagamos con creces. La mayoría
forma hoy parte de la legión de parados con escasa cualificación y con difíciles perspectivas de reinserción
laboral.
La mejora de nuestro sistema educativo, la batalla contra el fracaso y el abandono escolar deben ser
prioritarias. Junto a ello, es imprescindible superar los actuales y escandalosos porcentajes de paro
juvenil, combatiendo, al tiempo, la precariedad en el empleo juvenil y velando por la calidad del empleo de
los trabajadores jóvenes en todos los ámbitos de la contratación, salarios, promoción y condiciones
laborales. Arbitrando medidas que permitan la conciliación de la vida laboral y formativa a las personas
jóvenes. Promoviendo el acceso de los jóvenes a becas y ayudas dirigidas a la inserción laboral y a la
continuidad de la formación, tanto universitaria como no universitaria.
Propuestas:
•
Promoveremos la recuperación de la Dirección General de Juventud, como herramienta de
administración pública para la planificación y ejecución de políticas transversales, como colectivo
afectado de manera especial por la crisis.
•
Poner en marcha un Plan de promoción para emprendedores jóvenes en las áreas TIC e I+D+i. •
Promover la aprobación de la Ley Canaria de Juventud y potenciar el Consejo de la Juventud
Canaria.
•
Recuperación del Carnet Joven Canario para menores de 35 años, donde se potencie el ocio
cultural juvenil, con descuentos en museos, salas de exposiciones, cines, etcétera.
•
Puesta en marcha de un Plan de cooperación e intercambio de experiencias destinados a
asociaciones juveniles, con el fin de potenciar a las asociaciones juveniles existentes y potenciar la
creación de nuevas estructuras juveniles y el asociacionismo.
•
Promover una ley Canaria de la emprendeduria y autoempleo joven. Donde se facilite un marco
legislativo que inviten a la juventud a iniciar proyectos empresariales sin temor a no triunfar. En
dicha ley garantizar el asesoramiento y el apoyo a los jóvenes, y promover un régimen impositivo
especial para los jóvenes donde en los primeros años se bonifique la parte impositiva y fijar los
impuesto autonómicos en tramos según años de antigüedad del proyecto y tramos de facturación.
•
Crear espacios públicos autonómicos de coworking.
DEBATE SOBRE LEGALIZACIÓN DEL CONSUMO DE MARIHUANA
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•
Nos comprometemos a promover en el Archipiélago el debate sobre la legalización del consumo de
marihuana, una decisión tomada en el encuentro con los jóvenes de la organización nacionalista
durante el tercer foro de debate organizado el 20/12/2014.
•
Este debate ya está ampliamente superado en muchos lugares, ¿Qué nos impide estar a la altura de
los retos de nuestro tiempo y entorno? Vivimos en una sociedad amurallada de prejuicios. Ante
todo esto, tenemos delante de nosotros la oportunidad de estar a la altura de las circunstancias,
alejándonos de moralismos y acercándonos a la realidad social. Abriremos este debate en la
sociedad y agentes sociales.
•
Nuestro compromiso es "superar" la sociedad "amurallada de prejuicios en la que vivimos". Así,
Canarias se uniría a este debate que ya se ha visto en los parlamentos de Cataluña y País Vasco,
además de ser una cuestión que se ha regulado o sentado jurisprudencia en numerosos estados de
Estados Unidos, y en otros países como Argentina, Uruguay, Reino Unido o Australia.
DEPORTES
El deporte no puede quedar limitado a su práctica profesional, en la que Canarias ha dado
destacados deportistas en las diversas modalidades, con proyección estatal e internacional. Es preciso
vincular la práctica deportiva a la extensión de modos de vida saludables y estimular la incorporación a la
misma del conjunto de la población. Queremos que toda la ciudadanía, a cualquier edad, pueda acceder a
instalaciones deportivas de calidad, atendidas por profesionales especializados; sin olvidar las medidas
destinadas a facilitar a las personas con discapacidad la práctica de actividades deportivas.
El deporte base debe contar con programas de apoyo preferente, que incluyan la adecuada formación de
sus monitores o entrenadores en todas las modalidades, no sólo en los aspectos técnico-deportivos
sino también en valores y en la adecuada preparación por su relevante papel educador con nuestros niños
y jóvenes.
Asimismo, consideramos que las administraciones públicas de las Islas deben potenciar el conocimiento y
estimular la práctica de los deportes autóctonos, desde la lucha canaria al juego del palo, desde el salto del
pastor a la bola canaria o la vela latina.
No hay que olvidar que los deportes autóctonos se encuentran en franca inferioridad respecto a deportes
de ámbito internacional, con más proyección mediática y más apoyos económicos, y es nuestra obligación
proteger esta parte importante de nuestro patrimonio como pueblo, evitando su desaparición; para lo
que se deben establecer sistemas de mecenazgo e incentivos fiscales a las empresas que
patrocinen estas actividades. En el terreno de su promoción deben jugar un papel decisivo la televisión
pública y el propio sistema educativo.
Es preciso recuperar las partidas presupuestarias detraídas en los últimos años. Especialmente, las
destinadas a facilitar el desplazamiento de los deportistas y clubes federados entre las islas y entre estas y el
resto del Estado, cofinanciadas entre Gobierno canario y Consejo Superior de Deportes.
También, disponer de recursos para la realización de eventos deportivos de nivel estatal e internacional.
Asimismo, debemos potencias una mayor conexión entre turismo y deporte, convirtiéndose este último en
un valor añadido en el producto Canarias.
Nueva Canarias
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DISCAPACIDAD
Aunque se han producido enormes cambios, todavía persisten las barreras, visibles o invisibles, físicas y de
comportamiento, que siguen vulnerando los derechos y frenando la plena integración de las personas
discapacitadas. Se trata, por tanto, de continuar llevando a cabo una acción múltiple destinada a sensibilizar a
la sociedad y luchar contra los prejuicios y discriminaciones, desde el más profundo respeto por la
diferencia y el reconocimiento de las capacidades y aportaciones de esas personas.
Es preciso combatir los prejuicios e inercias que siguen impidiendo que las personas con discapacidad
puedan desarrollar su vida en un marco de libertad, de plena integración y de posibilidad de desarrollar
todas sus potencialidades, enriqueciendo su vida y enriqueciéndonos a todos con su aportación a la
sociedad en todos sus ámbitos.
Para ello es preciso que se considere la discapacidad como vector transversal de atención preferente en
todas las líneas de acción política del Gobierno de Canarias. Y que se produzca una actuación decidida por
parte de la Administración Pública desde la aparición de una discapacidad, estableciendo la atención
necesaria para cada caso, sin que ésta quede condicionada al grado de preparación o conocimiento de sus
familias.
Igualmente, proponemos el establecimiento de programas específicos para favorecer una formación laboral
adecuada, así como una integración ocupacional posterior; adaptar todos los centros educativos y
deportivos para que no supongan un obstáculo para los menores con discapacidad; apostar por un sistema
educativo inclusivo, que refuerce su autoestima y desarrolle su personalidad y aptitudes; y apoyar la
adaptación de viviendas, posibilitando el acceso normalizado de las personas con discapacidad.
Asimismo, hay que ser rigurosos en el cumplimiento de la legalidad respecto a la supresión de barreras
arquitectónicas o de comunicación, al igual que con la normativa que obliga a la cuota de reserva de plazas
de trabajo y, de manera especial, el cumplimiento de la cuota relativa al empleo público.
Consideramos que deben producirse modificaciones en la Ley de la Dependencia, respecto a la
participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones.
Para fijar la participación del beneficiario, se tendrán en cuenta factores como la edad, el momento de
aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la
persona, así como la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros.
Quedarán exentos de participación en el coste de las prestaciones aquellos beneficiarios cuya capacidad
económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
En ningún caso, la participación del beneficiario en el coste de los servicios superará el 60 por ciento
respecto al precio de referencia que se haya establecido para los mismos.
La participación en el coste de los servicios deberá garantizar a la persona beneficiaria al menos una
cantidad mínima para gastos personales que será del 40 por ciento del IPREM correspondiente.
Ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.
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DERECHOS DE GAYS Y LESBIANAS
Nueva Canarias defiende en todos los ámbitos institucionales y en el conjunto de la sociedad la plena
igualdad de derecho de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Combatiendo cualquier forma de exclusión
educativa, laboral o social por razones de orientación sexual.
Defendemos para todas las parejas de hecho, hetero u homosexuales, todos los derechos que se derivan de
la convivencia matrimonial.
Consideramos, asimismo, que el sistema educativo canario debe jugar un papel relevante en la superación de
la marginación de los homosexuales y la prevención de comportamientos homófobos. Para ello, al tratar el
ámbito afectivo y sexual, lo hará desde una concepción amplia que incluya las distintas identidades sexuales.
Hemos apoyado decididamente la Proposición de Ley de No Discriminación por motivos de identidad de
género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, presentada por los cuatro
grupos del Parlamento de Canarias, recogiendo una propuesta que ya había sido presentada en la legislatura
pasada por los colectivos LGTB y que nunca llegó a ser debatida en la Cámara.
Nueva Canarias considera imprescindible garantizar el derecho de las personas transexuales a recibir una
atención integral de las administraciones canarias en los ámbitos educativo, sanitario o laboral, para que
estén en condiciones de igualdad con el conjunto de la sociedad.
Nueva Canarias
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6. CULTURA
Para Nueva Canarias el derecho de los y las canarias a acceder a los progresos intelectuales de la sociedad,
a disponer de los beneficios materiales de sus producciones creativas y a participar activamente en el
devenir cultural de la comunidad, deriva de la necesidad humana de expresarse y compartir simbólicamente
valores y creencias. Es un derecho humano. Una condición para la vida digna. Es un derecho impostergable.
Los derechos culturales son la institucionalización de este impulso expresivo inherentemente humano y su
materialización es responsabilidad de los poderes públicos democráticos. La política cultural debe garantizar
la asignación de recursos suficientes para proveer mayores niveles de bienes y servicios culturales para una
justa distribución de capacidades que asegure una ciudadanía protagonista de su vida cultural.
A pesar de la crisis económica, los espacios de intercambio cultural se continúan ampliando. También se
amplía, y aumenta su peso en el conjunto de intercambios mercantiles, el mercado de la cultura. Es un hecho
sobradamente constatado que la competitividad de un territorio cada vez es más dependiente del modelo
de gestión de su dimensión simbólica. La cultura es un vector inestimable para el desarrollo social y
económico de nuestra tierra.
Estas tres consideraciones inspiran la propuesta electoral de Nuevas Canarias: el desarrollo de una acción
política que garantice los derechos culturales individuales y colectivos de las y los canarios de todas las
islas, anclado en el reconocimiento de los Derechos Humanos, redistribuidor y generador de poder cultural
ciudadano y activador de procesos de desarrollo que contribuyan a la superación de la crisis social,
económica y política que padece Canarias.
I. PROPUESTAS
La cultura en la reforma del Estatuto de Autonomía.
El insuficiente tratamiento de la cultura y de las consiguientes obligaciones de los poderes públicos en
materia cultural es una razón añadida para acometer la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. NC
defenderá la incorporación de “un bloque cultural” que garantice la materialización de los derechos
culturales de la ciudadanía canaria y el blindaje del servicio público cultural canario.
Financiación pública suficiente.
El gasto cultural autonómico en los últimos ocho años, aún en etapas de expansión presupuestaria, ha
sufrido recortes continuados que han llevado al Gobierno de Canarias a incumplir sus compromisos y
obligaciones en materia de cultura. NC defiende, de acuerdo con lo expresado
por diferentes
organizaciones del sector cultural canario, que el gasto cultural autonómico alcance, a final de la próxima
legislatura, el 1,2% del gasto liquidado total y que el grueso del incremento de dicho gasto se destine a la
creación y difusión cultural. NC entiende que el incremento debe ser escalonado, gradual y verificable. Para
ello articulará un dispositivo mixto (con participación de la sociedad civil) de seguimiento y control de la
implementación de este compromiso.
Actualización del Plan Canario de Cultura y proceso participativo.
NC ha defendido al Plan Canario de Cultura como el marco para ejercer la responsabilidad pública en
relación con la cultura en concierto con todos los agentes implicados en el desarrollo de cultura canaria.
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Pero el Plan Canario de Cultura apenas se ha implementado desde su aprobación. NC defiende la puesta en
marcha, en el primer año de la próxima legislatura, de un proceso de revisión y actualización del Plan
Canario de la Cultura desde una vocación integradora y de consenso para convertirlo en un instrumento
útil para todos los niveles de la administración pública y para el sector privado de la cultura de las islas.
Profundización democrática del Consejo Canario de la Cultura
NC propone
un nuevo modelo para el Consejo Canario de Cultura, más democrático, menos
gubernamentalizado, con menor discrecionalidad de los cargos unipersonales, con más autonomía
administrativa, con mayor presencia de la sociedad civil y con competencias y funciones adecuadas que
permitan postular al Consejo como espacio de participación y co-decisión efectivo para consensuar el
desarrollo de las políticas culturales canarias. NC propone, así mismo, adscribir el Consejo Canario de
Cultura al Parlamento de Canarias.
Centralidad de la cultura en la acción gubernamental
La cultura en general y el sector cultural en particular puede y debe incrementar su centralidad en la acción
gubernamental para dar respuesta a los principales retos de Canarias. Retos que derivan de la necesidad de
definir nuevos espacios de desarrollo económicos basados en la excelencia, la creatividad y el alto valor
añadido que deben tener consecuencias en la diversificación económica.
NC se propone superar la obsolescencia de la estructura administrativa cultural autonómica –inadecuada
para el obligado enfoque integral, estructurante y transversal de las políticas culturales modernas- por un
modelo de acción gubernamental que integre el eje creatividad-cultura-innovación-desarrollo.
Pacto de coordinación interadministrativo para la provisión de bienes y servicios
culturales
Para racionalizar la administración cultural pública, para que
gane en eficacia y eficiencia y para
contrarrestar los efectos más lesivos para la provisión de servicios culturales de proximidad de las leyes
antimunicipalistas del PP, NC propone un pacto entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias
basados en la cooperación y la clarificación de la distribución de competencias y funciones.
Activar la cultura como factor de cohesión social y equilibrio territorial
La cultura debe y puede jugar un mayor papel en tanto que factor de reequilibrio territorial. Esto pasa por
una concepción del acceso a la cultura y la expresividad como derecho de la ciudadanía canaria, sea cual sea
su lugar de residencia. NC propone establecer unos estándares mínimos de dotación de recursos culturales
en todo el territorio que garanticen la igualdad en el acceso y desde el respeto a las singularidades
territoriales.
Del mismo modo, la cultura puede y debe dar respuesta al reto de la cohesión social. NC pondrá en
marcha, con cabildos, ayuntamientos, FECAM y FECAI, mecanismos que potencien la cultura de proximidad;
el fomento de redes sociales robustas e inclusivas y programas específicos que favorezcan la autoorganización y sostenibilidad de las iniciativas culturales autónomas de la ciudadanía.
Fomento de la empresa cultural canaria
La existencia de un sector cultural privado robusto e independiente es condición para la existencia de un
sistema cultural canario equilibrado y sostenible. Sin embargo, la alta incertidumbre de la experimentación y
creación en los primeros escalones de aplicabilidad dificulta la inversión privada. Sólo el sector público
puede asumir la “financiación paciente” que las primeras etapas de la innovación exigen.
Nueva Canarias
!
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NC propone desarrollar un programa de industrialización cultural apoyada en las fortalezas del sector
cultural de las islas y encaminado a superar la fragilidad que presenta el tejido empresarial cultural en la
actualidad.
El programa favorecerá la clusterización y las agrupaciones empresariales que permitan generar centros de
referencia para la industria cultural local; abogará por el reconocimiento de las empresas culturales en el
perfil de Pymes objetos de las ayudas de las sociedades de garantías recíprocas; asistirá el acceso de las
Pymes culturales canarias a los créditos bancarios avalados por el fondo de garantía contemplado por el
Programa Europa Creativa; acometerá la activación de una línea ICO para empresas culturales canarias;
buscará acuerdos de colaboración con los viveros de empresas y los parques tecnológicos de las distintas
islas; colaborará en la formación de los profesionales y en la modernización de las estructuras de gestión y
empleabilidad.
Equilibrar la cadena de valor y
creación
transformar el acceso a la cultura en acceso a la
La cadena de valor de la creatividad y la cultura en Canarias muestra desequilibrios significativos. El grueso
de los programas, servicios y espacios culturales están centrados en la difusión, distribución y consumo y
apenas existen espacios centrados en la experimentación, creación y producción.
NC se propone reorientar los esfuerzos hacia los ámbitos de la experimentación/creación/producción
frente al modelo más tradicional de la difusión/distribución/consumo. Se trata de transformar la noción de
democratización del acceso a la cultura en democratización del acceso a la creación ya que sus efectos
tienen una mayor capacidad transformadora y los impactos sobre la satisfacción de los derechos culturales,
los impactos económicos y la capacidad de obtener objetivos sociales son mayores.
Revalorizar el patrimonio, impulsar la creación contemporánea
Afirmar que el talento y la creatividad contemporánea son recursos decisivos para el desarrollo de nuestra
sociedad no niega la existencia de valores culturales anteriores, al contrario, la cultura contemporánea
canaria encuentra sus potencialidades y trabaja a partir de la memoria y su reinterpretación constante
Nueva Canarias considera que las administraciones públicas y la ciudadanía deben mantener un
compromiso permanente con la conservación, investigación y difusión de nuestra riqueza cultural,
patrimonio de los canarios y del mundo.
Entendemos la identidad canaria como proceso dinámico y abierto, lo que nos hace permeables al mundo,
dispuestos a conocer otras culturas y, al tiempo, ofreciendo la nuestra al disfrute de los canarios y de toda la
Humanidad. Por eso, queremos impulsar más decididamente desde el sistema educativo el conocimiento de
nuestra historia, naturaleza y tradiciones.Y dar un mayor impulso, asimismo, a la recuperación, estudio y valoración ciudadana de nuestro patrimonio cultural y tradiciones.
Conectividad e internacionalización de la cultura canaria
En un mundo globalizado los flujos culturales tienen una dimensión internacional y es necesario establecer
estrategias de posicionamiento en las redes y circuitos existentes. La participación en dinámicas globales
ofrece ventajas inestimables para pequeñas comunidades como la canaria: permite ampliar el abanico de
posibilidades desde la perspectiva creativa a través de la interacción artística; mejorar los niveles de eficacia
y eficiencia de los procesos al ubicarse en contextos donde fluye la información, las innovaciones y las
buenas prácticas; ampliar las posibilidades de financiación de los organismos multinacionales (entre ellos, los
europeos); ampliar la demanda, la escala y la repercusión de la expresiones culturales canarias y ampliar la
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escala de los impactos tanto en la satisfacción de los derechos culturales como en el caso de los impactos
económicos y sociales.
NC se propone normalizar la presencia del sector cultural en una estrategia unificada de promoción y
acción exterior.
NC promoverá la creación de un Fondo Canario para la Movilidad Artística y Cultural potente en su
dotación, transparente en su funcionamiento y con participación pública y privada.
NC exigirá al Gobierno del Estado la dotación de una partida económica de un millón de euros, a cargo de
los Presupuestos Generales del Estado, para financiar la movilidad Canarias-Estado español de los artistas y
operadores culturales canarios durante los próximos cuatro años.
NC hace suya la demanda histórica de los y las artistas de las islas y se compromete a promover, en el
primer año de la próxima legislatura, la elaboración de una propuesta técnica-normativa y a entablar
negociones con el Gobierno de España para la supresión de las barreras aduaneras a la libre movilidad de la
obra de artistas canarios en el conjunto del territorio español y en el territorio de la UE.
NC trabajará para incorporar
la cultura a la agenda política de los presidentes de las Regiones
Ultraperiféricas de la UE con el objetivo de establecer una plataforma común de trabajo que abogue por la
adaptación de los programas e instrumentos culturales europeos a las peculiaridades de los sistemas
culturales de nuestros territorios.
Nueva Canarias
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7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE CANARIAS
LA ASIGNATURA PENDIENTE: PROFUNDIZAR EN LA DEMOCRACIA Y EN
LA AUTONOMÍA DE AYUNTAMIENTOS Y CABILDOS.
Más de 30 años han pasado desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias (1982) y de la
aprobación de la Ley de Régimen Local de la democracia (la LRBRL, abril de 1985), y siguen aplazándose,
por la legislación estatal y por la legislación canaria más recientes, aspectos fundamentales.
Éstos no tienen que ver tanto con las competencias de cabildos y ayuntamientos, que han acaparado
constantemente el debate, como con la calidad de la democracia y de la autonomía local.
Es palpable que en el régimen jurídico y en el funcionamiento de las corporaciones locales hay un déficit
democrático. La legislación se ha orientado, bajo la presión de la FEMP y de la FECAM, para reforzar la
capacidad ejecutiva de los alcaldes y presidentes insulares y de sus gobiernos, a partir del argumento de dar
respuesta eficaz a las demandas sociales. Que es un argumento importante.
Pero el resultado ha sido un desequilibrio cada vez mayor entre los instrumentos del poder y los de control
del poder, quebrando un principio esencial del sistema democrático.
Esta situación, sumada a la falta casi absoluta de instrumentos efectivos de control de legalidad, deteriora la
calidad democrática en las entidades locales, dificulta notablemente la alternancia y favorece los fenómenos
de corrupción. En el caso de los cabildos, sigue sin resolverse una cuestión que está siendo aprovechada
periódicamente como coartada para actitudes centralizadoras: su condición de “instituciones” de la
Comunidad Autónoma.
Aclarémoslo de una vez: los cabildos son órganos de autogobierno y representación de una entidad
territorial, la isla.
Sus competencias, como las de todas las entidades locales, sólo pueden ser o propias o delegadas. Las
competencias propias deben ejercerlas con plena autonomía y responsabilidad, con el único límite ni más
control que el respeto al principio de legalidad.
Las competencias propias de cada entidad local deben definirse por normas con rango de Ley, sea estatal o
autonómica.Y sólo por Ley pueden modificarse.
Las competencias delegadas, por el contrario, dependen de la voluntad política de la Administración Pública
a quien esas competencias se han atribuido como propias.
Y, en el supuesto de delegaciones entre Instituciones dotadas de personalidad jurídica independiente, como
son la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos, y que poseen una
legitimidad democrática autónoma, requieren la aceptación de la entidad que va a recibir la delegación.
No hay una tercera categoría, la de competencias “transferidas”, que permitan a los órganos de la
Comunidad Autónoma establecer controles de eficacia, ni de oportunidad, embridando la autonomía insular
o la municipal.
Cuando el legislador, estatal o autonómico, define el papel de las Administraciones Públicas en una
determinada materia, ha de repartir entre la Administración estatal, autonómica, insular o municipal las
competencias en función de los principios constitucionales de descentralización, eficiencia, eficacia y
suficiencia financiera, llenando de contenido la autonomía de las entidades insulares y municipales.
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Debe ser así si queremos respetar el sistema político plasmado en la Constitución, basado en la distribución
territorial del poder y pensado para consolidar una sociedad democrática avanzada.
Además, es el único método de clarificación competencial y el único que permite transparentar las
responsabilidades políticas y jurídicas de cada nivel de gobiernos y gestión de los intereses públicos.
Por eso nos comprometemos, ejercitando las potestades legislativas de Canarias, a promover las
modificaciones legales tantas veces aplazadas que son imprescindibles para fortalecer una democracia
basada en el Estado de Derecho y en la garantía del pluralismo político-social y, especialmente en nuestro
Archipiélago, del pluralismo territorial.
Estas reformas constituirán, simultáneamente, uno de los mejores antídotos frente a la corrupción, que
ensancha sus dominios en aquellas estancias del edificio político donde las garantías de la legalidad se
encuentran más debilitadas:
-
Reforzando la independencia y estabilidad de secretarios e interventores, bajo cuya responsabilidad
están los mecanismos de control preventivos del respeto a la legalidad.
-
Dificultando la aprobación de acuerdos en contra de los Informes de legalidad de la Secretaría o de
los reparos formulados por la Intervención, en garantía de la legalidad económica y presupuestaria.
-
Estableciendo, y dotándolo suficientemente de recursos humanos y de medios materiales, un
Servicio Autonómico que controle el respeto a la legalidad de la actuación de las Administraciones
Públicas Canarias desde la independencia y la objetividad, de modo que la Comunidad Autónoma
supere el grave vacío que arrastra desde hace varias décadas.
Y, especialmente,
-
Fortaleciendo los mecanismos de control que corresponden a los grupos en la oposición, para
restablecer el equilibrio político, el respeto a la legalidad, la formación de una opinión pública libre,
la alternancia y, en consecuencia, la calidad democrática. Éstas son premisas imprescindibles para
recuperar la confianza de la ciudadanía en las Instituciones representativas.
Aunque se han aprobado leyes respecto a las administraciones locales canarias, el proceso competencial
debe complementarse con las correspondientes leyes sectoriales (como planteamos con la nueva Ley de
Servicios Sociales) y con la adecuada financiación que posibilite contar con los recursos adecuados, para lo
que es determinante modificar la financiación autonómica.
Nueva Canarias
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8. DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y SISTEMA ELECTORAL
MEJORAR LA DEMOCRACIA. TRANSPARENCIA Y ÉTICA POLÍTICA
La desafección hacia la política aúna diversos factores. Entre ellos, la crisis económica y el fracaso de las
políticas de austeridad llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular en el Estado - tras el giro previo
adoptado por el Ejecutivo de Zapatero al final de su mandato con la modificación del artículo 135 de la
Constitución-, que han llevado a unas cifras inasumibles socialmente de parados y al deterioro de los
servicios básicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero también la aparición de
numerosos casos de corrupción vinculados a la mezcla de política y negocios. Generando una amplia
desafección de la ciudadanía hacia el sistema democrático, que se manifestó, por ejemplo, con el movimiento
del 15M, así como con un fuerte descrédito de los políticos, los partidos y las instituciones.
El desprestigio originado por la corrupción de la actividad política democrática es muy preocupante porque
supone el derroche de recursos públicos y es, al tiempo, caldo de cultivo donde se desarrollan los
populismos y los autoritarismos. En nuestro caso, la sensación de impunidad derivada de la lentitud de la
Justicia ha agravado todavía más la situación. Los políticos y los partidos políticos son vistos por un amplio
sector de la ciudadanía como parte del problema a resolver.
Profundizando un poco en la corrupción, los estudios realizados demuestran que los principales focos de la
misma son, primero, el urbanismo desarrollado a partir de la ley del suelo aprobada por el PP, que generó
prácticas abusivas e ilegales, en bastantes casos con contraprestaciones a alcaldes y concejales, y
vinculaciones a la financiación fuera de la legalidad de los partidos políticos.
El segundo gran foco ha estado vinculado con las contrataciones públicas de diverso tipo, que se han
adjudicado a dedo, saltándose la legislación vigente, a los “amiguitos del alma” de turno creando verdaderas
tramas mafiosas con los correspondientes pagos a cargos públicos y vinculación también con la financiación
ilegal de los partidos. Por último, la colocación de familiares o amigos políticos en puestos de confianza sin
mérito alguno y de una forma a menudo descarada ha sido la tercera vía más común de la corrupción que
hemos sufrido.
Pero la crisis y la corrupción no son los únicos elementos a considerar. La ineficiencia, la mala gestión o las
decisiones partidistas interesadas y estrechas también desprestigian la política. Las hemos visto en las
elecciones de los altos órganos de la justicia, o en el acuerdo de PSOE y PP sobre la información a publicitar
por el Congreso sobre los viajes de los diputados, o más cerca, con la reciente elección partidista del nuevo
Consejo Rector de la Radio Televisión Pública Canaria.
Contribuye mucho al desánimo ciudadano y a su percepción negativa de la política, la convicción social de
que son los intereses económicos globales los que realmente están marcado las políticas a seguir por los
gobiernos de los distintos estados. El secuestro de lo político por poderes económicos siempre difusos es
otro elemento fundamental del problema
En Canarias, la actual Ley Electoral que bloquea la alternancia natural de los partidos en los gobiernos y el
pase a la oposición de los otros, base de todo sistema democrático, acrecienta, por un lado, las posibilidades
de las corruptelas por la permanencia de algunos siempre en puestos de poder y, por otro, produce más
descreimiento social en las posibles soluciones.
Nueva Canarias considera que la solución pasa y debe pasar por profundizar la Política, la política con
mayúsculas entendida como la gestión de lo público para favorecer a la sociedad. Aumentando su peso en la
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toma de decisiones y recuperando su vinculación con la sociedad, fortaleciendo y reformando los actuales
sistemas democráticos, e incrementando su fuerza e independencia frente a los intereses privados y
particulares, en suma, mejorando la democracia.
Nueva Canarias entiende que la política la tienen que realizar las personas, los políticos, y que estos
deben ser pieza clave en el proceso de recuperación social que es necesario acometer, porque ningún
problema se va a solucionar si no se aplica trabajo personal, con dedicación y criterio para hacerlo.
Pero para serlo realmente los políticos tienen que recuperar credibilidad social y para ello deben demostrar
ante la ciudadanía que son personas a las que les mueve el interés público y colectivo por encima de
cualquier otro, que son personas honradas, trabajadoras y eficaces. Deben de hacerlo porque son personas
públicas, y como tales deben estar sometidas al escrutinio público. Tienen que hacerlo porque es en la
sociedad como conjunto de los ciudadanos donde reside el fundamento de la democracia.
Nueva Canarias siempre ha tenido una militancia activa y defensora de los intereses generales
intentando reflejarlas en las políticas del partido, formada por personas honradas y trabajadoras. Hemos
mantenido políticas de izquierda a favor de las clases trabajadoras y medias, en favor de mantener y
desarrollar el estado del bienestar que ha sido la esencia de las políticas socialdemócratas y que ha sido el
ADN histórico de la Europa democrática moderna.
Para ir recuperando el peso de la Política en la sociedad y el reconocimiento social a los políticos hay que
cambiar o potenciar elementos que generen confianza en los ciudadanos, mejorando la democracia. Los
ciudadanos tienen que sentir que recuperan la centralidad de las sociedades democráticas, que no son
meros introductores de votos en las urnas en los procesos electorales.
En primer lugar, deben de sentir que sus votos deciden sobre las políticas que se van a desarrollar, además
de a las personas que van a hacerlo, fortaleciéndose el vínculo entre lo que ofertan los partidos y los líderes
durante las elecciones y las políticas que llevan a cabo posteriormente. Los electores deben palpar que los
partidos a los que han votado trabajan, están comprometidos y luchan por defender los programas que
plantearon en las elecciones. En la práctica diaria cuando la realidad hace cambiar, modificar, ponderar o
renunciar a algo del programa los partidos deben explicarlo a la ciudadanía como reconocimiento del
compromiso asumido con ella. La ciudadanía tiene que saber que las ofertas democráticas que se plantean
son distintas y que reflejan posiciones ideológicas diferentes y concepciones de la sociedad contradictorias.
Pero para ello los partidos deben defender políticas económicas y sociales que reflejen sus concepciones
básicas. El desplazamiento de las ofertas políticas socialdemócratas hacia posiciones neo conservadoras,
falsamente liberales, ha confundido al electorado y ha provocado la separación de los sectores progresistas
de la sociedad de sus partidos tradicionales.
En segundo lugar, los ciudadanos tienen que tener reconocidos por las leyes sus derechos ante los poderes
públicos y deben proporcionárseles los medios para ejercer su derecho de información y control sobre
dichos poderes públicos. En este sentido las recién aprobadas leyes de transparencia del Estado y de
Canarias, así como la del Parlamento de Canarias, suponen un paso en la buena dirección. Pero se
equivocaría quien piense que la mera aprobación de estas leyes provocará un cambio en la mentalidad de
los poderes públicos en favor de la apertura y el control social. La dinámica natural de los poderes es la
contraria y por eso debe plantearse esta cuestión como una batalla pacífica pero constante para conseguir
mayores cotas de información, control y mejorar nuestra democracia.
En tercer lugar, debemos recordar que la fundamentación de los sistemas democráticos es la primacía de la
Ley. Es necesario legislar sobre todas estas materias relacionadas con la corrupción y el mal funcionamiento
Nueva Canarias
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de los poderes públicos para que se cada vez más difícil que se vuelvan a producir y tengan penas mayores
y más duras y los ciudadanos sientan que el sistema democrático protege y defiende adecuadamente sus
derechos ante los nuevos retos y problemas planteados por el desarrollo del sistema capitalista.
En base a estos criterios y para conseguir los objetivos planteados consideramos necesarias las siguientes
medidas.
1- Medidas Generales.
-
Sobre las leyes de Transparencia.
• Se tienen que incluir la obligatoriedad de que se publiquen los Órdenes del Día de los
Consejos de Gobierno o similares de las diversas instituciones, respetando las medidas de
confidencialidad.
• Deben publicarse las agendas públicas de los máximos responsables ejecutivos,
respetándose la vida privada, todas las reuniones que se realicen por motivo del cargo
deben recogerse, sean con personas o instituciones públicas o privadas.
• Las informaciones sobre los procesos de licitación o de concursos sobre personas o bienes
y servicios deben publicitarse con el único tope de la confidencialidad comercial o la
privacidad personal.
-
Evaluación de las Políticas Públicas.
• Deben hacerse y publicarse Auditorías internas y/o externas sobre las políticas y programas
más importantes y costosos llevados a cabo de manera que se conozca la efectividad de los
mismos.
• Se fijarán indicadores de gestión que permitan un control permanente.
-
Se favorecerá y valorará la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
-
Se establecerán mejores controles sobre los procesos de contratación administrativa,
especialmente de los urbanísticos y de contratación de servicios, realizándose antes y después
de los mismos.
-
Se fortalecerán las unidades policiales y de Hacienda dedicadas al control y persecución de los
delitos económicos.
-
Hay que endurecer la legislación sobre la financiación ilegal de los partidos políticos.
-
Hay que endurecer la legislación sobre el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos y altos
cargos.
-
Deben regularse las remuneraciones máximas a los cargos públicos, altos cargos y directivos de
las empresas públicas y asimiladas.
-
Debe hacerse y publicarse un listado con los préstamos bancarios que tienen los partidos
políticos.
2- Sobre los Partidos Políticos.
Nueva Canarias se compromete a asumir las siguientes medidas aunque no las exija la legislación vigente
sobre partidos políticos:
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Nueva Canarias exigirá, además, que la nueva legislación sobre los partidos políticos recoja las siguientes
medidas.
-
Deber de publicar sus Cuentas Anuales.
-
Informar sobre las fechas de remisión de sus cuentas al Tribunal de Cuentas.
-
Publicar el último informe sobre sus cuentas del Tribunal de Cuentas.
-
Hacer público los dos últimos presupuestos anuales.
-
Informar obligatoriamente sobre todas las instituciones que tengan vinculadas, sean
fundaciones, asociaciones u otras, y qué tipo de vinculación mantienen.
-
Mejorar el control legal sobre sus ingresos y gastos públicos y privados y sobre su patrimonio.
-
Informar, tras las campañas electorales, de las cuentas de las mismas.
3- Sobre nuestros cargos públicos, altos cargos y militantes.
Nueva Canarias está comprometida con una política de mejora de la democracia y de una política
transparente.
Nueva Canarias mantiene un Código Ético para sus militantes y, especialmente, para sus cargos y
responsables públicos, donde se les exige el cumplimiento de los principios y políticas que defiende por ser
un partido de izquierda y progresista.
Nueva Canarias considera que nuestros militantes deben tener un comportamiento militante ante la
actividad social y política, lo que implica que la realizan por voluntad propia y sin percibir contraprestación
alguna. Los militantes tienen que priorizar en su práctica política el bien colectivo sobre el individual, y el
bien público sobre el privado. Nuestros militantes deben asumir la actividad pública como un servicio a la
colectividad y a la sociedad en general.
Nueva Canarias exige a nuestros cargos públicos y altos cargos el cumplimiento de normas y
obligaciones que reflejan nuestros principios sobre la política y el ejercicio individual de la misma.
-
Requiere que realicen su labor con ejemplaridad cumpliendo sus obligaciones y realizándolas de
la manera más eficaz y eficiente posible.
-
Defiende que los cargos tengan dedicación exclusiva a la actividad pública, no pudiendo
compatibilizarlo con actividades privadas.
-
Obliga a que si se tiene más de un cargo o responsabilidad pública solo puedan cobrar una
remuneración por su labor.
-
Exige independencia en la responsabilidad pública y prohíbe la aceptación de obsequios y
regalos de personas o instituciones privadas.
-
Plantea la necesidad de publicar los ingresos y los patrimonios personales antes y después de
permanecer en los cargos.
Nueva Canarias
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DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE LA POLÍTICA
Defensa de la autonomía de la política y compromiso de NC de defensa de los intereses generales
en su acción parlamentaria. En los últimos tiempos la política ha ido sufriendo un creciente descrédito,
vinculado a que un sector de la ciudadanía entiende que los gobernantes no atienden sus preocupaciones o
que toman decisiones que no comparten o en el peor de los casos que sus acciones favorecen intereses
particulares en lugar de los generales que debían defender. Los escándalos de corrupción que afectan a
algunas administraciones públicas y a algunos miembros de algunos partidos alimentan ese descrédito de la
actividad política.
La corrupción no es generalizable: la mayoría de las administraciones funcionan acorde con la
legalidad; en las islas tenemos responsables públicos que han estado durante décadas en distintas
instituciones y que no se han visto salpicados por un solo caso de corrupción; no es justo, para quienes
actúan con honradez y hacen una buena gestión de los recursos públicos, situarlos en el mismo plano que
en el de los minoritarios corruptos. Por otra parte, la corrupción se produce en todos los sistemas
políticos, totalitarios o democráticos, aunque con la diferencia de que en estos últimos existen posibilidades
de descubrir y castigar a los responsables, cosa casi imposible en las dictaduras.
La tolerancia social frente a la corrupción, que se percibía hace algunos años, se ha trocado en preocupación
y en rechazo en unos tiempos de crisis económica y social. La conciencia de que la crisis ha sido
aprovechada para destruir las políticas sociales y acentuar las desigualdades sociales ha sido el detonante de
la nueva y positiva actitud de los ciudadanos y ciudadanas.
Frente a los casos de corrupción, la reacción de los partidos políticos ha oscilado entre la crítica a los
corruptos del adversario, la comprensión y el arropamiento con “los de casa” y el establecimiento de
“códigos éticos”, tan pronto proclamados como incumplidos.
La respuesta a los casos de corrupción que degradan la convivencia democrática y sus Instituciones tiene
que partir siempre del análisis de cada caso concreto y de su gravedad. De la comprobación de que, en
cualquiera de sus formas, ha habido una utilización del poder para beneficiar intereses particulares frente a
los generales. No puede, por tanto, depender del momento procesal, ni de la apertura del juicio oral, sino de
la gravedad de las conductas.
Es la gravedad de los hechos la que obliga a tomar medidas de apartamiento de la vida política a quienes
hayan abusado de la confianza de la ciudadanía.
Hacer depender la respuesta del estado de la tramitación procesal, puede llevar a situaciones arbitrarias e
injustas. Puede haberse convocado juicio oral sobre hechos que difícilmente pueden calificarse de
corrupción y, por el contrario, demorarse hasta el infinito el proceso judicial sobre casos cuya suma
gravedad está a la vista desde el primer momento.
Nuestro compromiso es explícito: tolerancia cero ante la corrupción, distinción conceptual entre
responsabilidad política y judicial, y exigencia de responsabilidades políticas en función de la gravedad
objetiva de cada caso, sin depender del estado de la tramitación procesal, ni del color político de quienes
hayan traicionado la confianza de los ciudadanos.
Hoy más que nunca es la hora de creer en la política y en el relevante papel que le toca jugar a las
administraciones públicas ante la grave crisis producida por la desregulación liberal del sistema financiero
mundial, especialmente el anglosajón, y sus consecuencias de paro y destrucción de riqueza en tantos
países, entre ellos, por supuesto en España y en Canarias. Crisis mundial que paradójicamente la derecha
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conservadora mundial quiere resolver debilitando los estados, reduciendo el estado del bienestar,
privatizando lo público y liberalizando más la economía.
Una derecha que, encima, culpa a lo público y a la política de todos los males, cuando fue la desregulación y
la falta de intervención lo que facilitó los desmanes que dieron lugar a la crisis económica actual.
NC reafirma la necesidad de la autonomía de la política y la defensa de los intereses generales en su acción
parlamentaria y en la gestión de las administraciones que gobierne. Se compromete a desarrollar su
actividad guiada por los valores de responsabilidad, honradez y de servicio a la ciudadanía en la
gestión pública, atendiendo especialmente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de nuestra
sociedad.
Impulsaremos el incremento de la eficacia y la transparencia en el funcionamiento de las administraciones,
combatiendo las prácticas clientelistas. Lucharemos activamente contra la especulación urbanística, el tráfico
de influencias y la malversación de los recursos públicos. Propondremos incrementar las dotaciones
humanas y materiales de la justicia y de las fiscalías anticorrupción, para que puedan desempeñar su función
con mayor eficiencia, reduciendo al mínimo los espacios para la impunidad
REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL AL PARLAMENTO CANARIO.
Canarias padece un sistema electoral para acceder al Parlamento de Canarias que distorsiona la
voluntad libremente expresada por los electores al depositar su voto, impidiendo la representación
política de una parte importante de la ciudadanía canaria.
A lo largo de estos últimos cuatro años ha ido creciendo en Canarias el malestar por el injusto y
antidemocrático sistema electoral que padecemos, de forma que nuevos colectivos se han incorporado al
debate lo que nueva Canarias ha aplaudido sin reservas.
Por este motivo, hemos suscrito el Pacto por la Democracia en Canarias, a propuesta del foro cívico
Demócratas para el Cambio, para la consecución además de una nueva Ley Electoral Canaria, al que se han
adherido trece organizaciones políticas en Canarias. Acuerdo que a continuación reproducimos:
1. La democracia y su desarrollo y excelencia es un ideal de todo ciudadano libre. La mejora continua de la
democracia es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el
Gobierno o en la oposición. Declaramos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima
confrontación política o electoral entre nuestros partidos las diferencias del modelo final de una reforma
electoral.
2. Los partidos firmantes nos comprometemos a acometer la reforma electoral en el Parlamento de
Canarias y por una Ley emanada de él de manera inmediata, explotando al límite las posibilidades
legisladoras que el vigente Estatuto de Autonomía permite.
3. Nos comprometemos a eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral el
planteamiento de la vía de la reforma estatutaria como instrumento inmediato válido para la reforma
electoral de Canarias. Solo tras el desarrollo de una Ley Electoral por el Parlamento de Canarias, será
adecuado plantear mejoras en el sistema electoral por la vía de una reforma del Estatuto.
Nueva Canarias
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4. Nos comprometemos a proponer una Ley con mejoras en la proporcionalidad del sistema electoral
mediante la corrección de los índices de representación de las circunscripciones infrarrepresentadas del
conjunto del sistema.
5. Nos comprometemos a proponer una Ley con mejoras en la restricción de acceso al escaño. Estas
mejoras se plantearán por medio de la reducción del número de barreras actualmente vigente, así como
de su porcentaje de corte. Serán de referencia los valores habilitados en los sistemas electorales
españoles para comicios autonómicos.
6. Pero la mejora de la democracia y los procesos reformistas conducentes a su perfección no son una
tarea exclusiva de los partidos políticos democráticos. Exige el compromiso activo de todos,
instituciones, gobierno y, de manera destacada, de los ciudadanos, en la afirmación constante de los
valores cívicos y democráticos. Reafirmamos nuestra determinación de impulsar y apoyar la movilización
de los ciudadanos a favor de la mejora de los elementos básicos que conforman nuestra democracia.
7. Nos comprometemos a aunar toda nuestra energía de partidos democráticos con la del impulso cívico
para culminar la reforma del sistema electoral canario antes de los próximos comicios autonómicos del
año 2015, de forma que sea esta la última legislatura regida por el más deficitario de los sistemas
electorales del Estado.
Este acuerdo exige una colaboración permanente entre todos los partidos firmantes, lo que implica el
intercambio de información, la actuación concertada en los distintos ámbitos políticos e institucionales
en los que cada uno pueda tener presencia, la coordinación con la movilización ciudadana y la búsqueda
de posiciones conjuntas.
8. Consideramos necesario incorporar un instrumento de evaluación y cumplimiento del presente Pacto
por la Democracia en Canarias, en el que se integrarán representantes de todas las fuerzas políticas con
representación institucional firmantes hoy y las que se incorporen en el futuro. Así mismo se concederá
voz a las organizaciones ciudadanas con reconocido recorrido en propuestas de reforma del régimen
electoral. Sus sesiones se celebrarán periódicamente, al menos de manera trimestral.
9. Con la firma del presente Acuerdo nuestros partidos quieren ratificar públicamente el compromiso
firme de trabajo en común hasta la consecución de una Ley Electoral emanada del Parlamento de
Canarias que pueda estar en vigor para la próxima convocatoria de Elecciones Autonómicas del año
2015.
ANEXO: PROPUESTA DE REFORMA DE LEY ELECTORAL DE CANARIAS DEL
PACTO POR LA DEMOCRACIA EN CANARIAS
La propuesta consta de dos epígrafes y se ha alcanzado con tres condiciones previas.
Condiciones previas:
1. El incremento del número de escaños necesario para corregir la representación de las islas con déficit ha
tenido como límite el máximo de 70 diputados o diputadas permitido por el Estatuto de Autonomía de
Canarias vigente.
2. La corrección de las poblaciones infrarrepresentadas se ha planteado sin menoscabo de los escaños
actualmente asignados a ninguna de las circunscripciones establecidas.
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3. El incremento del número de parlamentarios y parlamentarias necesario para corregir la representación
de las islas con déficit se ha planteado con el compromiso de no incrementar las Retribuciones de Altos
Cargos referidas en el CAPITULO I de GASTOS de Personal del actual Presupuesto General del
Parlamento Canario.
Partiendo de estas premisas la propuesta de Reforma del Sistema Electoral Canario se deberá sustanciar en
una Ley Electoral emanada del Parlamento por el procedimiento de urgencia con dos elementos
correctores dirigidos a hacer efectiva la pluralidad política y a mejorar la proporcionalidad y desigualdad en
el valor del voto.
Así, los dos epígrafes que conforman la propuesta de consenso son:
1. Reducir las restricciones de acceso al escaño por medio de la habilitación de una única barrera electoral
limitada al ámbito insular con un corte del tres por ciento de los votos válidamente emitidos en la
circunscripción.
2. Mejorar la representación ciudadana en su Parlamento, corrigiendo la deficitaria proporcionalidad y
extrema desigualdad en el valor del voto entre ciudadanos pertenecientes a la misma Comunidad
Autónoma. Esto se logra a través del incremento de representación de aquellas circunscripciones que
presentan notables desajustes respecto a la población que actualmente ostentan en el conjunto de
Canarias.
Se ha atendido, por tanto, a la mejora de la representación de las circunscripciones de Tenerife y Gran
Canaria con un incremento en la asignación de 4 escaños a cada una de ellas. Resulta así un Parlamento de
Canarias constituido por 68 escaños asignados de la siguiente manera:
• El Hierro: 3 escaños
• Fuerteventura: 7 escaños
• Gran Canaria: 19 escaños
• La Gomera: 4 escaños
• Lanzarote: 8 escaños
• La Palma: 8 escaños
• Tenerife: 19 escaños
Esta propuesta, que surge de un intenso proceso de debate, habrá de ser profundizada en el nuevo
Parlamento buscando el máximo consenso y las mayorías que hagan posible la reforma del injusto sistema
electoral que padece Canarias.
Nueva Canarias
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9. DEFENDER LOS INTERESES DE CANARIAS FRENTE AL
ESTADO
A lo largo de los más de cinco siglos desde la anexión de Canarias por la Corona de Castilla las relaciones
con las sucesivas administraciones del Estado han evolucionado entre la incomprensión, el abandono, la
tensión y, en menor medida, el entendimiento.
Nuestra naturaleza de Archipiélago aislado con circunstancias adversas permanentes que dificultan nuestro
desarrollo, esencialmente la insularidad, la fragmentación territorial y la lejanía, son frecuentemente
olvidadas por los gobiernos de España, lo cual explica la ciclicidad histórica de las relaciones CanariasEstado.
La consecución de las leyes de modificación del REF de 1991 y 1994 es un reconocimiento a nuestras
singularidades. Y las sucesivas leyes orgánicas del Estatuto de Autonomía de Canarias 10/1982 y su reforma,
aunque insuficiente, en diciembre de 1996, han supuesto un reconocimiento de las singularidades canarias.
Así mismo, la disposición adicional tercera de la Constitución Española reconoce expresamente el REF
canario.
Hasta tal punto es así que ha tenido que ser la Unión Europea la que con mayor amplitud ha reconocido el
hecho diferencial canario incorporando a su derecho primario el Estatuto del Archipiélago como región
utraperiférica, atendiendo a las desventajas estructurales y permanentes que le afectan.
En sentido contrario, a lo largo de la actual legislatura hemos sufrido un conjunto de agresiones sin
precedentes. En efecto, el Gobierno del PP no solo ha ignorado los derechos reconocidos de Canarias,
especialmente los referidos al REF económico, sino que ha generado un conjunto de políticas
profundamente lesivas para el Archipiélago, entre ellas el retraso sine die de la reforma del sistema de
financiación autonómica actual (aprobado por el Gobierno del PSOE estatal con el Ejecutivo canario de CC
y PP en el año 2009) que genera un daño importante a la financiación de nuestros servicios públicos.
La abierta hostilidad, que ha caracterizado la legislatura que ahora finaliza, entre los gobiernos de España y
Canarias, obliga a encontrar mecanismos para reconducir el enfrentamiento permanente sin renunciar a la
defensa de los derechos que tenemos reconocidos.
Es preciso rectificar el conjunto de decisiones que han perjudicado al Archipiélago, en aspectos tan sensibles
como la bonificación a las energías renovables, ley eléctrica, privatización de AENA, tasas aeroportuarias,
convenios de infraestructuras, ayudas al tomate y a la desalación, suspensión del Plan Integral de Empleo de
Canarias del Plan de Renovación de infraestructuras turísticas o el que se haya pasado del 65% al 24% en las
ayudas al transporte entre 2011 y 2015.
Un conjunto de decisiones que han caracterizado al Gobierno del PP de esta etapa como el que en mayor
medida ha incumplido y maltratado a los intereses de Canarias a lo largo de la reciente historia democrática
española.
Un caso especialmente llamativo es el del convenio de carreteras, porque su incumplimiento manifiesto por
parte del Ministerio de Fomento contrasta con la sensible mejora por este concepto de otras comunidades
del Estado. El perjuicio causado es enorme: en lo económico, más de 600 millones de euros de pérdida en
cuatro presupuestos; y en la conectividad, al paralizarse infraestructuras vitales para las Islas, como es el
caso de carreteras históricamente reivindicadas, entre ellas el anillo insular de Tenerife, la carretera La
Aldea-Agaete o el eje Norte-Sur de Fuerteventura, entre otros.
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Es de todo punto esencial que el próximo Gobierno canario se dote, para mejor defender nuestros
intereses generales, de la fortaleza y del apoyo de la sociedad canaria para impulsar en las mejores
condiciones la defensa de los legítimos intereses de Canarias frente al Estado.
energía y los argumentos que se obtienen de la participación de la sociedad canaria en los asuntos que le
afectan y de la construcción de una sólida argumentación política, asentada en el consenso políticoinstitucional en el Archipiélago.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y REF ECONÓMICO
Dos asuntos tienen relevancia especial a la hora de corregir el maltrato de Madrid por tener una influencia
determinante sobre los intereses de Canarias.
- La financiación autonómica
La necesidad de una financiación autonómica justa es esencial para el desarrollo de Canarias. Ya hemos
explicado que mientras se mantenga el actual e injusto sistema, Canarias pierde más de 800 millones de
euros al año, generándose un daño claro al interés general de los canarios.
Exigimos contar con la misma financiación media a los servicios básicos que el resto de ciudadanos y
ciudadanas del conjunto del Estado.
- La defensa de nuestro acervo económico y fiscal
Es un lugar común que la historia de Canarias posterior a la conquista española está ligada a sus
singularidades fiscales y comerciales. Y que su expresión actual son las leyes del REF que cuentan incluso
con reconocimiento constitucional.
Como sabemos, los incentivos fiscales del REF 2015-2020 fueron aprobados por el Congreso de los
Diputados el pasado diciembre.
REF Fiscal
Con relación al ya ratificado REF Fiscal hemos valorado que la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC)
pueda dirigir hasta la mitad de sus recursos a la creación directa de empleo. Lo que supone un cambio
sustancial respecto al modelo hasta ahora vigente.
Asimismo, compartimos los cambios respecto a la DIC (Deducción por Inversiones de Canarias). Entre
ellos, el incremento de las deducciones parta actividades de innovación y, asimismo, las que atañen a la
realización de producciones cinematográficas en las Islas.
Aunque mantenemos nuestra reservas sobre la inversión de activos en el exterior. Por dos razones, primero
porque es difícil de explicar a la sociedad canaria como nuestro ahorro fiscal se utiliza para invertir en el
extranjero, más aún en una coyuntura socioeconómica tan dura. Y, segundo, porque es difícil garantizar el
adecuado control fiscal fuera de nuestros limites territoriales.
En cuanto a la ZEC (Zona Especial Canaria) valoramos que se pueda aplicar en ella la RIC, así como el
aumento del listado de actividades potenciales, la flexibilización en relación a las bases imponible y el
empleo y, también, que se pueda extender a todo el territorio del Archipiélago, salvo la Zona Franca.
Nueva Canarias
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Conviene recordar que todos los incentivos fiscales del REF suponen reducciones sobre el Impuesto de
Sociedades, que es de titularidad estatal, y que con las rebajas que suponen la Reserva, la DIC y la ZEC, se
quedarán en Canarias cientos de millones de euros.
Sin embargo, el elemento más novedoso de la propuesta de renovación del REF emanada del Parlamento
canario no ha sido aceptado. Nos referimos a la posibilidad de bonificar temporalmente los costes de la
Seguridad Social de las pequeñas y medianas empresas hasta que Canarias se acerque a las medias de
desempleo española y europea.
Por otra parte, hemos insistido en que no se debe mitificar el alcance del REF. Los problemas de la
economía canaria, de su estructura de producción, de su escasa diversificación y de su baja generación de
empleo no los va resolver el renovado REF.
En una situación ideal colaboraría en la generación de 4.000 o 5.000 empleos anuales, positivo impacto pero
muy insuficiente en un territorio con más de 350.000 desempleados. Se precisan cambios mucho más
profundos y nuevas políticas económicas si queremos transformar esta dura realidad. Lo que pasa por la
puesta en marcha de un verdadero plan especial para Canarias.
REF económico, actualización y cumplimiento
Los aspectos económicos del REF hacen referencia a un conjunto de ayudas y bonificaciones que el
Gobierno de España debe reconocer a Canarias para, esencialmente, colocarnos en condiciones de
competitividad y desarrollo similares a la media de las comunidades de régimen común, excluida la
financiación del hecho insular.
Cuando Nueva Canarias exige estar en la media de inversiones en los sucesivos presupuestos generales del
Estado está refiriéndose a que se cumpla el REF de 1991. O cuando defendemos las ayudas a la energía, al
transporte de mercancías y personas, a la desalación, a las políticas para el empleo o a una línea preferente
de préstamos para las pymes nos estamos sustentando en las leyes del REF, plenamente vigentes y
reiteradamente incumplidas por los gobiernos de España de turno.
En consecuencia, Nueva Canarias defenderá la urgencia de iniciar un proceso de actualización del REF
económico. Por ello, hemos apoyado el texto aprobado por el Parlamento de Canarias el pasado 21 de
abril, aunque dudamos que el mismo sea posteriormente aprobado en sus actuales términos por los
partidos centralistas, de viejo o de nuevo cuño.
Nueva Canarias insistirá, con la máxima firmeza y rigor, mientras no se proceda a su debate en las Cortes,
en que lo primero es el cumplimiento del actual por tratarse de una reivindicación vital para el interés
general del Archipiélago.
En ningún caso aceptaremos la vinculación de la renovación del REF económico con la nueva financiación
autonómica, circunstancia esta que han insinuado ocasionalmente algunos responsables de la administración
central del Estado.
PROFUNDIZACIÓN DEL AUTOGOBIERNO
Nueva Canarias ha insistido desde su creación en la necesidad estratégica de acometer con rigor la
redacción y aprobación de un nuevo Estatuto político para Canarias.
La pérdida lamentable de oportunidades en los últimos años ha supuesto un perjuicio relevante para
nuestros intereses como pueblo. Un ejemplo ha sido la imposibilidad de celebrar una consulta ciudadana
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sobre las prospecciones petrolíferas por no disponer de sustento legal suficiente y, por supuesto, por la
machacona negativa del PP.
Sin embargo, las tensiones territoriales en el Estado, que se han incrementado sensiblemente en los tres
últimos años, suponen colocar en primera línea una cuestión de la mayor relevancia que NC ha reivindicado
históricamente. Esto exige, sin duda:
LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
A pesar de que existe un acuerdo histórico implícito entre los grandes partidos centralistas sobre la
inamovilidad de la Constitución Española (CE) del 78, esta falacia fue superada por los mismos actores
cuando modificaron con urgencia y a escondidas el artículo 135, como criticamos en su día por tratarse de
una recesión democrática en toda regla.
Hoy son otras las fuerzas que se mueven en el sentido de modificar la CE y estas son las tensiones de
naturaleza territorial que afectan no solo al artículo 8 del texto constitucional.
NC ha desarrollado con amplitud este asunto en su último Congreso, como se expresa en nuestra
propuesta sobre el encaje de Canarias en España.
Pero el interés de este proceso radica, en lo que a nuestro Estatuto político se refiere, en que la cuestión de
la modificación del modelo de Estado abre mayores posibilidades para formular una propuesta ambiciosa y
en un contexto que pudiera ser más favorable para un nuevo Estatuto canario.
UN NUEVO ESTATUTO POLÍTICO PARA CANARIAS
Los gobiernos de Canarias de los últimos doce años liderados por CC han sacrificado obtener nuevas cotas
de autogobierno a través de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias -al mismo tiempo que se
reformaban los estatutos de numerosas comunidades-, por mantener la actual ley electoral que sustenta su
hegemonía.
El nuevo Estatuto de Autonomía debe plantearse en la legislatura que se iniciará tras los comicios
autonómicos del 24 de mayo. Cambiando el procedimiento y apostando por un proceso participativo.
Buscando los máximos niveles de consenso. Impulsando urgentemente, con o sin Estatuto, la reforma del
sistema electoral canario.
El momento más adecuado se producirá, sin duda, en el marco de la imprescindible reforma de la
Constitución. En ella será esencial la modificación del actual modelo de Estado, como también vienen
proponiendo el PSOE (en el marco de un Estado Federal) y la actual dirección de CC; incluso el PP se ha
mostrado dispuesto si se le presentan propuestas concretas.
Canarias debe evitar los errores del pasado. Los del Estatuto del 82 y los del Estatuto 2006/2007, con
coincidencias en algunos de sus conservadores protagonistas. Canarias no puede volver a perder la
oportunidad de ampliar y actualizar su autogobierno. El actual Estatuto, redactado sin debate social, zombi,
nacido, muerto y resucitado a conveniencia por CC, PP y PSOE, debe dar paso a un Estatuto con apoyo
social, vivo y adecuado a la Canarias del siglo XXI.
Queremos un Estatuto que blinde nuestro REF de forma que no sólo sea preceptiva sino vinculante la
opinión del Parlamento de Canarias cuando rechace cualquier modificación del REF planteada por las
Nueva Canarias
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67
Cortes Generales (veto obstativo). Defendemos, además, que el nuevo Estatuto incluya en su articulado el
artículo 96 de la Ley 20/1991 del REF que obliga a que Canarias esté en los Presupuestos Generales del
Estado al menos en la media de la inversión estatal regionalizada.
Este artículo sistemáticamente incumplido en los PGE, sí se ha cumplido en los presupuestos estatales de
2010 y 2011 para las cinco comunidades (Andalucía, Baleares, Cataluña, Aragón y Castilla-León), que han
reformado sus respectivos Estatutos de Autonomía, incluyendo cláusulas de salvaguarda de las inversiones
en sus territorios en la media de la inversión estatal regionalizada o por encima de ella. También defendemos
ampliar la capacidad normativa de Canarias sobre las figuras tributarias del REF.
El nuevo Estatuto deberá incorporar en la definición territorial de Canarias, además de los territorios
insulares, el mar que los conecta y el espacio aéreo correspondiente. Igualmente, habrá de definir los
espacios marítimos y sus fondos, comprendiendo las aguas interiores, el mar territorial y el mar contiguo, así
como la Zona Económica Exclusiva, con la delimitación de la mediana de acuerdo con la legislación
española e internacional en esta materia. A los efectos de delimitación de los espacios anteriores se
utilizará el procedimiento de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes del
Archipiélago.
Un nuevo Estatuto que fortalezca nuestro autogobierno permitiendo la transferencia de competencias hoy
en manos del Estado. Entre ellas el control de las aguas interiores canarias en lo referente a salvamento
marítimo, régimen energético y minero, y protección del medio ambiente, incluidos los vertidos y la
protección de la fauna marina, así como competencias sobre litoral y costas. La cogestión de puertos y
aeropuertos, el control del transporte aéreo y portuario interinsular y la gestión del espacio
radioeléctrico canario. También se debe asumir la competencia en los servicios de sanidad exterior y el
control fitosanitario en fronteras sobre los productos y mercancías de importación.
Asimismo, defendemos poder participar en el área de comercio exterior y relaciones con los países de
nuestro entorno geográfico y sociocultural. Canarias deberá estar representada en las delegaciones
españolas ante terceros países, órganos comunitarios europeos y otros organismos supranacionales en los
que se debatan o decidan cuestiones que afecten a los intereses de nuestro Archipiélago.
El nuevo Estatuto debe permitir la posibilidad de la disolución anticipada del Parlamento canario y la
consecuente convocatoria de elecciones autonómicas. Asimismo, el nuevo Estatuto debe sancionar una
nueva distribución competencial entre administración autonómica, insular y municipal.
Igualmente, proponemos la inclusión de las consultas ciudadanas. Nueva Canarias considera una
cuestión esencial facilitar la participación de la ciudadanía en los grandes asuntos que afectan al interés
general de Canarias. Hemos tenido un ejemplo reciente en la negativa del Gobierno de España a que se
realizase una consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas.
Es preciso, para ello, introducir en el nuevo Estatuto la modificación del artículo 32.5 del Estatuto actual
para que la autorización y realización de consultas en materias de competencia autonómica sean
competencia del Parlamento canario.
68
10.- CANARIAS EN EL MUNDO
CANARIAS Y LA UNIÓN EUROPEA
El Tratado de funcionamiento de la Unión Europea que entró en vigor el
1 de diciembre de 2009, conocido como Tratado de Lisboa, supuso mantener y mejorar el reconocimiento
de un estatuto específico para Canarias como Región Ultraperiférica (RUP).
En efecto, el Tratado reconoce en su artículo 349 que para paliar las desventajas estructurales derivadas de
la lejanía e insularidad se establecerán para las RUP modulaciones especiales en la aplicación de las políticas
comunes de la UE en transporte, agricultura, pesca, fiscalidad, condiciones de abastecimiento, investigación,
nuevas tecnologías, etc. Y el artículo 107 autoriza la concesión de ayudas públicas de Estado a Canarias
independiente de su nivel de renta, cuando hasta ese momento estas ayudas estaban restringidas a aquellas
regiones cuyo nivel de renta era inferior al 75% de la media comunitaria, que ahora se amplía a las RUP,
beneficiando particularmente a Canarias que ya supera ese umbral de renta.
Sobre esta base jurídica Canarias debe seguir defendiendo la aplicación de una política europea específica
para las RUP lo que exige una continua labor de seguimiento, coordinada desde el Gobierno de Canarias y
el Gobierno central, para que en cada desarrollo de las políticas comunes la Comisión Europea reconozca
nuestras singularidades.
En este sentido, nos parece muy adecuado forjar un partenariado fuerte entre las instituciones de la UE, las
RUP y los tres Estados a los que pertenecen, que permita hacer más coherente todas las políticas
sectoriales comunitarias referidas a estas regiones.
Este reconocimiento de nuestras especificidades es el que nos permite acceder a un nivel suficiente de
fondos europeos para el período 2014-2020, por encima del que nos correspondería aplicando
exclusivamente el nivel de renta, bien a través de un Fondo específico RUP u otro mecanismo que se
estime conveniente. Y, asimismo, formar parte del mapa de Ayudas de Estado 2014-2020,
especialmente las de finalidad regional, con el máximo nivel de intensidad. Es esto lo que nos facilitó
negociar un nuevo REF Fiscal para el período 2015-2020.
Consideramos que se ha avanzado muy poco en la estrategia de desarrollo para la ultraperiferia
proclamada por la Comisión Europea, que afectaría a Canarias, y articulada en torno a tres ejes: reducir el
déficit de accesibilidad, reforzar la competitividad y mejorar la integración de las RUP en su entorno
geográfico próximo.
En este último aspecto, Canarias debe optimizar su condición de frontera sur de Europa en un entorno
geopolítico con un inferior desarrollo socioeconómico. Debemos hacer del archipiélago una plataforma
europea para la cooperación y la ayuda al desarrollo de nuestro entorno, evitando que la especulación más
salvaje sea el objetivo fundamental de estas acciones.
Canarias reúne todas las condiciones para ser la plataforma logística más importante del Atlántico Medio
que impulse las relaciones comerciales y la cooperación al desarrollo con las áreas vecinas, especialmente
con el África.
noroccidental y la Macaronesia, por su cercanía geográfica; y con América Latina, por su cercanía cultural y
la elevada presencia de canarios y sus descendientes.
Nueva Canarias
!
69
Para facilitar este objetivo proponemos que Canarias participe en la gestión de los programas europeos de
cooperación territorial, financiados por el FEDER o por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), destinados
a estos territorios de nuestro entorno geográfico (Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde) y que se
desarrolle y llene de contenido el Plan de Acción para la Gran Vecindad anunciado por la Comisión Europea
como mecanismo de integración de Canarias en su área geográfica.
Estos programas de cooperación y el impulso de las relaciones comerciales con los países vecinos fomentan
la actividad económica; facilitan las transferencias tecnológicas desde Canarias en sectores como las
energías renovables, tratamiento de aguas, agricultura, telecomunicaciones, etcétera; y promueven
intercambios culturales de forma que se genere una fructífera relación bilateral entre la población canaria y
los pueblos vecinos.
Como hemos señalado es especialmente necesario que se incentiven las conexiones de transporte aéreo y
marítimo con los países vecinos, en línea con lo expuesto en la Comunicación sobre las RUP COM (2012)
287 final, de 20.6.2012, relativo al “establecimiento de rutas aéreas y marítimas nuevas o más eficaces entre
las regiones ultraperiféricas y sus vecinos” incluyendo la posibilidad de “establecer requisitos de servicio
para el transporte similares a los de los contratos de obligaciones de servicio público con arreglo al
derecho de la UE”.
Una idea que defendía el Informe Solbes sobre las RUP y que finalmente se incorporó en la Comunicación
COM (2012) 287 final: "Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una asociación en pos de un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador".
GLOBALIZACIÓN: CRISIS Y POBREZA
Vivimos en un mundo globalizado, donde persisten enormes diferencias económicas y sociales, conflictos
bélicos y hambrunas que afectan a más de
1.000 millones de personas; fenómenos migratorios motivados por las nulas expectativas de desarrollo o
protagonizados por hombres y mujeres que huyen de conflictos bélicos o de regímenes autoritarios que no
respetan los más elementales derechos humanos.
Al tiempo, en los últimos años hemos sufrido las consecuencias de una crisis económica mundial, con
epicentro en Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria y las hipotecas basura, pero, sobre todo, facilitada por la
ambición desmedida y la casi total desregulación de las entidades financieras, en consonancia con las tesis
ultraliberales y neoconservadoras de los gobiernos presididos por George Bush.
El estrepitoso fracaso de estas concepciones conservadoras debería ser una oportunidad para su
cuestionamiento a través de la acción política a escala mundial, para incrementar o recuperar la regulación
pública sobre actividades económica-financieras sensibles y para relanzar potentes políticas redistributivas,
fortaleciendo la inversión pública y las políticas de protección social, que sólo pueden ser impulsadas por
una acción política global decidida.
Debería constituir una oportunidad para reorientar el papel de las fracasadas instituciones económicas y
financieras internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) y para crear fuertes
instrumentos de vigilancia de las grandes operaciones especulativas de empresas y entidades financieras.
Prohibiendo el secreto bancario, que facilita la opacidad.
Pero las cosas no están evolucionando en ese sentido. Antes, por el contrario, asistimos a una reafirmación
de las posiciones conservadoras y neoliberales en todo el mundo. Con expresiones nítidas en las políticas
70
adoptadas por la Unión Europea y que están suponiendo recorte de los derechos laborales y retroceso de
los servicios públicos. Se trata de decisiones que no abordan
consecuentemente la crisis ni aportan salidas que posibiliten la generación de actividad económica y
empleo, ni afrontan medidas para mejorar la protección de la gente más vulnerable.
Lo vemos claramente en el caso de la Unión Europea. Las medidas económicas acordadas a nivel europeo
en mayo de 2010 han supuesto el abandono de las políticas anti cíclicas desarrolladas hasta entonces de
estímulo fiscal de la demanda, con fomento de la inversión pública para favorecer la actividad económica,
combatiendo así el desempleo, al menos hasta que la inversión privada no garantice un despegue autónomo.
Esta política ha sido bruscamente sustituida por otra de inspiración conservadora, cuya prioridad ya no es
favorecer la recuperación económica sino la urgente reducción del déficit de los estados, vía recorte severo
del gasto público.
En la UE bajo el pretexto de apaciguar a los “mercados financieros” que atacaban la deuda soberana de
algunos países de la zona euro, se ha impuesto una política económica liberal, liderada por el gobierno
conservador alemán, sin que los escasos ejecutivos socialdemócratas hayan sido capaces de elaborar una
estrategia propia, como sucedió con el Gobierno del PSOE o el socialista griego del PASOK, como
ahora ocurre con el francés. Las medidas de ajuste del gasto público de todos los países de Europa,
incluyendo aquellos que como Alemania no lo necesitaban, están sacrificando a corto plazo la recuperación,
lo que va a suponer grandes costes sociales en los estados con más paro, entre ellos España.
Se ha hecho exactamente lo contrario de lo que aconsejaba el Informe del Grupo de Reflexión sobre el
futuro de la UE en 2030, presidido por Felipe González, y que fue presentado el mismo mes de mayo en el
que los dirigentes de la Unión aprobaron el giro en sus políticas anti crisis: “Para salir de la crisis -señala este
Informe- necesitamos mantener medidas anti cíclicas, hasta que la economía despegue por sí misma, porque
la máxima prioridad sigue siendo crecer y crear empleo. Si aquellas se cortan a destiempo podemos
retroceder.”
Mientras, otros estados, como Reino Unido, Japón o Estados Unidos, aplicaban políticas de estímulo.
COMPROMISO CON LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y LA PAZ
Tampoco ha mejorado la conflictividad mundial, relacionada con las guerras y la violencia en el Planeta,
expresando, reiteradamente, el fracaso de la ONU como ámbito de resolución de conflictos y la incapacidad
de la UE para dotarse de una influyente política exterior propia, para impulsar la paz y la cooperación en el
mundo.
Las denominadas Primavera Árabes no han llegado a buen fin. Las ansias de democratización y mejora de las
condiciones socioeconómicas de una parte de la población de distintos estados se han visto frustradas. Esa
realidad junto a la permanencia de distintos conflictos bélicos, como los que han destruido Siria o Irak, la
situación de Afganistán, y factores de índole religiosa, están potenciando movimientos extremistas y
violentos en distintos estados, cuyas ramificaciones golpean también a Europa.
En los últimos años hemos asistido a la inoperancia de los organismos internacionales para evitar la escalada
de la represión que sufre el pueblo saharaui de manos de la monarquía marroquí que ha conseguido de
forma ilegítima obstaculizar permanentemente el ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho a la
autodeterminación.
Nueva Canarias
!
71
Reiteramos la defensa del ejercicio del Derecho a la Autodeterminación del pueblo saharaui, a través
de un referéndum con todas las garantías democráticas. Un pueblo víctima de una injusticia que
tiene su origen en los acuerdos tripartitos de Madrid de 1975 y en la vulneración de la legalidad
internacional por el Gobierno de Marruecos. Denunciamos el entreguismo al Gobierno de Marruecos por
parte de los distintos Ejecutivos españoles y su abandono de la responsabilidad que le corresponde como
potencia que colonizaba ese territorio hasta 1975. Asimismo, exigimos el cese de la violación de los
derechos humanos sobre la población civil saharaui en los territorios ocupados por el Gobierno marroquí.
Apoyamos, asimismo, la justa causa del pueblo palestino, víctima de la permanente agresión del Gobierno de
Israel y de los obstáculos que este plantea para el reconocimiento de los derechos de ese pueblo y el
establecimiento de un Estado Palestino.
Asimismo, Canarias debe proseguir su compromiso activo con la Paz, desde la defensa del derecho
internacional y la apuesta por la resolución justa de los conflictos que afectan a distintos pueblos y
naciones. Continuando con el impulso a las relaciones de cooperación mutua con nuestro entorno
geográfico más cercano del continente africano y con aquellos países latinoamericanos con mayor presencia
de canarios y sus descendientes, especialmente Argentina,Venezuela, Uruguay y Cuba.
Promoviendo acciones orientadas a la denuncia de las causas que provocan la actual situación de injusticia
que sufre el 80% de la Humanidad y al desarrollo de proyectos solidarios con los países empobrecidos.
Favoreciendo la cooperación con las actividades de las Asociaciones de inmigrantes que tienen operatividad
en Canarias, así como con las organizaciones y entidades que afrontan respuestas a la situación de los
refugiados.
Receptivos a las argumentadas peticiones de la Federación Coordinadora de ONGs Desarrollo de
Canarias, pondremos en marcha una estrategia inteligente y participada orientada a África y América Latina.
Recuperando las partidas destinadas al desarrollo, desaparecidas en los presupuestos de la Comunidad
Canaria durante el Gobierno de CC y PSOE.
Así como recuperar la Dirección General de África y el Consejo Asesor de Cooperación, desmantelados en
la legislatura autonómica 2011-2015.
Cumpliendo, asimismo, con lo que estipula la Ley Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo
4/2009.
UN PROGRAMA PARA CAMBIAR CANARIAS
El programa político constituye el compromiso de los diferentes partidos con los ciudadanos y las
ciudadanas. No puede ser un brindis al sol, un conjunto de promesas incumplibles como en muchas
ocasiones podemos observar cuando, desde una enorme frivolidad, se ofertan decenas o cientos de miles
de puestos de trabajo o temerarias bajadas de impuestos que dejarían sin recursos a las administraciones, al
tiempo que se asegura que se mejorará la sanidad o la educación y se realizarán nuevas infraestructuras.
Este programa nace de la actividad política e institucional de Nueva Canarias y de los grupos y personas que
conforman el Frente Amplio con el que concurrimos a estos comicios de mayo.
Nace de la intensa labor que hemos desarrollado en el Parlamento de Canarias, de los análisis y propuestas
en todos los ámbitos económicos y sociales. De la práctica, asimismo, en las corporaciones locales, en tareas
de gobierno o de oposición.
72
También de los centenares de reuniones que hemos mantenido con organizaciones sindicales y
empresariales, colectivos y movimientos sociales a lo largo de la legislatura.
Así como de las jornadas abiertas con participación de expertos que hemos llevado a cabo sobre fiscalidad
y servicios públicos, jóvenes, sector primario, modelo de desarrollo económico de Canarias y participación
a través de las redes sociales.
La orientación de una economía sostenible, generadora de empleo de calidad y puesta al servicio de la
mayoría social. La apuesta por una fiscalidad progresiva y el combate contra el fraude. La defensa de los
servicios y los trabajadores públicos.
El compromiso por construir una Canarias más equilibrada, con mayor equidad, sin los actuales abismos
sociales. El derecho del acceso de la ciudadanía a la cultura. La lucha contra cualquier tipo de discriminación.
La exigencia de un trato justo por parte del Estado. La imperiosa necesidad de una Política con mayúsculas,
desde la transparencia y la eficacia en la gestión, así como facilitando la participación y modificando nuestro
injusto sistema electoral. Más y mejor autogobierno.
Todos estos aspectos, junto a muchos otros, forman parte de este Programa nacido de la reflexión, de la
práctica, del debate y del trabajo colectivo; y que pretende orientar las políticas que desarrollaremos en el
Parlamento de Canarias en el lugar que los ciudadanos y las ciudadanas nos sitúen. Las propuestas de toda
índole, en definitiva, que impulsaremos para cambiar Canarias.
Nueva Canarias
!
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74
C A N D I D ATO S A L PA R L A M E N TO D E C A N A R I A S
LA GOMERA
Miguel Ángel Pulido
LA PALMA
Nieves de la Fuente
EL HIERRO
vota
Pedro Medina
Román Rodríguez
GRAN CANARIA
Almudena Montserrat
FUERTEVENTURA
Santiago Pérez
TENERIFE
Gladis Acuña
LANZAROTE

Programa nacional de Canarias. Elecciones

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