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Vol. XXIII, Núm. 88 • ABRIL de 2014
Decisión judicial en caso Rosa Lydia Vélez
[pág. 2]
Mensaje del
Director Ejecutivo
[pág. 5]
Radican moción
de intervención
en pleito
en contra de
incinerador
de Arecibo
Abre las puertas a
miles de reclamantes a
indemnización por daños
[pág. 12]
Líderes de
comunidades
especiales se
solidarizan con
guaynabeños
[pág. 16]
Ver página 3
El verdadero
acceso a la
Justicia
Cuarto
Encuentro
Comités
Asesores
Abril de 2014
Una boricua
deja su
huella en
Massachusetts
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
1
“
“Los momentos pasan: pasan con ellos
los hombres; pero siempre llega el día de
la victoria para la justicia. Que no la
vea el que por ella ha sucumbido, eso,
¿qué importa? El fin no es gozar de ese
día radiante; el fin es contribuir a que
llegue ese día”.
Eugenio María De Hostos
Cucubano
El CUCUBANO, permiso 2110, es un periódico publicado
trimestralmente por Servicios Legales de Puerto Rico
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2014-Vol. XXIII-Núm. 88
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”
Lic. Charles S. Hey Maestre
Mensaje del Director Ejecutivo
el
El 2016 proveerá la oportunidad, no solo para
una gran celebración sino como una ocasión
para mirarnos desde adentro y reflexionar sobre
hacia donde debemos ir en el futuro.
1966, 1974, 2014 Y MÁS ALLÁ
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
DE SERVICIOS LEGALES
E
stos tiempos en que Servicios Legales de Puerto Rico enfrenta grandes retos, también marcan
importantes hitos para la lucha de la igualdad
ante la ley en Puerto Rico y Estados Unidos. Este año
la Legal Services Corporation (LSC) conmemora su cuadragésimo aniversario, toda vez que fue en 1974 que el
entonces presidente Richard M. Nixon firmó la “Legal
Services Act” como su última gestión antes de dimitir.
A la vez, SLPR ya se acerca a su aniversario número 50,
habiendo sido fundada nuestra corporación en agosto
de 1966. El 2016 proveerá la oportunidad, no solo para
una gran celebración sino como una ocasión para mirarnos desde adentro y reflexionar sobre hacia donde
debemos ir en el futuro. Este proceso ya lo hemos comenzado con un Plan de Planificación Estratégica para
SLPR que, como verán en esta edición de El Cucubano,
ya está encaminado.
Grandes retos representan grandes oportunidades
y para ello contamos con todos los componentes de
SLPR, miembros de la Junta de Directores, empleados,
colaboradores, clientela y la comunidad a que servimos
en general. En esta ocasión, comparto el mensaje del
Presidente de LSC y del Presidente de la Junta de Directores de LSC, en ocasión de iniciar el año de su 40mo
aniversario, su compromiso es lo que hace la diferencia.
Me uno a estas palabras y a su felicitación:
Al comenzar la celebración de nuestro
40mo aniversario, queremos aprovechar la
oportunidad para agradecer a todos nuestros colegas todo lo que han hecho durante
tiempos difíciles como lo fue el pasado año.
Mientras nos enfrentamos a reducción de
recursos, el cierre del gobierno federal y la
continua incertidumbre de presupuesto, ustedes han demostrado gran capacidad para
superar estos retos proveyendo servicios legales de alta calidad a los más necesitados.
Ustedes han hecho un despliegue de
gran imaginación y compromiso para brindarle servicio a la mayor cantidad posible de
personas en un período de persistentes reducciones de presupuesto.
El trabajo vital que ustedes y todos los programas subvencionados por LSC han hecho
cada día, es un eco de lo que expresa la histórica “Carta desde la Cárcel de Birmingham” de
Martin Luther King – carta que acaba de tener su 50mo aniversario. En esa extraordinaria
carta, el Dr. King habla de la misión que todos
compartimos cuando expresa: “la injusticia en
cualquier lugar es una amenaza para la justicia
en todos los lugares”.
Todos nosotros entendemos la importancia de esta declaración, la cual se manifiesta en
nuestro trabajo diario cuando buscamos asegurar que las personas de escasos recursos tengan
igualdad de acceso a la justicia.
En la reunión de la Junta de Directores de
LSC en julio pasado en Denver, Colorado, tuvimos el privilegio de escuchar al Secretario de
Justicia de Colorado, John Walsh, quien elocuentemente recalcó porque la misión de LSC
y sus organizaciones es tan importante para
nuestro país:
“Hace 798 años la Carta Magna estableció que
ningún hombre, ni siquiera un rey - o en nuestro
sistema constitucional, un Presidente - está o deberá estar por encima de la ley. En ese sentido, el
esfuerzo en que ustedes están involucrados busca
lograr ese mismo principio, pero a la inversa - no
solo nadie está por encima de la ley, sino que nadie debe estar por debajo de ella tampoco”.
LSC, desde su fundación en 1974, ha sido la
institución que personifica este ideal, y su trabajo es la más completa y concreta realización
del mismo.
Los felicitamos, les agradecemos todo lo
que han logrado durante el pasado año y esperamos seguir trabajando con ustedes este año
en que conmemoramos el 40 aniversario de
LSC.
Lic. John G. Levi
Presidente, Junta de Directores de LSC
Lic. James J. Sandman
Presidente LSC
Abril de 2014
Jueza enmienda decisión
Permitiría a reclamantes solicitar
indemnización por daños
a Educación Especial
Por Damaris Suárez
El Cucubano
Han esperado años… En algunos
casos décadas… Pero por fin tendrán su oportunidad de probar que
la negligencia del Departamento de
Educación al no ofrecerle los servicios especializados por sus necesidades especiales les ha causado daños
irreversibles y en la mayoría de los
casos irreparables.
La jueza del Tribunal Superior, Aileen Navas Auger modificó su resolución del 31 de enero del 2014 para
reconocer como demandantes a todos los niños y niñas registrados en
el Programa de Educación Especial
del Departamento de Educación que
consideren que han sufrido daños
por no haber recibido los servicios
educativos y los servicios relacionados como terapias. Según la resolución judicial, éstos podrán reclamar
compensación pero tendrán que
probar dichos daños.
Según la resolución, estará en
manos del tribunal notificar a todos
los niños y niñas mediante un edicto
de esta decisión y se creará un mecanismo para discutir y dilucidar cómo
se adjudicará la causa de acción de
los demandantes.
Los representantes legales en el
pleito de clase Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación (DE), habían
solicitado reconsideración a la jueza,
planteando que con su decisión del 31
de enero de 2014 ésta contradecía el
informe presentado por el licenciado
Francisco Rebollo López, Comisionado Especial designado por el tribunal
Mediante la Resolución y Orden
de 31 de enero de 2014 la jueza Navas Auger había modificado el Informe -Resolución-Recomendación de 18 de
noviembre de 2013 suscrito por el
licenciado Francisco Rebollo López,
Comisionado designado por el tribunal para atender la fase de daños y
Abril de 2014
perjuicios en el histórico caso de vindicación de derechos humanos y civiles.
Mediante ese informe, el Comisionado Rebollo López había establecido
que los demandantes del pleito Rosa
Lydia v. Departamento de Educación no
tenían que probar o establecer el elemento de negligencia al presentar su
causa de acción por daños y perjuicios,
debido a la negligencia demostrada
por el Estado durante más de treinta
años. Tampoco tendrían que probar el
elemento de relación causal entre los
daños sufridos y la negligencia en que
ha incurrido el Estado. En su informe
Rebollo López, también hizo un llamado a las partes a no permitir que el pleito de 33 años de duración tenga “vida
eterna” y a poner todo su “empeño,
inteligencia y buena fe” para resolverlo
cuanto antes.
Entonces, el 31 de enero de 2014 la
Honorable Aileen Navas Auger, jueza
superior, había determinado excluir
del pleito de clase a la inmensa mayoría de los niños y niñas con necesidades
especiales, reconociendo sólo a los seis
reclamantes originales en el caso de osa
Lydia Vélez vs. Departamento de Educación
y 58 casos adicionales.
Los representantes legales de la parte
demandante, es decir, los abogados José
Torres Valentín, José Juan Nazario de la
Rosa, Marilucy González Báez y Carlos
Gómez Menéndez, de clase Rosa Lydia
Vélez vs. Departamento de Educación
(DE), sostenían en su escrito de reconsideración que la determinación de la
jueza Navas Auger, de excluir como demandantes a miles de niños y niñas registrados en el programa de educación
especial, es contraria a lo establecido en
la Sentencia emitida por el Tribunal de
Apelaciones el 21 de octubre de 2005.
Aunque satisfechos
aclaran justicia tardía no es justicia
Tanto la representación legal del
pleito como padres, madres y familiares de estudiantes de educación espe-
cial dijeron estar satisfechos en cierta
medida con la determinación de la
jueza Navas.
“Estamos satisfechos en la medida en que el tribunal reconsidera y
abre la puerta a que los niños y niñas
del programa que hayan sufrido daños puedan reclamar. Eso es un gran
triunfo”, aseguró el Lic. José Torres,
parte de los abogados del caso al ser
abordado por El Cucubano.
Por su parte, Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Padres de
Educación Especial del Pleito Rosa
Lydia Vélez, describió a El Cucubano
un evidente sentimiento mixto por la
tardanza en la decisión judicial.
“Satisfacción sí… pero parcial porque entendemos desde el inicio, la
jueza debió darse cuenta que todos
debieron ser incluidos. Este tiempo
pasado es uno precioso y perdido. Estamos preocupados porque ahora es
que dará inicio el proceso luego que
pasaran meses innecesariamente…
Volvemos: Justicia tardía no es justicia”, aseguró.
Warren criticó además, que la determinación dejara fuera a los padres
y madres de los niños ya que según se
dispone, los padres y madres no figuran entre los reclamantes por la negligencia del Estado.
Warren reiteró que el comité se
encuentra indignado y molesto con
el gobierno por su férrea oposición
a que éstos puedan ser indemnizados
por los daños causados por la negligencia del departamento. Esta describió a El Cucubano el malestar generalizado entre los padres de estos
niños que ven como el gobierno de
forma insensible minimiza los malabares que tienen que hacer para que
sus hijos e hijas con necesidades especiales obtengan los servicios a los que
tiene derecho.
“El gobierno parece estar tan tranquilo que causa más indignación. La
postura de ellos fue que en relación
a la indemnización, no había manera
de probar que el departamento es el
responsable porque ya esos niños venían con daños. Que esos daños que
se reclaman tendrían que ser probados porque ya vinieron con impedimento… ¿puedes creer cosa como
esa?”, relató Warren González.
Según ésta, el gobierno ha actuado
completamente insensible y de forma
insensata, lo que ha provocado una
crisis para las familias con personas
con necesidades especiales.
“¿Y si uno no tiene los recursos
económicos para continuar ofreciendo los servicios? Hemos estado por
años totalmente abandonados… Las
familias han envejecido y se han empobrecido por los altos costos de los
servicios de medicamentos y alimentos. Hay familias hasta con hasta 4
hijos con necesidades especiales y el
ingreso general que tienen es de $112
del PAN.
“Somos como 200 mil… los más
afectados son aquéllos que ya salieron
del sistema de educación pública”,
aseguró Warren.
“La realidad es que los que todavía
están en el sistema tiene posibilidades
de recibir los servicios pero han pasado 33 años… los que se fueron ya están en la nada… no existe nada para
la población mayor de 22 años o más.
Salen de la escuela, llegan al hogar y
ahí llegaron”, recalcó.
Recientemente, la jueza Isabel
Llompart Zeno había determinado
no celebrar una vista para certificar
este caso como un pleito de litigación
compleja. La también Jueza Administradora del Tribunal de San Juan concluyó que era prematuro celebrar la
vista hasta que la jueza Navas resolviera las mociones de reconsideración.
No fijó fecha para la vista.
Los padres y madres de niños con
necesidades especiales presentes en
sala salieron molestos con la determinación de suspender la vista.
3
ADELANTADO EL PROCESO PARTICIPATIVO PARA DESARROLLO DEL
PLAN ESTRATéGICO
de Servicios Legales
Por Damaris Suárez
El Cucubano
Esperan tener listo el documento
antes que finalice el 2014
El Comité Especial de Planificación
Estratégica trabaja a todo vapor para desarrollar mediante un proceso participativo un plan estratégico que dirija el rumbo del Programa y su responsabilidad
con las comunidades servidas mediante
el desarrollo de focos estratégicos que
permitan de forma planificada alcanzar
la misión de SLPR.
Según explicó a El Cucubano el Lic.
Eddie A. Olivera Robles, tesorero de la
Junta de Directores de SLPR y quien preside el esfuerzo, el plan estratégico es una
especie de mapa en el que explica dónde se encuentra el Programa, delinea las
metas a corto, mediano y largo plazo y
diseña la ruta necesaria para alzanzarlas.
“Todo esto comienza a finales del
2012 en un retiro de la Junta de Directores de SLPR. Allí se establece la necesidad de que la organización tiene que
retomar su rumbo, ya que en los pasados
5 ó 6 años la cuestión económica nos ha
sacudido. Entonces, se determinó que había que comenzar un proceso de planificación para ser proactivo y no reaccionar
exclusivamente a los vaivenes del programa federal y de su financiamiento”,
sostuvo Olivera Robles, quien fue nombrado presidente del Comité a principios
del pasado año.
La Junta identificó algunas áreas de
preocupación como la autosuficiencia económica o una mayor autosuficiencia; el rol
y la identificación que tiene que tener la
Corporación con las comunidades que sirve y un funcionamiento más efectivo para
lograr un mayor acceso a la justicia.
Los trabajos comenzaron a mediados
del 2013 y entre junio y diciembre el Comité se concentró en diseñar la estrategia
para desarrollar el plan. “Una de las cosas
que nos dimos cuenta es que no era tan
fácil para una organización de esta complejidad inventarse un plan e imponerlo a
todo el mundo y de estos niveles de compenetración con la comunidad era impor-
tante diseñar un proceso de consulta a
todos los niveles. En seis meses establecimos la misión y la visión del Programa
lo suficientemente generales e inclusivas
que todo el mundo lo viera como un norte. Ambas fueron aprobadas en enero por
la Junta”, dijo.
El Comité estableció además, los focos estratégicos que son áreas de trabajo
para profundizar como parte del proceso
consultivo en cuatro partes.
Ya se inició la etapa de difusión o educación sobre lo que es plan. De acuerdo a
Olivera “la idea es que todo el mundo conozca lo que estamos haciendo (las uniones, los directores de centro, los centros de
servicio) y vamos a identificar “Los Cucubanos” que –utilizando la imagen del periódico de SLPR– son personas que llevarán
el mensaje de esta iniciativa”, puntualizó.
Dijo que “Los Cucubanos” tomarán
mayor importancia en la segunda etapa
que es la consultiva. Ésta se concentrará
en recopilar los datos. “Todo será a base
de propuesta y recomendación. La idea es
que todo el mundo opine y toda opinión
se transforme en una propuesta”, indicó.
El Comité espera presentar un informe
a la Junta entre julio y septiembre. Según
su presidente, “La idea es que el resultado
final sean unas recomendaciones de política institucional para darle dirección a la
Administración, establecer cuáles van a
ser nuestras políticas como organización
para que la Administración tenga un instrumento de trabajo”,
Olivera destacó la figura de la pasada
Presidenta de la Junta de Directores de
SLPR, Lcda. Vivian Godineaux y el Presidente actual de la Junta, Lic. Osvaldo Toledo por el respaldo, el apoyo a la creación
del Comité y la necesidad de establecer el
plan; así como la dedicación y compromiso de los miembros que le componen.
El Comité Especial de Planificación Estratégica está compuesto por su presidente,
Lic. Eddie A. Olivera; el Lic. René Pinto
Lugo, la Lcda. Rosa N. Bell Bayrón; el
Lic. Juan J. Capella Noya; la Lcda. Adi G.
Martínez; la Sra. Susana M. Ortíz Matías,
la Sra. Onelia Pérez Rivera y el Sr. Kendrick Bragg que se unió recientemente.
Programas que proveen representación legal a los más necesitados
Firmada la ley que encamina fondo económico
Por redacción El Cucubano
El Director Ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), Lic. Charles Hey Maestre, aplaudió
la creación del Fondo para el Acceso a la Justicia, que
se nutrirá de los intereses generados a través de las
cuentas conocidas como “Interest on Lawyer Trust
Accounts” (IOLTA). Éstos, a su vez, serán distribuidos entre las organizaciones sin fines de lucro que
proveen representación legal gratuita a personas y
comunidades de escasos recursos.
“Esta nueva ley es un paso de vital importancia
para lograr un mayor acceso a la justicia para las personas pobres del país que no tienen los recursos para
pagar por servicios de asistencia legal. Esperamos que
nos provea una fuente de recursos adicionales, que
será de crucial importancia hacia el futuro, ante las
incertidumbres fiscales federales y de Puerto Rico. Es
de fundamental importancia que SLPR y otras entidades afines tengamos la capacidad de seguir ofre-
4
ciendo servicios legales de calidad a quienes carecen
de recursos económicos para defenderse en nuestros
tribunales”, señaló Hey Maestre.
Por su parte, el autor de la pieza legislativa, el Senador por Distrito San Juan, Ramón Luis Nieves dijo
a El Cucubano que “la ley 165-2013 traza el camino
para comenzar a construir la infraestructura de apoyo
económico a los programas que ofrecen asistencia legal a la gente pobre de PR. Durante este año me propongo hacer realidad los mandatos de la ley a nivel
de ejecutivo, la rama judicial y la banca para agilizar
la implantación de la ley”.
Además, insistió en que se va a asegurar que se
aprueben varias medidas que ya están presentadas en
el Senado para nutrir el Fondo de Acceso para la Justicia creado por esta ley. “Es instrumental para lograr
nuestro compromiso”, sostuvo el también abogado.
El Director de SLPR recalcó que una de las ventajas de este fondo es que no gravará el erario público,
toda vez que pone a producir fondos privados que de
otra manera no generan intereses.
Entre las organizaciones que podrán beneficiarse de este fondo se encuentran Servicios Legales de
Puerto Rico, programas clínicos de las escuelas de derecho, Pro Bono, Inc. y la Oficina Legal de la Comunidad, entre otras.
La nueva ley, que entra en vigor inmediatamente,
provee para la creación de una Junta Administrativa
del Fondo, nombrada por el Gobernador, la cual estará compuesta por cinco (5) miembros. La Junta
también contará con el Secretario(a) de Justicia, el
Presidente(a) del Colegio de Abogados y los decanos
de las escuelas de derecho que tengan programas de
asistencia legal, como miembros ex oficio.
Una vez constituida la Junta, ésta tendrá 120 días
para adoptar su reglamento, crear procedimientos para
la generación y transferencia de los fondos IOLTA, establecer las normas a las que estarán sujetas estas cuentas y fijar criterios, procedimientos y normas para los
desembolsos del fondo a instituciones que se designen.
Servicios Legales de Puerto Rico y la Clínica de Asistencia Legal de la UPR
RADICAN MOCIÓN DE INTERVENCIÓN EN PLEITOS
EN CONTRA DE INCINERADOR DE ARECIBO
Por Damaris Suárez
El Cucubano
Vecinos de Arecibo y Hatillo en
conjunto con varias organizaciones
ambientales radicaron una Moción
de Intervención en el pleito incoado por la Autoridad de Desperdicios
Sólidos(ADS) en contra de Energy Answers Arecibo LLC (EA) para declarar
nulo el contrato con dicha empresa
que obliga a varios municipios a utilizar las facilidades del incinerador para
disponer de sus desperdicios sólidos.
Los demandantes son representados
por la Unidad de Trabajo Comunitario de Servicios Legales de Puerto Rico
(SLPR) junto a la Clínica de Asistencia
Legal de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico.
La moción fue radicada a nombre
de varios vecinos de Arecibo y Hatillo
que se verán afectados directamente
en su calidad de vida y salud una vez
se ponga en vigor el mencionado contrato por las actividades contaminantes
que genera el incinerador. Además,
también comparecen organizaciones
dedicadas a la protección del medioambiente tales como, Sierra Club, Basura
Cero, Madres de Negro de Arecibo y
Ciudadanos en Defensa del Ambiente,
Inc. Según se desprende de la moción,
ninguna de las partes actualmente en
el pleito representa adecuadamente
los intereses de los comparecientes.
De acuerdo al documento, “al adjudicarse la validez del contrato objeto
de este litigio deben considerarse los
efectos nocivos de la operación del Incinerador en la salud y la vida de los
aquí comparecientes. Para que el decreto judicial sea uno completo debe
considerarse los efectos de la operación del Incinerador y las obligaciones
que pactaron la ADS y la EA en los aquí
comparecientes”.
La demanda original fue radicada
por ADS en contra de Energy Answers
el pasado 6 de junio de 2013 y en la
misma se solicita al Tribunal que declare nulo “Waste Delivery and Support
Agreement” que fue suscrito entre las
partes “por este ser inoficioso y contrario a derecho”. El mencionado contraAbril de 2014
Líderes comunitarios de Arecibo y Hatillo anuncian radicación de Moción de Intervención.
to obliga a múltiples municipios, sin
su autorización, a obtener los servicios
de Energy Answers para disponer de
su basura en sus facilidades (en adelante, Incinerador), bajo los términos
y condiciones establecidos por ADS y
Energy Answers. El caso se encuentra
en una etapa inicial, pues EA aún no
ha contestado la demanda.
CERO AGUA PARA INCINERADORA
Deniegan franquicia de extracción
de agua a Energy Answers
Grupos ambientales como las Madres de Negro de Arecibo, Comité
Ciudadano en Defensa del Ambiente, Sierra Club, Basura Cero, el Comité de Salud Ambiental del Colegio
de Médicos, Grupo Arecibo 2015, la
Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Inc. (SOPI) y vecinos de Arecibo
exaltaron la importancia ambiental y
posibilidades económica del Caño Tiburones en Arecibo tras la decisión del
Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales (DRNA) de denegar la
franquicia solicitada por Energy Answers para extraer DOS MILLONES
DE GALONES DIARIOS de aguas del
Caño Tiburones.
La compañía Energy Answers (EA)
pretendía utilizar las aguas de la Reserva para enfriar el propuesto incinerador de basura. Los grupos se presenta-
ron en apoyo a la decisión del DRNA,
ya que dicha planta afectaría adversamente el ecosistema del Caño. Los
grupos presentes indicaron que EA
está impugnando dicha determinación y exhortaron al DRNA en mantenerse firme en su posición.
En el 1998 se creó la Reserva Natural del Caño Tiburones y se comenzó
un proceso de restauración de la zona;
proceso que propició que el agua fresca predomine en los canales y que la
flora y fauna resurja en el área. Con
una extensión aproximada de 7,000
cuerdas, el Caño es el humedal más
grande de Puerto Rico y segundo más
grande en la América Insular. Tanto
su tamaño como sus características
hidrológicas, geológicas y bióticas lo
hace un lugar de alto valor ecológico.
En el 2011, la compañía Energy
Answers presentó al DRNA una solicitud de franquicia para el uso de agua
superficial extraída en la estación de
bombeo El Vigía del Caño Tiburones.
En diciembre, el DRNA le denegó dicha petición indicando que la capacidad de agua solicitada no estaba disponible y el uso intencionado causaría
un impacto adverso en el ecosistema
del Caño. El DRNA indica en su denegación de solicitud de franquicia que
dicha solicitud por parte de EA “afectaría el nivel de saturación y condicio-
nes de suelo para sustentar los humedales, pantanos y ciénagas de la Reserva
Natural”. Además, el DRNA indica que
la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) para el proyecto de EA no consideró los impactos ambientales de la
extracción de agua propuesta en el ecosistema del humedal. Los grupos recalcaron la importancia de conservar los humedales en específico el Caño Tiburones y la utilización recreativa del área. Los humedales
son filtros biológicos que purifican el
agua y luego las descargan al mar. Dicho sistema de humedales es el componente hidrológico más importante del
Acuífero del Norte, ya que regula su
cantidad y calidad de agua dulce.
El Caño es conocido por su diversidad ecológica y es utilizado regularmente por aficionados de observación
de aves. Se pueden encontrar más de
50 especies de aves incluyendo una diversidad de aves migratorias. También
el Caño es conocido como lugar para
practicar deportes acuáticos en específico el kayak.
Señalaron además que si se aprobara la incineradora y dependiera de
obtener los DOS MILLONES DE GALONES DIARIOS del agua de la Autoridad de Acueductos (AAA), comprometería el suplido de agua de más de
20,000 familias.
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Inicia en Región Judicial de San Juan
presentación y notificación electrónica
de documentos en casos civiles
Por Damaris Suárez
El Cucubano
Con el inicio del 2014, la Rama Judicial puso en
marcha una iniciativa para la presentación y notificación electrónica de documentos como etapa inicial
en el Centro Judicial de San Juan para los casos civiles
que se atiendan en las Salas de Recursos Extraordinarios, anunció el pasado Juez Presidente del Tribunal
Supremo, Hon. Federico Hernández Denton. También, en casos criminales, se implantó en el Centro
Judicial de Humacao.
“Esta acción es un paso de avance que acerca más
la Rama Judicial de Puerto Rico a lograr la digitalización de los procesos y expedientes judiciales. Con
estas iniciativas se amplía la funcionalidad del Sistema Único de Manejo y Administración de Casos
(SUMAC) desarrollado por la Rama Judicial, un sistema unificado de manejo y administración de casos
a ser utilizado en todas la Regiones Judiciales, que
incluye dentro de sus objetivos la digitalización de
los expedientes judiciales y la presentación, notificación y tramitación electrónica de documentos a
través de Internet”, indicó Hernández Denton.
Tras la implantación del sistema de radicación
electrónica, los abogados y las abogadas deben presentar los recursos y las mociones en estas salas mediante el portal de la Rama Judicial bajo el enlace
del SUMAC. De igual forma, podrán examinar el
contenido de los documentos, mociones y notificaciones presentadas y recibir las notificaciones y documentos del Tribunal en formato digital.
Según dijo a El Cucubano la Directora de la Oficina de la Administración de los Tribunales, Hon.
Sonia I. Vélez Colón, el proceso en su fase piloto
es monitoreado diariamente para hacer los ajustes
necesarios.
“El proceso ha sido interesante. Lo más importante es divulgar que todos los abogados sepan que si
van a presentar casos de recursos extraordinarios en
la región judicial de San Juan sala 904 y 907 tienen
que hacerlo en línea… pero para eso tiene que tener al día el correo electrónico para así poder recibir
la notificación”, subrayó la Jueza Administradora.
Enfatizó que los abogados y abogadas tienen que
mantener actualizada su información en el Registro
Único de Abogados y Abogadas (RUA), según lo
requiere la reglamentación vigente del Tribunal Supremo pues de lo contrario no podrán presentar documentos ni recibir notificaciones de manera electrónica en los casos que se ventilen en dichas salas.
Los abogados y las abogadas podrán acceder al
SUMAC, ya sea desde sus oficinas o desde sus residencias, para presentar sus documentos a través del
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portal electrónico de la Rama Judicial, www.ramajudicial.pr, o abriendo un navegador a través de la dirección específicamente creada para ello, https://
unired.ramajudicial.pr, en donde se encontrará el
enlace al SUMAC.
La Rama Judicial adoptó mediante Orden una
serie de directrices administrativas que regirán los
procedimientos en torno a la presentación y notificación electrónica. En estas directrices administrativas se establecen las disposiciones en cuanto al
formato de presentación de documentos y anejos,
horarios de presentación, firmas electrónicas, seguridad de los documentos y acceso público a los
mismos, entre otros asuntos. Estos documentos están disponibles en el portal de la Rama Judicial en
http://www.ramajudicial.pr/sumac/index.html.
Entre los documentos publicados en el portal se
encuentran aquellas preguntas más frecuentes que
puedan tener los usuarios y las usuarias y sus respectivas respuestas. Ese documento también estará
disponible en material impreso en todas las dependencias del Tribunal General de Justicia.
Hernández Denton destacó que al diseñar e
implantar este sistema la Rama Judicial tomó las
medidas necesarias para garantizar que se continúen brindando los servicios a las personas que
comparecen a los tribunales por derecho propio
o que no cuenten con el equipo computarizado
necesario. Además, aseguró que el proceso de digitalización y modernización se lleva a cabo de ma-
nera transparente y sin interrupción de los servicios
o procesos.
“La Rama Judicial viene trabajando hace años
para modernizar su sistema, atemperarlo a los tiempos y eliminar el papel y lograr el expediente digital; creando primero la infraestructura necesaria de
base de datos… Fuimos del archivo de metal con
tarjetitas de información de abogados que fue
con lo que inicialmente nos topamos hasta que
logremos la aspiración de cambiar la cultura del papel”, describió la Directora de OAT.
“La presentación electrónica de documentos representa un adelanto sin precedentes en la administración de la justicia, toda vez que atempera los
procedimientos judiciales de Puerto Rico a los desarrollos tecnológicos del siglo XXI. Estamos convencidos de que incorporar la tecnología a los procesos judiciales fomentará un mayor acceso a la justicia para
todas las partes”, aseguró el saliente Juez Presidente.
Se espera que una vez evaluada la efectividad de
este nuevo sistema su aplicación se extienda a todas
las regiones judiciales de la Isla, así como a los procesos judiciales ante el Tribunal de Apelaciones y el
Tribunal Supremo.
“Nosotros tenemos presión por madurar la herramienta de manera que a la brevedad podamos llevarlo a las otras salas. Por eso necesitamos también
el uso adecuado de los abogados porque es lo que
le va a dar madurez de la herramienta en San Juan
para poder expandirla cuanto antes”, inisistió Vélez.
Abril de 2014
A TODO VAPOR TRABAJOS DE LA
COMISIÓN ASESORA DE ACCESO A LA JUSTICIA
Por Damaris Suárez
El Cucubano
En atención al compromiso y responsabilidad de la Rama Judicial con garantizar
el principio de acceso a la justicia a todos
los ciudadanos y ciudadanas de Puerto
Rico, desde principios de este año se dio
paso a la creación de la Comisión Asesora
de Acceso a la Justicia. El nuevo organismo, adscrito a la Oficina de Administración
de los Tribunales (OAT) es presidido por
la Directora Administrativa de esa dependencia, Hon. Sonia Ivette Vélez Colón. El
licenciado Carlos Rodríguez Vidal funge
como Vicepresidente y Director Ejecutivo.
Para la Directora Administrativa de
OAT, “la calidad de la gente que compone
la Comisión para el Acceso a la Justicia es
extraordinaria... hay una gran cantera de
talento con mucho compromiso y conocedores del tema a quienes para empezar, le
hicimos una presentación de los proyectos
y múltiples iniciativas que ha desarrollado
la Rama Judicial en los pasados años para
garantizar el acceso a la justicia a diversos
sectores de la población”.
“Desde el año 2002, cuando se celebró
la Vigésima Conferencia Judicial y el Primer Congreso de Acceso a la Justicia, hemos trabajado arduamente para promover
proyectos que amplíen el acceso a la justicia, particularmente entre sectores desventajados económicamente o marginados por
otras razones diversas. Como resultado de
los trabajos de esa Conferencia y del Congreso se creó en el 2003 la Comisión para
el Acceso a la Justicia, que a su vez recomendó la creación de una Junta Permanen-
te de Acceso a la Justicia. De igual modo,
tanto la Ley de la Judicatura del 2003
como los Planes Estratégicos adoptados
por la Rama Judicial para los años 2007 al
2011 y 2012 al 2015 establecen como imperativos estratégicos garantizar el acceso
a la justicia y acceso a la justicia para todos
y todas, respectivamente”, explicó por su
parte el ahora retirado Juez Presidente del
Tribunal Supremo, Hon. Federico Hernández Denton durante la presentación de la
dicha Comisión.
La Comisión, compuesta por un grupo
de ciudadanos sumamente heterogéneos
quienes se complementan y que seguramente harán más rica la discusión de los
mecanismos necesarios para alcanzar un
mayor acceso a la justicia.
Vélez Colón destacó, por ejemplo, la
importancia que supone tener en el grupo
a un líder comunitario con la trayectoria de
Jorge Oyola y a los distintos decanos de las
escuelas de derecho del país, por mencionar
algunos.
“Oyola nos lleva a otro terreno, nos pone
en tierra firme y nos da otra visión y otras
perspectivas de la situación social del País…
Es importante contar con los tres decanos
porque si tú no empiezas creando conciencia y comprometiendo a los abogados que
se están formando, es muy poco lo que podamos hacer al final del camino”, aseguró
a El Cucubano Vélez Colón. El Sr. Oyola,
también es cliente de SLPR, y miembro del
Comité Asesor del Centro de Río Piedras.
La recién creada Comisión tiene entre
sus funciones asesorar a la Rama Judicial
en la formulación de política pública que
garantice el acceso a la justicia fundamentado en el trato equitativo e igualitario de
Los y las integrantes de la Comisión incluyen miembros de la judicatura, representantes de agencias del
Poder Ejecutivo, de organizaciones que brindan asistencia legal, de las escuelas de derecho del país y
representantes de varias organizaciones comunitarias así como de organizaciones profesionales: Hon.
María del Carmen Berríos, Jueza Superior; Hon. Rosa Benitez Álvarez, Jueza Superior; Lcda. Rosabel Padín Batista, Administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME); Lic. Charles Hey
Maestre, Director Ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico; Lic. Federico Rentas, Director Sociedad
para la Asistencia Legal; Lic. Luis E. Rodríguez Lebrón, Director Ejecutivo de Probono, Inc.; Lcda. Vivian
Neptune, Decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR); licenciado Julio
Fontanet, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; Lic. José
A. Frontera, Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico;
Dr. Efrén Rivera Ramos, Catedrático de la UPR; Dra. María Lourdes Rivera Grajales, Directora Oficina para
el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión; Jorge Oyola, Líder Comunitario Alianza de Líderes
Comunitarios; Dr. Nelson Colón, Fundación Comunitaria de Puerto Rico; Salvador Calaf, Presidente de la
Cámara de Comercio de Puerto Rico y el Lic. William Ramírez Hernández, Director Ejecutivo de la Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU).
todas las personas. Esto incluye representación legal a personas indigentes, en casos
civiles y criminales, y el acceso y trato sensible, justo y equitativo a las poblaciones en
condición de vulnerabilidad. También debe
recomendar iniciativas y planes de acción
para la implantación de una política pública
de acceso a la justicia.
Además, deberá recomendar legislación
para adelantar mecanismos de financia-
miento y servicios para la representación
legal de personas indigentes y poblaciones
en condición de vulnerabilidad, tales como
personas con discapacidades, inmigrantes,
víctimas de violencia doméstica y agresión
sexual, menores de edad, personas de edad
avanzada, entre otras. También podrá recomendar nueva legislación y enmiendas a leyes existentes cónsonas con las encomiendas de la Comisión.
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Abril de 2014
7
ISEP ofrece innovador
programa en seguridad
El Instituto de Seguridad y Protección
(ISEP) del Sistema Universitario Ana G. Méndez
(SUAGM) convencidos en la necesidad de un
nuevo enfoque en el adiestramiento y preparación académica de todos los oficiales de la ley y
orden en Puerto Rico ofrece un programa innovador en el área de seguridad.
Desde el 2011, ISEP ha impactado a cientos
de policías municipales y ciudadanos civiles que
se han preparado para una carrera en el área de
seguridad bajo un innovador programa académico y táctico.
Con centros en la Universidad del Este
(UNE), Universidad Metropolitana (UMET) y
Universidad del Turabo (UT), el ISEP ayuda a sus
estudiantes a ampliar sus conocimientos, experiencias y oportunidades de empleo en las áreas
de seguridad y protección. A través de sus instructores y profesionales en el campo de la seguridad
y las ciencias sociales, ISEP genera un nuevo enfoque dirigido a la profesionalización de la policía,
que garantiza los altos estándares de calidad que
se espera de los agentes de ley y orden.
8
ISEP ofrece un grado asociado en Justicia Penal
con énfasis en Seguridad y Protección. Además, de
programas de adiestramientos. El grado asociado
consta de 54 créditos universitarios divididos en
componentes de educación general, profesional y
táctica.
Los egresados del programa tienen la oportunidad de desarrollar conocimientos y destrezas a
tono con los nuevos requisitos de las agencias federales y estatales en y fuera de Puerto Rico en el
campo de la seguridad y protección.
Por otro lado, el Instituto ofrece ayudas económicas diseñadas para cubrir la totalidad del costo
de matrícula, si cualifica.
Requisitos de Admisión
Entre los requisitos que el estudiante aspirante
debe tener se encuentra: ser ciudadano de Estados Unidos de América o residente legal de Puerto Rico, tener el grado de cuarto año o su equivalente, tener edad de 21 años o más, y certificado
de buena conducta. El policía activo debe tener,
además, una certificación como policía municipal activo.
ISEP adiestra policías panameños
De otra parte, ISEP expandió sus servicios con
el propósito de dedicar los recursos necesarios
para proveer capacitación a otros países como
fue el caso de Panamá, donde oficiales de la Policía Nacional fueron adiestrados por los instructores tácticos en el área de operaciones vehiculares conocido como “Law Enforcement Vehicle
Operations (LEVO)”.
“Seguimos hacia adelante enfocados en profesionalizar a todo agente de ley y orden sin escatimar en fronteras. Estoy convencido que la
capacitación ofrecida por el ISEP redundará en
un sistema de seguridad confiable el cual opere de forma efectiva tanto en Puerto Rico como
en otros países”, destacó el Sr. Jorge A. Saldaña,
Vicepresidente Auxiliar y Director Ejecutivo de
ISEP.
Abril de 2014
Abril de 2014
9
Cuarto Encuentro Comités Asesores
E
l pasado 22 de febrero se llevó a cabo el 4to
Encuentro de Comités Asesores en el Auditorio de
la Universidad del Este en Carolina. SLPR cuenta con
Comités Asesores en cada uno de nuestros 17 Centros
de Servicio Directo alrededor de la Isla. Estos Comités
son el vínculo de nuestro Programa con las personas
y comunidades que representamos, representan los
intereses de la clientela y colaboran incansablemente
en la divulgación y promoción de nuestros servicios.
El propósito de este Encuentro es reunirlos a todos en
un mismo lugar para tener un día de intercambio de
ideas y conocimientos que fortalezcan la labor que
realizan los Comités y su relación con la Institución.
Luego de los saludos protocolares y del mensaje
del Director Ejecutivo, Lic. Charles Hey Maestre, se
procedió a comenzar los trabajos del día con el panel
“Los retos que enfrenta Puerto Rico y la respuesta
de SLPR”. Este fue moderado por el Lic. Juan Capella
Noya, integrante de la Junta de Directores de SLPR, se
inició con una presentación a cargo de la Prof. Martha
Quiñones Domínguez, economista y catedrática del
Recinto Universitario de la UPR en Arecibo, sobre
la situación económica del país y los retos que
enfrentamos. Luego la discusión del panel estuvo a
cargo de la Prof. Quiñones, Lic. Santos Rivera Martínez,
Director del Centro de Servicio Directo de Carolina;
Rafael Rivera Rivera, Comité Asesores Carolina; Lic.
Benjamín Pagán David, Director del Centro de Servicio
Directo de Sabana Grande; José Santiago Colón,
Comité Asesor Sabana Grande; Lic. Rafael Sánchez
Valentín, Director del Centro de Servicio Directo de
Ponce; y Rebeca Alvarado, Comité Asesor de Ponce.
El Encuentro prosiguió con una presentación del
Comité de Planificación Estratégica de la Junta de
Directores de SLPR, presidido por el Lic. Eddie Olivera,
para presentarles a los Comités Asesores el Plan
de Planificación Estratégica para Servicios Legales
de Puerto Rico que se está desarrollando en estos
momentos. La presentación estuvo a cargo de los
compañeros y compañeras de este Comité Lcda. Rosa
Bell Bayron, Lic. Juan Capella Noya, Sa. Onelia Pérez y
Susana Ortiz.
El segundo taller “Los retos que enfrentan los
Comités Asesores” fue moderado por la Lcda.
Zulmarie Alverio, quien inició con una presentación
sobre su experiencia como miembro del Comité
Asesor de Guayama. La acompañaron en el panel: Lic.
Nicolás Andreu Speed, Director del Centro de Servicio
Directo de Aibonito; Sa. Onelia Pérez, Comité Asesor
de Aibonito; Lic. Juan Carlos Nieves Molina, Director
del Centro de Servicio Directo de Utuado; Sr. Rigoberto
Barlucea, Comité Asesor Arecibo; Lcda. Vanessa Raffols
Salaberry; Directora del Centro de Servicio Directo
de Mayagüez; y Sr. Luis Silva del Comité Asesor de
Mayagüez.
Los trabajos del día culminaron con un Taller
Interactivo en el cual los miembros discutieron
por grupos varios temas y luego presentaron sus
conclusiones a toda la concurrencia.
El Encuentro concluyó con las décimas, aquí
publicadas, escritas por el Sr. Medardo Rosario del
Comité Asesor de Aibonito sobre las actividades del día.
10
La economista, Prof. Martha Quiñones Domínguez
José Santiago Colón, Comité Asesor Sabana Grande
Benjamín Pagán
David, Director del
Centro de Servicio
Directo de Sabana
Grande
Lic. Santos Rivera Martínez, Director del Centro de Servicio
Directo de Carolina
Miembros de los
Comités Asesores de
Corozal y Aguadilla
Abril de 2014
“
Estos Comités son el vínculo de nuestro programa con las
personas y comunidades que representamos, representan los
intereses de la clientela y colaboran incansablemente en la
divulgación y promoción de nuestros servicios.
”
“SERVICIO CON DETALLE”
por Medardo Rosario, Comité Asesor de Aibonito
Sr. Jesús García Oyola, primer Vicepresidente
de la Junta de Directores de SLPR
Lcda. Zulmarie Alverio, ex integrante del
Comité Asesor de Guayama
Lic. Charles S. Hey Maestre, Director Ejecutivo
de SLPR
Rosa L. Feliciano Bithorn, del Comité Asesor de
Arecibo
El Comité Asesor
es la base del servicio.
Servir un buen ejercicio,
nos protege el Creador.
Derecho al consumidor
merece la protección
y la representación
de los Servicios Legales.
Esta institución sí vale,
tienen nuestra inspiración.
R
Grandes retos enfrentamos,
Puerto Rico necesita,
de esta institución que aplica
el trabajo como hermanos.
Valoran al ser humano,
nos reciben diariamente.
La defensa está latente,
no sólo en el Tribunal.
Los podemos encontrar
teniéndonos siempre en mente.
R
Para nosotros un reto,
el servir a los demás.
Servicios Legales está
en el camino muy presto,
para luchar por lo nuestro.
Trabajadores migrantes
en una lucha constante,
que nos da la libertad.
Debe ser la libertad
el derrotero al instante.
R
Aquí las comunidades,
somos siempre el motor.
El servicio un valor,
gracias Servicios Legales.
Las virtudes cardinales,
nos hablan de la justicia.
Maldita la injusticia
que nos niega la igualdad.
A veces esa verdad
la opaca la avaricia.
R
Puerto Rico necesita
gente con honestidad.
Erradicar la maldad
que en nuestro pueblo habita.
La educación habilita
en nuestra alforja la acción.
Tenemos mucha instrucción,
mas, no sabemos distinguir,
lo que nos hace sufrir,
ante la liberación.
R
Que haya legislación,
que apoye comunidades,
que sean nuestras verdades
las que propicien la acción.
Que sea la autogestión,
lo que al pueblo direccione.
Tomar buenas decisiones,
que nos lleven a triunfar.
La economía mejorar,
evitando las pasiones.
R
Que no haya obligación,
si no que sea el compromiso,
la llave que sin permiso
abra la puerta de la acción.
Buena comunicación
entre las comunidades.
Que sea Servicios Legales
quien encienda al Cucubano,
en el pueblo, en el llano
y en los caminos rurales.
R
La balanza en Tribunales
no nos hace la justicia.
Para ellos la primicia,
en nosotros no se vale.
Sean las comunidades
con un junte visionario,
las que en el laborar diario
hagamos la diferencia.
Siempre tengamos conciencia,
luchar por nuestro ideario.
Derechos Reservados
Vista parcial de la Asamblea
Comité Asesor de Mayagüez
Abril de 2014
Comité Asesor de Arecibo
11
“
...el juez Carlos Carrasquillo pautó para el 8 y 9 de
octubre la celebración del juicio en su
fondo de la demanda.
ABOGADO
ABOGADA
¿Sabías que en 2013 el Colegio
de Abogados y Abogadas realizó
más de 200 actividades para sus
integrantes?
¿Que, de esas actividades, más de
80 fueron de análisis de asuntos
fundamentales para la práctica
profesional, culturales, educativas o
sociales, en la zona metropolitana y
en la isla, y todas fueron gratis?
¿Que 117 fueron cursos de
educación jurídica continua en
distintos puntos del país con
descuentos de hasta un 20% para
los y las integrantes del Colegio?
Esto es tan solo una fracción de la
oferta de servicios y beneficios que
el Colegio continuará ofreciéndote
en 2014.
No esp eres más
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Puedes pagar la cuota de 2014 por
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personalmente en el Colegio.
12
”
Líderes de comunidades
especiales se solidarizan
con guaynabeños
Representantes de comunidades expresaron preocupación sobre el alcance de una
demanda del Municipio de Guaynabo contra el Gobierno de Puerto Rico
Por Daniel Rivera Vargas
Cortesía de El Nuevo Día-GFR Media
Representantes de comunidades especiales de
diferentes partes del País acudieron recientemente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan y
expresaron preocupación sobre el alcance de una
demanda del Municipio de Guaynabo contra el Gobierno de Puerto Rico y un grupo de comunidades
especiales de dicho pueblo por las restricciones a
la facultad de su administración para expropiar terrenos.
“Esto es frustrante”, dijo Jorge Oyola, de la comunidad Los Filtros en Guaynabo, una de las que
podría verse impactada junto a Vietnam, Camarones, Sabana, y Jerusalén. “Vemos como se usa el
poder del Municipio de Guaynabo para atropellar
las comunidades. Ellos (el Municipio de Guaynabo)
están a la espera de que el caso llegue al (Tribunal)
Supremo y el Supremo falle a su favor”.
En el 2007, el Municipio de Guaynabo presentó
una demanda judicial en la que solicita una sentencia declaratoria que deje sin efecto la designación
de las Comunidades Especiales en su pueblo, ante
el alegato de que el Gobierno no les consultó como
requiere la ley.
Una ley de 2004 limita a los municipios su facultad de expropiar terrenos cuando estos pertenecen
a sectores declarados Comunidades Especiales, programa creado bajo la administración de Sila María
Calderón para proteger sectores marginados de
Puerto Rico.
El alcalde Héctor O’Neill ha expresado interés
en expropiar terrenos de sectores como la comunidad Vietnam, donde tiene planes de desarrollo
comercial y turístico.
“Yo vengo de una comunidad que puede ocurrir
lo mismo de Vietnam, con una vista espectacular a
la bahía, con un acuífero con agua tan pura que los
caballos de ahí toman mejor agua que muchos de
nosotros. Es un lugar fantástico para hacer condominios lujosos... puede que se abra a la especulación”, dijo Orlando Serrano, del barrio Salud de
Mayagüez, quien llegó hasta San Juan para apoyar a
los sectores de Guaynabo que defienden su denominación de “Comunidad Especial”.
“Toda comunidad de escasos recursos en Puerto
Rico corre el peligro de ser expropiada”, indicó José
Figueroa, de la comunidad Toro Negro, de Ciales.
“Estamos aquí en solidaridad”, añadió.
Las expresiones se dieron fuera de la sala 508
del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, luego de concluida una conferencia con antelación a
juicio en la que el juez Carlos Carrasquillo pautó
para el 8 y 9 de octubre la celebración del juicio en
su fondo de la demanda.
Los abogados de Guaynabo, encabezados por el
ex juez del Tribunal Supremo, Rafael Alonso Alonso, no estuvieron disponibles para entrevista, pero
en declaraciones escritas afirmaron que esperan
prevalecer en el juicio.
Por su parte, según los abogados de los demandados no es correcta la alegación del Municipio de
que el Alcalde no fue consultado a la hora de establecer cuáles sectores serían incluidos en el Programa de Comunidades Especiales.
“Tenemos evidencia documental y testifical (de
la consulta)”, dijo Raysa Rivera Grajales, quien representa al Gobierno.
“Entendemos que hay evidencia suficiente de
que fue consultado”, indicó, por su parte, la Lcda.
Verónica González, quien junto al Lic. José A. Rivera García, laboran para Servicios Legales de Puerto
Rico y defienden a las comunidades de Guaynabo.
Según los abogados del Gobierno y de las comunidades Los Filtros, Vietnam, Camarones, Sabana y Jerusalén, durante el juicio se sentarán al
menos cinco testigos, incluyendo la ex directora
del Programa de Comunidades Especiales, Linda
Colón, y el Alcalde de Guaynabo, quien es testigo
del Municipio demandante.
Por su parte, el representante de la barriada
Vietnam, Alfonso Lugo Parrilla, dijo que de 740
residencias habitadas en la comunidad para 2005,
ahora solo quedan unas 364, luego que se pactaran acuerdos de compraventa que, según expresó, no han sido en beneficio de los exresidentes
del sector.
Según Lugo Parrilla, el Municipio le ha ido
comprando sus propiedades a personas analfabetas o envejecientes y los ha mudado a casas nuevas
que no están aptas para ser habitadas porque son
estructuras con vicios de construcción y grietas.
Según dijo, a muchas de estas personas se les ofrecieron precios de compra de sus propiedades por
encima de $160,000 para luego pagarles cerca de
$80,000.
“Estamos siendo destruidos y acechados”, dijo
Lugo Parrilla.
* Publicado el 10 de marzo de 2014 en El Nuevo Día
Abril de 2014
Una boricua deja su huella en
Boston, Massachusetts
Por Damaris Suárez
El Cucubano
Jamás pensó que dedicaría su vida a
la lucha por los derechos e igualdad de
los más necesitados. De hecho, de niña
se veía ataviada de vestiduras blancas
y con estetoscopio curando y ayudando en la medicina. Pero la vida dio las
vueltas necesarias para colocarla no en
un consultorio médico para curar heridas físicas; sino en las comunidades
ayudando a sanar las heridas sociales
de puertorriqueños, hispanos y norteamericanos que económica y socialmente son marginados en las calles de
Boston, Massachusetts.
Mirnairis Cepeda ha logrado poner
en un escaparate la figura de la mujer puertorriqueña que frente a toda
adversidad se levanta para hacer valer
sus derechos y ayudar a otros. Y no hablamos de poca cosa… Esta boricua
oriunda del barrio Medianía Alta de
Loíza y criada intermitentemente entre Puerto Rico y los Estados Unidos se
ha convertido en la voz puertorriqueña
en las organizaciones que ofrecen servicios legales a los pobres en la ciudad
de Boston; para el estado entero de
Massachusetts y logrando pertenecer
a la Junta de Directores de la National
Legal Aid and Defender Association
(NLADA Defender Servicios Legales).
“Mi papá siempre estuvo involucrado en el servicio público. Desde niña
lo acompañaba a los eventos públicos
y seguí creciendo. Estudié medicina
pero por cuestiones de salud me convertí en trabajadora social. Un accidente me provocó buscar ayuda en las
organizaciones para obtener mi seguro
social por discapacidad y encontré las
puertas cerradas”, relató a El Cucubano esta mujer con una voz pausada y
un español entremezclado con el in-
“
”
EN LA USC PRESENTAN LIBRO
UN MONSTRUO LLAMADO D.E.
De Tamara López
El Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (INIPRODEH), adscrito a la Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales
(FIEHS) de la Universidad del Sagrado
Corazón (USC), y el Programa de Apoyo
a la Comunidad en Materia de Educación
Especial (PRACEE), viabilizaron la presentación del libro Un monstruo llamado D.E.,
de la autora Tamara López Cruz, quien,
además, es presidenta del Comité Asesor
del Centro de Carolina de SLPR.
El libro narra las experiencias de miles de familias de estudiantes de educación especial y visibiliza sus luchas
diarias por el acceso a una educación de
excelencia para sus hijas e hijos. Entre
estas, destaca la historia de Rosa Lydia
Vélez y el caso que lleva más de treinta
años en los Tribunales de Puerto Rico.
López, madre de Libertad, una niña de
educación especial de apenas 6 años de
edad, dice sentirse muy satisfecha con el
libro. Asegura narró su experiencia como
madre para compartir el calvario que
tuvo que pasar para que su niña obtuviera los servicios a los que tiene derecho.
“Sí ha sido difícil…Si la familia no
está preparada el monstruo te va a comer. Muchos dan orientación incompleta. Hay una burocracia inmensa y
se contradicen en los procesos”, señaló la joven madre.
Abril de 2014
La obra es una guía para crear conciencia y educar sobre los derechos, procedimientos, leyes y reglamentos del estudiantado de educación especial.
“Qué mejor que tener un libro, una
guía escrita de forma sencilla que sea
como un resumen para que las familias
sepan las leyes y reglamentos que le protegen y que le ayuden a dar cada paso por
el monstruo”, insistió López.
Mirnairis
Cepeda ha
logrado
poner en un
escaparate
la figura
de la mujer
puertorriqueña
que frente
a toda
adversidad se
levanta para
hacer valer sus
derechos
y ayudar
a otros.
glés, pero sin perder la sazón salpicada de palabras emblemáticas de la
cuna boricua.
“Era joven y tenía educación. Según ellos no podían ofrecerme ayuda. Yo lo llevé hasta las últimas consecuencias y me envolví con Servicios
Legales como una clienta. Seguí estudiando hasta obtener mi maestría
y lograr un “minor” en leyes”, recordó.
Mirnairis insistió hasta ganar el
caso para finales del ‘96. Se representó a sí misma, lo que marcó su llegada
a Servicios Legales, organización de
la que hasta hoy es parte. “Fui invitada a ser parte de la Junta de Directores por uno de mis profesores y allí
me quedé”, dijo.
Cepeda fue presidenta de la Junta
de Directores de la Greater Boston
Legal Services, organización similar
a SLPR que sirve a 36 comunidades
de estadounidenses e hispanos en esa
ciudad e incluso desde el 1992 también ofrece servicios a inmigrantes
indocumentados para ayudarlos a obtener su estatus legal en EEUU.
Pero esto no quedó ahí. Por su
trabajo logró ser miembro del Consejo de Clientes de la Massachusetts Legal Assistance Corporation fundada
hace 30 años para dar servicios legales
gratuitos en ese Estado. Allí todavía se
mantiene como editora de su periódico
“Unbeatable Advocate”. Además, presidió el grupo que desarrolla la política de
normas y reglas de National Legal Aid
and Defender Association (NLADA).
“Doy gracias a Dios porque me puso
en esta posición. He podido ayudar a
muchas personas a desarrollarse, sobre
todo a mujeres que se sienten que no saben y no pueden”, dijo a El Cucubano.
Sin embargo, criticó la falta de acción
y de presencia de otros puertorriqueños
en esas batallas “Nos recostamos, es un
dolor que me da a mí cuando voy a las
reuniones en las comunidades y veo al
chileno, al mejicano y nosotros los puertorriqueños 3 gatos. En la organización
nacional usted puede contar, yo soy la
única puertorriqueña. Hay como 15 mejicanos”, lamentó.
A su juicio, los puertorriqueños “se
están quedando atrás porque desconocen cuánto pueden aportar y ayudar…
no se atreven”. Sin embargo, destacó la
disponibilidad del Director Ejecutivo de
SLPR, Charles Hey Maestre.
Agradeció el esfuerzo que realiza el
Lic. Hey Maestre para que los boricuas
tengan una mayor participación en los
EEUU.
13
“
‘Nuestro Hijo Especial’ es un vídeo educativo de
aproximadamente 30 minutos que narra la historia
de una familia desde el momento que sospecha que
su hijo puede tener una condición...
”
Proyecto Educación Especial estrena vídeo educativo
Nuestro hijo Especial
Por Damaris Suárez
El Cucubano
El Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico fue el escenario
para el estreno del vídeo educativo “Nuestro Hijo Especial” realizado por el Proyecto de Educación Especial de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR),
como una herramienta de trabajo para orientar a la
comunidad y a la familia sobre los distintos procesos
que deben de seguir para reivindicar sus derechos.
“El Proyecto de Educación Especial de SLPR en
colaboración con organizaciones cívicas y comunitarias realizarán talleres y charlas a través de todo el
País en los que se presentará el vídeo como punto de
partida para la discusión abierta sobre los procesos
para acceder a los servicios de educación especial a
los que tienen derecho”, explicó a El Cucubano la
Lcda. Josefina Pantoja Oquendo, encargada del Pro-
yecto de Educación Especial de SLPR
“Nuestro Hijo Especial” es un vídeo educativo de
aproximadamente 30 minutos que narra la historia
de una familia desde el momento que sospecha que
su hijo puede tener una condición y lo registra para
que se evalúe si es elegible a educación especial. En
el trabajo vemos algunas etapas del proceso con las
que la familia tiene que lidiar para obtener servicios
apropiados para el estudiante.
El vídeo, dirigido por Tony Rigus, es un proyecto
realizado por Lorimir Curet y Leyda Fuentes Linero, Especialistas en Educación Especial del Proyecto
Especial de SLPR, con el asesoramiento de Pantoja
Oquendo.
Durante la presentación del documental, abogados y abogadas del pleito de clase Rosa Lydia Vélez,
padres y madres de estudiantes de educación especial
y público en general elogiaron la forma en que la
historia describe las vicisitudes que enfrentan ante la
burocracia del Departamento de Educación.
“Me sentí muy identificada. El vídeo está perfecto… los padres se van a ver en él, como los atienden
en el Departamento”, dijo Carmen Pérez, madre de
una niña de educación especial.
Por su parte, el Procurador de las Personas con
Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, aplaudió la
iniciativa de SLPR que a su juicio “plasma la realidad
que viven los padres…Hace falta más voluntad del
Departamento de Educación para terminar con el
problema y le garantice por fin a estos jóvenes una
educación digna y adecuada”.
“Nuestro Hijo Especial” cuenta con la actuación
de la actriz puertorriqueña Naymed Calzada, como
la madre del estudiante, el niño Joseph Jeryel Avilés
y el Lic. Juan Capella Noya, miembro de la Junta de
Directores de SLPR, en el papel del padre. También
colaboraron con sus habilidades histriónicas los compañeros y compañeras de SLPR, Lcda. Gladys Vilá,
Edison García Creitoff, la Lcda. Janice Albarrán, la
Lcda. Beatriz Martínez y la Lcda. Lorimir Couret.
Formando profesionales de primera
en la Policía Municipal
El Sistema Universitario Ana G. Méndez felicita a los 167 graduados
del Instituto de Seguridad y Protección (ISEP), quienes recibieron su
diploma de Grado Asociado en Justicia Penal con énfasis en
Seguridad y Protección.
Nos sentimos orgullosos de los logros de ISEP, por haber preparado
a policías municipales y civiles en los municipios de Yauco, Ponce,
Santa Isabel, Cabo Rojo, Salinas, Moca, Jayuya, Isabela, Gurabo,
Bayamón, Aguadilla, Barceloneta, Naguabo, Guayama, Ceiba,
Guánica, Comerío, Guaynabo y Caguas. Ellos al igual que más de
122 egresados, representan la nueva cepa de profesionales de
seguridad que servirán al País con dedicación y responsabilidad.
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14
Clase graduada sistémica de ISEP
diciembre 2013
suagm.edu
isep-pr.com
Abril de 2014
“
El estudio de sus circunstancias es
fundamental para determinar si le
aplican defensas y qué tipo de defensas.
”
¿Ahogado con las deudas y cobradores?...
conoce tus derechos
Por Jesús Marengo
Paralegal, Proyecto Justicia para el Derecho del Consumidor
Los consumidores de escasos recursos económicos enfrentan un panorama sombrío en los albores
de este año. La degradación del crédito boricua y el
continuo incremento del costo de la calidad de vida
constituyen algunos de los factores que abonan a
dicho panorama. A ello, hay que sumarle la agresividad con la cual varias agencias de cobro reclaman a
muchos consumidores el pago de deudas.
Servicios Legales de Puerto Rico recibió el año
pasado cientos de solicitudes de servicios de personas con deudas reclamadas por agencias de cobro,
al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil. La
Regla 60 establece un mecanismo rápido y ágil que
le permite a un cobrador reclamarle a un deudor el
pago de una deuda líquida (determinada), vencida
y exigible de $15,000 o menos, evitando pasar por el
trámite de un juicio ordinario.
Hay personas que, en ocasiones, inspiradas por
el temor que le produce este tipo de notificación o
el desconocimiento legal incurren en pagos innecesarios de deudas o se someten a planes de pagos
que no proceden. Estas circunstancias delatan la
importancia de recibir orientación legal acerca de
la naturaleza de la deuda, que le cobran, si alber-
gan dudas sobre la misma.
Cada caso de cobro de deuda es particular. El estudio de sus circunstancias es fundamental para determinar si le aplican defensas y qué tipo de defensas. Algunas de las defensas disponibles para ciertos casos de cobro de deudas son: la prescripción,
el error en cuanto al trámite de la notificación, las
deficiencias en el contenido de la notificación, el
incumplimiento de disposiciones legales por parte
de la agencia de cobro o su agente representativo y
error en cuanto a la deuda.
Si enfrentas problemas legales con el cobro de
deudas, tienes la alternativa de llamar a Servicios
Legales de Puerto Rico, para saber, en primer lugar,
si eres elegible para recibir servicio de orientación o
representación legal. Si resultas elegible, se te hace
una entrevista y se te asigna a un abogado o abogada de un Centro de Servicio Directo. Los teléfonos
a llamar son: (787) 728-5070 (área metro) y 1-800981-5342 (interior de la isla).
La Comisión de Derechos Civiles (CDC) es una entidad gubernamental cuyo propósito principal es promover, mediante la educación,
la vigencia de los Derechos Civiles. Los Derechos Civiles son aquellos derechos que el Estado le ha garantizado a cada ciudadano a
través de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado, a través de leyes y reglamentos y por jurisprudencia o
interpretación judicial.
En la CDC estamos para protegerte, educarte sobre tus derechos, cómo respetarlos, protegerlos y enaltecerlos.
Nuestros servicios cubren:
• Orientaciones sobre Derechos Civiles y Humanos
•Talleres y Conferencias Educativa
•Análisis de Iniciativas Legislativas y Ejecutivas
•Distribución de Materiales Educativos Gratuitos
•Estudios e Investigaciones sobre Derechos Civiles y Humanos
•Exhibición de Documentales sobre los temas.
Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones CEE-C-12-124
Abril de 2014
15
Opinando
El Verdadero Acceso a la
Por Luis O. Gallardo Rivera
Estudiante de Derecho
Universidad de Puerto Rico
Justicia
Uno de los primeros temas que
compartieron conmigo cuando ingresé a la Escuela de Derecho es el acceso
a la justicia. En clases como profesión
jurídica y ética, los profesores nos hablaron de la gran responsabilidad que
tenemos los abogados en mantener
una conciencia social cuando se ejerce la profesión. Estudiamos el tema
en profundidad, participamos en estudios, nos animaron para unirnos a
programas y finalmente, dedicamos el
último año de nuestros estudios laborando en la clínica de derecho, ofreciendo servicios a poblaciones mayormente de bajo ingreso. Al graduarnos,
continuamos aportando a la causa
con sellos de servicios legales y llamados periódicos por parte del Tribunal
para trabajar casos pro bono. Como
pueden ver, mucho esfuerzo está dirigido hacia la provisión de servicios
legales a las poblaciones marginadas.
Sin embargo, sigue existiendo un
déficit de acceso a la justicia. Para entender este problema, han intensificado nuestras clínicas y pro bonos y han
abogado aumentos en fondos estatales
y federales para los programas de servicios legales. Hace poco se aprobó la
Ley 165-2013 con el fin de designar
los intereses acumulados en las cuentas bancarias de los abogados a fin de
crear un fondo para servicios legales
gratuitos. Sin embargo, la solución del
problema no es solamente la representación gratuita ni los subsidiados estatales. Podremos contratar un abogado
para cada ciudadano y aún así no tendríamos verdadero acceso a la justicia.
El problema más grande no es la
falta de abogados. El mayor problema
es el sistema. El problema es que para
poder ejercer un derecho o defenderse de otra persona, es casi obligatorio obtener la representación legal
de un tercero. Aún para negociar o
transar un caso, por ejemplo, si estás
sin abogado, estas chavado. Sin esa representación la probabilidad que puedas encontrar la justicia –aún cuando
16
verdaderamente tengas la razón– es
mínima. La justicia tiene una etiqueta
de precio, y aún con subsidio, sigue teniendo un valor de mercado.
Cualquier persona que se ha defendido a sí mismo en un proceso
judicial sabe de la agonía que representa manejar el laberinto del sistema
judicial. Los procedimientos culturalmente ajenos; los conceptos legales
innecesariamente complicados; el
discurso dramatizado y adversario;
los jueces en su trono con su vestir
arcaico y sus malletes; los códigos de
vestimenta para los actores judiciales.
Hasta el lenguaje y arquitectura de un
tribunal hacen a uno sentir incómodo e inferior. El sentimiento general
cae entre estar en una iglesia ultra
conservadora y ver una obra de teatro
romano. Gran parte de la Escuela de
Derecho es para enseñarnos a manejar con esta burocracia y protocolo. Y
aún con abogado, es bastante traumatizante someterse a los tribunales de
este país.
Pero a veces los mismos abogados
perpetúan esta situación. A algunos
le gusta rellenar sus escritos con palabrería jurídica; y les encanta utilizar
términos en latín, aún cuando existe equivalencia en español. Les hace
sentirse importantes y privilegiados…
parte de un club exclusivo. Algunos
sueñan también un día ponerse una
toga negra para sentarse más arriba
de los demás. Romantizan a la profesión y se sienten los más honrados
guardianes de la justicia. Pero lo que
en la práctica hacen muchos abogados, jueces y los mismos legisladores
es mantener un sistema judicial complicado, burocrático y elitista.
El ciclo es vicioso: elegimos abogados (o personas quien contratarán
abogados para hacer su trabajo); escriben leyes complicadas y confusas;
y después contratamos más abogados
para interpretarlas y defendernos con
ellas. ¿Cuántas veces han preguntado los legisladores si la ley que están
aprobado es comprensible por Juan
Del Pueblo? Siguen haciendo que la
justicia sea inaceptable mientras seguimos pagando más y más para poder accederla.
“
El día que un
ciudadano pueda
entrar a un tribunal
con seguridad,
conociendo
sus derechos e
invocándolos
efectivamente y
en idioma simple,
entonces hemos
logrado el verdadero
acceso a la justicia.
”
Entonces, ¿qué es lo que nos hace
falta para lograr un verdadero acceso
a la justicia? Podemos empezar con
la simplificación de nuestros reglamentos y legislación. Reglas que flexibilizan procedimientos y eliminan
formas para ellos representados por
derecho propio es un buen ejemplo
de lo que se debe fomentar. Después,
hay que exorcizar la cultura judicial
de esos procedimientos y protocolos
innecesarios y puramente ceremoniales. Tenemos que purgar nuestros
escritos de jerga obsoleta y stultus verbis. Finalmente, hay que fortalecer los
programas y servicios educativos de
auto-representación. Hay que trabajar
con los jueces para hacerlos más compasivos y tenemos que parar de mirar
a la auto-representación como un obstáculo.
Vivimos en el siglo XXI y se supone que nuestra sociedad sea una democracia e inclusiva. Así que vamos
a dejar atrás el vertimiento romano
y vamos a democratizar nuestro sistema jurídico. El día que un ciudadano
pueda entrar a un tribunal con seguridad, conociendo sus derechos e invocándolos efectivamente y en idioma
simple, entonces hemos logrado el
verdadero acceso a la justicia.
Abril de 2014
“
...las personas que tienen una relación de pareja sin sostener o haber
sostenido relaciones sexuales y sin cohabitar quedan desprovistas de
los mecanismos de protección que provee la Ley 54...
”
Noviazgo sin violencia
Una agenda de acción
Prof. Esther Vicente, Catedrática de Derecho
Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de PR
¿Qué es una relación de noviazgo? ¿Cómo definimos esta relación? ¿Se manifiesta la violencia en las
relaciones de parejas de novios de la misma forma
en que ocurre entre parejas casadas o convivientes?
¿Es el noviazgo un tipo de relación que solo viven
las personas jóvenes y adolescentes o también las
personas adultas? ¿Cuáles son las necesidades que
confrontan las sobrevivientes de violencia en el noviazgo? ¿Qué remedios amerita la atención, prevención y erradicación de este tipo de violencia? ¿Cuál
es la magnitud de este problema?
Con el propósito de dialogar con diversos sectores sobre estas y otras preguntas, INTER-MUJERES,
el Instituto de Estudios sobre Mujeres, Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, junto a la Organización de Mujeres Estudiantes de Derecho y al Movimiento Amplio de Mujeres, celebró un encuentro
entre diversos sectores para conversar sobre la violencia en las relaciones de noviazgo. La actividad se
programó en la semana en que se celebra el Día del
Amor y la Amistad para resaltar y promover alternativas que permitan alcanzar relaciones de pareja
libres de violencia.
El Teatro de la Facultad de Derecho estuvo repleto de estudiantes de derecho, miembros de la Facultad y activistas del movimiento de mujeres. También
participaron en el diálogo funcionarias del sistema
de justicia que cotidianamente lidian con casos de
violencia en las parejas –fiscales, procuradoras de
menores, juezas, abogadas, trabajadoras sociales y
policías.
Un panel compuesto por la Senadora Mari Tere
González, Presidenta de la Comisión de la Mujer
del Senado de Puerto Rico; Ada Álvarez Conde,
Presidenta de la Fundación Alto al Silencio; Vivian
Rodríguez del Toro, Psicóloga y Catedrática de la
Universidad Interamericana, Recinto Metro; Sara
Benítez, Investigadora y Directora de la Oficina
para el Desarrollo Integral de las Mujeres del Municipio de San Juan y la doctora Yanira Reyes, Decana Asociada de la Facultad de Derecho, analizó
las manifestaciones de la violencia en las relaciones
entre personas que sostienen una relación afectiva
sin que medien relaciones sexuales.
La Ley para la Prevención e Intervención con
la Violencia Doméstica en Puerto Rico, conocida
como Ley 54, aunque ofrece protección a personas
que confrontan violencia por parte de su pareja en
una amplia gama de relaciones, limita su protección
Abril de 2014
a aquellas que sostienen o han sostenido relaciones
sexuales, de cohabitación o matrimoniales. Ello
implica que las personas que tienen una relación
de pareja sin sostener o haber sostenido relaciones
sexuales y sin cohabitar quedan desprovistas de los
mecanismos de protección que provee la Ley 54, si
confrontan violencia por parte de su pareja.
Las integrantes del panel resaltaron los hallazgos
de estudios realizados en Puerto Rico para documentar este tipo de violencia y las experiencias que
confrontan especialmente las mujeres jóvenes al tratar de buscar remedios legales. Hicieron énfasis en
que en la mayor parte de las situaciones de violencia
en el noviazgo se trata de menores de edad. Señalaron además, que las maneras en que se manifiesta
la violencia en este tipo de relaciones pueden tener
algunas similitudes con la violencia en parejas cubiertas por la Ley 54. Sin embargo, en ocasiones la
violencia en el noviazgo presenta aspectos particulares y amerita intervenciones específicas que la Ley
54 no contempla.
En el caso de las personas menores de edad, el
hecho de que estén bajo la patria potestad de sus
progenitores o la tutela de otra persona, presenta
a las sobrevivientes, al personal de apoyo y a las autoridades del sistema de justicia con situaciones en
que son los familiares y no la persona perjudicada
por la violencia quienes solicitan los remedios que
provee el ordenamiento jurídico, por ejemplo a través de la Ley de Acecho. Esto conlleva que se vea
afectado el proceso de empoderamiento que implica el que la persona sobreviviente de la violencia la
identifique y tome la decisión de buscar remedios
para detenerla. Puede, además generar procesos
de re-victimización por parte de los familiares de la
persona joven que confronta la violencia y de los
operadores del sistema de justicia.
Tras las presentaciones de las panelistas, desde el
público se lanzaron varias interrogantes que ameritan mayor consideración. Por ejemplo, se planteó
si las Órdenes de Protección que provee la Ley 54
disponen los remedios que requiere la experiencia
de violencia cuando la pareja no convive ni ha convivido bajo el mismo techo. Se preguntó si esta violencia cuando ocurre entre adolescentes amerita la
intervención del sistema de justicia criminal o por el
contrario la instauración en el sistema de educación
de un currículo de enseñanza con perspectiva de género como requiere legislación vigente que no se ha
implantado. Otro aspecto medular planteado fue la
necesidad de elaborar una definición de noviazgo
que responda a las prácticas relacionales contemporáneas y que permita a los funcionarios del sistema
de justicia implantar adecuadamente las medidas
de protección e intervención que se establezcan.
En fin, que en consideración a que se encuentran
pendientes ante la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico varios proyectos de ley para atender las necesidades que genera la experiencia de violencia en el
noviazgo, se recomendó la aprobación del proyecto
de ley que provee para que se realice una investigación exhaustiva sobre este asunto. Así, podrá obtenerse más información a través de investigaciones,
estudios, grupos focales y otros mecanismos. Ese
esfuerzo investigativo producirá los datos necesarios
para la revisión de las medidas planteadas o la creación de otras medidas específicas que promuevan relaciones de noviazgo sin violencia.
17
“¿Habremos escarmentado
del Caso del Niño Ruso?”
Lic. Rafael Sánchez Valentín
Director Centro de Servicios de Ponce
Siguen surgiendo casos similares al ya conocido popularmente como el caso del niño ruso. Nos
preocupa el hecho de que éstos son los casos que
si no fuera por suerte incidental de la vida no saldrían a la luz pública, para poder subsanarse la
maldad. En algunos casos esa justicia aunque tarde
es favorable, como en este caso y como en la ya
famosa película Philomena que está basada en un
hecho de la vida real.
Los hechos de este caso se remontan al 2008,
cuando cuatro (4) menores fueron removidos del
hogar al ocurrir un incidente, que de haberse investigado correctamente, no dejaría dudas de que
se trataba de una secuela de un patrón de violencia
doméstica. A la víctima, en lugar de brindársele los
servicios para protegerla, se revictimizó al removerle
a los menores.
El más pequeño de los hijos de esta mujer (de
apenas 6 meses de edad) fue colocado convenientemente en el hogar de la hija de una empleada del
Departamento de la Familia (DF), quien siempre
había manifestado su interés en adoptar. El procedimiento del DF en vez de ir dirigido a un plan de
permanencia de retorno al hogar (reunificación
familiar) se tornó en uno que obstaculizaba que se
lograse ese propósito.
En un momento dado le devolvieron a tres de sus
cuatro hijos removidos, excepto al que la hija de la
empleada del DF tenía consigo. Cuando la madre
preguntó por su hijo más pequeño y cuestionó, le
removieron nuevamente a sus otros tres hijos. Estos
fueron de hogar en hogar, pasando, uno de ellos,
por más de quince (15) hogares. Estuvieron, incluso, en hogares de crianza donde sufrieron maltrato
y negligencia por sus cuidadores.
Así las cosas, habiendo una Sentencia de Cese de
Esfuerzo, dictada por un Tribunal de Primera Instancia, esta mujer se muda para Humacao. Por suerte
de la vida o destino de Dios allí va a una entrevista de
divorcio en el CSD de Humacao de SLPR. La Lcda.
Lisbeth Bruckman, Directora del Centro, quiso asistir al abogado de turno para entrevistas y tomó la
entrevista de esta mujer. Cuando la Lcda. Bruckman
le pregunta si tuvo hijos en el matrimonio y quién
tiene la custodia, allí se entera de la existencia de
una Sentencia de Cese de Esfuerzo, a la que sólo le
restaban días para apelar. Como cuestión de hecho,
se apeló, pero se obtuvo un resultado adverso. Una
de las cosas que observó la Lcda. Bruckman, fue que
esta madre había comparecido a la Oficina con su
bebé habido entre ella y el agresor posteriormente a
la remoción de sus otros tres hijos. Cuando la Lcda.
Bruckman le preguntó por qué le removieron sus
hijos, la cliente contestó, “Porque soy un riesgo para
mis hijos al no poder protegerlos de la violencia doméstica de la cual soy víctima”. Inmediatamente la
Lcda. Bruckman se dio cuenta que no tenía lógica
que mamá fuera apta para proteger al más pequeño
de sus hijos y no así a los demás. Rápidamente se
comunicó con este servidor y me presentó su preocupación. Asumimos la representación legal en
unión al Lcdo. Benjamín Pagán David, ahora director del Centro de Sabana Grande, nos hicimos cargo
del manejo del caso y lo litigamos de forma exitosa.
Contratamos los servicios profesionales de una trabajadora social, la Sra. Conchita Rivera, quien del
resultado de la investigación forense que realizó,
tanto en PR como en Michigan, encontró muchas
irregularidades en el manejo del caso por el DF, que
nunca se habían descubierto.
Gracias a la labor de todo el equipo de Servicios
Legales junto a las trabajadoras sociales Conchita
Rivera y otras del Centro Casa De Todos y Casa de
la Bondad de Humacao, pudo hacerse justicia consiguiendo exitosamente que se le devolvieran todos
sus hijos a esta madre. Aún cuando se logró radicar
a tiempo la apelación, la misma resultó adversa. Sin
embargo, se logró que a nivel de instancia se reabriera el caso, consiguiendo exitosamente la reunificación de esta familia.
Pero el final feliz de este caso no es de cuentos
de hadas. Esta madre ahora tiene que lidiar con
todos los problemas emocionales que sufrieron
estos menores como secuela de la prolongada separación. Esta madre ya está bastante adelantada
en la relación con sus hijos y los hermanos se han
vuelto a conocer entre sí luego de seis largos años
de separación y desarraigo.
Si desea recibir El Cucubano en versión
electrónica, por favor envíenos su
dirección electrónica a
[email protected]
slegales.org
cucubano@servicio slegales.org
cucubano@servicio
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18
Abril de 2014
Consejos
Nueva Ley de Protocolos Uniformes de Tutela
Por José Acarón
Director Estatal de AARP Puerto Rico
Si usted es tutor de sus padres, esta ley protege sus derechos en PR y Estados Unidos.
Si usted es tutor de un ser querido, con la nueva Ley 296 de Protocolos Uniformes de Tutela puede ofrecerle la misma representación legal y apoyo
en Puerto Rico o Estados Unidos. Recientemente,
AARP impulsó esta ley mediante un intenso cabildeo en la Legislatura con cientos de voluntarios,
para que pueda transferir sus derechos de tutela
a cualquier estado. De esta forma, usted estará en
mejor posición de proteger la dignidad y seguridad financiera de los que ama.
Cuando alguien pierde su capacidad cognoscitiva por una enfermedad como Alzheimer u otra
causa, y no ha delegado autoridad para tomar
decisiones mediante un mandato o un poder, un
tribunal competente puede declararlo incapaz y
asignarle un tutor legal. Ante los riesgos de mal
manejo de las finanzas de la persona incapacitada
legalmente, o el peligro de que se descuide su salud y su seguridad física, estos procedimientos de
tutela requieren de un minucioso escrutinio que
se simplifica con un protocolo uniforme.
Bajo la Ley 296, Puerto Rico quedó integrado
legalmente con las demás jurisdicciones de Estados Unidos que han adoptado el Acta Uniforme
de Procedimientos en la Tutela para Adultos y
Procedimientos Protectivos (Uniform Adult Guardianship and Protective Proceedings Jurisdiction
Act). Esta legislación federal provee un código
uniforme para manejar asuntos jurisdiccionales en
casos de tutela de adultos mayores.
A continuación, tenemos un testimonio real
de cuido a larga distancia que ilustra cómo la Ley
de Protocolos Uniformes de Tutela simplifica la
resolución de asuntos jurisdiccionales en casos de
tutela.
María Julia es una puertorriqueña residente de
Chicago, Illinois que se cae y se rompe la cadera.
Tienen que operarla y, una vez está estable, su hijo
que vive en Washington, DC se la lleva para allá
para que viva con él mientras se recupera. A los
pocos meses de llegar a Washington, el hijo se percata que su mamá ha desarrollado rápidamente
serios problemas cognoscitivos y que no tiene la
capacidad para tomar sus propias decisiones. El
hijo decide solicitar la tutela en Washington, DC.
Afortunadamente, Illinois y el Distrito de Columbia han adoptado la Ley de Protocolos Uniformes
de Tutela y el Tribunal de Washington puede comunicarse con facilidad con el Tribunal de Illinois. Conforme a las normas establecidas por la
propia ley uniforme, aunque Illinois sea el Estado
de residencia de la señora, el Tribunal de Wash-
ington, DC puede tomar la determinación de incapacidad y designar a su hijo como tutor legal.
Beneficios de la Ley de Protocolos Uniformes
de Tutela:
1. Establece procedimientos claros para atender y resolver controversias entre distintos
estados y Puerto Rico.
2. Permite la transferencia de la tutela entre
distintas jurisdicciones.
3. Da paso al reconocimiento y ejecución de
las órdenes judiciales en casos de tutela entre distintos estados. 4. Facilita la comunicación y cooperación entre los tribunales de distintas jurisdicciones.
5. Atiende situaciones en que hay una emergencia o estado de necesidad. Para más información se puede comunicar con
el Lic. Eddie Olivera, Director de Política Pública
de AARP PR, al 787-296-3008 o [email protected].
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FAX. 851-2709
12 Muñoz Rivera,Esq. Henna
Cabo Rojo,PR 00623
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787-861-2953
118 Barceló
Maunabo, PR 00707
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FELIPE BRAVO
787-764-2275 / 787-647-9982
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Abril de 2014
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Lunes a viernes 8 a.m. - 4 p.m.
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