Ordenamiento territorial para el aprovechamiento

Ordenamiento territorial para el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, la producción agropecuaria y la
adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.
Prioridad
5
Meta 1
Resultados
El 100% de los
municipios
cuenta con
planes de
ordenamiento
territorial
integral que se
implementan
satisfactoriamente
1.1. Se han mejorado las condiciones de vida de las poblaciones y los bienes y
servicios ecosistémicos por medio de la implementación de planes de
ordenamiento territorial integral, con enfoque de cuencas hidrográficas. Como
resultados asociados se pueden mencionar:
El mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
El sobreuso del suelo del territorio nacional no supera el 15%.
Se conserva y recupera el suelo propenso a erosión y que se encuentra en
sobreuso para el incremento de la productividad agropecuaria y la
dinamización de la economía de las familias rurales.
Se ha reducido la vulnerabilidad de la población ante las amenazas inducidas
por el cambio climático.
Se cuenta con territorios ordenados y con marcos jurídicos nacionales y
locales que permiten el cumplimiento de las actividades en la zonificación
territorial.
Se dispone de los estudios que determinan los límites máximos de expansión
de las actividades agroindustriales de acuerdo con la capacidad de uso de la
tierra, la disponibilidad de recursos hídricos y los contextos socioeconómicos
de las poblaciones locales.
Se ha mejorado y ordenado la ocupación de las viviendas y el desarrollo
urbano.
Se realiza un aprovechamiento ordenado y sostenible de las actividades
extractivas (minería y petróleo), asegurando la sostenibilidad ambiental,
respetando los derechos de los pueblos maya, xinka y garífuna, y mejorando
las condiciones de vida de las poblaciones locales (todo bajo el marco del
ordenamiento territorial).
Regulaciones adecuadas que consideren las externalidades negativas que
surgen de la presión sobre los recursos, particularmente sobre los no
renovables.
Incorporar en las políticas, la legislación y los programas los principios del
desarrollo sostenible, con el fin de evitar la pérdida de los recursos del medio
ambiente.
Acuerdos sociales que incluyan el compromiso de destinar mayores recursos
(humanos y financieros), con el fin de mejorar las prácticas de gestión
ambiental.
Mejoramiento de los mecanismos de control, evaluación e información
ambiental.
Incentivar los procesos productivos relacionados con la generación de energía
renovable.