TÃA MARÃA Y LA PROTESTA SOCIAL Desde nuestra
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TÃA MARÃA Y LA PROTESTA SOCIAL Desde nuestra
TÍA MARÍA Y LA PROTESTA SOCIAL Desde nuestra última entrega los temas más saltantes han sido la censura del Gabinete Jara y los diálogos del nuevo Premier, Pedro Cateriano, con la oposición, buscando que el Congreso apruebe su nombramiento. Y el conflicto socio-ambiental de Tía María (Valle del Tambo, Islay, Arequipa), iniciado el 23 de marzo y que ya lleva más de tres semanas. Del primero ya se ha hablado suficientemente, por eso centramos nuestro comentario en el segundo. PARECE LLEGAR A SU FIN LA RELATIVA CALMA SOCIAL Luego del conflicto de Espinar, a mediados del 2012, el gobierno abandonó el enfoque represivo que inauguró en Conga y se privilegió el diálogo y la prevención como mecanismos fundamentales para atender los conflictos, a través de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), de la Presidencia del Consejo de Ministros. Desde entonces, si bien los conflictos socio ambientales continuaron, ellos pudieron ser encauzados por vías npacíficas; como hemos podido ver recientemente con el grave caso del conflicto en las cuatro cuencas de Loreto (Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón). Hoy el caso de Tía María pone a prueba esta situación. Tía María es un proyecto cuprífero de US$ 1,400 millones, de la empresa mexicana Southern Perú Cooper. Está situado en una provincia donde el 85% del territorio ha sido concesionado a empresas extractivas. Ya en el 2011 la población manifestó su oposición a dicho proyecto, con un saldo de tres muertos y 44 heridos. A raíz de ello, el Ministerio de Energía y Minas rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por dicha empresa en el 2009 y que había recibido 136 observaciones, en el 2010, por parte de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Recién en diciembre del 2013 Southern presentó un nuevo EIA, que fue aprobado en marzo del 2014, pero que es objetado por la población. La actual protesta es respaldada por los alcaldes distritales de Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón y el alcalde provincial de Islay, quienes en su campaña electoral incluyeron el cuestionamiento a dicho proyecto en sus respectivas plataformas electorales. Por su parte la gobernadora regional, Yamila Osorio, es partidaria del proyecto siempre y cuando éste obtenga la licencia social. 1 LA REACCIÓN GUBERNAMENTAL Este conflicto encuentra al gobierno con una clara posición donde “salvo la inversión todo es ilusión”. Ello le dificulta ver la parte de razón que tiene la demanda de los pobladores y lo hace proclive a posiciones como las expresadas por el Premier Pedro Cateriano, quien acusó a los Organismos no Gubernamentales (ONGs) de manipular a los pobladores, versión que se repite en varios líderes de opinión. Cateriano dijo “se estaba debatiendo sobre un informe técnico que ya había sido superado y es ahí cuando entramos al terreno de la manipulación política de ONG” 1. El gobierno parece no tomar en cuenta que: + los conflictos ambientales son una tendencia mundial En efecto José de Echave, ex vice ministro de Gestión Ambiental, señala que “La expansión de las actividades extractivas ha conllevado a nivel global a la multiplicación de conflictos sociales (…) con demandas redistributivas, ambientales, políticas y sociales” 2 . La filósofa Guadalupe Rodríguez, de la organización Salva la Selva, es de similar opinión, ella nos dice que “Actualmente, son centenares las comunidades en todos los países de Latinoamérica que se oponen y resisten al avance de las industrias extractivas. En las redes sociales y medios alternativos, no paran de fluir globalmente noticias sobre graves conflictos en torno a proyectos mineros, su imposición y la resistencia social contra los mismos”3. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) lo confirma, hablando de un “incremento de conflictos socio ambientales relacionados con grandes proyectos hidroeléctricos y mineros”. Y señala que “En la mayoría de los países se ha producido una multiplicación y judicialización creciente de conflictos asociados al desarrollo de proyectos e infraestructura energética, minera y de transporte (entre otros) necesarios para el desarrollo de los sectores de recursos naturales”4. Por ello no se puede afirmar tan suelto de huesos que los problemas socio ambientales son fruto solo de la manipulación política, incluso asumir este argumento sería otorgarle un gran poder a los conspiradores. Y en el caso de Tía María las preocupaciones de la población son reales y están referidas a la afectación del agua del subsuelo, la calidad del aire (por los gases de las voladuras y el tránsito de vehículos pesados) y la impermeabilización para que los residuos mineros no lleguen al ) “Presidente del Consejo de Ministros acusa a las Ongs de manipulación en el conflicto de Tía María” CooperAcción Observatorio de Conflictos Mineros 13 de abril del 2015. 2 ) José de Echave, Alejandro Diez Más Allá de Conga (Lima,Red Peruana por una Globalización con Equidad,2013) p.7. 3 ) “Minería, ¿para qué, para dónde y para quién? Una mirada al hambre de materias primas del Norte y de cómo está insertada la actividad minera en nuestras sociedades y modelo económicos” R.Hoetmer, M.Castro, M.Daza, J. De Echave y C.Ruiz Minería y Movimientos Sociales en el Perú. Instrumentos y Propuestas para la Defensa de la Vida, el Agua y los Territorios” (Lima, Programa Democracia y Transformación Global-CooperAcción-Acsur Las Segovias-Entre Pueblos, setiembre 2013) p. 117. 4 ) Recursos naturales: situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional en América Latina y el Caribe Contribución de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Santiago, CEPAL, 2013) pp. 64 y 11. 1 2 acuífero; pues consideran que puede afectar a la agricultura y a la ganadería, de la cual depende su sustento5. + Que al alinearse con la posición de la Southern, pierde su capacidad de mediar en el conflicto Lo grave es que no solo es Cateriano, sino también el Presidente Humala y los Ministros de Economía, Energía y Minas y hasta el del Medio Ambiente, los que han manifestado de diversas maneras que “Tía María va”, descalificando los argumentos de la población que se opone a dicho proyecto. Según el Premier Cateriano “no nos podemos dar el lujo de rechazar un proyecto que traerá progreso a la región Arequipa y beneficio a los más necesitados. Qué ganamos oponiéndonos al proyecto. Que no haya agua, vivienda, un buen hospital, que no haya seguridad ciudadana, que no existan las condiciones de vida a las que hoy un ciudadano del siglo XX tiene derecho”6.Por su parte Pulgar Vidal declaró "Hay que apoyar cuando las cosas están bien hechas, el estudio de impacto ambiental está bien aprobado, las observaciones están bien levantadas, y no tengo ningún temor a que sí (el proyecto va)"7. Como señalan los de CooperAcción “los adjetivos que hoy en día se utilizan en contra de las organizaciones que han planteado cuestionamientos al proyecto Tía María, ya se escucharon el 2010 y 2011. En ese entonces también se los acusaba de exagerar los cuestionamientos ambientales al proyecto; se les dijo anti mineros, violentistas; manipuladores, etc. Y por supuesto se defendió la supuesta rigurosidad del Estudio de Impacto Ambiental”8. + y aumenta la desconfianza de la población Los de la ONG Desco destacan “la profunda desconfianza de la población (o de un sector significativo de ella que no puede ser acusada de terrorista como lo hiciera un vocero de la empresa) hacia el Estado y hacia Southern, cuya imagen, construida en 50 años, no es precisamente muy positiva. Es difícil creer que eventuales explicaciones detalladas de distintos estudios técnicos superen tal desconfianza (recordemos la estéril experiencia con los peritos extranjeros que contrató el ex–premier Valdés en el caso de Conga)”9. 5) Para una relación detallada de las objeciones de la población ver el libro Valle de Tambo-Islay: Territorio, Agua y Derechos locales en riesgo con la minería a tajo abierto (Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo, Municipalidad de Dean Valdivia, CooperAcción, Red Muqui, 2011). Se puede bajar de http://www.cooperaccion.org.pe/centrodocumentacion/00119.pdf 6 ) http://semanaeconomica.com/article/extractivos/158474-pedro-cateriano-no-podemos-darnos-el-lujo-de-rechazar-tiamaria/?utm_source=boletin&utm_medium=matutino&utm_campaign=2015-0416&hq_e=el&hq_m=773377&hq_l=10&hq_v=593c1e1cbf 7 ) http://semanaeconomica.com/article/extractivos/158303-manuel-pulgar-vidal-descarta-posibilidad-de-consulta-popular-porproyecto-tia-maria/ 8 ) Presidente del Consejo de Ministros… 9 ) “De Conga a Tía María, el fracaso de la política” en Desco Opina, 10 de abril del 2015. 3 LAS DIVERSAS POSICIONES El Conflicto de Tía María ha vuelto a recordarnos que en el país existen diversas posiciones frente a las empresas extractivas. Mencionamos a continuación tres de ellas: + Los que están a favor de cualquier proyecto extractivo En este grupo encontramos a una buena parte del sector empresarial (nacional y extranjero), buena parte del Ejecutivo (sobre todo en el Ministerio de Energía y Minas, pero también en el Ministerio de Economía y en el caso de Tía María sorprendentemente al Ministerio del Ambiente), la mayoría de medios de comunicación y un sector de la opinión pública. Para ellos el crecimiento basado en recursos naturales es una condición sine qua non del proceso de desarrollo del país. Este sector que defiende las actividades extractivas (especialmente la minería) cree que los que cuestionan la presencia de ellas desconocen las nuevas tecnologías que logran que los niveles de contaminación sean manejables o sabiéndolo manipulan a la población, con fines políticos. Por eso los tildan de radicales anti-sistema, hasta terroristas les han dicho. También tienden a ver las protestas como ruido político que desalienta la inversión, lo que consideran más grave aún en un contexto de desaceleración de nuestra economía. Pero también creen firmemente que los que deben decidir sobre si un proyecto va o no, no son los habitantes de la zona donde se llevará a cabo un proyecto extractivo sino el gobierno nacional, en representación de todos los peruanos y peruanas. Alfredo Torres, Presidente Ejecutivo de Ipsos Perú, resume bien esta posición. Él nos dice “Según la legislación peruana, los recursos naturales que están en el subsuelo son de todos los peruanos, no de los vecinos de la zona. Por lo tanto, es correcta la decisión del Estado de sacar el proyecto adelante y están equivocados los pobladores del Valle de Tambo si creen que tienen derecho a impedir el proyecto. En todo caso, si hubiese que tomar la decisión de continuar o detener el proyecto según la opinión de la población, el público más relevante por considerar sería la población nacional, mil veces mayor que la población del Valle de Tambo” 10.Por todo ello ven cualquier cuestionamiento a las mismas como un atentado contra el desarrollo del país. Como este sector no reconoce que hay razones valederas en los opositores, y tienden a pensar más en términos de un “complot anti minero”, no reconocen legitimidad alguna a las demandas de la población. Por ello, son normalmente renuentes a todo diálogo (por considerarlo una debilidad del Estado) y más bien favorecen el uso de los instrumentos de coerción con los que cuenta el Estado, ya sea directa (Fuerzas Armadas, Policía Nacional) o indirecta (SUNAT, Contraloría, Poder Judicial etc.) para manejar y controlar los conflictos. ) “Tía Yamila”, 15 de abril del 2015. En http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/tia-yamila-alfredo-torres-noticia 1804217?utm_source=mail&utm_medium=newsletter&utm_content=2&utm_campaign=20150415 10 4 Respondiendo a esta visión Erick Pajares G. afirma que “la mayoría de conflictos no son, como piensan algunos, la ofensiva anti-sistema de una conspiración ideológica para destruir el Estado o la protesta acumuladora de fuerzas insurgentes. Es más sencillo, es una demanda de inclusión política y legal, de distribución, de oportunidades, o a veces, solo de diálogo. En síntesis, se trata de atacar el malestar que genera el descontento”. Y agrega que “Es una convicción equívoca el considerar que los conflictos sociales constituyen un problema meramente de orden público y no de demanda por justicia (por establecer relaciones menos asimétricas entre Estado, población local y empresas), y por lograr la implementación de mecanismos que institucionalicen el diálogo como estrategia prioritaria para canalizar la participación de la población, de la sociedad civil, en la toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos naturales del país” 11. + Los que generalmente están en contra de cualquier proyecto extractivo Ellos consideran que: a) La presencia de las empresas extractivas realmente trae más problemas que beneficios. Y más bien hablan del fracaso de la minería como motor del desarrollo regional. Ello debido a lo señalado por el economista Jurgen Schuldt “son muy pocas las personas que normalmente pueden integrarse a las planillas de las empresas mineras y petroleras; y, de otra parte, es poco lo que ellas adquieren en insumos, equipo, maquinaria y hasta alimentos del entorno en que realizan sus actividades”12. Este sector piensa que la explotación de los recursos naturales sólo ha favorecido a las élites y en cambio la población de esos lugares se ha visto afectada por cambios en sus condiciones de vida. De Echave y Diez señalan que para los sectores que en Cajamarca se oponen a la minería, ella “ha generado una serie de efectos indeseables, como la llegada de población externa, que no respeta las costumbres locales; el incremento de bares y burdeles, por la demanda que genera el trabajo minero y, a su vez, la abundancia que este implica; y, la inseguridad en las calles, que deriva de los dos aspectos anteriores. A todo ello, se suma un incremento sensible del costo de vida, en particular en rubros como la vivienda, el transporte y los servicios, que afectan las economías de la población ajena a la actividad extractiva” 13. Si a ello sumamos el poco impacto en el empleo, se entiende el sentimiento de la población. Efectivamente, Enrique Vásquez y Andrés Gatty dicen que “existen regiones rurales donde el crecimiento se ha dado por otros sectores que son intensivos en capital y no en mano de obra, por lo que no han contribuido a reducir la pobreza multidimensional. Por ejemplo, en Cajamarca, la actividad económica principal ha sido la minería, con una participación porcentual de 20% durante el 2010. Sin embargo, la importancia de la minería en Cajamarca no se ve reflejada en la cantidad de mano de ) La reinvención fallida: una comprensión de la política y la economía, desde lo ambiental” en Eduardo Toche (compilador) Perú Hoy. La Gran Continuidad (Lima, Desco, 2012) p.371 y 368-369. 12 ) Futurología de la economía política peruana en Bruno Seminario, Cynthia A. Sanborn y Nikolai Alva (eds.) “Cuando despertemos en el 2062. Visiones del Perú en 50 años” (Lima, Universidad del Pacífico, 2013) p.100. 13 ) José de Echave, Alejandro Diez Más Allá de Conga (Lima, Red Peruana por una Globalización con Equidad, 2013) p. 105. 11 5 obra que emplea, pues al 2010 solamente 0,9% de la PEA ocupada trabajaba en minería, mientras que la mayor proporción lo hacía en agricultura (55%) (INEI 2010)”14. b) Además, este sector considera que los proyectos de explotación de los recursos naturales ponen en riesgo alternativas económicas y medios de vida que les ofrecen mayor seguridad a largo plazo. Javier Arellano sostiene que “la resistencia a la construcción de nuevas minas o a la ampliación de minas ya existentes, conflictos donde se juega al todo o nada, se dan cuando los pobladores consideran que la minería pone en riesgo alternativas económicas y medios de vida [como son el agro, la ganadería, la recolección, la pesca, etc.] que les ofrecen mayor seguridad a largo plazo”15. La Defensoría del Pueblo, en su informe sobre los conflictos sociales, señala que agua y tierra “para las comunidades constituyen medios de vida que les han permitido subsistir a través del tiempo”16. Al respecto la Junta de Usuarios del Valle de Tambo fijó su posición frente a Tía María señalando que “no hay ni habrá licencia social porque tenemos que proteger nuestra vida, agua y la agricultura; nuestra fuente de vida”17. Y José Luis López Follegati, coordinador del Diálogo Minero, sostiene que hace tres o cuatro años el 90% de la población del Valle de Tambo estaba a favor del proyecto; hoy solo entre el 30% y el 40% lo está18. Desco dice que “Los ofrecimientos de obras de infraestructura (incluso la empresa ha ofrecido 100 millones de Nuevos Soles para el valle) suenan a intentos de comprar voluntades, en un ámbito no precisamente caracterizado por altos niveles de pobreza, donde existe un importante sector de pequeños y medianos productores dinámicos, capitalizados y activamente vinculados al mercado regional, quienes son los que tienen que perder más ante una eventual deterioro del valle por la minería” 19. Similar opinión tienen los pobladores de Yagen, ellos afirman “Nos han ofrecido trabajo por dos años, cuando los valles de nuestro río Marañón vienen generando trabajo generación tras generación y gracias a ello hemos podido educar a nuestros hijos; si se represa el Marañón, cientos de nosotros perderemos nuestra fuente de trabajo y estaremos condenados a vivir en la miseria. Las fuentes de trabajo que genera el Marañón además de ser permanentes no nos pide un curriculum vitae, no discrimina si tenemos o no educación superior, tampoco pide límites de edad y el trabajo no es para unos cuantos, sino para toda nuestra comunidad”20. ) “La casi indomable pobreza multidimensional” en Bruno Seminario, Cynthia A. Sanborn y Nikolai Alva (eds.) “Cuando despertemos en el 2062. Visiones del Perú en 50 años” (Lima, Universidad del Pacífico, 2013) p.344. 15) Javier Arellano Yanguas ¿Minería sin fronteras? Conflicto y Desarrollo en Regiones Mineras del Perú (Universidad Ruiz de Montoya, IEP, PUCP, 2011) pp. 150 y 273. 16 ) Defensoría del Pueblo del Perú Violencia en los conflictos sociales, Informe Defensorial N° 156 (Lima, marzo 2012) p.35. 17 ) Pronunciamiento del 28 de junio del 2014. 18 ) Cf. Gino Costa “Para Salvar Tía María”, 13 de abril del 2015. 19 ) “De Conga a Tía María, el fracaso de la política” en Desco Opina, 10 de abril del 2015. 20 ) Tomado de Pronunciamiento del Frente de Defensa de los Intereses del Centro Poblado de Yagén http://servindi.org/actualidad/94007 14 6 c) Y también se oponen debido a la contaminación que generalmente traen los proyectos extractivos. César Padilla, Coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) nos habla de “La percepción cada vez más generalizada de que la minería afecta el ambiente, agota y contamina las fuentes de aguas, deteriora el entorno y que está llena de peligros por las sustancias tóxicas que utiliza; hace que el cuestionamiento a la minería se incremente de manera constante en todos los países de la región”21. + Los que plantean que las empresas extractivas deben contar con licencia social, ser ambientalmente responsables y generar desarrollo local Hay quienes hacen depender la presencia de empresas extractivas para la explotación de los riquísimos recursos naturales con que contamos al cumplimiento de determinados requisitos. Ellos no buscan eliminar estas actividades, sino regularla para que se desarrollen en armonía con otros sectores productivos. Entre los requisitos consideran: 1.- El consentimiento de la población. Aquí es central el tema del consentimiento previo, libre e informado que menciona el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Algo se avanzó en este gobierno con la aprobación de la Ley de Consulta y su Reglamento, habiéndose realizado a la fecha 22 procesos de consulta en la Región Amazónica. Sin embargo se le niega sistemáticamente este derecho a las poblaciones indígenas de la costa y sierra del país. b.- La existencia de estándares ambientales altos, que evite que sigan proliferando los pasivos ambientales (8,206 en la actualidad). El problema es que, como señala Ana Leyva, “buena parte del sector empresarial y de la clase política considera que la gestión ambiental pone trabas a la inversión privada”. Por ello, hay una evidente falta de voluntad política para implementarla. Leyva señala que “Mientras no haya una real voluntad política de fortalecer el sistema de gestión ambiental, ordenando y armonizando competencias y funciones de manera descentralizada y desconcentrada, y no se le asigne los recursos necesarios, no hay manera de que la situación mejore y tengamos resultados más alentadores” 22. c.- Que la presencia de las industrias extractivas traiga beneficios tangibles para la población en temas como empleo, ingresos, compras locales, valor agregado y actividades que generen desarrollo local. Juan Edwin Alejandro, Martín Scurrah y Alejandro Laos afirman que “la gran minería no apoya a los mercados locales ya que se abastece externamente de sus principales insumos, incluso para la alimentación de sus ) “Expansión de la Minería en América Latina” en R.Hoetmer, M.Castro, M.Daza, J. De Echave y C.Ruiz Minería y Movimientos Sociales en el Perú… p.100. 22 ) “El sistema de gestión ambiental bajo la lupa de los conflictos sociales” R.Hoetmer, M.Castro, M.Daza, J. De Echave y C.Ruiz Minería y Movimientos Sociales… pp.512 y 514. 21 7 trabajadores lo traen de afuera. Sin contribución al consumo local y con una gran invasión externa de productos hacen fracasar la producción campesina”23. DEBE PREVALECER EL DIÁLOGO Coincidimos con la Defensoría del Pueblo cuando señala que el adecuado tratamiento de los conflictos sociales “representa uno de los retos más importantes para la consolidación de la democracia y la cultura de paz en el Perú”. La Defensoría insta a comprender que “los conflictos sociales deben ser entendidos como modalidades de expresión ciudadana que, adecuadamente gestionados, se pueden convertir en oportunidades para el país”24. Con el diálogo y la escucha el Estado no pierde, no se hace débil como se cree, sino al contrario, ganaría mucho en términos de generar la confianza que tanto necesita. Esto implicaría que se promuevan los canales efectivos y que se muestre disposición de escucha así como de respuesta a cada uno de los argumentos de la población y sus líderes. Sin embargo el haber dejado que el conflicto escale no solo muestra carencias en esa disposición a la que hacemos mención, sino que actualmente hace muy difícil el diálogo porque los ánimos están subidos. Pese a ello no es imposible dialogar, por el contrario, en este momento político que se busca generar consensos desde el gobierno con el nuevo primer ministro resulta indispensable que desde el campo de Tía María también se busque encontrar los puntos de conciliación. Y si seguimos el argumento de sectores del gobierno veamos si el diálogo no es un buen modo de neutralizar a “los conspiradores del conflicto”. Dicho sea de paso, podrían existir los conspiradores como en cualquier situación, pero tendría que demostrarse y no simplemente levantar acusaciones que revelan posturas tomadas de antemano. Una propuesta de salida para el actual conflicto de Tía María ha sido que la UNOPS confirme si el nuevo EIA resolvió las 136 observaciones anteriores, algo que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas consideran innecesario. Coincidimos con Santiago Pedraglio cuando afirma que “Si existe verdadera voluntad política del gobierno y un poco de calma para resolver el asunto, se le debería encargar a la UNOPS –en acuerdo con los municipios involucrados y la empresa– que evalúe si han atendido sus observaciones. La razón es triple: ellos hicieron la primera revisión; en las observaciones que planteó se basan los que se oponen al proyecto; y, finalmente, valgan verdades, los ciudadanos no tienen confianza en el Estado”25. Otra opción es la de un referéndum, al cual el gobierno también se opone. Nos preguntamos si se afirma con tanta fuerza que la oposición es de una minoría ¿qué mejor forma de probarlo que con un referéndum? Lima, 20 de abril del 2015 ) “Fortalecimiento de la agricultura familiar en zonas mineras” en Javier Jahncke Coordinador: Propuestas de políticas públicas para una nueva minería en el Perú (Lima, Red Muqui, 2014) p. 132. 24) Defensoría del Pueblo del Perú Violencia en los conflictos sociales, Informe Defensorial N° 156 (Lima, marzo 2012) pp. 102 y 125. 25 ) “Tía María en el filo” en Perú 21, 15 de abril del 2015. 23 8