Colombia en deuda con su infancia - Save the Children`s Resource

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Colombia:
En deuda con su infancia
Informe Complementario al Informe de Estado
Colombiano al Comité de Derechos del niño
1998-2003
Complementary Report to the Third Report of the
Government of Colombia to the Committee on the
Rights of the Child
1998-2003
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES
U.N. OBSERVATORIO SOBRE INFACIA
Equipo dinamizador
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá
Facultad de Ciencias Humanas
Centro de Estudios Sociales
U.N. Observatorio Sobre Infacia
Save the Children
Reino Unido
Plan
Programa Colombia
Visión Mundial
Equipo redactor
Observatorio sobre Infancia Universidad Nacional de Colombia
Ernesto Durán
Mariela del Castillo
Erika Prieto
Giselle Maya
Fotos
Plan Internacional
Julián Lineros
Andrés Duplat
Diseño y diagramación
tratadeletras
Impresión
T&J Impresores
© Enero, 2006
Bogotá - Colombia
Colombia: En deuda con su infancia
ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBEN ESTE INFORME
Asociación Afecto
Asociación Grupo Opciones
Asociación Edupar
Ambientes de Fraternidad
Asociación Colombiana de Jóvenes -YMCA de Bogotá
BEMPOSTA
Cedavida
CIMDER
CEDAVIDA
Corporación Puerta Abierta
Corporación Educativa Combos
CONVIDAME
Derechos plenos
Escuela Nacional Sindical
Fundación Renacer
Fundación Macondo
Fundación Eudes
Fundación Semilla y Mostaza
Fundación Saldarriaga Concha
Fe y Alegría
Fundación Paz y Bien
Fundación los hijos de la Luz
Instituto Pensar
Democracia Vital
Proyecto Bogotá Incluyente
Universidad Distrital FJC
Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional*
Plan Internacional*
Red Antioqueña de Niñez - REDANI
Save The Children, Reino Unido*
Vision Mundial*
3
TABLA DE CONTENIDO
Presentación
A. Informe Complementario al Informe de Estado Colombiano al Comité de Derechos del niño 1998-2003
1. Introducción
1. 1. Contexto del País
1. 2. Comentarios al Informe del Estado
2. Medidas de Aplicación y Principios Generales
3. Derechos y Libertades Civiles
3.1. Derecho a la Identidad
3.1.1Registro Civil
3.1.2Respeto a la Diversidad Étnica y Cultural
3.2.Derecho a la Participación, a la Libertad de Expresión y al Acceso a La Información
4. Entorno Familiar y Otro Tipo de Tutela
5. Salud Básica y Bienestar
5.1Entorno Saludable
6. Educación, Esparcimiento y Actividades Culturales
6.1.Derecho a la Educación
6.2.Derecho al Descanso, al Esparcimiento y a las Actividades Culturales
7. Medidas Especiales de Protección
7.1.Derecho a La Protección Integral de Niños y Niñas Frente al Conflicto Armado
7.1.1. Niños y Niñas Vinculados Directamente al Conflicto Armado Interno
7.1.2. Desvinculación y Reintegración
7.1.3. Niñez Afectada por las Minas Antipersonales
7.2.Derecho a la Protección Integral de los Niños y Niñas Refugiados o Desplazados.
7.3. Derecho a la Protección Integral Contra la Explotación Económica y Contra
el Desempeño de Cualquier Trabajo que Pueda Ser Peligroso
7.4.Derecho a la Protección Integral contra el uso y Explotación Relacionada Con Estupefacientes.
7.5.Derecho a la Protección Integral Contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial
7.5.1. Niños y Niñas Víctimas de Abuso Sexual
7.5.2. Niños y Niñas en Situación de Explotación Sexual
7.6.Derecho a la Protección Integral contra la venta, la Trata y el Secuestro
7.6.1. Tráfico y Trata de Niños y Niñas
7.6.2. Secuestro
7.7. Derecho de los Niños y Niñas con Discapacidad a Recibir Atención Especial
7.8. Derechos de los Niños y Niñas en Situación de Conflicto con la Ley
7.9. Derechos de los Niños y Niñas Habitantes de la calle
8. Conclusiones
9. Recomendaciones
B. Version English
Complementary Report to the Third Report of the Government of Colombia
to the Committee on the Rights of the Child 1998-2003
Anexo Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño al Estado de Colombia, año 2000.9
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PRESENTACIÓN
Entregamos a ustedes la publicación del Informe Complementario al Tercer Informe presentado por el Estado Colombiano al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 estableció un mecanismo de seguimiento
del cumplimiento de la misma por parte de los Estados que la ratifiquen, el cual consiste en la creación de un Comité,
conformado por expertos reconocidos en el tema de diversos países y continentes.
Este Comité se encarga de estudiar los informes que los Estados tienen la obligación de presentar tres años después
de ratificar la Convención y, posteriormente, cada cinco años. El Comité estudia también informes entregados por organizaciones de la sociedad civil y realiza una presentación por cada país en que escucha a los miembros de la sociedad
civil y a los organismos de Naciones Unidas y posteriormente realiza una sesión con los representantes del Estado.
Con base en estos insumos el Comité hace recomendaciones a cada uno de los Estados, que deben ser una base para
lo que el Estado haga en los años siguientes para avanzar en el cumplimiento de la Convención.
La Convención establece también que los Estados deben difundir ampliamente sus informes y las recomendaciones
del Comité, propiciando el debate público sobre la situación nacional de los derechos de la niñez.
En esta oportunidad, el Estado colombiano publicó su tercer informe, que comprende el periodo 1998-2003, en mayo
del 2004.
En convenio, el Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional, Plan Internacional, Visión Mundial y Save the
Children, Reino Unido, impulsamos la elaboración de un informe complementario al del Estado, con el interés de profundizar la reflexión sobre la situación de los derechos de la niñez en Colombia y aportar insumos para ampliar el debate
sobre el tema y sobre los mecanismos necesarios para reformular políticas y reorientar acciones hacia una garantía
cada vez más real de los derechos de la niñez en el país y su concreción en cambios positivos reales en las condiciones de vida de los niños y niñas colombianos.
Diversas organizaciones nacionales y locales se sumaron a la iniciativa y participaron en foros regionales donde se
aportaron contenidos al informe, entre ellas caben resaltar organizaciones de niños y niñas, que en conjunto con niños
y niñas no organizados, aportaron importantes elementos de análisis que quedaron consignados en el informe.
El producto de este esfuerzo conjunto es el que ponemos hoy en sus manos. Esperamos que cumpla con su objetivo
de contribuir al debate sobre la situación de la niñez y a la difusión de información sobre lo que hace y deja de hacer
el Estado en la aplicación de la Convención y en el cumplimiento de las recomendaciones que el Comité de Derechos
del Niño ha hecho al país en ocasiones anteriores. A la vez que sea una herramienta de trabajo en la movilización social
en torno al respeto a los derechos de los niños y las niñas.
Es nuestro interés así mismo, que este documento sirva de punto de partida para la implementación de un mecanismo
7
Estamos convencidos que sólo la decisión de aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente en la priorización de la niñez,
desde una perspectiva de derechos, en la agenda pública y en todos los espacios de programación y acción, permitirá
ir haciendo posible un mejor país, en el que todos los niños y niñas tengan condiciones apropiadas para su desarrollo
integral.
Bogotá, diciembre de 2005
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de seguimiento permanente, con la participación activa de niños y niñas y de toda la sociedad, sobre la situación de
derechos y de políticas y programas relativos a la niñez en el país. Es decir, una veeduría social permanente sobre el
avance hacia el pleno cumplimiento de los derechos de todos los niños y niñas colombianos, que tengan en cuenta su
diversidad, sus especificidades y sus diferentes condiciones y expectativas.
INTRODUCCIÓN
El artículo 44 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, obliga a los
Estados Partes a presentar informes quinquenales sobre los avances que han logrado y las medidas que han adoptado
en cumplimiento de su obligación de hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención en sus respectivos
países. Estos se constituyen en un mecanismo fundamental para que el Comité de los Derechos del Niño verifique,
controle y haga recomendaciones a los Estados, dirigidas al cumplimiento de la Convención.
Sin embargo, la elaboración de informes al Comité de los Derechos del Niño, no puede, ni debe ser una labor exclusiva
de los entes gubernamentales. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en relación con la niñez tienen la responsabilidad de producir informes al Comité sobre la situación de la infancia y la implementación de la Convención.
Estos informes de la sociedad civil apuntan a indicar desde una perspectiva más crítica, en qué medida han sido cumplidas las recomendaciones hechas por el Comité al Estado en relación con sus obligaciones en el cumplimiento de la
CDN y permiten que el Comité tenga más elementos de la situación de los derechos de los niños y niñas en el país,
ampliando la visión de los informes estatales.
Así mismo, estos informes, son una oportunidad de hacer seguimiento y supervisión del cumplimiento de los derechos
del niño y se constituyen en mecanismos de difusión, acción y presión política para que el Estado cumpla con los
compromisos asumidos nacional e internacionalmente.
Desde este marco los firmantes, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y grupos académicos, presentamos nuestro análisis y opinión sobre el Informe que el Estado colombiano presentó al Comité de los
Derechos del Niño, así como sobre lo ocurrido con los derechos de la niñez en el país en el quinquenio comprendido
entre 1998-2003 y sobre el cumplimiento por parte del Estado de su deber de promover, respetar y hacer respetar los
derechos de los niños y las niñas.
Para la elaboración del presente informe se conformó un equipo de trabajo integrado por representantes del Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional de Colombia, Plan Internacional, Save the Children UK y Visión Mundial
quienes se encargaron de dinamizar el proceso, que tuvo una duración de cuatro meses.
Como parte del proceso de recolección de información se consultaron fuentes documentales sobre el
estado de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, elaboradas por organizaciones
no gubernamentales e instituciones del ámbito académico, enfatizando de manera especial en
informes producidos durante el quinquenio analizado por la Defensoría del Pueblo, el Alto
Comisionado de Naciones Unidas, y entidades como UNICEF y ACNUR.
Igualmente, se llevaron a cabo consultas regionales con niños y niñas en Bogotá, Cali, Medellín y Villavicencio (participaron 52 niños y niñas vinculados a procesos locales en torno a los
derechos de niños y niñas), quienes aportaron significativamente a los contenidos del informe; así
como con ONG e instituciones académicas (participaron en total 58 organizaciones), que aportaron
sus análisis y comentarios frente a la situación de los niños, las niñas y los adolescentes.
9
Así mismo, se tuvieron en cuenta las recomendaciones dadas por el Comité para la elaboración de informes, la propuesta de elaboración de informes al Comité diseñada por el Instituto Interamericano del Niño y las recomendaciones que
sobre el particular ha desarrollado la Coalición Internacional de ONG.
Esperamos que el contenido del informe, el análisis de los datos existentes sobre la niñez y las recomendaciones respectivas, contribuyan a que los niños, niñas y adolescentes de Colombia puedan vivir sus derechos.
1.1 CONTEXTO DEL PAÍS
El informe del Estado entrega información acerca de la crisis económica, política y social que vivió el país durante el
período estudiado , crisis que se evidencia en el deterioro de muchos indicadores sociales y económicos.
Entre los cambios políticos, sociales y económicos que se dieron en el periodo 1998-2003 y que pueden explicar por qué
el país no avanzó significativamente en el respeto a los derechos de los niños y las niñas están:
-El aumento de la deuda externa (un 6% con respecto al PIB en el quinquenio, el más grande en la historia reciente del país).1
-La disminución del gasto social,
-La disminución del PIB, con una disminución del ingreso per cápita del 6,5%.
-El aumento del índice de pobreza que pasó del 51,5% al 64,3% entre 1998 y 2003 y el índice de miseria que pasó
del 17,9% al 31,1%, en el mismo periodo.2
-La redefinición del gasto público, con un aumento exponencial en el servicio de la deuda3 y un aumento progresivo
del gasto en seguridad.4
-La reducción progresiva del Estado, principalmente en el sector social, con una entrega de la prestación de los
servicios al sector privado, tanto en salud y educación, como en servicios de protección a la niñez.
-El aumento de la inequidad, en un país ya de por sí reconocido como uno de los más inequitativos del mundo.
-El aumento del desempleo y el subempleo, con un crecimiento de la economía informal que, como lo dice el informe del Estado, representaba en el año 2002 cerca de las dos terceras partes del total de ocupados del país. En
1999 el país alcanzó el índice más alto de desempleo de toda su historia: 19.2% (cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas), generándose en este periodo, como lo dijo el Contralor General de la República,
“la mayor eliminación de puestos de trabajo en la historia laboral moderna del país y la anulación de ingresos para
vastos sectores de la población”.5 Estos hechos son en gran parte consecuencia de la política estatal de desregularización y flexibilización laboral.
-La agudización, degradación y extensión por todo el territorio nacional del conflicto armado interno, convirtiéndose
en una verdadera “guerra contra la sociedad” y generándose un aumento del fenómeno de desplazamiento masivo,
así como el deterioro de la calidad de vida y la violación permanente de los derechos de la población que habita
en zonas de conflicto6. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, se produjo un incremento excesivo de los
ejércitos, tanto de naturaleza irregular (guerrilla y paramilitares) como de las Fuerzas Militares, al punto de que para
el 2003 existían 32 mil personas armadas en los ejércitos irregulares y 240 mil integrantes de la Fuerza Pública7.
1 BANCO DE LA REPÚBLICA. Boletín Trimestral de la Deuda Externa. Bogotá, 2004.
2 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. “Evaluación de la Política Social 2003”. Informe del Contralor al Congreso. 2004.
3 SAVE THE CHILDREN Y OTROS. Finanzas Públicas Niñez Y Juventud. Serie Economía y Niñez No 1.. Bogotá, 2003.
4. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia 2003. Bogotá, 2003.
5 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Op. Cit.
6 UN OBSERVATORIO SOBRE INFANCIA. Niñez y conflicto armado: Una mirada institucional al caso colombiano. Papeles del Observatorio 1. Bogotá, 2004.
7 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Op. Cit.
10
Se creó un espacio en la web con información permanente sobre el proceso de construcción del informe, posibilitando
la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de manera constante y sistemática.
-La violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de los diversos actores
del conflicto armado, incluidas, en algunos casos, las Fuerzas Armadas del Estado.8
-Las estructuras excluyentes que limitan el ejercicio de la ciudadanía para la mayoría de los colombianos.
-La existencia de cultivos ilícitos y del fenómeno del narcotráfico.
Como resultado de la crisis económica y social vivida en el quinquenio y el modelo de desarrollo adoptado por el país,
se ha ahondado la desigualdad y la exclusión económica, social, política y cultural; esta situación se ha visto agravada
por el conflicto armado interno. “Las condiciones de pobreza, el desempleo, la marginalidad, el abandono del campo y
en especial el conflicto armado interno han agudizado la situación de la infancia a tal punto que se puede afirmar que los derechos de los niños y niñas en Colombia son mas vulnerados que en cualquier otra época contemporánea de la sociedad.”9
1.2. COMENTARIOS AL INFORME DEL ESTADO
El informe del Estado es de una mejor calidad que los anteriores. Trata de responder a las preguntas de la guía elaborada por el Comité y recoge parte importante de la información dispersa que el país tiene sobre el tema. Fue publicado y
difundido en medio magnético por el ICBF. Tiene la limitante de haber sido elaborado por funcionarios de un gobierno,
cuando la mayor parte del informe corresponde al periodo completo de un gobierno anterior, en un país en el que no
hay continuidad en las políticas sobre la niñez.
El informe no retoma los compromisos asumidos por el Estado después de la firma de la Convención en las cumbres
mundiales y regionales.
El informe no asume claramente las responsabilidades que el Estado tiene sobre el respeto y la vigencia de los derechos de los niños y las niñas.
El informe no tiene una perspectiva de género, ni en la información ni en el análisis. Igualmente no considera las grandes diferencias urbano-rurales, ni las diferencias interregionales e interétnicas, en un país donde el 28% de la población
es rural, y el 75% de esta vive en la miseria y sólo el 33% tiene acceso a servicios de salud a diferencia de los habitantes
urbanos que alcanzan una cobertura del 76% del mismo. De Igual forma no se hacen evidentes las diferencias entre
regiones y departamentos. Por ejemplo, mientras en el departamento del Quindío el 11,5% de la población está por
debajo de la línea de indigencia, en el departamento del Chocó (de mayoría afrocolombiana) el 47,4% de la población
está por debajo de esta línea. Mientras en el departamento de Cundinamarca hay coberturas de vacunación cercanas
al 90%, en el Departamento de Guainía (de mayoría indígena) hay coberturas que no llegan al 25%10.
Los datos que contiene el informe del gobierno al Comité no permiten analizar los logros de la mayor parte de las
políticas públicas, pues se presentan fragmentados y sin puntos de referencia claros (las coberturas de acciones y
programas son presentadas en su mayoría en términos absolutos). El informe pretende ser objetivo en el análisis de la
vigencia de los derechos, pero hace énfasis en los “logros” del Estado, particularmente del actual gobierno.
El informe estatal no expresa de manera clara qué se hizo frente a las recomendaciones que formuló el Comité al Segundo Informe, cuando estas recomendaciones deben ser los lineamientos para las políticas y programas a favor de la
infancia. El capítulo de seguimiento a las recomendaciones es un resumen del informe, que no relaciona las acciones
con las recomendaciones específicas que hizo el Comité.
8 NACIONES UNIDAS. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. 2003.
9 LINARES, Beatriz. Delegada para los derechos de la juventud, la mujer y los ancianos. En : 4 años por los derechos humanos y la paz 1999. Defensoría del Pueblo. pp. 225
10 MINPROTECCIÓN – INS - OPS. Situación de salud en Colombia. Indicadores básicos. Bogotá, 2003.
11
No hubo durante el quinquenio revisado una articulación real de las diferentes instituciones del Estado encargadas de la protección de los derechos de la niñez o de la atención a la misma; así como tampoco una entidad o funcionario del Estado que
coordinara los esfuerzos dispersos de las diferentes instituciones que son responsables de acciones dirigidas a niños y niñas.
Es de anotar, como lo dice el informe del Estado, que en 1999 se dio un paso adelante con la reorganización del llamado
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con la intención de articular a las instituciones del sector público y del sector privado que participan en la “prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar”. El Decreto de reorganización del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar, propició la conformación de los Concejos Locales de Política Social, cuya implementación
ha sido positiva para el país por cuanto ha permitido una articulación entre las instituciones locales que tienen que ver con
la política social y en particular con los planes, proyectos y programas dirigidos a la niñez.
En el año 98 se desmontó una oficina que coordinaba y lideraba los servicios prestados a la niñez, ubicada en la Presidencia de la República y no se designó otro funcionario o institución coordinadora. Quien respondió ante el CDN o ante otras
convocatorias públicas sobre el tema de las políticas del Estado sobre los derechos de niños y niñas en el periodo 98-03
fue el director(a) del ICBF, sin que tuviera una delegación establecida para ello, como lo afirmó este mismo funcionario ante
el Congreso de la República en las citaciones que se le hicieron.
Al no existir una institución responsable, el liderazgo se le dejó a la oficina de la primera dama, oficina no especializada,
que en el quinquenio 98-03 si bien diseñó programas con un impacto positivo como el de ludotecas infantiles, también
diseñó programas como el de Nutrición Comunitaria para la Población Colombiana, que pretendía reemplazar el proyecto
de alimentos enriquecidos, ya consolidado en el país por el de suministro de soya a los niños, por lo que fue cuestionado
nacional e internacionalmente por organizaciones académicas y de la sociedad civil, siendo retirado después de una gran
inversión de recursos económicos, sin que sus responsables respondieran ante el país.
Es preocupante que, pasos que se habían dado en la búsqueda de construir una política pública de niñez, como es el caso del
Pacto por la Infancia o el documento CONPES de política económica y social “El Tiempo de los Niños”, hayan sido olvidados, terminando de desaparecer de la política nacional durante este quinquenio, sin que se hubiera hecho una evaluación de ellos.
Situación similar ocurrió en los ministerios o instituciones del Estado, donde desaparecieron
oficinas enteras, como la división materno-infantil del Ministerio de Salud, o proyectos
como el de comunicación para la infancia del ICBF o el proyecto Ursulas del Ministerio
de Educación, sin que tampoco existiera una evaluación conocida del impacto de los
mismos.
Todas estas situaciones reflejan la ausencia en el país de una política pública coherente y unificada de niñez, como lo afirma la Alianza por la Niñez Colombiana:
“En Colombia, pese a los avances logrados, aún no ha sido plenamente asumida la
responsabilidad que se tiene con la niñez y la juventud ni de parte del Estado ni de
la Sociedad Civil porque, para implementarla, se necesita transitar de una política de
12
2. MEDIDAS DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES
(Artículos 2, 3, 6, 12, 4, 42)
administraciones y gobiernos, a la construcción de una política de Estado en niñez y juventud que se ejecute articuladamente entre el Estado, la familia y la comunidad, de manera que se potencien los recursos -cada vez más escasos- por
las sinergias que la atención a la niñez genere en los niveles locales y por la forma en que contribuya a que el gasto
sea más eficiente, transparente y pertinente”11.
Los programas de atención dirigidos a la niñez son en su mayoría asistencialistas, reparadores, dirigidos a satisfacer
necesidades más no a garantizar derechos, por lo que, como lo afirma la Defensoría del Pueblo, generalmente lo que
hacen es institucionalizar la pobreza12.
Al respecto, algunos de los niños y las niñas consultados dicen: “Necesitamos que el gobierno no nos ayude si
no que garantice el derecho como una obligación”13… “El gobierno cree que con una pequeña dotación puede
solucionar o encubrir su mal trabajo y todas aquellas problemáticas que no le han dado una buen solución y que
afectan cada vez más a la niñez, como por ejemplo: la mala calidad de vida, la mala alimentación, el mal manejo
del dinero puesto que lo utilizan en bienes suntuosos e innecesarios para la sociedad. Influyó para mal, porque no
tener un buen nivel de vida, no le ayuda al niño o niña para su buen desarrollo psicológico, como físico”14.
Producto de la falta de una política pública de niñez y de la falta de compromisos del Estado con los niños y las
niñas, la mayoría de metas para la infancia asumidas por él para el año 2000 no se cumplieron15 y Colombia fue
uno de los países que presentó menos resultados en el cumplimiento de dichas metas en la cumbre mundial
del año 2002.
El país no tuvo durante el quinquenio un Plan Nacional de Acción por la Infancia vigente, porque el que se planteó
al principio de la década pasada fue un documento escrito que no llegó a desarrollarse. En el momento de la elaboración de este informe, el país no había suscrito aún un nuevo Plan Decenal de Niñez y Adolescencia y, si bien se
ha adelantado un proceso de discusión del mismo, éste no se ha aprobado oficialmente, tres años después de la
Cumbre Mundial.
Los principios de interés superior del niño y la niña y prevalencia de sus derechos, a pesar de ser reconocidos por la
Constitución Nacional, fueron durante el quinquenio, y siguen siendo hoy, supuestos discursivos, , que no han sido
apropiados por los gobernantes. Esta pauta que da el Estado trasciende a otros espacios de la sociedad: en lo local,
comunitario, barrial, escolar, familiar y en la sociedad en general, no se tiene en cuenta la primacía del interés de los
niños y las niñas, en la medida en que no son considerados como sujetos de derechos.
Los principios de igualdad y no discriminación, como se verá en este informe, no son aún los deseables, aunque
es necesario reconocer que el país ha avanzado en el tema de equidad entre géneros y en el reconocimiento de
la diversidad cultural y étnica. La realidad es que, como lo afirma la relatora especial de Naciones Unidas para el
tema de educación, las comunidades afrocolombianas e indígenas siguen siendo víctimas de una discriminación
racial sistemática.16
A esto se suma la discriminación que sufren los niños y las niñas que pertenecen a sectores vulnerables, como los
desplazados, los habitantes de calle, los que están en conflicto con la ley, los desvinculados, los explotados sexualmente. Ellas y ellos son vistos socialmente más como un peligro que como niños y niñas a quienes les han vulnerado
sus derechos.
11 GRUPO DE REFLEXIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Hacia la construcción de una política pública de infancia y adolescencia. Bogotá, 2003.
12 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe sobre los derechos humanos de la niñez durante el año 2001.
13 Consulta regional con niños y niñas. Cali, abril de 2005.
14 Consulta regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
15 Informe de Colombia seguimiento de la cumbre mundial a favor de la infancia 1990 – 2000. Nueva York, 2002.
16 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA. Informe de la relatora especial de Naciones Unidas: Katarina Tomasevski. NACIONES UNIDAS – Consejo Económico y Social - Febrero 2004.
13
Como lo dice un informe de expertos sobre inversión en niñez, “La disminución del gasto social, el aumento del monto
dirigido a la defensa, y el crecimiento de la deuda, terminan reduciendo los recursos disponibles para atender los programas de niñez y juventud. Los gastos destinados a la niñez han disminuido su participación en el gasto de la administración pública”18. Esta disminución en cifras es francamente preocupante (en el caso de los recursos del ICBF, estos pasaron
de un porcentaje del 2,5% del gasto de la Administración Pública a solo el 1.5% en el periodo 1995-2001)19. El gasto en
educación y salud es cada vez más inequitativo y la inversión en niñez es procícilica, presentándose disminución en la
misma si hay deterioro en la economía, mientras que sí se protege el gasto en otros sectores como seguridad o ayuda
al sector financiero20.
La ausencia de una Ley General de Niñez sigue siendo hoy, como lo fue en toda la década pasada, un tema crítico para
el país. Si bien, como lo dice el informe del Estado, se aprobaron los dos protocolos facultativos de la Convención, se
suscribieron múltiples acuerdos internacionales y se expidieron leyes que mejoran el marco jurídico de la niñez, el país
no tiene todavía una ley marco que sea garante del cumplimiento de los Derechos.
Al respecto, señala la Defensoría del Pueblo que “el Estado colombiano está en la mira de los organismos internacionales
de derechos humanos en materia de protección jurídica de los derechos de la niñez, ya que su normatividad nacional,
específicamente el Código del Menor, va en contravía de las disposiciones establecidas por dichos organismos. (...)
Adicionalmente, el Código del Menor contradice la Constitución Política, ya que desconoce que ésta le otorga a la niñez
colombiana, sin discriminación alguna, la titularidad de sus derechos fundamentales”21.
A los gobiernos a quienes correspondía, como también a la clase política, para quien la niñez no ha sido una prioridad,
les faltó voluntad política para sacar adelante una nueva legislación sobre niñez. Actualmente se desarrolla un esfuerzo
concertado entre entidades del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos de Naciones Unidas, tendiente a tramitar una Ley Estatutaria de Niñez y Adolescencia. Si este esfuerzo se cristaliza, será un paso adelante importante
para el país.
En el periodo 98-03 se avanzó muy poco en el monitoreo de la situación de derechos de los niños y las niñas, siendo
importante el esfuerzo hecho en el tema de trabajo infantil con el apoyo de IPEC-OIT. Pero en otros temas los avances
fueron mínimos. Esto se suma a la pobreza del sistema de estadísticas sociales del país, dando como resultado la ausencia de un sistema de información sobre niñez que permita conocer objetivamente la situación de los derechos de
niños y niñas en el país. Producto de ello, tanto el informe del Estado, como éste, son producto de la recolección de una
información dispersa.
17 Consulta Regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
18 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO. Op. Cit.
19 MARTINEZ, Rafael. Empleo del Presupuesto Nacional en el Desarrollo Humano: Niñez y Juventud. UNICEF, DNP, PDH. Bogotá, 2002. Mimeografiado.
20 Programa nacional de Desarrollo Humano. Op. Cit.
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe sobre los derechos humanos de la niñez durante el año 2001. Op. Cit.
14
Sobre el particular algunos de los niños y las niñas consultados opinan que: “El Estado sólo ha cumplido en la parte de
discriminación pero de adultos, pero de niños no... no se promueve ese derecho, porque los niños no viven dignamente,
porque vivir dignamente no es vivir debajo de un techo de cartón o ser maltratado por sus padres y demás personas
de la sociedad y no ha garantizado que los niños tengan las mismas oportunidades de salud, alimentación y educación,
porque en estas tres se ve mucha discriminación a nivel económico. Los niños se sienten mal por ser discriminados
tanto por la sociedad como por su propia familia, porque se han visto casos en que la sociedad discrimina por ser pobre
o indígena...”17.
La investigación sobre políticas y programas dirigidos a la niñez o sobre la situación de la misma fue escasa y
se centró en algunos temas que, por diferentes causas, cobran actualidad, como es el caso reciente de los niños
desvinculados del conflicto. No hay una política clara ni una apropiación presupuestal adecuada del Estado para su
fomento. La entidad estatal que apoya la investigación en el país no consideró pertinente el apoyo a una línea de
investigación en este sentido.
Durante el periodo 98-03 se hicieron varias actividades de divulgación de los derechos de los niños y las niñas, tanto
por parte del Estado, como de diferentes organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, en las consultas hechas a
los niños y las niñas en el marco del presente informe, se evidencia poco conocimiento y apropiación de los mismos,
lo cual es aún más crítico entre los adultos.
El estado colombiano no ha desarrollado un sistema de respuesta a las denuncias sobre violaciones a los derechos de
los niños. Sobre ellas no hay una base de datos o un sistema de seguimiento. Si bien la Defensoría del Pueblo atiende
muchas de estas denuncias, no hay mecanismos efectivos para castigar a los culpables y por eso la impunidad en
estos casos es muy grande.
15
3.1. DERECHO A LA IDENTIDAD (Artículos 7 y 8)
3.1,1. REGISTRO CIVIL
En el año 2000, la cobertura nacional de registro civil fue de 81.6%; el Departamento Nacional de Estadística estimó que
de cada 100 certificados de nacimiento expedidos por las instituciones de salud, tan sólo se registraban civilmente 73 o
7422. En los departamentos con más bajas coberturas, ésta apenas llegó al 52%.23 Las coberturas más bajas se dan entre
población indígena, campesina, en condiciones de indigencia o desplazada. No se cuenta con un proceso de registro
idóneo en todos los municipios del país. Esta situación es bastante compleja en zonas de conflicto armado, fronteras,
municipios alejados y en poblaciones indígenas.
A pesar de que durante el quinquenio se realizaron esfuerzos para ampliar la cobertura, anualmente más de 150mil niños
y niñas no son registrados en el primer año de vida, lo que a la vez limita su acceso a salud y educación24. Es preocupante la situación de posregistro, puesto que aunque los niños y las niñas son inscritos por sus padres ante la Registraduría
y poseen el documento certificado, estos registros no son ingresados a las bases de datos del país, por lo cual no gozan
formalmente de la calidad de ciudadanos.
Igualmente es preocupante la demora que se presentó en el quinquenio en resolver las demandas por paternidad y juicios de
alimentos, que constituyeron la principal causa de procesos por delitos menores en el país. El ICBF manifestó en el año 2004 que
tenía represadas 55 mil demandas de paternidad y 18 mil demandas por alimentos, algunas hasta con 6 años de antigüedad.
3.1.2. RESPETO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL
Los indicadores de situación social y de situación de la niñez muestran que en las zonas del país con mayoría o porcentaje importante de población indígena o afrocolombiana, se dan las peores condiciones de salud, educación, nutrición,
calidad de la vivienda, cobertura de servicios públicos, entre otros; en una clara evidencia del olvido y la marginación
histórica a que han estado sometidos estos grupos étnicos.
En los últimos años, la situación social, económica y cultural de las minorías étnicas del país
ha venido sufriendo un notable deterioro dadas las condiciones en que se encuentran
inmersas con el escalamiento del conflicto armado, lo que se suma a las tradicionales
condiciones de marginación, aislamiento, pobreza extrema y al riesgo continuo de la
pérdida de su identidad cultural. Tal situación ha afectado inevitablemente la calidad de
vida de los niños y las niñas pertenecientes a estas comunidades.
22 UNICEF; FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Un árbol frondoso para niños, niñas y adolescentes. Una propuesta para gobernar con enfoque de
derechos. Bogotá, 2003.
23 UNICEF COLOMBIA. La niñez Colombiana en cifras. Bogotá, 2002.
24 Ibíd.
16
3. DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES
La respuesta institucional a esta problemática se ha concentrado en la implementación de algunos planes y programas
orientados, principalmente, a la atención de las familias indígenas y afrocolombianas. En este sentido, el ICBF además
de dar cobertura a estas familias con sus programas institucionales nacionales, ha desarrollado programas como el
Programa de Atención a la Familia y al Menor Indígena, el de Apoyo al Desarrollo de las Familias para su Fortalecimiento
Social y Cultural, y el de Apoyo a Familias de Comunidades Negras y Raizales en Formación y Desarrollo. Sin embargo,
no existen estimativos claros que den cuenta de resultados y logros concretos obtenidos, más allá de los niveles de
cobertura reportados.
Se aprobó la Ley 691 de 2001, reglamentaria del derecho a la salud y seguridad social de los pueblos indígenas, que
incorpora los principios de la diversidad étnica y cultural como ejes rectores de la política de salud que el Estado debe
garantizar a esta población. No obstante, la Defensoría del Pueblo considera que los principios y derechos propuestos
en la ley no se han cumplido25.
Aunque se ha dado un aumento en la cobertura de salud y seguridad social y se han creado varias Administradoras
de Régimen Subsidiado –ARS- y Empresas Promotoras de Salud –EPS- para los grupos étnicos, no siempre se logra
adecuar el Plan Obligatorio de Salud (POS) ofertado por ellas a las particularidades socio-culturales de sus afiliados, ni se
garantiza una atención integral en salud que reconozca el conocimiento ancestral de la medicina tradicional reconocida
y practicada por estas etnias.
Programas como Familias en Acción, Fortificación de Alimentos, Escuela de Padres y Haz Paz, también han llegado a
estas poblaciones; sin embargo, si bien pueden tener alguna pertinencia en otros sectores poblacionales, no necesariamente responden adecuadamente a las condiciones particulares de estas comunidades26.
Con respecto a las necesidades educativas de los grupos étnicos, la respuesta institucional debe obedecer a los principios constitucionales y al marco legislativo existentes sobre el tema que obligan al Estado a garantizar la educación
de los grupos étnicos acorde con sus particularidades socioculturales y lingüísticas. Durante el quinquenio, se continuó
con el programa de Etnoeducación que desde hace dos décadas se ha venido desarrollando, como resultado de las reivindicaciones políticas de los pueblos indígenas frente a su derecho a la autodeterminación y a la reivindicación de su identidad étnica
y diversidad lingüística.
Las acciones del Ministerio de Educación se han concentrado más en intentar la ampliación de cobertura que en el
fortalecimiento del modelo etnoeducativo. En este sentido, en muchas regiones del país se ha mantenido una estandarización curricular que en ocasiones obstaculiza el desarrollo de diseños curriculares adecuados a las características
propias de los grupos indígenas, afrocolombianos y raizales.
No se ha dado total cumplimiento al artículo 27 de la ley 21 de 1991 para que los mismos pueblos indígenas administren
su educación, estipulando edad escolar, política para la educación superior y adecuación al contexto socio-cultural, ni
tampoco a la incorporación de la cátedra de estudios afrocolombianos al currículo de las instituciones educativas de
los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media del país, conforme a lo dispuesto por la
ley 115 de 1994 y el decreto 1122 de 199827
De otro lado, se observa una carencia de información sobre los grupos étnicos en general, y sobre la niñez perteneciente a ellos, expresada en la inexistencia de estadísticas, investigaciones, indicadores e información general y sectorial
que se requiere para la toma de decisiones institucionales.
25 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Undécimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, Bogotá, 2003.
26 UNICEF. Los Pueblos Indígenas en Colombia. Derechos, Políticas, Desafíos. Bogotá, 2003.
27 Ibíd.
17
Efectos del conflicto armado y el desplazamiento en los niños y niñas pertenecientes a minorías étnicas
En la última década, los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas, se han convertido
en espacios predilectos para la presencia de los actores armados, debido a su privilegiada situación geopolítica, a la
diversidad de recursos que poseen (minería, petróleo y fuentes energéticas) y a la posición estratégica para el desarrollo
de economías ilegales como el contrabando, el tráfico de armas y los cultivos ilícitos.
La acción directa del conflicto armado en sus territorios ha perjudicado la calidad de la atención en salud y educación,
ya que las hostilidades han afectado al personal médico y paramédico que realiza brigadas de salud, y las continuas
amenazas a maestros han dado lugar al cierre de varias instituciones educativas. Las condiciones de salud y la seguridad alimentaria, ya de por sí deterioradas dentro de la población infantil, se agravaron más a causa de los bloqueos de
alimentos y medicinas que practican los actores armados hacia los asentamientos indígenas y afrocolombianos28.
El anterior panorama, caracterizado por el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades, se constituye en
caldo de cultivo para que los niños, las niñas y los jóvenes pertenecientes a los grupos étnicos ingresen a las filas de los
grupos armados como una opción para solucionar sus necesidades básicas y para buscar salida a la crisis. Así, se han
venido reportando algunos casos de vinculación directa de niños, niñas y jóvenes indígenas y afrodescendientes que
han sido reclutados por parte de los grupos armados existentes en sus territorios29.
Adicionalmente, el fenómeno del desplazamiento forzado se ha masificado entre las comunidades indígenas y afrocolombianas. El abandono obligado de sus territorios ancestrales vulnera la integridad étnica de estos grupos afectando
su relación tradicional con el territorio, exponiéndolos al peligro de perder su identidad cultural, e incluso, propiciando la
desaparición misma de la etnia.
La magnitud del problema ha superado la capacidad del Estado para atenderlo. La respuesta institucional no ha tenido
mayor incidencia entre las comunidades: el apoyo, tanto para la población en general como para los niños y las niñas
en particular, se ha circunscrito a ayudas puntuales como servicio médico y psicológico, alimentación, transporte de
emergencia y alojamiento transitorio, que no tienen en cuenta las particularidades socioculturales de estos grupos. No
se tiene conocimiento de la existencia de programas específicamente dirigidos a la atención de los niños y las niñas
pertenecientes a minorías étnicas30.
Si bien es cierto que la Red de Solidaridad Social como coordinadora del Sistema de Atención a la Población Internamente
Desplazada, ha planteado incorporar a su modelo de atención el enfoque diferencial para atender las necesidades y particularidades de la población desplazada de acuerdo con su condición étnica, etarea y de género, en la práctica esto no se ha
llevado a cabo31.
28 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Décimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, Bogotá, 2002.
29 Mesa de Trabajo. Mujer y Conflicto Armado. Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia (Tercer Informe 2002), Bogotá, 2003; Asociación Defensa de los Niños y Niñas Internacional- DNI
Colombia. Informe para la 34ª. Sesión del Comité de los Derechos del Niño. Violación de Derechos a niños, niñas y jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas en Colombia, Bogotá, 2003.
30 Asociación Defensa de los Niños y Niñas Internacional- DNI. Ibíd.
31 UNHCR – ACNUR. Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia, agosto 2002 - agosto 2004. Bogotá, 2004.
18
Esta falta de información ha contribuido a la ausencia de políticas públicas diferenciales y acordes con las peculiaridades
étnico-culturales de estos grupos, así como con las necesidades particulares de sus niños y niñas. Generalmente, las
políticas que los incluyen los han ubicado indiferenciadamente con el resto de “pobres”, “vulnerables” o de “personas que
viven en poblaciones rurales”, ignorando su diversidad étnica y cultural.
El fenómeno de los cultivos de coca y amapola aumentó durante el quinquenio en forma importante en zonas donde
habitan estas minorías étnicas, lo que también ha impactado profundamente sus culturas tradicionales. Adicionalmente
las fumigaciones indiscriminadas de dichos cultivos, han afectado la salud y la calidad de vida de estas comunidades,
generando procesos de desplazamiento.
Esta falencia de la política quedó en evidencia con la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional en donde se
plantea que en el país “no han sido reglamentadas políticas que faciliten el acceso de la oferta institucional a los grupos
desplazados en situación de mayor debilidad, tales como mujeres cabeza de familia, jóvenes y etnias. Y no existen
programas especiales que respondan a las especificidades de los problemas que aquejan a dichos grupos”.32
3.2. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN,
A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AL
ACCESO A LA INFORMACIÓN (Artículos 13, 15, 17)
“ Proponemos que el gobierno tenga en cuenta la mayor de la parte a las niñas y a los niños para que tengamos un
buen desarrollo. Que no nos traten como números, si no como personas, por que hablan o más bien nos cuentan pero
no nos tienen en cuenta, que nos abran verdaderos espacios de participación en donde digamos lo que sentimos, pero
también en donde tomemos decisiones sobre lo que nos afecta. Que por favor el gobierno deje de hablar, de esto ya
estamos cansados, sería mejor actuar, pues de esto estamos necesitados”33.
En Colombia la participación de niños, niñas y jóvenes como derecho fundamental que aporta al fortalecimiento de la
democracia está reconocida en el artículo 45 de la Constitución, en la Ley General de Educación, y en la Ley de Juventud. No obstante, la participación de los niños y las niñas en la práctica es bastante incipiente.
El alcance de las acciones que ha promovido el Estado encaminadas a impulsar espacios de participación y opinión de
los niños y las niñas no ha sido significativo; su impacto ha estado limitado dado que obedecen a situaciones coyunturales y hay falta de información sobre los mismos.
“Se abren algunos espacios y hay muy poca información para acceder a dichos espacios, muchas veces los niños y jóvenes quieren opinar y que sean tenidos en cuenta para tomar alguna decisión y no es posible esto, ya que no nos prestan
mucha atención, los jóvenes tenemos muy buenas propuestas y esto no lo tienen en cuenta. A veces se abren sitios o se
hacen supuestamente espacios de participación para los jóvenes y a veces no sabemos que están hechos para nosotros
y no hacemos uso de estos, o a la hora de tomar decisiones en estas las toman ellos, los adultos, y no toman la opinión
de los jóvenes”34.
La visión que los adultos tienen acerca de la niñez, determina la manera en que se relacionan con la misma, así como el
espacio que se les da a los niños, las niñas y los jóvenes para participar en los asuntos familiares, escolares, comunitarios e institucionales. En el país la noción del niño y la niña como sujetos de derechos es bastante débil, lo que limita su
reconocimiento como actores sociales, autónomos, reflexivos, participativos, con capacidad de interpretar y reconstruir
su realidad..
“en las familias en ocasiones no nos escuchan, al tomar decisiones no nos tienen en cuenta, dentro del hogar se impone
la palabra del padre, y esto se debe a la falta de charlas hacia las familias. A nivel escolar se elige un gobierno escolar al
cual no hay el apoyo de los docentes o directivos hacia sus ideas o actividades propuestas por los jóvenes y tampoco hay
presupuesto. A nivel del barrio nos hace falta oportunidades para los jóvenes en cuanto a talleres para así formarse como
lideres de sus comunidades. Existen algunos espacios, pero estos espacios están manipulados y falta más información
de dichos espacios”35.”
32 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. Citado por UNHCR – ACNUR. Ibíd.
33 Consulta Regional con niños y niñas. Cali, Abril de 2005.
34 Consulta Regional con niños y niñas. Villavicencio , Cali y Medellín. Abril de 2005.
19
“anteriormente y ahora, pero se ve un poco menos, es que a los niños no se les tiene en cuenta ni su opinión por ser
niños o porque los adultos piensan que por solo ser niños y jóvenes solo estamos pensando en jugar, ver tele, andar en
la calle y otros, y no toman en cuenta que podemos tener cosas buenas para aportarles”37.
El impulso que se ha dado a la participación de niños, niñas y jóvenes se ha reducido a algunos espacios formales, dejando de lado espacios vitales donde los niños y las niñas despliegan su cotidianidad: familiar, barrial,
escolar y comunitario.
Si bien han aumentado las posibilidades de participación de la niñez y la juventud en espacios sociales e institucionales, para la mayoría de los niños, las niñas y los jóvenes no existe tal oportunidad; principalmente si se trata de niños y
niñas que viven en el campo , que se encuentran en situación de desplazamiento, o que hacen parte de cualquier otra
población en situación de alta vulnerabilidad.
El Estado no ha estimulado a los niños, las niñas y los jóvenes para que creen sus espacios de participación y sus
propias formas organizativas , y no se han creado estrategias en este sentido para apoyar su formación, respaldar sus
propuestas y proyectos, para brindarles un acompañamiento constante, y asegurarles una asistencia técnica38. Tampoco
se han promovido redes u otras formas de organización de largo plazo, que permitan a niños y niñas hacer seguimiento
a la situación de sus derechos y participar activamente en espacios donde se toman decisiones.
En el quinquenio, se avanzó en el desarrollo de mecanismos de la participación en el ámbito escolar, pero aún dentro
de una tensión permanente entre las visiones y prácticas tradicionales de la educación, donde prevalece la autoridad y
conocimiento del adulto, que genera obstáculos en la participación de niños y niñas, relegándola a actividades formales,
con las nuevas formas de expresarse y de comunicarse de los niños, las niñas y los jóvenes. En cuanto a la construcción
participativa de los manuales de convivencia o reglamentos, esto no se dio en la práctica, ya que si bien se les consultaba su opinión, los manuales en muchos casos terminaron siendo de corte legalista y represivo39.
Ahora, la participación en espacios educativos no puede reducirse al tema de los gobiernos escolares y personeros; es
necesario democratizar y vivenciar la participación en las aulas en todos los momentos, así como en las relaciones que
los maestros establecen con los niños y en las decisiones que se toman con respecto a ellos y ellas.
El Estado no ha creado los suficientes mecanismos, ni las estrategias para difundir información necesaria para que los
niños y las niñas interioricen y vivencien el sentido de la participación auténtica de manera activa, y el derecho a la asociación como mecanismos garantes en el cumplimiento de sus derechos.
La participación dinámica de los niños, las niñas y los jóvenes en la toma de decisiones en todos los niveles, así como
en la planificación, práctica, vigilancia y evaluación en todos los asuntos que los afecten, no ha trascendido de manera
efectiva. En general los alcaldes y sus equipos de gestión no cuentan con el conocimiento y la experiencia suficiente
sobre los temas de niñez y juventud40.
36 UNICEF. Presentación del seminario “La participación de niños y adolescentes en el contexto de la Convención de los derechos del niño: visiones y perspectivas”. Citado en el informe de los grupos de investigadores y ONGs
de Colombia al Comité de Derechos del Niño, 1998.
37 Consulta Regional con niños y niñas. Cali, abril de 2005.
38 UNICEF; FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Op. Cit.
39 CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. Situación actual y prospectiva de la niñez y la juventud en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004.
40 ACOSTA, Alejandro; KATTAH, Fadua. Hacia la construcción de una política de infancia y adolescencia. Bogotá, 2002.
20
Se puede afirmar que en Colombia continua vigente “una visión tradicional del niño, que hace común que el grueso de adultos todavía no valoren y potencien las capacidades del niño para contribuir en su desarrollo personal, en el de su familia y
en el de su comunidad. Más aún, que no toma en cuenta la importancia que tiene para la formación del niño la estimulación
de su expresión, opinando o participando”36.
“Proponemos que en el país los grupos juveniles y de niños dedicados al trabajo en cualquier campo sean más, e igualmente tengan el apoyo total e incondicional del Estado. Que se tenga más en cuenta la participación de los niños en
todos los espacios. Que se tenga más en cuenta a los niños y niñas, los derechos humanos ya no se respetan y cada
quien hace lo que quiere a su conveniencia, que el Estado se concientice de la situación del país y de los niños, y que
tengan un verdadero compromiso con Colombia. Que se haga un trabajo con los jóvenes, por los jóvenes y para los
jóvenes. Cada alcalde con su gobierno deberían tener en cuenta la voz y el voto de los niños, niñas y jóvenes de sus
comunidades para dar cuenta de sus necesidades para darles solución”41.
No se ha promovido la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en la elaboración de los planes de desarrollo y en su ejecución. Ha sido incipiente su participación en estrategias a su favor en los Consejos Territoriales de
Planeación, y su protagonismo es débil ante la toma de decisiones. No se han impulsado estrategias para que los niños
y las niñas se sientan comprometidos en la búsqueda de soluciones para la satisfacción de sus propias necesidades
y el bienestar de la comunidad, así como para fortalecer sus capacidades y habilidades de gestión para incursionar en
espacios de planeación y toma de decisiones42. Cuando los niños, las niñas y los jóvenes han hecho propuestas, éstas
no han sido tenidas en cuenta en la etapa de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo.
“Recomendamos que en los consejos de juventud municipales se haga una convocatoria abierta a los jóvenes lideres
de cada barrio, enfocándose a los grupos juveniles para que se hable de las necesidades de los jóvenes en cada ciudad, para que se haga un encuentro nacional de consejos de juventud y allí se exprese las necesidades de los jóvenes
para que lleven todas estas inquietudes al congreso y hagan parte del congreso de la republica”43.
A pesar de la escasa reglamentación de la Ley de la Juventud, es preciso reconocer que se ha logrado avances en la
participación de los jóvenes, sin embargo en estos espacios con frecuencia se reproducen los vicios de la democracia
representativa de otros niveles y se carece de representatividad entre los y las jóvenes44.
“Anteriormente a los niños no se les tenía como tal, sino como objetos y no se les tenía en cuenta por ser niños. Ahora
en estos años se les están abriendo un poco las puertas a los jóvenes para que participen y se les tenga un poco en
cuenta. Por ejemplo, el Consejo Municipal de Juventud, dicen que es para los jóvenes, pero a la hora de la hora son los
adultos y los del gobierno quienes influyen en estos”45.
En general, en el país, predominan formas de participación limitada: convocatoria a eventos públicos donde se trata
algún tema relacionado con la niñez, simulacros de elecciones o para justificar decisiones que ya han sido tomadas46.
“El gobierno utiliza a los niños como fachadas, permiten que ellos hablen y den su opinión pero no se les presta mucha
atención (habla por hablar) y lo que decimos queda en el aire”47.
En cuanto al acceso a la información, el Plan Nacional de Comunicación para la Infancia PCIN mencionado en el informe
del Estado, que tuvo algún impacto en diversas regiones del país, se redujo y prácticamente desapareció a fin del quinquenio. Los programas de gobernaciones, alcaldías e ICBF en este campo, son más acciones de tipo recreativo, que no
alcanzan a tener una incidencia efectiva en el acceso a la información para los niños, las niñas y los jóvenes.
42 CIMDER – UNICEF. Lineamientos para una política pública de adolescencia y juventud con enfoque de derechos y ciudadanía en tres municipios de Colombia: Istmina, Pasto y Popayán. Cali, 2004.
43 Consulta regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
44CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. Op. Cit.
45 Consulta regional con niños y niñas. Villavicencio, Cali y Medellín. Abril de 2005.
46 UNICEF; FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Op. Cit.
47 Consulta regional con niños y niñas. Villavicencio, Cali y Medellín. abril de 2005.
21
El acceso a la información es un asunto precario, en especial para los niños y las niñas de sectores marginados y comunidades rurales. En estas, por lo general faltan bibliotecas y las que hay no poseen el material suficiente o de calidad para
dar información sobre el acontecer del país, del mundo o de los avances de la ciencia. Gran parte de este material está
deteriorado o es obsoleto. El acceso a Internet u otras formas de comunicación es todavía limitado a algunos sectores
urbanos.
La televisión es el medio de comunicación más utilizado por los niños y las niñas, pero al igual que la radio, no ofrecieron
durante el quinquenio, como no lo hacen ahora, la mejor alternativa de educación y acceso a la información. El control
sobre los contenidos transmitidos es pobre, dejándose la responsabilidad sobre el mensaje trasmitido, a la ética de los
monopolios privados que hoy manejan dichos medios, con un interés comercial antes que de servicio.
Aunque se han realizado algunos avances en materia de permitir la expresión de los niños y las niñas y difundirla a
través de los medios masivos de comunicación, éstas son experiencias aisladas en las que participan pocos de ellos.
Falta una política estatal clara al respecto.
Tanto en la familia como en la escuela la palabra del adulto sigue prevaleciendo sobre la de los niños, las niñas o los
jóvenes . Existen numerosas tutelas denunciado lo problemático que ha sido para muchos niños y niñas, y en especial
adolescentes, expresarse abiertamente y dar a conocer sus puntos de vista. Aún no existen mecanismos claros que
permitan hacer realidad el derecho a la libre expresión en espacios cotidianos.
22
Los otros programas mencionados en el informe del Estado, que son de orden nacional no han tenido cobertura amplia
en todo el territorio. En varias regiones los Consejos de Juventudes no han sido implementados. Los espacios que son
planeados para estar a cargo de los jóvenes, en algunos casos son dirigidos y coordinados por adultos, y no responden
a los objetivos para los cuales se crearon.
4. ENTORNO FAMILIAR Y OTRO TIPO DE TUTELA
(Artículos 11, 10, 20, 21, 39)
“El gobierno no debería prometer cosas que no va a cumplir y luego asegurar y valerse de ellas para su propio beneficio, disfrazan sus grandes errores con actos publicitarios que no contribuyen a la protección de los niños. Si el gobierno
estuviera comprometido realmente con la problemática de los niños dejaría de preocuparse por emplear recursos para
la guerra y trabajaría realmente en pro de la niñez...”48.
En Colombia, se erigen primordialmente cuatro situaciones que se constituyen en los principales factores que vulneran
a la familia y atentan contra el bienestar particularmente de las mujeres, los niños y las niñas: la pobreza, la inequidad,
la violencia política y la violencia social.
Dentro de la violencia social, se manifiesta la violencia intrafamiliar como el segundo delito cometido en Colombia. “En
el año 2001 fueron reportados ante Medicina Legal 69.681 casos de violencia Intrafamiliar que incluyen 10.918 denuncias
por maltrato infantil y 41.320 por violencia conyugal”.49 Las mujeres y los niños son las principales víctimas de esta forma
de violencia. Estadísticas del Instituto de Medicina Legal muestran que al año son recibidos y atendidos 7.600 casos
de niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar, en el mismo sentido las estadísticas oficiales indican que el 91% de
las víctimas de actos violentos en el espacio doméstico son mujeres, incluidas las jóvenes50 . De acuerdo con las cifras
oficiales, de cada 1.000 niños y niñas, 361 sufren algún tipo de maltrato dentro de su familia.
Los datos sobre maltrato infantil muestran un crecimiento constante del número de casos reportados anualmente (de
3051 en 1995 se pasó a 6552 casos en todo el país en 2000), situación que puede interpretarse como visibilización
de un problema previamente oculto. Visto en conjunto el maltrato infantil afecta de manera equivalente a los niños y
las niñas, salvo en el grupo de mayor edad (14 a 17) en el que las mujeres son las principales víctimas. Se mantiene el
patrón en relación con la edad pues el mayor número de casos se concentra en el grupo de 10 a 14 años (59% del total
en el año 2000). En la mayoría de los casos (52%) el agresor es el padre o padrastro mientras que en una cuarta parte
de los casos la agresión proviene de la madre.
Frente a la respuesta del Estado, el quinquenio tuvo la particularidad de estar enmarcado dentro de la propuesta del
Plan de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz”, el cual tenía como eje fundamental el tema de la paz. Por lo que
la política social de familia se enmarcó dentro de una política de convivencia pacifica nacional.51 Esto se plasmó en
el programa denominado “Haz Paz” cuyo objetivo era la prevención detección, vigilancia y atención de la violencia
intrafamiliar. Sin embargo, el programa, como lo reconoce la Defensoría del Pueblo, no cambió las cifras de
violencia intrafamiliar.
El programa Haz Paz no tuvo una difusión amplia en las regiones. Fue un programa nacional en el que
se invirtieron importantes recursos y cuyo mayor logro fue haber desarrollado unos materiales para el
trabajo en la construcción de paz; en consultas hechas en algunas regiones, el programa simplemente
no se aplicó, . A finales del quinquenio, con el cambio de administración, el programa se redujo aún
más su modesta cobertura.
48 Consulta regional a niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
49 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Décimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 2002. Op. Cit.
50 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 1999
51 El soporte de esta política se evidencia en el documento “Haz Paz”, el cual tiene como principal objetivo el logro de la paz por medio de la convivencia familiar en un propósito nacional.
23
El sistema de protección, encargado de la atención individual de los casos, fue insuficiente y generalmente ineficiente,
sus resultados son pocos, en este, como en otros problemas que le atañen. Desafortunadamente no hay estudios o
evaluaciones que permitan medir el impacto de estas intervenciones, que generalmente son puntuales y transitorias y
sobre las cuales no se hace un adecuado seguimiento.
Es crítica la situación de abandono a que están expuestos muchos niños y niñas; las cifras citadas por el informe del Estado (602.555 en situación de abandono o peligro en el 2002) son preocupantes. Igualmente es preocupante el número
de casos atendidos por los centros de emergencia (13.118 en el 2002), lo que deja ver el impacto que sobre los niños y
las niñas tiene la crítica situación nacional descrita.
Los niños y las niñas en abandono, así como aquellos casos en que se considera que la familia no ofrece garantías para
su desarrollo y bienestar, son institucionalizados o ubicados en medio familiar sustituto. La Defensoría del Pueblo señala
que, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, “durante el año 2000 fueron atendidos en medio institucional y
en medio familiar, incluidos hogares sustitutos, un total de 99.683 niños y niñas: 62.125 en medio institucional y 37.558
en medio familiar sustituto”. 52
A pesar de la gran cantidad de niños que están en medio institucional o familiar sustituto, hay un problema importante
de debilidad del sistema de protección en relación con la cobertura y la presencia de centros zonales del ICBF, “especialmente para aquellos sectores donde no tiene presencia física el mencionado centro, los niños y las niñas que sean
víctimas de todo tipo de atropellos, no tienen ninguna autoridad ante quien acudir, debido a que el monopolio en materia
de protección está en cabeza de los defensores de familia que prestan sus servicios a través de estos centros zonales.
Por tal razón muchos casos no llegan a conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.53
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo ha planteado debilidades de los programas de atención a los niños y las niñas
en situación de abandono o peligro, como que estas instituciones reciben indiscriminadamente diversidad de casos
(niños y niñas abandonados o en peligro, contraventores, consumidores de substancias psicoactivas y otros problemas),
haciéndose manifiesta la falta de programas especializados en relación con las diversas situaciones que propician la
medida de ubicación en medio institucional.
Sería pertinente evaluar la pertinencia, eficacia y los alcances de la institucionalización de los niños y las niñas como medidas para garantizar y proteger sus derechos y propiciar otras medidas de protección alternativas, como el medio familiar.
Las adopciones de niños colombianos, como lo dice el Informe del Estado se hicieron en su mayoría por familias extranjeras, lo que puede mostrar el interés de algunas instituciones de privilegiar estas adopciones sobre las nacionales,
como una baja cultura de la adopción en Colombia. . Si bien el ICBF aumentó el control y vigilancia del proceso de
adopciones, este se realizó no sólo por el Instituto a través de su programa especializado, sino también por instituciones
privadas, autorizadas para adelantar el programa de adopciones. Se continuó presentando un sistema de adopción paralelo a través del cual muchos niños y niñas salen del país ilegalmente como lo ha demostrado la Interpol54 y no hubo
acciones claras del Estado dirigidas a frenar este tráfico de niños y niñas.
52 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 2000.
53 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 1999. Op. Cit.
54 Informe de los grupos de investigadores y organizaciones no gubernamentales de Colombia al Comité de los Derechos del niño. 2000.
24
Otros programas o acciones contra la violencia intrafamiliar se mantuvieron durante el quinquenio. Es el caso de las
redes del buen trato y de otras estrategias como el sistema de vigilancia de violencia y maltrato SIVIGILA. Es de resaltar
el papel cumplido por el Instituto de Medicina Legal en el seguimiento, difusión y análisis de la problemática.
5. SALUD BASICA Y BIENESTAR
(Artículos 18, 23, 24, 26, 27)
“La salud es muy regular, hay muchos lugares donde el gobierno ni siquiera ha mejorado los puestos de salud, los
hay pero sus servicios son muy malos, si no tenemos los papeles y el carné no nos atienden cuando este derecho es
fundamental...”55
El acceso a los servicios y a la atención básica en salud se encuentran enmarcados en la ley 100 de 1993, la cual estructura el Sistema de Seguridad Social en el país (SGSSS). Este sistema tiende a la privatización de la prestación de los
servicios, y establece el acceso y la asistencia de acuerdo a la capacidad de pago de las personas. Se ha limitado el
carácter universal de acceso a la salud puesto que al circunscribir la prestación de los servicios al potencial adquisitivo
de las personas, recae la responsabilidad de la salud sobre el ciudadano, obstaculizando el ejercicio pleno de este
derecho56, limitando la acción del Estado a la dirección y control del Sistema. “Esta ley modificó el papel del Estado en
la prestación de los servicios, dando mayor participación al sector privado, transformó las fuentes de financiamiento,
estableció el subsidio a la demanda, definió la focalización como estrategia de atención y reformuló la concepción de
salud pública restringiéndola al desarrollo de acciones de bajo costo y alto impacto”57
El manejo que el Estado ha dado a la salud apunta a la atención de enfermedad, el SGSSS hace énfasis en la asistencia
y atención de eventualidades, dejando de lado otros aspectos importantes para alcanzar el bienestar, como la prevención y la promoción de la salud58; De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el Estado Colombiano históricamente se ha
centrado en “la organización de la prestación de servicios de salud, priorizando el elemento de la atención a la enfermedad y marginando otros temas fundamentales de la salud. Esto muestra que la comprensión del derecho a la salud se
ha planteado en términos del derecho a la atención de la enfermedad, dejando de lado aspectos centrales del derecho,
como la promoción, prevención y rehabilitación y el acceso al conjunto de factores determinantes básicos de salud”59
Con respecto al acceso universal a los servicios de salud, no se avanzó significativamente en este quinquenio. Según
datos presentados ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales60, el 43% de la población colombiana
al final del quinquenio no estaba cubierto por la seguridad social. Prevalecen diversos elementos que imposibilitan la
garantía del derecho a la salud de niños y niñas, por un lado el acceso y la atención depende de la afiliación, lo cual
constituye un gran problema teniendo en cuenta que la afiliación de los niños y las niñas es de carácter familiar, si los
padres o responsables no se encuentran afiliados, los niños no están cubiertos por el sistema.
55 Consulta con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
56 La política de Salud en la última década ha “consolidado la concepción de salud como una mercancía. Esto último ha alejado aún más las políticas públicas de
la comprensión de la salud como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado a todos los ciudadanos” DEFENSORIA DEL PUEBLO. Undécimo
Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. Bogotá, 2003. Op. Cit.
57 PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO. “El embrujo autoritario”. Bogotá: Septiembre de 2003.
58 La salud no puede restringirse a la asistencia de las enfermedades que presentan niños y niñas, a la provisión de medicamentos, y atención clínica. Es
necesario articular acciones relacionadas con el reconocimiento del entorno del niño y la niña para la prevención de factores de riesgo que puedan afectar su
salud, y con la promoción de hábitos saludables para lograr su desarrollo, se debe comprender que la salud del niño y la niña depende de la combinación
de decisiones y acciones de los individuos, la sociedad y el estado. FRANCO, Saúl. “Guerra, salud y paz. Documento número 3, Primer Congreso Nacional
de Salud. Universidad Nacional de Colombia.
59 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Undécimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. Bogotá, 2003. Op. Cit.
60 INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA. E/CN.4/2002/17
25
El problema va más allá, ya que si bien muchos niños y niñas están afiliados,, el uso de los servicios se dificulta
debido a problemas económicos, geográficos o culturales; al desconocimiento de sus derechos y a dificultades
asociadas con la baja calidad.
Con respecto a lo anterior, en el informe del Estado se sitúa como logro del SGSSS el aumento de la afiliación a
más de 11 millones de personas en condiciones de pobreza, es importante señalar que este dato corresponde a
menos del 45% del total de personas en condiciones de pobreza. La cuestión es lo que está pasando con el otro
sector que no ha sido afiliado, puesto que es mayor la proporción. Algunos estudios indican que en el año 2000,
el 56% de la población correspondiente al decil 1 y el 63% al 2, no estaban asegurada62 y que el grupo de infantes
menores de 1 año registraba la menor afiliación63.
Las acciones emprendidas no están encaminadas a solucionar el problema estructural “el aseguramiento universal no
es viable, y no puede serlo en un contexto macroeconómico y de política pública que ha profundizado el deterioro de la
calidad de vida.”64, se está dejando a amplios sectores de la población sin atención en salud.
Se presenta exclusión en la política de salud con la tendencia a la focalización. La clasificación que se hace
de la población para ser beneficiaria del régimen subsidiado tiende a invisibilizar la dimensión de la pobreza
y sus diversas formas, no tiene en cuenta las condiciones reales de las familias. Muchos niños y niñas son
rechazados y otros quedan mal clasificados, ya que sus condiciones socioeconómicas no corresponden a las
características del nivel en que se encuentran registrados. Además existe una discriminación en el acceso y
atención en los servicios de salud, dada la marcada desigualdad entre la población rica y pobre y las disparidades entre municipios, zonas o regiones. Esta situación se agrava en las áreas rurales donde el cubrimiento
en salud es menor que en las zonas urbanas 65.
En cuanto a esto, algunos de los niños y las niñas consultados manifiestan que: “ En cuanto a la salud no
se presta la mejor atención, siempre el humilde o el pobre recibe lo peor, la salud es muy regular por que
no hay equidad, el gobierno atiende a las mil maravillas a aquellas personas que tienen dinero en nuestra región y barrios, pero hay muchos lugares donde el gobierno ni siquiera ha mejorado los puestos de
salud, los hay pero sus servicios son muy malos, si no tenemos los papeles y el carné no nos atienden
cuando este derecho es fundamental. ” 66
La diferencia en la afiliación varía entre regiones, en la Costa Atlántica el 67% de los niños entre 0 y 1 año
no estaban asegurados en el año 2000, en contraste con Bogotá que presentaba el porcentaje más bajo de
población sin afiliar. Para el año 2003, el grupo de niños y niñas menores de 1 año continúa siendo el de
más baja afiliación (52.6%), y la debilidad en la cobertura preponderó en las regiones Pacífica (52.5%) por
escasa afiliación al régimen contributivo, y la Central (53.3%) con la caída de la afiliación al subsidiado 67.
61 ECHEVERRI, Esperanza. “La salud en Colombia: abriendo el siglo...y la brecha de las inequidades” En: Revista Gerencia y Políticas de Salud Número 3, Universidad Javeriana. Bogotá: Diciembre de 2002.
62 Ibíd.
63 CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. Op. Cit.
64 ECHEVERRI, E. Op. Cit.
65 INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA. E/CN.4/2002/17. Ibíd.
66 Consulta con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
67CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. Op. Cit.
26
De otro lado, hubo un descenso en la afiliación al régimen contributivo, lo cual se debió en gran medida a problemas relacionados con el mercado laboral, limitándose así también la afiliación al régimen subsidiado puesto que “las cifras de pobreza sobre
la que se calcula la cobertura, invisibilizan a otros pobres, los sistemáticos recortes a los dineros para la salud (por ejemplo con
el acto legislativo 01 y con la ley 715, ambos del 2001) sumados a la política de más recursos para la guerra, y al incremento de
la pobreza y el desempleo, sugieren que en el escenario más optimista la cobertura de aseguramiento del régimen subsidiado,
a duras penas se mantendría, pero los hechos hoy en día apuntan más a la disminución en el corto plazo.”61
El Sistema de Salud en el país responde a una lógica mercantil, que no tiene en cuenta las condiciones de la población,
ni las necesidades específicas de niños y niñas. Es notable la distinción entre los servicios que se prestan en cada
régimen, lo que cuestiona la calidad del servicio de la salud “Hoy la población, especialmente la más pobre, gasta más
en salud y los afiliados del régimen subsidiado reciben un plan de beneficios con 30% menos servicios que los del
régimen contributivo”68.
Al evaluar si el Estado ha cumplido las recomendaciones hechas por el CDN, algunos de los niños y niñas consultados
plantean que: “en el sector de la salud podemos encontrar una desigualdad de estratos sociales, por ejemplo en la
atención que se les presta. Cumplió parcialmente por que todos los niños no tienen una seguridad adecuada y hay una
desigualdad en la clase social, la cual la podemos ver reflejada en diferentes instancias como por ejemplo en la forma de
atender a las diferentes personas que lo necesitan. Hay una decadencia en la postura de prestación del servicio, que se
ve reflejada hacia el usuario los cuales son los más afectados por el gobierno, violencia, etc.” 69
Al dejar la salud pública circunscrita al Plan de Atención Básica y al darle énfasis a la atención individual, se ha perdido
el carácter social de la salud, lo cual conlleva a una reducción de “acciones colectivas para el control de factores de
riesgo como la vacunación, los programas de saneamiento básico y el desarrollo de programas para la prevención y
el control de enfermedades endémicas y epidémicas. Como consecuencia de lo anterior, han reaparecido enfermedades transmitidas por vectores tropicales (el caso de la fiebre amarilla, la malaria y el dengue hemorrágico), se han
incrementado las enfermedades inmunoprevenibles (el caso del sarampión) y se han deteriorado las condiciones de
saneamiento ambiental de la población”.70
Por otro lado, el derecho a la vida de los niños y las niñas es quebrantado constantemente. En Colombia no se protege
adecuadamente la vida de los niños y las niñas, puesto que diariamente mueren a causa de enfermedades fácilmente
evitables y como consecuencia, en muchos casos, de la pobreza y la violencia que se vive en el país.
En el conflicto armado se presenta la práctica de ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques individuales
contra la vida y la integridad de adolescentes y jóvenes. Estas tácticas y estrategias que generalmente convierten en
víctima a la población civil o a personas no combatientes, constituyen una recurrente violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario71. Cientos de niños han muerto como consecuencia de la explosión de
minas antipersona.72
La violencia afecta cada vez más a la población infantil. La Defensoría indica que de acuerdo con las cifras que suministró el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el informe del año 2001 “se registró la muerte
en forma violenta de 4.077 niños y niñas, lo que representa en promedio once niños muertos por día, de los cuales
cinco fueron asesinados, dos perdieron la vida en accidentes de tránsito, uno se suicidó y tres más murieron en otros
accidentes”73.
“Las muertes por accidentes son otra expresión de la violencia contra los niños y las niñas, ya que muchos de estos
mueren debido a las condiciones adversas de las viviendas o de los espacios en los que habitan y desarrollan sus
actividades, y al descuido o imprudencia de los mayores”74.
69 En las Consultas Regionales los niños opinaron que este derecho es uno de los que más se incumple, puesto que la mayoría de los niños no gozan de buena salud debido a que sus necesidades básicas no son resueltas
adecuadamente, ya que no tienen una buena alimentación, los lugares donde viven junto a sus familias son inseguros y están expuestos a accidentes, por lo que las probabilidades de enfermarse son mayores. Ellos piensan
que se les incumple, ya que cuando se enferman, sus padres no los pueden llevar al médico, por que no están afiliados a ninguna empresa prestadora del servicio de salud, y no tienen el dinero para pagar, puesto que no se
encuentran trabajando o si lo están, no están cubiertos por la seguridad social ya que pertenecen al sector informal (vendedores ambulantes, empleo domestico). Los que están inscritos en el SISBEN, piensan que el servicio
no es suficiente en calidad, porque no les dan los remedios que necesitan durante el tratamiento, no hay una atención adecuada dada la cantidad de personas que acuden a los centros.
70 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Undécimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. Bogotá, 2003. Op. Cit.
71 CIMDER – UNICEF. Op. Cit.
72 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Décimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, Bogotá, 2002. Op. Cit.
27
Ha aumentado el suicidio de niños y niñas. De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional, en el año 2002 se
quitaron la vida 1016 personas menores de 30 años, de los cuales 139 eran menores de 16 años. El hecho de que las
personas más jóvenes de una sociedad se quiten la vida voluntariamente es un reflejo de los profundos problemas que
ésta enfrenta, pero también de la falta de una cultura de respeto por la vida, empezando por la propia76.
Frente al respeto a la vida algunos de los niños y las niñas consultados consideran que: “Nosotros creemos que no se
esta cumpliendo y que no solo a los niños y las niñas se les evita que mueran. El gobierno no cumple su compromiso
hacia el derecho a la vida, porque ahora no se les respeta los derechos a los niños, y el gobierno no hace algo. Nos está
afectando porque a los niños cada día se les violan más los derechos y están siendo explotados de una u otra forma y
porque no nos protegen.”77
La tasa de mortalidad infantil en los años 1999-2004 fue de 26,4 por mil, la cual es alta para el nivel de desarrollo del país.
Esta tasa ha venido disminuyendo gradualmente, pero esa velocidad de disminución se redujo durante el quinquenio.
En mortalidad infantil, existen diferencias entre la zona urbana y la zona rural.78 En la tasa de mortalidad, tiene un gran
peso la mortalidad de niños menores de un año, en el grupo de 1 a 4 años la tasa de mortalidad en el quinquenio 1995
– 2000 fue de 4 por mil.
La morbilidad está caracterizada por enfermedades prevenibles con acciones de bajo costo; el país presenta un alto
índice de enfermedades respiratorias, situación que se ve agravada por las condiciones ambientales, la malnutrición,
el hacinamiento y las malas condiciones de la vivienda. Por su parte la enfermedad diarreica aguda, consecuencia de
condiciones inadecuadas de higiene, tiene también un peso muy grande como causa de morbilidad. Pese a esto, el
sistema de salud ha dejado de lado las estrategias de prevención, por centrarse en la funcionalidad de un sistema de seguridad social,
que cada vez más es administrado por el sector privado, que si bien puede tener algo de interés por la salud de la población, privilegia
claramente otros intereses79.
Las coberturas de vacunación se redujeron a comienzos del quinquenio, por el manejo inadecuado por parte de los encargados del sistema de salud, expresado en la pérdida de oportunidades y obstáculos a la vacunación según la afiliación a
la seguridad social. Posteriormente se intentó recuperar los niveles de vacunación previos con un alto costo económico y
sin lograr recuperar niveles que se tenían a fines de los años 80. “La acumulación de niños y niñas vulnerables, menores de
5 años, en municipios con coberturas inferiores a 80% o 90% en los últimos años, permitió que en 2002 ocurriesen focos
epidémicos de sarampión”.80 UNICEF señala que la disminución de la vacunación se ha acentuado en los municipios más
pobres del país.
Existen serios problemas en la nutrición de los niños, las niñas y sus familias, los cuales están asociados al desempleo,
al aumento de los costos de la canasta básica familiar, a la escasez de recursos para comprar alimentos que cubran
las necesidades esenciales de calorías y nutrientes, a la falta de educación sobre el valor nutricional de los alimentos, a
la ausencia de adecuadas practicas alimenticias, a la carencia de estrategias preventivas y a las dificultades de acceso
oportuno a los servicios de salud.
77 Consulta regional con niños y niñas. Medellín, Abril de 2005.
78 En la ENDS-2000 se encontró una mortalidad de 21 por mil en la zona urbana y 31 por mil en la zona rural. Existen diferencias regionales, en zonas como la Costa Pacífica y parte de los nuevos departamentos se encuentran
tasas de mortalidad infantil mayores de 70 x 1000. Hay contrastes entre los estratos económicos en una misma ciudad o región, es así como la TMI llegaba a mediados de la década pasada a 76 x 1000 en las viviendas en miseria
y a 61 x 1000 en las viviendas con necesidades básicas insatisfechas, muy por encima del promedio nacional. CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. Op. Cit.
79 Ibíd.
80 UNICEF COLOMBIA. La niñez Colombiana en cifras. Op. Cit.
28
“Los niños y las niñas son más fácilmente víctimas de agresiones a este derecho, ya sea por causa de la violencia doméstica, de la delincuencia común, de la violencia del conflicto armado interno que vive el país, o debido a la llamada
“limpieza social” , que se lleva a cabo contra los niños y las niñas de la calle”75.
Lo anterior pone en peligro la seguridad alimentaria del 50% de la población con bajos recursos e ingresos, que no alcanza a cubrir sus necesidades de calorías y nutrientes81. Situación que es más crítica en poblaciones vulnerables como
es el caso de los desplazados. Un estudio del PMA en el 2003 evidenció que el 57% de estos niños no llega a cubrir
sus necesidades básicas nutricionales. Esta situación origina retrasos en el crecimiento, aumenta la vulnerabilidad de
los niños y las niñas a las infecciones y enfermedades, e impide que aprovechen potencialmente la escolaridad por
falta de concentración y ausentismo.
La velocidad en la disminución de los indicadores de desnutrición que se había tenido en periodos anteriores, cayó
durante el periodo analizado, persistiendo un 13% en promedio de desnutrición crónica, situación que es mucho peor
en las zonas rurales donde este porcentaje llega al 20%
Al respecto, algunos de los niños y las niñas consultados opinan que esto: “afecta a los niños(as) por que no tienen la suficiente nutrición y no pueden comprender o responder en el estudio... los niños del departamento, los
de mas bajo nivel son más vulnerables a las enfermedades, el algunos barrios mueren niños y este problema la
hay en algunas partes.”82
A pesar de la magnitud de este problema, no existe un sistema permanente de vigilancia y control nutricional, que dé
cuenta de las condiciones nutricionales de los diferentes grupos de niños y niñas en el ámbito nacional y de los avances que se habían tenido en la consolidación de ese sistema, que decayeron durante el quinquenio. Tanto así que la
Defensoría del Pueblo indica que en el país “la decisión de trabajar en el tema de alimentación y nutrición no ha sido
sostenible y ello se ha reflejado en la ausencia del tema en los planes de desarrollo… las acciones que se han desarrollado han sido dirigidas sectorialmente a grupos específicos de población, caracterizados por su vulnerabilidad en razón
de la edad o la condición fisiológica, y nunca bajo el marco de los derechos fundamentales tendentes a garantizar un
mínimo vital. (...) El país avanzó en la realización de algunas de las obligaciones impuestas al Estado por los instrumentos internacionales de derechos humanos que garantizan el derecho a la alimentación. Sin embargo, ello no se hizo
en forma intersectorial, como lo requiere la propia definición y las obligaciones asumidas y ratificadas por el país para
garantizar la disponibilidad y él acceso a una alimentación adecuada en calidad y cantidad”83
“ Hay muchos niños (as) desnutridos, enfermos... por que los niños no nos alimentamos bien con un desayuno escolar que leche y galletas; y que además no es para todos, sólo los niños (as) de primaria lo recibían
y los demás que?, Y si dan desayuno no hay almuerzo y comida, y no en todas partes de Villavicencio dan
esa clase de desayunos. Por culpa del desempleo muchos padres y madres no tienen un estable nivel para
comer, para salud y todo ahora se mueve es con plata... a pesar que en pocas palabras el gobierno nos da
una miseria. ”84
Existen varios programas estatales dirigidos a atenuar el problema de la desnutrición en poblaciones en
condición de pobreza, cuyas coberturas en números son presentadas por el informe del Estado; dichos
programas son un alivio para el hambre, pero están muy lejos de ser una solución integral para la misma.
Es necesario resaltar el aumento de cobertura de los programas de suplementación nutricional al escolar
durante el quinquenio.
81 Existen marcadas diferencias entre las cinco regiones del país. La ENDS-2000 señala que la desnutrición crónica es mayor en la Región Pacífica 15.2% y más baja en la Atlántica 11.3%. Las subregiones de mayor prevalencia
de desnutrición son Cauca – Nariño 24.5% seguida de Tolima -Huila- Caquetá 18.9%. Estas cifras, como las de otros datos locales y regionales, muestran que el problema nutricional, tiene magnitudes mayores que las reportadas
en la encuesta de 1995, que son los reconocidos por el gobierno. ACOSTA, Alejandro; KATTAH, Fadua. Op. Cit.
82 Consulta con niños y niñas. Villavicencio. Abril de 2005.
83 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Undécimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, Bogotá, 2003. Op. Cit.
84 Consulta con niños y niñas. Medellín y Cali, abril de 2005.
29
En contraste con la gravedad del problema, las entidades públicas no asignan los recursos financieros necesarios
para los programas que se deben realizar con adolescentes y jóvenes87. En 2003 se lanzó la Política Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva por parte del Ministerio de Protección Social, pero existen serias dudas sobre su
viabilidad, ya que no hay claridad sobre el origen de las fuentes que deberán financiar su continuidad dentro del
sistema de salud actual.
La Defensoría del Pueblo en el año 2002 expidió un informe sobre embarazo en adolescentes, el cual evaluó la respuesta
que el Estado y las instituciones prestadoras de salud dan en cuanto a la orientación y educación de los derechos sexuales y reproductivos a este grupo etáreo. Se estableció que la mayoría de entidades no tienen sistemas que les permitan
tener un registro claro de esta población y además no cuentan con programas dirigidos a la salud sexual y reproductiva
de los adolescentes (sólo una entidad privada como Profamilia, cuenta con estos programas.88
La Defensoría del Pueblo anota que aunque el actual Plan de Desarrollo señala algunos de estos problemas y enfatiza en
la necesidad de lograr la expansión de cobertura, el fortalecimiento de programas de salud pública, de nutrición y de los
sistemas de información, “las causas estructurales de la falta de garantía del derecho a las salud están imbricadas en la
lógica de la política pública de salud y el Plan, más que avanzar por una nueva vía de política pública, la profundiza”.89
Hay logros en materia de atención a algunos grupos vulnerables, pero “este tipo de acciones no permiten
superar la ausencia de universalidad, ni la persistencia de discriminación y de barreras históricas de acceso a la salud” 90.
Desde la salud no se tiene una concepción holística de la niñez, lo cual se ve reflejado en la carencia de políticas publicas integrales, y en la inexistencia de un plan nacional o un programa nacional de salud infantil, dirigidos a garantizar
este derecho a niños y niñas, en una perspectiva de desarrollo integral.
5.1 ENTORNO SALUDABLE
“No todos los hogares son sitios seguros de vivienda, ya que son lugares de muchos riesgos y en medio de contaminación, por ejemplo los sitios de desagüe que causan enfermedades a las familias. Esto afecta la salud de aquellos
jóvenes que viven en estos lugares”91.
85 UNICEF COLOMBIA. La niñez Colombiana en cifras. Op. Cit.
86 PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Bogotá, 2000.
87 Existe poca visibilidad de adolescentes y jóvenes en los planes de salud. Desde el punto de vista demográfico no se les da especificidad a los preadolescentes; adolescentes y jóvenes quedan inmersos en el grupo atareo de
15 a 44 años; estos se encuentran en un limbo jurídico respecto al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
90 Ibid.
91 Consulta con niños y niñas. Cali, abril de 2005.
30
Uno de los problemas de los y las adolescentes colombianos se relaciona con el ejercicio de sus derechos sexuales
y reproductivos, dado que la carencia de información al respecto y de acceso a los servicios de salud reproductiva,
ha llevado a un aumento significativo de embarazos en niñas y adolescentes. Según cifras de UNICEF, el 16% de los
nacimientos en el país se presenta en madres adolescentes85. Las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud han
evidenciado un preocupante aumento de la tasa de embarazos en adolescentes, hasta llegar en 2000 a un 19%86. Más preocupante aún es el vertiginoso aumento de embarazos en la población de 10 a 14 años, que pone en riesgo la salud
física y mental del binomio madre-hijo.
Es grande el numero de personas que viven en situación de alta vulnerabilidad en el país, tanto en zonas rurales como
urbanas, en sectores que no cuentan con mínimas condiciones que permitan llevar una vida digna, lugares que están
ubicados en terrenos de alto riesgo, en algunos casos de carácter ilegal, que por lo general no cuentan con servicios
públicos como alcantarillado, agua potable, recolección de basuras, entre otros y tampoco cuentan con zonas
verdes adecuadas o con lugares que permitan el encuentro con los otros, el esparcimiento o la recreación, donde
las familias viven usualmente en hacinamiento crítico. Estos barrios o agrupaciones de vivienda son consideradas
por el Estado como ilegales, lo que hace que no invierta en su mejoramiento (el carácter de ilegalidad parece ser
equivalente al olvido del Estado).
El 43% de la población habita en viviendas con necesidades básicas insatisfechas, el 12,9% con fallas físicas, el 12,6%
con hacinamiento crítico (4 ó más personas por habitación) y el 21% sin servicios. En la zona rural, los porcentajes correspondientes a estas variables son 26,1%, 16,3% y 49,3%, respectivamente.92
En el año 2001, el 91,7% de los hogares de las zonas urbanas tenían agua y acueducto, el 80.8% alcantarillado y 97%
aseo. En las zonas rurales la situación es mucho peor, tan solo el 56.3% de los hogares tenía suministro de agua, el
33.9% alcantarillado y escasamente el 1.9% servicio de aseo93.
En el año 2000, del total de la población, aproximadamente 13.9 millones de personas (33%), no contaban con servicio
de alcantarillado y que tan solo el 61% de la población tenía servicio de disposición de basuras94.
Al respecto, algunos de los niños y las niñas consultados manifiestan que: “no encontramos una gran cobertura de
este servicio que es garantizar el servicio potable y de alcantarillado. El alcantarillado no lo tienen en todos los barrios,
el agua potable si que menos, algunos no viven en lugares seguros. Los niños pedimos un desarrollo más avanzado
como educativo y familiar, que Colombia cumpla nuestro grito de paz”.
“que nos permitan una vivienda digna, que sean más equitativos, a nivel regional afecta el nivel de desarrollo y mental
de aquellos niños que viven en estos lugares inseguros, y ahí pueden observar cual sería su desarrollo, recomendamos
crear estrategias para que los niños tengan un buen desarrollo tanto físico como mental”95.
92 www.ucaldas.edu.co/lunaazul/numero_03/#1
93 UNICEF; FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Op. Cit.
94 Ibíd.
95Consulta realizada con niños y niñas. Cali, abril de 2005.
96 Consulta regional con niños y niñas. Medellín, abril de 2005.
31
6.1. DERECHO A LA EDUCACIÓN (Artículos 28, 29)
“... hay niños que no van a la escuela porque la educación está cara y piden demasiados implementos de un costo muy
elevado y el gobierno no quiere apoyar a estas familias. Todos los niños deben estudiar e ir al jardín por que en los
primeros años de vida se necesita un desarrollo motriz...”96
El informe de la UNESCO para el año 1999, afirma que en Colombia existen más de 2,8 millones de niños y niñas en edad
escolar que se encuentran por fuera del sistema educativo, es decir, el 20% de la población de los niños y las niñas. Así
mismo, según un informe del Ministerio de Educación Nacional, para 1999, solamente 12 de cada 100 jóvenes que terminan el bachillerato pueden ingresar a programas de educación superior. La misma fuente señala que el 35 % de los niños
matriculados se retira de la escuela en los tres primeros años del ciclo de enseñanza. Se convierten así en analfabetas
funcionales. Adicionalmente, sólo el 47% de los niños entre los 12 y 17 años ingresa a secundaria.97
Entre los principales problemas educativos no resueltos en el país, que ubica la Defensoría del Pueblo en su informe
anual 2001 presentado al Congreso de la República, se encuentran los altos índices de deserción escolar, el elevado número de niños y niñas repitentes tanto en la educación básica como media y la disparidad en el índice de analfabetismo
entre las zonas rurales y urbanas.
En el informe de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Colombia 2002, se dice que en las zonas
rurales existe todavía un 18% de la población analfabeta. Así mismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales señala entre sus preocupaciones las bajas tasas de alfabetización de adultos.98 El informe correspondiente al
año 200099, muestra cómo la educación superior y la educación preescolar son un privilegio de los hogares con mayores
ingresos, siendo la educación primaria la que ha mostrado más avances, continuando la inequidad y la exclusión en la
educación secundaria. Señalan además que “El notable aumento del gasto público y privado en educación no se ha visto
reflejado en una eficiente distribución de los recursos, en la cual hay evidentes diferencias entre regiones”.
Un estudio de la Universidad de los Andes señala que en el acceso a la educación se ha tendido a favorecer más en
los últimos años a las familias de ingresos medios y altos que a las familias más pobres. Un efecto directo de la crisis
económica reflejado en el año del estudio (2000) fue el traslado, en las escuelas del Estado, de los cupos que antes
se destinaban a las familias más desfavorecidas hacia sectores poblacionales de ingresos
medios. “Todo ello muestra que la educación pública no ha proveído mayores oportunidades a los más pobres”.100
98 INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN COLOMBIA. E/CN.4/2002/. Ibíd.
99 INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA OFICINA EN COLOMBIA, AL 56 PERIODO DE
SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS E/CN.4/2000/11.
100 Ibíd.
32
6. EDUCACION, ESPARCIMIENTO Y
ACTIVIDADES CULTURALES
El progreso en coberturas educativas se frenó durante el quinquenio, el Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Educación señala: “La tasa de matrícula combinada para todo el país disminuyó, puesto que muchos hogares
no pueden seguir enviando a sus hijos a las instituciones educativas, por falta de ingresos o porque los jóvenes se retiran
a buscar empleo. Las mujeres se retiran del sistema escolar en mayor medida que los hombres. A esta situación se suma
que el Estado no ha proveído cupos suficientes en las escuelas públicas, dejando fuera del sistema educativo a un gran
número de niños en edad escolar. Los más afectados han sido los menores de familias de escasos recursos.”101
Esta misma situación se ve reflejada en la opiniones de algunos de los niños y las niñas consultados: “la ayuda fue insuficiente ya que no cumplió con la necesidad de educación y solo para los que tienen más o menos nivel económico,
pero los que no tienen nivel económico y no pueden mandar a sus hijos al colegio no, por que si tienen para mandarlos
al colegio no tienen para darle comida.”102
El informe del Estado al Comité reconoce que entre los años 1998 y 2003 las coberturas netas cambiaron muy poco,
pasando en preescolar de 27% a 30,6%, en primaria disminuyendo de 83,5% a 82,3% y en secundaria aumentando
de 51,4% a 54,7%. Con un aumento en los índices de deserción en todos los niveles en el fenómeno que algunos han
llamado de “saco roto”: Entran nuevos niños y niñas al sistema, pero desertan un número similar, constituyéndose la
deserción en el problema más preocupante en el quinquenio.
Persistió igualmente la inequidad en el acceso a la educación. Según un estudio realizado por CODHES, 2.035.607
niños y niñas en edad escolar se encuentran actualmente por fuera del sistema educativo. Las estadísticas recogidas
en ese informe indican que, en el año 2000, mientras que prácticamente todos los niños entre 7 y 11 años del 30% de la
población de más altos ingresos asistían a algún establecimiento educativo, un 11% del 30% de la población con ingresos más bajos no lo hacía. Aunque el informe señala que los últimos han sido beneficiados con mayores oportunidades
de acceso, éstas no han sido suficientes para lograr el acceso universal.
En el quinquenio referido para aumentar las coberturas, se abrieron nuevos cupos en los planteles educativos, pero no
se mejoraron las instalaciones, la dotación, ni el equipamiento y tampoco se contrató nuevo personal, lo que llevó a
condiciones de hacinamiento, ya que los nuevos estudiantes y los existentes tuvieron que acomodarse en las mismas
plantas. Se aumentó el número de alumnos por salón y maestro (en salones para 30 estudiantes se ha pasado a atender
más de 45), lo cual limita la calidad de la educación que reciben los niños y niñas.
La flexibilización progresiva de las condiciones laborales de los profesores en el país tiende a agravar el problema,
pues mientras se congelan los salarios y se reducen derechos en seguridad social, aumenta la jornada de trabajo, el
número de alumnos y la inestabilidad, abriéndose además la posibilidad a profesionales no calificados en pedagogía
para prestar la docencia.
La precariedad de las instalaciones y la carencia de materiales pedagógicos es frecuente dada la insuficiencia de los recursos
asignados por las entidades estatales. “Las deficiencias específicas en las áreas de pertinencia del currículo y del Proyecto
Educativo Institucional, con programas poco atractivos y llamativos, aunadas a la falta de materiales educativos, recreativos y
ayudas tecnológicas y al mal estado de la infraestructura, fueron identificadas y caracterizadas como causas que inciden en
la falta de permanencia de los niños y las niñas en el sistema escolar y en la baja calidad de la educación”103.
“Así, la libertad de aprendizaje y de enseñanza cede paso a instituciones en las que el hacinamiento, la repetición de
contenidos estandarizados y la anulación de la creatividad de alumnos y docentes, contribuyen a la formación de una
sociedad disciplinada, falta de crítica y de propósitos transformadores”104.
101 INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA. E/CN.4/2001/15.
103 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – UNICEF. Op. Cit.
104 PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO. Op. Cit.
33
Frente a la calidad de la enseñanza, algunos de los niños y las niñas consultados expresan: ”pensamos que el gobierno
ha hecho cosas, pero a veces lo hace como por tapar, digo que está mal, en cuanto a la educación es de mala calidad,
no hay suficiente ayuda porque toda la plata se la gastan en cosas innecesarias. Necesitamos que el Estado se comprometa a que nuestra educación sea digna y que sea un compromiso social”106.
Mejorar la calidad de la educación pasa necesariamente por una educación inicial, en condiciones favorables, que
permita a los niños y las niñas desarrollarse física, emocional, social y cognoscitivamente. Esto al principio de la
década pasada fue reconocido por las autoridades educativas, quienes se comprometieron a incorporar tres años
de educación preescolar al ciclo educativo. A pesar de este compromiso el Estado ha desarrollado sólo un año
de preescolar en la educación pública, lo cual genera también inequidades con la educación privada. El actual
gobierno ha expresado claramente que el Estado sólo se compromete con este año de preescolar, echando para
atrás en los compromisos ya adquiridos.
En el establecimiento de ese año de preescolar tampoco se han cumplido los objetivos propuestos. “A pesar del crecimiento que permitió pasar del 14% de cobertura en el momento que se definió como obligatoria, se estancó en 60%,
muy por debajo del 90% señalado como meta para el 97, debido a restricciones y contradicciones entre las políticas”.107
A comienzos del quinquenio estaban por fuera el 18% de los niños del sector urbano, y el 50% del rural; mientras 4 de
cada 5 niños de los estratos más altos asistían a preescolar, solo uno de cada dos niños pertenecientes al 40% más
pobre tenían acceso a este nivel108, al finalizar el quinquenio la situación no había variado significativamente. Los niveles
de cobertura fueron aún más bajos en los sectores rurales y entre las minorías étnicas.
Lo más preocupante frente a la educación preescolar es la exclusión y la inequidad en el acceso, la cobertura en familias
de altos ingresos es de casi el 100%, y de menos del 25% en las familias más pobres, de igual forma casi toda la oferta
se concentra en el sector urbano109.
Los programas dirigidos a la primera infancia a cargo del ICBF, mencionados en el informe estatal, se han constituido
en una alternativa de cuidado, con algunos elementos educativos para los niños y niñas más pobres, Su apertura hace
quince años se convirtió en un desarrollo que permitió una mejor atención y cuidado de la primera infancia, pero ellos no
responden al reto indispensable en el siglo XXI de una educación inicial de calidad y no existe articulación de los mismos
con programas de educación preescolar.
La cobertura de estos programas dirigidos a la primera infancia, en vez de aumentar, disminuyó en el quinquenio, los dos
programas de más alta cobertura disminuyeron sus cupos: 23% el programa FAMI y 11% el programa Hogares Comunitarios de Bienestar, entre los años 1999 y 2002, como lo muestran las cifras del informe del Estado.
106 Consulta Regional con niños y niñas. Medellín, abril de 2005
107 ACOSTA, Alejandro, KATTAH, Fadua. Op. Cit.
108 ACOSTA, Alejandro, KATTAH, Fadua. Op. Cit.
34
Según el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación, en las pruebas realizadas, los
estudiantes colombianos están por debajo del promedio regional. En Bogotá que tiene los resultados más altos
del país, la Secretaría de Educación reconoce que los resultados de las pruebas de calidad son preocupantes.
“Las pruebas del Distrito realizadas para medir la sensibilidad hacia la ciudadanía, encontraron que la escuela
no produce en los jóvenes el grado de razonamiento y juicio moral que estarían en capacidad de tener con su
edad con la contribución de la institución. En matemáticas, lenguaje y ciencias, SABER reporta los mismos bajos
resultados desde hace 8 años”105.
Si bien hubo algunos logros en cobertura y calidad de la educación en todos los niveles, los programas educativos
consignados en los planes de desarrollo que cubren el quinquenio analizado, no alcanzan a suplir los requerimientos
propios de una educación universal, gratuita y de realización progresiva del derecho a la educación, puesto que “una
evaluación de los planes de desarrollo del período 1990-2006 en función del contenido del derecho a la educación y
las obligaciones del Estado, permite afirmar que las estrategias formuladas en dichos planes, o bien son insuficientes,
o bien son incoherentes, frente al marco de obligaciones de respeto, protección y realización progresiva del derecho
a la educación preescolar, básica y media. Concretamente, los planes de desarrollo, en lugar de disponer de programas y proyectos para avanzar en el logro de cada uno de los componentes del derecho a la educación (educación
disponible, acceso al sistema educativo, permanencia en el sistema educativo y educación aceptable en términos de
calidad y garantía de los derechos humanos en el proceso educativo), limitan el contenido del derecho a los problemas
más evidentes del sector educativo: cobertura, calidad y eficiencia del sistema. Aunque es fundamental corregir estos
problemas para avanzar en la materialización del derecho a la educación, es insuficiente frente a la naturaleza del
derecho y al conjunto de responsabilidades que el Estado debe asumir para que todas las personas puedan alcanzar
un disfrute efectivo del mismo.”110
Las metas de cobertura planeadas no corresponden con las obligaciones constitucionales y normativas nacionales
e internaciones de asegurar una educación universal, gratuita y obligatoria, ya que “si bien en todos los planes se
proponen la meta de alcanzar la universalidad de la educación primaria, ninguno reconoce siquiera la obligación
de asegurar a todos los niños y las niñas la educación secundaria, que se encuentra protegida constitucionalmente
para todo menor de 18 años.”111
Por otro lado, existe una tendencia a considerar, dentro de la formulación de la política pública, la educación como un
servicio público más que como un derecho universal, según la Defensoría esta tendencia ha generado en la práctica
que cada vez más las familias se vean abocadas a resolver por su cuenta el pago de la educación de sus hijos, llevando
con esto a “una creciente pérdida de la educación en el espacio de los derechos sociales y su posicionamiento en el
espacio de los bienes mercantiles”. Esto impide el acceso a la educación de los más pobres y vulnerables, limitando la
movilidad social. Así, “la educación, en lugar de convertirse en el principal vehículo para alcanzar la igualdad de oportunidades, se convierta en el mayor criterio de selección y exclusión social”.112
Algunos de los niños y niñas consultados reflexionan al respecto: “ el gobierno en cierta forma nos niega el derecho a la
educación porque somos personas empobrecidas, que no podemos pagar la educación y el Estado no hace nada por
nosotros. No cumplió (durante este quinquenio) por que la educación en la institución pública es muy alta (costosa) y las
personas empobrecidas no podemos pagarla, por que los jóvenes que no tienen SISBEN no les dan el “apoyo” escolar
que se les brinda, pues la educación así sea pública es muy alta y su compromiso era educación gratuita.113”
La gratuidad del derecho a la educación es reconocida por la constitución de 1991, pero sobre ella no existe garantía.
Según informe del Banco Mundial, citado por la relatora especial de Naciones Unidas para la Educación, Colombia es
el único país de la región donde la educación primaria no es gratuita, esto se refleja en la formulación del plan de desarrollo 2002 – 2006, el cual “no menciona el derecho a al educación, ni contempla ninguna estrategia para ampliar la
educación gratuita ni reducir los costos educativos. Al contrario, se utiliza el principio de cofinanciación por parte de las
familias y los alumnos, con la consecuente descarga por parte del Estado en derechos humanos sobre los particulares.
La imposición de una tasa de Impuesto de Valor Agregado (IVA) al costo de las matriculas educativas demuestra el
concepto de compra – venta de la educación (Ley 788 de 2002, arts. 34 y 35)”. 114
111 Ibid
112 Ibid.
113 Consulta Regional con niños y niñas. Cali, abril de 2005
114 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA. Informe de la relatora especial de Naciones Unidas: Katarina Tomasevski. NACIONES UNIDAS – Consejo Económico y Social - Febrero 2004. Op. Cit.
35
En Colombia, la inversión pública en educación es igual que la privada, ambas representan cerca del 4% del PIB115. Así
pues, existen dos sistemas educativos paralelos en Colombia: “educación pobre para los pobres y educación privada
costosa para los ricos. Cerca del 30% de los alumnos están en la educación privada en la primaria, 45% en la secundaria
y 75% en la educación superior. Esto acentúa las diferencias educativas debidas a la pobreza y la riqueza de las familias,
y la educación preescolar y superior son un privilegio de aquellos con mayores ingresos.”116
Algunos de los niños y las niñas consultados dicen que el Estado cumple de manera parcial, “Porque da educación pero
no satisface la necesidad de los niños y niñas en cuanto a uniformes debido a que los estudiantes tienen que mandar a
hacer los uniformes a un precio muy elevado para su nivel económico; en cuanto a útiles escolares es muy insuficiente
debido a que en tres cuadernos, un lápiz, dos esferos, un borrador y un tajalápiz no satisfacen la necesidad de un niño y
una niña durante un año escolar. El compromiso que el Estado hizo a niños y niñas se ha cumplido en un 30% referente
a un 100% de lo que se esperaba. El Estado no provee los medios que se necesitan para que un niño se desarrolle totalmente, están mintiendo llenando de mentiras y maquillando la verdad ante los demás países extranjeros.”
La incapacidad de pago de las familias se convierte en el factor principal de la falta de escolarización y de la deserción
escolar, se estima que en promedio el costo de la educación de un niño o una niña, por año asciende a 1.080.000
pesos(US 490), equivalentes a tres salarios mínimos mensuales, monto bastante oneroso que familias pobres no pueden
sufragar117, teniendo en cuenta la crisis económica y el desempleo.
Los niños y las niñas consultados manifiestan que los costos se convierten en una limitante para su acceso a
la educación “ El gobierno se comprometió a que no se iba a cobrar la matricula y teníamos que ir a estudiar, y
no lo están cumpliendo por que nos están cobrando la matricula y algunos niños no están yendo a la institución
por que no los dejan por que son de la calle, y también porque no tienen uniforme y nos hacen ir a la casa si
no llevamos el uniforme, y si llegamos tarde al colegio tampoco nos dejan entrar y si no llevamos los zapatos
del color que es, también nos devuelven y nos hacen llevar el acudiente o la excusa, nos hacen vender boletas
para hacer una cancha mas grande y no lo cumplen.”
La Defensoría del Pueblo en su informe presentado al Congreso de Colombia en el año 2003 recomienda al Estado
colombiano “asegurar, por una parte, que el plan contenga disposiciones mínimas que cobijen de manera íntegra los
distintos componentes del derecho a la educación y, de otra, que la ejecución de las acciones tenga un impacto positivo
sobre su realización, con especial referencia a los grupos poblacionales más vulnerables”.
Los niños y las niñas, participantes en los talleres regionales realizados en Medellín, Villavicencio y Cali, recomiendan
al Estado Colombiano: “que nos apoyen más en nuestra educación tanto como en la primaria, secundaria, como en
nuestros estudios superiores, hacer mas campañas de prevención en drogas, de métodos anticonceptivos, etc. Que
se cumpla el lema “los niños estudian y los adultos trabajan”, que se realicen fundaciones para los niños que trabajen,
donde les remplacen esto por estudio “gratuito” hasta determinado grado… El Estado se comprometió a cumplir y a
brindarnos el derecho a la educación, sin importar nuestra raza, sexo, o condición social, necesitamos que el Estado se
comprometa a que nuestra educación sea digna y que sea un compromiso social...”
115 VARGAS, J. E.; SARMIENTO, A. La descentralización de los servicios de educación en Colombia, Serie de Reformas de Política Pública, No. 50, Naciones Unidas y CEPAL, Santiago de Chile, 1997.
116 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA. Informe de la relatora especial de Naciones Unidas: Katarina Tomasevski. NACIONES UNIDAS – Consejo Económico y Social - Febrero 2004. Op. Cit.
117 Ibid.
36
El proceso de descentralización, las políticas de ajuste, de restricción y racionalización del gasto público, aplicadas a la
reorganización del sistema educativo, pueden limitar la realización del derecho pleno a la educación, puesto que obedecen más a criterios de carácter presupuestal y de política económica. La asignación presupuestaria educativa actual no
es suficiente para universalizar la educación preescolar y básica.
6.2. DERECHO AL DESCANSO, AL ESPARCIMIENTO Y
A LAS ACTIVIDADES CULTURALES (Artículo 31)
“...aunque el Estado ha implementado participación de jóvenes en los Consejos Municipales de Juventud, Juntas de Acción Comunal, instituciones educativas, patrocinio a proyectos juveniles, talleres en diferentes lugares de concurrencia
masiva de jóvenes y apoyo a grupos artísticos y de encuentro social. Pero no ha sido en todos los lugares , por que
hay jóvenes que no se ven beneficiados con este apoyo, ya que no llega a los desplazados e invasiones, personas que
construyen sus propiedades en lugares que no les pertenecen. Los jóvenes que no alcanzan a ser acogidos por estos
planes o proyectos, ocupan su tiempo libre en destruirse…”118
En un país con tantos problemas urgentes por resolver, el tema de la recreación, el arte y la cultura se ha visto como
accesorio y sin apremio dentro de la agenda pública; cayendo, en algunos casos, en actividades sueltas y sin procesos
de largo plazo. Lo lúdico, lo recreativo y lo artístico son vistos por las instituciones estatales más como herramientas
para promover otros temas como salud, educación o seguridad, que como derechos en si mismos. Con respecto a los
derechos al descanso, el esparcimiento y el acceso a las actividades culturales y artísticas, se tuvieron algunos logros
durante el quinquenio, producto de la labor de diversas instituciones gubernamentales, de organizaciones no gubernamentales y de las comunidades organizadas.
Durante este quinquenio se implementaron el Plan Nacional de Recreación y la Campaña Nacional del Día del Niño, liderados por la Oficina de la Primera Dama; se pusieron en marcha las Casas de la Cultura y las Casas de la Juventud; se
creo la dirección de Infancia en el Ministerio de Cultura, la cual pretendía generar acciones y estrategias de tipo cultural
en la perspectiva de derechos de la niñez; igualmente se constituyó y consolidó el Consejo Nacional de Niños y Niñas,
con representantes de diversas regiones del país entre los 7 y 17 años, el cual estuvo acompañado de ROCIN, la Red
de Organizaciones Culturales de Infancia.
Estos programas nacionales, no han tenido el mismo impacto en todas las regiones de país, como lo expone un estudio
realizado por CIMDER y UNICEF119, en las ciudades de Popayán (Cauca), Pasto (Nariño) e Istmina (Chocó), el cual ubica
como debilidades de la política recreativa y cultural las siguientes: los escasos espacios recreativos, culturales y deportivos; algunos espacios deportivos se constituyen en escenario para el consumo de sustancias psicoactivas, encuentro
de pandillas y generación de conductas antisociales; no se promueven o fortalecen capacidades y potencialidades de
adolescentes y jóvenes; no se promueven suficientemente el deporte, la recreación y la cultura.
Este mismo estudio, reconoce como capacidades y oportunidades que brinda la puesta en marcha de una política
publica, aún incipiente pero en un proceso de consolidación, dirigida a garantizar estos derechos, la concepción de la
recreación como una herramienta para transformar la dinámica de los conflictos sociales cotidianos, de manera que
posibilite la construcción de espacios orientados a cambiar las relaciones sociales que crean la violencia y a eliminar
los obstáculos que impiden la tolerancia, la posibilidad de formación de jóvenes en recreación y deporte como parte de
las tareas de socialización y recuperación psicoafectiva, entre otras. Como lo manifiestan y demandan algunos niños
participes en la elaboración de este informe, el mencionar que “... Necesitamos que el gobierno cree mas espacios de
recreación donde los jóvenes ocupen su tiempo libre en construir una cultura de paz“
Los temas de recreación y cultura han empezado a tener algún lugar en las políticas públicas, sin embargo es muy limitada
la oferta de servicios, así como la demanda de los mismos, ya que falta una apropiación de la recreación y la cultura como
derechos fundamentales para el buen desarrollo integral de los niños y las niñas.
118 Consulta Regional con niños y niñas. Cali, abril de 2005.
37
7.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS
Y NIÑAS FRENTE AL CONFLICTO ARMADO (artículos 38 y 39)
7.1.1. NIÑOS Y NIÑAS VINCULADOS DIRECTAMENTE
AL CONFLICTO ARMADO INTERNO
¨…reclutan a cualquiera no importándoles que vengan de la guerra si no que los mandan a la guerra a que los maten,
poniéndolos de carnada, no sabiendo que ellos (los niños que viven en zonas de conflicto) no quieren saber nada de las
armas y menos sabiendo que fueron afectados por ellas....¨120.
En los últimos años el conflicto armado interno se ha agudizado y extendido a prácticamente todas las regiones del país,
dando lugar a violaciones sistemáticas de los derechos humanos reflejadas en el aumento de ataques indiscriminados a
la población civil; los niños y las niñas son uno de los grupos más afectados al verse involucrados de diferentes maneras
en el conflicto: la vinculación directa es una de sus formas más preocupantes.
En Colombia, según estimativos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entre 7 mil y 15. mil menores de
edad están integrados a los grupos armados ilegales. Human Right Watch, por su parte, precisó en su informe sobre
Derechos Humanos en Colombia (2003), que son 11 mil niñas y niños los que se encuentran vinculados a estos grupos.
La Coalición para Acabar con el Uso de Niños Soldados, en su informe Global 2004, calcula unos 14 mil niños y niñas
reclutados por paramilitares y grupos armados de oposición en el país.
A este número hay que sumar los menores de 18 años vinculados a las milicias urbanas, que en la sola ciudad de Medellín se calcula son de 7 mil a 10 mil y que en todo el país podrían sumar más de 40 mil121.
Durante el quinquenio, se lograron avances legislativos importantes: la ley 548 de 1999 que determina que ningún menor de 18 años podrá ser incorporado a filas militares122; la Ley 782 de 2002123, el decreto reglamentario 128 del 2003124
y la Ley 833 de 2003 que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a
la Participación de Niños en los Conflictos Armados. Si bien esta legislación no ha servido para proteger a los niños
y las niñas de su vinculación a los grupos armados irregulares, si ha permitido que sea visibilizado el impacto de la
guerra en ellos y ha generado una preocupación general por protegerlos de los horrores de la misma125.
121 DURAN, Ernesto. El Conflicto Armado y los derechos de los Niños. Reflexiones a partir del caso de Colombia, Bogotá, 2003.
122A raíz de ello, en diciembre del 1999 el Ejército Nacional, desvincula a cerca de mil jóvenes soldados menores de edad que estaban voluntariamente en sus filas, en todo
el territorio nacional. Tal decisión coincide con el espíritu del Protocolo opcional a la Convención sobre los Derechos del niño relativo a la participación de los niños en los
conflictos armados.
123 Es de destacar el artículo 6 de esta ley, el cual establece que los niños vinculados son víctimas del conflicto armado, al modificar el artículo 15 de la Ley 418 de 1997,
prorrogada por la Ley 548 de 1999.
124 Como una avance importante aparece el artículo 22 del Decreto 128 que proscribe “cualquier forma de utilización de menores en actividades de inteligencia” .
125 DURAN, Ernesto. Op. Cit.
38
7. MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN
(Artículos 22, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 y 49)
Se empezó el diseño y ejecución de acciones y programas de prevención y sensibilización, financiados por organismos
de cooperación internacional e implementados por organizaciones no gubernamentales. Estos se ejecutaron de manera desarticulada, lo que impide hacer un balance real de sus avances, logros o esfuerzos126
7.1.2. DESVINCULACIÓN Y REINTEGRACIÓN
¨...el gobierno hace cosas que alivie a la gente con pañitos de agua tibia y no se ayudan radicalmente. Por ejemplo, en
el plan de reinserción del gobierno se ayuda a estos jóvenes durante un tiempo, después se abandonan a su suerte y lo
que es peor aun se integran a la vida social para integrar a más jóvenes a estas filas. Hay niños que quedan huérfanos
y no tienen derecho a recibir una atención en salud psicológica ...¨127
Hacia mediados del 2003 el ICBF había atendido a 1452 niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado y,
específicamente, en el programa de atención a victimas de la violencia a 880 jóvenes128, ya sea por retiro voluntario, por
captura, o porque fueron entregados por los mismos grupos armados. El mayor número se ubica entre las edades de
16 y 17 años. Se calcula que un número igual o mayor se desvinculó sin presentarse ante las instituciones del Estado.
En 1999, el ICBF puso en marcha un programa especializado para la atención y protección de los niños y las niñas
desvinculados del conflicto armado interno, diferente al programa ofrecido por el Instituto para los niños y las niñas infractores a la ley penal. A partir de esta experiencia piloto de atención especializada, se comienza a ubicar a
los niños en “Centros de Observación y Diagnóstico”. En el año 2000 se estructura el Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, con el fin de ampliar la cobertura, creando los “Centros de Atención Especializada”, donde
se intenta desarrollar un proceso de inserción social a la vida civil. En el año 2002 se crean dos fases adicionales
al programa: Hogar Transitorio y Casa Juvenil o de egreso.
Si bien se debe destacar el esfuerzo del ICBF por construir e implementar un modelo de intervención cualificado para
los niños, las niñas y los jóvenes desvinculados del conflicto armado, es necesario evaluar la importancia dada a la
internación en él. Además, no se propuso una mirada diferencial que tuviera en cuenta las particularidades de las condiciones de los niños y las niñas en relación con su contexto regional de origen, su diferencia de género o su diversidad
étnico-cultural, entre otras. De otro lado, adoleció de una estrategia ágil de seguimiento y monitoreo post-institucional
que permitiera continuar apoyando a los niños y las niñas en su proceso de inserción social, después de su permanencia transitoria en el programa.
Frente a la normatividad se lograron avances positivos como ya se mencionó, sin embargo, la ausencia de un marco
legal que compile todas las normas relacionadas y establezca claramente el procedimiento a seguir por parte de las
autoridades e instituciones que participan en el proceso de desvinculación, genera inconvenientes y dificulta su aplicación129. Por ello son frecuentes las irregularidades durante el proceso130.
126 UN OBSERVATORIO SOBRE INFANCIA. Niñez y conflicto armado: una mirada institucional al caso colombiano, Bogotá, 2004.
128 UN OBSERVATORIO SOBRE INFANCIA. Op.cit.
129 Ibíd.
130 Un estudio de la Defensoría del Pueblo determinó que muchas autoridades judiciales “no han tenido en cuenta las disposiciones internacionales y nacionales que consideran a todos los niños desvinculados como víctimas
del conflicto” (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2003), por lo que muchos de estos niños han seguido recibiendo el mismo tratamiento que los niños infractores de la ley penal.
39
7.1.3. NIÑEZ AFECTADA POR LAS MINAS ANTIPERSONA
¨…Opinamos que se le debería brindar información a los niños, jóvenes y adultos de zonas rurales sobre minas quiebra
patas, granadas y otras, para prevenir accidentes con estos y otros… la guerra están jugando con los sueños, vidas,
metas de ellos y sus necesidades de una forma muy inhumana131.
En el marco de la contienda armada, se han impulsado estrategias de guerra como la siembra indiscriminada de minas
antipersonales por parte de los actores en conflicto, donde la población civil, y en particular los niños y las niñas han sido
los más afectados, evidenciando así una sistemática infracción al Derecho Internacional Humanitario.
A pesar de que en el 2001, el Estado Colombiano ratificó la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersona y sobre su Destrucción, a través de las leyes 554 de 2001 y 759
de 2002; en el país ha aumentado considerablemente el uso de estos artefactos. Según datos de UNICEF a octubre de
2003, Colombia es el único país del continente donde se siguen sembrando minas132.
Se estima que en el año 2001 en el país había cerca de 70 mil minas antipersona sembradas en 105 municipios, y como
consecuencia de ellas 5.250 niños y niñas habían sido afectados133. El problema ha ido en aumento ya que en el 2002 se
reportaron 130 mil minas sembradas, en 256 municipios ubicados en 28 de los 31 departamentos del país134. En su orden,
los grupos armados responsables de estas prácticas son las FARC– EP, el ELN y los Grupos Paramilitares.
Publicaciones posteriores muestran que el fenómeno es mucho mayor de lo reportado y que esta problemática se extiende por lo menos al 45% del territorio nacional, ya que se presume que en 499 municipios, pertenecientes a 29 de los
32 departamentos del país, existen siembras de estas minas135.
Muchos niños, niñas y jóvenes han perdido la vida a causa de estas minas y otros artefactos explosivos, los que han
sobrevivido a estos accidentes sufren serios impactos físicos al presentar daños irreparables que derivan en amputaciones, ceguera y otros traumatismos, sumado a los graves daños emocionales y psicosociales.
En la mayoría de los casos, la asistencia a las victimas se dificulta debido a que estos niños, niñas y jóvenes pertenecen a sectores
rurales o distanciados. Se han presentado problemas en cuanto al acceso a la atención en salud, al acceso a las prótesis, así como
a los programas de rehabilitación integral, y atención psicológica. Además de los obstáculos para una plena integración social.
Es importante señalar que el Estado a pesar del avance normativo, no implementó en el quinquenio una política integral frente
a este tema; así mismo, adelantó pocas acciones que permitieran prevenir esta situación. Los programas en este sentido fueron
insuficientes, no se logró el impacto necesario para disminuir el número de accidentes de la población infantil con las minas.
132 UNICEF, FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Op. Cit.
134 INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA. E/CN.4/2002/17. Op. Cit.
135 UNICEF, FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Op. Cit.
40
Aunque se destaca, durante el periodo, la labor de capacitación a jueces y funcionarios públicos a lo largo de todo el
país, en lo que respecta a la ruta jurídica que debe seguir el niño y la niña desvinculado, continúa existiendo ausencia
de criterios unificados de los jueces y ausencia de regulación de la gestión de los defensores de familia en lo que tiene
que ver con el acompañamiento, la definición de su situación y los beneficios que la ley le brinda a los niños y las niñas
que se desvinculan de los grupos armados.
7.2. DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS REFUGIADOS O DESPLAZADOS
¨... El gobierno debería sentar cabeza y pensar que los niños y las niñas no necesitan ayudas de comidas y de ropa, lo
que necesitamos es que garantice nuestros derechos, como el derecho a la seguridad, tanto a los desplazados como
a los vulnerables; la seguridad en Colombia es pésima, solo cuidan al presidente, al gobernador, al alcalde y los diputados, y los niños que vienen huyendo de la guerra los dejan a la deriva expuestos a que los maten…¨136
Durante el quinquenio, el desplazamiento forzado se incrementó y expandió por todo el territorio nacional, dando lugar
a que miles de niños y niñas fueran afectados por el fenómeno, y dejando a su paso costos físicos, psicológicos y sociales irreparables. La desintegración de los hogares y la separación forzada de familias en situación de desplazamiento
es un hecho frecuente impuesto por las circunstancias de violencia y persecución en las zonas de conflicto137.
Según datos del COHDES en el quinquenio 1998-2003 fueron desplazadas en el país 1’667.853 personas (casi el 4%
de la población del país), distribuidos de la siguiente manera: 308.000 en 1998, 288.000 en 1999, 317.375 en el 2000,
341.925 en el 2001, 412.553 en el 2002; constituyéndose en la diáspora más grande en todos los países de occidente.138
Cerca del 60% de los desplazados son menores de 18 años y el 40% son menores de 14 años. Ellos han vivido directamente la violencia, muchos han perdido a uno de sus padres o alguna persona de su familia, la mayor parte de ellos
han visto morir, asesinar, bombardear o torturar.
La falta de oportunidades para acceder a la educación entre los niños y niñas debido a su situación de desplazamiento
es preocupante: Durante el 2002, según la Red de Solidaridad Social, aproximadamente 216.350 niñas y niños abandonaron los centros educativos de varias regiones del país por causa del desplazamiento forzado. En los municipios
receptores, durante el mismo año, la asistencia escolar de la población desplazada era del 8.8%, con solo 10.762 matriculados de un total de 122.295 niñas y niños desplazados contabilizados en el sistema de registro único139.
Las condiciones físicas y nutricionales de la niñez desplazada no son buenas: según un estudio reciente del Programa
Mundial de Alimentos, el 23% de las niñas y niños desplazados padecen de desnutrición por las altas carencias de
elementos básicos140.
La situación de salud y bienestar de los niños y niños en situación de desplazamiento es dramática: en los lugares de
asentamiento de comunidades desplazadas por el conflicto armado, es reiterada la presencia de niños y niñas con altos
niveles de desnutrición, con enfermedades de distinta índole, y con un notable deterioro en su salud mental141.
Frente a la gravedad de la situación, en 1999, el gobierno colombiano expide el documento CONPES 3057, por medio
del cual establece los lineamientos para el desarrollo de una política pública dirigida a la atención de la población
desplazada, en donde precisa que en ella se dará especial atención a la niñez. Sin embargo, y exceptuando algunas
acciones puntuales implementadas por instituciones del Estado142, el desarrollo de la política no manejó una mirada
preferencial hacia los niños y niñas a fin de garantizar el cumplimiento de sus derechos.
137 CODHES. Esta guerra no es nuestra y la estamos perdiendo. Desplazamiento forzado y derechos de la infancia. Boletín No. 32. Bogotá, 2000.
138 CODHES. Comportamiento del desplazamiento 1985-2004. Bogotá. 2005.
139 Defensoría del Pueblo, “Evaluación de la política pública en procesos de restablecimiento de la población desplazada desde un enfoque de derechos humanos”, Bogotá, junio de 2003.
140 Citado por FORERO, Edgar. En: El desplazamiento interno forzado en Colombia, Ideas por la Paz, Washington, 2003.
141 CODHES, Op. Cit.
142 Secretaría de Educación de Bogotá; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Ministerio de Salud (hoy Ministerio de la Protección Social), entre otros.
41
Frente a este punto en particular, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo consideran que “El
gobierno nacional no ha adoptado medidas concretas para proteger la unidad de las familias desplazadas, asegurar
su reunificación, brindar atención especial a los niños huérfanos o separados de la familia y a las familias con jefatura
femenina o con integrantes muy vulnerables”143.
En relación con la oportunidad educativa de la niñez desplazada, el gobierno expide el decreto 2562 de noviembre de
2001 con el fin de reglamentar la ley 387 de 1997, que garantiza el derecho a la educación para la población desplazada;
según dicho decreto las entidades territoriales, de acuerdo con su órbita de competencia, deberán garantizar la prestación del servicio público de la educación en los niveles de preescolar, básica y media, donde quiera que se ubiquen las
poblaciones desplazadas por el conflicto armado interno144.
Sin embargo, el decreto no aborda temas como la continuidad de la atención, la adopción de medidas para favorecer el
acceso, la permanencia y la financiación de los programas; limitando, así, su acción “tanto en la etapa de atención humanitaria, como en la de retorno o reubicación, dejando un vacío de atención durante la fase de transición que precede
los procesos de retorno o reubicación”145.
A esto se suman, las deficiencias en la información de las Secretarias de Educación de los ámbitos territoriales, que dificultan el cruce de información con el Sistema Único de Registro –SUR–, y generan un desconocimiento de la cobertura
real del servicio y de la población desplazada en edad escolar que aún no ha sido beneficiada146
Por otra parte, las instituciones encargadas de garantizar la seguridad alimentaria de los niños y las niñas desplazados,
no cuentan con medidas concretas para llevarlo a cabo. Igualmente, no se han definido con claridad las responsabilidades de las entidades territoriales en materia de apoyo alimentario para la población que retorna.
Debido al déficit de información institucional no se tiene conocimiento de las acciones desarrolladas por las Secretarías
de Salud Departamentales, Municipales y Distritales para mejorar la situación de salud de los niños y niñas en situación
de desplazamiento. Los vacíos de información reconocidos por el Ministerio de la Protección Social dejan ver el incumplimiento de la obligación estatal de garantizar el derecho a la salud de la población desplazada147.
Lo anterior, deja en evidencia que a pesar de la precisión del documento CONPES de dar prioridad a la población infantil,
el modelo de atención dirigido a los niños y las niñas en situación de desplazamiento forzado en el país, no logró -en
palabras del mismo documento CONPES- “promover su mejor integración comunitaria y generar alternativas frente a la
delincuencia o la vinculación al conflicto armado”.
143 Citado por CODHES. Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Bogotá, 2005.
144 PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO. Informe sobre el disfrute del derecho a la Educación en Colombia, 2003.
145 Ibid.
146 CODHES. Op. Cit.
147 CODHES. Op. Cit.
42
Los procesos de reintegración familiar y de recuperación de los niños y las niñas en situación de desplazamiento se le
han encargado al ICBF, quien a través de un proyecto de recuperación integral, aunque no específicamente diseñado
para la población desplazada (cubre a toda la población vulnerable), busca promover la recuperación física y psicológica
y la reintegración social de la población afectada. Sin embargo, el no contar con una estrategia de monitoreo de la población atendida, dificulta los procesos de reintegración familiar y social.
7.3. DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA
LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA Y CONTRA
EL DESEMPEÑO DE CUALQUIER TRABAJO
QUE PUEDA SER PELIGROSO (Artículo 32) 148
¨…En el trabajo y explotación infantil, las causas son varias ya que en algunos casos madres cabeza de familia no tienen
el suficiente dinero para darle el sustento diario a sus hijos viéndose ellos obligados a trabajar, cambiando el juego y
la recreación por el trabajo y la obligación de subsistir, dejando de lado su recreación, viéndose afectados en cuanto a
la parte psicológica, moral y a su desarrollo intelectual, ya que en algunos casos tienen que salir de sus escuelas para
ir a trabajar. Y la raíz de este problema es la falta de oportunidades, ya que si los padres pueden acceder a un trabajo
digno no se verían obligados a todo esto y así no hacen perder la identidad de los niños”149
En noviembre de 2004, la Procuraduría General de la Nación, realizó una visita al Departamento Administrativo Nacional
de Estadística –DANE--, para verificar la encuesta efectuada por esa entidad en el año 2003, en relación con los menores
trabajadores entre los 5 y 17 años. Las cifras verificadas por la Procuraduría dan cuenta de una preocupante situación:
de un total de 11.682.000 de niños y niñas entre los 5 y 17 años (el 27% de la población total), el 12,8% es explotado
laboralmente en el país; el porcentaje de niños y niñas que no puede asistir a la escuela debido a que tiene que salir a
buscar trabajo es de 7.5%; el 48.1% de las niñas y los niños no recibe remuneración alguna. Estas cifras evidencian que
la magnitud del problema no cambió significativamente en el quinquenio.
Durante el quinquenio analizado, la política gubernamental para enfrentar la problemática se concretó, con el
apoyo del Programa IPEC de la OIT, en la puesta en marcha de 2 Planes Nacionales de Acción y de la formulación
de un tercero150.
Entre los principales logros de la política está el reconocimiento institucional del trabajo infantil como un problema social creciente y el desarrollo de procesos de coordinación y concertación interinstitucional e intersectorial para generar
acciones y estrategias de prevención y protección dirigidas a la población de los niños y las niñas trabajadores. Así
mismo, se dieron avances importantes en relación con la información disponible sobre la magnitud y características del
trabajo infantil; se crearon algunos comités departamentales; se capacitaron funcionarios de salud, trabajo, bienestar
familiar y gobernaciones; y se logró la ratificación de los convenios 138 y 182 de la OIT y la firma de la Declaración de
Cartagena de Indias para la Erradicación del Trabajo Infantil151.
Pero si bien es cierto que la temática del trabajo infantil logró un posicionamiento en algunos niveles de la institucionalidad nacional, se presentaron diferentes grados de apropiación de la misma en cada una de las instituciones; la
evaluación realizada a los dos primeros Planes Nacionales resalta el poco compromiso de los niveles de dirección del
Estado con el tema.
148 Gran parte de la información que se entrega en este apartado, fue tomada del documento “Análisis de la política nacional frente al trabajo infantil en Colombia 1995 – 2002”, realizado por la OIT y el OBSERVATORIO SOBRE
INFANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en 2003.
149 Consulta Regional con niños y niñas, Villavicencio, abril de 2005.
150 El Primer Plan Nacional de Erradicación (1996-1998) hizo énfasis en acciones dirigidas a sensibilizar a la población frente al trabajo infantil. El segundo (2000-2002) y el tercero, que se puso en marcha a fines de 2003, se
orientan a la prevención y eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
151 OIT-IPEC. Estudio de políticas sociales y oferta institucional frente al trabajo infantil, Colombia. Resumen ejecutivo, 2002.
43
El documento de análisis de los dos Planes Nacionales refiere una tensión permanente entre la tendencia a diseñar una
política nacional homogénea y la diversidad social y cultural del país, así como la variabilidad misma del trabajo infantil
en las diferentes regiones; como no existía suficiente autonomía regional, muchas de las intervenciones dirigidas a los
niños y las niñas trabajadores en las regiones se diseñaron desde el nivel central, sin tener en cuenta las prioridades
identificadas por los departamentos frente al problema.
Aunque hubo iniciativas importantes de los Planes Nacionales en varios sectores laborales, un problema crítico como el
trabajo en siembra y comercialización de cultivos ilícitos no se asumió.
Finalmente, se debe reconocer el liderazgo que tuvo el programa IPEC-OIT en el desarrollo de los Planes para la Erradicación del Trabajo Infantil, pero así mismo se debe cuestionar el papel del Estado, representado en sus diferentes instituciones, quien asumió un rol poco activo frente al problema y destinó escasos recursos económicos para enfrentarlo,
actitud que afortunadamente, ha tendido a cambiar en años posteriores.
7.4. DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA EL USO Y
EXPLOTACIÓN RELACIONADA CON ESTUPEFACIENTES (Artículo 33)
A pesar de la gravedad que tiene el problema no existe en el país un sistema de información sobre el tema: la encuesta
hecha por el programa Rumbos de la Presidencia de la República en el año 2001152, muestra que la edad de inicio del
consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas es muy temprana.
Para el caso del alcohol la edad promedio de inicio de consumo en las capitales en la población de 10 a 24 años era de
12,9 años, el 15,2% de los consumidores iniciaron su consumo antes de los 10 años de edad y el 89,7% antes de los 14
años. Para el cigarrillo la edad promedio de inicio de consumo era de 13,7 años, el 6,3% iniciaron su consumo antes de
los 10 años y el 68,7% iniciaron su consumo antes de los 14 años. Para la marihuana la edad promedio de inicio era de
14,8 años, el 2,5% iniciaron su consumo antes de los 10 años y el 47,9% iniciaron su consumo antes de los 14 años. Para
la cocaína la edad promedio de inicio era de 14,8 años, el 2,2% iniciaron su consumo antes de los 10 años y el 47,3%
iniciaron su consumo antes de los 14 años. Las edades promedio de inicio para otras drogas fueron: bazuco 14,4 años,
inhalables 13,3 años, éxtasis 15,3 años, hongos 15,1 años, ácidos 15,4 años, tranquilizantes 14,9 años, anfetaminas 14,3
años y heroína 14,1 años.
La prevalencia de consumo en la vida fue igualmente alta: 82,4% para alcohol, 37,8% para cigarrillo, 9% para marihuana,
4,6% para cocaína, 1,2% para bazuco, 2,2% para inhalables, 2,2% para éxtasis, 1,2% para hongos, 0,7% para ácidos, 2,4
% para tranquilizantes, 1% para anfetaminas y 1% para heroína.
152 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PROGRAMA RUMBOS. Encuesta Nacional de Consumo de SPA población de 10 a 24 años. 2001.
44
Los resultados que las instituciones presentaron como avances en los compromisos adquiridos en los Planes Nacionales de Acción eran por lo general cifras globales que no daban cuenta del verdadero impacto alcanzado en la erradicación del trabajo infantil y en la protección del joven trabajador. Así, por ejemplo, el sector educativo reporta programas
de aceleración del aprendizaje para los niños y las niñas en extraedad, telesecundaria y ampliación de la jornada, que
cubren algunos niños y niñas trabajadores. Sin embargo, estos programas no fueron diseñados exclusivamente para
esta población y su cobertura era baja (2.632 niños y niñas en 10 departamentos en el programa de aceleración del
aprendizaje y 7.800 en telesecundaria en cinco departamentos en el 2001). El sector de la salud dictó lineamientos para
el desarrollo de proyectos dirigidos al sector informal de la economía con recursos del Plan de Atención Básica —PAB—,
contemplando dentro de este sector a la población de niños y niñas trabajadores.
Colombia es un país reconocido por la siembra, producción y tráfico de drogas; en las zonas donde se siembran y
procesan la cocaína y la heroína habitan algo más de 2 millones de niños, de los cuales se calcula que cerca de 300
mil trabajan en su siembra recolección y procesamiento, en el quinquenio se conoció además del fenómeno de niños
y niñas que son utilizados para el transporte nacional e internacional de drogas.
Respecto al tema de las drogas, el Estado se ha preocupado fundamentalmente de la erradicación de cultivos ilícitos
(en ocasiones utilizando sustancias que tienen toxicidad sobre los seres humanos y las otras criaturas vivientes) para
cumplir compromisos internacionales y se ha olvidado de la población que participa en su producción, la cual finalmente también es víctima del problema.
El problema del consumo de psicoactivos no fue en el quinquenio, ni lo es ahora, una prioridad para el Estado. En el
periodo 1998-2002 se desarrolló el programa Rumbos, que estudió el problema y trazó algunas pautas de intervención,
pero este programa fue desmontado al producirse el cambio de gobierno, sin que se generara una nueva estrategia.
7.5. DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA
EL ABUSO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL (Artículo 34)
7.5.1. NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL
“...Nos sentimos desprotegidos y sin herramientas para protegernos y actuar ante esta problemática. No sabemos en
qué momento nos pueda ocurrir a nosotros y además de esto, el propio gobierno no ayuda... La justicia Colombiana
flaquea y no es consciente del daño que ocasiona a la persona afectada...”153
Según datos de Medicina Legal, del total de personas abusadas sexualmente en el país, el 86% corresponde a niños,
niñas y jóvenes menores de 18 años. Respecto a la edad, aunque el abuso sexual sucede con niños y niñas de todas
las edades, el grupo más afectado es el de 10 a 14 años. En cuanto al género, las principales víctimas son las niñas: en
2002, Medicina Legal dictaminó que el mayor índice de víctimas de abuso sexual (el 85% del total de casos reportados)
corresponde a niñas de diferentes edades.
Las cifras dadas por Medicina Legal muestran un aumento de los dictámenes respecto a abuso sexual de niñas y niños
en el quinquenio, llegando a 11421 dictámenes en el 2002.
Durante el quinquenio, la respuesta institucional a esta problemática se le encargó, principalmente, al ICBF como ente
coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Se observa un aumento de programas y proyectos de prevención, protección y atención desarrollados, muchos de
ellos, por organizaciones no gubernamentales financiadas por el ICBF o producto de convenios con organismos de
cooperación internacional;154 así como mayor sensibilidad social frente al problema, que se evidencia en el aumento del
número de denuncias; y mayor responsabilidad institucional. En el 2000, mediante convenio 03, se firma el compromiso interinstitucional en el Consejo de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales y las entidades vinculadas se comprometen a expandirlo. En la actualidad los comités de atención funcionan en 30 ciudades y existen Unidades de Atención a
Víctimas de Delitos Sexuales en Bogotá, Villavicencio y Sincelejo
154 Proyecto ¨Para que los niños y las niñas puedan vivir en dignidad: Normativa Nacional e internacional para la prevención y atención del abuso y la explotación sexual en la niñez.” ICBF – UNICEF; Proyecto: “prevención del
abuso sexual infantil en instituciones del departamento administrativo de bienestar social del distrito capital de Bogotá” – SAVE THE CHILDREN; Proyecto de prevención de abuso sexual infantil en 15 instituciones educativas
de Bogotá SAVE THE CHILDREN – Secretaría de Educación de Bogotá; Programa Desarmarnos con Amor: Plan Distrital para la atención integral a los niños y las niñas víctimas de abuso y explotación sexual, Alcaldía Mayor
de Bogotá, entre otros.
45
A pesar de la reforma a la Ley 294 de 1996, mediante la ley 575 del 2000, para cambiar de instancias de competencia
judicial y agilizar las medidas de protección a las víctimas de la violencia, el maltrato y el abuso, la atención a los niños
y las niñas abusados y los procesos legales derivados de ello, siguen siendo, en muchos casos, lentos. Además se
adolece de mecanismos institucionales de seguimiento y monitoreo para los casos reportados.
Pese a la descentralización que se supone posibilitaba el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se observan falencias
en la coordinación entre el nivel central y las regiones. Uno de los mandatos que comporta la coordinación del mencionado sistema es el que hace referencia a la cofinanciación que le corresponde a los entes territoriales y al ICBF, para invertir
y poner en funcionamiento los programas de protección a la niñez. Sin embargo, a través de investigaciones adelantadas
por la Defensoría del Pueblo, se ha podido establecer que tal coordinación y el aporte de recursos financieros, físicos y
humanos, en algunas regiones del país ha sido casi inexistente155.
Planes y programas diseñados desde el nivel central como, por ejemplo, el Plan de Construcción de Paz y Convivencia
Familiar Haz Paz, que tiene dentro de sus líneas de acción el desarrollo de modelos de atención para víctimas de delitos
sexuales, no lograron cumplir con las expectativas esperadas en las regiones ni en cuanto a ejecución ni en cuanto a
resultados. Inicialmente, Haz Paz proponía un enfoque multisectorial de trabajo concertado con el ICBF, los ministerios de
educación y de protección social, los consejos territoriales de política social y los subcomités de infancia en las regiones.
Sin embargo, en la práctica su accionar se restringió al ICBF, teniendo un eco insuficiente entre los entes sectoriales y
las autoridades regionales156
Iniciativas como las Redes del Buen Trato, que tienen presencia en diferentes regiones del país y se constituyen en propuestas válidas para una efectiva vigilancia del fenómeno, se han visto limitadas en sus alcances debido a que no hacen
parte de una política institucionalizada, quedando como un “ejercicio de buena voluntad” por parte de los funcionarios y
de las entidades vinculadas.
7.5.2. NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
“...el desempleo hace que se involucren los niños allí por que muchos de ellos trabajan para ayudar a la familia cuando
deberían estar estudiando y no trabajando en cosas indignas como vendiendo su cuerpo… en nuestra región hay un
tanto % de jóvenes trabajando en lo de la prostitución y todo porque el gobierno no da ayuda psicológica…”157
De acuerdo con los estimativos, aproximadamente 35 mil niños, niñas y jóvenes menores de 18 años son explotados
sexualmente en Colombia. En 2004 el ICBF denunció que la explotación sexual infantil se ha generalizado en el país,
teniendo mayor incidencia en zonas turísticas como el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el Caribe. De acuerdo a la Fundación Renacer, las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla y Cartagena tienen los mayores índices de
niños y niñas en situación de explotación sexual. En estas dos últimas se practica el turismo sexual.
155 Defensoría del Pueblo. Informe sobre los derechos humanos de la niñez durante el año 2001; Defensoría del Pueblo. Boletín No. 7, Bogotá, Septiembre de 2002.
156 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Op. Cit.
46
Si bien se ha avanzado en las procesos de coordinación y concertación interinstitucional e intersectorial, no obstante,
entre las instituciones implicadas en la atención de casos de abuso sexual (comisarías, ICBF, Fiscalía, Medicina Legal y
sector salud) sigue existiendo una fragmentación de acciones que duplica esfuerzos y hace que la atención a los niños
y las niñas víctimas del abuso se convierta en un proceso traumático.
Frente al problema, durante el quinquenio, se ratificó el Protocolo Adicional a la Convención de los Derechos del Niño
relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de los Niños en la Pornografía, y se dieron avances
legislativos como la aprobación de la ley 679 de 2001, por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores de edad, así como la ley 704 de 2001, por medio
de la cual se aprueba el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
Sin embargo, a pesar de las nuevas herramientas legislativas y de que el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000)
establece conductas punibles relacionadas con este asunto, el fenómeno se mantiene y continúa en aumento debido
a la demanda nacional e internacional que lo ha convertido en un negocio lucrativo. Según la Defensoría del Pueblo, ha
faltado un trabajo más eficaz por parte de las autoridades de seguridad del Estado para enfrentar el problema, particularmente en los operativos, en el seguimiento de las redes de prostitución infantil, en la captura y sanción de los culpables
de la explotación sexual de niños y niñas158.
El Estado Colombiano participó en el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, realizado en Estocolmo en 1996 y en el Segundo Congreso realizado en Yokohama en el 2001. En estos eventos los Estados
se comprometieron a poner en marcha programas de acción, nacionales e internacionales, para la prevención, la protección, la recuperación de las víctimas y la participación de los niños y las niñas en los programas que se desarrollen159.
Sin embargo, durante el quinquenio no se diseñó un plan integral para su erradicación.
La tendencia de la respuesta institucional estuvo dirigida, principalmente, al desarrollo de acciones de intervención
directa con niños y niñas víctimas de explotación sexual, gran parte de las cuales han sido llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales, generalmente contratadas por el ICBF. No obstante, la cantidad de cupos de atención
que ofrecen programas integrales no suman más de 400 en el país. Es claro, entonces, que la demanda de atención
supera ampliamente a la oferta, por lo que se hace urgente un aumento en los niveles de cobertura.
Aunque hay que resaltar el trabajo realizado por las organizaciones no gubernamentales, en algunas regiones del país,
ellas han venido trabajando desarticuladamente sin contar con un modelo unificado de atención, lo que ha dado lugar
al desarrollo de acciones fragmentadas y discontinuas. En esta desarticulación juega papel importante el Estado, quien
actúa como contratante de los servicios, más que como líder claro de una política.
Se diseñaron y pusieron en marcha programas de promoción y prevención del problema, producto de convenios con
organismos de cooperación internacional160. Sin embargo, las estrategias de promoción y prevención impulsadas por
los organismos gubernamentales son reducidas en comparación con las acciones de intervención desarrolladas. Es
urgente, entonces, que la respuesta institucional concentre mayores esfuerzos en la prevención del fenómeno, más
aún cuando las principales motivaciones que lleva a las víctimas a someterse a este tipo de conductas violatorias de
su dignidad humana, están relacionadas con factores de tipo económico y social.
De otro lado, pese al esfuerzo institucional por desarrollar diseñar e implementar un sistema de información, registro y
denuncia de casos de abuso y explotación sexual, no se tienen datos actualizados ni consistentes sobre este fenómeno
con respecto a la población infantil. No existe un registro nacional unificado y centralizado de detección y notificación
de esta problemática161.
158 Defensoría del Pueblo. Informe sobre los Derechos Humanos de la Niñez durante el año 2001.
159 SAVE THE CHILDREN, Estado Actual del Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. El Caso de Brasil y Colombia, Bogotá, 2005.
160 Programa de Atención Integral para niños(as) y adolescentes explotados sexualmente del Fondo de las naciones Unidas para la Mujer –UNIFEM-; Por los derechos de las niñas y los niños víctimas de explotación sexual, OIT/
Plan Internacional/ IDRC (International Development Research Centre); Estructuración de redes sociales para la prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil, Programa IPEC/ OIT; entre otros.
161 SAVE THE CHILDREN. Op. Cit.
47
7.6.1. TRÁFICO Y TRATA DE NIÑOS Y NIÑAS
Según el Informe anual del 2004 sobre la Trata de Personas, Colombia se constituye en fuente principal y país de tránsito
para mujeres y niñas víctimas de la trata de personas para explotación sexual. Los destinos principales de esta trata son:
Centroamérica, Panamá, el Caribe, Japón, Singapur y Europa162.
Ocupa el segundo lugar después de Brasil, como el país con el mayor número de personas, particularmente, mujeres,
niñas y niños, traficados desde su territorio hacia los continentes europeo y asiático. Otro tanto ocurre al interior del
país, donde las víctimas son movilizadas entre ciudades o de las zonas rurales hacia las grandes urbes. Es el caso de
hombres adultos y niños que son traficados internamente para realizar trabajo forzado o de muchos niños y niñas que
trabajan en las calles o ejercen la mendicidad solos o acompañados de personas mayores.
En muchos casos las víctimas son tratadas como delincuentes, es decir, son encarceladas, deportadas, se les niega el
ejercicio de sus propios derechos y se les restringe el derecho a regresar a los países de los que han sido expulsadas.
Para enfrentar el problema, durante el quinquenio, se lograron algunos avances legislativos: en 2002 se aprobó la Ley
747 que le hace reformas y adiciones al Código Penal, crea el tipo penal para la trata y el tráfico de personas y reactiva
el Comité Interinstitucional para la lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas; en 2003 se expidió la ley 800, por
medio de la cual se aprueban la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
Así mismo, se adelantaron estrategias para prevenir y atender la situación, a través de la puesta en marcha de campañas
preventivas, la promoción del cumplimiento de la ley y la creación de una base de datos penal163. Se han coordinado
acciones con organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional para implementar estrategias de prevención, y el comité interinstitucional, ha preparado diversas campañas educativas sobre el tema. Sin embargo, a pesar
de los esfuerzos preventivos, la trata hacia el exterior continúo aumentando.
Aunque se cuenta con una estrategia para formar alianzas con la policía de los países de destino, con el fin de desmantelar las redes de trata y enjuiciar a los traficantes164, se requiere de mayor esfuerzo por parte de los países de destino para
mejorar la coordinación del trabajo con el gobierno colombiano a fin de controlar el aumento de niños y niñas víctimas
del flagelo.
162 Informe anual de Colombia 2004 sobre la Trata de Personas. Oficina de Vigilancia contra la Trata de Personas. Subsecretario de Estado para Asuntos Mundiales, Gobierno de Estados Unidos..
163 Ibid.
164 Ibid.
48
7.6. DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL
CONTRALA VENTA, LA TRATA Y EL SECUESTRO (Artículo 35)
7.6.2. SECUESTRO165
En el país una de las expresiones más preocupantes de la violencia es el secuestro; este delito es una más de las
diversas manifestaciones de los conflictos sociales y políticos. Se estima que anualmente son secuestradas aproximadamente tres mil personas y que diariamente un niño o una niña es privado de la libertad. Este delito es utilizado
como estrategia de guerra por los actores armados al margen de la ley en una clara violación al Derecho Internacional
Humanitario.
En este quinquenio el fenómeno del secuestro de niños y niñas se agudizó, las cifras son inquietantes: de los 81 secuestros de niños que se presentaron en el año 1992, se tuvo un incremento de más del 100% en 1999. En el año 2000 los
datos superan los 330 casos; en el 2001 hubo 302 niños secuestrados y en el 2002, 384.
En los últimos ocho años, el 9% del total de personas secuestradas han sido niñas y niños; desde 1996 hasta el primer
semestre de 2003, 1733 menores de 18 años fueron victimas de este delito. A la delincuencia común se le atribuyen
45.3% de los secuestros de niños, seguido por las FARC con el 23.3%, el ELN con 15.1%, y los Grupos Paramilitares con
el 4.7%; en el 11.6% de los casos no se ha establecido los responsables. El grupo de edad más perjudicado está entre
los 13 y los 17 años. El 57% de las victimas son rescatadas, el 40% no son puestas a salvo y el 3% deriva en homicidio
del niño o la niña, el 25% vive un largo cautiverio o muere durante el mismo.
Los niños y las niñas son victimas de diferentes modalidades de secuestro, desde los extorsivos, pasando por el reclutamiento forzado por parte de los actores armados, siendo mayormente afectados por el secuestro simple, los cuales
se asocian con fenómenos como trata de personas, explotación sexual infantil, tráfico de niños y niñas con fines de
mendicidad, adopciones ilegales, tráfico de órganos, o por violación al derecho de la custodia.
Es imperativo que el Estado fomente una política coherente y eficaz para prevenir este fenómeno y evitar que los
niños y las niñas sean victimas recurrentes de él, así mismo para atender a los niños y niñas que lo han padecido.
Es importante que se investigue y sancione a los responsables de estos actos, como una parte en la reivindicación de las victimas.
7.7 DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
A RECIBIR ATENCIÓN ESPECIAL (Artículo 23)
Según estimativos, cerca de 2.5 millones de niños y niñas presentan algún tipo de limitación o discapacidad. La cifra es
aproximada porque no existe en el país un sistema de información adecuado y confiable sobre el tema. La Defensoría
del Pueblo señala que esto se debe en parte a que las instituciones que prestan el servicio de salud a los niños y niñas
discapacitados, no tienen claridad, ni acuerdos en los criterios para definir una deficiencia, discapacidad o minusvalía;
condición que impide llevar a cabo una identificación, atención y seguimiento de esta población166.
165 Todos los datos son tomados de: OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Cicatrices del secuestro: niños y niñas en la mira de los
secuestradores, 1999 - 2003. Bogotá, 2003.
166 Defensoría 1998, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 1998.
49
Aunque existe desde 1999 un Plan Nacional para la Atención a Personas con Discapacidad, en el que confluyen sectores como salud y educación y un Comité Nacional para la Protección del Niño con Discapacidad, la respuesta de parte
del Estado ha sido escasa, descargando su responsabilidad en el sector privado. La cobertura del Plan es mínima y no
existen programas de prevención y detección precoz de la discapacidad. En este quinquenio los pocos programas que
funcionaron, fueron parte de los Planes de Atención Básica del sector de la salud.
En este tema se han dado avances formales de inclusión, como la integración escolar y el acceso al espacio público;
sin embargo, en la práctica aún se presenta exclusión ya que no se prioriza la atención a población con discapacidad
en el sistema escolar. Si bien no se conocen cifras sobre el tema, si se sabe que el número de niñas y niños integrados
en todos los niveles educativos es pequeño; no se asigna un número de cupos determinado para niños y niñas con
limitaciones, dejándolos por fuera del sistema. En algunos casos, el problema radica en la falta de capacitación de los
docentes para atender y llevar a cabo procesos con este tipo de población; situación que genera exclusión y deserción
escolar. La inclusión al sistema de educación no ha sido todo lo exitosa que se planteaba, por cuanto las percepciones
frente a la discapacidad no han sido abordadas, creando situaciones de discriminación y rechazo en las instituciones
educativas por parte de la comunidad educativa en general.
No existen acciones dentro de la familia y en la comunidad para visibilizar la población discapacitada, con el fin de lograr
la inserción comunitaria y la integración educativa, laboral y cultural. Subsiste gran desconocimiento de los derechos de
los niños y las niñas con discapacidad.
7.8. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN
DE CONFLICTO CON LA LEY (Artículos 37, 39, 40)
La niñez en situación de conflicto con la ley penal es un fenómeno creciente en el país. Los procesos relacionados con niños y niñas en conflicto con la ley aumentaron en un 38% entre 1998 y 2002 pasando de 25.765 niños y niñas a 35.799168.
La respuesta institucional a esta problemática la tienen las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (Ministerio de Salud, ICBF, entes territoriales). Un estudio de la Defensoría del Pueblo169 pudo constatar que existen falencias en la coordinación y cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades pertenecientes al SNBF.
La falta de participación efectiva de las entidades que componen el sistema, ha generado incumplimiento en la cofinanciación para el mantenimiento de los centros de atención especializados y ausencia en la prestación de un verdadero
servicio de atención integral. “Aunque la efectiva coordinación y concurrencia de dichas entidades varía en cada una de
las regiones, lo cierto es que el sistema no funciona como debería hacerlo”170
En general, con respecto a la calidad y efectividad de la respuesta institucional para enfrentar el problema, las mismas
instituciones gubernamentales reconocen una notable insuficiencia de personal para el desarrollo del proceso legal (jueces, defensores, apoderados de oficio y equipo psicosocial de apoyo), escasa oferta de servicios, concentración de la
oferta en las principales ciudades, dificultades para la coordinación y concurrencia de las entidades del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, y débiles sistemas de información, seguimiento y evaluación171.
167 ACOSTA; KATTAH. Op. Cit .
168 PLAN PAÍS. 1995 – 2004. Documento Borrador, Bogotá. 2004.
169 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Décimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, Bogotá, 2002.
170 Ibid
171 ICBF. Borrador del Plan País. Bogotá. 2004.
50
La Defensoría realizó un estudio donde establece que el 43,6% de los niños y niñas recibe atención privada; el 43.18%
algún tipo de atención publica y el 13.21% ningún tipo de atención. Estos datos expresan la insuficiencia de políticas y
programas de salud integral para la infancia en Colombia167.
Todo lo anterior repercute, inevitablemente, en la vulneración de los derechos de los niños y las niñas, ya que se les
presta un inadecuado servicio por la falta de financiación efectiva y de un inapropiado funcionamiento de programas
de educación y capacitación.
Investigaciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo (2001, 2002) indican que existen serias irregularidades en los
centros de ubicación institucional que reciben a estos niños y niñas; irregularidades que van desde la vulneración a los
derechos de la libre expresión hasta malos tratos, calabozos, evasiones constantes, abuso sexual y hacinamiento.
Así mismo, se ha detectado que la privación inicial de libertad para estos niños y niñas se realiza en estaciones de
policía en la mayoría de las regiones del país, en las que son recluidos con adultos, donde permanecen sin ser puestos
inmediatamente a disposición de la autoridad competente172
Igualmente, preocupa el tratamiento que da la policía a los niños y niñas infractores ya que, en muchas ocasiones,
cuando los capturan, los agreden y maltratan verbal y físicamente.
El proceso judicial aplicado actualmente a los niños infractores de la ley penal “no garantiza su derecho al debido proceso por cuanto el juez de menores o promiscuo de familia toma decisiones sobre el ‘tratamiento’ que debe dársele con
base en estudios personales y sociofamiliares, y no en factores claramente definidos en la ley”173.
A pesar de la solicitud permanente de organismos nacionales e internacionales frente a la necesidad de que la normatividad relativa a un sistema de responsabilidad penal juvenil, se ajuste a los instrumentos internacionales de derechos
humanos, y a pesar de la recomendación hecha por el Comité de los Derechos del Niño con respecto a la reestructuración del Código del Menor, la reglamentación procedimental del proceso judicial sigue rigiéndose por dicho Código174.
La recurrente violación de los derechos de la niñez en conflicto con la ley convierte a los niños y las niñas infractores
en una población altamente vulnerable en su proceso de rehabilitación. En primer lugar, por la concepción que se
maneja sobre el “menor de edad delincuente”, en segundo lugar, por la deficiente infraestructura del sistema de institucionalización y, en tercer lugar por la insensibilidad e insuficiente información de los servidores públicos que tiene la
responsabilidad de asistirlos.
7.9. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS HABITANTES DE LA CALLE
Una expresión de las múltiples exclusiones y de la descomposición social, es la de los miles de niños y niñas que habitan la calle; sobre ellas y ellos falta información, no se han establecido con precisión las particularidades de quienes la
padecen; se desconoce si están registrados, si tienen familia, si son abandonados, o el lugar donde se encuentran.
De acuerdo a datos ofrecidos por UNICEF175, en el país hay aproximadamente 30 mil niños y niñas habitantes de la calle
o que pasan la mayor parte del tiempo en ella. El 37% se encuentran en Bogotá. En el quinquenio se incrementó el
fenómeno en ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga y Pasto, asociado con la progresiva inserción a la economía
informal. En un estudio realizado por el DANE, en el 2002, se indica que de las ciudades anteriormente nombradas, Medellín, presenta una grave situación de indigencia crónica: 6913 personas viven en la calle o viven de esta, y de ellas el
60% son menores de 18 años. Esta situación es nutrida por fenómenos como el desplazamiento interno y la violencia.
173 Ibíd.
174 La doctrina que irradia la normatividad internacional sobre menores de edad infractores es la de protección integral que reconoce a los niños y a las niñas como sujetos de derechos. Sin embargo, la doctrina que da base al
actual Código del Menor es la de la situación irregular, según la cual, los menores de edad que se encuentran en conflicto con la ley penal son considerados ‘objeto de tutela y de represión y no sujetos de derechos (Ibíd).
51
Esta problemática configura una constante vulneración de derechos, puesto que para estos niños y niñas no existen posibilidades de desarrollo integral, ya que no cuentan con un nivel adecuado de vida, no tienen oportunidades de acceder
a la educación, a la salud, ni posibilidades de integración familiar y social. Continuamente son victimas de la exclusión,
de la violencia, el maltrato y la indiferencia. En la calle, niños y niñas corren diversos tipos de riesgo, ya que en ocasiones son explotados económica y sexualmente, son utilizados en el tráfico de estupefacientes, viven de la mendicidad, de
actividades como el robo o de ventas informales, y están incesantemente expuestos a ser asesinados sistemáticamente
a través de la “limpieza social”.
“En el niño de la calle se da un círculo de exclusión total, la familia lo expulsa, la sociedad lo repele y sataniza, y para
el Estado no existe”177. Si bien existen acciones del Estado ante el tema, con desarrollos locales importantes, como es el
caso de Bogotá que tiene una institución de la ciudad dedicada a atender el problema, en el quinquenio no se produjeron
modificaciones en la política pública, la cual se basa en el pago de cupos por parte del Estado a instituciones privadas
para su atención, sin que exista una unidad de criterios sobre dicha atención.
El problema fue olvidado durante el quinquenio, incluso tomó fuerza la idea de aceptar la condición de habitante de calle
como una condición de vida.
176 Ibid.
177 ACOSTA, Alejandro; KATTAH, Fadua. Op. Cit.
52
La mayoría de niños y niñas en situación de calle son de sexo masculino que abandonan su hogar entre los 8 y 9 años
de edad, a causa del maltrato, el abuso y la violencia intrafamiliar. El 37% de los niños y niñas señalan el maltrato
como la causa principal para ausentarse de su hogar. Sumado a esto, se presenta el problema de la drogadicción,
75% de los niños y las niñas son dependientes de una o más substancias como inhalantes, bazuco, marihuana y
otros estupefacientes176.
8. CONCLUSIONES
El análisis de lo ocurrido en el quinquenio con los derechos de niños y niñas en Colombia muestra una situación crítica
que tiende a agravarse por la crisis económica y social y las graves repercusiones que tienen tanto el conflicto armado
interno como la producción y tráfico de drogas y la lucha indiscriminada contra la siembra de las mismas.
A pesar de lo anterior, el Estado ha decidido priorizar el gasto en seguridad y el pago de la deuda externa, antes que el
gasto social, incluido el que se dirige directa o indirectamente a la niñez.
En contraste entre el discurso de los dirigentes, con los compromisos y acuerdos internacionales firmados por el país
y la expedición de algunas leyes; los avances reales durante el quinquenio son pocos. Incluso varios problemas como
el desplazamiento, la explotación sexual, el secuestro, el consumo de drogas, el tráfico de niños y niñas, entre otros, se
han agravado. Se han aumentado igualmente las inequidades sociales, las desigualdades entre unas y otras regiones
y entre los diferentes grupos étnicos.
Ratificamos lo que expresamos hace cinco años: el Estado no tiene la capacidad de respuesta adecuada ante estas
problemáticas y al parecer tampoco tiene la voluntad política para responder ante ellas. Ha dejado en las manos del
ICBF, debilitado económicamente, la respuesta a las mismas, pero no ha dado los recursos ni el apoyo necesarios.
Reconocemos que se han hecho esfuerzos importantes como el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, el Programa
de Atención a Niños Desvinculados del Conflicto o la Política Nacional frente al Trabajo Infantil; reconocemos igualmente los avances hechos en algunos Municipios y ciudades capitales por iniciativa de las autoridades y los actores
sociales locales, pero estos esfuerzos son insuficientes ante la gravedad y complejidad de los problemas.
Hoy tenemos un país y un Estado más conscientes de las violaciones permanentes a los derechos de niños y niñas,
conocemos mucho mejor los problemas, pero hemos avanzado muy poco en los quince años posteriores a la firma
de la Convención en hacer realidad estos derechos; el cumplimiento de menos del 15% de las metas propuestas por el
mismo Estado para el año 2000 es una muestra de ello.
Cada vez se hacen mejores informes, se maneja un discurso más elaborado sobre los derechos, se sabe más cómo
mostrar y resaltar lo que se hace, pero en contraste con esto, nuestras niñas y niños y sus familias continúan muy lejos
del logro de una mínimas condiciones de vida que garanticen el respeto a sus derechos.
53
Sugerimos al Comité que recomiende al Estado colombiano que se comprometa a:
Definir la niñez como una prioridad de la política económica y social y desarrollar una política pública integral de niñez
dirigida al respeto integral de los derechos de niños y niñas, con una estructura administrativa y de gestión y unos responsables claramente definidos y con recursos específicos asignados.
Garantizar una inversión en niñez con recursos recurrentes y sostenibles. Que estos recursos vayan destinados no solamente a educación y salud, sino a garantizar la protección integral de los derechos.
Elaborar participativamente y ejecutar un Plan de Acción Decenal por la Niñez, descentralizado en su gestión, que tenga en
cuenta las necesidades y problemas regionales y locales y la perspectiva de género; que lleve tanto al cumplimiento de las
Metas del Milenio, como de todas las metas con que el Estado se comprometió con la firma del documento “Un Mundo Justo
para los Niños”, no sólo en los promedios nacionales, sino en cada uno de los departamentos y municipios del país.
Promover y liderar la expedición con carácter prioritario y urgente de una Ley general de niñez y adolescencia que adecue la legislación colombiana a la Convención de los Derechos del Niño, a los protocolos facultativos de la misma, a los
diferentes acuerdos internacionales firmados por el país y a la Constitución Política de Colombia y que transforme
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que sea un mejor garante y responsable de la protección integral
de aquellos niños y niñas a quienes le han sido vulnerados sus derechos, así como promotor de una cultura de
respeto a los mismos.
Cumplir los compromisos a que se ha comprometido el Estado en las diferentes, encuentros de ministros, cumbres
presidenciales y otros convenios y pactos internacionales de carácter regional o global.
Consolidar un sistema de información sobre la situación de los derechos de niños y las niñas en el país y las políticas
públicas dirigidas a ellos, que permita un monitoreo y seguimiento permanente de los mismos.
Promover y apoyar líneas de investigación sobre la situación de los derechos de los niños y las niñas y sobre la respuesta social organizada que busca la garantía de estos derechos.
Fortalecer las actividades de difusión de los derechos del niño, tanto entre los mismos niños y niñas, como entre los
funcionarios públicos y la comunidad en general y evaluar periódicamente el impacto de
las mismas.
Crear un sistema que de respuesta rápida y efectiva que haga seguimiento a las denuncias
sobre violaciones a los derechos de niños y niñas ocurridas en el país.
Promover la creación de un sistema de vigilancia, monitoreo y seguimiento a las políti
cas dirigidas a la niñez y adolescencia, con participación de las comunidades interesadas,
los niños y las niñas y organizaciones de la sociedad civil.
54
9.RECOMENDACIONES
Extender a todo el país un sistema de registro civil rápido, que permita que todo niño que nazca, en cualquier municipio, sea registrado
e ingresado en el sistema en su primer mes de vida.
Agilizar la respuesta a las demandas de paternidad y alimentos y garantizar que una vez resueltas las demandas, padres y madres respondan económicamente por sus hijos.
Priorizar en todas las políticas, los planes y programas a los niños y las niñas pertenecientes a las poblaciones más vulnerables, en particular a las minorías étnicas, definiendo para estas poblaciones estrategias de intervención que respeten
su cultura y tradiciones. Fortalecer y llevar a todo el país programas de etnoeducación, que abarquen desde la educación
inicial hasta la educación superior, así como fortalecer programas educativos que promuevan el reconocimiento a la diversidad étnica y la no discriminación.
Desarrollar estrategias para conocer las necesidades y problemas de los niños y las niñas pertenecientes a las diferentes minorías étnicas y establecer en concertación con las comunidades, programas y acciones que lleven a la solución
de los mismos.
Promover y desarrollar políticas, planes y programas que incentiven la participación de los niños y las niñas en la vida de
los municipios y departamentos y en la vida nacional, permitiendo que su voz sea escuchada y tenida en cuenta en el
ámbito escolar y comunitario. Incentivar organizaciones y redes de niños y niñas que hagan seguimiento a sus derechos y
a la acción del Estado ante los mismos. Facilitar a los niños y las niñas el acceso a medios de comunicación, así como su
expresión a través de los mismos.
Reglamentar y vigilar que exista una programación en la televisión y la radio dirigida a los niños y las niñas, que promueva
en ellos sus derechos y el desarrollo armónico de su personalidad. Vigilar igualmente que los medios de comunicación
sean respetuosos de los derechos de niños y niñas.
Extender los servicios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar a todo el territorio nacional, garantizando que en todos
los municipios del país haya funcionarios encargados de atender los casos en que hay vulneración de derechos de
los niños y las niñas. Modificar la distribución de las modalidades de atención en protección, para que la protección en
medio institucional sea excepcional.
Evaluar el actual sistema de protección existente y rediseñarlo para que se garantice una protección integral de derechos
de niños y niñas vulnerados, y para que haya un seguimiento de cada caso que entre al sistema.
Promover una cultura de amor y responsabilidad por los hijos que desestimule el abandono. Establecer normas claras
para la definición de un niño en situación de abandono. Promover un sistema de adopciones que priorice y estimule
las adopciones nacionales.
Garantizar la afiliación al sistema de seguridad social de todo niño que nazca en el país y aumentar progresivamente la
cobertura del sistema de seguridad social hasta llegar a una cobertura universal.
Universalizar políticas de salud pública dirigidas a la promoción de la salud de los niños, las niñas y adolescentes, así como
a la prevención de las enfermedades más frecuentes, desarrollando las estrategias y medidas a que se comprometió el
Estado con la firma del documento “Un Mundo Justo para los Niños”.
Fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva dirigidos a niños, niñas y adolescentes, garantizando el acceso de
todos ellos a servicios de promoción y prevención y a una educación sexual integral.
Fortalecer una política nacional de alimentación y nutrición, dirigida a fomentar la seguridad alimentaria y eliminar la
malnutrición de la población de niños, niñas y adolescentes y mantener activo un sistema de vigilancia alimentaria y
nutricional en todo el país.
55
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los programas de educación inicial y promoción del desarrollo de la primera
infancia, garantizando una cobertura del 100% en las poblaciones de estratos 1 y 2 en todo el país.
Aplicar las recomendaciones que sobre educación hizo al Estado colombiano, la relatora especial de Naciones Unidas
en el año 2003.
Asignar nuevos recursos para la educación en todos los niveles, de forma que se puedan garantizar los compromisos
anteriores, no con el aumento del número de niños por salón, o por maestro, énfasis de la actual política, si no con el
aumento real de cupos en una educación de calidad.
Ampliar la oferta institucional en materia de esparcimiento, recreación y cultura, con miras a generar procesos a largo
plazo, colocando este tema como parte de la agenda estatal nacional.
Fortalecer las estrategias de prevención de todas las formas de maltrato infantil, emprender una campaña nacional de
detección y castigo del abuso sexual y de no tolerancia ante el castigo físico e incluir en la legislación nacional la prohibición y sanción de todo castigo físico o castigo humillante o degradante hacia los niños y niñas.
Incluir como prioritarios los temas de la no vinculación de niños y niñas y la pronta desvinculación de los mismos, la no
utilización de minas antipersona y el desminado, en todas las negociaciones de paz o negociaciones humanitarias que
el Estado adelante con los grupos armados ilegales.
Asumir como una prioridad en todos los programas del Estado, la atención de la niñez desplazada, garantizándoles a
todos y todas la protección integral de sus derechos, incluida la continuidad de su educación, la nutrición adecuada, la
atención en salud y una atención psicosocial que atenúe el impacto del desplazamiento y facilite su proceso de inserción
en las comunidades receptoras.
Asumir el liderazgo de la Política Nacional contra el Trabajo Infantil, dedicando a ella recursos económicos suficientes
y el recurso humano necesario, asumiendo una actitud más decidida en la eliminación de todas las formas de trabajo
infantil, con énfasis en las peores formas del mismo.
Fortalecer las políticas nacionales de prevención del consumo de sustancias psicoactivas entre la población menor de
18 años, así como de atención oportuna a la población consumidora.
Incluir en las políticas de eliminación de cultivos ilícitos estrategias de prevención y atención dirigidas a los niños y las
niñas que de una u otra manera están vinculados al problema. Evaluar el impacto que sobre la salud infantil tiene la
fumigación aérea de los cultivos ilícitos y suspenderla si hay algún daño demostrado sobre la misma.
56
Lograr a la mayor brevedad la universalización de la educación hasta por lo menos el grado noveno del ciclo educativo,
garantizando el acceso gratuito a la misma para toda la población de estratos 1 y 2 del país. Mejorar significativamente
la calidad de la educación en todos sus niveles, garantizando la equidad en la calidad de educación que reciben los
diferentes estratos económicos, los habitantes rurales y urbanos y los diferentes grupos étnicos.
Hacer un seguimiento permanente de la deserción escolar, iniciando la búsqueda activa y el análisis de cada uno de los casos de deserción, con miras a lograr su reintegro al sistema escolar.
Aumentar progresivamente la cobertura de por lo menos tres niveles de educación inicial para las niñas y los niños entre
3 y 6 años de edad, garantizando la cobertura por parte de las instituciones del Estado de estos tres niveles para las poblaciones más pobres, desarrollando criterios de calidad de la educación para educación inicial e iniciando la evaluación
de calidad de la misma en los próximos años.
Fortalecer las políticas, programas y proyectos dirigidos a prevenir y erradicar la explotación sexual y comercial infantil,
unificando las estrategias de intervención y ampliando los escasos cupos que tienen los programas existentes.
Generar estrategias que garanticen el castigo a los culpables de abuso, explotación sexual, tráfico, secuestro y demás
delitos contra niños y niñas, delitos que tienen una altísima impunidad.
Mejorar y ampliar los programas de prevención y atención de la discapacidad para los niños y las niñas que
se encuentran en esta situación, garantizando la integración de todos ellos con criterio de universalidad al
sistema educativo, incluida la educación inicial. Mejorar la oferta pública de atención a esta población, estableciendo
responsabilidades claras entre las diferentes instituciones del Estado.
Evaluar permanentemente y mejorar la calidad de atención que se presta en las instituciones que atienden niños y
niñas en situación de conflicto con la ley, transformando la atención hacia un proceso educativo que se encargue de la
protección integral de todos sus derechos.
Garantizar los recursos para que se pueda dar un proceso de atención oportuna y reeducación de calidad a niñas y
niños en conflicto con la ley, en un medio adecuado y con personal capacitado, respetuoso de sus derechos.
Crear mecanismos de vigilancia y seguimiento del proceso judicial y reeducativo del que son objeto los niños y las
niñas en conflicto con la ley penal, para controlar y evitar la violación de sus derechos fundamentales
Establecer políticas claras de prevención y atención a los niños y las niñas de la calle, definiendo estrategias y metodologías
de intervención respetuosas de sus derechos, que se extiendan a todo el territorio nacional.
Difundir ampliamente en todo el territorio nacional las recomendaciones que entregue el Comité, comprometiéndose con
unas metas y acciones en el desarrollo de cada una de ellas.
57
Colombia:
En deuda con su infancia
Informe Complementario al Informe de Estado
Colombiano al Comité de Derechos del niño
1998-2003
Complementary Report to the Third Report of the
Government of Colombia to the Committee on the
Rights of the Child
1998-2003
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES
U.N. OBSERVATORIO SOBRE INFACIA
1. INTRODUCTION
1.1. COUNTRY CONTEXT
1.2. COMMENTS ON THE GOVERNMENT REPORT
2. GENERAL PRINCIPLES AND MEASURES OF IMPLEMENTATION
3. CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS
3.1. RIGHT TO AN IDENTITY
3.1.1 CIVIL REGISTRY
3.1.2. RESPECT FOR ETHNIC AND CULTURAL DIVERSITY
3.2. RIGHT TO PARTICIPATION, FREEDOM OF EXPRESSION
AND ACCESS TO INFORMATION
4. FAMILY ENVIRONMENT AND ALTERNATIVE CARE
5. BASIC HEALTH AND WELFARE
5.1 HEALTHY ENVIRONMENT
6. EDUCATION, LEISURE, AND CULTURAL ACTIVITIES
6.1. RIGHT TO AN EDUCATION
6.2. RIGHT TO LEISURE, RECREATION, AND CULTURAL ACTIVITIES
7. SPECIAL PROTECTION MEASURES
7.1. CHILDREN’S RIGHT TO COMPREHENSIVE PROTECTION IN ARMED CONFLICTS
7.1.1. BOYS AND GIRLS DIRECTLY INVOLVED IN INTERNAL
ARMED CONFLICTS
7.1.2. DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION
7.1.3. CHILDREN AFFECTED BY ANTIPERSONNEL MINES
7.2. RIGHT TO COMPREHENSIVE PROTECTION FOR REFUGEE OR
DISPLACED CHILDREN
7.3. RIGHT TO PROTECTION FROM ALL FORMS OF ECONOMIC
EXPLOITATION AND WORK LIKELY TO BE HAZARDOUS
7.4. RIGHT TO PROTECTION FROM THE NARCOTICS TRADE AND ABUSE
7.5. RIGHT TO PROTECTION FROM ALL FORMS OF SEXUAL ABUSE AND
EXPLOITATION
7.5.1. CHILD VICTIMS OF SEXUAL ABUSE
7.5.2. BOYS AND GIRLS IN SITUATIONS OF SEXUAL EXPLOITATION
7.6. RIGHT TO PROTECTION FROM ALL FORMS OF TRAFFICKING
AND KIDNAPPING
7.6.1. TRAFFICKING OF CHILDREN
7.6.2. KIDNAPPING
7.7 RIGHT OF DISABLED CHILDREN TO RECEIVE SPECIAL CARE
7.8. RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW
7.9. RIGHTS OF STREET CHILDREN
8. CONCLUSIONS
9. RECOMMENDATIONS
60
61
62
63
63
66
66
66
66
68
71
73
77
78
78
82
83
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85
85
87
88
89
89
90
91
91
92
93
92
94.
94
95
TABLE OF CONTENTS
1.INTRODUCTION
Article 44 of the Convention on the Rights of the Child (hereafter, the Convention) requires States Parties to present reports at five-year
intervals on the progress made and measures that have been adopted in their countries to fulfill their obligation to safeguard the rights
recognized in the Convention. These reports have become an essential mechanism by which the Committee on the Rights of the
Child (CRC, or the Committee) verifies, monitors and makes recommendations to States regarding compliance with the Convention.
However, the preparation of reports to the CRC cannot be, nor should it be, the exclusive task of government bodies. Civil society
organizations that work with children have the responsibility to report to the Committee on the situation of children and the implementation of the Convention.
These reports from civil society attempt to provide a more critical perspective on the extent to which the recommendations made
by the CRC to the State party regarding its obligations have been fulfilled. They provide the Committee with more information on the
status of children’s rights in the country, offering a broader vision than the government reports.
These reports are also an opportunity to monitor and oversee compliance with the rights of the child and have become a mechanism
for dissemination, action, and political pressure on governments to meet the commitments they have assumed upon signing national
and international instruments.
As signatories, we nongovernmental organizations, civil society organizations, and academic groups, present our analysis and opinion of the Report presented to the CRC by the Colombian Government, the status of children’s rights in the country during the fiveyear period 1998-2003, and the government’s compliance with its duty to promote, respect, and ensure the rights of children in this
framework.
We established a work group to assume the responsibility of leading the four-month process that culminated in the preparation of
this report. It was composed of representatives from the Observatory on Children (National University of Colombia), Plan International,
Save the Children UK, and World Vision.
Secondary sources on the status of boys’, girls’, and adolescents’ rights prepared by nongovernmental organizations and academic
institutions were consulted as part of the data collection process, placing special emphasis on reports produced during the five-year
period under analysis by the Colombian Ombudsman’s Office, UN Human Rights bodies, and entities such as UNICEF and the office
of the UN High Commissioner for Refugees, UNHCR.
Regional consultations were held with boys and girls in Bogotá, Cali, Medellín and Villavicencio (a total of 52 boys and girls involved
in local level activities related to children’s rights took part). The children significantly added to the contents of the report as did the
NGOs and academic institutions that participated (a total of 58 organizations), which supplied their analysis and commentary on the
situation of children.
A webpage was created with continually updated information on the process of developing the report. This made it possible for NGOS
and civil society organizations to participate on an on-going and systematic basis.
The recommendations made by the Committee on the preparation of reports, the plan for the preparation of reports designed by the
Inter-American Children’s Institute, and the recommendations developed by the International Coalition of NGOs were also taken into
consideration.
We hope that the content of the report, the analysis of the existing data on children, and the respective recommendations will assist
the boys, girls, and adolescents of Colombia to realize their rights.
61
The government’s report provided information on the economic, political and social crisis that beset the country during the period
under study. This crisis was visible in the worsening performance of many social and economic indicators.
Among the political, social and economic changes that occurred during the period 1998-2003, which could explain why the country did
not make significant progress in terms of respect for the rights of children, are the following:
1.Increased foreign debt (debt stood at 6 percent of GDP during the five years in question, the largest in the recent history of
the country).1
2.Decreased social spending.
3.GDP fell, and this was accompanied by a 6.5 percent reduction in per capita income.
4.Increase in the percentage of the population living in poverty from 51.5 percent to 64.3 percent between 1998 and 2003; the
percentage in abject poverty jumped from 17.9 percent to 31.1 percent over the same period.2
5.The restructuring of public spending, with an exponential increase in debt servicing3 and a progressive increase in spending on security.4
6.Progressive downsizing of the state, mainly in the social sector, including handing over services in health and education as
well as child protection services to the private sector.
7.Increased inequity, in a country that was already recognized as one of the world’s most inequitable.
8.Increased unemployment and underemployment, with a growing informal economy which, as the government’s report states,
represented close to two-thirds of the total number of employed people in the country in 2002. In 1999 the country had the
highest level of unemployment ever recorded: 19.2 percent (figures from the National Administrative Department of Statistics,
DANE). The Comptroller General of the Republic wrote that this period produced “the largest elimination of jobs in the modern labor
history of the country.”5 These events are in large measure the consequence of the state policy of deregulation and flexibilization
of the labor force.
9.The worsening and degradation of the internal armed conflict, and its extension throughout the entire nation. The conflict
became a true “war against society” and resulted in an increase in the phenomenon of population displacement, as well as a
deteriorating quality of life and the constant violation of the rights of people living in conflict zones.6 According to the National
Human Development Report, there was an excessive increase in armies, both irregular (guerrilla and paramilitary forces) and
Military Forces troops; there were 32,000 irregular armed combatants and 24,000 members of the Public Force in 2003.7
10.The violation of human rights and international humanitarian law by the different actors in the armed conflict, including in
some cases the government’s Armed Forces.8
11.Structural factors that limited the exercise of citizenship for the majority of Colombians.
12.The existence of illegal crops and the phenomenon of drug trafficking.
As a result of the economic and social crisis experienced during the years 1998-2003 and the development model adopted by the
country, inequality and economic, political, social and cultural marginalization worsened; the situation was exacerbated by the internal
armed conflict. “The conditions of poverty, unemployment, marginality, neglect of the countryside and especially the internal armed
conflict have worsened the situation of children to the point at which it can be asserted that the rights of boys and girls in Colombia
are more violated that at any other contemporary period....”9
1 Banco de la República. Boletín Trimestral de la Deuda Externa. Bogotá, 2004
2Comptroller General of the Republic. “Evaluación de la Política Social 2003.” Informe del Contralor al Congreso, 2004.
3 Save the Children, et al. Finanzas Públicas Niñez Y Juventud. Serie Economía y Niñez No 1. Bogotá, 2003.
4. United Nations Development Programme. National Human Development Report 2003, “Understand in Order to Transform the Local Roots of Conflict, Bogota, 2003.
5 Comptroller General, 2003, op. cit.
6Observatory on Childhood. Niñez y conflicto armado: Una mirada institucional al caso colombiano. Papeles del Observatorio 1. National University, Bogota, 2004.
7UNDP, op. cit.
8UNHCHR. Report of the High Commissioner for Human Rights on the Situation of Human Rights in Colombia. 2003.
9Lineres, Beatriz. Delegada para los derechos de la juventud, la mujer y los ancianos, Ombudsman’s Office. [Delegate for young peoples’, women’s and seniors’ rights] in Cuatro años por los derechos humanos y la paz,
1999.
62
1.1. COUNTRY CONTEXT
1.2. COMMENTS ON THE GOVERNMENT REPORT
The government report is of a higher quality than previous efforts. It attempts to address the questions posed in the guide prepared
by the Committee and assembles a significant part of the scattered information in the country on this issue. It was published and
disseminated in electronic form by the Colombian Family Welfare Institute, ICBF. It has the limitation of having been prepared by
government officials when the majority of the report refers to the period of the preceding administration, in a country in which there
is no continuity in policies on children.
The report does not review the commitments acquired by Colombia in global and regional summits held since the signing of the Convention.
The report does not clearly assume the Colombian government’s responsibility for respecting and ensuring the rights of children.
The report does not incorporate a gender perspective, either in its information or in the analysis. Likewise, it does not discuss the
large urban-rural differences, regional disparities, or differences among ethnic groups, this in a country in which 28 percent of the population is rural and 75 percent of these live in abject poverty. Only 33 percent of the rural population has access to health services,
compared to 76 percent of urban dwellers who are covered. The large regional and departmental differences are not treated. For
example, 11.5 percent of the population lives below the poverty line in Quindío, but in Choco (where the majority of the population
is Afro-Colombian), 47.4 percent of the population falls below this line. The proportion of the population that has been vaccinated
in the department of Cundinamarca is close to 90 percent; whereas in Guainía (a largely indigenous population), coverage rates do
not reach 25 percent.10
The data included in the government’s report to the CRC do not allow the achievements of most of the public policies to be evaluated
because the data is presented in a fragmentary way and without a clear point of reference (the coverage of actions and programs are
presented primarily in absolute terms). The report attempts to be objective in its analysis of the status of rights, but it emphasizes the
government’s “achievements,” particularly those of the current administration.
The government report does not clearly state what was done to address the recommendations made by the CRC to the Second
Report, when these recommendations should have been the framework for the policies and programs for children. The chapter that
follows up the recommendations is a summary of the report that does not relate the actions taken to the specific recommendations
made by the CRC.
2. GENERAL PRINCIPLES AND MEASURES OF IMPLEMENTATION
(Articles 2, 3, 6, 12, 4, 42)
During the five year period under review, there was no genuine articulation of the different government bodies responsible for the
protection of the rights of children or for their care; by the same token, there was no entity or government official who coordinated
the scattered efforts of the different institutions that were responsible for children’s affairs.
It is worth noting, as the government report says, that in 1999 a step forward was taken with the reorganization of the so-called
National System of Family Welfare. The intent of the reorganization was to articulate the institutions of the public and private sectors that offer the “public service of family welfare.” The decree reorganizing the national system of family welfare brought about
the establishment of Local Social Policy Councils. The implementation of these councils has been a positive development for the
country because the councils provide a way of linking the local institutions with a role in social policy and especially those related
to plans, projects, and programs for children.
In 1998 an office that coordinated and led provision of services to children, located in the Presidency of the Republic, was closed
and no other official or institution was designated to coordinate service provision. The government employee who responded to
the CRC and other public requests to address the subject of government policies on children’s rights during the period 1998-2003
was the ICBF director, although s/he was not officially delegated to that task, as the official concerned stated to the Congress of the
Republic on the occasions on which s/he was called to appear before them.
10MINPROTECCIÓN – INS - OPS. Situación de salud en Colombia. Indicadores básicos. [Status of Health in Colombia. Basic Indicators, co-published with PAHO] Bogotá, 2003.
63
It is a matter of concern that steps that had been taken to try to construct a public policy for children -- such as An Agreement for
Children or the CONPES [National Council For Economic and Social Policy] document entitled Time for Children -- have been forgotten.
During the period 1998-2003 they disappeared from the national policy arena without an evaluation of them having been conducted.
A similar situation occurred in ministries and government institutions. Entire offices, such as the mother and child division of the
Ministry of Health, and projects -- such as the ICBF communication for children or the project Ursulas in the Ministry of Education -- disappeared without any publicly available impact assessment having been done.
These instances reflect the absence of a coherent and unified public policy on children in the country, as the Alliance for Colombian
Children stated in 2003:
In Colombia, despite the progress that has been made, neither the government nor civil society has fully assumed its responsibility for
matters concerning children and youth. This is because, in order to bring this about, the country must move from a policy developed by
administrations to the construction of a government policy on children and youth that is implemented in a coordinated fashion between
the government, the family, and the community such that the increasing scarce resources are enriched by the synergies produced at
the local level and through the form in which it contributes to making spending more effective, accountable and relevant.11
The majority of programs caring for children are based on a philosophy of paternalistic philanthropy, offering redress and aimed at satisfying needs not ensuring rights. Therefore, as the Ombudsman’s Office has affirmed, what they generally do is institutionalize poverty.12
On this point, some of the boys and girls consulted for the report said, “We need for the government not to help us but to do their duty
to ensure that rights are safeguarded,” 13 and “The government believes that with a smidgeon of aid it can solve or cover over its shoddy
work and all the issues that affect children more each day without having been properly resolved, for example, poor quality of life, poor
nourishment, poor money management since they spend it on luxury goods that society does not need. This has a negative impact
because not having a good standard of living hinders boy and girls in their good psychological and physical development.”14
As a result of the lack of public policy on children and the lack of government commitment to children, the majority of the goals for
children that were to have been reached by the year 2000 were not met,15 and Colombia was one of the countries presenting the
fewest goals achieved at the World Summit in 2002.
During the five-year period, the country did not have a National Action Plan for Children in force, because the one put in place at the beginning of the previous decade was a document on paper that was never implemented. As this report was being prepared, the country
had still not signed a new Ten-Year Plan for Children and Adolescents. Although a discussion process on the plan was underway, it
has not received official approval, three years after the World Summit.
The principles of the best interest of the child and the primacy of their rights, although they are recognized in the Political Constitution of Colombia, were and continue to be rhetorical points that have not been appropriated by the country’s leaders. The
standard set by the government has been matched in other parts of the society; in the local, community, neighborhood, school,
and family settings and in the society in general, the primacy of the interests of children is not taken into account insofar as they
are not considered to have rights.
11Grupo de Reflexión de Infancia y Adolescencia. Hacia la construcción de una política pública de infancia y adolescencia. Bogotá, 2003.
12 Ombudsman’s Office. Informe sobre los derechos humanos de la niñez durante el año 2001.
13 Regional Consultation with Children. Cali, April 2005.
14 Regional Consultation with Children. Villavicencio, April 2005.
15 Informe de Colombia. Seguimiento de la cumbre mundial a favor de la infancia 1990 – 2000 [Monitoring the World Summit for Children 1990-2000. Report of Colombia] New York, 2002.
64
Since there was no responsible institution, leadership fell to the Office of the First Lady, an office that does not have special expertise on the subject. During the period 1998-2003 this office did design programs with a positive impact, for example children’s toy
libraries. It also, however, designed programs such as Community-based Nutrition for the Colombian Population, which attempted to
replace the enriched foods project that was already established and working in the country with the provision of soya supplements to
children. That initiative was questioned nationally and internationally by academic and civil society organizations and was canceled
after a large sum had been invested in it and without those responsible for the project having to respond publicly.
The principles of equality and nondiscrimination, as will be seen in this report, are not yet reached desirable levels of observance,
although it must be acknowledged that the country has progressed in the area of gender equity and in the recognition of cultural and
ethnic diversity. The reality is that, as the UN Special Rapporteur on the Right to Education stated, the Afro-Colombian and Indigenous
communities continue to be victims of systematic racial discrimination.16
To this is added the discrimination that children belonging to vulnerable groups suffer, for example the difficulties of internally displaced people, street children, children in conflict with the law, demobilized child combatants, and sexually exploited children. These
boys and girls are viewed by society more as a danger than as children whose rights have been violated.
Some of the boys and girls consulted gave their opinions on this:
The government has only complied with its obligation to combat discrimination among the adults, but not the children... this right is not
promoted, children do not live in a dignified manner, because to live in dignity is not to live under a cardboard roof or to be mistreated
by one’s parents and other people. Not all children have the same opportunities for healthcare, food and education, because in these
three areas, a great deal of discrimination is seen according to economic level. Children feel bad for being discriminated against both by
the society as well as by their own family. There have been cases in which society discriminates against children for being poor or an
indigenous person....17
As an expert report on investment in children states, “The drop in social spending, the increase in the amount earmarked for defense,
and the growth of the debt end up reducing the resources available to programs for children and young people. Expenditures on
children are a lower proportion of total public spending.”18 This statistic is frankly troubling (e.g. ICBF resources were cut from 2.5
percent of public spending to 1.5 percent during the period 1995-2001).19 Spending on education and health is increasingly inequitable
and the investment in children follows the business cycle, showing a decrease if there is an economic downturn, while spending in
other sectors such as security or assistance to the financial sector is protected.20
The lack of a General Children’s Act continues today to be, as it was during the preceding decade, a critical issue for the country. Although, as the government report says, two optional protocols to the Convention were approved, numerous international agreements
were signed, and laws passed to improve the legal framework for children, the country still does not have framework legislation that
safeguards their rights.
With respect to this point, the Ombudsman’s Office points out that “the Colombian government is under the eye of international human
rights organizations on the issue of legal protection of the rights of the child since its domestic legislation, specifically the Minors’
Code, is in breach of the provisions set out by these bodies.... The Minors’ Code also contravenes the Political Constitution since it
disregards the fact that the constitution says that Colombian children are entitled to respect for their fundamental rights without any
discrimination whatsoever.”21
The governments with the jurisdiction for this -- as well as the political class for whom it is not a priority -- lack the will to move forward
on new legislation for children. At the moment a negotiated endeavor of government entities, civil society organizations, and United
Nations bodies is underway in an attempt to pass a new Child and Adolescent Statute. If this effort succeeds, it will be an important
step forward for the country.
During the period 1998-2003, there was very little progress made in monitoring the status of children’s rights, one important effort
being the work done on the issue of child labor with the support of the ILO-IPEC. On other issues, however, progress was minimal. In
addition, the system providing social statistics on the country is poor, giving rise to an absence of an information system on children
that objectively present the status of children’s rights. Therefore, scattered data had to be assembled both for the government report
as well as for this one.
16 The Right to Education. Report submitted by the Special Rapporteur, Katarina Tomasevski. UN Commission on Human Rights, Economic and Social Rights. E/CN.4/2004/45/Add.2/Corr.1 30 March 2004.
17Regional Consultation with Children. Villavicencio, April 2005.
18 National Human Development Program, op. cit.
19Martinez, Rafael. Empleo del Presupuesto Nacional en el Desarrollo Humano: Niñez y Juventud. UNICEF, DNP, PDH. Bogota, Unpublished paper for UNICEF, National Department of Planning and Human Development Program, 2002.
20 National Human Development Program, op. cit.
21Ombudsman’s Office, 2001, op. cit.
65
A number of activities to disseminate the rights of children were undertaken during 1998-2003 by both the government and nongovernmental organizations. However, in the consultations with boys and girls for this report, there was little knowledge or ownership of
these in evidence and this was more critical among adults.
The Colombian government has not established a system to respond to reports of violations of children’s rights. There is no database
or system to follow up such reports. Although the Ombudsman’s Office receives many such reports, there are no effective mechanisms
to punish the guilty parties and so impunity in these cases is very high.
3. CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS
3.1. RIGHT TO AN IDENTITY (Articles 7, 8)
3.1.1. CIVIL REGISTRATION
National coverage of the civil registry system is 81.6 percent (2000 data); DANE estimated that of every 100 birth certificates issued by
healthcare institutions, only 73 or 74 were registered in the system.22 In the departments with lower rates of coverage, the figure barely
reached 52 percent.23 The lowest rates were found among the indigenous and peasant populations and among those living in indigence or as displaced people. Not all the municipalities in the country have an adequate process in place for registration, and the situation
is quite complicated in areas affected by armed conflict, border areas, remote municipalities, and in indigenous populations.
Although efforts were made during 1998-2003 to broaden the coverage, annually more than 150,000 boys and girls are not registered
during their first year of life, which in turn limits their access to health care and to education.24 What takes place following registration
is a matter of concern because children are being registered by their parents at the Registry Office and possess a birth certificate, but
these records are not being entered in the country’s databases and therefore the children do not have formal recognition as citizens.
Likewise, the delay in ruling on paternity suits and child support cases during the five-year period under review is troubling. These
issues constitute the main issues in dispute in non-felonious infractions in the country. The ICBF stated in 2004 that it had a backlog of
55,000 disputed paternity cases and 18,000 demands for child support, some of them up to six years old.
3.1.2. RESPECT FOR ETHNIC AND CULTURAL DIVERSITY
Social indicators and child-focused indicators show that the areas of the country inhabited by a majority or large minority of indigenous
peoples or Afro-Colombians are also the ones with the worst conditions, including, inter alia, in health, education, nutrition, housing
stock, coverage of public services. This is clear evidence of the historical neglect and marginalization to which these ethnic groups
have been subjected.
In recent years, the social, economic and cultural situation of the country’s ethnic minorities has deteriorated noticeably because they
are on the frontlines of the ramped up armed conflict, on top of the traditional situation of marginalization, isolation, extreme poverty
and the continual risk of loss of cultural identity. This situation has inevitably affected the quality of life of the children belonging to
these communities.
22UNICEF; Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios. Un árbol frondoso para niños, niñas y adolescentes. Una propuesta para gobernar con enfoque de derechos. Bogotá, 2003.
23.UNICEF Colombia. La niñez Colombiana en cifras. Bogotá, 2002.
24 Ibid.
66
Research on children’s policies and programs or concerning their situation was scarce and centered on some issues that, for different
reasons, were of current interest, for example the recent case of children demobilized from the conflict. There is no clear government
policy or adequate budgetary appropriation to encourage research. The government body that supports research in the country did
not consider support for an area of research on children pertinent.
The institutional response to this issue has been focused on the implementation of some plans and programs targeted primarily to
indigenous and Afro-Colombian families. The ICBF, in addition to covering these families with their national programs, has developed
programs like Attention to the Indigenous Family and Minor, Support for the Social and Cultural Strengthening of Families, and Support
to Families of the Black and Traditional Communities in Education and Development. However, no clear reports exist on results and
concrete achievements beyond the reported numbers of participants.
Law 691 of 2001 was passed to ensure the right to health and social security to indigenous peoples, a law that incorporates the principles of ethnic and cultural diversity as guidelines for the health care that the government must guarantee
to this population. Nevertheless, the Ombudsman’s Office considers that the principles and rights proposed in the law
have not been enacted. 25
Although the bases of health care and social security coverage have broadened and several Subsidized Healthcare Administrators
(ARS) and Healthcare Providers (EPS) have been created for ethnic groups the Compulsory Healthcare Plan (POS) has not always
successfully been modified to the socio-cultural specificities of their affiliates. Neither is the right to comprehensive healthcare that
recognizes the ancestral knowledge of traditional medicine as understood and practiced by these groups safeguarded.
Programs like Families in Action, Food Fortification, Parents’ Schools, and Make Peace have also been offered in these populations;
however, although they may have some cross-cultural relevance, they do not necessarily address adequately the particular conditions found in these communities.26
The Constitution and the existing legislative framework on the educational needs of ethnic groups requires the government to program the institutional response so as to guarantee that ethnic groups are educated in accordance with their socio-cultural and linguistic characteristics. During the period 1998-2003, the ethno-education program, put in place more than two decades ago as the result
of the indigenous people’s clamor for the political right to self-determination and for the redress of historical injustices that attempted
to deny them their ethnic identity and linguistic diversity, continued .
The actions of the Ministry of Education have concentrated more on trying to broaden coverage than on strengthening the ethno-education model. On this point, in many regions of the country the standardized curriculum has been retained, which sometimes hinders
the development of curricula adequate to the characteristics of the indigenous, black, and traditional communities.
Article 27 of Law 28 of 1991, giving indigenous peoples themselves the responsibility of administering their education, regulating
school age, the higher education policy and its adaptation to the socio-cultural context, has not been fully implemented. Nor has
the incorporation of Afro-Colombian studies into the curriculum of preschool education, basic primary, basic secondary, and middle
school in the country, occurred according to the stipulations of Law 115 of 1994 and decree 1122 of 1998.27
On the other hand, there is a lack of information about the ethnic groups in general and on the children who belong to these groups.
There are no statistics, research studies, indicators, or general or ministerial portfolio level information available on which to base
institutional decisions.
This lack of information has contributed to the absence of differentiated and ethno-specific and child-friendly public policy. Generally
the policies that include children have placed them without further differentiation among the “poor,” “vulnerable,” or “rural-dwellers,”
failing to take account of their ethnic and cultural diversity.
The illegal cultivation of coca and poppy crops significantly increased in the zones where these ethnic minorities live during the fiveyear period under review. This also had a profound impact on their traditional cultures. Moreover, the indiscriminate spraying of these
crops has affected the health and quality of life of the communities, leading to population displacement.
25Ombudsman’s Office. Undécimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, Bogotá, 2003.
26UNICEF. Los Pueblos Indígenas en Colombia. Derechos, Políticas, Desafíos. Bogotá, 2003.
27 Ibid.
67
Over the past decade, the lands of the indigenous peoples and Afro-Colombian communities have been converted into the favorite
stomping ground of the armed actors as a result of their privileged geopolitical position, the variety of resources they possess (minerals, oil, energy sources), and their strategic location for the conduct of illegal activities such as contraband, gunrunning, and growing
illegal crops.
The armed conflict taking place on indigenous lands has harmed the quality of healthcare and education since the hostilities have
affected medical personnel and paramedics who do the health brigades. The continuous threats to teachers have resulted in the closure of several educational institutions. Health and food security, already weakened in the child population in any event, are further
aggravated by the blockades that armed actors have mounted to stop the delivery of foods and medicines to indigenous and AfroColombian settlements.28
The picture sketched above, characterized by a deterioration in the communities’ living conditions, is fertile ground for recruitment of
Colombia’s ethnic minority children -- boys, girls, and young people -- into the ranks of the armed groups as a way of meeting their basic
needs and looking for a solution to the crisis. So, some cases have been reported of indigenous and Afro-Colombian children joining
the armed groups that are present in their territory.29
In addition, the phenomenon of forced displacement has become widespread among the indigenous and Afro-Colombian communities. Being forced to abandon their ancestral lands violates the ethnic integrity of these groups; it affects their traditional relationship to
the land, exposes them to the danger of losing their cultural identity, and could even bring about the disappearance of the group.
The magnitude of this problem has surpassed the government’s capacity to deal with it. The institutional response has not had a great
influence among the communities: the support both to the population in general as well as to boys and girls in particular has been limited to short-term assistance on matters such as medical and psychological services, food, emergency transportation, and temporary
shelter that does not take into account the socio-cultural characteristics of these groups. We are not aware of any programs specifically
targeted at the care of boys and girls who belong to ethnic minorities.30
It is true that the Social Security Network, as the coordinator of the System to Care for the Internally Displaced Population, has proposed
to incorporate into their assistance model a differentiated focus to assist the displaced population according to their ethnicity, group
and gender characteristics; however, in practice this has not occurred.31
The bankruptcy of the policy became obvious with the Constitutional Court ruling T-025 of 2004 in which it is explained that “no policies
have been enacted that facilitate the access to government services for displaced groups in the weakest situations, such as women
heads of household, youth and ethnic groups. And no special programs exist that address the particular nature of the problems that
afflict these groups.”32
3.2. RIGHT TO PARTICIPATION, FREEDOM OF EXPRESSION
AND ACCESS TO INFORMATION (Articles 13, 15, 17)
We propose that the government take more account of us so we develop well. That they not treat us as numbers, but as persons,
because they speak about us or, better put, they count us but they do not take us into account. The should open genuine opportunities
to participate where we can say what we feel, but also where we make decisions on what affects us. Please, the government should
stop talking, we are already tired of that, it would be better to act, because that is what we need.33
28Ombudsman’s Office. Décimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, Bogotá, 2002.
29Mesa de Trabajo. Mujer y Conflicto Armado. Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia (Tercer Informe 2002), Bogotá, 2003; Defense of Children International, DNI Colombia. Report
to the 34th Session of the Committee on the Rights of the Child. Violation of the Rights of Boys, Girls and Youths Belonging to Colombia’s Indigenous Groups, Bogota, 2003.
30DNI-Colombia, op. cit.
31ACNUR (UNHCR). Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia, August 2002 - August 2004. Bogotá, 2004.
32Constitutional Court Ruling T-025 of 2004. Cited in UNHCR op. cit.
33Regional Consultation with Children. Cali, April 2005
68
Effects of the Armed Conflict and Displacement on Boys and Girls from Ethnic Minority Groups
In Colombia, children and young people’s participation is recognized in Article 45 of the Constitution as a fundamental right
that contributes to strengthening democracy, as well as in the General Education Act, and in the Youth Act. Nevertheless, the
participation of boys and girls is quite embryonic in practice.
Actions promoted by the government to encourage opportunities for children to participate and give their opinions have not
been widespread or significant. Their impact has been limited because they arose in specific situations, and information on
these efforts is scanty.
Some opportunities open up and there is very little information in order to be able to access them. Many times children and young
people want to give their opinions and to be taken into account in some decision and this is not possible since they do not pay much
attention to us. Young people have very good suggestions and that is not taken into account. Sometimes places or opportunities for
young people to participate supposedly open and sometimes we do not know that they are made for us and we do not make use of
them, or at the point of making the decisions, they are made by the adults and without considering the opinion of young people.34
The views that adults hold with respect to children determines the manner in which they relate to them as well as the space that
children and young people are allotted to participate in family, school, community, and institutional affairs. The notion of boys and girls
as subjects of rights is quite weak in the country, which limits their recognition as social actors -- autonomous, reflexive, participatory,
with a capacity to interpret and reconstruct their reality....
“At time they do not listen to us in our families and do not take us into account in making decisions. At home the word of the father is
law, and that is due to the lack of educational talks with the families. At school, a school government is elected at which the teachers
and management do not support young people’s ideas and proposed activities, and there is no budget for them either. At the neighborhood level we lack opportunities for young people to take part in leadership training workshops and educate themselves to lead
their communities. There are some opportunities but they are manipulated and there is not enough information about them.35
It can be said that in Colombia a traditional view of children prevails: “a vision of the child that commonly causes most adults not to
appreciate and stimulate the growth of children’s capacities to contribute to their personal development and that of the family and
the community. Furthermore, they do not consider the importance to the child’s development afforded by the stimulation of their
expression, by giving their opinions or participating.”36
...before and still, but a little less today, adults do not take children and their opinions seriously, either because they are children or
because adults think that because we are children and young people we are only thinking about playing, watching television, hanging
in the street, and so forth and they do not consider that we can make good contributions.37
The effort to encourage children’s participation has been reduced to a few formal opportunities, leaving out important spaces where
children live out their daily lives in the family, neighborhood, school and community.
Although possibilities for children’s and youth’s participation in social and institutional spaces may have increased, the majority
of boys and girls do not have that opportunity -- especially if they are living in the countryside, are displaced, or part of another
highly vulnerable population.
The government has not encouraged children and young people to create their own opportunities for participation and their own
organizational forms. It has developed no strategies to cooperate with their education for participation, to support their proposals
and projects, through continuous accompaniment and any needed technical assistance.38 Neither has it promoted networks or
other ways of organizing with a view to the long-term that would allow children to monitor their rights and participate actively in
decision making arena.
34Regional Consultation with Children. Villavicencio , Cali, and Medellín, April 2005.
36UNICEF. Presentation in the seminar “La participación de niños y adolescentes en el contexto de la Convención de los derechos del niño: visiones y perspectives.” Cited in the report of the group of researchers and
Colombian NGOs to the Committee on the Rights of the Child, 1998.
37Regional Consultation with Children. Cali, April 2005.
38UNICEF, Fedemunicipios, op.cit.
69
Participation in the school cannot be reduced to the issue of school governments and school rights representatives; it is necessary to
democratize and make participation in the classroom part of daily life as well as to experience it in the relations that teachers establish
with children and in the decisions that are taken on their behalf.
The government has not created enough mechanisms or strategies to disseminate the necessary information for boys and
girls to internalize and live the meaning of active, authentic participation and the right to association as ways of ensuring that
their rights are fulfilled.
Active participation of children and young people in decision making at all levels as well as in the planning, conduct, monitoring and
evaluation of all the matters that affect them has not taken place in an effective manner. In general, the mayors and their cabinets do
not have sufficient knowledge and experience on the subject of children and youth.40
We are proposing that there be more youth and children’s groups working in any area and that they have the complete and unconditional support of the government. That they take the participation of children in all areas more into account. That they take more
account of children’s human rights that are not respected with everyone doing what suits them, that the government become aware
of the situation of the country and the children and that they make a genuine commitment to Colombia. That work be undertaken with
youth, by youth and for youth. Each mayor and his administration should take the voice and vote of children and young people from
their communities into account in order to take their needs into account and to offer solutions.41
The participation of children and adolescents in the preparation and implementation of development plans has not been promoted.
Only some incipient efforts have been made to involve them on issues that concern them in the Territorial Planning Councils but their
role in decision making is weak. Strategies to encourage children to get involved in the search for solutions to their own issues needs
and community welfare have not been pushed, nor efforts to do capacity building and strengthen negotiating skills to take par in planning and decision making.42 When children and young people have made proposals these have not been taken into account in the
stages of preparation, approval, and implementation of development plans.
We recommend that an open call be issued by the municipal youth councils to youth leaders from each neighborhood, focusing
on youth groups, so that they speak out on the needs of young people in each city. Then, a national meeting of youth councils
could be held and young people’s needs expressed, so that all these concerns can go forward to the Congress and be part of the
Congress of the Republic. 43
Despite the insufficient regulation of the Youth Act, it is important to recognize that progress has been made on the issue of youth
participation. Frequently, however, the opportunities for participation reproduce the vices of representative democracy at other levels
and are not representative of young men and women.44
Before, children were not seen as children but as objects and they were not taken into account because they were young. Now, in
recent years the doors are cracking open a bit for young people to participate and people are taking them a bit more into account. For
example, the Municipal Youth Council -- they say that it is for young people, but when push comes to shove it is the adults and the
ones in government who stick their oar in there.45
39Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Situación actual y prospectiva de la niñez y la juventud en Colombia. National University of Colombia, Center for Development Research CID, 2004.
40Acosta, Alejandro and Kattah, Fadua. Hacia la construcción de una política de infancia y adolescencia. Bogotá, 2002
42CIMDER – UNICEF. Lineamientos para una política pública de adolescencia y juventud con enfoque de derechos y ciudadanía en tres municipios de Colombia: Istmina, Pasto y Popayán. Cali, 2004.
70
During 1998-2003, progress was made in the development of mechanisms of participation in the school setting, but even there it was
marked by constant tension between traditional visions and practices of education, where authority and adult knowledge prevail, and
children’s new styles of expressing themselves and communicating. There were obstacles placed in the way of children’s participation,
relegating it to formal activities. As for participatory processes used to produce the school’s behavior and standards manuals, this did not
occur in practice since although children’s opinions were solicited, the manuals in many cases ended up being drafted in a legalistic and
repressive style.39
In general limited forms of participation predominate in the country: calls to public events where some subject related to young
people will be discussed, mock elections, or the presence of children to justify decisions that have already been taken.46
The government uses children as fronts, allowing them to speak and give their opinion but without paying much attention to what
they say (just talk for talk’s sake) and what we say doesn’t go anywhere.47
On the issue of access to information, the National Communication Plan for Children (PCIN, acronym of name in Spanish) mentioned in
the government report, had some impact in several regions of the county. By the end of the period under review, it had been reduced
to a shadow of itself. Programs of department governments, mayor’s offices, and the ICBF in this area are mainly recreational activities
that do not have effective influence on children’s access to information.
The other national programs mentioned in the government report have not had broad national coverage. In some regions the Youth
Councils have not been implemented. The spaces that are planned to be under the charge of the young people are directed and
coordinated by adults in some cases and do not meet the objectives for which they were created.
Access to information is a precarious matter, especially for boys and girls from marginalized sectors and rural communities. These
areas usually lack libraries and in the few that exist the materials are of poor quality or inadequate to provide information on the
country’s current events, world affairs, or scientific progress. A great part of this material is deteriorated or obsolete. Access to Internet
or other forms of communication is still limited to some urban sectors.
Television is children’s most frequently utilized communication media, but like radio it was not the best alternative for education or
information during the five-year period under review, just as it is not today. Control on the content of the programming is poor, leaving
the responsibility for the message transmitted up to the ethical standards of the private monopolies that manage the media today.
Their interests are more strictly commercial than public service.
Although some progress has been made on encouraging children’s expression and on disseminating it through the mass media,
these are isolated experiences in which few children participate. There is no clearly defined government policy on this point.
Both in the family and in the school, what adults say continues to reign supreme. There are a number of writs for the protection of
rights (tutelas) that convey how difficult it has been for many children, especially adolescents, to express their points of view openly.
There are still no clear ways to make the right to free expression a reality in daily life.
4. FAMILY ENVIRONMENT AND OTHER
GUARDIANSHIP ARRANGEMENTS (Articles 11, 10, 20, 21, 39)
The government should not promise things that it is not going to do and then say it is for one’s own good, masking its big mistakes
with self-aggrandizing publicity that does not contribute to the protection of children. If the government was really committed to the
problem of children it would stop concerning itself with resources for the war and really get to work for children... 48
In Colombia, there are fundamentally four factors that jeopardize the family and negatively affect the welfare of women and children:
poverty, inequity, political violence, and social violence.
One of the manifestations of social violence is domestic violence or violence in the family, which is the second most
frequent crime in Colombia. “A total of 69,681 cases of domestic violence were reported to the National Institute for Legal
Medicine and Forensic Sciences in 2001. They included 10,918 reports of child abuse and 41,320 of spousal abuse.” 49
44Centro de Investigaciones para el Desarrollo, op. cit.
45Regional Consultation with Children, Villavicencio, Cali and Medellín. April 2005
46 UNICEF; Fedemunicipios, op. cit.
47 Regional Consultation with Children, Villavicencio, Cali and Medellín. April 2005.
48 Regional Consultation with Children, Villavicencio, April 2005
49 Ombudsman’s Office. 2002, op. cit.
71
Data on child abuse show a constant growth in the number of cases reported annually (from 3051 in 1995 to 6552 in 2000, nationwide).
This can be interpreted as a previously hidden problem coming to light. Taken as a whole, child abuse affects boys and girls equally,
with the exception of the oldest group (14-17), in which girls are the main victims. The age at which abuse occurs remained stable with
the largest number of cases concentrated in the age group 10-14 (comprising 59 percent of the total in the year 2000). In the majority of
the cases (52 percent) the aggressor is the father or stepfather, and in a quarter of the cases it is the mother.
The response of the government to this situation during the period 1998-2003 was framed within the development plan entitled “Change to Build the Peace,” which had peace as its central defining element. Thus, social policy on the family was part of a national policy
on peaceful co-existence.51 This was expressed in the program called “Make Peace” which had the objective of prevention, detection,
monitoring, and assistance in cases of domestic violence. However, the program, as the Ombudsman’s Office recognizes, did not
change the statistics on violence in the family.
The “Make Peace” program did not have broad dissemination in the regions. It was a national program in which significant resources
were invested and the most important achievement of which was to develop some materials for working on peace-building; the
program simply was not put into practice in some regions. At the end of the five-year period, with the change of administration, the
program was reduced still further in terms of its modest coverage.
Other programs or actions against family violence were maintained during the period, for example the network on good treatment and
other strategies such as SIVIGILA, the system monitoring violence and abuse. It is important to highlight the role played by the National
Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences in monitoring this violence, calling attention to and analyzing the issue.
The system of protection, mandated to assist in individual cases was insufficient and generally inefficient; it shows few results, in this,
as in other areas of its remit. Unfortunately there are no studies or evaluations that measure the impact of these interventions, which
generally address transitory and specific concerns on which adequate monitoring and follow up is not done.
The situation of neglect that many boys and girls are exposed is critical; the figures cited in the government report (602,555 neglected
or endangered in 2002) are troubling. Likewise the number of cases seen by emergency centers (13,118 in 2002) is a matter of concern,
revealing the impact on children of the critical national conditions described above.
Abandoned and neglected children as well as those cases in which it is thought that the family cannot ensure their development and
welfare are institutionalized or placed in a foster family environment. The Ombudsman’s Office points out that, according to the ICBF,
“a total of 99,683 children were cared for in an institutional or family setting, including foster homes, during the year 2000: 62,125 in
institutions and 37,558 in the family or foster family.” 52
Despite the large number of children who are in one of these two settings, there is a significant problem with the weakness of the
system of protection in relation to the coverage and presence of zone centers of the ICBF, especially for those sectors where there is
no center. There “the boys and girls who are victims of all types of violations do not have an authority to turn to because the monopoly
on protection lies with the family defenders who deliver their services through these zonal centers. For that reason, many cases are
never drawn to the attention of the ICBF.” 53
On the other hand, the Ombudsman’s Office has raised the weaknesses of the programs of assistance to boys and girls who are neglected or endangered. Institutions receive a variety of cases indiscriminately (neglected, abandoned or endangered children, juvenile
offenders, psychoactive drug users, and other problems) making the lack of specialized programs to handle the different situations that
lead to the measure of placement in an institution obvious.
50 Ombudsman’s Office. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, 1999.
51 The supporting material for this policy is found in the document “Haz Paz” [Make Peace], which has as its principal objective developing peaceful co-existence in the family as a way to reach peace in the nation.
52Ombudsman’s Office. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 2000.
53Ombudsman’s Office , 1999. op. cit.
72
Women and children are the main victims of this form of violence. Statistics from the same Institute show that they receive and process
7,600 cases of boys and girls who have been the victim of domestic violence in a year. Official statistics indicate that 91 percent of the
victims of violence in the household are women, including young women.50 According to official data, of every thousand children, 361
suffer some type of abuse in their family setting.
It would be appropriate to evaluate the relevance, effectiveness and scope of the institutionalization of children as a measure to ensure and protect their rights and to favor alternative protection measures such as the family environment.
Adoptions of Colombian children, as the government report indicates, occur mainly in families outside Colombia, which may show
the preference of some institutions for these adoptions over and above national adoptions as well as a weak culture of adoption
in Colombia. Although the ICBF increased its control and oversight of the adoption process, this is carried out not only by the ICBF
through its specialized program but also by private institutions authorized to run an adoption program. A parallel system of adoption
continues to occur through which many boys and girls leave the country illegally as Interpol has shown54 and there were no definite
actions taken by the government to stop this traffic in children.
5. BASIC HEALTH AND WELFARE
(Articles 18, 23, 24, 26, 27)
Healthcare is pretty poor, there are many places where the government has not even improved the health posts, they are there but
their services are quite bad if we do not have the papers and the card they do not see us when this is a fundament right....55
Access to health services and basic health care is legislated in Law 100 of 1993, which establishes the country’s social security
system (SGSSS). This system is slanted toward the privatization of service provision, and establishes access and care according to
individual’s ability to pay. This has limited universal access to healthcare because, by linking service provision to the economic level
of individuals, the responsibility for healthcare falls to individuals, placing obstacles in the way of the full exercise of this right,56 limiting
state action to the management and control of the system. “This law modified the role of the state in service provision, handing more
over to the private sector. It transformed the sources of funding, established demand based subsidies, defined targeting as a strategy
of care and reformulated the concept of public health, restricting it to the implementation of low cost and high impact actions.”57
Government handling of health care suggests a approach based on caring for illness. The SGSSS emphasizes assistance to and care
of specific events and sets aside other important aspects involved in welfare, such as health prevention and promotion activities.58
According to the Ombudsman’s Office, the Colombian government historically has focused on the “organization of service provision
in health, giving priority to the care of illness and sidelining other essential health issues. This shows that the comprehension of the
right to health has been understood in terms of the right to receive care when sick, setting aside central aspects of the right, such as
promotion, prevention, and rehabilitation and the access to the core set of basic determinants of health.”59
There was no significant progress during the period on the question of universal access to health services. According to data presented to the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, 43 percent of the Colombian population was not covered by social
security at the end of the period.60 There were several elements that made it impossible to guarantee children’s right to health, including the fact that access and care depending on affiliation in the system. This constitutes a great problem considering that children
belong through their families -- if the parents or guardians are not members, the children are not covered by the system.
There was a decrease in the numbers contributing to the plan for their affiliation, which is due to a large extent to the labor market problems. Thus, affiliation to the subsidized plan was limited because “the poverty figures on which coverage is calculated work to render other
poor people invisible; the systematic cutbacks to funds for health (for example in Legislative Act 01 and Law 715, both of 2001) added to
the policy of increasing resources for the war and the increasing levels of poverty and unemployment suggest that in the most optimistic
scenario the coverage of the subsidized regime can only with difficulty be maintained but today it seems likely that it will be reduced in the short-term.”61
54 Report of the group of Colombian researchers and NGOS Ito the Committee on the Rights of the Child, 2000.
55 Regional Consultation with Children, Villavicencio, April 2005.
56 Health policy of the past decade has “consolidated the idea of health as a product. This has divorced the public policy still further from the comprehension of health as a human right that must be guaranteed by the
government to all citizens,” as stated in the Ombudsman’s Report (Ombudsman’s Office, Undécimo Informe, 2003.) op. cit.
57Colombian Platform for Human Rights, Democracy and Development. The Authoritarian Spell. Bogota, September 2003.
58 As Saul Franco notes, “Health cannot be restricted to caring for children’s illnesses, the provision of medicine, and clinical care. It is necessary to undertake actions related to the environment in which boys and girls live
in order to work on the prevention of risk factors that can affect their health and with the promotion of healthy habits for their development. It must be understood that children’s health depends on a combination of decisions
and actions of individuals, society and the government.” See “Guerra, salud y paz,” Document number 3, Primer Congreso Nacional de Salud. National University of Colombia.
59 Ombudsman’s Office, 2003, op. cit.
60 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation in Colombia. Comisión on Human Rights, 58th Session, 28 Feb 2002. E/CN.4/2002/17.
61 Echeverri, Esperanza. “La salud en Colombia: abriendo el siglo...y la brecha de las inequidades,” Revista Gerencia y Políticas de Salud (Pontifical Javeriana University), no. 3, Dec. 2002.
62 Ibid.
73
The government report describes as an achievement the fact that the SGSSS increased the affiliation of poor people by more than 11
million. However, it is important to point out that this datum translates into less than 45 percent of the poor population. The question
is what is occurring with the others who are not members, since that is the majority. Some studies indicate that in the year 2000, 56
percent of the population in the lowest decibel and 63 percent in the second were not insured62 and that children under one year of
age were the group with the lowest level of affiliation.63
Actions that have been undertaken have not led to a solution to the structural problem “universal insurance is not viable and cannot
be in a macroeconomic and policy context which has entrenched the deterioration of the quality of life,”64 and is leaving large groups
of the population without health care.
Targeting practices have led to exclusion in the health policy. The classification that is made of the population to be benefited by
the subsidized system tends to render invisible the size of the problem of poverty and its diverse forms and does not take into account the real conditions of families. Many boys and girls are rejected and others are poorly classified because their socioeconomic
conditions do not match the characteristics of the level in which they are registered. Moreover, there is discrimination in access and
care in the health services given the marked inequality between the rich and poor populations and the disparities that characterize
the different municipalities, zones and regions. This situation is exacerbated in the rural areas where health coverage is lower than in
urban areas.65
Some of the children who participated in the consultations stated that:
As for health, we do not get the best care, the humble or poor persons always receive the worst, health care is pretty bad because
there is no equity. The government really looks after people who have money in our region and neighborhoods with nothing but the
best, but there are many places where the government has not even improved the health posts. They have them but their services are
really bad, if we do not have the papers and the card they do not see us when this is a fundamental right.66
The difference in affiliation varies among regions. On the Atlantic Coast, 67 percent of babies under one year were not insured in the
year 2000; this is contrasted with Bogota which has the lowest percentage of uninsured people. For 2003, babies under one year
continued to be the group with the lowest level of affiliation (52.6 percent); the weakest levels of coverage were found in the Pacific
region (52.5 percent) due to low levels of affiliation in the contributory scheme, and the Central region (53.3 percent) with a fall in
affiliation in the subsidized scheme.67 The country’s health system is designed with a market logic that does not take the conditions
of the population or the specific needs of children into consideration. The distinction between the services delivered in each scheme
are notable. which leads to questions about the quality of healthcare provision: “Today the population, especially the poorest, spends
more on health and members of the subsidized scheme receive a plan of benefits with 30 percent fewer services than those who are
members of the contributory scheme.68
Some of the children participating in the consultations, when evaluating whether the government has complied with the recommendations of the CRC, explained that “in the health sector we find inequality among the social strata, for example in the care that is given.
It has complied only partially, because not all children have adequate security and there is inequality by social class standing. This is
seen in the way different people who need attention are taken care of. There is a decline in the position of service delivery which is
downloaded to the users who are the most affected by the government, violence, and so forth.”69
63 Centro de Investigaciones para el Desarrollo, op. cit.
64 Echeverri, E. op. cit.
65 UNHCHR, E/CN.4/2002/17, op. cit.
68 Hernandez, 2000, cited in Echeverri, op. cit.
69 In the regional consultation, the children gave their opinion that this right is one of the most often violated since the majority of children are not in good health because their basic needs are not being met. They do not
have good nutrition, the places where they and their families live are not secure and they are exposed to the risk of accidents, and their probabilities of being sick are greater. They think that their rights are not being fulfilled
because, when they get sick, their parents cannot take them to the doctor because they are not members of a healthcare provider and they do not have the money to pay for service because they are not working or if they are
working, they are not covered by social security because they work in the informal sector (street vendors, domestic servants, etc.). Those who are enrolled in the subsidized group, SISBEN, think that the service is not very
good quality because they are not given the medicine they need for the treatment, and care is limited due to the number of people who visit the centers.
74
The problem goes beyond coverage. Although many children are affiliated to the system, using the services is made difficult by economic, geographic or cultural problems, lack of knowledge of their rights, and difficulties connected to the low quality.
By limiting public health to the Basic Care Plan and emphasizing individual care, the social character of health has been lost, which
brings with it a reduction of “collective actions for the control of risk factors such as vaccination, basic sanitation programs and the
development of programs for the prevention and control of endemic and epidemic diseases. As a result diseases transmitted by
tropical vectors (such as yellow fever, malaria and dengue hemorrhagic fever, DHF) have reappeared, diseases for which vaccines
are available have increased (for example measles), and environmental cleanliness has deteriorated.70
On the other hand, children’s right to life is constantly under attack. In Colombia, children’s lives are not adequately protected; children die every day as a result of easily preventable illnesses and as a consequence, in many cases, of the poverty and violence
that the country is experiencing.
Practices of arbitrary executions, forced disappearance, and individual attacks on the life and integrity of adolescents and young
people occur in the context of the armed conflict. These tactics and strategies, which frequently make the civilian population or noncombatants into victims, constitute a recurrent violation of human rights and international humanitarian law.71 Hundreds of children
have died in the explosion of antipersonnel mines.72
Violence increasingly affects the child population. The Ombudsman’s Office indicates that according to figures provided by the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences in their 2001 report, “the violent deaths of 4,077 children are recorded, which
means an average of 11 children die every day, of which five are murdered, two are killed in traffic accidents, one is a victim of suicide,
and three die in other types of accidents.”73
“Deaths in accidents are another expression of violence against boys and girls since many of them die due to adverse conditions in
their homes or in the spaces where they live and carry out their activities, and to the neglect or imprudence of adults.”74
“Boys and girls easily become victims of violations of this right whether it be through domestic violence, common criminality, the violence
of the internal armed conflict in the country, or due to purges, the so-called “social cleansing” that is conducted against street children.”75
Suicide has increased in the child population. According to statistics of the National Police, a total of 1016 people under the age of 30 killed
themselves in 2002, of whom 139 were under the age of 16. The fact that the youngest members of a society kill themselves is a reflection
of the profound problems that the society faces, but also the lack of a culture of respect for life, beginning with one’s own.76
Some of the children consulted had this to say about the respect for life:
We believe that this is not being guaranteed and that it is more than preventing children’s deaths. The government is not fulfilling its
commitment on the right to life because the rights of children are not respected and the government does not do anything. It affects us
because every day these rights are violated more and children are being exploited in one way or another, and it is not protecting us.77
The infant mortality rate during the years 1999-2004 was 26.4 per thousand, which is high considering the country’s level of development. This rate has been gradually dropping, but the speed of the decline slowed during the five-year period. There are differences
in infant mortality between the urban and rural areas.78 Death of children under one year of age weighs heavily in the mortality rate;
in the group aged 1-4 the mortality rate for the period 1995-2000 was 4 per thousand.
71 CIMDER – UNICEF, op. cit.
73 Ombudsman’s Office, 2001 op. cit.
74 Centro de Investigaciones para el Desarrollo. op. cit.
75 Ombudsman’s Office, 2001. op. cit.
77 Regional Consultation with Children. Medellín, April 2005.
78 ENDS-2000 found an urban mortality rate of 21 per thousand and 31 per thousand in the rural area. There are regional differences; in zones such as the Pacific Coast and part of the new departments infant mortality
rates of 70 per thousand are found. There are contrasts between income groups in the same city or region, so the infant mortality rate stood at 76 per thousand in the middle of the last decade in very poor homes and 61
per thousand in homes with unmet basic needs, which is much higher than the national average, as reported in Centro de Investigaciones para del Desarrollo, op. cit.
75
The proportion of the population that has been vaccinated dropped at the beginning of the period because of the inadequate management of those in charge of the health system, expressed in the loss of opportunities and obstacles to vaccination according to the
affiliation to social security. Later, an attempt was made to recover the previous levels of coverage at a high economic cost and without
succeeding in returning to the levels of vaccination coverage found at the end of the 1980s. “The accumulation of vulnerable children
under the age of five in municipalities where coverage fell below 80 to 90 percent in recent years led to localized epidemics of measles
in 2002.80 UNICEF points out that the decline in vaccination levels has worsened in the country’s poorest municipalities.
There are serious problems with the nutrition of children and their families, which are associated with unemployment, the increase in
the cost of basic foodstuffs, the scarcity of resources to purchase food that meets the necessary levels of calories and nutrients, the
lack of education on the nutritional value of foods, the absence of adequate food handling techniques, the lack of prevention strategies and difficulties in gaining timely access to health services. This places the food security of the poor at risk; the 50 percent of the
population with the lowest incomes do not cover their needs in terms of calories and nutrients.81 The situation is even more critical in
vulnerable populations, such as the displaced peoples. A study from the World Food Programme in 2003 showed that 57 percent of
these children do not meet their basic nutritional needs. This deficiency produces delayed growth, increases the vulnerability of children to infection and diseases, and prevents them from taking full advantage of opportunities for schooling as a result of absenteeism
and poor concentration.
The rate at which malnutrition had been falling in earlier periods slowed down during the period under study. Thirteen percent continue
to suffer chronic malnutrition, a situation that is much worse in rural areas where the percentages reaches 20 percent.
Some of the children consulted for the report gave their opinion that this “affects children because they do not have sufficient nutrition
and cannot understand or respond in their studies... the children of the department, the ones of the lowest level are the most vulnerable
to disease. In some neighborhoods children are dying....”82
Despite the magnitude of the problem there is no permanent system to monitor and control nutrition that can report the nutritional
conditions of different groups of children in the national setting and the progress achieved in consolidating the system, which fell off
during the period under study. So much so that the Ombudsman’s Office indicates that in Colombia “the decision to work on the subject of food and nutrition has not been sustainable and that is reflected in the absence of the topic in development plans... the actions
that are being implemented have been targeted only to specific population groups characterized by their vulnerability due to age or
physiological condition and never within the framework of fundamental rights ensuring survival..... The country made progress in the
realization of some of the government’s international treaty obligations on human rights that guarantee the right to food. However, this
was not done in an inter-departmental way as required by the definition itself and the obligations assumed and ratified by the country
to ensure the availability and access to adequate food in terms of quality and quantity.”83
There are many malnourished children, sick children, because they do not feed us well with a school breakfast of milk and cookies; in
addition, that is not for everyone, only the primary children get that and what about the rest? And if they get breakfast, there is
no lunch and dinner, and they do not give a breakfast everywhere in Villavicencio. Because of unemployment many fathers and
mothers do not have a stable incomes to eat, for health, and everything now works with money... although to put it bluntly the
government gives us a pittance. 84
79 Ibid.
80 UNICEF Colombia, La niñez Colombiana en cifras, op. cit.
81 There are marked differences among the five regions of the country. ENDS-2000 points out that chronic malnutrition is greater in the Pacific Region at 15.2 percent and lower in the Atlantic region at 11.3 percent. The
sub-regions where malnutrition is more serious include: Cauca – Nariño (24.5%), followed by Tolima -Huila- Caquetá (18.9%). These figures, like other local and regional data, show that malnutrition is higher than the figures
reported in the 1995 survey, the statistics acknowledged by the government. See Alejandro Acosta and Fadua Kattah, op. cit.
84 Regional Consultations with Children, Medellín and Cali, April 2005.
76
Morbidity is characterized by the presence of disease that is preventable at low cost. The country shows a high level of respiratory illness, a situation that is aggravated by environmental conditions, malnutrition, overcrowding, and poor housing. Acute diarrheal diseases (ADD), the result of inadequate hygienic conditions, weighs heavily as a cause of morbidity. Despite that, the health system has
put aside an interest in prevention in order to focus on making a social security system that is increasing administered by the private
sector workable. And, although there is some interest in the health of the population, it clearly gives priority to other interests.79
There are several government programs aimed at curbing the problem of malnutrition in poor groups. The coverage of these programs in numeric terms are presented in the government report; they alleviate hunger, but are far from being a comprehensive solution
to the problem. It is necessary to highlight the increase in coverage of the programs of school-based nutritional supplementation
during the period.
One of the problems experienced by male and female adolescents in Colombia is related to the exercise of their sexual and reproductive rights, given that the lack of information and lack of access to reproductive health services has led to a significant increase
in pregnancies among girls and adolescents. According to UNICEF statistics, a total of 16 percent of the births in the country are to
adolescent mothers.85 National Surveys of Demography and Health have shown a troubling increase in the rate of adolescent pregnancies, reaching 19 percent in 2000.86 Of even more concern is the skyrocketing rate of pregnancy in the age group 10-14, which
places the physical and mental health of the mother-child pair at risk.
Public entities do not assign the necessary financial resources to the programs needed by adolescents and young people87 despite the gravity of the problem. In 2003, the National Sexual and Reproductive Health Policy was launched by the Ministry of Social
Protection, but there are serious doubts about its viability since there is no certainty where the resources will be found to finance its
continuation in the current health system.
The Ombudsman’s Office issued a report on adolescent pregnancy in 2002 in which it evaluated the government and healthcare
providers’ responses to the needs for guidance and education on sexual and reproductive rights. It showed that the majority of the
entities do not have systems to record data on this population clearly and, moreover, do not have programs for adolescent sexual
and reproductive health (only one private entity like Profamilia has these programs). 88
The Ombudsman’s Office notes that although the current development plan identifies some of these problems and puts emphasis
on the need to expand coverage, the strengthening of public health and nutrition programs and information systems “the structural
causes of the failure to safeguard the right to health are interwoven with the logic of the public health policy and the plan, rather than
choosing a new public policy route, actually worsens [the problem].89
There has been progress in the care of some vulnerable groups, but “this type of action does not overcome the absence of universality nor the persistence of discrimination and historic barriers to accessing healthcare.”90
The healthcare system does not have a holistic conceptualization of the child, which is reflected in the lack of comprehensive
public policy and in the nonexistence of a national plan or program of child health, aimed at ensuring this right from a perspective
of integral development.
5.1A HEALTHY ENVIRONMENT
Not all the homes are safe places to live in since many risks and contaminants are present in them, for example the drainage and
drainpipes, which cause the families to fall ill. This affects the health of young people who live in those places....91
The number of people who live in highly vulnerable situations in the country is large, both in rural and urban areas. They live in sectors that lack the minimal conditions for a dignified life, places that are located on high risk terrain, in some cases settled illegally, that
generally do not have public services such as, inter alia, sewage, potable water, garbage collection. They also lack adequate green
space and spaces for public use, for leisure and recreation, and they live with high overcrowding. The government deems these
neighborhoods or clusters of houses illegal which means that no investment is made in their improvement (the description as illegal
seems to be equivalent to abandonment by the government).
85 UNICEF Colombia, La niñez Colombiana en cifras, op. cit.
86 PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Bogotá, 2000.
87 Adolescents and young people are almost invisible in health plans. From the demographic point of view they are not disaggregated as pre-adolescents are but immersed in the age group 15-44. Adolescents exist in a
legal limbo with respect to the SGSSS.
90 Ibid.
91 Regional Consultation with Children, Cali. April 2005.
77
In 2001, a total of 91.7 percent of homes in urban areas had running water, 80.8 percent sewage, and 97 percent garbage service. In rural
areas, the situation is much worse. Only 56.3 percent of the homes had water, 33.9 percent sewage, and only 1.9 percent garbage pickup.93
In the year 2000, approximately 13.9 million people (33 percent) had no sewage service and only 61 percent of the population had
garbage disposal services.94
On this point some of the children consulted said that, “we do not see a large coverage in public services, which is to guarantee
running water and sewage. The sewage system is not installed in all the neighborhoods, drinking water is more available. Some do
not live in safe places. We children are asking for development to progress in areas like education and family, that Colombia fulfill our
declaration of peace.”
“that we have dignified housing, that things are more equitable, the regional level affects the level of physical and mental development
of children who live in these unsafe places, and then we could see how they develop. We recommend the creation of strategies so
that children develop well, both physically and mentally....”95
6. EDUCATION, LEISURE, AND CULTURAL ACTIVITIES
6.1. RIGHT TO EDUCATION (Articles 28, 29)
... there are children who do not go to school because education is expensive, and they ask for too many expensive school supplies,
and the government does not want to help these families. All children must study and go to the daycare because motor development
is needed in the first years of life....96
The UNESCO report for 1999 states that there are more than 2.8 million school-aged boys and girls in Colombia who are not in the
educational system, that is, 20 percent of the child population. Also, according to a report from the National Ministry of Education, only
12 of every 100 high school graduates could enter a higher education program in 1999. The same source points out that 35 percent of
the children enrolled in the school withdraw during the first three years, becoming functional illiterates. In addition, only 47 percent of
children between the ages of 12 and 17 enter secondary education.97
Among the main unresolved educational problems in the country, identified by the Ombudsman in his 2001 annual report to Congress,
are the high dropout levels, the large number of boys and girls in basic and middle education who have to repeat the year, and the
disparity in the illiteracy rates between urban and rural areas.
The United Nations report on human rights in Colombia (2002), indicates that 18 percent of the rural population is still illiterate. The
Committee on Economic Social and Cultural Rights points out the low literacy rate of adults as one of its concerns.98 That report, from
the year 2000, shows how higher education and preschool education are a privilege limited to children from homes with higher incomes.99 Primary education has shown the most progress, while inequity and exclusion continues in secondary education. They also
point out that “the notable increase in public and private spending on education has not been reflected in an efficient distribution of the
resources, where differences among regions are noticeable.”
92www.ucaldas.edu.co/lunaazul/numero_03/#1
93 UNICEF-Fedemunicipios, op. cit.
94 Ibid.
96 Regional Consultation with Children. Medellín, April 2005.
97 Ombudsman’s Office, 2001. op. cit.98 Report of the UNHCHR on the Human Rights Situation in Colombia. E/CN.4/2002/
99 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Office in Colombia, to the 56th session of the Commission on Human Rights. E/CN.4/2000/11.
78
A total of 43 percent of the population lives in homes where there are unmet basic needs. Some 12.9 percent of the homes have physical defects, 12.6 percent live in critically overcrowded quarters (four or more persons per room), and 21 percent without services. In
the rural area the corresponding percentages are 26.1, 16.3 and 49.3.92
A study from the University of the Andes points out that access to education has tended to benefit more families with middle level
and higher incomes than poorer families in recent years. A direct effect of the economic crisis in the year of the study (2000) was
the transfer of places in public schools that formerly were meant for the most disadvantaged families toward middle income groups,
showing that “public education has not provided greater opportunities to the poorest.”100
Progress in educational provision stalled during the period under review. The report of the UN High Commissioner for Human Rights
says with respect to education: “The combined enrollment rate for the country as a whole dropped, because many households
cannot continue to send their children to school for lack of income or because the youths leave school to look for work. Women
leave the school system more than men. In addition, the government has not provided enough spaces in the public schools, leaving
a large number of school-aged children outside the system. The most affected have been the children of poor families.”101
This situation is reflected in the opinions of children who participated in the consultation: “aid to education was insufficient since it did
not fulfill the need for education and only for those who had some economic standing, but those who did not could not send their
children to school, no, because if they spent the money on schooling, they did not have money to feed them”102
The government report to the CRC acknowledges that between 1998 and 2003, net coverage changed very little: in preschool it
increased from 27 to 30.6 percent; in primary it decreased from 83.5 to 82.3 percent; and in secondary it increased from 51.4 to 54.7
percent. There was an increase in the dropout rate, leading to what some have called the “hole in the bag” phenomenon: new students enter the system but a similar number drop out, making school leaving the most troubling problem during the five-year period
under review.
Inequality in access to education persisted. According to a CODHES study, 2,035,607 school-aged boys and girls were not enrolled
in the educational system. The statistics collected in that report indicated that, in the year 2000, while almost all the children between 7 and 11 years of age in the 30 percent of the population with the highest incomes were attending an educational institution,
about 11 percent of the children from families in the 30 percent of the population with the lowest incomes did not do so. Although
the report points out that the latter have benefited from greater access, this has not been sufficient to reach universal access.
During the period under review, new school places were created, but the facilities, furniture and equipment were not improved and
neither were new personnel contracted. This produced overcrowding in the classroom since the new students and the existing
students had to share the same space. Class size increased (rooms for 30 students were accommodating more than 45), which
reduced the quality of education that children received.
The progressive flexiblization of Colombian teachers’ working conditions tended to exacerbate the problem. Salaries were frozen
and social security rights were reduced but the workday, the number of students, and instability increased, opening up the possibility that professionals not trained in pedagogy would be teaching.
Facilities are frequently in poor condition and lack pedagogical materials, given the lack of resources earmarked for education by
government entities: “Specific deficiencies in areas directly related to the curriculum and the Institutional Education Plan (PEI), with
programs that are neither attractive nor attention-getting, added to the lack of educational and recreational materials and technological assistance, and the bad condition of the infrastructure, were identified and described as factors that influence children’s failure
to remain in school and the poor quality of education.103
“So, instructional freedom and freedom to learn gave way to institutions in which overcrowding, the repetition of standardized contents, and the quashing of students’ and teachers’ creativity, contribute to the formation of a disciplined society that lacks critical
thinking skills and proposals for transformation.“104
100 bid.
101 Report of the UNHCHR on the Human Rights Situation in Colombia. E/CN.4/2001/15.
103 UNICEF - Fedemunicipios, op. cit.
104 Colombian Platform, op. cit.
79
Children had this to say about the quality of instruction: “we think that the government has done things, but sometimes they do it to cover
up, I say this is bad, since education is not of high quality, there is not sufficient help because all the money is spent on unnecessary things.
We need for the government to commit to providing us with a dignified education and that this would be a social commitment.”106
Bettering educational quality means necessarily providing early childhood education in good conditions so that boys and girls can
develop physical, emotional, social and cognitive skills. At the beginning of the last decade this was recognized by educational authorities, who pledged to include three years of preschool education in the educational cycle. Despite this government promise, only one
year of preschool education has been implemented in public education, which also produces inequities with private schooling. The
current government has expressed clearly that the government is only committed to the current year of preschool, stepping back from
the commitments already made.
This year of preschool education has not fulfilled the objectives set out for it. “Despite growth from its starting point of 14 percent
enrollment at the time it was made compulsory, coverage stagnated at 60 percent, far below the 90 percent targeted for 1997, due
to restrictions and contradictions between policies.”107 At the beginning of the period, 18 percent of urban children were outside the
system, and 50 percent of rural children; while 4 of 5 children from the highest strata attended preschool, only half of the children in the
lowest 40 percent had access to that level.108 At the end of the period, the situation was not significantly different. Levels of coverage
were even lower in the rural areas and among ethnic minorities.
The most troublesome aspects of the preschool education issue are unequal access and exclusion: the coverage in high-income families is close to 100 percent and less than 25 percent attend in the poorest families; furthermore, almost all the places are concentrated
in the urban areas.109
Programs for early childhood education run by the ICBF, mentioned in the government report, have become a type of alternative care
arrangement for the poorest children, with some educational elements. When they opened 15 years ago, it was an advance that offered better attention and care in the early years, but they do not address the challenge of the twentieth-century to provide quality early
education and there is no articulation of these programs with preschool education.
The coverage of early childhood education programs decreased rather than increasing over the period. The two programs with the highest coverage cut their places between 1999-2000: 23 percent in the FAMI program and 11 percent in the Community Homes program
of the ICBF, as the government report shows.
Although there were some advances in educational provision and quality at all levels, the educational programs recorded in the development plans for the period did not meet the requirements of education to be universal, free and progressively meeting the right to
education, as the Ombudsman’s Report notes:
An evaluation of the development plans for the period 1990-2006 with respect to the right to education and government obligations
thereunto demonstrates that the strategies formulated in these plans are either inadequate or incoherent within the framework of obligations of respect, protection, and progressive realization of the right to preschool, basic, and middle school education. Concretely,
the development plans, instead of making available programs and project to progress toward achieving each of the components of
the right to education (educational provision, access, survival in the system, and achievement, or acceptable level of quality and safeguarding of human rights in the educational process), limits the right to the most obvious problems in the sector: coverage, quality,
and efficiency of the system.
105 CIMDER – UNICEF, op. cit.
106 Regional Consultation with Children. Medellín, April 2005
107 Acosta and Kattah, op. cit.
109 UNICEF-Fedemunicipios, op. cit.
80
According to the Latin American Laboratory on Evaluation of Educational Quality, Colombian students tested below the regional average. In Bogota, which has the highest results in the country, the Secretary of Education acknowledges that the scores on the tests of
quality are troubling: “The results of tests done in the District to measure awareness of citizenship found that the school is not producing the level of reasoning and moral judgment in young people that they should have according to their age and level. SABER has
been reporting the same low results in mathematics, language and sciences for the last eight years.”105
Although it is necessary to correct these problems to progress toward the achievement of the right to education, it is not sufficient to address
the right and the set of responsibilities that the government must assume so that all individuals can effectively enjoy their right.110
The planned targets for coverage do not relate to the constitutional obligation and national and international norms to ensure free,
universal and compulsory education since “although the goal of achieving universal primary education is put forward in all the plans,
none recognizes the obligation to ensure all boys and girls can attend secondary school, a rights that is constitutionally protected for
all children under 18 years of age.”111
On the other hand, there is a tendency to consider education as a public service rather than as a universal right in the formulation of
public policy. According to the Ombudsman’s Office, the result in practice is that increasingly larger numbers of families must work
out how to pay for their children’s education by themselves, leading to “a growing shift of education from the terrain of social rights
to a positioning as a market commodity.” This hinder the access of the poorest and most vulnerable to education and so limits social
mobility. Thus, “education, instead of being the principal vehicle to achieve equality of opportunities, becomes the greatest criterion
of social selection and exclusion.”112
Some of the children who were consulted said:
The government to some extent denies us the right to education because we are poor people who cannot pay for education, and
the government does nothing for us. It did not fulfill [its commitments during the period under review] because education in the public schools is very high [expensive] and we poor people cannot pay it, because the young people who do not have Sisben are not
given the school “assistance” that is on offer. Education although it is public is very high [cost] and the commitment was to provide
education at no charge.113
The right to free education is recognized in the 1991 constitution, but the this right is not safeguarded. According to a World Bank report
cited by the UN Special Rapporteur on the Right to Education, Colombia is the only country of the region in which primary education
is not free. This is reflected in the drafting of the development plan for 2002-2006, which “does not mention the right to education, nor
does it provide for a strategy to extend free education or reduce direct costs of education. Quite the reverse, it espouses the principle
of co-financing by families and students, thereby shifting the State’s human rights obligations on to private individuals. The imposition of
value-added tax on enrolment fees illustrates the application of market principles to education.” (Law 788 of 2002, articles 34 and 35)114
Decentralization, adjustment policies, cutbacks and rationalization of public spending, and the reorganization of the educational
system can limit the realization of the unrestricted right to education since these address budgetary criteria and those of political
economy. The current level of appropriation for education is insufficient to provide universal preschool and basic education.
In Colombia, public and private investment in education are on a par; each represents close to 4 percent of the GDP.115 Thus there
are two parallel education systems in the country: poor public education for the poor and expensive private education for the rich.
In primary education, about 30 per cent of pupils attend private schools, 45 per cent attend private secondary schools, and 75 per
cent of those in higher education are attending private institutions. This accentuates educational differences based on the wealth or
poverty of the family; preschool and higher education are the privilege of those in the higher income bracket.”116
Some of the children consulted for this report said that the government partially fulfills its commitment:
Because it provides education but it does not supply the children’s needs in terms of uniforms. Students have to get uniforms made
that are very expensive for their economic level; as for school supplies, the amount is inadequate to the need -- three notebooks, one
pencil, two pens, one eraser and a handheld pencil sharpener cannot last a child for a school year. The commitment of the government to children is about 30 percent met compared to the 100 percent that would be expected. The government does not provide the
means needed so that a child develops fully, they are lying, full of lies and glossing over the truth abroad.
111 Ibid.
112 Ibid.
113 Regional Consultation with Children. Cali, April 2005
114 Tomasevski, op. cit.
115 Vargas, J. E. and A. Sarmiento, La descentralización de los servicios de educación en Colombia, Serie de Reformas de Política Pública, No. 50, UN-CEPAL, Santiago de Chile, 1997.
116 Tomasevski, o. cit.
81
The boys and girls consulted for the study stated that the cost involved limits their access to education:
The government promised that it was not going to charge the enrolment fee and we would have to go to school and they are not
fulfilling their commitment because they are charging us the fee and some children are not going because they do not allow them
to go. They are street children and also because they do not have a uniform and they make us go home if we are not wearing the
uniform, and if we arrive late they do not let us in the door and if we are not wearing shoes that are the right color, they also send us
home and they make us bring an excuse or the one responsible for us, they make us sell tickets to enlarge the football field and they
don’t do it.”
The Ombudsman’s Office recommended, in its report to the Colombian Congress in 2003, to “ensure, on the one hand, that the plan
contains minimum provisions that fully cover the different components of the right to education, and, on the other, that the implementation of the actions has a positive impact on their realization, with special reference to the most vulnerable groups in the population.”
The boys and girls who participated in the regional workshops held in Medellín, Villavicencio and Cali, recommend to the Colombian
government: that they help us more in our education both in primary and secondary as well as in higher education, do more drug
prevention campaigns and on contraceptive methods and so forth. That they fulfill the slogan, ‘children study and adults’ that they set
up foundations for working children where they replace this with ‘free’ education up to a specific grade... The government pledge to
fulfill and to give us the right to education, without regard for race, sex, or social situation, we need for the government to commit itself
to making our education dignified and that it will be a social commitment...”
6.2. THE RIGHT TO LEISURE, RECREATION AND CULTURAL ACTIVITIES
(Article 31)
“.. the government has implemented youth participation in the Municipal Youth Councils, Community Action Boards, educational institutions and by sponsoring youth projects, workshops in different places where young people come together en masse, and support
for artistic and social groups. But it has not been everywhere because there are young people who do not benefit from this support
since it does not reach the displaced people or those living in squatter settlements, where people build on land that does not belong
to them. The young people who are not part of these plans or projects occupy their free time getting wrecked.…”118
In a country with so many urgent problems requiring attention, the subject of recreation, art and culture has been viewed as subsidiary.
As public policy matters that have no urgency on the agenda, they may take the form of stand-alone activities that lack any long-term
process behind them. Play, recreation, and art are seen by government institutions more as tools to promote other topics such as
health, education, or safety than as rights in themselves.
Some progress was made during the five-year period with respect to the right to leisure, recreation, and access to cultural and artistic activities; this was the result of the work of several government institutions, nongovernmental organizations, and organized communities.
During the period 1998-2003, the National Recreation Plan and the National Children’s Day Campaign were implemented, spearheaded
by the Office of the First Lady. The Houses of Culture and the Youth Houses went into operation, and, in addition, the office for children
was set up in the Ministry of Culture, which aimed to conduct cultural actions and strategies with a child rights perspective. The National Council of Boys and Girls was constituted and took form with representatives aged 7 to 17 from different regions of the country. It
was accompanied by ROCIN, the Network of Children’s Cultural Organizations.
117 Ibid.
82
The inability of families to pay is the main determinant of the failure to enroll in the school and dropping out of school. It is estimated
that on average the annual cost of a child’s education is 1,080,000 pesos (US $490); this is equivalent to three monthly minimum-wage
salaries, an amount that is quite burdensome for poor families that cannot defray the high costs of education,117 keeping in mind the
economic crisis and the level of unemployment.
These national programs have not had the same impact in all the regions of the country, as discussed in a study carried out by CIMDER y UNICEF,119 in the cities of Popayán (Cauca), Pasto (Nariño), and Istmina (Chocó). This study found the following weaknesses in
the culture and recreation policy: the small number of recreational, cultural and sports opportunities; some sporting venues became
opportunities for the consumption of psychoactive substances, a meeting pace for gangs, and seedbed for anti-social conduct; they
did not promote or strengthen capacities and abilities of adolescents and young people; sports, recreation and culture were not
sufficiently encouraged.
The same study recognized some strengths and opportunities that could contribute to the incipient public policy that was just in a
process of consolidation and aimed at ensuring these rights, for example, the conception of recreation as a tool to transform the
dynamic of daily social conflicts, such that it makes possible the construction of spaces aimed at changing the social relations that
create violence and to eliminate the obstacles to tolerance, and the possibility to train young people in recreation and sport as part
of socialization and psycho-emotional recovery, among other things. As some children who participated in the preparation of this
report stated and requested “we need the government to crate more spaces for recreation where young people can use their free
time building a culture of peace.”
The subjects of recreation and culture have begun to have a place in public policy, however the supply of services is very limited as
well as the demand. There is still little appropriation of recreation and culture as fundamental rights for the comprehensive development of boys and girls.
7. SPECIAL PROTECTION MEASURES
(Articles 22, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 and 49)
7.1.CHILDREN’S RIGHT TO COMPREHENSIVE PROTECTION
IN ARMED CONFLICTS (Articles 38 and 39)
7.1.1. BOYS AND GIRLS DIRECTLY INVOLVED
IN INTERNAL ARMED CONFLICTS
“They recruit anyone, not caring that they are running away from the war but rather sending them to the war to kill, using them as
bait, not knowing that they (the children who live in conflict zones) do not want to have anything to do with weapons, and even less
knowing how they are affected by them.”120
In recent years the internal armed conflict has heightened and spread to practically all regions of the country, giving rise to
systematic abuse of human rights, reflected in the increase in indiscriminate attacks on the civilian population. Children are
one of the groups most affected, finding themselves involved in the conflict in different ways: their direct involvement is one
of the most worrisome forms.
According to estimates by the Colombian Family Welfare Institute (ICBF), between 7,000 and 15,000 minors are members of the illegal
armed groups. Human Rights Watch, in turn, states in its 2003 report Human Rights in Colombia that 11,000 children are involved in
these groups. The Coalition to End the Use of Child Soldiers, in its 2004 global report calculates that 14,000 boys ad girls have been
recruited by paramilitary and armed opposition groups in the country.
To this it is necessary to add the number of minors involved in urban militia groups. In the city of Medellin alone it is calculated that
there are 7,000 to 10,000 and throughout the country the number could top 40,000.121
119 CIMDER-UNICEF, op. cit.
121 Duran, Ernesto. El Conflicto Armado y los derechos de los Niños. Reflexiones a partir del caso de Colombia, Bogotá, 2003.
83
The design and execution of actions and programs for prevention and consciousness-raising was begun, financed by international
cooperation agencies and implemented by NGOs. These have been executed independent of each other, which hinders undertaking
a real assessment of their advances, achievements and efforts.126
7.1.2. DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION
The government does things to make the people feel better by giving them warm compresses and it does not help radically. For example, the government’s reintegration plan helps the youths for a while and then abandons them to their own devices and what is even
worse they [the groups] organize social activities to involve more youths in their ranks. There are children who have been orphaned
and who do not have the right to receive psychological care.”127
By mid-2003 the ICBF had provided care for 1,452 children and youths who had demobilized from the armed conflict and specifically,
in the program to care for victims of violence, it attended 880128 youths who had voluntarily withdrawn, been captured, or were turned
over by the armed groups themselves. Most were between the ages of 16 and 17. It is calculated that an equal or greater number also
demobilized but without informing any state agencies.
In 1999 the ICBF implemented a special program to provide care and protection to children that have disengaged from the internal
armed conflict, separate from the one that the institute offers to juvenile criminal offenders. In this pilot experience in specialized care,
the children were placed in Centers for Observation and Diagnosis. In 2000 the Program for Care to Victims of Violence was developed
in order to increase coverage by creating Specialized Care Centers that facilitate the process of reintegration into civilian life. In 2002
two additional phases were added to the program: halfway homes and juvenile or launching homes.
Although it is necessary to highlight ICBF’s efforts to develop and implement an intervention model for children and youths who have
disengaged from the armed conflict, it is necessary to evaluate the importance that confinement plays in the process. Furthermore the
program does not take into account the children’s particularities in terms of their regions of origin, gender differences, or ethnic-cultural
diversity, among others. Also, an efficient strategy for post-institutional follow-up and monitoring is lacking, one that would make it
possible to continue supporting the children in their process of social reintegration after their time in the program.
In terms of the legislation, as has been mentioned, positive progress was made. Nonetheless, the absence of a legal framework that
compiles all of the pertinent laws and clearly establishes procedures for the authorities and institutions that are involved in the demobilization process, creates problems and hinders their application.129 This is why irregularities are frequently seen in the process.130
Although during this period the training of judges and public servants throughout the country has been outstanding, in terms of the
juridical procedures pertaining to demobilized children, judges are still not unified with consistent criteria and there is an absence of
regulations for family defenders concerning succor, defining the child’s status and the legal concessions that the law grants to children
who demobilize from armed groups.
122 Because of this, in December 1999 throughout the country the National Army discharged close to 1,000 volunteer soldiers from their ranks. This decision was in accordance with the spirit of the Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child concerning children’s participation in armed conflicts.
123 It is worth mentioning Article 6 of that law, which establishes that children who are involved are victims of the armed conflict, modifying Article 15 of Law 418 of 1997, and prorogated by Law 548 of 1999.
124 A significant advance appears in Article 22 of Decree 128 that prohibits “any form of using minors for intelligence activities.”
125 Duran, Ernesto. op. cit.
126 Childhood Observatory. Niñez y conflicto armado: una mirada institucional al caso colombiano, Bogotá, 2004.
128 Childhood Observatory. op.cit.
129 Ibid.
130 A study by the Ombudsman’s Office found that many legal authorities “did not take into account the international and national provisions that consider all demobilized children as victims of the conflict.” (Ombudsman’s
Office, 2003), and as such many of these children were treated as underage criminal offenders.
84
During the five-year period there have been significant legislative advances: Law 548 of 1999 states that no minor may join the military,122 Law 782 of 2002,123 Regulatory Decree 128 of 2003,124 and Law 833 of 2003 that approves the Optional Protocol to the Convention
on the Rights of the Child, concerning children’s participation in armed conflicts. Although this legislation has not served to protect
children from joining irregular armed groups, it has made it possible to see the impact that war has on them and it has sparked general
concern to protect them from the horrors of war.125
7.1.3. CHILDREN AFFECTED BY ANTIPERSONNEL MINES
“We are of the opinion that children, youths, and adults in rural areas should be given information about antipersonnel mines, grenades, and others,
to prevent accidents with these and others… the war is playing with dreams, lives, their goals and their needs in a very inhumane way.”131
In the framework of the armed confrontation, combat strategies have been implemented such as the indiscriminate use of antipersonnel mines. In this the civilian population, particularly children, have been the most affected, thus revealing a systematic infraction
of International Humanitarian Law.
Despite the fact that in Laws 554 of 2001 and 759 of 2002, the Colombian State ratified the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling,
Production and Transfer of Antipersonnel Mines and on Their Destruction, the use of these devices has increased considerably in the country.
According to UNICEF figures from October 2003, Colombia is the only country on the continent where landmines continue to be used.132
It is estimated that in 2001 there were 70,000 antipersonnel mines buried in 105 municipalities and as a result of this 5,250 children have been
affected.133 The problem has been increasing in that in 2002 a total of 130,000 mines were reported in 256 municipalities located in 28 out of
the country’s 31 departments.134 In order, the groups responsible for this practice are: the FARC-EP, the ELN, and the paramilitary groups.
Subsequent reports demonstrate that this phenomenon is much more widespread than previously thought and that mines are present in at least
45 percent of the national territory, as such they are believed to be present in 499 municipalities in 29 of the country’s 32 departments.135
Many children and youths have been killed by these landmines and other explosive devices. Those who have survived these accidents suffer serious physical damage such as irreparable mutilation requiring amputation, blindness, and other trauma, as well as
serious emotional and psychological damage.
Most of the time it is difficult to provide care to the victims, seeing as these children and youths live in rural or remote areas. Problems
have also been recorded in terms of access to healthcare, access to prosthetic limbs, as well as for comprehensive rehabilitation
programs and psychological care. These come on top of the obstacles to full social integration.
It is important to mention that the state, despite the progress made on legislation, did not implement a comprehensive policy on this
subject during the five-year period. As such it has done little to prevent this situation. The programs have been insufficient; they did
not have the impact necessary to reduce the number of accidents that children suffer with landmines.
7.2 RIGHT TO COMPREHENSIVE PROTECTION
FOR REFUGEE OR DISPLACED CHILDREN
“The government should sit down and realize that boys and girls do not need aid like food or clothes, what we do need are guarantees for our rights, like the right to security, both for those who are displaced and the vulnerable. Security in Colombia is lousy, they
only protect the president, the governor, the mayor, and deputies, and the children who are fleeing from war are left adrift and at risk
of being killed….”136
During the past five years forced displacement has increased and spread throughout the national territory, affecting thousands of
children and extracting irreparable physical, psychological, and social costs. The destruction of households and the forced separation
of displaced families occur frequently because of the situation of violence and persecution in the conflict zones.137
132 UNICEF- Fedemunicipios. op. cit.133 Ombudsman’s Office, 2001. op. cit.
134 UNHCHR, E/CN.4/2002/17. op. cit.
135 UNICEF- Fedemunicipios. op. cit.
137 CODHES. Esta guerra no es nuestra y la estamos perdiendo. Desplazamiento forzado y derechos de la infancia. Boletín No. 32. Bogotá, 2000.
85
Displaced children’s lack of access to education is worrisome. According to the Social Solidarity Network, in 2002 approximately
216,350 children had to leave school because of forced displacement. That same year in the destination municipalities, school attendance by displaced children was 8.8 percent, with only 10,762 out of a total of 122,295 displaced children registered in the school
system.139
The physical and nutritional state of displaced children is also poor. According to a recent study by the World Food Program, 23 percent of displaced children suffer from malnutrition because of a lack of basic foodstuffs.140
The health and welfare situation of displaced children is dramatic. In the locations where displaced families settle, the presence of
children with malnutrition is seen time and again, along with outbreaks of different diseases and a notable deterioration in their mental
health.141
Given the gravity of the situation, in 1999 the Colombian Government put out CONPES Document No. 3057, in which it established
guidelines for a policy on care for the displaced population, specifying the need for special care for children. Nonetheless, aside from
some occasional actions by state agencies,142 the implementation of the policy has not led to preferential treatment for children in order
to guarantee their rights.
The ICBF has taken charge of family reintegration and recovery of displaced children. It has a comprehensive recovery project that, although it was not specifically designed for the displaced population (it refers to the entire vulnerable population), seeks to promote the
physical and psychological recovery of the population affected. However, it does not include a strategy to keep track of the population
receiving care, making family and social reintegration processes more difficult.
On this point the Attorney General’s Office and the Ombudsman’s Office consider, “The national government has not adopted concrete
measures to protect the unity of displaced families, ensuring their reunification, providing special care to children who are orphaned or
separated from their families, and for families headed by women or those with very vulnerable family members.”143
In terms of opportunities for education for displaced children, the government issued Decree 2562 of November 2001 to establish
the regulations for Law 387 of 1997 that guarantees the right to education for the displaced population. According to this decree, the
territorial entities, in accordance with their jurisdiction, must guarantee the provision of public education at the preschool, basic, and
middle school levels wherever populations displaced by the armed conflict settle.144
However, the decree does not address issues such as continuity of the care, the adoption of measures to promote access, staying in
school, and financing for the programs. Thus its action is limited to “the stage of humanitarian aid, as well as that of return or relocation,
leaving a gap in care during the transition phase that precedes the processes of return or relocation.”145
On top of this, there are deficiencies in the information from the education secretaries in the territorial entities, making it difficult to
crosscheck information with the Unified Registry System (SUR) and leading to uncertainty concerning the real coverage of the service
and the extent of the displaced school-aged population that is not being served.146
138 CODHES. Comportamiento del desplazamiento 1985-2004. Bogotá. 2005.
139 Ombudsman’s Office, Evaluación de la política pública en procesos de restablecimiento de la población desplazada desde un enfoque de derechos humanos, Bogotá, June 2003.
140 Cited by FORERO, Edgar in El desplazamiento interno forzado en Colombia, Ideas por la Paz, Washington, 2003.
141 CODHES, Op. cit.
142 Bogotá Education Secretary; Colombian Institute for Family Welfare, Health ministry (nowadays Social Protection Ministry), et al.
143 Cited by CODHES. Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Bogotá, 2005.
144 Colombian Platform, 2003, op. cit.
145 Ibid.
146 CODHES. op. cit.
86
According to CODHES, during the period 1998-2003, 1,667,853 people (nearly 4 percent of the country’s population) were displaced,
with the following distribution: 308,000 in 1998; 288,000 in 1999; 317,375 in 2000; 341,925 in 2001; and 412,553 in 2002, thus constituting the biggest diaspora in a western country.138 Close to 60 percent of the displaced are minors under 18 and 40 percent are under
14. They have experienced violence directly; many of them have lost a parent or a member of their family and most have witnessed
death, murder, bombings, or torture.
The institutions in charge of guaranteeing food security for displaced children do not have concrete procedures for fulfilling this. Also,
the responsibilities of the territorial entities have not been clearly defined on the subject of food support for the returning population.
Given the deficit of institutional information, there is no certainty about the actions undertaken by the departmental, municipal, and
district health secretaries to improve the health situation for displaced children. The information gaps that the Social Protection Ministry acknowledges make apparent the state’s failure to guarantee the displaced population’s right to health.147
The above makes it evident that despite the CONPES document’s express guidance to make the juvenile population a priority, the
model for providing care to child victims of forced displacement in the country has not managed, in the words of the CONPES document, “to promote better community integration and to generate alternatives to crime or joining the armed conflict.”
7.3. RIGHT TO PROTECTION FROM ALL FORMS OF ECONOMIC EXPLOITATION
AND WORK LIKELY TO BE HAZARDOUS (Article 32)148
“In the case of labor and child exploitation, the causes vary given that in some cases mothers heads of families do not have enough
money to provide daily sustenance to their children, obliging them to work, swapping play and recreation for labor and the obligation
to subsist, leaving aside recreation, and affecting their psychological, moral, and intellectual development, given that in some cases
they have to leave school to work. At the root of this problem is a lack of opportunities, in that if the parents were able to get decent
jobs they would not be obliged to do all that and thus they would let their children lose their identities.149
In November 2004 the Attorney General’s Office visited the National Administrative Department of Statistics (DANE) to verify the survey
that that entity had carried out in 2003, on child workers aged 5 to 17. The figures that the Attorney General’s Office verified revealed a
disturbing situation: of a total of 11,682,000 children between the ages of 5 and 17 (27 percent of the total population), 12.8 percent were
exploited through labor in the country. The percentage of children who did not attend school because they had to work was 7.5 percent
and 48.1 percent of the children were unpaid workers. These figures make evident that the situation has not changed significantly during
the five-year period.
During the five years analyzed, government policy to address the situation solidified: with the support of the ILO’s IPEC program, two
national plans of action were implemented and a third was developed.150
Among the main achievements of this policy was the institutional acknowledgement of working children as a growing social problem
and the undertaking of processes for working together and coordinating between different institutions and sectors to pursue actions
and strategies for prevention and protection of child workers. At the same time significant progress was made in terms of the information available on the magnitude and characteristics of child labor; departmental committees were created; workers in the fields of
healthcare, labor specialists, family welfare, and departmental public servants received training; ILO Conventions 138 and 182 were
ratified; and the Cartagena de Indias Declaration on the Elimination of Child Labour was signed.151
Although it is true that the issue of child labor is now a subject of concern at the national institutions to some degree, the institutions
themselves vary in their level of involvement. The evaluation of the two first national plans highlights the scant commitment to the
subject in terms of high level state directives.
The results that the institutions presented as progress on the commitments made through the national plans of action were generally
global figures that did not truly reveal the impact on eradicating child labor and protecting child workers. For example, the education
sector reports offering intensive learning programs for post-school-aged children, televised high school, and night school, which apply
to child workers. Nonetheless, these programs were not designed exclusively for this population and their coverage is low (2,632
children in 10 departments were in the intensive learning program and 7,800 in five departments were using televised high school in
2001). In healthcare, guidelines were issued to use Basic Care Plan resources to undertake projects for people working in the informal
economy, which contemplates child workers in this sector.
147 CODHES. op. cit.
148 Much of the information in this section was taken from the document Análisis de la política nacional frente al trabajo infantil en Colombia 1995–2002, by the ILO and the Childhood Observatory at the National University
of Colombia in 2003.
150 The First National Eradication Plan (1996-1998) emphasized actions to raise the population’s consciousness about child labor. The second (2000-2002) and the third, that was implemented in late 2003, were oriented
at preventing and eliminating the worst forms of child labor.
151 ILO-IPEC. Estudio de políticas sociales y oferta institucional frente al trabajo infantil, Colombia. Executive summary, 2002
87
Although the national plans gave rise to important initiatives in different labor sectors, they did not address the critical issue of working
in the illicit crops.
Finally, the IPEC-ILO program’s leadership in developing plans for eliminating child labor must be acknowledged,
while at the same time questioning the state, as represented by its different institutions, for barely playing an active
role and for allocating few economic resources to address the subject. Fortunately this attitude has been changing
in subsequent years.
7.4. RIGHT TO PROTECTION FROM THE NARCOTICS TRADE AND DRUG ABUSE
(Article 33)
Despite the gravity of this problem, the country does not have systematic information on the subject. A 2001 survey by the presidential
Rumbos program152 indicates that the use of legal and illegal drugs begins at a very early age.
In the case of alcohol consumption 12.9 years was the average age for beginning use for the population aged 10 to 24 in the
country’s capital cities, 15.2 percent began use prior to 10, and 89.7 percent prior to 14. For cigarettes, the average age for
starting smoking was 13.7, with 6.3 percent beginning prior to age 10, and 68.7 percent starting prior to 14. For marijuana the
average age for starting use was 14.8, with 2.5 percent starting prior to age 10, and 47.9 percent starting prior to 14. For cocaine
the average age of starting was 14.8, with 2.2 percent starting prior to 10, and 47.3 percent starting prior to 14. The average age
for starting to use other drugs was: crack 14.4 years, inhalants 13.3, ecstasy 15.3, mushrooms 15.1, acid 15.4, tranquilizers 14.9,
amphetamines 14.3, and heroin 14.1.
Prevalence of regular use was also high: 82.4 percent use alcohol, 37.8 percent cigarettes, 9 percent marijuana, 4.6 percent cocaine,
1.2 percent crack, 2.2 percent inhalants, 2.2 percent ecstasy, 1.2 percent mushrooms, 0.7 percent acid, 2.4 percent tranquilizers, 1
percent amphetamines, and 1 percent heroin.
Colombia is a country renowned for growing, manufacturing, and trafficking drugs. Just over 2 million children live in the zones
where coca and poppies are grown and processed, of whom it is estimated that close to 300,000 work in the fields and drug
processing. During the five-year period the phenomenon of children being used to transport drugs inside the country and internationally, also came to light.
On the subject of drugs, the state has concerned itself primarily with eradicating the illicit crops (occasionally using substances that
are toxic to humans and other living creatures) to meet its international commitments, and it has forgotten about the people who are
involved in their production who, in the end, are also victims.
During the five-year period the issue of drug use was not, nor is it now, a priority for the state. In the period 1998-2002 the Rumbos
program was implemented to study the problem and put forth some guidelines for intervention but this program was dismantled when
the government changed and no new strategy has been introduced to replace it.
152 Presidency of the Republic. Rumbos Program. Encuesta Nacional de Consumo de SPA población de 10 a 24 años. 2001.
88
The document that analyses the two national plans refers to the constant conflicting demands of designing a homogenous national
policy and the country’s social and cultural diversity, as well as the variability of child labor itself in the different regions. Seeing as there
is not enough regional autonomy, many of the actions directed at child workers in the regions were designed centrally, without taking
into account the priorities that the departments had identified on the subject.
7.5. RIGHT TO PROTECTION FROM ALL FORMS
OF SEXUAL ABUSE AND EXPLOITATION
7.5.1. CHILD VICTIMS OF SEXUAL ABUSE
“We feel unprotected and without means of protecting ourselves and taking action against this problem. We do not know when it
could happen to us and on top of that the government itself does not help us… The Colombian justice system is weak and it is not
aware of the harm done to the person affected.”153
According to figures from the Legal Medicine Office, 86 percent of cases of sexual abuse in the country are perpetrated against minors. The group most affected is 10- to 14-year-olds. In 2002 the Legal Medicine Office found that in 85 percent of sexual abuse cases
the victims were female.
Legal Medicine Office figures illustrate an increase in sexual abuse of children during the five-year period, reaching 11,421 incidents in 2002.
During the five years, the ICBF was put in charge of addressing this problem, as the coordinator for the National System for Family Welfare.
There was an increase in programs and projects for prevention, protection, and care, many of these executed by NGOs and funded
by the ICBF or by international cooperation agencies.154 As well as increasing sensitivity to the problem, these resulted in more reports
of abuse and greater institutional responsibility. In 2000, during the Council on Care for the Victims of Sexual Crimes, Agreement No.
3 was signed which consolidated inter-institutional commitment and the entities involved promised to expand their work in this field.
Currently care committees are operating in 30 cities and Care Units for the Victims of Sexual Crimes have been established in Bogotá,
Villavicencio, and Sincelejo.
Although progress has been made in processes for coordination and consensus between institutions and different sectors, in the institutions
responsible for providing care for cases of sexual abuse (police stations, ICBF, Prosecutor General’s Office, Legal Medicine, and the healthcare
sector) actions continue to be fragmented and duplicated, making care for child sexual abuse victims a traumatic experience.
Despite the reforms that Law 575 of 2000 made to Law 294 of 1996, changing the legal jurisdiction and expediting protection measures for victims of violence, mistreatment and abuse, care for abused children and legal prosecution often continue to be slow.
Furthermore, mechanisms for institutional follow-up and monitoring of the cases are lacking.
Despite the decentralization that the National System for Family Welfare was supposed to bring, shortcomings in coordination between
the center and the regions have been observed. One of the system’s mandates refers to cofinancing by the regional territorial entities
and the ICBF, to invest in and put programs for child protection into operation. Nonetheless, investigations by the Ombudsman’s Office
have established that the coordination and contribution of financial, physical, and human resources has been practically nonexistent
in some regions of the country.155
Plans and programs designed centrally such as, for example, the Plan for Building Peace and Family Coexistence, Make Peace, that
include within their lines of action the application of models for providing care to sexual abuse victims, have not been able to meet expectations in the regions either in terms of execution or results. Initially, Make Peace proposed coordinating work with the ICBF, the Education
Ministry and Social Protection Ministry, the territorial councils for social policy, and the subcommittees on children’s affairs in the regions.
Nonetheless in practice the actions were limited to the ICBF and the different entities and regional authorities did not join in.156
154 Project: “So that boys and girls may live in dignity: national and international regulations on prevention and care concerning child abuse and sexual exploitation,” ICBF–UNICEF; Project: “Prevention of child sexual
abuse by the social welfare institutions in the Bogotá capital district,” Save The Children; “Project for preventing child sexual abuse undertaken with 15 education institutions in Bogotá, Save The Children–Bogotá Secretary
of Education; “Disarming with Love Program: district plan for comprehensive care to child victims of sexual abuse and exploitation,” Bogotá City Hall, et al.
155 Ombudsman’s Office. Informe sobre los derechos humanos de la niñez durante el año 2001; Ombudsman’s Office. Boletín No. 7, Bogotá, September 2002.
156 UNDP. op. cit.
89
7.5.2. BOYS AND GIRLS IN SITUATIONS OF SEXUAL EXPLOITATION
“Unemployment leads to children getting involved in that because many of them work to help their families when they should be studying and not working in degrading things like selling their bodies… in our region there is a certain percentage of young people working
in prostitution and all because the government does not provide psychological assistance.”157
According to the estimates, approximately 35,000 children and youths are exploited sexually in Colombia. In 2004 the ICBF reported
that child sexual exploitation had spread throughout the country, with the greatest incidence in tourist areas such as the coffee belt
region, Valle del Cauca, and the Caribbean. According to the Renacer Foundation, the cities of Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla, and Cartagena have the highest rates of sexually exploited children. Sexual tourism in observed in the final two on the list.
During the five-year period, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, on the sale of children, child prostitution
and child pornography, was ratified. Advances were made in the legislation such as the passage of Law 679 of 2001, the statute for
preventing and countering exploitation, pornography, and sexual tourism with minors, as well as Law 704 of 2001, which approves
Convention 182 on the elimination of the worst forms of child labor.
However, despite the new legislative tools and the fact that the Colombian Criminal Code (Law 599 of 2000) makes conducts related
to this issue punishable by law, the phenomenon has persisted and continues to increase because national and international demand
has made this a lucrative business. According to the Ombudsman’s Office, the state security agencies need to be more effective in
their endeavors, particularly in their operations concerning surveillance of child prostitution rings and the capture and punishment of
those who are guilty of sexually exploiting children.158
The Colombian State participated in the First World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children held in Stockholm in
1996 and the second congress held in Yokohama in 2001. At these events the states promised to implement national and international
action programs for prevention, protection and recovery of the victims, with children participating in the development of the programs
to be undertaken.159 Despite this, during the five-year period a comprehensive plan for its elimination was not designed.
Trends in institutional response have been mainly directed at developing intervention actions directed at child victims of sexual exploitation, many of which have been implemented by NGOs that are usually contracted by the ICBF. Despite this, the number of children
that can be served in these comprehensive programs does not surpass 400 throughout the country. It is therefore clear that demand
for care far exceeds the supply, which makes it urgent to increase the level of coverage.
Although it is important to highlight the work being done by the NGOs in some regions of the country, they have been working in isolation from each other, not using a unified model for care, which has given rise to fragmented and sporadic actions. The state plays an
important role in this discontinuity by acting as the contractor of services rather than as a clear leader with a policy.
Programs for promotion and prevention were designed and implemented through agreements with international cooperation agencies.160 Nonetheless, the strategies for promotion and prevention undertaken by government agencies were limited compared with
the intervention actions undertaken. It is therefore urgent that institutional response must concentrate more efforts on prevention,
especially when the main reasons why the victims submit to this practice that violates human dignity, are related to economic and
social factors.
158 Ombudsman’s Office. Informe sobre los derechos humanos de la niñez durante el año 2001.
159 Save The Children, Estado Actual del Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. El Caso de Brasil y Colombia, Bogotá, 2005.
160 Comprehensive Care Program for Sexually Exploited Children and Adolescents, by the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM); For the rights of the girls and boys victims of sexual exploitation, ILO/Plan
International/International Development Research Centre (IDRC); Structuring social networks for the prevention of the commercial sexual exploitation of children, IPEC/ILO, et al.
90
Initiatives like the Good Treatment Network that is active in different regions around the country and those that have established valid
means of effectively monitoring the phenomenon, have been limited in their scope because they are not part of the institutional policy,
and as such they remain as “exercises of good will” by the officials and the entities involved.
Also, despite institutional efforts to design and implement an information system for recording reports of sexual abuse and exploitation, up-to-date and consistent information on the child population is not available. There is no centralized unified national registry for
detecting and reporting this problem.161
7.6. RIGHT TO PROTECTION FROM ALL FORMS
OF TRAFFICKING AND KIDNAPPING
7.6.1. TRAFFICKING OF CHILDREN
According to the 2004 Trafficking in Persons report, Colombia was a major source and point of departure for women and children
victims of trafficking for sexual exploitation. The main destinations of this trafficking are: Central America, Panama, the Caribbean,
Japan, Singapore, and Europe.162
After Brazil, Colombia is the country with the greatest number of people, particularly women and children, who are trafficked to Europe and Asia. Further trafficking occurs inside the country with victims moved between cities or from rural areas to urban centers. Men
and boys are also trafficked domestically for forced labor, and many children are made to work on the streets or forced to beg either
alone or in the company of adults.
Often the victims are treated as criminals, meaning they are imprisoned, deported, their rights are denied, and their right to return to
the country from which they were expelled is restricted.
To counter this problem, during the five-year period some advances were made in the legislation: in 2002 Law 747 was passed that
makes reforms and additions to the Criminal Code, making trafficking in persons a crime, and the Interinstitutional Committee to Fight
Trafficking in Women, Boys and Girls was reactivated; in 2003 Law 80 was passed that approves the UN Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children.
At the same time strategies were implemented to prevent and respond to the situation through prevention campaigns, promoting
abidance with the law, and the creation of a database of information on this crime.163 Actions were coordinated with NGOs and international cooperation agencies to implement strategies for prevention and the interinstitutional committee mounted several education
campaigns on the subject. Nonetheless, despite the prevention efforts, trafficking abroad continued to increase.
Although there is a strategy to forge alliances with the police in the destination countries in order to dismantled the trafficking networks
and prosecute the traffickers,164 more effort is needed on the part of the destination countries to better coordinate the work with the
Colombian Government in order to control the increase in the number of children who are the victims of this scourge.
7.6.2. KIDNAPPING165
In Colombia one of the most dismaying displays of violence is kidnapping. This crime is one more manifestation of the social and
political conflicts. It is estimated that approximately 3,000 people are kidnapped annually and that a child is abducted every day.
The illegal armed groups use this war strategy even though it is a clear violation of international humanitarian law.
During the five-year period the kidnapping of children worsened. The figures are disturbing: from 81 kidnappings involving children
in 1992, there was a jump of 100 percent in 1999. In 2000 there were over 330 cases; in 2001 there were 302 children kidnapped;
and in 2002 there were 384.
161 Save The Children. op. cit.
162 Trafficking in Persons Report 2004, Colombia. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Undersecretary for Democracy and Global Affairs, US Government.
163Ibid.
164 Ibid.
91
Children are the victims of different kinds of kidnapping, ranging from kidnapping for ransom to forced recruitment by the armed
groups. Most cases are straightforward abductions for trafficking in persons, sexual exploitation, to work as beggars, for illegal adoption, for organ harvesting, or in violation of custody agreements.
It is imperative that the state develop a coherent and effective policy to stop this crime and to prevent children from being its victims,
as well as providing care to children who have undergone this experience. It is important that the perpetrators be investigated and
punished as part of restitution to the victims.
7.7. RIGHT OF DISABLED CHILDREN TO RECEIVE SPECIAL CARE
(Article 23)
It is estimated that close to 2.5 million children have some kind of disability or challenge. The figure is an approximation because no
system with comprehensive or trustworthy information exists in the country. The Ombudsman’s Office indicates that this is because
the institutions that provide healthcare services to disabled children are not clear or in agreement about the criteria for defining what
deficiency, disabled or handicapped entails, which hinders identifying, serving and monitoring this population.166
The Ombudsman’s Office did a study that concluded that 43.6 percent of disabled children receive private care, 43.18 percent receive
some kind of public care, and 13.21 percent receive no care. These figures illustrate the insufficiency of comprehensive healthcare
policies and programs for children in Colombia.167
Although a National Plan for the Care of Disabled Persons has existed since 1999, which involves the healthcare and education sectors
as well as the National Committee for the Protection of Disabled Children, the state’s response has been scant, shifting responsibility to
the private sector. The plan’s coverage is minimal and there are no programs for early detection and prevention of disabilities. During
the five-year period the few programs that were in operation were part of the healthcare sector’s basic care plans.
On this subject formal progress has been made in terms of inclusion, such as school integration and public access, however in practice
exclusion still exists given that provisions for disabled students are not a priority in the school system. Although there are no figures
on the subject, it is known that the number of disabled children attending school is small; no quota for disabled children has been
defined, leaving them out of the school system. In some cases the problem lies with the lack of teacher training to handle special
education needs, a situation that leads to exclusion and dropping out. Inclusion in the education system has not been as successful as
was hoped, and attitudes toward disabled children have not been addressed, leading to discrimination and rejection by the education
institutions and the education community in general.
No actions have been undertaken with the families and communities to make the disabled population more visible in order to bring
about their integration in terms of the community, the schools, the workplace, and culture. Considerable ignorance exists concerning
the rights of disabled children.
165 All figures taken from the Observatory on Human Rights and International Humanitarian Law, Colombian Vice Presidency of the Republic. Cicatrices del secuestro: niños y niñas en la mira de los secuestradores, 19992003. Bogotá, 2003.
166 Ombudsman’s Office. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 1998.
92
Over the past eight years 9 percent of kidnap victims have been children. Between 1996 and the first quarter of 2003, 1,733 minors
were the victims of this crime. Common criminals are believed responsible for 45.3 percent of children’s kidnappings, followed by
the FARC with 23.3 percent, the ELN with 15.1 percent, and the paramilitary groups with 4.7 percent. In 11.6 percent of the cases the
perpetrators were not known. The age group most affected is 13 to 17. Of the cases, 57 percent of the victims are rescued, 40 percent
are not released and 3 percent end in the child’s murder; of these 25 percent spend a long time or else die in captivity.
7.8. RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW
(Articles 37, 39, 40)
Juvenile criminal offenders are a growing phenomenon in the country. Cases related to juvenile offenders grew 38 percent between
1998 and 2002, going from 25,765 to 35,799.168
The institutions officially responsible for dealing with this problem are the entities belonging to the National System for Family Welfare
(the Health Ministry, the ICBF, the territorial entities). A study by the Ombudsman’s Office169 reveals that the entities that belong to the
national system fall short in terms of coordinating and fulfilling their obligations. A lack of effective participation by the entities that
make up the system has led to the failure to provide cofinancing for the maintenance of special care facilities and an absence of truly
comprehensive care. “Although the effective coordination and involvement of these entities varies in each of the regions, what is
certain is that the system is not functioning as it should.”170
In general, in terms of the quality and effectiveness of the institutional response, the government institutions themselves admit to
having a noticeable shortage of legal services personnel (judges, defenders, legal counsel, and psycho-social support staff), a limited
range of services, availability limited to the main cities, difficulties coordinating and coming to agreements with the entities in the
National System for Family Welfare, and a weak system for information, follow-up, and evaluation.171
All of the above inevitably contribute to the abuse of the minors’ rights in that they receive inadequate service because of a lack of
effective financing and the malfunctioning of education and training programs.
Investigations by the Ombudsman’s Office (2001, 2002) indicate that serious irregularities exist concerning the institutionalization of
these minors; irregularities that range from the abuse of the right to free expression to mistreatment, imprisonment, constant evasion,
sexual abuse, and overcrowding.
It has also been detected that these minors are initially detained in police stations in most parts of the country, in which they are
thrown together with adults and they remain there rather than being handed over to the corresponding juvenile authorities.172
Equally problematic is the way that the police treat juvenile offenders; during their capture they often assault them, mistreating them
verbally and physically.
Legal procedures for juvenile criminal offenders “do not guarantee their right to due process and as such the minors’ judge or family
judge makes decisions about the sort of ‘treatment’ that should be applied based on personal, social and family circumstances, rather
than on factors clearly defined by law.”173
Despite the constant requests by national and international agencies concerning the need for regulations and a juvenile criminal law
system in accordance with international human rights instruments, and in spite of the recommendations by the Committee on the Rights
of the Child concerning restructuring the Minor’s Code, legal proceedings continue to be applied in accordance with the old code.174
The recurrent violation of the rights of juvenile offenders makes these minors highly vulnerable during their rehabilitation process.
First, because of the conceptualization of being “underage criminals”; second because of the inadequate infrastructure for institutionalization; and third because of the lack of sensitivity and the ignorance of the public servants who are responsible for assisting them.
168 ICBF. Plan País 1995–2004, draft version. Bogotá. 2004.
169 Ombudsman’s Office, 2002. op. cit.
170 Ibid.
171 ICBF. Plan País op. cit.
172 Ombudsman’s Office. 2002. op. cit.
173 Ibid.
93
One manifestation of exclusion and social deterioration is the fact that thousands of children live on the streets. Little information is
available about them; no precise details are available about their particular characteristics. It is not known whether they are registered, whether they have families, if they have been abandoned, or where they are to be found.
According to information from UNICEF,175 approximately 30,000 children live on the streets of Colombia or spend most of their time in
them; 37 percent of them are in Bogotá. During the five-year period this phenomenon grew in cities such as Medellín, Cali, Bucaramanga, and Pasto, along with increasing involvement in the informal economy. A DANE study from 2002 indicates that of the above-named
cities, Medellín exhibits a serious chronic homelessness problem: 6,913 people live in the streets or make their living there, and of these
60 percent are under 18. This situation is aggravated by phenomena such as internal displacement and violence.
Most street children are males who left home between ages 8 and 9 because of mistreatment, abuse, and family violence; 37 percent
of children point to mistreatment as the main reason for leaving home. On top of this, 75 percent of the children are addicted to one or
more substances such as inhalants, crack, marijuana, and other narcotics.176
This situation exemplifies a constant abuse of rights in that these children have no possibility of comprehensive development while
eking out a substandard existence and they have no opportunity to go to school, to receive healthcare, nor even to be reincorporated
with their families or society. They are the constant victims of exclusion, violence, mistreatment, and indifference. On the street the
children are exposed to different kinds of risks, in that they are sometimes exploited economically or sexually, they are used to traffic
drugs, they beg, they steal, they sell things, and they are constantly at risk of being systematically murdered in “social cleansing”
campaigns.
“The street child lives in a circle of total exclusion, the family expels him, society rejects and demonizes him, and for the state he does
not exist.”177 Although the state has taken action on the subject, with significant local results, as in the case of Bogotá that has an institute dedicated to handling this problem, during the five-year period there were no modifications to public policy, which is based on
paying private institutions to provide care to a certain number of individuals, without having unified criteria concerning this care.
The problem was forgotten during the five years, and the notion of accepting the street person’s existence as a lifestyle choice was even considered.
8.CONCLUSIONS
The analysis of what transpired during the five-year period in terms of children’s rights in Colombia demonstrates a critical situation
that is becoming worse due to the economic and social crisis and the serious repercussions of the internal armed conflict as well as
the manufacture and trafficking of drugs and the battle to fight these.
Despite this, the state has made spending on security and paying down the foreign debt its priorities, rather than social spending
including that which directly or indirectly affects children.
Despite the leaders’ speeches, the international commitments and accords that the country has signed, and the passage of laws, little real
progress was seen during the five-year period. Inclusive, some problems such as displacement, sexual exploitation, kidnapping, drug use, and
trafficking of children worsened. Social inequality also increased as well as inequality between different regions and between ethnic groups.
We ratify the position that we put forth five years ago: the Colombian State does not have sufficient ability to respond to these problems and it also appears to lack political resolve. It has left it up to the financially weakened ICBF to deal with the problems but without
giving it the necessary resources or support.
174 The doctrine that guides international regulations on juvenile offenders is that of comprehensive protection that recognizes the minors as subjects with rights. Nonetheless, the doctrine on which the new Children and
Adolescents’ Code in based is that of the irregular situation, according to which juvenile criminal offenders are considered the objects of petitions for protection and of repression, and not subjects with rights. (Ibid.)
175 UNICEF - Fedemunicipios. op. cit.
176 Ibid.
177 Acosta and Kattah. op. cit.
94
7.9. RIGHTS OF STREET CHILDREN
We acknowledge that there have been important efforts like the National Plan for Food and Nutrition, the Program to Care for Children
Removed from Conflict, and the work by the National Police on child labor. We also recognize the progress that local authorities and
social leaders have made in some municipalities and departmental capitals. But these efforts are not enough, given the gravity and
complexity of the problems.
Today the country and the government are more conscious of the constant violation of children’s rights. We are much more familiar
with the problems but we have made little progress toward making these rights into reality in the 15 years since the Convention on
the Rights of the Child was signed. The fulfillment of less than 15 percent of the goals that the government proposed achieving by
the year 2000 is evidence of this.
The quality of the reports improves, more polished discourses on rights are heard, more skill goes into demonstrating and publicizing
what is being done, but in contrast our children and their families remain far from achieving minimum standards of living that guarantee respect for their rights.
9.RECOMMENDATIONS
We suggest that the Committee on the Rights of the Child recommend to the Colombian government that it make a commitment to:
Define children as an economic and social policy priority and develop a comprehensive public policy on children aiming to ensure
respect for their rights, with an administrative and management structure, specific resource appropriation, and clearly defined responsible parties.
Ensure a progressive increase in the percentage of public spending earmarked for children and that never again will this
percentage decrease. These resources should be allocated not only to education and health, but also to ensure the protection
of all the rights of the child.
Work in a participatory fashion to prepare and implement a Ten-Year Plan for Children, run in a decentralized structure, that takes
regional and local needs and problems into account and incorporates a gender perspective. Ensure that it leads both to the accomplishment of the Millennium Goals as well as all the targets that the government has pledged to meet by signing the document A World
Fit for Children, not only in terms of national averages, but in each of the country’s departments and municipalities.
Take leadership on and promote the passage of a general children and adolescent's act, as a matter of priority and urgency, to
update Colombian legislation to harmonize with the Convention on the Rights of the Child, the optional protocols to the Convention,
the international agreements signed by the country and the Political Constitution of Colombia and to transform the National System
of Family Welfare so that it better safeguards and assumes the task of protection of those boys and girls whose rights have been
violated, as well as acting as the promoter of a culture of respect for those rights.
Meet the commitments that the government has made in different ministerial meetings, presidential summits, and other international
agreements and pacts of a global or regional nature.
Consolidate an information system on the status of children's rights in the country and the public policies directed at them that
allows continuous monitoring and follow up of those rights.
Promote and support research on the status of children's rights and on the organized social response to safeguard their rights.
Strengthen activities to disseminate the rights of the child both with children themselves as well as with public servants and the
general public, and evaluate the impact of these activities periodically.
Create a system to respond rapidly and effectively to reports of violations to the rights of children that occur in the country and to
follow up the reports.
95
Extend a system of rapid civil registration nationwide, a system to allow all children born in any municipality to be registered and
entered into the system in their first month of life.
Streamline the response to paternity and child support cases and ensure that once the cases are resolved, father and mothers provide economically for their children.
Give priority in all policies, plans, and programs to boys and girls belonging to the most vulnerable groups, in particular ethnic minorities, establishing intervention strategies for these groups that respect their culture and traditions. Strengthen the ethno-education
programs at all levels from early childhood education to higher education and make them available throughout the country; strengthen
educational programs that foster a recognition of ethnic diversity and promote nondiscriminatory treatment.
Develop strategies to obtain knowledge of the needs and problems of boys and girls who belong to the different ethnic minorities
and establish programs and actions to solve them through a process of negotiated agreement with the communities.
Promote and implement policies, plans and programs that encourage boys' and girls' participation in municipal, departmental and
national life, and that allow their voices to be heard and taken into account in school and community settings. Encourage organizations
and children's networks to monitor their rights and government action on these rights. Facilitate children's access to the media and
their ways of expressing themselves through the use of the media.
Regulate and monitor to ensure that there is programming on television and radio aimed at children that promotes their rights and
the harmonious development of the personality. Monitor the mass media to ensure that they respect children's rights.
Extend the services of the National Family Welfare System throughout the national territory, ensuring that all the country's municipalities have officials in charge of assisting cases where the rights of boys and girls are violated. Modify the distribution of types of
assistance involving child protection so that the use of the institutional setting is the exception rather than the rule.
Evaluate the current system of protection in use and redesign it so that comprehensive remedies are guaranteed to protect children
whose rights have been violated and so that each case that enters the system is followed up.
Promote a culture of love and responsibility for children that works to discourage neglect and abandonment. Establish clear norms for the
definition of abandonment. Promote a system of adoption that gives priority to and stimulates national adoptions.
Guarantee the affiliation of all children born in the country to the social security system and progressively increase the coverage of
the system until universality is reached.
Universalize public health policies directed at the promotion of children's and adolescents' health as well as the prevention of the
most common diseases, developing strategies and measures that the government promised when it signed A World Fit for Children.
Strengthen programs of sexual and reproductive health aimed at boys, girls and adolescents, guaranteeing access of all children to
services of promotion and prevention and to a comprehensive sex education program.
Strengthen a national policy on food and nutrition aimed at encouraging food security and eliminating malnutrition in the population
of boys, girls and adolescents and maintain active a nationwide system of food and nutrition oversight.
Achieve in the shortest time possible, the universalization of education up to at least grade nine of the educational cycle, ensuring
access at no cost to education for the country's entire population in social strata one and two. Improve significantly the quality of
education at all levels, ensuring equity in the quality of education received by children in the different economic strata, urban and rural
inhabitants, and the different ethnic groups.
Conduct continuous monitoring of school desertion, initiating an active search and analysis of each case of desertion with the objective of returning them to the school system.
96
Promote the creation of a system of monitoring, oversight, and follow up for policies aimed at children and adolescents, with participation from stakeholders, including boys and girls, interested communities, and civil society organizations.
Progressively increase the coverage in at least three levels of early childhood education for girls and boys between the ages of
three and six, ensuring the coverage by government institutions of these three levels for the poorest groups in the population, developing quality benchmarks for initial education and beginning the evaluation of its quality in the next few years.
Broaden coverage and improve the quality of early childhood education programs and promotion of early infant development,
guaranteeing coverage of 100 percent in the lowest two economic levels (one and two) throughout the country.
Implement the recommendations made by the UN Special Rapporteur to the Colombian Government on the Right to
Education in 2003.
Appropriate new resources for education at all levels such that the above commitments can be met without increasing class size or
children per classroom, the emphasis of the current policy, but through a general increase in spaces in quality educational programs
Increase the institutional choices available in leisure, recreation and culture with the aim of generating long-term processes, making
this issue part of the government's national agenda.
Strengthen the strategies of prevention of all forms of child abuse, begin a national campaign on the detection of sexual abuse and
punishment of abusers and zero tolerance for physical punishment and include in domestic legislation the prohibition of and sanctions for all physical forms of punishment, and humiliating or degrading punishment of boys and girls.
Include children's issues as a priority in all the peace negotiations or humanitarian negotiations that the government conducts with
the illegal armed groups: their noninvolvement in armed groups and the prompt demobilization of those who are so involved, stopping the use of antipersonnel mines, and de-mining.
Make assistance to displaced children a priority in all government programs, ensuring that all children's rights are protected, including non-interruption of education, adequate nutrition, health care, and psycho-social assistance to lessen the impact of displacement
and facilitate their process of insertion into the host communities.
Take a leading role in implementing the national policy to combat child work, allocating sufficient economic resources and
the necessary human resources and assuming a more proactive approach to the elimination of all forms of child work, emphasizing the worst forms.
Strengthen the national policies on prevention of psychoactive drug use by those under the age of 18, as well as timely assistance for drug users.
Include strategies of prevention and attention specifically for children in policies to eradicate illegal crops to take account of
children's involvement in the business. Evaluate the impact that aerial spraying of these illegal crops has on child health and suspend
it if there is some demonstrated harm to their health.
Strengthen the policies, programs, and projects aimed at preventing and eradicating sexual and commercial exploitation of children,
unifying intervention strategies and increasing the small number of spaces available in the existing programs.
Generate strategies to ensure the punishment of those guilty of abuse, sexual exploitation, trafficking of children, kidnapping and
other crimes against boys and girls, crimes that have a very high rate of impunity.
Improve and broaden the programs of prevention and attention to disabilities for those children who are in this situation, ensuring
their integration into the educational system using the criterion of universality, including early childhood education. Improve the provision of public assistance to this population, establishing clear responsibilities among the different government institutions.
Engage in continuous evaluation and improvement of the quality of care offered in institutions for children in conflict with the law,
transforming the care given toward a more educational process that takes responsibility for the protection of all their rights.
Ensure the resources to be able to provide opportune attention and quality resocialization for girls and boys in conflict with the law,
in an adequate setting and with trained personnel who are respectful of their rights.
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Establish clear policies of prevention and assistance to boys and girls who live on the street, defining strategies and intervention
methods that respect their rights and extend them throughout the country.
Widely disseminate the recommendations that are made to it by the CRC, pledging itself to develop targets and actions for accomplishment of each recommendation.
Anexo
Observaciones finales
del Comité de los Derechos del Niño: Colombia
1. En sus sesiones 655ª y 656ª (véase CRC/C/SR.655 y 656), celebradas el 27 de septiembre de 2000, el Comité de
los Derechos del Niño examinó el segundo informe periódico de Colombia (CRC/C/70/Add.5) y aprobó las siguientes
observaciones finales, en su 669ª sesión, celebrada el 6 de octubre de 2000.
A. Introducción
2. El Comité acoge con satisfacción la abundante información facilitada por el Estado Parte en su segundo informe
periódico, aunque lamenta que no se hayan seguido sus directrices. El Comité agradece la presentación oportuna de las
respuestas facilitadas por escrito a la lista de cuestiones (CRC/C/Q/COL/2). El Comité agradece también la presencia de
una delegación directamente interesada en la aplicación del Convenio en el Estado Parte, lo que ha permitido al Comité
efectuar una evaluación completa de la situación de los derechos del niño en el Estado Parte. El Comité considera alentador
el diálogo abierto y constructivo que ha sostenido con la delegación del Estado Parte.
B. Medidas de seguimiento adoptadas y progresos logrados por el Estado Parte
3. La adhesión por el Estado Parte a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”) (1995), a la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles del
secuestro internacional de niños (1994) y a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (2000) se considera una medida positiva.
4. El Comité celebra la creación, en cumplimiento de sus recomendaciones (véase el párrafo 14 de CRC/C/15/Add.30), de estructuras
para promover y proteger los derechos del niño como el Oidor del Niño y la sección para niños creada en la Defensoría del Pueblo.
5. El Comité acoge con satisfacción el memorándum de entendimiento firmado entre el Gobierno de Colombia y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1996), que tiene por objeto establecer
una oficina de vigilancia de los derechos humanos y un programa de servicios consultivos.
6. El Comité considera una medida positiva la promulgación de la Ley Nº 49-99 (diciembre de 1999), por la que se eleva
la edad mínima de alistamiento en el servicio militar a 18 años.
7. Habida cuenta de su recomendación (párrafo 19 de CRC/C/15/Add.30), el Comité acoge
con agrado la conclusión en el Estado Parte del proceso nacional de ratificación del Convenio Nº 138 de la OIT sobre la
edad mínima de admisión al empleo (1973).
8. El Comité observa también con agrado que el Estado Parte ha iniciado, organizado y acogido en colaboración con el
UNICEF la Cumbre Regional por la Infancia de América Latina y el Caribe (1998) con objeto de evaluar los objetivos fijados
para esta región en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia de 1990 y determinar si se han alcanzado.
C. Factores y dificultades que impiden realizar ulteriores progresos en la aplicación de la
Convención
9. Aunque el Estado Parte está desplegando esfuerzos para hallar una solución pacífica al conflicto armado existente en
el país, preocupa al Comité que el clima general de violencia debido a este conflicto o relacionado en gran parte con él no sólo influya
negativamente en la aplicación del Convenio sino que haya conducido a violaciones sistemáticas de los derechos del niño.
10. El Comité está también preocupado por los efectos directos del conflicto armado: la gran pérdida de vidas humanas,
el desplazamiento interno en gran escala de niños y de sus familias y la destrucción de infraestructuras educativas y
98
Create oversight and monitoring mechanisms for the judicial and reeducation process that children in conflict with the criminal law
undergo in order to monitor and avoid the violation of their fundamental rights.
sanitarias, de los sistemas de captación, purificación y distribución de agua, de la economía nacional, de la producción
agrícola y de la infraestructura de comunicaciones, todo lo cual tiene consecuencias negativas muy importantes en el
desarrollo de los niños y obstaculiza grandemente el ejercicio de muchos de los derechos de la mayoría de los niños en
el Estado Parte.
11. También se expresa inquietud ante la pobreza generalizada y las disparidades económicas y sociales que existen
desde hace largo tiempo y que siguen repercutiendo negativamente en los grupos más vulnerables, incluidos los
niños, y dificultan el goce de sus derechos en el Estado Parte. Las graves crisis económicas y las reformas económicas
drásticas han agravado particularmente esta situación.
D. Principales cuestiones de preocupación y recomendaciones del Comité
1. Medidas generales de aplicación
Los derechos del niño y el proceso de paz
12. Dado el abrumador efecto negativo del conflicto armado en la vida de los niños colombianos, el Comité observa
con honda inquietud que no se ha prestado atención a la inclusión y al respeto de los derechos del niño en las
negociaciones de paz en curso en el Estado Parte.
13. El Comité insta al Estado Parte a que vele por que la protección de los derechos del niño
tenga alta prioridad en el programa de las negociaciones de paz en curso y en todo el proceso de consolidación de la
paz una vez terminado el conflicto. En este contexto, el Comité insta al Estado Parte a que cumpla las recomendaciones
formuladas por el Consejo de Seguridad en su resolución 1261 (1999).
Legislación
14. Sigue preocupando al Comité que la legislación del Estado Parte sobre los derechos del
niño no sea todavía enteramente compatible con los principios y disposiciones de la Convención, en particular porque
la revisión del Código del Menor (1989), que comenzó en 1995, se retrasa.
15. El Comité recomienda que el Estado Parte revise su legislación existente y la armonice
con todas las disposiciones de la Convención. También recomienda que el Estado Parte reactive el proceso iniciado
para revisar el Código del Menor (1989). En este proceso deben participar todos los sectores que intervienen en la
promoción y la protección de los derechos del niño y la actividad debe concluir lo antes posible.
Coordinación
16. Siguen preocupando al Comité las limitadas medidas que se han tomado para velar por
una coordinación eficaz entre las instituciones existentes encargadas de la aplicación de la 17. El Comité reitera su
recomendación (véase el párrafo 14 de CRC/C/15/Add.30) de que el Estado Parte tome disposiciones para garantizar la
coordinación efectiva entre las instituciones existentes que se ocupan de la aplicación de la Convención en los planos
nacional, regional y local. Se deben desplegar mayores esfuerzos para lograr una cooperación más estrecha con las
organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los derechos del niño.
Reforma institucional
18. El Comité toma nota de las medidas adoptadas para reformar el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), pero le sigue preocupando que este órgano gubernamental no haya recogido enteramente en
todos sus programas y políticas el enfoque de los derechos consagrado en la Convención. También se ha expresado
inquietud ante las limitaciones del ICBF en cuanto a la prevención de las violaciones de los derechos del niño y a la
protección de los niños contra esas violaciones.
19. Se ha expresado la preocupación de que las funciones judiciales y administrativas en asuntos de la infancia, incluido
el nombramiento de jueces y defensores del niño y de la familia, dependan del ICBF y de que esta situación constituya
una violación de la norma internacional claramente establecida de la independencia del poder judicial e infrinja los
principios y las disposiciones de la Convención.
20. El Comité recomienda que el Estado Parte continúe su proceso de reforma institucional del ICBF y adopte
enteramente el criterio basado en los derechos y establecido en la Convención para cumplir su mandato de un modo
más eficaz. Se ha de hacer mayor hincapié en la intensificación de los programas del ICBF. A este respecto, el Comité
recomienda también que se preste atención a la necesidad de mantener una separación clara y realmente estricta entre
las decisiones judiciales y las decisiones administrativas cuando se trate de los derechos del niño.
Política general en materia de derechos del niño
21. Aunque los numerosos y diversos programas y planes elaborados por el Estado Parte revelan un interés activo en
99
Obtención y vigilancia de la información
23. En cuanto a sus recomendaciones sobre la obtención y el análisis de información cuantitativa y cualitativa fidedigna
(véase el párrafo 15 de CRC/C/15/Add.30), el Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas para establecer un
sistema nacional de indicadores socioeconómicos sobre la situación de los niños como base para la concepción, la
evaluación y el seguimiento de políticas y de programas destinados a la infancia. Sin embargo, sigue preocupando al
Comité que el sistema actual no comprenda todos los sectores abarcados por la Convención. También preocupa la falta
de un sistema para vigilar el cumplimiento de la Convención.
24. El Comité recomienda que el Estado Parte siga elaborando y reforzando su sistema de obtención de datos con objeto
de incluir todos los sectores abarcados por la Convención. Este sistema debe abarcar a todos los niños menores de 18
años, con hincapié especial en los grupos vulnerables de niños.
25. El Comité recomienda además que el Estado Parte establezca un sistema independiente y eficaz para vigilar el
cumplimiento de la Convención, con objeto de evaluar los progresos realizados en el ejercicio de los derechos del niño
y para evaluar las políticas encaminadas a una mejor aplicación de las disposiciones de la Convención. A este respecto,
el Comité alienta al Estado Parte a que solicite la asistencia internacional de, entre otros, el UNICEF.
Recursos presupuestarios y financieros para la infancia.
26. Iniciativas como el Plan de Desarrollo Nacional (1994-1998) y (1998-2000), el Plan Nacional de Acción en Favor
de la Infancia (1996-2000) y el Plan Nacional “Haz Paz” se consideran medidas positivas que corresponden a las
recomendaciones del Comité (véase el párrafo 16 de CRC/C/15/Add.30). Sin embargo, siguen preocupando al Comité las
limitaciones que la actual crisis socioeconómica y el conflicto armado imponen a la plena ejecución de los programas
sociales destinados a la infancia.
27. El Comité reitera su recomendación de que se tomen todas las medidas apropiadas para el ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales “en la máxima medida en que los permitan los recursos” habida cuenta de los artículos
2, 3 y 4 de la Convención, y que se preste especial atención a la protección de los niños pertenecientes a grupos
vulnerables y marginados. El Comité recomienda además que el Estado Parte conciba un sistema para vigilar y evaluar
localmente la situación de los niños que viven en zonas de extrema pobreza con objeto de dar prioridad a la
asignación de recursos presupuestarios para esos grupos de niños.
Difusión de la Convención
28. El Comité toma nota de las medidas adoptadas para promover el conocimiento general de los principios y las
disposiciones de la Convención, pero opina que es necesario reforzar estas medidas.
29. El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique su esfuerzo para difundir los principios y las disposiciones del
Convenio con objeto de sensibilizar a la sociedad en cuanto a los derechos del niño. Se debe hacer particular hincapié
en la difusión de la Convención entre los grupos minoritarios, así como en las zonas rurales y apartadas. El Comité
alienta al Estado Parte a que solicite asistencia técnica a este respecto de, entre otros, la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos y el UNICEF.
Formación de profesionales
30. Preocupa al Comité que los actuales programas de formación para los profesionales que
trabajan con los niños y para ellos no abarquen todas las especialidades.
31. El Comité insta al Estado Parte a que continúe la educación y la formación sistemáticas sobre las disposiciones de
la Convención de todos los grupos profesionales que trabajan con los niños y para ellos, en particular los miembros
del Parlamento, los jueces, los abogados, las fuerzas del orden público, los funcionarios públicos, los empleados
municipales, el personal que trabaja en instituciones y lugares de detención de niños, los maestros, el personal de salud,
incluidos los psicólogos, y los asistentes sociales. Se podría solicitar a este respecto la asistencia técnica de, entre otros,
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del UNICEF.
2. Principios generales
No discriminación
100
la Convención, el Comité está preocupado por la falta de coherencia y de integralidad de todos estos planes y por la
sostenibilidad de su aplicación.
22. El Comité recomienda que el Estado Parte elabore un plan nacional coherente y completo para la aplicación de la
Convención, que sea claro y comprensible para todos, niños y adultos por igual, y que pueda ser fácilmente aplicado
en los planos central, regional y local.
32. El Comité expresa su preocupación ante el cuadro existente de disparidad económica y social y de discriminación
por razones de raza y de género, la marginación de los niñospertenecientes a las poblaciones afrocolombianas e
indígenas y la situación precaria de
los niños que pertenecen a grupos de población internamente desplazados, especialmente por su limitado acceso a la
vivienda, a la educación y a los servicios sanitarios.
33. En relación con el artículo 2 y otros artículos conexos de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte
intensifique las disposiciones adoptadas para reducir las disparidades económicas y sociales, incluida la disparidad
entre zonas urbanas y rurales, para prevenir la discriminación contra los grupos más desfavorecidos de niños, como las
niñas, los niños discapacitados, los niños que pertenecen a grupos étnicos e indígenas, los niños que viven o trabajan
en las calles, los niños que viven en campamentos para poblaciones internamente desplazadas y los niños que viven
en las zonas rurales, y para garantizar su pleno goce de todos los derechos reconocidos en la Convención.
El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo
34. En relación con el artículo 6 y otras disposiciones conexas de la Convención, el Comité está hondamente preocupado
por la amenaza que constituye el conflicto armado para la vida de los niños, incluidas las ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones y torturas cometidas por la policía y por grupos paramilitares y los múltiples casos de “limpieza social”
de los niños de la calle, y por la impunidad persistente de los autores de estos delitos.
35. El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte siga tomando medidas
eficaces para proteger a los niños contra los efectos negativos del conflicto armado. El
Comité insta al Estado Parte a que proteja a los niños contra la “limpieza social” y a que
vele por que se enjuicie a los autores de esta clase de delitos.
3. Derechos y libertades civiles
Registro de los nacimientos
36. El Comité toma nota de los esfuerzos que despliega el Estado Parte para mejorar el
registro de los nacimientos, pero le sigue preocupando la necesidad de desplegar un
esfuerzo mayor para cerciorarse de que todos los niños estén inscritos en el registro y
posean una tarjeta de identidad que les permita gozar plenamente de sus derechos. 37. Habida cuenta del artículo 7 de
la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte
persista en su empeño de velar por que todos los niños que nacen sean inmediatamente
inscritos en el registro. Se debe hacer especial hincapié en la inscripción de los niños que
pertenecen a los grupos más vulnerables, incluidos los que viven en zonas afectadas por
el conflicto armado y en campamentos para grupos de desplazados internos.
Derecho a no ser sometido a torturas
38. Teniendo en cuenta su recomendación (párrafo 17 de CRC/C/15/Add.30) relativa a la necesidad de efectuar
investigaciones especiales en los casos de violación grave de los derechos humanos de los niños, el Comité lamenta
la falta de información a este respecto y reitera su preocupación por los presuntos casos de niños de la calle torturados
y maltratados por miembros de la policía o por grupos paramilitares.
39. El Comité insta al Estado Parte a que adopte medidas eficaces para velar por que estos actos reciban una respuesta
adecuada a través del procedimiento judicial, con objeto de evitar la impunidad de los autores. El Comité recomienda
además que el Estado Parte establezca programas de asistencia y readaptación para los niños víctima de la tortura y
de los malos tratos.
4. Entorno familiar y otro tipo de tutela
Niños privados de un entorno familiar
40. El Comité sigue hondamente preocupado por el gran número de niños que se han visto
privados de un entorno familiar por el abandono, la defunción o la separación de sus padres.
A este respecto, se expresa inquietud, entre otras cosas, por los informes sobre las dificultades y el lento progreso de
la reunificación de las familias y los niños separados; por la falta de mecanismos adecuados para proteger a los niños
que viven en instituciones; por el internamiento de niños en instituciones durante largos períodos y por el recurso
predominante al internamiento en instituciones en vez de intentar medidas sustitutivas.
41. El Comité reitera además su preocupación de que los niños privados de su entorno familiar puedan desplazarse
cada vez más hacia las principales ciudades y acabar viviendo en las calles, donde serán particularmente vulnerables
a la explotación y al abuso (véase la recomendación del Comité formulada en el párrafo 17 de CRC/C/15/Add.30).
101
Adopción
43. El Comité sigue preocupado ante las lagunas de la legislación nacional del Estado Parte en materia de adopción y
ante el hecho de que los procedimientos de adopción existentes no se suelan respetar y, según se afirma, dependan
de decisiones arbitrarias. Se expresa también inquietud por la prevalencia de la adopción oficiosa ilegal. El Comité ve
además con preocupación la limitada capacidad disponible para seguir debidamente los casos de adopción internacional,
que es la forma de adopción más frecuente.
44. El Comité recomienda que el Estado Parte tome nuevas medidas para revisar su legislación y sus prácticas en
materia de adopción nacional e internacional, de conformidad con la Convención y con los requisitos establecidos en la
Convención de La Haya de 1993 sobre la protección de los niños y la cooperación en materia de adopción internacional,
de la que Colombia es Parte.
Protección contra el abuso y la desatención
45. En lo que respecta a su recomendación sobre la situación en materia de violencia en el hogar (véase el párrafo 21 de
CRC/C/15/Add.30) el Comité celebra la adopción de normas legislativas especiales que tipifican la violencia doméstica,
pero le sigue preocupando que el abuso físico y sexual -tanto dentro como fuera de la familia- siga siendo muy común
en la sociedad. Se ha expresado también inquietud ante la insuficiente atribución de recursos, tanto financieros como
humanos, así como ante la falta de personal debidamente adiestrado para prevenir y combatir estos abusos. También
preocupa la insuficiencia de medidas de readaptación y de servicios para las víctimas y el
limitado acceso de éstas a la justicia.
46. Habida cuenta, entre otros, de los artículos 19 y 39 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte
adopte medidas eficaces, incluida la intensificación de los actuales programas multidisciplinarios y de las medidas de
readaptación para prevenir y combatir los abusos y los malos tratos de que son víctimas los niños dentro de la familia,
en la escuela y en la sociedad en general. Propone, entre otras cosas, que se haga cumplir más estrictamente la ley en
relación con estos delitos y que se refuercen los procedimientos y los mecanismos de tramitación de las reclamaciones
por abuso de niños, con objeto de dar a éstos un rápido acceso a la justicia y evitar la impunidad de quienes cometen
esa clase de actos. Además, se deben establecer programas educativos para combatir las actitudes tradicionales de
la sociedad en relación con este asunto. El Comité insta al Estado Parte a que estudie la posibilidad de solicitar la
cooperación internacional a estos efectos de, entre otros, el UNICEF.
5. Salud básica y bienestar
47. Aunque reconoce que se han adoptado medidas para mejorar la salud de los niños, en particular las iniciativas encaminadas
a reducir la mortalidad de lactantes, el Comité sigue preocupado por la persistencia de disparidades regionales en el acceso
a la asistencia sanitaria y por las elevadas tasas de malnutrición entre en los niños menores de 5 años y de edad escolar,
especialmente en las zonas rurales y apartadas y, en particular, entre los niños que pertenecen a grupos indígenas.
47. Preocupan también al Comité las elevadas tasas de mortalidad materna y de embarazo de adolescentes, así como el
insuficiente acceso de éstas a los servicios de asesoramiento y de educación en materia de salud reproductiva. A este
respecto, es inquietante que la práctica del aborto sea la principal causa de mortalidad materna (véase la preocupación
expresada por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer en el párrafo 393 de A/54/38). También
preocupan al Comité las crecientes tasas de abuso de sustancias y de VIH/SIDA entre los niños y los adolescentes y la
constante discriminación a que éstos están expuestos.
48. El Comité recomienda que el Estado Parte siga tomando medidas eficaces para cerciorarse de que todos los
niños tienen acceso a la asistencia y los servicios sanitarios básicos. Es necesario desplegar unas actividades mejor
concertadas para garantizar la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y para combatir la malnutrición, con hincapié
especial en los niños que pertenecen a grupos indígenas y los que viven en zonas rurales y apartadas, así como en
campamentos para poblaciones internamente desplazadas. El Comité recomienda al Estado Parte que persevere en su
empeño de prevenir el VIH/SIDA y que tome en consideración las recomendaciones del Comité adoptadas en su jornada
de debate general sobre “Los niños que viven en los tiempos del VIH/SIDA” (párrafo 243 de
CRC/C/80). El Comité recomienda también que se desplieguen nuevas actividades para establecer servicios de
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42. El Comité recomienda que el Estado Parte elabore programas adicionales para facilitar otros tipos de tutela, dar
formación complementaria al personal de los servicios sociales y de bienestar y establecer mecanismos de queja
independientes y de supervisión de las instituciones de tutela. El Comité insta al Estado Parte a que haga todo cuanto esté a
su alcance por reforzar los programas de reunificación familiar y a que intensifique sus actividades para dar ayuda, incluida
la formación de los padres, con objeto de desalentar el abandono de los niños. El Comité recomienda además que el Estado
Parte vele por que se efectúe un examen periódico adecuado de la situación de los niños que viven en instituciones.
asesoramiento favorables a los niños, así como servicios de readaptación y asistencia para adolescentes. A este
respecto, el Comité insta al Estado Parte a que siga ocupándose de esta cuestión en colaboración con, entre otros, la
OMS, el UNICEF y el ONUSIDA.
Niños discapacitados
49. En cuanto a la situación de los niños discapacitados, el Comité sigue preocupado por la falta de una infraestructura
suficiente, la limitada cantidad de personal calificado y de instituciones especializadas para estos niños y la ausencia
de recursos adecuados, tanto financieros como humanos. Además, preocupa especialmente al Comité la ausencia
de políticas y programas para los niños con discapacidad y la carencia de supervisión de las instituciones privadas
destinadas a estos niños.
50. Teniendo en cuenta las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
(véase el anexo a la resolución 48/96 de la Asamblea General) y las recomendaciones adoptadas por el Comité en
su jornada de debate general sobre”Los niños con discapacidades” (párrafo 338 de CRC/C/69), el Comité recomienda
que el Estado Parte elabore programas de identificación precoz para prevenir la discapacidad; tome disposiciones
sustitutivas del internamiento en instituciones de los niños con discapacidad; prevea campañas de sensibilización para
reducir la discriminación contra ellos; establezca programas y centros de enseñanza especiales y favorezca la inclusión
de estos niños en el sistema educativo y en la sociedad; y proceda a una supervisión adecuada de las instituciones
privadas destinadas a los niños con discapacidad. El Comité
recomienda además al Estado Parte que solicite cooperación técnica para la formación del personal profesional que
trabaja con niños discapacitados y para ellos.
6. Educación, esparcimiento y actividades culturales
52. El Comité toma nota con agrado de los logros del Estado Parte en materia de educación pero sigue preocupado por el
elevado número de niños que abandonan la escuela o que repiten curso en la enseñanza primaria y secundaria y por la
disparidad en el acceso a la educación entre las zonas rurales y urbanas. Preocupa especialmente al Comité la situación
de los niños pertenecientes a grupos indígenas y afrocolombianos, así como de los que viven en campamentos para
desplazados, en lo referente al acceso a la educación y la escasa pertinencia de los actuales programas de enseñanza
bilingüe disponibles para esta clase de niños.
53. Habida cuenta de los artículos 28 y 29 y de otros artículos conexos de la Convención, el Comité recomienda al
Estado Parte que persevere en su empeño por reforzar su sistema y sus políticas en materia de educación con objeto de
mejorar los programas existentes para evitar que los niños abandonen la escuela y para darles formación profesional;
que aumente la cobertura y mejore la calidad de la enseñanza, respetando la diversidad geográfica y cultural; y que
aumente la pertinencia de los programas de enseñanza bilingüe para los niños pertenecientes a los grupos indígenas y
afrocolombianos. Además, dado el conflicto armado en curso en el Estado Parte, el Comité recomienda que éste refuerce
sus programas de educación en materia de derechos humanos, incluidos los derechos del niño, en sus programas de
formación de maestros y en los planes escolares y que se cerciore de que todos los niños reciben esta clase de educación.
El Comité insta al Estado Parte a que estudie la posibilidad de solicitar asistencia a este respecto de, entre otros, la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el UNICEF y la UNESCO.
7. Medidas especiales de protección
Menores afectados por el conflicto armado
54. Aunque el Comité acoge con satisfacción la prohibición del alistamiento en las fuerzas armadas de niños menores
de 18 años, expresa su honda inquietud ante el elevado número de niños que han sido reclutados por la fuerza por las
guerrillas y los grupos paramilitares.
55. El Comité está hondamente preocupado por el efecto sumamente negativo del conflicto armado en todos los niños,
incluidos los niños que han participado en las hostilidades, y por la seria amenaza que ello constituye para su derecho a
la vida, la supervivencia y el desarrollo y el grave traumatismo psicológico que ello les inflige. También se ha expresado
inquietud por la falta de una política nacional que garantice la reintegración social de los niños desmovilizados.
56. El Comité insta al Estado Parte a que tome medidas efectivas para que se libere y desmovilice a todos los niños
raptados y combatientes y para que se rehabilite y reintegre a éstos en la sociedad. El Comité recomienda además que
el Estado Parte dicte, y aplique estrictamente, normas legislativas que prohíban el reclutamiento futuro de niños por
cualquier clase de grupo.
57. El Comité insta también al Estado Parte a que tome toda clase de medidas, en colaboración con órganos y
organismos de las Naciones Unidas como el UNICEF, para atender las necesidades materiales de los niños víctimas de
conflictos armados, en particular los amputados, y las necesidades psicológicas de todos los niños afectados directa o
103
Uso ilícito de drogas
65. Aunque el Comité toma nota de las medidas adoptadas para combatir el uso ilícito de drogas por los niños, como el
establecimiento del Plan Nacional (1995) y del Programa RUMBOS, le sigue inquietando que el abuso de drogas y otras
sustancias sea todavía una de las principales causas de preocupación. También le preocupa el empleo generalizado de
los niños para la producción ilícita y el tráfico de drogas.
66. Habida cuenta del artículo 33 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte siga adoptando medidas
efectivas de orden legislativo, administrativo, social y educativo para proteger a los niños contra el uso ilícito de
estupefacientes y de sustancias psicotrópicas y para evitar que se emplee a los niños en la producción ilícita y el tráfico
104
indirectamente por la experiencia traumática de la guerra. A este respecto, se recomienda al Estado Parte que elabore con la mayor
rapidez posible un programa completo y a largo plazo de asistencia, atención, readaptación y reintegración.
58. El Comité hace suyas las recomendaciones formuladas al Estado Parte por el Representante Especial del Secretario General
encargado de la cuestión de los niños en los conflictos armados (véanse los párrafos 122 a 127 de A/54/430 y los párrafos 60 a 71
de E/CN.4/2000/71) y recomienda que el Estado Parte, en colaboración con la comunidad internacional, cumpla urgentemente estas
recomendaciones con objeto de dar máxima prioridad a la protección de los niños contra los efectos negativos del conflicto armado.
59. El Comité acoge con satisfacción la firma por el Estado Parte del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados e insta al Estado
Parte a que lo ratifique y aplique lo antes posible.
Niños internamente desplazados
60. Preocupa al Comité que el Estado Parte tenga una de las poblaciones internamente desplazadas más numerosas del
mundo, poblaciones que se han visto obligadas a abandonar el lugar donde vivían a causa del alto grado de violencia
en ciertas regiones del país. El Comité está también preocupado por la privación social de que sufren estas poblaciones,
compuestas principalmente de mujeres y niños, y en especial por su limitado acceso a los servicios de vivienda, de
salud y de educación. El Comité está también preocupado por los informes recibidos en los que se afirma que muchas
personas desplazadas han sido además víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y
por los millares de familias desplazadas que han huido a países vecinos, donde las autoridades locales les han denegado
la condición de refugiados.
61. El Comité recomienda que el Estado Parte dé máxima prioridad a la protección de los derechos de los niños
pertenecientes a grupos internamente desplazados. A este respecto, el Comité hace suyas las recomendaciones
formuladas en los informes del Representante Especial del Secretario General sobre los desplazados internos a la
Comisión de Derechos Humanos en relación con la situación en el Estado Parte (véanse E/CN.4/2000/83/Add.1 y
Add.2) y recomienda que el Estado Parte, en colaboración con la comunidad internacional, cumpla urgentemente estas
recomendaciones, especialmente la relativa a la incorporación de los Principios rectores de los desplazamientos internos
(E/CN.4/1998/53/Add.2) en la legislación y en las políticas del Estado Parte relativas a los desplazados internos.
Explotación económica, incluido el trabajo infantil
62. En relación con la recomendación que había formulado sobre las disposiciones necesarias para la erradicación del
trabajo infantil (CRC/C/15/Add.30, párr. 19), el Comité acoge con satisfacción el programa de cooperación técnica con
el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).No
obstante, sigue preocupando al Comité que la explotación económica sea todavía uno de los principales problemas de
los niños en el Estado Parte. Preocupa también al Comité que no se haga cumplir suficientemente la ley y que no existan
mecanismos adecuados de supervisión que permitan resolver la situación, sobre todo en el sector no estructurado. El
Comité está preocupado además por la situación de los niños que trabajan en las
plantaciones de hoja de coca.
63. El Comité expresa su preocupación muy especial por los niños que, para sobrevivir, trabajan o viven en la calle y
necesitan atención especial a causa de los riesgos a que están expuestos.
64. El Comité insta al Estado Parte a que ratifique la Convención Nº 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999). El Comité recomienda que el Estado Parte
adopte medidas eficaces para resolver la situación de los niños que efectúan trabajos peligrosos, especialmente en el
sector no estructurado y en las plantaciones de hoja de coca. El Comité recomienda también que se aplique estrictamente
la legislación sobre el trabajo infantil, que se refuerce la inspección del trabajo y que se sancionen los casos de violación. El
Comité recomienda también al Estado Parte que adopte programas y políticas adecuados para la protección y la readaptación
de los niños que viven o trabajan en la calle. Además, el Comité recomienda que el Estado Parte siga colaborando con el
Programa Internacional para la Abolición del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo.
de esas sustancias. El Comité insta al Estado Parte a que dé su apoyo a programas de readaptación para los niños
víctima del uso indebido de drogas y de otras sustancias. Aeste respecto, el Comité alienta al Estado Parte a que
estudie la posibilidad de solicitar asistencia técnica a, entre otros, el UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Explotación sexual
67. Al mismo tiempo que observa con agrado la revisión del Código Penal del Estado Parte y el establecimiento de un
plan nacional de acción para combatir y prevenir la explotación sexual de los niños, el Comité sigue preocupado por la
insuficiente sensibilización de la población a estos asuntos.
68. Habida cuenta del artículo 34 y otros artículos conexos de la Convención, el Comité recomienda al Estado Parte
que aplique enteramente su plan nacional de acción para prevenir y combatir este fenómeno y que siga organizando
campañas de sensibilización al respecto. El Comité recomienda que el Estado Parte tenga en cuenta las recomendaciones
formuladas en el programa de acción adoptado en el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los
Niños celebrado en Estocolmo en 1996. Además, el Comité alienta al Estado Parte a que ratifique el Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.
Venta, trata y secuestro
69. El Comité toma nota de los esfuerzos desplegados por el Estado Parte para combatir la trata y la venta de niños,
pero sigue preocupado por la falta de medidas preventivas adecuadas a este respecto.
70. El Comité recomienda que se adopten medidas urgentes, como un programa completo de prevención de lucha
contra la trata y la venta de niños, que comprenda una campaña de
sensibilización y programas educativos, especialmente en las zonas rurales y para los funcionarios que se ocupan de este asunto.
71. Además, el Comité acoge con satisfacción la firma por el Estado Parte del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil y alienta al Estado
Parte a ratificarlo y aplicarlo cuanto antes.
Administración de la justicia de menores
72. El Comité toma nota de que se han cerrado las cárceles para menores y se han establecido centros de reeducación
para los niños en conflicto con la ley pero le siguen preocupando, entre otras cosas, la situación de los niños internados
en estos centros, en particular a largo plazo, lo que constituye una forma de privación de libertad; la privación de libertad
y el aislamiento de menores que se practican sistemáticamente en las estaciones de policía, la utilización de medidas
de internamiento por los tribunales de menores, sin que sean el último recurso; la falta de soluciones sustitutivas de la
privación de libertad (por ejemplo, la libertad vigilada); y las insuficientes medidas de reeducación y rehabilitación para
delincuentes juveniles.
73. Habida cuenta de los artículos 37, 40 y 39 y de otras normas pertinentes de las Naciones Unidas a este respecto,
como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (“Reglas de Beijing”), las
Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las
Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, el Comité recomienda que el Estado Parte:
a) Se cerciore de que la privación de libertad se utiliza solamente como último recurso, durante el período más breve
posible y sólo para delitos graves;
b) Mejore las condiciones de vida de los niños en los centros de reeducación;
c) Intensifique y amplíe su esfuerzo por hallar soluciones sustitutivas a la privación de libertad;
d) Cree servicios eficaces de libertad condicional para menores, en particular para los que salen de los centros de
reeducación, con objeto de favorecer su reintegración en la sociedad;
e) Refuerce sus programas de formación sobre las normas internacionales pertinentes destinados a los jueces, a los
profesionales y al personal que trabaja en la justicia de menores.
El Comité recomienda que el Estado Parte solicite asistencia internacional en materia de justicia de menores de, entre
otros, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, el Centro para la Prevención Internacional del Delito, el UNICEF y la Red internacional
sobre justicia de menores por conducto del Grupo de Coordinación sobre Asistencia y Asesoramiento Técnicos en
Materia de Justicia de Menores.
105

Colombia en deuda con su infancia - Save the Children`s Resource

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