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Vol. XXIII, Núm. 89 • JULIO de 2014
Pescadores de Punta Pozuelo
recuperan su
Villa Pesquera
[pág. 2]
Mensaje del
Director Ejecutivo
[pág. 4]
Forman frente
unido en contra
de recortes
legislativos
[pág. 8]
Se apuntan
una opositores
a planta de
incineración
[pág. 12]
Ver página 3
Boston reafirma
el derecho
ciudadano
a grabar
intervenciones
policíacas
Las víctimas
de violencia
doméstica
como
consumidoras
Juramenta
Presidenta
del Tribunal
Supremo
[pág. 5]
[pág. 13]
JULIO de 2014
publicación de servicios legales de Puerto Rico, INC.
1
“
“Los momentos pasan: pasan con ellos
los hombres; pero siempre llega el día de
la victoria para la justicia. Que no la
vea el que por ella ha sucumbido, eso,
¿qué importa? El fin no es gozar de ese
día radiante; el fin es contribuir a que
llegue ese día”.
Eugenio María De Hostos
Cucubano
Confiamos en que su presidencia se recordará
por avances importantes en áreas de derecho y
de la administración de la justicia que amplíen
el verdadero acceso a la justicia para la gran
mayoría de nuestro pueblo...
el
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Santurce, Puerto Rico 00909
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2014-Vol. XXIII-Núm. 88
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El CUCUBANO
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Servicios Legales de Puerto Rico
2
Mensaje del Director Ejecutivo
El CUCUBANO, permiso 2110, es un periódico publicado
trimestralmente por Servicios Legales de Puerto Rico
Lic. Charles S. Hey Maestre
”
NUEVA JUEZA PRESIDENTA,
NUEVA ESPERANZA DE JUSTICIA
En semanas recientes hemos presenciado la
nominación, consideración y confirmación de la
Hon. Liana Fiol Matta como nueva Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Este proceso ha creado oportunidades para retomar la urgente discusión pública de los temas de acceso a
la justicia para la mayoría indigente de residentes
de Puerto Rico, así como sobre temas relacionados
de igualdad ante la ley y de los recursos necesarios
para hacer de la justicia una realidad alcanzable
para todas y todos.
Debemos destacar, primero, la apertura de la
Jueza Fiol a estos temas y su historial de sensibilidad hacia las causas de justicia para los sectores
menos privilegiados del país. Esto lo demostró con
su historial de decisiones como Jueza del Tribunal
de Apelaciones y como Jueza Asociada. En 2010,
durante una vista sobre las enmiendas a las Reglas
de Procedimiento Civil, concurrimos con la entonces Jueza Asociada Fiol Matta, en nuestra oposición a la enmienda a la Regla 60, para aumentar
en 300% la cantidad límite para reclamaciones de
cobro expedito. La Jueza Fiol (junto a la Jueza Asociada Rodríguez) había ya expresado que “disiente
de la Regla 60 (nueva) por entender que la cuantía de $15,000 es muy alta, y es en perjuicio de los
menos pudientes.” In Re: Aprobación de las Reglas
de Procedimiento Civil, 2009 DTS 143, pág. 5 (énfasis nuestro). Estas palabras fueron proféticas, ya
que con la eventual aprobación de esta enmienda, hemos visto un verdadero tsunami de casos de
cobro expedito al amparo de la Regla 60, casi exclusivamente contra los pobres del país. SLPR está
luchando contra esta práctica abusiva que atenta
contra los escasos recursos y el crédito de miles de
familias puertorriqueñas humildes.
Poco después de ser nominada a la presidencia
del Tribunal Supremo, la Jueza Fiol asistió a una reunión de la Comisión de Acceso a la Justicia creada
por el ex Juez Presidente Hernández Denton. Allí
fuimos testigos de palabras de aliento de la Jueza
a la Comisión y sus metas. Prometió su apoyo y
aseguró su profundo compromiso con la causa de
acceso a la justicia para los pobres y marginados
de Puerto Rico. Confiamos en que su presidencia
se recordará por avances importantes en áreas de
derecho y de la administración de la justicia que
amplíen el verdadero acceso a la justicia para la
gran mayoría de nuestro pueblo que carece de recursos económicos y de un fortalecido respeto hacia
los derechos fundamentales de todas las personas
que residen en Puerto Rico, al amparo de la Carta de
Derechos que distingue nuestra Constitución.
Posteriormente asistimos a la vista de confirmación de la nueva Jueza Presidenta. Presenciamos palabras tripartitas de elogio –algo novel y alentador
en el Puerto Rico de hoy–. Más aún, tres senadores:
el Presidente del Senado Eduardo Bhatia, el senador
Ramón Luis Nieves y la senadora María de Lourdes
Santiago, hicieron preguntas a la Jueza en torno
a temas de acceso a la justicia para los pobres. En
respuesta a estos señalamientos, la Jueza Fiol expresó su apoyo a estos conceptos y con ello, da nuevo
aliento a la lucha perenne que Servicios Legales de
Puerto Rico y sus aliados llevamos a favor del concepto de igualdad de derechos para todos ante la
ley.
Entre los múltiples asuntos que componen la lucha por ampliar el acceso a la justicia para los pobres, hay dos proyectos que son de particular interés
para Servicios Legales. Uno es el nuevo Fondo para
el Acceso a la Justicia (mecanismo conocido como
IOLTA en Estados Unidos) cuyo éxito como un mecanismo para viabilizar y proveer nuevos y sustanciales
recursos para ampliar ayuda legal a los pobres del
país tendría un gran impacto positivo para futuras
generaciones. Este Fondo necesita del apoyo y liderato del Tribunal Supremo –para educar y requerir la
colaboración de los abogados y abogadas del país,
y para asegurar la cooperación de la banca y otros
sectores financieros–. El otro proyecto, al cual hizo
referencia el Presidente del Senado durante la vista
de confirmación es el llamado “Civil Gideon” Este
proyecto trata de la creación de una política firme,
clara e irrevocable del deber del Estado de garantizar representación a personas pobres, que no pueden pagar por su representación legal, cuando sus
derechos a la integridad familiar, a la vivienda y/o a
la educación, entre otros derechos fundamentales,
se ven amenazados. El rol del Tribunal Supremo en
esta noble misión de darle sustancia a nuestros derechos fundamentales, es esencial.
A los pocos días de la vista de confirmación, la
designada Liana Fiol Matta fue confirmada de forma
unánime como nueva Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Tenemos nueva Jueza Presidente.
Hay nueva esperanza.
JULIO de 2014
“
El calvario de dos años de lucha de David contra
Goliat llegó a su fin, pero ha dejado profundas
heridas en este grupo de pescadores...
”
Pescadores de Punta Pozuelo en Guayama
recuperan su Villa Pesquera
Por Damaris Suárez
El Cucubano
“Nos sentimos mucho más tranquilos… respiramos paz porque estamos
en nuestra casa de nuevo…”
Con estas palabras y entre sollozos
que rayaban en una honda tristeza
matizada por la reciente felicidad el
Presidente de la Asociación de Pescadores de Punta Pozuelo, Miguel A.
Ortía Serrano, describió el sentimiento que comparten desde principios de
este año los pescadores de este hermoso sector de Guayama, luego de
retomar la administración de la Villa
Pesquera Punta Pozuelo, Inc., tras 2
años en los tribunales.
El calvario de dos años de lucha
de David contra Goliat llegó a su fin,
pero ha dejado profundas heridas en
este grupo de pescadores bonafide
que decidieron oponerse a una política pública implantada bajo la pasada
administración y que amenazó con
borrar de golpe y porrazo el legado
de noble peregrinaje diario de los pescadores que con su labor amanecen
para sostener a sus humildes familias.
Política Pública violando la Ley
El Departamento de Agricultura,
dueño de las villas pesqueras a través del país, comenzó bajo la pasada
administración la política pública de
transferir la propiedad o el alquiler de
las villas pesqueras a los municipios,
contrario a la Ley de Pesca de Puerto
Rico que le da prioridad a los pescadores.
“La ley dice claramente que siempre
que haya una asociación bonafide de
pescadores que puede asumir la responsabilidad sobre una villa pesquera se le
tiene que otorgar a ellos”, asegura la Lic.
Verónica González Rodríguez, abogada
de la Unidad de Trabajo Comunitario de
Servicios Legales de Puerto Rico.
Las villas pesqueras no son necesariamente un negocio súper lucrativo y la situación fiscal del gobierno, en este caso
al Departamento de Agricultura los llevó
a tomar la decisión más fácil que era traspasar la administración a los municipios
y estos a su vez, a buscar explotar turísticamente la zona, obviando la ley y a los
humildes pescadores.
“El caso de la Villa Pesquera de Pozuelo fue una de esas que al vencerse el contrato con la Asociación de Pescadores se
le traspasó al municipio de Guayama. El
Municipio amenazó a la asociación con
cerrar la villa pesquera para extender un
paseo tablado cerca del área y convertir
el lugar en un atractivo turístico con la
construcción de facilidades físicas para
visitantes del área”, relató González Rodríguez.
La asociación demandó por daños y
perjuicios al Municipio y al Departamento de Agricultura. El pleito duró 2 años
pero David venció a Goliat.
“Esta es la primera Villa Pesquera
que logró revertir esa política pública
de pasar la administración de las villas pesqueras a todos los municipios.
La primera que logra recuperar la
administración de su villa. Nosotros
esperamos que el Departamento de
Agricultura se atenga a la Ley de Pesca de PR que dice que las asociaciones
de pescadores bonafide de PR tienen
prioridad ante todo arrendador para
administrar las villas pesqueras de la
Isla”, subrayó.
Según explicó, se acordó con el Departamento de Agricultura un arrendamiento a cinco años. La importancia es
que es la primera que logra revertir esa
política pública.
“La ley es clara y siempre entendimos que se violaba la ley. Aún nos
quedan más”, dijo la Lcda. González
Rodríguez. Ante SLPR hay dos casos
de organizaciones de pescadores bonafide que batallan por sus derechos; la
Asociación de Maternillo en Fajardo y
la Asociación de la Villa Pesquera en
Santa Isabel que está cerrada y que ni
la tiene el Municipio ni los pescadores.
Del Cielo a la Tierra… y en Fiesta los
pescadores de Punta Pozuelo
Para los pescadores de Punta Pozuelo el 2014 trajo un cambio radical en
sus vidas. De la incertidumbre han entendido que se les hizo justicia.
JULIO de 2014
“Fue una situación bien delicada. La
pasada alcaldesa fue injusta e inhumana con nosotros. Ella quería extender
el paseo tablado y para afectarnos hizo
registros ilegales, nos amenazó, nos faltó el respeto… Todo para sacar a los
pescadores…”
Los pescadores se sintieron indefensos pues sabían que no tenían los recursos para detener al Municipio. “Ella
utilizó una silla tan importante como lo
es la Alcaldía para atacar a los pobres.
Ella abusó como le dio gusto y gana... A
mí me duele… Me siento herido… Esa
señora nos hizo tanto y tanto daño…
nos estranguló”, dijo entre lágrimas a
El Cucubano Ortiz Serrano.
Relató que el Municipio puso máquinas pesadas frente a la Villa Pesquera
para evitar que los ciudadanos pudieran entrar a comprar pescado. Durante ese tiempo, no entraban clientes lo
que afectó la operación al punto que la
asociación agotó sus ahorros para sostenerse y operan sin personal pues no
tenían recursos.
“Ahora nos sentimos muy tranquilos. Hemos aumentado poco a poco los
clientes. Tenemos una buena relación
con el Municipio. Agradecemos a SLPR
por su ayuda. Vencimos. Se ha hecho
justicia. Nos sentimos que estamos en
nuestra casa de nuevo”, aseguró.
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Gerencia, líderes sindicales y clientes de Servicios Legales de Puerto Rico
FORMAN FRENTE UNIDO EN
CONTRA DE RECORTES LEGISLATIVOS
Redacción El Cucubano
Con el fin de evitar reducir las ayudas que Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) ofrece a las
personas menos privilegiadas en la Isla, la gerencia y líderes sindicales de la institución unieron
sus voces para exhortar a la Legislatura de Puerto Rico a que no recorte el apoyo financiero que
por años ha brindado, para minimizar el impacto de los recortes presupuestarios por parte del
Gobierno de los Estados Unidos. El presupuesto recomendado por la Rama Ejecutiva propuso
la reducción de $1.16 millones de la subvención
otorgada por la Legislatura de Puerto Rico a Servicios Legales.
El Director Ejecutivo, licenciado Charles S. Hey
Maestre, advirtió que si la Legislatura reduce su tan
necesitada ayuda presupuestaria “los servicios que
SLPR ofrece a víctimas de violencia doméstica, personas con problemas de vivienda, asuntos de familia,
derechos de consumidores, comunidades pobres,
trabajadores agrícolas, así como a niños y jóvenes
con necesidades de educación especial, entre otros,
podrían verse afectados.
Líderes gerenciales y sindicales señalaron que
desde el año fiscal 2002-2003 dicha institución sin
fines de lucro, ha contado con el apoyo legislativo
local para ayudar a reducir el embate de los recortes
federales. La gerencia avisó que para los años 2015
y 2016, el presupuesto de los servicios ofrecidos en
Puerto Rico, enfrentan posibles recortes adicionales
por parte del Gobierno Federal.
“Solicitamos que se mantenga este apoyo fiscal
legislativo, que nos permitiría continuar ofreciendo
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los servicios que brindamos a la población indigente
del país”, expresó el Director Ejecutivo.
En el año fiscal 2013-2014, la entidad recibió, por
segundo año consecutivo, un apoyo legislativo que
sumó $5.8 millones. Al presente la gradual ayuda
Legislativa del Fondo General de Puerto Rico contribuye a casi el 30% del presupuesto de la entidad.
La Presidenta de la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales (UAASL), licenciada Nydia
González Reyes enfatizó que “la continua ayuda legislativa garantiza el acceso a la justicia de la población de escasos recursos promoviendo que los conflictos se diriman en el tribunal no en la calle.” Por
otro lado, la Lcda. González señaló, que “los abogados y abogadas unionadas que son quienes ofrecen
el servicio, han accedido a reducir beneficios económicos en aras de superar la crisis de recortes sufrida. A pesar de la crisis fiscal que atraviesa el país,
la Legislatura debe revocar el recorte propuesto a
Servicios Legales. Una reducción de $1.16 millones
es insignificante para el presupuesto del país pero
es significativa para los servicios que ofrecemos en
Servicios Legales.”
Por su parte, el Presidente de la Junta de Directores de Servicios Legales de Puerto Rico, licenciado
Osvaldo Toledo Martínez, informó que en los últimos cuatro años la fuente principal de fondos que la
entidad recibe del Legal Services Corporation de los
Estados Unidos, ha sufrido grandes recortes. Toledo
Martínez señaló que dichos recortes “han significado
una reducción de casi ocho millones de dólares, o
sea un 40% de disminución presupuestaria federal.”
Gerenciales y unionados recalcaron que la ayuda
legislativa y otras medidas de austeridad acordadas
por ambas partes han podido mantener la calidad
del servicio a pesar del embate fiscal.
Tamara López, clienta de Servicios Legales y presidenta del Comité Asesor de Carolina de la entidad
expresó: “Soy madre soltera de una niña con necesidades especiales. Servicios Legales me atendió en
2011 cuando necesité ayuda legal en un caso de educación especial de mi hija y quedé muy complacida
con sus servicios y solidaridad. Como tantas madres
en este país, no cuento con los recursos económicos
para contratar un abogado para ir a pelear y defender los derechos de mi hija ante el Departamento de
Educación. Cuando una está sola ante una agencia
de gobierno o en un tribunal es que una se da cuenta
que la justicia no es tan real, mucho menos es tan justa como nos la han pintado. Ante la violencia de un
sistema educativo abusador con nuestros niños y niñas de educación especial, entre otras muchas cosas,
la existencia de Servicios Legales es fundamental.”
Por otro lado, la señora Rosa María Paredes,
clienta del Centro de Servicio Directo de SLPR de
Bayamón, señaló lo siguiente: “Sin Servicios Legales
de Puerto Rico hoy en día no podría tener mi casa.”
Todos, clientes, unionados y gerencia, con una
sola voz reclamaron a los señores y señoras Legisladores que desistan en reducir $1.16 millones de su
asignación a Servicios Legales en favor del acceso a
la justicia de los más necesitados.
Después de los esfuerzos realizados, la Legislatura aprobó para Servicios Legales de Puerto Rico la cantidad de $5,220,000 para el año
fiscal 2014-2015.
Se compromete a hacer más con menos ante seria situación fiscal sin afectar la justicia
PRESTA JURAMENTO COMO JUEZA PRESIDENTA
DEL TRIBUNAL SUPREMO LIANA FIOL MATTA
Ceremonia de juramentación en el Tribunal Supremo
Al prestar juramento como la segunda mujer
que preside el Tribunal Supremo de Puerto Rico,
la Hon. Liana Fiol Matta aseguró estar consciente
del reto que asume y afirmó estar comprometida a
garantizar a los ciudadanos y ciudadanas de Puerto
Rico una judicatura eficiente y merecedora de la
confianza del pueblo, haciendo más con menos en
tiempos de estrechez económica.
“Dirigir la Rama de gobierno que representa el
fiel de la balanza en nuestro sistema constitucional
es sin duda, un honor muy grande. Lo he aceptado,
como decimos los abogados y las abogadas, con conocimiento de causa, tras veintidós años de carrera
judicial. Llego a la Presidencia del Tribunal Supremo con una situación presupuestaria poco alentadora, que se puede explicar en términos de millones y porcientos, pero cuyo verdadero significado
es, en pocas palabras, que tendremos que hacer
más con menos”, afirmó la nueva Jueza Presidenta.
“Reconocer y aceptar la amplitud de nuestra
encomienda en un marco de estrechez económica
nos obligará a evaluar programas existentes, su eficacia y sus resultados. Le daré prioridad a reasignar
los recursos hacia los esfuerzos que mejor logren
atender las necesidades de nuestros ciudadanos y
nuestras ciudadanas. Además impondré medidas
estrictas de control de gastos”, anunció Fiol Matta.
Tras reconocer que la función principal de la
Rama Judicial es resolver casos y controversias,
aseguró que no usará la situación fiscal como razón para limitar el alcance de su gestión frente a la
Judicatura. “Nuestra misión es mucho más amplia
pues nuestra verdadera función es hacer justicia”,
aseveró.
En su mensaje durante la ceremonia de toma
de juramento, celebrada en el Salón de Sesiones
del Tribunal Supremo, la Jueza Fiol Matta aseguró
que la meta de lograr hacer justicia requiere que
las ramas ejecutiva y legislativa identifiquen los candidatos idóneos para ocupar puestos en la judica-
El gobernador Alejandro García Padilla presenció la juramentación de la
jueza Liana Fiol Matta como presidenta del Tribunal Supremo de Puerto
Rico. “Liana Fiol Matta representa el ascenso extraordinario de las mujeres
puertorriqueñas en un país en el que, hasta hace 80 años, carecían de derecho al voto y a quienes, hace tan solo 40 años atrás, se les negaba el derecho de participar en plena igualdad en la administración y disposición
de sus bienes”, manifestó el primer ejecutivo. Fiol Matta es la segunda jueza
presidenta del Tribunal Supremo, tras ser designada por García Padilla el
pasado abril y confirmada por el Senado, de manera unánime, en mayo. Fiol
Matta se graduó magna cum laude de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de
Columbia en Nueva York. Entre 1978 y 1988, fue catedrática en varias universidades de la isla; de igual forma, de 1988 a 1990, fungió como asesora
del entonces gobernador Rafael Hernández Colón; en el 1992, es designada
jueza del Tribunal de Apelaciones y en el 1996 ocupa la posición de Jueza
Administradora del Tribunal de Apelaciones. El 19 de febrero de 2004 se
inicia como jueza asociada del Tribunal Supremo por nombramiento de
la exgobernadora Sila María Calderón. “Fiol Matta ha prometido ejercer su
cargo con sensibilidad, vocación de servicio, transparencia y respeto a las
diferencias. Estoy seguro de que su presidencia fortalecerá cada uno de
esos pilares sobre los que se sostiene, no solo la Judicatura, sino todo el
servicio público”, concluyó el gobernador.
JULIO de 2014
tura. “Una vez nombrados, corresponde a la Rama
Judicial poner en función los mejores programas
de adiestramiento y desarrollo profesional para los
Jueces y las Juezas, y para los funcionarios y funcionarias que apoyan el trabajo judicial”, indicó.
Para la nueva Jueza Presidenta es esencial que la
ciudadanía confíe en su judicatura, por lo que se
expresó sobre hechos recientes que han impactado
la opinión pública.
“Recientemente han surgido dudas sobre la independencia y la imparcialidad de nuestra judicatura.
Reconozco que ello nos impone la obligación de
velar por que en su desempeño los jueces y juezas
se rijan por los más altos estándares éticos. La ciudadanía debe tener la certeza de que nuestros jueces y
funcionarios vindican sus derechos más fundamentales. No me cabe la menor duda de que los violadores de este compromiso son la excepción. La Rama
Judicial cuenta con jueces y juezas íntegros que pueden identificar las necesidades primordiales de las
personas que acuden a sus salas y resolver conforme
a Derecho”, manifestó.
El acceso a la justicia de los sectores marginados
y las personas más vulnerables de la sociedad será
otra prioridad para la Jueza Presidenta. “Nuestros
jueces y juezas tienen que educarse sobre las realidades sociales de nuestra época para lograr poner
el derecho al servicio de las necesidades humanas
fundamentales”.
Anunció, además, que para lograr enfrentar los
retos que conlleva la administración de la justicia
promoverá la participación activa de la ciudadanía y
de otros organismos y agencias públicas. “Estoy convencida que no hay que reinventar la rueda, solo
tenemos que redirigirla y echarla a correr por los
caminos de mayor justicia”, aseguró.
Fiol Matta concluyó su mensaje reafirmando su
firme compromiso con la justicia y el derecho. “Hace
varios años, cuando fui designada como Jueza Asociada declaré, sin reservas, mi amor por el Derecho.
Desde el inicio de mis estudios en Derecho quedé
prendada de la lógica interna y la elegancia de los
razonamientos jurídicos, pero también me cautivó
la capacidad del Derecho de proveer respuestas
concretas a situaciones de la vida real, su propósito
de servir a las necesidades humanas y procurar la
convivencia y la solidaridad de unos con otros. Ese
amor por el Derecho y su potencial de convivencia
es lo que me lleva a asumir con convicción y valentía
esta nueva encomienda”, reiteró.
La ceremonia contó con la presencia del Gobernador del Estado Libre Asociado, Hon. Alejandro
García Padilla, quien nominó a la Jueza Fiol Matta
a la presidencia del Tribunal en abril del presente
año. También estuvieron presentes los ex Gobernadores Hon. Rafael Hernández Colón y Hon. Sila
Calderón Serra, quienes la nominaron al Tribunal
de Apelaciones en el 1992 y al Tribunal Supremo
en el 2004, respectivamente. También participaron
miembros de la judicatura, ex jueces del Tribunal
Supremo y familiares y amigos de la Jueza Fiol Matta.
5
Tras ser retenida ilegalmente por su padre en Puerto Rico
SLPR logra feliz reEncuentro
de madre e hija en República Dominicana
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ABOGADA
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6
Por: Damaris Suárez
El Cucubano
Una madre de nacionalidad dominicana y residente del vecino país logró reencontrarse con su
hija de 8 años, que había sido retenida ilegalmente
por su padre en Puerto Rico, tras ganar una demanda de reclamación civil para la devolución de la menor a la República Dominicana.
Según explicó a El Cucubano la Lcda. Sylvia E.
Pérez Arocho, Directora de Centro de Servicio Directo (CSD) de Aguadilla, Francia Zorrilla Encarnación presentó una solicitud juramentada para la
devolución de su hija menor ante el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI),
entidad gubernamental de la República Dominicana encargada de administrar el procedimiento
de reclamación creado bajo las disposiciones de la
Convención de la Haya de 1980.
“La Cancillería de la República tramita la reclamación remitiendo los documentos al Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington, DC y desde dicha oficina se remitió una
comunicación a Servicios Legales de Puerto Rico,
Inc., refiriendo a la Sra. Zorrilla Encarnación
para que evaluáramos su solicitud”, explicó Pérez
Arocho.
Señaló que se pudo representar a la mujer, ya
que se aprobó una enmienda a la reglamentación
federal que permite la representación legal de un
o una solicitante de servicio como extranjero no
residente vía excepción. Se evaluó la solicitud de
acuerdo a los criterios de elegibilidad y los méritos.
Los hechos del caso consistieron en que la niña
de 8 años vino de vacaciones con su padre a Puerto
Rico por tercera vez y éste la retuvo contra el reclamo de su madre. De acuerdo a la documentación
presentada, Zorrilla Encarnación tenía la custodia
física de la menor antes de salir de República Dominicana y que ese país constituía su residencia habitual.
“Una de las partes más delicadas era identificar
el paradero real de la menor, y el riesgo que una vez
contactado, el demandado saliera de la jurisdicción
o se ocultara antes que el Tribunal notificara una
orden prohibiéndolo”, sostuvo la Directora del CSD
de Aguadilla.
El demandado se había mudado de la dirección
provista en los documentos radicados para la salida
de la menor de República Dominicana; pero fue localizado por Andrés González, recurso contratado
por SLPR.
Los abogados del caso intercambiaron la evidencia que sería sometida. En la vista en su fondo se
ofreció una estipulación escrita que hacía constar
que el demandado devolvería a la menor personalmente, acuerdo que fue juramentado.
“Cabe señalar que habíamos coordinado la comparecencia del Cónsul Dominicano en San Juan,
Hon. Franklin Grullón, así como al director escolar
donde estudiaba la menor. Lo cancelamos al firmar
la estipulación. El Cónsul gestionó transportación
para que la madre recogiera la niña en el aeropuerto por lo que esta historia tuvo un final feliz”, relató
Pérez Arocho.
La sentencia requiere ser apostillada en el Departamento de Estado de Puerto Rico y remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana a través del Consulado, quienes agradecieron por escrito las diligencias de SLPR en este caso.
La Lcda. Pérez Arocho y SLPR también fueron
felicitados por la labor realizada en una comunicación enviada por el Departamento de Estado de los
Estados Unidos.
JULIO de 2014
Entusiasmado asume el gran reto de presidir la
Junta Administrativa del Fondo para el Acceso a la Justicia
Confía en Transformación de la Cultura
de País a Una Cultura de Justicia
El Cucubano
Como para muchos, le resulta injusto que la dama
de la justicia no acompañe a los más necesitados, a
los desventajados de este País. Que todavía dependa
de cuánto dinero se tiene en el bolsillo, en crédito
o propiedades para que un ciudadano o ciudadana
pueda defender justamente sus derechos en un Tribunal. Se evidencia su indignación ante la cruda realidad de que no son pocos los casos que ni siquiera
son radicados aunque alguien violente un sagrado
derecho. Pero confiado en que luego de confirmado
por el Senado de Puerto Rico la Junta Administrativa que dirige buscará cerrar (o al menos crear conciencia) esa brecha en muy poco tiempo.
Hablamos del Lic. Carlos A. Del Valle Cruz, quien
no muestra reparos en mostrar su extracción humilde que por una pasión a la lectura y a la conciencia
social le permitió estudiar becado en prestigiosos colegios y luego en universidades hasta convertirse en
un conocido y respetado abogado siempre cercano a
sus raíces y a la defensa de los desprotegidos.
Del Valle Cruz fue confirmado como Presidente
de la Junta Administrativa del Fondo para el Acceso
a la Justicia. Este boricua grande de corazón y espíritu inicia funciones con una fuerza quijotesca para la
encomienda que define como “un gran reto”.
“Hay una disminución en los fondos que el Estado provee para el acceso a la justicia. El recorte
es entre un 10% al 20% de esos fondos. Esta Ley
lo que promueve es que se pueda identificar otras
fuentes de ingresos para suplir la reducción. Garantizar el acceso a la justicia a los pobres es uno
de los valores cardinales necesarios para darle significado a nuestra Constitución pues resulta indispensable que ese mandato constitucional goce de
un apoyo socioeconómico”, dijo en entrevista con
El Cucubano.
Opciones
La ley tiene como objetivo a corto plazo establecer el Fondo para el Acceso a la Justicia a través de
los intereses generados a través de las Cuentas en
Plica (Escrow Account)que serán destinados a las
organizaciones que ofrecen servicios legales a las comunidades desventajadas del País.
“Nuestra prioridad como Junta Administrativa es
generar la estructura para que se empiece a aplicar
lo antes posible. Yo espero que se pueda establecer
en los próximos 4 a 6 meses como fecha realista”,
aseguró con esa sonrisa de los que nunca pierden la
esperanza.
Sin embargo, a su jucio, hay mucho trabajo por
hacer. La Comisión debe trabajar para lograr maximizar otros recursos o áreas disponibles que no se
han explorado y que podrían ayudar a que los sectores marginados puedan tener igual acceso a la justicia que los económicamente aventajados.
JULIO de 2014
“La ley provee que el Fondo de Acceso a la Justicia eventualmente se pueda convertir en una especie de fundación que pueda acceder a fondos de
fundaciones puertorriqueñas o estadounidenses.
El plan de trabajo de la Junta es tratar de hacer
esto en los meses que restan de este año. Entre las
alternativas que yo personalmente entiendo que se
deben examinar, pero que son decisiones colectivas o colegiadas por ejemplo, es que todo abogado que económicamente puede lleve un caso pro
bono al año y que los bufetes que tienen 10 abogados o más tengan la responsabilidad también
de llevar al menos un caso complejo pro bono al
año”, propuso.
Una vida dedicada a la defensa de los derechos civiles
Se puede decir en cierta medida, que toda su vida
se ha dedicado a la defensa de los derechos civiles.
Con una amplia sonrisa de evidente satisfacción, recuerda que lo que lo motivó a trabajar en el campo
legal fue representar a trabajadores puertorriqueños migrantes en los Estados Unidos. Esto, insiste,
fue lo que provocó que estudiara derecho.
“Parafraseando al Quijote, la enseñanza y práctica de los derechos civiles ha consumido la mejor y
mayor parte de mi hacienda. Mi aspiración siempre
ha sido sencilla, servir de paracleto jurídico; o sea,
utilizar la vocación de abogado para ayudar a las personas necesitadas, y promover su plenitud, tanto en
cuerpo como en alma, en lo material como lo espiritual. Esto de presidir la Comisión es otra etapa de
trabajar activamente en la política pública del País”,
sostuvo Del Valle.
Según su visión, lograr el acceso de todos a la
justicia en igualdad de condiciones, representa el
norte que incumbe a todos, no a unos pocos. Asegura ahí deben estar las tres ramas de gobierno, las
escuelas de derecho, las 4 sociedades que ofrecen
servicios. A su juicio, todos forman una comunidad
de justicia por lo que el diálogo o conversatorio no
deberá ser una cuestión impositiva de fondos sino
una cuestión de lograr un consenso para atender
esta deficiencia.
Según Del Valle “hay muchos abogados y abogadas buenos que tienen una mentalidad de ayudar.
El proceso de concientización es uno perpetuo. Es
parte de la educación, hay que promover que esa
educación jurídica y profesional promueva esa sensibilidad hacia los menos afortunados”.
Para el Presidente del Fondo para el Acceso a la
Justicia es fundamental el rol de los miembros de la
judicatura en este proceso.
“Los jueces son partícipes… tiene que haber cierta sensibilidad hacia los temores y miedos que los
humildes tienen hacia el sistema judicial por la autoridad que representan. Tienen que trabajar con las
personas, no como casos, sino como humanos y su
singularidad”, acotó.
De igual forma planteó que el derecho a representación legal se debe extender a los casos civiles,
ya que en muchos de ellos el ciudadano o ciudadana
tiene el riesgo de perder derechos tan o más vitales
que en un caso penal.
“Se debe repensar eso. Yo creo que toda persona, ya sea en caso criminal o civil, debe tener la
oportunidad de consultar con un profesional de la
justicia. Por lo menos la posibilidad de la consulta
debe estar ahí y si es necesario la disponibilidad del
abogado, por eso yo creo que hay que masificar en
cierta manera la disponibilidad del abogado ya sea
individuales o por bufete para proveer ese tipo de
representación legal en el área civil particularmente. Tenemos la capacidad para que toda persona en
PR tenga la oportunidad genuina de una consulta
genuina sobre los méritos de su caso y representación legal si es necesario”, aseveró.
“Yo creo que uno de los grandes fallos que tenemos como sociedad es que creemos que porque
hay derechos constitucionales, tenemos un estado
democrático. Los estados democráticos no se hacen
meramente por la existencia de leyes; sino por una
cultura de justicia. Esa cultura de justicia hay que fomentarla. Una de las cuestiones más importantes del
Fondo de Acceso a la Justicia es eso: nuestro rol de
crear conciencia”, sostuvo.
7
Interés público se opone a permiso de extracción de agua de Caño Tiburones
Se apuntan una opositores a planta de incineración
Lal representación del interés público del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
coincidió con los opositores de la propuesta incineradora en Arecibo en que se debe mantener la decisión
de DRNA denegando la franquicia para extraer agua
de la Reserva Natural del Caño Tiburones, ya que la
compañía no ha cumplido con los requisitos que se le
impusieron al endosar el proyecto.
La empresa proponente, Energy Answers había
presentado un proceso de reconsideración a la determinación de denegar el permiso de extracción de
agua para la operación de la propuesta planta de incineración de basura.
“Al presente, la parte Promovente no ha cumplido
con las condiciones del endoso condicionado, cuya
exigencia de cumplimiento fue reiterado en las resoluciones emitidas. El cumplimiento de algunas de
las condiciones fueron requisito previo a la obtención
en el Departamento de algún permiso, franquicia, autorización o concesión relacionado con el proyecto”,
según reza el documento.
Plantea, además, que el DRNA como evaluador
del permiso tomó una determinación sostenida en las
responsabilidades, deberes y obligaciones que le son
impuestos, velando por la conservación y protección
de los recursos naturales en la otorgación de permisos y franquicias y similares.
El Departamento de Recursos Naturales emitió
una comunicación en octubre del 2010 con sus comentarios al borrador de la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) en la que hace además, unos requerimientos para el desarrollo del proyecto.
Entre los aspectos más importantes de los requerimientos es que previo a la obtención de algún permiso o franquicia, Energy Answers debía presentar
evidencia de la enmienda del Mapa sobre Tasas del
Seguro de Inundación de FEMA, un plan de mitigación por el impacto a ocasionarse a 2.29 cuerdas de
humedales en el predio y en el caso de la Reserva del
Caño Tiburones, un plan de mitigación detallado en
el que se identifique las áreas a mejorar dentro de la
Reserva y en qué consistirán los trabajos de mejoramiento del hábitat.
“El DRNA no puede ser obligado a otorgar una
franquicia, menos aún, cuando el expediente objeto
de evaluación, entiéndase, en la solicitud de franqui-
cia y documentos que le acompañan surgen un sin
número de interrogantes por falta de información y
estudios para suplir y sustentar la solicitud y eventual
determinación”, concluye el documento.
La solicitud de la representación del interés público de DRNA es parte de la documentación que evaluará la Oficial Examinadora para decidir si mantiene
o no la denegación del permiso.
La Secretaria del DRNA, Carmen Guerrero se inhibió de participar en el procedimiento.
EXITOSA CLÍNICA DE SERVICIOS LEGALES EN LA COMUNiDAD VIETNAM
Como parte de las actividades del Programa Pro Bono de
la Unidad de Trabajo Comunitario de la Escuela de Derecho de la UPR, en conjunto con Residentes Unidos en
Lucha por Vietnam, Inc., se llevó a cabo el pasado sábado 21 de junio la Clínica de Servicios Legales de Vietnam
para los residentes de esta comunidad y áreas cercanas.
Durante todo un día una gran cantidad de ciudadanos
acudieron al estacionamiento de la Capilla La Milagrosa
de la Comunidad Vietnam de Guaynabo a solicitar orientación y servicios. Durante la clínica, abogados y abo-
gadas de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. (SLPR),
ofrecieron charlas educativas sobre temas de inmigración, derecho de familia, derechos civiles, temas de consumidores y violencia doméstica, entre otros. Además,
abogados y abogadas de la práctica privada estuvieron
disponibles, en carácter voluntario, para asesar a los residentes sobre temas de derecho civil, inmigración y preparar affidavits. El Programa Pro Bono de la Unidad de
Trabajo Comunitario de la Escuela de Derecho de la UPR,
es parte del acuerdo colaborativo entre la mencionada
institución educativa y Servicios Legales de PR, a través
su la Unidad de Trabajo Comunitario.
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8
JULIO de 2014
Mutilan a medianoche El Samán
Por Omar Alfonso*
Especial para El Cucubano
Trabajadores contratados por Walgreens San Patricio derribaron cuatro árboles de acacia blanca. El
emblemático árbol que inspiró el nombre del bosque también fue mutilado.
Al filo de la medianoche de un viernes, a oscuras y
a espaldas de la atención pública, obreros de la compañía Coqui Lawn Service derribaron el pasado 30
de mayo árboles emblemáticos del bosque urbano
El Samán en Ponce.
Durante su intervención cuatro ejemplares de acacia blanca fueron eliminados casi hasta su base y un
majestuoso árbol de samán fue severamente mutilado.
La tala ocurrió ante la presencia de una decena
de empleados de seguridad de la empresa U.S.A. Security, compañía contratada por Walgreens San Patricio Inc. para prestar vigilancia en el área.
Walgreens San Patricio se ha identificado en el
pasado como dueña del solar y proponente de un
proyecto para que en el lugar se construya la octava
farmacia de la cadena en Ponce.
A primera hora del sábado, La Perla del Sur supo
que la tarea fue detenida por un fallo mecánico del
equipo utilizado para el corte y por la resistencia de
una treintena de ciudadanos que se internó en la
zona cercada.
La información fue confirmada por el abogado y
portavoz del grupo ecologista Comité Amigos de los
Árboles (COAMAR), Martín González Vázquez.
“A las 12:25am me empezaron a llegar mensajes,
alertando que estaban tumbando el bosque El Samán y a la 1:00 am ya todo estaba así”, relató. “Pero
por la intervención de amigos de COAMAR y ciudadanos que estaban en un negocio cercano, esto se
llenó de gente y se evitó que continuaran arrasando
con lo que quedaba”.
¿Complicidad policial?
Por su parte, Pedro Santiago Vélez, abogado e
integrante de COAMAR, aseguró que al llegar a la
escena preguntó a viva voz por el permiso para el
corte, a lo que trabajadores de la compañía de jardinería de Caguas y un contingente de 30 policías
estatales y municipales respondió con silencio.
Acto seguido, “reclamé a la policía que quería
formular una querella por destrucción al ambiente,
una denuncia por la demolición de árboles, pero en
su lugar un oficial me dijo que fuera a la comandancia y que la presentara allá, a lo que me negué”.
“Le recordé que los violadores estaban presentes
y que no podía dejar que se fueran, pero no hacía
caso y poco a poco dejó que el camión de la compañía se moviera del lugar”, continuó.
Fue entonces cuando ocho manifestantes, seis féminas y dos varones universitarios simpatizantes con
el bosque urbano, se sentaron sobre la vía e impidieron que el camión de la empresa Lawn Pro y los
empleados de Coqui Lawn se marcharan, sin que se
radicara la querella.
JULIO de 2014
“Instrucciones vienen de los jefes”
La laxitud mostrada de madrugada por la Policía
contrastó con la evidenciada a las 8:24 de la mañana
del sábado, 31 de mayo, cuando media docena de
efectivos estatales se personó al bosque urbano para
dar una notificación a miembros de COAMAR.
Atónito el DRNA
La destrucción de árboles provocó que horas más
tarde se personaran al lugar funcionarios del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales e, incluso, la secretaria de la
agencia Carmen Guerrero Pérez.
Precisamente, durante el recorrido junto a activistas de COAMAR, la ejecutiva no reprimió su asombro y malestar.
“Esto es impresionante”, sentenció. “El que se
haya hecho de esta forma, en horas de la noche,
deja mucho que decir. Es evidente que no había una
certeza de que esos permisos estaban ahí y tuvieron
que recurrir a estas prácticas altamente irregulares y
cuestionables”, continuó.
Asimismo, Guerrero Pérez puso en duda las cre-
denciales y capacidades de las personas que intervinieron en la tala de los cinco árboles.
Por otro lado –y ante señalamientos hechos por
Walgreens San Patricio a medios de la zona metropolitana, a quienes argumentó que contaba con permisos para la tala– Guerrero Pérez puntualizó que “todo
abogado sabe que un permiso es final y firme cuando
transcurran los términos administrativos, (y aquí) todavía no ha vencido el término administrativo”.
“Aquí todavía no hay un permiso final y firme”,
reiteró a La Perla del Sur. “De Walgreens volver a
entrar aquí y volver a tratar de talar los árboles, nosotros estaríamos trabajando un cesa y desista”.
Reacción airada
Entretanto, la réplica colectiva no ha cesado a
través de las redes sociales. Desde primera hora ciudadanos de todo el país, hasta personalidades del
ámbito artístico, como por ejemplo, la cantante ponceña Ednita Nazario, mostraron su malestar a través
de cuentas de Twitter y Facebook.
*Extracto, Cortesía de La Perla del Sur
Residentes de Llorens Torres
acusan a privatizadora de querer
usurpar poderes de la comunidad
Por Damaris Suárez
El Cucuban
Miembros del Consejo de Residentes del Sector
Youth Center del Residencial Luis Llorens Torres de
San Juan acusaron a la Administración de Vivienda
Pública y a la compañía privatizadora A & M Contract de violar la reglamentación federal al obstruir la
participación ciudadana en el proceso de renovación
del consejo de residentes.
Según señalaron miembros en poderes de la Junta
de Directores del Consejo de Residentes, al momento de convocar las elecciones para elegir el nuevo
consejo de residentes ni Vivienda Pública ni A & M
Contract han cumplido con las disposiciones establecidas en el Reglamento 7767 Para la Creación y
Funcionamiento de Consejos de Residentes de la Administración de Vivienda Pública. Este reglamento
dispone que dicho proceso debe estar en manos de
la comunidad y no del gobierno ni la privatizadora.
“La Administración de Vivienda Pública y A &
M Contract nos han atropellado y están coartando
nuestros derechos como la Junta de Directores del
Consejo de Residentes del Sector Youth Center electos por nuestros vecinos”, declaró Malena Meléndez,
presidenta de la Junta.
De acuerdo con los vecinos, las autoridades citaron a una asamblea previa a la elección en horas
laborables, por lo que los vecinos no pudieron asistir
y no se estableció el debido quorum.
“Lo mismo pretenden hacer con la elección de
la nueva junta. No quieren darle la debida participación a la Junta de Residentes. Además, cerraron y
nos quitaron las llaves de nuestras oficinas. Apareció
abierta cuando se enteraron que haríamos la denuncia pública, pero no nos han devuelto las llaves”, denunció por su parte Vanessa Rivera, también miembro del Consejo de Residentes.
Rivera cuestionó que la compañía privatizadora
pretenda pasarle el rolo a la comunidad manteniendo en un limbo la renovación del consejo y negándose a entregarle las listas actualizadas y los fondos que
dispone el reglamento para que la comunidad convoque el proceso de elecciones para renovar la junta.
Para el Lic. Luis José Torres, abogado del Programa
de Práctica Privada Compensada (PPC) de SLPR, las
autoridades públicas y privadas violan la reglamentación federal al no permitir que la comunidad convoque y conduzca el proceso para renovar su junta. “Su
función es de apoyo a la comunidad pero el proceso
es responsabilidad de la ciudadanía”, sostuvo.
“Nuestro interés es denunciar estas violaciones al
reglamento y defender nuestros derechos. Hemos
sufrido un atropello de parte de Vivienda Pública y la
privatizadora. Pedimos se nos permita participar del
proceso en forma justa, ordenada y dentro del marco
de la ley”, concluyó Meléndez.
9
Desarrollo comunitario
solidario
Martha Quiñones Domínguez, Ph. D.
Catedrática Recinto de Arecibo UPR
Especial para El Cucubano
En el siglo XXI, Puerto Rico enfrenta el desafío de una crisis económica
(no hay dinero, no hay empleos), fiscal
(el gobierno no tiene dinero) y social
que empuja la economía a quedarse estancada y en recesión. El problema es
uno estructural donde el desgaste del
modelo económico y social se hace evidente ante la falta de un plan coherente para reactivar la economía y sentar
las bases para crecer.
La Junta de Planificación señala que
la economía no crecerá para el año
2014. Además, tenemos altos niveles de
desempleo, de desigualdad social y económica, con altos niveles de consumo y
endeudamiento, situación que empeora, ya que se continúa fomentando la
economía de la dependencia.
Dependemos de capital extranjero,
de fondos extranjeros, de bonistas externos, dando la impresión de que la solución es externa. Cada nueva política
pública intenta reducir los beneficios a
los trabajadores, eliminando beneficios, congelando salarios y reduciendo
el ingreso que van a recibir si se jubilan, condenando a estas personas a vivir
bajo niveles de pobreza.
Ante esta situación es de esperarse
que en el futuro tengamos más pobres
agudizando aún más la crisis.
Según el Censo 2010, el 45% de la
población en Puerto Rico vive bajo el
nivel de pobreza. Con estos datos, se
hace imperativo que se piense en una
nueva forma de desarrollo para salir de
la crisis que integre a estas poblaciones
con la política pública correcta que
cree equidad y justicia para generar una
mejor calidad de vida.
Es necesario visualizar un nuevo paradigma económico y social que integre a la población (las esferas públicas
y privadas) en un solo proyecto social,
generando confianza, crecimiento económico y prosperidad. Hay que entender que es deber ministerial del Estado
buscar el bienestar de la gente y mejorar la calidad de vida.
La propuesta de Desarrollo Comu-
10
nitario Solidario es un método de intervención que incorpora a las comunidades, por medio de la participación,
fortaleciendo sus habilidades y tecnologías y creando planes participativos con
objetivos claros y procesos transparentes. Es una herramienta para enfrentar
y resolver los desafíos del siglo XXI.
Es entender que la solución no es
externa, la solución es nuestra y que
el nuevo desarrollo busca crear una
economía propia, fortalecida, creativa
e innovadora. En vez de continuar remendando el modelo industrial agotado, la solución debe ser creada desde
adentro (desarrollo endógeno) donde
se gana espacios económicos diversificados que se fortalezcan, construyendo
herramientas eficaces que sustituyan el
modelo actual. Pero hay que cambiar
de paradigmas en la forma de hacer
economía, de interpretar la economía y
de las relaciones con los seres humanos.
Debemos cambiar la forma en que
vemos la economía y creer profundamente que la solución viene de nosotros (desde adentro o endógeno). Entender una visión creativa de nuestro
futuro, hacia donde nos dirigimos y enmarcándolo en la economía del bienestar. Es necesaria la voluntad política
para ceder el poder, de tomar deciosiones y compartir la capacidad.
La economía del bienestar, que en
pocas palabras, es esa rama de la teoría
económica que establece las condiciones para conseguir la máxima eficiencia económica, no debe ser acusada de
la mala gestión pública. La máxima eficiencia económica se logra evaluando
las políticas que persiguen la consecución de ciertas metas y que se consideran deseables para alcanzar el máximo
de bienestar social. Ese bienestar social
es el conjunto de esos factores que una
persona necesita para gozar de una calidad de vida, tranquilidad y satisfacción
humana, tales como empleos dignos,
ingresos para satisfacer las necesidades,
viviendas, acceso a la educación y a la
salud, tiempo para la cultura, etc.
Para que exista calidad de vida debemos tener equidad social y económica
como objetivo social. Entender la equidad social y económica sobre la base de
algún criterio de bienestar social, que
es un conjunto de prácticas tendientes
a superar la exclusión e iniquidades
sociales, económicas, culturales y políticas; donde todas las personas tienen
los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto.
El Estado tiene la función de lograr esa
equidad para todos y corregir todas las
acciones que propendan a limitarla.
Este desarrollo va más allá del “desarrollo” tradicional conocido, ese que ve
él mismo como transacciones o actividades que se realizan y que se mide por
conceptos o indicadores tradicionales,
entre ellos el nivel de ingreso o de consumo.
El desarrollo comunitario solidario
como lo es integra las variables ingresos y empleos como elementos importantes; pero también los indicadores de
desarrollo humano donde la calidad de
la educación, de la salud y la seguridad
social son elementos importantes para
lograr aumentar el bienestar y mejorar
la calidad de vida y el ambiente.
Para que exista desarrollo, los trabajadores deben recibir una compensación justa y equitativa que permita
mejorar su calidad de vida. Es por eso,
que redistribuir las riquezas y la equidad son puntos principales de las políticas de desarrollo, además, del aumento
en la capacidad económica que genera
más empleos e inversión. El desarrollo
en el mejoramiento de la comunidad
incluye el desarrollo humano, social,
ambiental y de la infraestructura física. Este desarrollo es con tejido social,
pues se participa, se incrementan el conocimiento, se adquiere nuevas destrezas y se generan cambios positivos en
las actitudes para mejorar la democracia real.
Así que frente a la crisis económica
y social que vivimos en la Isla debemos
proponer un nuevo Modelo Económico
y Social basado en la solidaridad, como
una forma de responder a la crisis económica. Este desarrollo se enmarca en
la economía del bienestar por medio
de fomentar la participación y la evaluación continua de la gestión pública.
El desarrollo comunitario solidario
es la propuesta de una economía dife-
rente basada en la solidaridad, donde
el ser humano es el centro, fomenta
la creación de empleos, la inversión
en una economía diversificada, fortaleciendo la oferta gubernamental,
prevaleciendo en educación, en salud
y en seguridad social, promoviendo la
igualdad de género y alejándonos de la
dependencia. Este nuevo modelo debe
ser una alternativa real que cree una
economía sólida y un Gobierno capaz
de proveer bienes y servicios. La solidaridad nos lleva a una economía empática más humana, más cercana a las Ciencias Sociales. Una economía que entienda a los seres humanos
y se identifica con sus problemas para
buscar soluciones. Una economía crítica, transformadora, cooperativista, con
compromiso, que conciencie y que sirva de enlace solidario. Una economía
que utilice la planificación transversal
como una herramienta de desarrollo,
pues atraviesa todo proceso económico
y social y lo articula. Esta se fortalece
con cambiar nuestros patrones de consumo, para que sean responsables y de
productos locales, de manera que fomente la inversión por medio del ahorro.
La equidad es fundamental para
que este nuevo modelo tenga éxito.
Buscar como objetivo social la distribución equitativa de la riqueza supone unos servicios públicos fuertes, una
fiscalidad progresiva y que la prioridad
del gasto público se oriente al bienestar, sanidad, educación, protección
social y ambiental, y cuidado de la población. Es darle sentido a la economía
del bienestar para lograr la máxima
eficiencia económica de los fondos públicos, donde se mide y exponen los
logros de objetivos alcanzados enmarcados en conseguir bienestar social.
Reconociendo que es necesaria la
contribución de todas las personas, así
como la planificación, utilización y distribución equitativa de todos los recursos; proponemos que hay que cambiar
el modelo económico por uno con más
solidaridad, con más justicia, con más
participación para lograr equidad. De
ahí la necesidad del Desarrollo Comunitario Solidario.
JULIO de 2014
“
Pero para crear ese nuevo modelo
en la Isla se requiere una nueva filosofía para gobernar al país, desde su
gente y no desde una elite económica
– política. Esta nueva filosofía no afecta
los servicios, no requiere despedir empleados; sino utilizar de forma eficiente el dinero y lograr objetivos sociales
de equidad, justicia y buen uso de los
recursos para de esta forma lograr mejorar la calidad de vida y el bienestar de
la sociedad en general. Es economía
del bienestar. Es mirar hacia adentro,
valorar lo que tenemos, dar confianza
al pueblo y de ahí crear, diseñar, innovar y desarrollar productos, bienes y
servicios.
Dentro de ese nuevo paradigma, se
encuentra el desarrollo comunitario
solidario. El mismo debe ser integral
donde la gente construya políticas públicas claras y con objetivos que definan para qué queremos el desarrollo y
la forma de encaminarlo y en especial
con la participación continua de la comunidad.
El Desarrollo Comunitario Solidario puede reducir el gasto gubernamental al fomentar mayor eficacia en la
prestación de servicios y esfuerzos que
conducen a mayor bienestar. Esto se da,
porque las políticas públicas se discuten y diseñan en las comunidades para
beneficio de ellos, de ahí el identificarse en el mismo. Es una forma diferente de gobernar escuchando al pueblo,
entendiendo que son los ciudadanos
los que sufren las consecuencias de las
malas decisiones que se toman. Las comunidades deben diseñar las políticas
públicas que atiendan tres desafíos:
• Aumentar la eficiencia del gasto público.
• Mejorar la focalización del gasto
para que estos lleguen a los más pobres.
• Consolidar un sistema de protección social para que la crisis económica no comprometa, por completo, las posibilidades futuras de los
grupos más vulnerables.
El plan de desarrollo comunitario
solidario debe tener una metodología
rigurosa con métricas para medir el
progreso y el cumplimiento con los objetivos y con una autoevaluación continua para cambiar lo que no cumpla,
mejorar lo que cumpla y rendir cuentas
del logro. Estas métricas miden el éxito tanto cualitativo y cuantitativo y son
las comunidades las que las evalúan. La
comunidad participa desde el inicio en
la mesa de planificación y esto permite
que la comunidad se apodere del mismo, lo acepte y lo defienda.
Para que sea exitoso el desarrollo
JULIO de 2014
comunitario solidario, la transparencia y la rendición de cuentas se dan en
todos los procesos. Las comunidades
pueden rendir cuentas de la eficiencia
en el uso de los fondos y el logro de
objetivos; y esto provee para que a la
vez el Gobierno, al rendir cuentas, puede hablar de lo que se hace y dónde y
cómo se usa el dinero del pueblo, o sea:
economía del bienestar.
La idea de autogestión y el potencial
de generar empleos que fortalezcan la
economía regional se logra promoviendo que las comunidades sean gestoras
de empleos que garanticen productos,
que creen nuevos productos y que le dé
estabilidad al mercado. Es el desarrollo
de proyectos del pueblo y para el pueblo. Es recuperar la comunidad, sacar
la violencia y permitir la inclusión de
las poblaciones en el proceso político
que crea y construye otro país, otra economía y otra sociedad. Pero no es por
medio de los partidos políticos que se
genera ese proceso; sino mediante el
ejercicio del poder delegado al pueblo.
Con este proceso se reconoce que en
una democracia la gente no debe sufrir las consecuencias por las leyes si no
participaron en el proceso para confección, discusión y evaluación de las mismas. Es una nueva forma de hacer política, donde se cede el poder al pueblo
y se respeta las decisiones del mismo.
Cuando la comunidad participa
en su desarrollo permite efectividad,
autonomía y sustentabilidad en la gestión del desarrollo, pero a la vez libera
al ser humano de la dependencia y lo
posesiona como un autogestor de su
destino. Es superar el problema estructural de la economía para transformarlo en un modelo inclusivo que genere
Para que exista desarrollo, los trabajadores deben
recibir una compensación justa y equitativa que
permita mejorar su calidad de vida.
empleos, ingresos y solidaridad. Este
desarrollo comunitario solidario genera ingresos y empleos pues se generan
círculos de consumo además de redes
de apoyo, que se auto sostiene y se retroalimentan. La solidaridad es como
un virus que se apodera de la sociedad
con deseo de participar, aportar, crear y
sobre todo, creando esperanzas.
Para lograr que este modelo de desarrollo comunitario enmarcado en
la solidaridad tenga éxito, se requiere
que las instituciones universitarias sean
gestoras de los mismos. La universidad
puede apoyar en identificar áreas de
asesoramiento necesarias para las comunidades. y proveer los recursos de
profesores y estudiantes voluntarios.
La universidad debe diseñar secuencias
curriculares que sean transversales que
fomente la solidaridad como una herramienta de transformación social, generadora de cambios y análisis críticos.
La herramienta fundamental de la
educación y la formación es clave para
transformar nuestra sociedad. Es necesario que las universidades asuman el
rol social y sean los que fomenten y le
den forma a este desarrollo comunitario solidario. Está en las manos de los
universitarios que brinden servicios a la
comunidad, diseñen proyectos, ayuden
al prójimo y sirvan a otros sin esperar
nada a cambio. Necesitamos universidades comprometidas con una pedagogía solidaria, con el aprendizaje crítico
y consciente, creando líderes que se envuelvan y asuman los retos, educándolos como agentes de cambios.
Conclusión
Podemos cambiar la economía
desde nuestras comunidades enten-
”
diendo nuestro rol activo como agentes de cambios que se fomenta con la
participación activa, crítica y creadora.
Comenzamos a ver la economía desde
otra perspectiva para buscar soluciones
a los problemas sociales y económicos
que requieren pensamiento solidario
para poder consolidar la estabilidad
del desarrollo económico y social y lograr una distribución equitativa de las
riquezas, así como crear empleos. La
economía que crecía atrayendo inversión de afuera (exógena, foránea) se
ha agotado y debemos reforzarla con
una buena dosis de economía desde
adentro (endógena). Una economía
que crece de adentro hacia afuera y
que provee el marco para que diversos
modelos de empresas solidarias, donde una es el movimiento cooperativista
solidario, sea el enlace que potencie y
fortalezca la misma. La alternativa económica y social, que lleve a la equidad
y justicia debe tener una filosofía que
fomenta la solidaridad y el compromiso. No es una mera propuesta económica, es un modo de vivir y de ser, por
eso la forma de hacer economía debe
ser con una lógica solidaria, que deben
adoptar la planificación transversal
como una herramienta metodológica
que permite diseñar la estrategia de
desarrollo económico y social comunitario. Enfrentamos la crisis con creatividad y valentía para reclamar y comenzar un modelo de desarrollo comunitario y solidario, para reformar nuestra
democracia y transformar nuestro país.
Requiere voluntad política y valentía al
ceder el poder al pueblo para que sea
gestor de su desarrollo. Es crear una
economía que atienda los problemas
reales que se presentan, donde todos
conocemos lo que sucede, donde el
plan de nuestra comunidad, región y
de la Isla lo trabajamos todos porque
“todos somos Puerto Rico”. La autonomía que se ejerce se orienta a que todos
se involucren, es un cambio de paradigma o filosofía, es cambiar la visión. El
producto esperado es un Puerto Rico
próspero, solidario, creativo, equitativo
y justo.
No es un sueño el desarrollo comunitario solidario. En Puerto Rico
tenemos proyectos que se han gestado
y son prósperos, además de los modelos cooperativistas y los de trabajadores
que existen dentro de la filosofía de la
solidaridad. Pero queremos que sea
un proyecto de toda la Isla, queremos
transformar la economía y la sociedad.
El momento de actuar es ahora, porque “todos somos Puerto Rico”.
11
Para cabildear y adelantar proyectos a favor de esa comunidad
Clínica de Derechos LGBTT visita Washington
Ocho estudiantes de la Clínica de
Discrimen por Orientación Sexual e
Identidad de Género de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto
Rico viajaron a Washington junto a
su profesora Nora Vargas Acosta y el
director de la Unión de Libertades Civiles, Capítulo de Puerto Rico (ACLU,
por sus siglas en inglés), el Lic. William
Ramírez, para adelantar asuntos de la
agenda por los derechos de la comunidad LGBTTI en Puerto Rico.
En particular, los estudiantes sostuvieron reuniones con distintos líderes de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), para presentar un informe que realizarán como
parte de los trabajos de la clínica, sobre
las violaciones de derechos a personas
LGBTT en Puerto Rico. La jornada, que
comenzó el día lunes, incluyó una reunión con la presidenta de la mesa directiva de la CIDH, Tracy Robinson y con
Fanny Gómez, Especialista en Derechos Humanos de la Relatoría de Asuntos LGBTT. Allí, la delegación puertorriqueña subrayó la invisibilidad que
sufre Puerto Rico ante los organismos
de derechos humanos por su situación
política como territorio de los Estados
Unidos. Además, conversaron sobre
la alarmante situación que viven las
personas de la comunidad LGBTT en
particular, sobre los crímenes de odio,
sobre las personas transgénero que
son víctimas de abuso policiaco y los
impedimentos jurídicos que impiden
que los miembros de esa comunidad
puedan tener igualdad de derechos.
Robinson ofreció información
esencial a los estudiantes y prometió
a la Lcda. Vargas Acosta el considerar el
informe que someterán sobre la violación de derechos humanos a personas
LGBTT en Puerto Rico. La presidenta
también comprometió a los estudiantes de la clínica mantener a la Comisión al tanto de las incidencias de la
comunidad LGBTT en la isla.
Los estudiantes también participaron de una mesa de discusión en las
oficinas de la ACLU en Washington
DC, con líderes y lideresas de distintas
organizaciones LGBTT en los Estados
Unidos, entre ellos Corey Prachniak de
Whitman-Walker Health; Aaron Tax, de
la organización Services & Advocacy
for Gay, Lesbian, Bisexual & Transgen-
Visita a las oficinas del Comisionado Residente en Washington. En primer plano, el comisionado
Pedro Pierluisi, a su izquierda, la Lcda. Nora Vargas. (Foto suministrada)
der Elders, Ian Thompson, cabildero
de la ACLU; y Limor Finkel de Human
Rights Campaign Foundation, entre
otros y otras. En la mesa de discusión,
compartieron impresiones sobre el trabajo especializado que hacen las organizaciones y de qué forma estas podían
insertarse en los trabajos que realiza la
clínica para mejorar la situación de las
personas LGBTT en Puerto Rico.
Durante el segundo día de jornada,
los estudiantes visitaron las oficinas del
Comisionado Residente, Pedro Pier-
luisi. Allí solicitaron su apoyo para las
medidas antidiscrimen pendientes en
Puerto Rico. Además, William Ramírez,
director de la ACLU y el cabildero Ian
Thompson solicitaron el apoyo a las
medidas federales ENDA (prohibición
de discrimen en empleo) y SNDA (prohibición de discrimen en escuelas).
La delegación de la Universidad de
Puerto Rico también visitó la oficina
del Congresista Luis Gutiérrez, quien
les felicitó por su trabajo a favor de los
derechos de la comunidad LGBTT.
Grabar intervenciones policiacas
Boston reafirma el derecho ciudadano
Por Waldo D. Covas Quevedo
Centro de Periodismo Investigativo
El derecho ciudadano a grabar con
sus teléfonos celulares las intervenciones policiacas prevaleció en una decisión reciente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Federal de
Boston. La demanda civil fue radicada
contra el pueblo de Weare, New Hampshire y su Policía Municipal.
La decisión abre la puerta a demandas contra la Policía de Puerto Rico y
las policías municipales por violación
de derechos civiles cuando los agentes
del orden público ocupan ilegalmente
los teléfonos celulares de los ciudadanos que los graban en medio de sus
intervenciones, opinó Josué González
Ortiz, abogado de la Unión Americana
de Libertades Civiles (ACLU).
La ciudadana que radicó la acción
civil, Carla Gericke, fue arrestada, pero
nunca acusada formalmente, por utilizar su teléfono móvil para grabar una
12
intervención policiaca contra un conocido suyo y reclama que fue aprehendida en represalia por su ejercicio de
libre expresión.
Aunque la decisión de los jueces
Kermit V. Lipez, O. Rogeriee Thompson y Bruce M. Selya se limitó a una
petición del municipio de Weare, New
Hampshire y su Departamento de Policía para que desestimaran la demanda
de Gericke, que alegaba que las autoridades violaron su derecho a la libre
expresión, el Tribunal de Apelaciones
Federal confirmó el derecho de los ciudadanos a la grabación de intervenciones policiacas.
González Ortiz dijo al Centro de Periodismo Investigativo que en Puerto
Rico, ACLU tiene dos casos parecidos
pendientes de ser radicados en los tribunales.
En uno de los casos, agentes de la
Policía de Puerto Rico le confiscaron el
teléfono celular a un ciudadano dominicano en Barrio Obrero en Santurce
que grabó durante una sucesión de
incursiones en establecimientos del
sector en donde personas oriundas del
vecino País residen o frecuentan.
En otro incidente registrado en
una taberna de Naranjito, según
González Ortiz, los agentes le ocuparon el teléfono celular a un joven que
grabó con su teléfono celular un incidente en el cual un grupo de agentes
intervenía con varios parroquianos
ajenos a él y a quienes se les imputó
haber participado en “una pelea en el
local”.
La ACLU está en el proceso de radicar demandas contra la Policía de Puerto Rico por ambos incidentes al entender que es una práctica generalizada
del referido cuerpo de ley y orden.
Cortesía del Centro de Periodismo Investigativo
JULIO de 2014
víctimas de violencia doméstica como consumidoras
Por Jesús Marengo
Paralegal, Proyecto Justicia para el Derecho del Consumidor
La violencia doméstica cuenta con distintas manifestaciones y, por consiguiente, son distintas las maneras
de abordarla en el aspecto legal.
La violencia doméstica se define en la Ley para la
prevención e intervención con la violencia doméstica
(Ley 54) de 1989 como un “patrón de conducta constante de empleo de fuerza física; intimidación o persecución contra una persona por parte de su cónyuge,
ex cónyuge, una persona con quien cohabita o haya
cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una
relación consensual o una persona con quien se haya
procreado una hija o hijo, para causarle daño físico a su
persona, sus bienes o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional”.
La citada ley contempla también, la modalidad de
violencia sicológica que en resumen constituye un patrón constante de conducta que desacredita, deshonra
o menosprecia a la persona que la recibe de parte de
los distintos tipos de victimarios, que se aluden en la
definición del párrafo transcrito.
Conviene traer a colación la definición de violencia doméstica, particularmente en estos tiempos que
recibimos continuamente noticias que dan cuenta de
cuán arraigada se halla en nuestra sociedad y que en
ocasiones perdemos de perspectiva la amplitud de su
definición. En este espacio, vinculo el tema de la violencia doméstica con la persona del consumidor, en específico, dando cuenta de esta persona como víctima de
violencia doméstica.
JULIO de 2014
Servicios Legales de Puerto Rico tiene un compromiso inquebrantable de combatir la violencia doméstica
en sus distintas modalidades. Así lo han evidenciado sus
programas dirigidos a luchar contra este mal proveyendo asesoría y representación legal a miles de víctimas.
Con su Proyecto Derecho del Consumidor, que atiende
las necesidades legales y educativas de los consumidores
de escasos recursos económicos, colabora en esta lucha,
ya que las víctimas de violencia doméstica constituyen
un grupo prioritario.
La vinculación entre las víctimas de violencia doméstica y los consumidores se manifiesta de modos diversos.
La explotación financiera es una modalidad bastante
común en la que la persona del consumidor puede convertirse en víctima de violencia doméstica. La misma en
términos sencillos consiste del uso inadecuado del patrimonio de un individuo para su propio beneficio. Ésta
adviene en existencia, a modo de ejemplo, cuando el
victimario toma dinero o bienes de la víctima mediante
violencia o intimidación o la engaña para hacer uso de
su información financiera para hacer cambios (inusuales) de cheques o transferencias sospechosas de fondos.
La explotación financiera sigue cobrando víctimas a pesar de que las instituciones financieras están obligadas
a hacer uso de un protocolo para identificar a potenciales víctimas e informar a distintas agencias concernidas
como el Departamento de la Familia, la Administración
del Seguro Social y la Policía de Puerto Rico.
Cabe destacar, que este tipo de explotación junto con
el maltrato físico, la agresión sexual, el abuso emocional y la negligencia constituyen en palabras de la Lcda.
Irisel Collazo “las formas de maltrato más frecuentes”
de las que son objeto las mujeres de edad avanzada. La
Lcda. Collazo, investigadora y profesora, es autora del
artículo “El maltrato a las mujeres”, publicado Claridad,
28 de noviembre al 4 de diciembre de 2013.
Otro modo en que la persona del consumidor cae
víctima de la violencia doméstica es a través de la dependencia económica. Bajo la última, el victimario “estrangula” económicamente a su víctima, ya sea cuando
se produce la ruptura de la relación o, se encuentra en
vías de producirse o incluso, dentro de una relación que
no manifiesta indicios de disolverse. La estrangulación
ocurre cuando el victimario se apropia de los medios
financieros de la víctima o impide que ésta posea tales
medios. Dicho de otra manera, la víctima está a merced
de él o ella en términos económicos.
El clásico y tal vez estereotipado ejemplo de la dependencia económica es el del cónyuge que corre con
los gastos principales de un hogar: servicio de luz eléctrica, agua potable, teléfono o unidades móviles, hipoteca, alimentos, etc. Al producirse la disolución de la
relación o se aproxima la misma, la víctima queda en estado de indefensión económica, o sea, no tiene medios
para sustentarse porque el victimario, así lo propicia o
como secuela del divorcio o ruptura de la relación.
Esta víctima también como consecuencia directa o indirecta de la que es objeto puede enfrentar problemas
como robo de identidad, problemas de deudas, de ejecuciones de hipoteca, de suministros públicos (luz eléctrica y agua potable), desahucio, entre otros temas prioritarios circunscritos al Proyecto Derecho del Consumidor.
Para solicitar servicios sobre este asunto, puede llamar al 787-728-5070 (área metro) o el 1-800-981-5342
(nivel isla).
13
TALLER DE CAPACITACiÓN PARA CUCUBANOS
Como parte de las iniciativas del Proyecto de Planificación Estratégica de
SLPR, recientemente se llevó a cabo el Taller de Capacitación para los Cucubanos
(as) y Cucubanas que serán parte integral
de este esfuerzo.
Los (as) Cucubanos (as) son empleados(as), y miembros de comités asesores
de SLPR de distintos Centros y unidades
de trabajo quienes son esenciales para
este proceso. Ellos(as) trabajarán en la recopilación del insumo de todos los que
componemos la familia de SLPR. La información que aglutinen será utilizada en el
desarrollo del Plan Estratégico para SLPR.
El acopio de esta información es lo que
nos ayudará a garantizar el éxito de este
proceso, garantizando que sea uno abierto y participativo. Cada uno de los participantes recibió los materiales necesarios
para una vez regresaran a sus Centros de
trabajo puedan proceder a pautar la reunión con los demás empleados e iniciar el
proceso de discusión.
El Taller fue dirigido por la Sa. Glenisse
Pagán, recurso de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, y los miembros del
Comité de Planificación Estratégica de la
Junta de Directores de SLPR, presidido por
el Lic. Eddie Olivera Robles. También estuvo presente y participó de la discusión, el
Lic. Osvaldo Toledo Martínez, presidente
14
de la Junta de Directores de SLPR.
Agradecemos la participación de todos
los presentes, así como su disposición a
realizar esta importante tarea para nues-
tro Programa. A juzgar por la interesante
discusión que se desarrolló durante todo
el Taller, le auguramos un gran éxito en su
encomienda.
FONDOS DISPONIBLES DE CÁRITAS DE
PUERTO RICO PARA PACIENTES DE CÁNCER
Cáritas de Puerto Rico, a través de su
programa Hazlo Posible, tiene fondos disponibles para proveer asistencia a pacientes que estén bajo tratamiento de cáncer
del seno en todo Puerto Rico.
Este Programa, financiado por Susan G.
Komen Puerto Rico, está dirigido a proveer
asistencia económica a pacientes de escasos recursos que hayan sido diagnosticadas con cáncer del seno. Entre los servicios
que pueden recibir, las personas elegibles,
están: los copagos y deducibles relacionados a quimioterapia, radicación y medicinas, y el pago de transportación para recibir
tratamiento.
Cada caso es evaluado de forma individual. Los fondos son asignados basado en
la necesidad del paciente y disponibilidad
de fondos en el momento de la solicitud.
Las personas interesadas en beneficiarse de los servicios de Hazlo Posible, y que
entiendan que su situación económica está
dentro de los parámetros del Programa,
deben comunicarse con Cáritas de Puerto
Rico a través del 787-300-4953 para coordinar una cita de evaluación.
Desde el pasado año Servicios Legales
de Puerto Rico y Cáritas de Puerto Rico establecieron un acuerdo colaborativo para
ayudar a las personas que ésta última sirve.
Cáritas de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro, ligada a la Iglesia Católica, que comenzó operaciones en el año
1969 bajo el nombre de Servicios Sociales
Católicos de Puerto Rico, en el año 2009
cambió su nombre a Cáritas de Puerto Rico.
Su función principal es ayudar a los más
pobres y necesitados de nuestra sociedad,
brindándoles herramientas para su desarrollo humano integral.
Cada año Cáritas de Puerto Rico atiende
75,000 personas. Actualmente, 200 parroquias en 60 municipios colaboran directamente en los proyectos, además de más
de 600 voluntarios, que apoyan la gestión
que hace la Institución.
Cucubanos
AL PODER
Planificar la estrategia
se hace muy necesario.
Todos en el escenario,
empleados y gerencia.
La clientela la escencia
de los servicios legales.
Los cucubanos son tales,
sirven voluntariamente.
Creemos aquí el ambiente,
luchando por lo que vale.
S
El esfuerzo en conjunto
hace que la Institución,
defina su dirección,
aquí tratando el asunto.
Cucubano sea tu punto
trabajar con compromiso.
Facilitar sea preciso
al realizar la tarea.
Nuestra luz es lo que crea
de lo legal el servicio.
S
Hemos dado un paso al frente
como parte del esfuerzo.
Rogamos al universo
que la labor sea patente.
Orientemos a la gente
buscando su educación.
Cucubano con tu acción
lograremos definir
el futuro que ha de ir
puliendo esta institución.
Medardo Rosario
Cucubano Centro de
Servicio Directo de Aibonito
JULIO de 2014
JULIO de 2014
15
Estudiantes ansiosos por regresar a su país y ayudar en su reconstrucción
Haitianos muestran otra cara de Haití
Redacciíon El Cucubano
Luego de dos años y medio en la
isla cursando estudios en una diversidad de materias, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) reunió
al grupo de estudiantes haitianos participantes de la Universidad Solidaria
del Caribe y en su mayoría becados
por el Fondo Somos Puerto Rico, para
compartir experiencias, aprendizajes,
logros, retos y planes futuros.
El encuentro dio inicio con un recuento de la múltiples gestiones, viajes
y esfuerzos que se dieron para poder
establecer el proyecto. Ese ejercicio dio
paso a un compartir de experiencias
anecdóticas vividas por estos estudiantes desde que pisaron suelo boricua y
su expectativa de llegar a un país totalmente desconocido, con otro idioma y
otra cultura. Algunos, entre risas, narraron lo traumático que fue alojarse
en un hospedaje multipisos, haciéndoles rememorar aquel fatídico día del
terremoto en Haití.
“Al principio, fue difícil... fue tan
difícil que mi primer día en Puerto
Rico me caí en el baño y me golpeé la
cabeza” contó Gerty Montezuma entre
risas, quien luego explicó que es sobreviviente del terremoto y que, para ella,
estar aquí es casi como tener otra oportunidad de vida que le permitirá hacer
algo por su país. Como Gerty, sus compañeros tienen como meta principal
volver a Haití y utilizar lo aprendido
para educar y colaborar con las comu-
nidades. Estos jóvenes llegaron a Puerto Rico por una iniciativa de la FCPR,
la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico (ACUP),
posteriormente con la Universidad de
Puerto Rico, con quienes se estableció
un acuerdo de colaboración para que
estudiantes universitarios haitianos pudieran proseguir estudios en Puerto
Rico a través del ofrecimiento académico de las universidades y colegios privados locales. Este esfuerzo colaborativo
constituye la Universidad Solidaria del
Caribe (USCa). Además son becados
por el Fondo Somos Puerto Rico, establecido por la Comisión Mayagüez
2010 en la Fundacion Comunitaria de
Puerto Rico.
“Hoy vemos que lo que pensamos
imposible en un momento determinado, fue posible. Nos aventuramos a
ayudar a nuestros hermanos haitianos
de una manera diferente, desde Puerto Rico y en una alianza académica con
las principales instituciones educativas
del país. El motor para este trabajo lo
fue la Comisión de Solidaridad con
una Nueva Haití, un grupo de amigos
de la FCPR que apostaron a lo posible.” explicó el Dr. Nelson Colón. Por
su parte, el Lic. René Pinto Lugo, presidente de la junta de directores de la
FCPR, destacó que los estudiantes “no
serán educadores cuando tengan su título, son educadores desde ya, porque
son un modelo a seguir para sus compatriotas, incluso, para nosotros los
puertorriqueños”.
Gracias a esta colaboración, son
once los estudiantes becados por el
Fondo Somos Puerto Rico y otros veintidós estudiantes que participan de la
Universidad Solidaria del Caribe. Hay
tres estudiantes ya graduados, dos de
ellos ya están en Haití laborando, y hay
cuatro estudiantes promovidos a grado
doctoral, sin haber completado aún
su maestría. Todos ellos y ellas, como
Gerty Montezuma, han tenido la oportunidad de comenzar de nuevo, rehacer su vida y dar esperanza a los suyos.
La reunión se llevó a cabo en la Fundación Luis Muñoz Marín y contó con
una amplia participación de estudiantes, organizaciones sin fines de lucro,
las universidades, el Departamento de
Estado y otros amigos y colaboradores.
“Para continuar apoyando a estos
estudiantes, es importante fortalecer
el Fondo de Becas Somos Puerto Rico.
Este Fondo permitirá apoyar a los estudiantes que han sido aceptados al grado doctoral” dijo Mary Ann Gabino,
vicepresidenta senior de la FCPR.
Participantes de la Universidad Solidaria del Caribe y becados por el Fondo Somos Puerto Rico.
Al frente (en guayabera) el Dr. Nelson Colón, presidente de Fundación Comunitaria, a la derecha, Mary Ann Gabino, vicepresidenta senior de la Fundación. También en la foto el Lic. René
Pinto Lugo, presidente de la Junta de Directores de Fundación Comunitaria y miembro de la
Junta de Directores de SLPR.
La Comisión de Derechos Civiles (CDC) es una entidad gubernamental cuyo propósito principal es promover, mediante la educación,
la vigencia de los Derechos Civiles. Los Derechos Civiles son aquellos derechos que el Estado le ha garantizado a cada ciudadano a
través de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado, a través de leyes y reglamentos y por jurisprudencia o
interpretación judicial.
En la CDC estamos para protegerte, educarte sobre tus derechos, cómo respetarlos, protegerlos y enaltecerlos.
Nuestros servicios cubren:
• Orientaciones sobre Derechos Civiles y Humanos
•Talleres y Conferencias Educativa
•Análisis de Iniciativas Legislativas y Ejecutivas
•Distribución de Materiales Educativos Gratuitos
•Estudios e Investigaciones sobre Derechos Civiles y Humanos
•Exhibición de Documentales sobre los Temas.
Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones CEE-C-12-124
16
JULIO de 2014
Consejos
Proteja la seguridad económica de
su pareja –aunque no estén casados
Por José Acarón
Director Estatal de AARP Puerto Rico
Cada etapa de la vida nos brinda la oportunidad
de nuevos romances, y cada vez es más común escuchar personas en sus 50, 60 y 70 años decir que
“ahora es que han encontrado el amor de su vida”.
Esto puede ocurrir años después de un divorcio,
luego de enviudar o por múltiples razones, pero la
realidad es que en gran cantidad de casos no necesariamente la pareja se casa.
No importa el tipo de relación de pareja que
se desarrolle, hay que estar claros en que la seguridad económica es un aspecto determinante para
el bienestar presente y futuro de ambos. Lamentablemente, cuando se trata de estos casos las leyes de
Puerto Rico no reconocen las relaciones consensuales. ¿Y qué significa esto? Quiere decir que si usted
no está casado ambos están privados de las protecciones legales que disfrutan los matrimonios como
pareja, bajo la Ley de Puerto Rico.
Esta realidad provoca historias inhumanas y difíciles a muchas parejas, en relación a aspectos tan
importantes como sus bienes gananciales y asuntos
de herencias. Además, se pueden complicar las cosas si es necesario tomar decisiones difíciles en casos
de enfermedad e inclusive durante la muerte. Solamente tenemos que pensar en las disputas familiares
que se forman en torno a todos estos asuntos, que
se pueden convertir en un infierno. Para personas
que han construido una vida juntas, es penoso que
se vean privadas de visitar a su pareja y atenderle, en
casos de hospitalizaciones o muerte, por decisión de
la familia de la pareja sentimental. Otro caso muy
común ocurre con las personas que enviudan y se
quedan sin derechos a los bienes acumulados con
su pareja porque la ley no lo establece por escrito.
Innumerables parejas en Puerto Rico han vivido
esta realidad legal dura, y hasta han visto tronchado
JULIO de 2014
su futuro económico, por desconocer sus opciones
para velar por los intereses en común como pareja.
Aunque usted tenga una excelente relación de pareja y no vea problemas en el horizonte, sepa que
existen herramientas legales que establecen garantías para que las parejas que convivan se puedan
proteger, sin necesidad de casarse.
Para esto, hay seis documentos que toda pareja
consensual debe tramitar con su abogado y, después que los firmen, prácticamente están “legalmente casados”. Estos son:
• Testamento: permite decidir cómo disponer de
sus bienes en caso de muerte y evitará que su
pareja quede desamparada económicamente.
• Declaración Previa de Voluntad sobre Tratamiento Médico en Caso de Salud Terminal o
Estado Vegetativo Permanente conforme a la
Ley 160: expresa los tratamientos médicos que
se aceptarán en caso de quedar imposibilitado
de expresarlo. Además, designa un encargado
para tomar estas decisiones difíciles.
• Poder Legal Permanente para el Cuidado de
la Salud: usted lo otorga para delegar en una
persona la toma de decisiones sobre aspectos de
salud básicos.
• Declaración de Derecho Prioritario para Visitar
a la Pareja en el Hospital: brinda el rango de
“familiar” a su pareja para efectos de las políticas
de visitas de los hospitales. De esta manera, tendrá la misma prioridad que un familiar regular
al visitar a su pareja.
• Poder Legal Permanente para el Manejo de las
Finanzas Personales: documento que estipula la
persona encargada de administrar sus finanzas,
activos y negocios en su ausencia.
• Prearreglos funerales: usted contrata la funeraria para dejar establecido cómo quiere que se
manejen los actos fúnebres en caso de muerte.
Establecer esto de antemano puede evitar grandes controversias.
A fin de cuentas, ya sea que usted esté casado
o no con su pareja, ambos deben asumir la responsabilidad de proteger legalmente su seguridad
económica para garantizar un futuro de bienestar.
Aunque nunca sabemos con certeza las situaciones
que podemos enfrentar en la vida, la mejor alternativa es consultar con su abogado y “vacunarse”
mediante estos seis documentos legales. Piense en
los grandes dolores de cabeza que se puede ahorrar
más adelante.
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CONOCIENDO A LOS GRUPOS DE RECUPERACIÓN
A LARGO PLAZO DE PUERTO RICO (GRALP de PR)
Jorge Jiménez
Coordinador General de GRALP de PR
¿Qué son los Grupos de Recuperación a Largo Plazo de Puerto Rico (GRALP de PR)?
GRALP de PR es una organización sin fines
de lucro, registrada en el Departamento de Estado como “Long Term Recovery Group of Puerto
Rico Inc.” (LTRG of Puerto Rico). Se organiza
como parte de un proyecto de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por
sus siglas en inglés), con la intención de involucrar organizaciones cívico-sociales, de base de fe
y otras, en la fase de recuperación posterior a un
desastre. Los participantes establecen alianzas
y acuerdos de colaboración entre sí y agencias
estatales y federales. El propósito es participar
como agente coordinador de entidades de ayuda terciaria para proveer necesidades no compensadas.
GRALP de PR materializa su visión a través
de dos programas, uno de capacitación: SPCMD
(Seminario Para Capacitar Manejadores en Desastres) cuya misión es adiestrar ciudadanos comunes y corrientes en las destrezas necesarias
para sobrevivir desastres. El segundo de desarrollo de resiliencia comunitaria: GRC (Grupo
de Recuperación Comunitario) que organiza
los ciudadanos adiestrados en el SPCMD y los
vecinos de la comunidad en unidades capaces
de sobrevivir por tiempo prolongado de manera autónoma luego de un desastre. Cuando la
comunidad completa el proceso de organizarse
y capacitarse le llamamos CASD (Comunidad
Autogestoras de su Sobrevivencia en Desastres).
La idea es que el individuo, familia y comunidad pueda sobrevivir durante el vacío de auxilio
entre el momento que ocurre un incidente y el
tiempo que tarda la llegada de unidades de rescate/auxilio del Estado. Al unir el ejercicio de siete funciones (básicas) esenciales para su sobrevivencia, la comunidad se fortalece. El resultado es la capacidad
de maximizar recursos, establecer perímetros
de seguridad, manejar heridos, ancianos y otras
necesidades particulares de cada caso. Alcanzar el desarrollo de destrezas requiere aprendizaje, formación personal y colectiva. No se logra
como resultado de una conferencia o de algún
taller ocasional. Es la consecuencia del estudio,
disciplina, perseverancia, voluntad, interés y visión de gente responsable con su vida y la de
su familia. Es muy difícil sobrevivir solo en un
desastre extremo. Mientras más personas se
capacitan menos probabilidad de muertes y
sufrimiento.
GRALP de PR es una organización seria que
opera dentro de criterios definidos por el gobierno federal a través de FEMA. Es una organización
de voluntarios que no reciben compensación
económica. Los voluntarios solo se benefician
del aprendizaje, y la satisfacción de servir. Para
comunicarse con GRALP de PR puede escribir
al PO Box 385, Caguas, PR 00726-0385, al correo
electrónico [email protected], o acceder www.
facebook.com/recuperacionpr
Si desea recibir El Cucubano en versión
electrónica, por favor envíenos su
dirección electrónica a
[email protected]
slegales.org
cucubano@servicio slegales.org
cucubano@servicio
Escucha al personal de servicios legales de Puerto Rico
ofreciendo orientación legal
Puede escucharnos los lunes a las 9:30 a.m. por RADIO ATENAS 1500, (Manatí y áreas limítrofes).
Los jueves a las 11:30 a.m. por RADIO CASA PUEBLO 1020 (Adjuntas y áreas limítrofes)
Síguenos en
y los domingos a las 3:00 p.m. “Desde la Calle” en WKAQ - 580 AM
18
JULIO de 2014
Ayuda a las familias estar preparado
en esta temporada de huracanes
El “Prepárate Kit”
de la Cruz Roja
En muchas ocasiones, no es hasta que se avecina una tormenta cuando todos salen de prisa a prepararse. Debido a que no tenemos control sobre
los futuros desastres que nos puedan impactar, lo
que corresponde de nuestra parte es prepararnos.
Por eso, en esta temporada de huracanes, la Cruz
Roja Americana Capítulo de Puerto Rico ofrece
una variedad de herramientas útiles que ayudan a
la preparación familiar denominada como el “Prepárate Kit”.
El “Prepárate Kit” se compone del equipo de
suministros, las aplicaciones de Inundaciones y
Huracanes de la Cruz Roja y el Plan Familiar de Desastres. Para confeccionar tu equipo de suministros, es importante que consideres utilizar un bulto
o mochila impermeable y que sea fácil de portar.
Además, debes integrar los artículos esenciales
que ayudarán a cubrir tus necesidades básicas para
tres días. Algunos de los artículos recomendados
son: agua, alimentos no perecederos, un estuche
de primeros auxilios, radio y linterna, entre otros.
Además, es importante que personalices tu mochila con artículos como: medicamentos, copia de los
documentos importantes y una lista de los teléfonos de tus seres queridos.
El segundo elemento importante del Kit es el
Plan Familiar de Desastres de la Cruz Roja Americana. Este plan consiste de varias preguntas y
llena blancos diseñados para que entre todos los
miembros de tu familia, puedan conversar sobre
las tareas y responsabilidades de cada miembro
del hogar. Al igual, permite delinear cómo cada
miembro responderá en diferentes etapas del desastre. El Plan Familiar de Desastres se puede descargar gratis a través de la página Web cruzrojapr.
net.
Mientras, el tercer elemento del “Prepárate Kit”
son las aplicaciones de Inundaciones y Huracanes
de la Cruz Roja Americana. Estas aplicaciones, disponibles para descargar gratis en teléfonos IPhone y Androide, proveen información educativa de
preparación que está al alcance de tu mano. A la
vez, son interactivas, pues emiten alertas meteorológicas del lugar donde te encuentras y puedes
JULIO de 2014
Municipio dona rótulo
para CSD de Cayey
El Director del Centro de Servicio Directo de
SLPR en Cayey, Lcdo. Robert Laboy, agradeció la
gestión realizada por el Comité Asesor de Cayey
con el Municipio de Cayey para lograr la rotulación de las facilidades del Centro de Servicio Directo y así mejorar la visibilidad del edificio que
ubica en el casco urbano de la Ciudad del Torito.
“Gracias a las gestiones realizadas por el Comité Asesor de Cayey con el Municipio de Cayey,
éste último donó al Centro de Servicio Directo el
rótulo que identifica nuestra oficina y que tanta
falta hacía”, dijo el Lcdo. Laboy.
En la foto de izquierda a derecha, la Sra. Angelina Ruiz, miembro del Comité Asesor, el Sr. Emilio
Ortiz, Administrador del Edificio Plaza Empresarial, en representación del Alcalde de Cayey, Hon.
Rolando Ortiz y la Sra. Carmen Berrios, Presidenta
del Comité Asesor de Cayey.
enviar notificaciones sobre tu bienestar a tus medios sociales directamente desde estas aplicaciones.
Para descargar ambas aplicaciones, puedes hacer
una búsqueda bajo “American Red Cross” desde el
Apple App Store de IPhone y el Google Play Store
de Androide.
Además, la Organización cuenta con una tienda llamada Red Cross Shop donde ofrece diferentes
productos de primeros auxilios y supervivencia que
ayuda a las personas estar mejor preparados ante
cualquier desastre o emergencia. El Red Cross Shop
está ubicada en el primer nivel de Plaza Las Américas entre el pasillo de JC Penney y Macy’s. Todas las
ganancias generadas por la venta de los productos
de la tienda Red Cross Shop van destinadas a ayudar
a las familias afectadas por desastres.
Consejos y herramientas de cómo prepararse
existen; lo que corresponde ahora es apoderarnos
de esta información, reunirnos con nuestras familias y aplicarlas. Para conocer más consejos de preparación, puedes contactar a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico al 787-758-8150 o visitar
cruzrojapr.net. También, en Facebook bajo Cruz
Roja Americana Capítulo de Puerto Rico o en Twitter a través de @CruzRojadePR.
19
Un solo bufete, una sola justicia
Desde 1966, somos el proveedor principal de asesoramiento, servicios notariales y representación legal
civil gratuita a personas y comunidades de escasos recursos que cualifiquen. A través de nuestros 17
centros de servicio y nuestros proyectos especiales contribuimos a garantizar la igualdad y el acceso
a la justicia en todo Puerto Rico.
Sistema de Entrevista
Centralizado
Proyecto de Asesoramiento
Legal por Teléfono
787- 728-5070 Zona Metro
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Lunes a viernes 8 a.m. - 4 p.m.
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