TÍA MARÍA Y LA PROTESTA SOCIAL Desde nuestra

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TÍA MARÍA Y LA PROTESTA SOCIAL Desde nuestra
TÍA MARÍA Y LA PROTESTA SOCIAL
Desde nuestra última entrega los temas más saltantes han sido la censura del
Gabinete Jara y los diálogos del nuevo Premier, Pedro Cateriano, con la oposición,
buscando que el Congreso apruebe su nombramiento. Y el conflicto socio-ambiental de
Tía María (Valle del Tambo, Islay, Arequipa), iniciado el 23 de marzo y que ya lleva
más de tres semanas. Del primero ya se ha hablado suficientemente, por eso
centramos nuestro comentario en el segundo.
PARECE LLEGAR A SU FIN LA RELATIVA CALMA SOCIAL
Luego del conflicto de Espinar, a mediados del 2012, el gobierno abandonó el
enfoque represivo que inauguró en Conga y se privilegió el diálogo y la prevención
como mecanismos fundamentales para atender los conflictos, a través de la Oficina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), de la Presidencia del Consejo de
Ministros.
Desde entonces, si bien los conflictos socio ambientales continuaron, ellos
pudieron ser encauzados por vías npacíficas; como hemos podido ver recientemente
con el grave caso del conflicto en las cuatro cuencas de Loreto (Pastaza, Tigre,
Corrientes, Marañón). Hoy el caso de Tía María pone a prueba esta situación.
Tía María es un proyecto cuprífero de US$ 1,400 millones, de la empresa
mexicana Southern Perú Cooper. Está situado en una provincia donde el 85% del
territorio ha sido concesionado a empresas extractivas. Ya en el 2011 la población
manifestó su oposición a dicho proyecto, con un saldo de tres muertos y 44 heridos. A
raíz de ello, el Ministerio de Energía y Minas rechazó el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) presentado por dicha empresa en el 2009 y que había recibido 136
observaciones, en el 2010, por parte de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS). Recién en diciembre del 2013 Southern presentó un nuevo
EIA, que fue aprobado en marzo del 2014, pero que es objetado por la población.
La actual protesta es respaldada por los alcaldes distritales de Cocachacra,
Deán Valdivia, Punta de Bombón y el alcalde provincial de Islay, quienes en su
campaña electoral incluyeron el cuestionamiento a dicho proyecto en sus respectivas
plataformas electorales. Por su parte la gobernadora regional, Yamila Osorio, es
partidaria del proyecto siempre y cuando éste obtenga la licencia social.
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LA REACCIÓN GUBERNAMENTAL
Este conflicto encuentra al gobierno con una clara posición donde “salvo la
inversión todo es ilusión”. Ello le dificulta ver la parte de razón que tiene la demanda de
los pobladores y lo hace proclive a posiciones como las expresadas por el Premier
Pedro Cateriano, quien acusó a los Organismos no Gubernamentales (ONGs) de
manipular a los pobladores, versión que se repite en varios líderes de opinión.
Cateriano dijo “se estaba debatiendo sobre un informe técnico que ya había sido
superado y es ahí cuando entramos al terreno de la manipulación política de ONG” 1. El
gobierno parece no tomar en cuenta que:
+ los conflictos ambientales son una tendencia mundial
En efecto José de Echave, ex vice ministro de Gestión Ambiental, señala que
“La expansión de las actividades extractivas ha conllevado a nivel global a la
multiplicación de conflictos sociales (…) con demandas redistributivas, ambientales,
políticas y sociales” 2 . La filósofa Guadalupe Rodríguez, de la organización Salva la
Selva, es de similar opinión, ella nos dice que “Actualmente, son centenares las
comunidades en todos los países de Latinoamérica que se oponen y resisten al avance
de las industrias extractivas. En las redes sociales y medios alternativos, no paran de
fluir globalmente noticias sobre graves conflictos en torno a proyectos mineros, su
imposición y la resistencia social contra los mismos”3.
Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas
(CEPAL) lo confirma, hablando de un “incremento de conflictos socio ambientales
relacionados con grandes proyectos hidroeléctricos y mineros”. Y señala que “En la
mayoría de los países se ha producido una multiplicación y judicialización creciente de
conflictos asociados al desarrollo de proyectos e infraestructura energética, minera y de
transporte (entre otros) necesarios para el desarrollo de los sectores de recursos
naturales”4.
Por ello no se puede afirmar tan suelto de huesos que los problemas socio
ambientales son fruto solo de la manipulación política, incluso asumir este argumento
sería otorgarle un gran poder a los conspiradores. Y en el caso de Tía María las
preocupaciones de la población son reales y están referidas a la afectación del agua
del subsuelo, la calidad del aire (por los gases de las voladuras y el tránsito de
vehículos pesados) y la impermeabilización para que los residuos mineros no lleguen al
) “Presidente del Consejo de Ministros acusa a las Ongs de manipulación en el conflicto de Tía María”
CooperAcción Observatorio de Conflictos Mineros 13 de abril del 2015.
2 ) José de Echave, Alejandro Diez Más Allá de Conga (Lima,Red Peruana por una Globalización con Equidad,2013) p.7.
3 ) “Minería, ¿para qué, para dónde y para quién? Una mirada al hambre de materias primas del Norte y de cómo está insertada
la actividad minera en nuestras sociedades y modelo económicos” R.Hoetmer, M.Castro, M.Daza, J. De Echave y C.Ruiz
Minería y Movimientos Sociales en el Perú. Instrumentos y Propuestas para la Defensa de la Vida, el Agua y los Territorios”
(Lima, Programa Democracia y Transformación Global-CooperAcción-Acsur Las Segovias-Entre Pueblos, setiembre 2013) p.
117.
4 ) Recursos naturales: situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional en América Latina y el Caribe
Contribución de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Santiago, CEPAL, 2013) pp. 64 y 11.
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acuífero; pues consideran que puede afectar a la agricultura y a la ganadería, de la cual
depende su sustento5.
+ Que al alinearse con la posición de la Southern, pierde su capacidad de mediar
en el conflicto
Lo grave es que no solo es Cateriano, sino también el Presidente Humala y los
Ministros de Economía, Energía y Minas y hasta el del Medio Ambiente, los que han
manifestado de diversas maneras que “Tía María va”, descalificando los argumentos de
la población que se opone a dicho proyecto. Según el Premier Cateriano “no nos
podemos dar el lujo de rechazar un proyecto que traerá progreso a la región Arequipa y
beneficio a los más necesitados. Qué ganamos oponiéndonos al proyecto. Que no
haya agua, vivienda, un buen hospital, que no haya seguridad ciudadana, que no
existan las condiciones de vida a las que hoy un ciudadano del siglo XX tiene
derecho”6.Por su parte Pulgar Vidal declaró "Hay que apoyar cuando las cosas están
bien hechas, el estudio de impacto ambiental está bien aprobado, las observaciones
están bien levantadas, y no tengo ningún temor a que sí (el proyecto va)"7.
Como señalan los de CooperAcción “los adjetivos que hoy en día se utilizan en
contra de las organizaciones que han planteado cuestionamientos al proyecto Tía
María, ya se escucharon el 2010 y 2011. En ese entonces también se los acusaba de
exagerar los cuestionamientos ambientales al proyecto; se les dijo anti mineros,
violentistas; manipuladores, etc. Y por supuesto se defendió la supuesta rigurosidad del
Estudio de Impacto Ambiental”8.
+ y aumenta la desconfianza de la población
Los de la ONG Desco destacan “la profunda desconfianza de la población (o de
un sector significativo de ella que no puede ser acusada de terrorista como lo hiciera un
vocero de la empresa) hacia el Estado y hacia Southern, cuya imagen, construida en
50 años, no es precisamente muy positiva. Es difícil creer que eventuales explicaciones
detalladas de distintos estudios técnicos superen tal desconfianza (recordemos la
estéril experiencia con los peritos extranjeros que contrató el ex–premier Valdés en el
caso de Conga)”9.
5)
Para una relación detallada de las objeciones de la población ver el libro Valle de Tambo-Islay: Territorio, Agua y Derechos
locales en riesgo con la minería a tajo abierto (Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo, Municipalidad de Dean Valdivia,
CooperAcción, Red Muqui, 2011). Se puede bajar de http://www.cooperaccion.org.pe/centrodocumentacion/00119.pdf
6 ) http://semanaeconomica.com/article/extractivos/158474-pedro-cateriano-no-podemos-darnos-el-lujo-de-rechazar-tiamaria/?utm_source=boletin&utm_medium=matutino&utm_campaign=2015-0416&hq_e=el&hq_m=773377&hq_l=10&hq_v=593c1e1cbf
7 )
http://semanaeconomica.com/article/extractivos/158303-manuel-pulgar-vidal-descarta-posibilidad-de-consulta-popular-porproyecto-tia-maria/
8 ) Presidente del Consejo de Ministros…
9 ) “De Conga a Tía María, el fracaso de la política” en Desco Opina, 10 de abril del 2015.
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LAS DIVERSAS POSICIONES
El Conflicto de Tía María ha vuelto a recordarnos que en el país existen diversas
posiciones frente a las empresas extractivas. Mencionamos a continuación tres de
ellas:
+ Los que están a favor de cualquier proyecto extractivo
En este grupo encontramos a una buena parte del sector empresarial (nacional
y extranjero), buena parte del Ejecutivo (sobre todo en el Ministerio de Energía y Minas,
pero también en el Ministerio de Economía y en el caso de Tía María
sorprendentemente al Ministerio del Ambiente), la mayoría de medios de comunicación
y un sector de la opinión pública. Para ellos el crecimiento basado en recursos
naturales es una condición sine qua non del proceso de desarrollo del país.
Este sector que defiende las actividades extractivas (especialmente la minería)
cree que los que cuestionan la presencia de ellas desconocen las nuevas tecnologías
que logran que los niveles de contaminación sean manejables o sabiéndolo manipulan
a la población, con fines políticos. Por eso los tildan de radicales anti-sistema, hasta
terroristas les han dicho. También tienden a ver las protestas como ruido político que
desalienta la inversión, lo que consideran más grave aún en un contexto de
desaceleración de nuestra economía.
Pero también creen firmemente que los que deben decidir sobre si un proyecto
va o no, no son los habitantes de la zona donde se llevará a cabo un proyecto
extractivo sino el gobierno nacional, en representación de todos los peruanos y
peruanas. Alfredo Torres, Presidente Ejecutivo de Ipsos Perú, resume bien esta
posición. Él nos dice “Según la legislación peruana, los recursos naturales que están
en el subsuelo son de todos los peruanos, no de los vecinos de la zona. Por lo tanto, es
correcta la decisión del Estado de sacar el proyecto adelante y están equivocados los
pobladores del Valle de Tambo si creen que tienen derecho a impedir el proyecto. En
todo caso, si hubiese que tomar la decisión de continuar o detener el proyecto según la
opinión de la población, el público más relevante por considerar sería la población
nacional, mil veces mayor que la población del Valle de Tambo” 10.Por todo ello ven
cualquier cuestionamiento a las mismas como un atentado contra el desarrollo del país.
Como este sector no reconoce que hay razones valederas en los opositores, y
tienden a pensar más en términos de un “complot anti minero”, no reconocen
legitimidad alguna a las demandas de la población.
Por ello, son normalmente
renuentes a todo diálogo (por considerarlo una debilidad del Estado) y más bien
favorecen el uso de los instrumentos de coerción con los que cuenta el Estado, ya sea
directa (Fuerzas Armadas, Policía Nacional) o indirecta (SUNAT, Contraloría, Poder
Judicial etc.) para manejar y controlar los conflictos.
) “Tía Yamila”, 15 de abril del 2015. En http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/tia-yamila-alfredo-torres-noticia
1804217?utm_source=mail&utm_medium=newsletter&utm_content=2&utm_campaign=20150415
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Respondiendo a esta visión Erick Pajares G. afirma que “la mayoría de conflictos
no son, como piensan algunos, la ofensiva anti-sistema de una conspiración ideológica
para destruir el Estado o la protesta acumuladora de fuerzas insurgentes. Es más
sencillo, es una demanda de inclusión política y legal, de distribución, de
oportunidades, o a veces, solo de diálogo. En síntesis, se trata de atacar el malestar
que genera el descontento”. Y agrega que “Es una convicción equívoca el considerar
que los conflictos sociales constituyen un problema meramente de orden público y no
de demanda por justicia (por establecer relaciones menos asimétricas entre Estado,
población local y empresas), y por lograr la implementación de mecanismos que
institucionalicen el diálogo como estrategia prioritaria para canalizar la participación de
la población, de la sociedad civil, en la toma de decisiones relativas a la gestión de los
recursos naturales del país” 11.
+ Los que generalmente están en contra de cualquier proyecto extractivo
Ellos consideran que:
a) La presencia de las empresas extractivas realmente trae más problemas que
beneficios. Y más bien hablan del fracaso de la minería como motor del desarrollo
regional. Ello debido a lo señalado por el economista Jurgen Schuldt “son muy pocas
las personas que normalmente pueden integrarse a las planillas de las empresas
mineras y petroleras; y, de otra parte, es poco lo que ellas adquieren en insumos,
equipo, maquinaria y hasta alimentos del entorno en que realizan sus actividades”12.
Este sector piensa que la explotación de los recursos naturales sólo ha
favorecido a las élites y en cambio la población de esos lugares se ha visto afectada
por cambios en sus condiciones de vida. De Echave y Diez señalan que para los
sectores que en Cajamarca se oponen a la minería, ella “ha generado una serie de
efectos indeseables, como la llegada de población externa, que no respeta las
costumbres locales; el incremento de bares y burdeles, por la demanda que genera el
trabajo minero y, a su vez, la abundancia que este implica; y, la inseguridad en las
calles, que deriva de los dos aspectos anteriores. A todo ello, se suma un incremento
sensible del costo de vida, en particular en rubros como la vivienda, el transporte y los
servicios, que afectan las economías de la población ajena a la actividad extractiva” 13.
Si a ello sumamos el poco impacto en el empleo, se entiende el sentimiento de
la población. Efectivamente, Enrique Vásquez y Andrés Gatty dicen que “existen
regiones rurales donde el crecimiento se ha dado por otros sectores que son intensivos
en capital y no en mano de obra, por lo que no han contribuido a reducir la pobreza
multidimensional. Por ejemplo, en Cajamarca, la actividad económica principal ha sido
la minería, con una participación porcentual de 20% durante el 2010. Sin embargo, la
importancia de la minería en Cajamarca no se ve reflejada en la cantidad de mano de
) La reinvención fallida: una comprensión de la política y la economía, desde lo ambiental” en Eduardo Toche (compilador)
Perú Hoy. La Gran Continuidad (Lima, Desco, 2012) p.371 y 368-369.
12 ) Futurología de la economía política peruana en Bruno Seminario, Cynthia A. Sanborn y Nikolai Alva (eds.) “Cuando
despertemos en el 2062. Visiones del Perú en 50 años” (Lima, Universidad del Pacífico, 2013) p.100.
13 ) José de Echave, Alejandro Diez Más Allá de Conga (Lima, Red Peruana por una Globalización con Equidad, 2013) p. 105.
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obra que emplea, pues al 2010 solamente 0,9% de la PEA ocupada trabajaba en
minería, mientras que la mayor proporción lo hacía en agricultura (55%) (INEI 2010)”14.
b) Además, este sector considera que los proyectos de explotación de los recursos
naturales ponen en riesgo alternativas económicas y medios de vida que les
ofrecen mayor seguridad a largo plazo. Javier Arellano sostiene que “la resistencia a la
construcción de nuevas minas o a la ampliación de minas ya existentes, conflictos
donde se juega al todo o nada, se dan cuando los pobladores consideran que la
minería pone en riesgo alternativas económicas y medios de vida [como son el agro, la
ganadería, la recolección, la pesca, etc.] que les ofrecen mayor seguridad a largo
plazo”15.
La Defensoría del Pueblo, en su informe sobre los conflictos sociales, señala que
agua y tierra “para las comunidades constituyen medios de vida que les han permitido
subsistir a través del tiempo”16. Al respecto la Junta de Usuarios del Valle de Tambo fijó
su posición frente a Tía María señalando que “no hay ni habrá licencia social
porque tenemos que proteger nuestra vida, agua y la agricultura; nuestra fuente de
vida”17. Y José Luis López Follegati, coordinador del Diálogo Minero, sostiene que hace
tres o cuatro años el 90% de la población del Valle de Tambo estaba a favor del
proyecto; hoy solo entre el 30% y el 40% lo está18.
Desco dice que “Los ofrecimientos de obras de infraestructura (incluso la
empresa ha ofrecido 100 millones de Nuevos Soles para el valle) suenan a intentos de
comprar voluntades, en un ámbito no precisamente caracterizado por altos niveles de
pobreza, donde existe un importante sector de pequeños y medianos productores
dinámicos, capitalizados y activamente vinculados al mercado regional, quienes son los
que tienen que perder más ante una eventual deterioro del valle por la minería” 19.
Similar opinión tienen los pobladores de Yagen, ellos afirman “Nos han ofrecido
trabajo por dos años, cuando los valles de nuestro río Marañón vienen generando
trabajo generación tras generación y gracias a ello hemos podido educar a nuestros
hijos; si se represa el Marañón, cientos de nosotros perderemos nuestra fuente de
trabajo y estaremos condenados a vivir en la miseria. Las fuentes de trabajo que
genera el Marañón además de ser permanentes no nos pide un curriculum vitae, no
discrimina si tenemos o no educación superior, tampoco pide límites de edad y el
trabajo no es para unos cuantos, sino para toda nuestra comunidad”20.
) “La casi indomable pobreza multidimensional” en Bruno Seminario, Cynthia A. Sanborn y Nikolai Alva (eds.) “Cuando
despertemos en el 2062. Visiones del Perú en 50 años” (Lima, Universidad del Pacífico, 2013) p.344.
15) Javier Arellano Yanguas ¿Minería sin fronteras? Conflicto y Desarrollo en Regiones Mineras del Perú (Universidad Ruiz de
Montoya, IEP, PUCP, 2011) pp. 150 y 273.
16 ) Defensoría del Pueblo del Perú Violencia en los conflictos sociales, Informe Defensorial N° 156 (Lima, marzo 2012) p.35.
17 ) Pronunciamiento del 28 de junio del 2014.
18 ) Cf. Gino Costa “Para Salvar Tía María”, 13 de abril del 2015.
19 ) “De Conga a Tía María, el fracaso de la política” en Desco Opina, 10 de abril del 2015.
20 ) Tomado de Pronunciamiento del Frente de Defensa de los Intereses del Centro Poblado de Yagén
http://servindi.org/actualidad/94007
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c) Y también se oponen debido a la contaminación que generalmente traen los
proyectos extractivos. César Padilla, Coordinador del Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina (OCMAL) nos habla de “La percepción cada vez más
generalizada de que la minería afecta el ambiente, agota y contamina las fuentes de
aguas, deteriora el entorno y que está llena de peligros por las sustancias tóxicas que
utiliza; hace que el cuestionamiento a la minería se incremente de manera constante en
todos los países de la región”21.
+ Los que plantean que las empresas extractivas deben contar con licencia
social, ser ambientalmente responsables y generar desarrollo local
Hay quienes hacen depender la presencia de empresas extractivas para la
explotación de los riquísimos recursos naturales con que contamos al cumplimiento de
determinados requisitos. Ellos no buscan eliminar estas actividades, sino regularla
para que se desarrollen en armonía con otros sectores productivos. Entre los requisitos
consideran:
1.- El consentimiento de la población. Aquí es central el tema del consentimiento
previo, libre e informado que menciona el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Algo se avanzó en este gobierno con la aprobación de
la Ley de Consulta y su Reglamento, habiéndose realizado a la fecha 22 procesos de
consulta en la Región Amazónica. Sin embargo se le niega sistemáticamente este
derecho a las poblaciones indígenas de la costa y sierra del país.
b.- La existencia de estándares ambientales altos, que evite que sigan proliferando
los pasivos ambientales (8,206 en la actualidad). El problema es que, como señala Ana
Leyva, “buena parte del sector empresarial y de la clase política considera que la
gestión ambiental pone trabas a la inversión privada”. Por ello, hay una evidente falta
de voluntad política para implementarla. Leyva señala que “Mientras no haya una real
voluntad política de fortalecer el sistema de gestión ambiental, ordenando y
armonizando competencias y funciones de manera descentralizada y desconcentrada,
y no se le asigne los recursos necesarios, no hay manera de que la situación mejore y
tengamos resultados más alentadores” 22.
c.- Que la presencia de las industrias extractivas traiga beneficios tangibles para la
población en temas como empleo, ingresos, compras locales, valor agregado y
actividades que generen desarrollo local. Juan Edwin Alejandro, Martín Scurrah y
Alejandro Laos afirman que “la gran minería no apoya a los mercados locales ya que se
abastece externamente de sus principales insumos, incluso para la alimentación de sus
) “Expansión de la Minería en América Latina” en R.Hoetmer, M.Castro, M.Daza, J. De Echave y C.Ruiz Minería y
Movimientos Sociales en el Perú… p.100.
22 ) “El sistema de gestión ambiental bajo la lupa de los conflictos sociales” R.Hoetmer, M.Castro, M.Daza, J. De Echave y
C.Ruiz Minería y Movimientos Sociales… pp.512 y 514.
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trabajadores lo traen de afuera. Sin contribución al consumo local y con una gran
invasión externa de productos hacen fracasar la producción campesina”23.
DEBE PREVALECER EL DIÁLOGO
Coincidimos con la Defensoría del Pueblo cuando señala que el adecuado
tratamiento de los conflictos sociales “representa uno de los retos más importantes
para la consolidación de la democracia y la cultura de paz en el Perú”. La Defensoría
insta a comprender que “los conflictos sociales deben ser entendidos como
modalidades de expresión ciudadana que, adecuadamente gestionados, se pueden
convertir en oportunidades para el país”24.
Con el diálogo y la escucha el Estado no pierde, no se hace débil como se cree,
sino al contrario, ganaría mucho en términos de generar la confianza que tanto
necesita. Esto implicaría que se promuevan los canales efectivos y que se muestre
disposición de escucha así como de respuesta a cada uno de los argumentos de la
población y sus líderes. Sin embargo el haber dejado que el conflicto escale no solo
muestra carencias en esa disposición a la que hacemos mención, sino que actualmente
hace muy difícil el diálogo porque los ánimos están subidos.
Pese a ello no es imposible dialogar, por el contrario, en este momento político
que se busca generar consensos desde el gobierno con el nuevo primer ministro
resulta indispensable que desde el campo de Tía María también se busque encontrar
los puntos de conciliación. Y si seguimos el argumento de sectores del gobierno
veamos si el diálogo no es un buen modo de neutralizar a “los conspiradores del
conflicto”. Dicho sea de paso, podrían existir los conspiradores como en cualquier
situación, pero tendría que demostrarse y no simplemente levantar acusaciones que
revelan posturas tomadas de antemano.
Una propuesta de salida para el actual conflicto de Tía María ha sido que la
UNOPS confirme si el nuevo EIA resolvió las 136 observaciones anteriores, algo que el
Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas consideran innecesario.
Coincidimos con Santiago Pedraglio cuando afirma que “Si existe verdadera voluntad
política del gobierno y un poco de calma para resolver el asunto, se le debería encargar
a la UNOPS –en acuerdo con los municipios involucrados y la empresa– que evalúe si
han atendido sus observaciones. La razón es triple: ellos hicieron la primera revisión;
en las observaciones que planteó se basan los que se oponen al proyecto; y,
finalmente, valgan verdades, los ciudadanos no tienen confianza en el Estado”25.
Otra opción es la de un referéndum, al cual el gobierno también se opone. Nos
preguntamos si se afirma con tanta fuerza que la oposición es de una minoría ¿qué
mejor forma de probarlo que con un referéndum? Lima, 20 de abril del 2015
) “Fortalecimiento de la agricultura familiar en zonas mineras” en Javier Jahncke Coordinador: Propuestas de políticas
públicas para una nueva minería en el Perú (Lima, Red Muqui, 2014) p. 132.
24) Defensoría del Pueblo del Perú Violencia en los conflictos sociales, Informe Defensorial N° 156 (Lima, marzo 2012) pp. 102 y
125.
25 ) “Tía María en el filo” en Perú 21, 15 de abril del 2015.
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