Crecimiento económico sin trabajo decente

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Agencia de Información Laboral
Informe Coyuntura Económica y Laboral en el 2012
Crecimiento económico sin trabajo decente
(Versión completa)
Escuela Nacional Sindical
Abril de 2013.
—Seguramente, a lo largo de su vida sacerdotal lo habrá venido a ver mucha
gente desocupada. ¿Cuál es su experiencia? —Claro, mucha. Son gente que
no se siente persona. Y que, por más que sus familias y sus amigos los
ayuden, quieren trabajar, quieren ganarse el pan con el sudor de su frente.
Es que, en última instancia, el trabajo unge de dignidad a una persona. La
unción de dignidad no la otorga ni el abolengo, ni la formación familiar, ni la
educación. La dignidad como tal sólo viene por el trabajo. Comemos lo que
ganamos, mantenemos a nuestra familia con lo que ganamos. No interesa si
es mucho o poco. Si es más, mejor. Podemos tener una fortuna, pero si no
trabajamos, la dignidad se viene.(Jorge Bergoglio, sj.)1
Presentación
Durante 2012 se presentaron 290 acciones de movilización por parte de diversos
colectivos de trabajadores a lo largo y ancho del país, 27.2% más que en el
2011.Marchas, mítines o plantones, bloqueos de vías, paros por conflictos
colectivos, huelgas por negociaciones colectivas, jornadas de protesta, toma de
instalaciones, huelgas de hambre, entre otras acciones, fueron las formas que
asumió la protesta laboral durante 2012, movilizaciones que expresan el
inconformismo creciente de numerosos colectivos de trabajadores y trabajadoras
por las precarias condiciones laborales en que se encuentran, o por los efectos
1
SERGIO RUBIN, FRANCESCA AMBROGETTI. EL JESUITA- Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, sj.
Javier Vergara Editor, 2010.
1
que en sus condiciones de vida y de trabajo tienen algunas de laspolíticas
implementadas desde el Estado, o por losincumplimientos de obligaciones
laborales por parte de los empleadores, o por procesos de reestructuración o
reconversión que afectan derechos adquiridos; o por violaciones a los derechos
humanos laborales, entre otros los derechos de libertad sindical.
Lo que expresa la creciente movilización social de los trabajadores y trabajadores
en Colombia, es que estos no se sienten para nada incluidos en el crecimiento
económico, que las condiciones del mercado de trabajo los condenan a una vida
precaria que no les asegura condiciones de bienestar ni de estabilidad, que sus
derechos no son reconocidos y que la incertidumbre permanente que tienen frente
a sus condiciones de vida, antes que disminuir, se va a agravar hacia el futuro.
El informe que sigue, muestra cuáles son esas condiciones que hoy el modelo de
desarrollo y las características del mercado de trabajo, le imponen a la mayoría de
los trabajadores, y cómo los excluye del crecimiento económico y los condena a la
precariedad y el porqué del creciente inconformismo laboral.
1. Crecimiento económico y mercado de trabajo.
Colombia es la cuarta economía de América Latina2, después de Brasil, México y
Argentina, que son consideradas hoy en día como “economías emergentes”. Pero
en condiciones laborales, Colombiamantiene indicadores que nos sitúan todavía
como un “país del tercer mundo”, para utilizar una vieja terminología, abandonada
hoy por causa de las modas que imponen los organismos que controlan el diseño
económico global:
En el 2012, la tasa de desempleo fue del 10.4%, mientras que la tasa promedio
para América Latina se situó en 6.5%.
La tasa de subempleo fue del 32%.
La tasa de informalidad fue del 68%,la cuarta más alta de toda la región,
después de países como, Perú, Bolivia y Paraguay3.
La tasa de desempleo juvenilde Colombia es del 19%, y en América Latina,
14.3%
La tasa de desempleo de las mujeres en Colombia es del 13.7%, en tanto que
en América Latina es del 7.7%
2
PIB en dólares a precios constantes de 2005: Brasil:1.126.528.4; México: 959.178.2; Argentina: 276..252.1;
Colombia: 193.825..9; Venezuela: 181.840.9; Chile: 157.002.6 (CEPAL, Anuario estadístico 2012).
3
Organización Internacional del Trabajo OIT, Tendencias Mundiales de Empleo 2013: -
2
Y respecto del nivel de protección social, apenas el 36.2 de cada 100 trabajadores
cuentan con una relativa protección social: 46 en salud, 40 en riesgos
profesionales, 36 en cesantías y 31 en pensiones.
Aunque en los últimos años ha habido alguna mejora en alguno de estos estos
indicadores, como el de tasa de desempleo, aún se mantienen en niveles altos, lo
que indica que el modelo de desarrollo económico que tenemos no es generador
de condiciones de Trabajo Decente, y que la gran mayoría de la población
colombiana sigue excluida de los beneficios del crecimiento económico.
Como se ve en el cuadro, en el 2012 la economía Colombiana creció 4.0%, un
resultado que estuvo por debajo del promedio del crecimiento del PIB entre 2002 y
2012, que fue del 4.5% y de las expectativas de los hacedores de política, que
esperaban un crecimiento entre el 4.5% y el 4.8%, un resultado que reflejó la
evolución negativa que respecto a 2011 presentaron la mayoría de las ramas de
actividad económica, especialmente la minería, la construcción y la industria.
Tabla 1: Comportamiento del PIB, por años y por sectores económicos.
Año PIB
PIB por ramas de actividad
2011
2002 2.5
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca
2.4
2003 3.9
Explotación de minas y canteras
14.4
2004 5.3
Industria manufacturera
5.0
2005 4.7
Electricidad, gas de ciudad y agua
2.9
2006 6.7
Construcción
10.0
2007 6.9
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
6.0
2008 3.5
Transporte, almacenamiento y comunicación
6.2
2009 1.7
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y
7.0
servicios a las empresas
2010 4.0
Servicios sociales, comunales y personales
2.9
2011 6.6
2012 4.0
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
2012
2.6
5.9
-0.7
3.5
3.6
4.1
4.0
5.5
4.9
El impacto que el crecimiento económico tiene sobre el empleo y su calidad, está
en relación con los sectores económicos que más están incidiendo en el PIB.
Desde el lado de la oferta, los sectores que más crecieron fueron aquellos que
menos incidencia tienen en el empleo total, como explotación de minas y canteras,
que creció 5.9% en el 2012, pero que apenas genera 1.1 empleos de cada 100,
seguido por los establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las
empresas, que crecieron 5.5%, un resultado soportado principalmente en la
intermediación financiera, que apenas genera 1.3 empleo de cada 100.
3
En cambio, sectores claves para la generación de empleo y valor agregado, como
el agropecuario y la industria manufacturera,que generan cada uno 17.5% y 12.8%
del total del empleo, respectivamente, reportaron variaciones desconcertantes: el
primero apenas creció 2.6%, (en este sector el trabajo informal tiene una
incidencia del 90%); el segundo, presentó una variación negativade -0.7%.
Por el lado de la demanda, se destacaron los crecimientos de factores como las
importaciones, 8.0%, (muchas de las cuales significan pérdidas de puestos de
trabajo), las inversiones o formación bruta de capital, 5.7%, y las exportaciones,
5.3%. El consumo final, que incluye el de los hogares y el del gobierno, presentó
una variación de 4.4%, con una menor incidencia del primero, que apenas creció
4.3%, (5.9% había sido su crecimiento en el 2011), en tanto que elconsumo del
gobierno lo hizo en 5.14%.
En esto también se ve la incidencia del modelo de desarrollo, pues siendo el
consumo de los hogares el factor que más pesa dentro del PIB, 65.4%, debería
haber una estrategia explícita en fortalecer este factor, mejorando ingresos
laborales y distribución del ingreso, para asegurar un mercado interno que jalone
el crecimiento de la economía y en el que los factores externos tengan una menor
incidencia sobre sus resultados, una orientación que entre otros, la formuló
recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE)4, la que indicó que, a fin de garantizar un crecimiento sostenible e
inclusivo a mediano plazo, debe hacerse frente, entre otros, al desafío de reducir
la desigualdad de los ingresos.
Con respecto al último desafío, si bien el crecimiento económico ha contribuido a
reducir losíndices de pobreza, esta reducción no se corresponde con los niveles
de crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, y todavía se
mantienen en niveles que resultan del todo intolerables: para el 2012, a nivel
nacional, el porcentaje de personas en situación de pobreza era de 32,7%, y el de
pobreza extrema del 10,4%, cifras que equivalen a 14.7 y 4.7 millones de
personas, respectivamente, que viven en condiciones precarias y para las cuales,
las nociones de libertad, igualdad y dignidad que promueve nuestra constitución
política les resultan completamente ajenas5.
Estos niveles apenas descendieron -1.4% y -0.2%, respectivamente, en contraste
con un crecimiento de la economía del 4%, y están relacionados directamente con
las condiciones precarias que la mayoría de los trabajadores colombianos tiene en
4
5
Estudios Económicos de la OCDE Colombia. Evaluación económica. Enero de 2013.
Datos del DANE, Pobreza monetaria y Multidimensional en Colombia, 2012. entre
4
el mercado de trabajo (60.8% en la informalidad), con los bajos ingresos laborales
(el 55% percibe ingresos por debajo de 1 SMLV),por el poco sindicalismo que
tenemos (menos del 5% es la tasa de sindicalización), y por la baja cobertura de la
negociación colectiva (menos del 5% de los trabajadores se benefician de algún
convenio colectivo de trabajo), factores que vamos a ilustrar más adelante.
Finalmente, en estos resultados incidió también el comportamiento del comercio
exterior: en el 2012 el crecimiento de las exportaciones apenas fue del 5.7%,
cuando en el 2011 había sido del 43%; las exportaciones mineras crecieron 8.1%,
frente 43% del año anterior; las exportaciones manufactureras lo hicieron en
apenas 3.2%, frente a 17.9% en el 2011. En este sentido, la evolución más
positiva la presentaron las exportaciones del sector agropecuario, que crecieron
15.6%, muy superiores al 4.7% que habían tenido en 2011. Si bien, este menor
resultado es explicable por el contexto de crisis económica que presentan
mercados como los de los países industrializados de Estado Unidos y Europa, lo
paradójico es que se dan cuando ya se han puesto en funcionamiento 9 tratados
de libre comercio, entre ellos el de Estado Unidos, que suponían nos iban a
asegurar un mayor acceso a los mercados internacionales.
5
2. Características generales del Mercado Laboral Colombiano 2012.
Según las estadísticas oficiales del DANE, Colombia tenía en 2012 una población
de 45.2 millones de personas, de las cuales 35.7 millones (79.1%) estaban en
edad de trabajar. De esta última, 23.1 millones (64.5%) hacían parte de la
población económicamente activa (PEA), que es la que se encontraba en el
mercado de trabajo como ocupados, así sea vendiendo minutos en la calle, o
como trabajador familiar sin recibir remuneración, o simplemente desempleados.
Por su parte, la Tasa Global de Participación (TGP), continuó con su tendencia al
alza, al ubicarse en 64.5%, 0.9 puntos porcentuales (pp) por encima a la
registrada en 2011, lo que indica que cada vez hay más personas presionando un
lugar en el mercado de trabajo, resultado a su vez de los bajos ingresos laborales
y de las pocas oportunidades de educación con calidad que tiene la población
joven de nuestro país.
La tasa de inactividad disminuyó 0.8 pp en 2012, ubicándose en35.5%, una
disminución que se presentó principalmente entre los inactivos que se dedicaban a
los oficios del hogar y entre los que se encontraban estudiando. Esta disminución
tiene el efecto de incrementar la TGP, y es consecuencia también de los malos
empleos y de los bajos ingresos que tiene la mayor parte de la población
trabajadora colombiana, factores que empujan a nuevos miembros del hogar a
buscarse un lugar en el mercado de trabajo con el fin de mejorar los ingreos del
hogar.
La tasa de ocupación viene manteniendo su tendencia al alza, al ubicarse en
57.8%, aumentando en 1 pp frente a 2011. En total, en el 2012 se encontraban
ocupados 20.7 millones de personas, de los cuales, a nivel nacional 14.07
millones se encontraba trabajado en la economía informal (68%) 6, y en las 13
áreas metropolitanas, 10.5 millones (51,1%). Adicionalmente, 7.48 millones se
encontraban en condición de “sub empleo” (32.4%), indicador que expresa la
inconformidad que las personas manifiestan con la calidad del empleo que tienen,
bien sea por las condiciones inadecuadas de sus ingresos, o porque el empleo
que tienen no se corresponde con las competencias que se tienen, o porque
pudiendo trabajar jornadas completas, el empleo que se tiene apenas es parcial..
6
6
El desempleo en Colombia, aunque ha disminuido, sigue siendo muy superior a
los demás países de la región. Para 2012, la tasa de desempleo se ubicó en
10.4%, disminuyendo marginalmente en 0.4 pp con respecto a 2011. En total se
encontraban en el país, 2.394.000 de personas sin empleo, la mayoría de los
cuales no tienen ninguna protección en sus ingresos, y si acaso, en materia de
protección social, apenas acceden a la protección en salud vía SISBEN, o en
condición de beneficiarios.
El 87.4% de los desempleados, 2.09 millones de personas, son trabajadores
cesantes, es decir, personas que habían trabajado antes por lo menos durante dos
semanas consecutivas. Las mayores pérdidas de empleo se presentaron en las
actividades inmobiliarias, 9%, el sector de la construcción, 6.9%, y en la
explotación de minas y canteras, 5.7%.
En relación con el desempleo urbano, la peor situación la tienen los más pobres, lo
cual no es ninguna novedad, y particularmente los jóvenes. En efecto, los más
pobres presentaron el año pasado un desempleo del 24.7% (quintil I), cifra similar
a la del 2007 (25.6%), mucho mayor que los más ricos (5.3% en el quintil V). Los
jóvenes pertenecientes al 20% más pobre de los hogares siguen siendo los más
afectados. El desempleo de los situados entre 12 y 19 años es del 39.8% en las
13 ciudades (55.5% en Pereira; cerca del 45% en Cúcuta, Bucaramanga,
Medellín, Cali y Manizales). El de los situados entre 20-24 años es del 40,0%
(supera el 50% en Pereira y Bucaramanga; está situado entre el 40% y el 45% en
Manizales, Cali, Medellín y Bogotá)7.
Gráfico 1. Población ocupada por rama de actividad económica (%), 2012.
7
EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO DURANTE 2012 Hugo López Castaño,
Medellín, marzo 2013.
Banco de la República-
7
26,7
19,0
17,5
12,8
8,3
6,0
Servicios, comunales, so
ciales y personales
Actividades
Inmobiliarias
Intermediación
financiera
Transporte, almacenami
ento y comunicaciones
Comercio, hoteles y
restaurantes
Construcción
Suministro de
Electricidad Gas y Agua
6,7
1,3
0,5
Explotación de Minas y
Canteras
1,1
Agricultura, pesca, gana
dería, caza y silvicultura
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. 2012
En cuanto a participación del empleo, cuatro grandes ramas participan con el
76.0% del total de ocupados en el país, estas son: Comercio, hoteles y
restaurantes, donde de cada 100 ocupados, 26.75 se encuentran en este sector;
Servicios comunales, sociales y personales con el 19% de participación,
Agricultura, caza y pesca con el 17.5% e Industria Manufacturera con el 12.8% de
participación. Respecto de esta última rama, se encontró que si bien presentó una
evolución positiva, tan solo generó 52.000 nuevos empleos en todo el 2012
Respecto a la posición ocupacional, se evidencia, al igual que en 2011, que los
trabajadores por cuenta propia son los que más incidencia tienen en el empleo del
país, al participar con el 42.9%, del total de ocupados, con un crecimiento del
1.7% con respecto a 2011. En esta categoría ocupacional la informalidad es del
80%, y resulta para muchas personas la única alternativa frente al desempleo y la
pobreza, y frente a la ausencia de políticas públicas que protejan a los
desempleados de la amenaza de verse reducidos a la condición de indigencia.
Gráfico 2. Población ocupada por posición ocupacional (%), 2012.
8
42,9
0,1
Otro
3,8
Jornalero o Peón
0,6
Trabajador sin
remuneración en…
4,9
Trab familiar sin
remuneración
Empleado doméstico
4,9
Patrón o empleador
3,5
Cuenta propia
4,0
Empleado del gobierno
35,2
Empleado particular
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
La otra categoría con alta incidencia en la ocupación y con un crecimiento del
6.2% en el 2012, fue la del empleado particular, o trabajador asalariado, con una
incidencia del 35.2% en el total de ocupados. Este crecimiento del trabajo
asalariado en parte es consecuencia de la prohibición de subcontratar
trabajadores a través de cooperativas de trabajo asociado, lo que obligó a muchas
empresas a contratarlos directamente, o a través de SAS y de contratos
sindicales, alternativas que en la práctica resultan en una trampa a la ley, pues en
ambas figuras lo que ocurre es una transformación de las falsas cooperativas, en
empresas de acciones simplificadas dedicadas a la intermediación laboral, o en
falsos sindicatos a través de los cuales el contrato cooperativo se transforma en
contrato sindical.
2.1 Mano de obra sin educación: el común denominador
Un factor que influye en el desarrollo y la competitividad del país, y que explica
también los altísimos niveles de trabajo informal, son los bajos niveles de
educación que presentan los trabajadores y trabajadoras colombianos. En el 2012,
apenas el 10.2% de los ocupados tenía nivel de educación superior completa, y
sólo el 24.4% la secundaria completa. El 46% de los ocupados manifestaron
contar con niveles educativos incompletos, entre ellos primaria y secundaria
incompletas, y los datos del DANE mostraron además, que un 4.9% de la
población ocupada no contaba con ningún nivel educativo, lo que corresponde
aproximadamente a 1.020.973 ocupados.
Gráfico 3. Población ocupada por niveles educativos (%), 2012.
9
24,4
18,6
14,6
14,5
12,8
10,2
4,9
No informa
Superior Completa
Superior Incompleta
Secundaria Completa
Secundaria Incompleta
Primaria Completa
Primaria Incompleta
0,0
Ninguno
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Esta situación es peor en el sector rural, pues el promedio de años de educación
era tan sólo 4.7 años, en el 2012, un factor que necesariamente se tienen que
reflejar, primero en la competitividad del sector, y segundo, en la calidad del
empleo, como lo corrobora el trabajo del Banco de la República: (en el sector
rural) “el empleo no asalariado, de muy baja calidad, ha venido elevándose desde
finales del año 2008 y sólo ha dado signos de comenzar a ceder en 2012. Creció
3.4% 2011 y 2.0% en 2012. Se trata, sobre todo de su componente más precario
de trabajadorpor cuenta propia (su ingreso medio es apenas 0.45 SML), que no
han dejado de subir y de los ayudantes no remunerados (ingreso cero) que solo
bajaron el año pasado. Este empleo, el no asalariado, representaba en octubrediciembre últimos el 82.7% del empleo rural”8.
2.2 ¿Ingresos de subsistencia?
Cuando se analizan las cifras de ingresos laborales de la población ocupada que
informa al DANE, las estadísticas no sorprenden, pues se sigue evidenciando la
tendencia hacia la precariedad en las remuneraciones. Según la Encuesta
Integrada de hogares del DANE, para el 2012, un 25.8% de los ocupados recibió
entre medio y menos de un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), un
21.9% entre cero y menos de medio smmlv; el 22.7% obtuvo entre 1 y menos de
1.5 smmlv, para un 22.2% su remuneración se ubicó en el rango de 1.5 smmlv en
adelante y un preocupante 7.4% que reporta ingresos laborales de cero, cifra que
corresponde, muy seguramente, a los trabajadores familiares sin remuneración y a
los trabajadores sin remuneración en otras empresas.
8
Ibíd., pág. 20-21.
10
Tabla 2. Población ocupada según ingresos laborales (%) 2012.
Rangos de Ingresos
Total de
Participación Acumulado %
laborales
ocupados
(%)
0.0
1.475.488
7.4
7.4
Entre 0 y menos 0.5 smmlv
4.371.820
21.9
29.3
Entre 0.5 y menos 1 smmlv
5.136.904
25.8
55.1
Entre 1 y menos 1.5 smmlv
4.518.711
22.7
77.8
1.5 smmlv y en adelante
4.421.261
22.2
100
Ingreso promedio
770.057
Estos ingresos tan precarios, son peores entre la población joven (hasta 24 años),
y entre las mujeres, los que en un 70.8% y un 61.42%, respectivamente, recibieron
ingresos por debajo de 1SMLV.
Con respecto al 2011, la calidad de los ingresos laborales, antes que mejorar,
empeoró, pues de acuerdo con la encuesta del DANE, se incrementó en 5.9 pp el
porcentaje de la población que percibía ingresos por debajo de un salario mínimo,
lo que indica que si bien la tasa de ocupación se incrementó, el desempleo se
redujo y la economía creció 4 pp, esto no se tradujo ni en mejores empleos, ni una
mejor distribución del ingreso.
Analizando los promedios de ingresos laborales por ramas de actividad económica
la situación es aún más desconcertante. En la Agricultura, pesca, ganadería, caza
y silvicultura el ingreso promedio no alcanza ni el salario mínimo llegando a sólo
$448.736. Recordemos que de cada 100 ocupados, 17.5 hacen parte de esta
rama, expuestos a recibir estos precarios ingresos.
La rama de actividad que presentó el mayor promedio de ingresos laborales y de
años de educación fue la Intermediación financiera con $1.768.763 y 14.1 años
respectivamente; segundo se ubicó el sector de Suministro de electricidad, gas y
agua, con un promedio de ingresos de $1.266.309 y 11.6 años de educación. Sin
embargo, de cada 100 ocupados, éstas ramas sólo contribuye con 1.3 y 0.5
ocupados en el total nacional, respectivamente, es decir son muy pocas las
personas que pueden acceder a este tipo de remuneraciones.
Comercio, hoteles y restaurantes, rama de actividad que más ocupados agrupa,
27.5 de cada 100, terminó el año con un promedio de ingresos de tan sólo
$649.040 y con 44 horas efectivas de trabajo. Por su parte, servicios comunales,
sociales y personales, que participa con 19 de cada 100 ocupados, presentó
11
ingresos por $1.025.361 y 39.7 horas efectivas. En este sector es en el que están
ubicados los trabajadores del Estado
Otra rama que incide en el total de ocupados, la industria manufacturera con 12.8
por cada 100, registró un ingreso promedio de $753.058, incluso menor que el
promedio de ingresos laborales del total nacional. La tabla siguiente muestra la
información para todas las ramas.
Tabla 3. Promedio de ingresos laborales, horas efectivas y años de
escolaridad según rama de actividad, 2012.
Ingresos laborales
Horas
Años de
Rama de Actividad
promedios
efectivas educación
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura
448.736
39.3
4.7
1.189.853
47.0
7.3
Industria Manufacturera
753.058
42.5
9.1
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
1.266.309
46.1
11.6
Construcción
734.642
45.0
7.6
Comercio, hoteles y restaurantes
649.040
44.0
8.6
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
752.833
52.2
9.0
Intermediación financiera
1.768.763
42.4
14.1
Actividades Inmobiliarias
1.044.910
40.8
11.1
Servicios comunales, sociales y personales
1.025.361
39.7
11.2
2.3 El trabajo informal no cede y domina en la economía colombiana
La tasa de informalidad permanece alta al punto que el 68% a nivel nacional y el
51.1% de la población que trabaja en las 13 áreas, se encontraba en esta
condición9.
Características del trabajo en la economía informal son los trabajos más precarios
y menos productivos, la ausencia de ingresos fijos y suficientes con los cuales
atender las necesidades personales y familiares, y la exclusión de la protección
social. En su conjunto el 87.7% de los trabajadores y trabajadoras de la economía
informal no tienen seguridad social (ni salud ni pensión).
Tabla 4. Población ocupada por ramas y niveles de trabajo informal
Rama de actividad
Ocupados
Tasa de
informalidad %
9
La primera cifra es reportada por el Ministerio del Trabajo y corresponde al porcentaje de trabajadores que
no cuentan con protección social (salud, riesgos profesionales y, pensiones); la segunda es suministrada por
el DANE y corresponde al porcentaje de trabajadores que trabajan en unidades de 5 o menos trabajadores.
12
Ocupados total nacional
21.192.168
68,0 %
Agricultura, pesca, ganadería, caza y
3.816.429
91.0
silvicultura
Construcción
1.283.689
73.4
186.112
59.4
Suministro de electricidad Gas y Agua
122.228
15.1
2.739.800
62.3
Comercio, hoteles, restaurantes
5.706.038
78.4
Transporte, almacenamiento y
1.664.677
66.3
comunicaciones
261.392
15.8
Actividades inmobiliarias
1.467.574
47.5
Servicios comunales, sociales y
3.934.197
46.8
personales
Fuente: DANE. Cálculos SAMPL-DGPESF -MinTrabajo Ramas de actividad: CIIU
Revisión 3
Si el país privilegiara una política de fortalecimiento del mercado interno (que
supone mejorar distribución del ingreso), el desarrollo de la infraestructura, el
mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación, en particular de la
educación superior, los resultados del empleo y la estructura del mercado de
trabajo serían otras, más acordes con la idea de una sociedad incluyente y
democrática en los componentes social y económico.
2.4 Déficit de trabajo decente para las mujeres
La OIT ha definido el trabajo decente como el “trabajo productivo en condiciones
de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos
y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” (OIT, 1999a)10 .
Desde esta perspectiva, las mujeres en Colombia no disfrutan de trabajo decente
y el déficit del mismo es estructural, debido a que las mujeres tienen menos
libertad para encontrar un trabajo acorde con su nivel de competencias, obtienen
menos ingresos que los hombres y menos derechos laborales, tales como
afiliación a pensiones y afiliación sindical.
Según los datos del DANE, en el 2012 había 22.9 millones de colombianas, de las
cuales 18.3 millones se encontraban en edad de trabajar 11, lo que quiere decir,
que potencialmente, el 79,8% de las mujeres podían participar del mercado de
trabajo, Sin embargo, sólo el 54,1% de ellas (9.9 millones) lo podían hacer
10
http://www.oitchile.cl/pdf/publicaciones/ser/ser007.pdf
porque tienen más de 12 años si viven en la z de las cuales urbana o más de 10 años si habitan en el área
rural.
11
13
efectivamente, ya sea que estuvieran trabajando, el 43.7%, o se hallaran en
condición de desempleadas, el 13.7%. En cambio, los hombres tenían una tasa
mayor de participación, 75,4%, y presentaban también una menor tasa de
desempleo, 7.8%.
Tabla 5. Mujeres y hombres en el mercado de trabajo 2012.
Concepto
total
hombres
mujeres
% población en edad de trabajar
79,1
78,3
79,8
TGP
64,5
75,4
54,1
TO
57,8
69,5
46,7
TD
10,4
7,8
13.7
T.D. Abierto
9,7
7,5
12,5
T.D. Oculto
0,7
0,3
1,2
Tasa de subempleo subjetivo
32,4
32,4
32,4
Tasa de trabajo informal*
51.1
47.8
54.9
Inactivos
12.690
4.301
8.390
Nivel de ingresos laborales promedio
841.133
665.036
Años de educación
8.2
9.3
*datos para 13 áreas metropolitanas
Fuente: DANE. Gran Encuesta Continua de Hogares. Promedio de los cuatro
trimestres de 2012. Total nacional (cálculos propios)
Esta discriminación que padecen las mujeres en el mercado de trabajo tiene que
ver, en parte, con el hecho de que culturalmente sobre las mujeresdescansa la
mayor responsabilidad de los trabajos del cuidado del hogar, como se ve en la
tasa de inactividad, que es muchísimo mayor entre estas que entre los hombres,
una “inactividad” que está dedicada principalmente a los oficios del hogar (59%);
o en el hecho de que mientras apenas 3.6% de los hombres están ocupados como
trabajadores familiares sin remuneración, y sólo 0.3% como trabajadores
domésticos, la participación de la mujeres en estas categorías ocupacionales sea
del 8% en cada una de ellas.
Desde el punto de vista de la rama económica, las mujeres se concentran en
comercio, hoteles y restaurantes, 33%, frente a un 22.3% de los hombres, y en el
sector de servicios comunales, sociales y personales, 31.1%, frente a 10.4 de los
hombres.
La mayor participación de las mujeres en estas actividades, asociadas al cuidado
y al servicios de otros, lo que refleja es como la cultura patriarcal dominante
traslada los estereotipos de la familia a la economía: las mujeres para servir a
otros, la disponibilidad para el cuidado, también los salarios más bajos ya que se
entiende que tales trabajos se derivan de un saber natural de las mujeres y que
por tanto puede ser menos valorado económicamente.
14
Respecto del trabajo en la economía informal, que implica incertidumbre,
precariedad en los ingresos y desprotección social, las mujeres también se
encuentran en una peor situación que los hombres, con una tasa de informalidad
para las 13 áreas metropolitanas del país del 54.9%, con un incremento de 0.5 pp
en el último año, en tanto que el trabajo informal es menor entre los hombres,
47.8%, y disminuyó 0.5 pp con respecto a 2011.
Tabla 6. Ingresos laborales de hombres y mujeres
Mujeres
Total
No informa
3,2
Personas que reportan ingresos laborales cero
y trabajadores familiares sin remuneración
9,7
Rango entre cero y medio SMMLV
28,3
Rango entre medio y 1 SMMLV
23,4
Rango entre 1 y 1.5 SMMLV
17,4
Más de 1.5 SMMLV
18,0
Fuente: DANE. Gran Encuesta Continua de Hogares
Acumulad
o
3.2
Hombres
12.9
41.2
64.6
82.0
100
5,3
16,1
25,8
25,0
23,7
4,1
Acumula
do
4.1
9.4
25.5
51.3
76.3
100
En cuanto a los ingresos, el DANE reporta que en el 2012, el 38% de las mujeres
ocupadas recibieron menos de medio salario SMMLV, siendo 653.606 más
mujeres que hombres las que se encuentran en esta situación. Ahora, cuando los
ingresos aumentan, es decir, a partir del rango entre medio y 1 SMMLV, la
situación entre hombres y mujeres cambia. Según la tabla 9, los hombres que
ganan más de medio SMMLV son 9.053 millones mientras que las mujeres son
5.023 millones.
2.4.1 Cambios legislativos y políticas gubernamentales
En los últimos años se aprobaron tres normas relacionadas con la equidad en el
trabajo: La Ley de Economía del Cuidado en 2010, que obliga Estado registrar en
sus cuentas el valor de los trabajos del cuidado, realizados principalmente por
mujeres y que no es remunerado.
A fines de 2011 se aprobó la Ley de Igualdad Salarial, orientada a resolver la
brecha de salarios entre hombres y mujeres que realizan la misma actividad o
generan la misma productividad. En 2012 Colombia ratificó el Convenio 189 de la
OIT sobre trabajo doméstico, que introduce un marco regulatorio más garantista
para las personas ocupadas en esta labor, en la que el 95% son mujeres. Y
también el año pasado la sentencia T628 de la Corte Constitucional le ordenó al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pagar a las madres comunitarias al
menos un salario mínimo legal y más recientemente se aprueba el decreto 2733
15
de 2012 que otorga beneficios tributarios a los empresarios que contraten mujeres
víctimas de violencia.
2.5 Jóvenes y mercado de trabajo.
Tabla 7. Principales indicadores laborales población entre 14 a 26 años de
edad, total nacional 2011-2012
CONCEPTO
2012
2011
% población en edad de trabajar
29,08
29,61
TGP
56,11
54,74
TO
45,47
43,85
TD
18,98
19,95
% Inactivos / PET 14 a 26 años
43,89
45,26
Población en edad de trabajar
3.5781,06 3.5247,95
Población en edad de trabajar de 14 a 26 años 10.405,67 10.436,02
Población económicamente activa
5.838,84 5712,16
Ocupados
4.731,55 4.575,87
Desocupados
1.107,30 1.136,29
Inactivos
4.566,83 4.723,86
Fuente: DANE. Cálculos propios. Tercer trimestre móvil.
En el 2012 había en Colombia 10.4 millones de jóvenes en edad de trabajar (entre
14 y 26 años), de los cuales el 45.47% figuraban como ocupados y el 18.98% se
encontraban desempleados, una tasa de desempleo que es 8.58 pp por encima de
la tasa de desempleo nacional.
Por posición ocupacional, el 47.1% eran empleados particulares, o trabajadores
asalariados, y el 31.5% -es decir 1.492.000- estaban bajo la figura de cuenta
propias – cifra que sigue siendo preocupante si se tiene en cuenta que la mayoría
de estos se encuentran en la informalidad12, con baja afiliación a la salud
contributiva13 y sin realizar aportes a pensiones14-; persisten ocupaciones como la
de trabajador familiar sin remuneración -444.000 mil jóvenes- y el de empleado
doméstico -146.000 personas-.
12
Para el total de 13 áreas, promedio trimestres móviles de 2012, de 3.698 trabajadores cuenta propia, solo
700 se encuentran vinculados a la formalidad (18.9%). Cálculos propios, GIH. DANE. Población ocupada
informal y formal para tamaño de empresa hasta 5 trabajadores según posición ocupacional (en miles).
13
En el cuarto trimestre de 2012, 85,7% de la población joven (14 a 26 años) ocupada reportó estar afiliada
al régimen de seguridad social en salud: contributivo 38,5%, subsidiado 45,8% y régimen especial 1,3%.
GIH –Boletín de prensa. DANE.
14
En el cuarto trimestre de 2012, 74,4% de la población joven (14 a 26 años) ocupada reportó no
cotizar a pensiones, en tanto que 25,6% reportó cotizar. GIH –Boletín de prensa. DANE.
16
Con respecto a las ramas de la actividad económica donde se concentra la
mayoría de la población entre los 14 y 26 años, se tiene que para 2012 –total
nacional- el 28.9% se ubica en comercio, hoteles y restaurantes, y tal como se
mostró anteriormente es donde se encuentran los niveles más altos de
informalidad; seguido por la de agricultura, pesca y ganadería donde está un
18.1%; un 15.3% en servicios comunales, sociales y personales; un 13.4% en
industria manufacturera; un 8.8% en transporte, almacenamiento y
comunicaciones, y el porcentaje restante distribuido en las otras ramas.
La generación de más y mejores puestos de trabajo para los jóvenes se convierte
en desafío, donde el ingreso a la vida laboral está marcado por altas tasas de
informalidad, desocupación y desencanto. “No podemos prescindir del aporte de
los jóvenes para construir sociedades prósperas e inclusivas en nuestra región. La
generación de empleo juvenil no debe verse como la solución a un problema, sino
como una manera de aprovechar una gran oportunidad para nuestros países.
Ahora es el momento de asumir este desafío político”, nos lo recordaba la OIT.15
La situación de desempleo es más grave para la población joven de los estratos
más pobres de la población, como se ve en la tabla que sigue:
Tabla 8. Tasas de desempleo entre la población joven de los estratos más
pobres de la población.
Desempleo 12 – 19 años en Desempleo 20 – 24 años en el
el 20% más pobre de los
20% más pobre de los
hogares
hogares
Pereira
55.5
54
Cúcuta
47
36
Bucaramanga
44
50
Medellín
43
42
Cali
43
45
Manizalez
45
46
Ibague
40
30
Villavicencio
37
35
Bogotá
35.5
42
Barranquilla
32.5
35
Pasto
32.5
28
Cartagena
26.5
31
Montería
25
37
13 ciudades
39.8
40
15
Elizabeth Tinoco, Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. En: “Jóvenes, indignados y
sin empleo” Abril 8 de 2012. Consultado 10 de abril de 2013. Disponible en:
http://www.ilo.org/americas/oficina-regional/direcci%C3%B3n-regional/WCMS_178354/lang--es/index.htm
17
Fuente: DANE, encuestas de hogares; cálculos Banco República -Medellín.
Quintiles promedio de las 13 ciudades
Resulta apenas “lógico”, que los altos niveles de violencia que presentan nuestras
ciudades se presenten precisamente en aquellas barriadas donde habitan los
estratos más pobres de la población. Para muchos jóvenes, hacerse a un ingreso
y a un cierto reconocimiento social, no es posible a través del acceso a educación
con calidad, ni a trabajo en condiciones de trabajo decentes, de los que están
excluidos en su mayoría, sino a través de su vinculación a combos, pandillas y
grupos armados (bacrím, autodefensas o guerrillas).
2.7 La protección social de los trabajadores y trabajadoras.
Tabla 8. La protección social de los trabajadores en Colombia.
2011
2012
Variación pp
Total ocupados
100
100
Salud (régimen contributivo)
46.0
46.2
0.2
Riesgos profesionales
38.0
40.7
2.7
Pensiones
30,7
30,7
0
Cesantías (no incluye a los afiliados al Fondo
26.8
27.37
0.57
Nacional del Ahorro)
Promedio:
35.4
36.2
0.8
Fuente: DANE, FASECOLDA, SUPERFINANCIERA.
Como lo indica la tabla, en Colombia, apenas 36 de cada 100 trabajadores
cuentan con protección social. La cobertura más alta se presenta en materia de
salud (régimen contributivo), con una afiliación del 46.2%; le sigue la afiliación a
riesgos profesionales, con el 40.7%, y la más baja en el régimen de cesantías, con
el 27.37%.
Algunos de estos indicadores son claves en relación con la calidad del empleo que
se tiene. Como el de afiliación a fondos de cesantías, que es un indicador de
estabilidad en el trabajo, de continuidad de la relación laboral, y su baja cobertura
lo que indica es que en Colombia los empleos se dan principalmente en la
economía informal, y que el empleo formal y asalariado, es de muy corta duración,
que existen altos niveles de rotación en los empleos, que se entra y se sale del
mercado de trabajo con gran facilidad y que predominan los empleos precarios en
cuanto a su duración
La baja cobertura de trabajadores afiliados cotizantes a pensiones, también es un
indicador de la baja incidencia del empleo formal asalariado, y especialmente de
la forma como este tipo de relación laboral ha evolucionado: aumenta la población
ocupada, baja la tasa de desempleo, pero los empleos que crea el crecimiento
económico, no son empleos que representen Trabajo Decente en los términos en
18
que la OIT concibe este concepto; trabajo productivo y no de mera sobrevivencia,
trabajo con ingresos dignos, trabajo con libertad y con diálogos social.
2.8 La salud ocupacional de los trabajadores y trabajadoras.
2.8.1 La invisibilidad de la enfermedad laboral.
Figura 4. Accidentalidad, Enfermedad y Muerte laboral en Colombia. 2007 -
2012
Fuente: Fasecolda. www.fasecolda.com.co
Las enfermedades ocupacionales han aumentado consistentemente desde la
promulgación de la ley 100. Al igual que el accidente de trabajo, la enfermedad
ocupacional (EP) no ha disminuido, al contrario que, comparada con los índices de
crecimiento de la afiliación, ha aumento en proporciones mucho más alta.
Mientras que la afiliación entre 2007 y 2011 aumentó en 1,78%, el aumento de la
enfermedad laboral en este mismo periodo fue escandalosamente del 38%
anualmente. Es decir cada año se presentan 38% más enfermedades producto de
la forma y de las condiciones de trabajo. Es así que en el año 2012 fueron
calificadas más de 9.524 EP, reconociéndose 27 enfermedades laborales cada
hora, cifras bastante alta para el promedio latinoamericano.
Si comparamos las tres contingencias por efectos de las condiciones de trabajo (es
decir Accidente, enfermedad y muerte) se puede decir según la figura 4 que estas
variables han aumentado sostenidamente, sin que se observe a mediano o corto
plazo el mejoramiento de dicha situación, o su disminución y control.
En la Colombia olvidada se ha convertido el drama de las muertes en el trabajo,
producido por los oficios peligrosos que existen y que se han venido agravando no
solo por la naturaleza propia del objeto de trabajo, sino también por el deterioro de
la calidad del trabajo y del empleo, por la expansión de trabajos en fuertes
condiciones informales, que configuran la tesis sobre el déficit de trabajo decente
19
que hoy existe, producto, entre muchas otras razones, por la exclusión económica
y social que viven las trabajadoras y los trabajadores colombianos, quienes serían
las y los actores naturales de las reivindicaciones de mejores condiciones
laborales.
2.8.2 La mortalidad en el trabajo. El olvido y el drama de los oficios
peligrosos y la muerte en el trabajo en Colombia
Esta evidencia de la extensión de formas precarias y peligrosas de trabajo, ha
aumentado con el transcurso del tiempo después de la promulgación de la Ley
100, pero también cada vez es más desconocida por los sistemas mercantilizados
de los seguros contra accidente y muerte laboral. En el año 2012 se reconocieron
532 muertes por formas precarias de trabajo, pero si aceptamos las cifras de la
OIT, que afirma que solo entre el 4 y 5% de las muertes y enfermedades en
América Latina son reconocidas, esta situación podría presentarse mucho más
peligrosa, puesto que entonces la presencia de muerte laboral, podría subir casi el
100%, es decir, más de 1.000 muertes anuales. Las actividades inmobiliarias,
(25%%) la construcción (13,7%), el transporte y la minería (12%) son los sectores
y actividades económicas que ponen más muertes laborales.
2.9 El trabajo infantil
En el 2012, había en el país 11 millones, 332 mil personas entre 5 y 17 años, 4.3%
más que en el 2011. De esta población, se encontraba trabajando un total de un
millón, 111 mil niños, cifra que no incluye a los niños y niñas que realizaban oficios
en hogar por más de 15 horas a la semana. Esta cifra representa una disminución
muy importante frente a 2011: -36.8%, una disminución que es consecuencia de
las políticas que se impulsan desde los municipios para garantizar la permanencia
de los niños y niñas en el sistema educativos, como la gratuidad de la educación y
los comedores escolares; también consecuencia de las transferencias monetarias
que el Estado hace a las familias y a los adultos mayores, transferencias que tanta
molestia suscitan entre los ideólogos del neoliberalismo, no así aquellas que se
dirigen al gran capital, como las exenciones tributarias.
Tabla 10. Las estadísticas del trabajo infantil
SEXO Y EDAD
Población de 5 a 17 años que trabaja
Total nacional
1.111
Según sexo:
Hombres
772
TTI %
9.8
69,4
20
Mujeres
Según edad:
De 5 a 14
De 15 a 17
TOTAL
menos de 15 horas
de 15 a 29 horas
30 horas y más
340
30,6
466
646
Horas trabajadas a la semana:
1.111
483
242
386
41,9
58,1
100
43,5
21,8
34,8
Fuente: DANE - GEIH - Módulo de trabajo infantil 2012
De todas maneras, la tasa de trabajo infantil sigue siendo muy alta. 9.8%, o
15.2%, si incluimos a los niñas y niños que realizan oficios en el hogar por más de
15 horas semanales, la llamada tasa de trabajo infantil ampliada. Hace un año
estos indicadores estaban en 13% el primero, y 15.4% el segundo, lo que indica
que aún es muy fuerte la necesidad que tienen los hogares, sobre todo en la
zonas rurales, y entre los hogares más pobres, de vincular el trabajo de los niños
al sostenimiento del hogar, aunque sea disfrazándolo de oficios, como lavar,
cocinar, ayudar al cuidado de los enfermos y de los más niños, hacer mandados,
labores de limpieza y mantenimiento de los hogares.
Estos indicadores son peores si se excluye a las cabeceras municipales: 17% y
24.2%, respectivamente, lo que es consecuencia de la precariedad del empleo y
de los ingresos, de los altos niveles de desempleo y de la desprotección que los
desempleados tienen en relación con sus ingresos.
Como lo indica la tabla, las horas que los niños y niñas dedican al trabajo,
necesariamente tienen que afectar negativamente el tiempo que requieren para su
formación y educación, para el juego y para la socialización con otros niños y
niñas y con sus comunidades, un fenómeno que posteriormente va a tener
consecuencias sociales, de manera inmediata con la calidad de vida que tiene
este segmento de la población colombiana, obligada a trabajar desde muy
temprana edad; segundo, con los bajos niveles de educación que en general
presenta la población trabajadora; tercero, con el fenómeno de la pobre cultura
ciudadana y de participación que en general caracteriza nuestra sociedad; y,
finalmente, con los altísimos niveles de violencia que tenemos, pues obligar a
trabajar a los niños y niñas necesariamente crea una cultura de resentimiento que
posteriormente se proyecta hacia los demás.
Tabla 11. Trabajo infantil por ramas de actividad económica.
Total nacional
No informa
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura
1.111
2
406
161
337
%
0,1
36,6
14,5
30,4
21
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios, comunales, sociales y personales
Otras ramas*
61
79
65
5,5
7,1
5,9
La mayor proporción de niños y niñas trabajadores se concentra en el sector
agropecuario, con el 36.6% del total, seguido de las actividades del comercio,
hoteles y restaurantes, con el 30.4%, y la industria manufacturera, con el 14.5%.
Finalmente, el 47.9% de los niños y niñas que trabajan no reciben ninguna
remuneración, entre ellos los trabajadores sin remuneración, que representan el
46.1% del total, lo que indica que aquí el trabajo de los niños y niñas es una labor
complementaria, absolutamente necesaria cuando no se tiene la capacidad
económica de contratar trabajadores remunerados para ayudar con la labores del
hogar, o con las actividades económicas que en estos se realizan.
Tabla 12. Trabajo infantil y posición ocupacional
Total nacional
Sin remuneración o ganancia
Hasta 1/4 smmlv
Entre 1/4 y 1/2 smmlv
Más de 1/2 smmlv
No informa
Total nacional
Asalariados
Independientes
Trabajador sin remuneración
1.111
532
275
129
162
13
1.111
310
289
512
%
47,9
24,8
11,6
14,5
1,2
27,9
26,0
46,1
Como lo indica la tabla, el 36.4% de los niños y niñas que reciben remuneración
tienen ingresos inferiores a medios smmlv y apenas un 14.5% reciben ingresos
superiores a medios salario mínimo.
3. Políticas públicas de formalización del empleo en Colombia.
A finales del año 2010 fue aprobada la ley de formalización y generación de
empleo 1429, o también llamada de primer empleo, que introdujo beneficios
disminuyendo los costos laborales durante los 4 primeros años de vida para las
pequeñas empresas que se han constituido a partir de su promulgación,
permitiéndoles pagar progresivamente los aportes parafiscales y las
contribuciones al Fosyga y al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. El articulado
contieneincentivos a la generación de empleo para jóvenes, población en situación
de desplazamiento, en condición de discapacidad, mujeres mayores de 40 años
que no hayan tenido un contrato de trabajo en los 12 meses anteriores a su
22
vinculación, y/o personas cabeza de familia que estén en los niveles 1 y 2 del
SISBEN.
Mauricio Santamaría, entonces Ministro de la Protección Social, argumentó ante
los medios de comunicación que dicha iniciativa estaría encaminada a generar 2,5
millones de trabajos nuevos,16 formalizar 500.000 empleos en el país, y reducir la
desocupación al 8%.17Sin embargo, Ley 1429 / 2010 generó una situación
ambigua. Mientras, por un lado, pretendía eliminar la tercerización a través de las
cooperativas de trabajo asociado CTA´s, obligándolas solo a prestar solamente
servicios temporales o parciales y no labores misionales y permanentes propias de
las empresas, durante 2011 y 2012 proliferó el número Sociedades por Acciones
simplificadas (SAS), antiguas CTA reconvertidas a SAS para seguir haciendo
intermediación laboral, las que en el 2012, representaron el 91,9% del total de
empresas creadas. Adicionalmente se promovieron 723 contratos sindicales,
pactados con antiguas CTA reconvertidas esta vez en falsos sindicatos,
manteniendo a través de estas figuras los altos índices de intermediación y
precarización del empleo que caracteriza nuestro mercado de trabajo. Finalmente,
las políticas públicas de formalización del empleo dejaron de lado el fenómeno de
la informalidad en los sectores por cuenta propia, en el que trabaja el 43% de la
población ocupada.
Adicionalmente, el gobierno nacional expidió la ley 1610, que modifico algunos
trámites y competencias de los inspectores del trabajo, y además incluyó la
posibilidad de promover acuerdos de formalización vinculantes, para que a través
del dialogo se alcancen a formalizar empleos existentes. Esta, ley se reglamentó a
través de la resolución 321 del 14 de febrero de 2013.
Los acuerdos formalización laboral están ligados a la voluntad de las empresas si
son de manera preventiva, o a la correcta función de inspección y vigilancia del
Ministerio del Trabajo. En este sentido, resulta ser una herramienta que
correctamente aplicada puede ser muy importante, pero a condición de una
eficiente labor de inspección e información y de una participación activa y real de
sindicatos y trabajadores. Además requiere hacer un seguimiento y publicidad a
los acuerdos, a fin de lograr que éstos alcancen lo prometido y no sean utilizados
como medio de discriminación antisindical.
El balance que hace el Ministerio de Trabajo, arroja que a diciembre de 2012 se
había beneficiado de los artículos 4 y 50 de esta ley, 69.384 empresas, las que
había generado 454.967 empleos cotizantes, y 15.439 pequeñas empresas
beneficiadas de la progresividad del pago de parafiscales, con un resultado de
16
También se aumentará la oferta de aprendices del Sena a más instituciones reconocidas por el Estado. Tanto el
presidente Santos como el ministro Santa María dijeron que los costos de este programa serán cubiertos con el
desmonte gradual del 30 por ciento de las deducciones en el impuesto a la renta por la inversión que hacen las
empresas en activos fijos, y que se calcula en 3,5 billones de pesos.
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-7871906.html
17
“Presentan proyecto de formalización empresarial y primer empleo”, Revista Dinero, 20 de agosto de 2010. Consultado el
22 de septiembre de 2010, Tomado dehttp://www.dinero.com/actualidad/empleo/presentan-proyecto-formalizacionempresarial-primer-empleo_75822.aspx
23
106.767 nuevos aportantes. Hasta junio de 2012, estas cifras incluían 289.331
jóvenes menores de 28 años18.
Adicionalmente, el ministerio informaba también sobre la suscripción de 1.014
acuerdos de de formalización (algunos previos a la ley 1610 de 2013),que
buscaban formalizar 14.302 empleos, una cifra bastante baja. En particular se
informa que en el departamento del Valle, se firmaron acuerdos para formalizar
791 personas en puertos, y otro en el sector del azúcar, que incluía a 10.485
trabajadores, y otro más en el Meta, para el sector de la palma, que preveía
formalizar 1.271 empleos. Este último acuerdo, no incluyó a los trabajadores del
sector palmero en Puerto Wilches, que habían logrado que el ministerio del trabajo
impusiera una multa multimillonaria a las empresas de este sector por
subcontratación ilegal, una situación que les trajo como consecuencia la exclusión
del trabajo a los trabajadores que participaron en la promoción de las acciones
jurídicas para proteger sus derechos.
Sin embargo, al cruzar estos datos con los cotizantes activos al sistema pensional,
que constituye el mejor indicador para medir la eficacia de la ley, nos damos
cuenta que la realidad es muy diferente: en promedio, durante el 2012 los
cotizantes a pensiones apenas crecieron en 216 mil personas, un 3.5% de
incremento, no todos ellos como consecuencia de la aplicación de la ley. La
diferencia entre los datos del ministerio y el total de los trabajadores cotizantes a
pensiones, muy seguramente es el resultado del aprovechamiento oportunista y
fraudulento que muchos empleadores hace de la ley, para aprovechar sus
beneficios, así sea de manera transitoria, para luego volver a sus prácticas
habituales de evasión o de elusión de la ley.
Tabla 9. Población afiliada cotizante pensiones, régimen de prima media y
régimen de ahorro individual, promedio año (cifras en miles)
2009
2010
2011
2012
Población ocupada
18.420 19.213 20.019 20.694
Total afiliados cotizantes a pensiones
5.702
5.861
6.136
6.352
% Afiliados a pensiones sobre población
ocupada
31,0% 30,5% 30,7% 30,7%
Fuente: SUPERFINANCIERA.
Adicionalmente, el mercado de trabajo colombiano se caracteriza por una gran
inestabilidad y rotación del personal asalariado, que en el sector privado y en las
cabeceras municipales es de 47%. Este porcentaje corresponde a ocupados que
llevan en las empresas hasta un año o menos y resulta de medir la tasa bruta de
enganches, que fue de 50% en el 2012, más la tasa bruta de
18
Ministerio del Trabajo. Informe de seguimiento a la ley 1429 de 2010 ley de formalización y generación de
empleo
24
desenganches, que fue de 43% y se divide entre dos. Según Hugo López, para los
poco educados la rotación anual es de 51% y para los más educados de 41%.
4. SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
COLOMBIA
Los estudios que sobre discapacidad se han realizado en el país, indican que, de
acuerdo con el “censo 2005 del total de la población colombiana, el 6.3% tiene por
lo menos una “limitación permanente”; es decir, aproximadamente 2 millones y
medio de personas se encuentran en situación de discapacidad”19. En este
sentido, Colombia es el segundo país con mayor prevalencia de personas con
discapacidad después de Brasil con un 14, 5% y seguido de Costa Rica con 5,
4%17.
Del total de personas en situación de discapacidad, el 71,2% presenta una
limitación, el 14,5% dos limitaciones, el 5,7% tres limitaciones y el 8,7% tres o más
limitaciones permanentes, como se evidencia en la siguiente gráfica.
El Censo 2005 reporta una prevalencia de limitaciones permanentes en los
hombres, 6,5% y el 6,1% de las mujeres. Por otra parte, para marzo de 2010 el
RLCPD contaba con 857.132 registros de personas con discapacidad a nivel
nacional (aproximadamente el 33% del total de personas con discapacidad
nacional según las cifras del Censo 2005),
Gráfica 5. Porcentaje de personas según el número de limitaciones
permanentes.
Esta población es sujeto de una especial protección, otorgada por el constituyente
y ampliamente desarrollada a nivel jurisprudencial y legal. Además, Colombia es
parte de la convención que reconoce los derechos de las personas con
19
Las personas con discapacidad en Colombia, una mirada a la luz de la convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, DEJUSTICIA centro de estudios de derecho justicia y sociedad.
25
discapacidad (CDPD), la que dispone en el art. 27 que “los Estados Partes
reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad
de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de
ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en entornos
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con
discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del
derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad
durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de
legislación…”
No obstante estos compromiso que ha contraído el Estado colombiano, la
información disponible sobre las condiciones laborales de esta población son
incompletas y no están actualizadas, un factor que al mismo tiempo es un reflejo
de la voluntad política predomeinante para desarrollar políticas pública que
promuevan los derechos humanos y laborales de los discapacitados en Colombia.
Al respecto, la información recolectada por el RLCPD, antes dependencia del
DANE, transferido luego (2910) al Ministerio de la Protección Social, nos permite
una aproximación a la situación laboral de esta población, como se observa en la
tabla siguiente: hasta marzo de 2010,
Tabla 10. Población discapacitada que tiene trabajo, busca trabajo y reciben
pensión
Total
Trabajando Buscando Pensionad
Incapacitado
%
trabajo %
o
permanente para
%
trabajar - sin pensión
%
Antioquia
68.226
15,9
3,3
1,1
27,7
Cundinamarca
28.592
13,8
3,3
1,2
29,2
Amazonas
2.047
21,6
3,6
1,1
14,5
Caldas
15.245
15,9
2,6
1,8
30,8
Córdoba
23.892
8,7
3,2
0,2
46,4
Magdalena
14.847
11,4
4,5
0,3
29,4
Risaralda
17.320
22,6
4,4
2,8
18,8
Vaupés
160
26,2
1.8
2,5
Caquetá
9.933
22.5
5,5
0,2
27,3
Meta
7.772
16.2
5,6
0,2
30,4
San Andrés
1.177
13,8
1,1
10,2
12,5
Vichada
301
21,6
3,6
0,3
41,8
Arauca
3.787
13,2
4,3
0
27,7
26
Casanare
10.393
14,9
4,6
0,1
Guainía
176
29,5
2,3
2,2
Nariño
53.898
18,0
4,3
0,4
Santánder
42.528
15,7
3,0
0,7
Atlántico
20.615
8,6
5,3
1,9
Cauca
22.034
14,3
4,3
0,4
Guaviare
1.008
23,1
6,8
0
Norte de Santander 23.636
16,2
5,5
0,6
Sucre
23.190
11,1
3,8
0
Bolívar
20.815
12,5
4,2
0,5
Cesar
19.131
18,1
6,2
0,4
Huila
23.681
15,8
3,7
9,5
Putumayo
7.747
23,1
6,6
9,5
Tolima
33.358
12,7
3,9
0,5
Boyacá
24.187
11,3
3,0
0,4
Chocó
2.376
24,5
4,6
0,9
Guajira
11.498
18,1
7,5
0
Quindío
7.897
10,0
2,6
0,5
Valle
73.807
14,3
7,5
2,2
Suma y Promedios 615.274
16,6
4,3
1,6
Fuente: RLCPD, Ministerio de la Protección Social, marzo de 2010.
13,2
16,0
23,8
38,0
29,2
30,6
22,8
14,7
17,8
12,4
12,5
36,8
25,9
39,5
32,9
19,6
18,8
45,2
28,0
25,5
La tabla anterior nos da una idea aproximada de la situación laboral de los
discapacitados en Colombia. De las 615.274 personas registradas en la encuesta
del RLCPD de 2010, apenas el 16.6% se encontraban trabajando; el 4,3%
buscaban un trabajo y sólo el 1.6% estaba pensionada.
El dato más preocupante es que, en promedio, el 25.5% de estas personas se
encontraba en una situación de discapacidad permanente, y no recibía ninguna
pensión, con la situación más grave en córdoba y el Vichada, donde más del 40%
se encontraban en esta situación.
Sobre las condiciones de protección social que tienen las personas discapacitadas
que se encuentran ocupadas, no existen datos precisos, pues la información es
muy general: afiliados a salud, prevalece la afiliación al régimen subsidiado
(72%)m y un 4% de la población en discapacidad no se encuentra afiliada al
Sistema”20. Los datos sobre afiliación al régimen contributivo no diferencian entre
afiliados cotizantes y afiliados beneficiarios, una información clave para identificar
cuántos de ellos están vinculados al mercado laboral en condiciones de trabajo
decente.
20
Las personas con discapacidad en Colombia, una mirada a la luz de la convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, DEJUSTICIA centro de estudios de derecho justicia y sociedad.
27
Tampoco existe información a nivel nacional sobre las categorías ocupacionales
que predominan en la población con discapacidad, pero los datos de Bogotá y
Antioquia, nos permiten inferir algunas conclusiones. La primera es que predomina
el trabajo por cuenta propia, el 48% en Bogotá y el 43% en Antioquia, categoría
ocupacional en la que el grado de informalidad es del 80% a nivel nacional. En
Bogotá los ubicados como empleados particulares o trabajadores asalariados,
apenas son el 4.7% del total, y en Antioquia el 18.3%. En Bogotá, los
discapacitados que figuran como empleados domésticos, representan el 10.7%
del total, y en Antioquia el 4.7%.
Figura 6. Ingreso laborales de los trabajadores con discapacidad
Respecto a los ingresos percibidos por la población con discapacidad el grafico
elaborado a partir de la información del RPLCPD, ministerio de salud año 2011,
muestra que más de la mitad de los casos, aproximadamente el 60%, no se
percibe ingreso alguno.
No es casual, por tanto, que el 70% de las personas registradas como
discapacitados pertenezcan a los estratos 1 y 2, y que menos del 1% sean de los
estratos 5 y 6, según los datos del RLCDP.
4.1 Políticas públicas sobre discapacidad21
21
Plan Municipal De Atención A Las Personas En Situación De Discapacidad, 2008 -2018.
28
En el 2007 se expidió la ley 1145 que organiza el Sistema Nacional de
Discapacidad y busca impulsar la formulación e implementación de la política
pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del
orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con discapacidad
y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos
fundamentales, en el marco de los derechos humanos.
Previamente, en 2004, se había diseñado el Plan Nacional de Intervención en
Discapacidad (2004-2007), en el que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de la Protección Social, buscaba el desarrollo de iniciativas territoriales mediante
la ejecución de Planes de Acción, que sirvan como instrumentos de gestión de los
programas y proyectos conducentes al mejoramiento de los servicios de
promoción de entornos protectores y prevención de discapacidades, rehabilitación
y equiparación de oportunidades para la población con discapacidad.
El objetivo del Plan Nacional de Intervención de Discapacidad 2004 – 2007 era el
consolidar una política pública que permita construir una sociedad que, si bien
considera la discapacidad como una situación que puede y debe prevenir, a su
vez, respete y reconozca las diferencias que de ella se derivan, promoviendo que
las personas con discapacidad, la familia, la comunidad y el Estado concurran y
estén comprometidos en proveer las condiciones para lograr su máxima
autonomía y participación en los espacios cotidianos y de vida ciudadana.
Los gobernadores y alcaldes deben liderar el Plan en sus territorios y en forma
conjunta con todos los sectores en el marco de los Consejos de Política Social,
para garantizar la atención armónica, a través de los diferentes actores que deben
generar mecanismos de articulación, para posibilitar la atención integral de las
personas en riesgo y/o con discapacidad.
No obstante existir mecanismos para la generación de políticas públicas
departamentales y municipales para las personas con discapacidad, a la fecha,
de los 32 departamentos que tiene Colombia, sólo 15 han avanzado en políticas
públicas en discapacidad.
Recientemente se expidió la ley 1618 del 27 de febrero de 2013, denominada para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Esta ley establece entre varios temas, que todas las entidades territoriales deben
incorporar en sus planes de desarrollo una política pública de discapacidad, y que
en inserción laboral se otorgará preferencias en la adjudicación y celebración de
contratos y, además, en el otorgamiento de créditos o subvenciones a los
empleadores particulares cuya planta de trabajadores tenga mínimo 10 por ciento
de personas con discapacidad.
Como se ve por los datos analizados anteriormente, aunque el gobierno nacional,
los departamentos y municipios, están en la obligación de formular políticas
públicas de inclusión y hacerles seguimiento acerca de su efectiva aplicación, a la
fecha, se ha demostrado que las mismas se han quedado solo en formulaciones o
29
no han existido en la realidad y que tampoco la mayoría de los empleadores han
demostrado un real interés en implementarlas.
El derecho a la igualdad es un derecho humano fundamental consagrado en
nuestra constitución política. Como se puede inferir de los datos anteriores, la
población discapacitada del país no goza de manera real de este derecho, no sólo
porque en su mayoría está excluida del derecho al trabajo, que es un derecho
puente, que da acceso a otros derechos y permite vivir con dignidad y con
autonomía, sino porque sus condiciones agregan un factor de mayor
vulnerabilidad a los hogares de los que hacen parte, que mayoritariamente son
hogares pobres. En este sentido, la sociedad colombiana entera tiene una deuda
inmensa con esta población, deuda que debe pagarse a través de políticas
públicas de inclusión, en salud, educación, trabajo y dotación de equipamento
urbano y de espacios que les sean accesibles, pero fundamentalmente, a través
del aseguramiento de un ingreso mínimo que los proteja de caer en la indigencia y
les evite la humillante dependencia de otros, al menos en los que tienen que ver
con la atención a sus necesidades básicas.
5. Discriminación y Déficit de trabajo decente para los
afrodescendientes en Colombia
El Censo de 2005 reporta que el total de la población que se identificó
como afrocolombiano es el 10%. Sin embargo, diversas fuentes como
Agudelo (sin año) señala que con base en trabajos de Urrea, Ramírez y
Viáfara (2001) y de Barbary, Urrea (2004) se tiene que la población
negra en Colombia está entre el 18% y 22%. Por su parte, Escobar
(2005) afirma que este porcentaje es del orden del 26%, el cual es
compartido por algunos movimientos afrocolombianos. Para algunos
miembros del PCN este porcentaje es el 30%.
El 75% de los afrocolombianos está asentado en 7 departamentos: el
Valle del Cauca (25.3% de la población negra), Antioquia (13.8%),
Bolívar (11.5%), Chocó (6.6%), Nariño (6.3%),
Cauca (5.9%) y
Atlántico (5.3%). Además, salvo Antioquia, en estos departamentos la
participación de la población afrocolombiana es muy superior
al
promedio nacional, de manera que “… su connotación de una minoría
étnica-racial para el total nacional pierde relevancia…”. Viáfara (2007).
La discriminación, desigualdad, exclusión y precarización laboral son el
común denominador en la población afrodescendiente, situación que se
expresa en los bajos niveles de ingresos percibidos y en la insatisfacción
de necesidades básicas de esta población, que cada vez se ve más
obligada a generar ingresos a partir de la informalidad, o mediante otras
figuras de contratos precarizados, en donde se devengan salarios por
30
debajo del mínimo legal y en donde la inestabilidad laboral son la regla
general.
Adicionalmente, Viáfara encuentra que la categoría que más agrupa a
la población afrodescendiente es el autoempleo (excluye patrón o
empleador) con un 45% en los hombres y 39.3% para la mujeres
(frente a un 39.3% en hombres y 33.8% de mujeres no
afrocolombianos respectivamente). Esto lo atribuye a menores opciones
de acceder a empleos asalariados en el sector privado y una mayor
competencia por los empleos, que induce a que esta población acepte
trabajos que generan menores ingresos y sin acceso a seguridad social.
Por otro lado tan solo el 6% de los afrocolombianos está en la categoría
de patrón o empleador, frente al 9% de los no afrocolombianos. Esto
hace
pensar que
la población afrodescendiente tiene menores
posibilidades de acceso al mercado crediticio, necesario para desarrollar
actividades empresariales. Viáfara señala además que, a nivel urbano,
los hombres afrocolombianos tienen una mayor participación en el
sector primario (agropecuario, pesca) y en construcción que los no
afrocolombianos (26.6% frente a 17.1%); en tanto las mujeres se
desempeñan principalmente en el servicio doméstico. Cabe señalar
tanto hombres como mujeres tienen una menor participación en el
sector de servicios financieros típicamente un sector de salarios
elevados.
Estudios recientes muestran como este grupo poblacional presenta
déficit en el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad de
trabajo decente y están en su mayoría vinculados a actividades que no
sólo requieren de mayor esfuerzo físico, sino que son mal remunerados.
Igualmente se muestra que los trabajadores tanto asalariados,
independientes e informales, e incluso el trabajador infantil, se
desempeñan principalmente como obreros y un porcentaje bastante alto
de mujeres como empleadas domésticas. (Correa, 2011).
5.1 Análisis comparativo de las condiciones laborales de la
población afrocolombiana en Cartagena, Buenaventura, Cali y
Medellín.
5.1.1 Ingresos laborales
La regla general que se obtuvo con el estudio es que la población
encuestada tiene ingresos bajos. La Figura 7 muestra como la mayor
parte de los salarios se concentran en niveles entre menos de uno y dos
salarios mínimos mensuales. En primer lugar, el hecho de que exista
alrededor de un 21% de asalariados con salarios inferiores a un mínimo
legal en Buenaventura, Cali y Cartagena y 12,5% en Medellín es
31
preocupante, dado que su situación laboral exige, de acuerdo con la Ley,
que ganen al menos un salario mínimo y porque no es un salario
suficiente para llevar una vida digna.
En segundo lugar, una mayoría con salarios tan bajos (entre uno y dos
salarios mínimos) puede ser indicador de varias cosas: la mayoría de los
trabajadores tienen trabajos correspondientes a mano de obra no
calificada y por lo tanto tienen un nivel educativo bajo, o simplemente
solo pudieron emplearse en empresas que pagan salarios precarios.
Cartagena es la ciudad con el porcentaje más alto de personas con
salarios bajos mientras que Medellín muestra una población afro que se
distribuye de manera más uniforme en las diferentes categorías
salariales: un 40,6% recibe entre uno y dos salarios mínimos, un 31,3%
entre dos y cuatro y un 15,6% más de cuatro.
Figura 7. Ingresos mensuales en salarios mínimos mensuales
vigentes
5.1.2 Seguridad social de los trabajadores asalariados
La afiliación al sistema de protección social muestra grandes
disparidades entre ciudades, pero lo que más llama la atención es que
los mayores niveles de afiliación se registraron en Buenaventura
mientras que en otras ciudades existen bajas tasas de afiliación en al
menos una categoría: En Medellín solo un 40,6% de los trabajadores
asalariados reportó estar afiliado a una ARP, en Cali un 73,8% está
afiliado a un fondo de cesantías y en Cartagena se registraron las tasas
más bajas de afiliación en todas las categorías: en salud, solo un 75%;
en ARP y pensiones, un 61,7%; y en cesantías solo un 58,3% está
afiliado a algún fondo (Figura8).
Figura 8.Tasa de afiliación de los trabajadores al régimen
contributivo de salud y a una administradora de riesgos
32
profesionales (ARP) y afiliación a fondos de pensiones y
cesantías
5.1.3 Diálogo social
Con excepción de Medellín, las ciudades estudiadas muestran una
preocupante situación en cuanto a la posibilidad de los trabajadores
asalariados de participar en espacios de discusión y concertación y de
exigir y proteger sus derechos laborales. Al preguntarles si pertenecían
a estos espacios en la empresa la respuesta mayoritaria fue un no: en
Buenaventura un 59% no pertenece, en Cali un 70% y en Cartagena un
60%.
Aún más llamativas son las cifras de sindicalismo: la mayoría de los
encuestados reportaron que en sus respectivas empresas no cuentan
con la existencia de una organización sindical. Otro caso se da en
Medellín donde solo el 21,9% de los asalariados reportó la inexistencia
de una organización sindical en su empresa (ver
Figura9).
Es importante resaltar que un trabajo decente debe proporcionar a los
trabajadores la posibilidad de participar en espacios de discusión y
concertación con los diferentes niveles de jerarquía en la empresa y por
fuera de ellas, con los representantes de las ramas del poder (gobierno
municipal, regional y nacional, legisladores, etc.). Un trabajador que no
cuente con estos recursos porque su empresa se lo prohíbe o porque
simplemente no existen, es un trabajador que se aleja de tener un
trabajo decente.
Figura 9.Porcentaje de encuestados que no pertenecen a ningún
espacio de concertación en su empresa y que reportaron no
tener organizaciones sindicales en sus lugares de trabajo
33
5.1.4 Discriminación
Por último, un porcentaje importante de encuestados reportó haber sido
víctima de discriminación laboral por su condición de afrocolombiano.
Medellín es la ciudad más hostil para los afrocolombianos pues un
43,8% de los encuestados reportó haber vivido casos de discriminación;
es seguida de lejos por Cali con un 19,4%, Buenaventura con un 17,9%
y Cartagena con un 11,6%. Estas dos últimas ciudades llaman la
atención pues son las que mayor porcentaje de población se
autorreconoce como afrocolombiana (en Buenaventura el porcentaje es
superior al 80%), por lo que se esperaría una mayor aceptación y
respeto por las comunidades negras, pero este estudio muestra que un
grado importante de discriminación aún existe, el menos desde la
percepción de la gente.
Figura 10.Porcentaje de asalariados que reportaron haber sido
víctimas de discriminación laboral
34
5.2 Trabajadores informales e independientes
Por su parte, los trabajadores informales encuestados dedican, en su
mayoría, no más de 48 horas a la semana a su trabajo. Especialmente
en Cali se encontró muy pocos casos de jornadas laborales excesivas:
un 1,5%. En Buenaventura, Cartagena y Medellín la tasa de
trabajadores informales que dedican más de 48 horas a la semana al
trabajo es de alrededor 30% (ver
Figura 21).
Figura 21. Horas trabajadas por semana
Este resultado llama la atención en tanto que, a priori, se esperaría que
quienes más tienden a trabajar jornadas excesivas sean los trabajadores
informales e independientes pues son más vulnerables que los
trabajadores asalariados al no contar (en la mayoría de los casos) con
los mecanismos de protección y control establecidos por la Ley laboral, o
simplemente porque algunos, como los trabajadores por cuenta propia,
son sus propios empleadores lo que los puede motivar a que trabajen
más con el fin de obtener mayores ingresos.
Los ingresos de los encuestados son realmente bajos en las cuatro
ciudades: la mayoría de ellos gana hasta un salario mínimo mensual
mientras que otro tanto obtiene hasta dos salarios mínimos. Algunos
trabajadores en Cali, Medellín y Buenaventura reportaron ganarse más
de tres salarios mínimos. Cartagena y Cali lideran la lista de lugares en
los que se pueden obtener ingresos más altos, en el primer caso se
puede explicar por la presencia constante de turistas. Por su parte,
Medellín y Buenaventura, a pesar de ser dos ciudades con tantas
diferencias y dinámicas económicas tan distintas,
parecen ofrecer
35
oportunidades similares para sus trabajadores informales al ser ambas
las dos ciudades con una concentración mayor de los salarios de los
trabajadores en niveles precarios (ver Figura 32).
Figura 32. Ingresos mensuales en salarios mínimos mensuales
vigentes
5.2.1 Seguridad social trabajadores informales.
En términos de seguridad social la encuesta confirma una realidad que
es ampliamente conocida: la tasa de afiliación al régimen contributivo
como trabajadores cotizantes es baja: en Cartagena no se encontró
ningún informal afiliado bajo esta figura, en Medellín solo un 6.25%
cotiza al régimen contributivo de salud y, más allá de lo esperado en
Cali y Buenaventura se encontraron tasas del 21.4% y del 16.8%
respectivamente, de afiliados.
Un porcentaje importante de los trabajadores hacen parte del régimen
subsidiado de salud, especialmente en Cartagena donde un 81,1% de
los encuestados están afiliados. Otros trabajadores acceden al sistema
de salud como beneficiarios de algún otro familiar cotizante en el
régimen contributivo, destacándose Medellín como la ciudad en la que
esta es la principal forma de afiliación con un 37,5% de casos
registrados. Finalmente, hay que resaltar las altas tasas de no afiliados
que va desde el 14% en Cali hasta el 38% en Medellín (ver Figura 4).
Figura 43.Tasa de afiliación de al sistema de seguridad social en
salud
36
5.2.3 Diálogo social
La posibilidad de participar en espacios de discusión y concertación y de
sindicalización de los empleados informales e independientes es muy
baja y presenta aún más barreras que para los trabajadores asalariados.
Por definición, los trabajadores informales e independientes son en la
mayoría de los casos individuos atomizados que buscan individualmente
su sustento (trabajadores ambulantes, por cuenta propia, pequeños
comerciantes), trabajan en empresas muy pequeñas de pocos
trabajadores (empresas formales de no más de cinco personas) o en el
servicio doméstico (donde normalmente se admite un empleado).
Figura 54. Porcentaje de informales que participan en espacios
de concertación
Por esto es de esperarse que no estén agremiados o vinculados a grupos
que les permitan unir esfuerzos y tener poder de negociación para
buscar beneficios y participación en el diálogo social del país. Al
respecto, Cartagena registra la mayor tasa de participación con un
37
13,6% debido a que varios de los encuestados, trabajadores
ambulantes, están vinculados a pequeñas asociaciones como
“Asojugos”. En Medellín no existe ningún caso (ver
Figura 5).
5.2.4 Discriminación
La percepción de discriminación no cambia significativamente de los
asalariados a los informales. Un porcentaje similar de personas
reportaron haber sido víctimas de discriminación laboral debido a su
condición de afrocolombianos, siendo mayor la discriminación en las
grandes ciudades: Cali con un 25.5% de los casos y Medellín con un
21.9%.
5.3Condiciones laborales y de discriminación de las mujeres
afrocolombianas que trabajan en el servicio doméstico en Medellín22
Las mujeres afrocolombianas trabajadoras del servicio domestico se
autoreconocen en su gran mayoría como negras. El 52,4% de la población
encuestada se identificaron como mujeres negras, seguido de quienes se
identificaron como afrocolombianas un 45,2%. Sólo el 2,4% de las mujeres
mencionó ser mestiza como se muestra en el cuadro de caracterización racial.
Tabla 11. Caracterización Racial
Caracterización Racial
Participación
1. Negra
52,4%
4. Afrocolombiano(a)
45,2%
5. Otra, ¿Cuál?
2,4%
Total general
100,0%
22
Diagnostico condiciones de trabajo decente de las mujeres afrocolombianas trabajadoras del servicio
doméstico en Medellín 2012, Realizada por la Escuela Nacional Sindical y la Corporación CARABANTÚ.
38
5.3.1 Migración y nivel educativo,
Se encontró que las principales razones que han llevado a las mujeres
afrocolombianas que hoy están en el trabajo doméstico a salir de sus lugares de
origen hacia la ciudad de Medellín, es la falta de oportunidades laborales en un
57,1%; el desplazamiento forzado en un 23,8% y otras lo hacen para buscar
oportunidades para estudiar con un 7,1%. Otro porcentaje de mujeres
correspondiente al 11,9%, manifestaron que su motivación fueron otras razones.
Esta categoría de migrante, que en las mujeres que se dedican al trabajo
doméstico es del 64,3%, da cuenta de una problemática como es la creciente
migración de la gente chocoana hacia la promesa de la ciudad de Medellín,
mostrando que aún existen unos lazos de dependencia entre el departamento del
Choco y Antioquia, “se encuentran hoy más ligados que nunca por una serie de
vínculos económicos, políticos y sociales caracterizados por una relación
jerárquica de dependencia y dominación” (Wade, 1987, p. 34).
Según datos de encuesta de calidad de vida 2011, de las 1510 mujeres
afrodescendiente encuestadas 34,5% provienen de municipios del departamento
de Antioquia y un 52,5% del Choco, de estas el 16,2% vinieron al municipio de
Medellín en busca de oportunidades laborales.
La gran mayoría el 92,9%, de las mujeres afrocolombianas que laboran en el
trabajo doméstico en la ciudad de Medellín, no se encuentran en la actualidad
estudiando. Las causas corresponden en su gran mayoría a que son madres
cabeza de familia que sostienen el hogar y sus salarios no alcanzan para invertir
en educación, por otro lado tiene que ver con que el trabajo doméstico es una
labor que requiere tanto esfuerzo físico y tiempo que impiden tener espacios libres
para dedicarlos al estudio, aunque las mujeres a partir de las entrevistas
manifestaron reconocer la necesidad de estudiar para mejorar las condiciones
laborales, a su vez también afirman que esta clase de trabajo absorbe todo el
tiempo y que la única forma de poder estudiar es si les resulta un trabajo con una
empresa, en donde solo se trabajan 8 horas y se descansa los domingos.
Como se muestra en la información recolectada, en su mayoría las mujeres
afrocolombianas que realizan trabajo doméstico presentan bajos niveles de
formación académica, sin embargo un gran porcentaje correspondiente al 61,9%,
les gustaría continuar sus estudios. Sólo un 16,7% responde que no le gustaría
continuar estudiando para mejorar sus ingresos laborales y un 21,4% no sabe o no
responde a la pregunta.
39
Gráfico7 . Le gustaría seguir estudiando
Los motivos por los cuales a las mujeres no les gustaría continuar estudiando,
están relacionados con factores como: trabajan por días y salen muy tarde, salen
muy cansadas del trabajo y tiene que realizar también las labores del hogar lo que
hace que estén siempre muy cansada, no les dan permiso porque el estudio se
cruza con sus horarios de trabajo, temor a perder el empleo.
5.3.2 Condiciones laborales y de remuneración
La modalidad de contratación para el servicio doméstico que más sobre sale en la
ciudad de Medellín es el trabajo por días, el 52,4% labora bajo esta modalidad;
seguido de quienes trabajan interna en un 26,2%. El 21,4% de las mujeres
trabajan en la modalidad de externas. Así pues en la actualidad la mayoría de las
trabajadoras domésticas desarrollan su labor por días fenómeno abiertamente
contrario a lo que pasaba en Colombia en los años 1988 y 1989, en donde el 60 %
de las mujeres trabajaban como internas, el 32% eran externas y por días o con
varios empleadores solo trabajaba el 8% de las mujeres. (Huyette, 1994: 275.)
Grafica 8. Modalidad de prestación del servicio
40
En cuanto a la jornada laboral de las mujeres que hacen trabajo doméstico y que
laboran bajo la modalidad interna, se encontró que si bien se tiene estipulado que
ésta no puede ser superior a 10 horas diarias de trabajo23, el hecho de que no se
vengan implementando las vistas de inspección por parte del Ministerio de
Trabajo, ni se cuente con otros mecanismos de control que permitan realizar
monitoreo al cumplimento de éstas. Como se muestra en este diagnóstico, las
mujeres afrocolombianas que realizan labores domésticas internas tienen jornadas
de trabajo hasta de 18 horas diarias y las que trabajan por días y externas siempre
trabajan más de la jornada máxima legal y no reciben ningún recargo adicional por
horas de trabajo.
Al respecto se encontró que del 26,2% de las mujeres que dijeron trabajar como
internas el 91.0% trabajan entre 10 y 18 horas diarias, mientras solo el 9,0%
trabajan hasta 10 horas que es su jornada máxima legal.
Grafico 9. Horas laboradas en el día trabajadora interna
Del 21,4% de las trabajadoras externas encuestadas el 88.9% trabajan entre 9 y
10 horas diarias y el 11.1% trabaja 8 horas al día que corresponden a su jornada
máxima legal.
En el caso de las trabajadoras por días tenemos que del 52,2% de las mujeres
trabajan por días. El 18,2% trabajan entre 3 y 7 horas diarias, el 50.0% trabajan
entre 8 y 10 horas y el 31,8% trabajan entre 11 y 14 horas al día.
Solo el 9,5% de las mujeres reciben alguna remuneración por trabajar horas extras
y la inmensa mayoría el 90,5% no recibe ningún pago por este concepto.
El tipo de contrato más frecuente que se emplea para vincular laboralmente a una
persona para la realización de labores domésticas es el verbal. Un porcentaje
significativo de las mujeres afrocolombianas que trabajan en servicio doméstico lo
hacen bajo esta modalidad con un 85,7%. El 11,9% las contratan por medio de un
contrato escrito y un 2,4% no sabe bajo que modalidad se encuentra contratada.
23
Sustentado en la Sentencia C372 de 1998.
41
Gráfica 10. Tipo de contrato
El promedio de ingresos mensuales de la mayoría de las mujeres que trabajan en
el servicio doméstico en Medellín está por debajo del salario mínimo mensual legal
vigente como se muestra en los datos. Se encontró que sólo un 11,9% gana más
de 566.000 pesos mensuales. Otro grupo mayoritario de mujeres equivalente al
61,9% tiene ingresos mensuales entre $301.000 a $566.000, el 21,4% recibe entre
$151.0000 y $300.000, las demás mujeres que se dedican a este labor tiene unos
ingresos mensuales inferiores a ciento cincuenta mil pesos. El 85,7% de las
mujeres encuestadas ganan menos del salario mínimo legal para el año 2012.
Gráfico 11. Promedio de ingreso mensual
Por otro lado existe un bajo nivel de satisfacción con el empleo que tienen las
mujeres que trabajan en servicios domésticos en la ciudad de Medellín, en tanto
los ingresos percibidos por concepto de prestaciones sociales son irrisorios o no
se las pagan. Al respecto el 47,6% recibe dinero con concepto de vacaciones, al
42
19,0% de las mujeres les pagan primas y solo el 33,3% recibe algún dinero por
cesantías.
Gráfico 12. Pago de prestaciones sociales
En esta misma línea, del 33.3% de las mujeres que les pagan cesantías, un
porcentaje significativo del 64,3%, no está afiliada a ningún fondo de cesantías, no
obstantes trabajan de forma permanente y continua con uno o más empleadores.
Un 11,9% no sabe si está afiliada y solo el 23,8% de las mujeres se encuentran
afiliadas algún fondo de cesantías.
5.3.3 Seguridad social integral
El 54.8% de las mujeres se encuentran por fuera del sistema de seguridad social
en salud, mientras solo el 40.5% tienen alguna clase de aseguramiento en salud,
de estas mujeres trabajadoras el 11,9% están en el régimen contributivo como
beneficiarias, el 33,3% afiliadas como cotizantes y un significativo porcentaje se
encuentran afiliadas al régimen subsidiado.
Gráfico 13. Afiliación a salud
Otro factor alarmante frente a las condiciones laborales de las mujeres que
trabajan en el servicio doméstico en Medellín, lo representa el bajo porcentaje
43
(21,4%) de las mujeres están afiliadas a un fondo de pensiones. El 69,0% de las
trabajadoras no están afiliadas el 9,5% no sabes si lo está.
Gráfico 14. Afiliación a pensiones
Si la afiliación a seguridad social en salud y pensiones es precaria la situación no
varia en la afiliación a riesgos profesionales, al respecto se encontro que de las
mujeres encuestadas solo el 14,3% se encuentra afiliada a riesgos profesionales,
el 21,4% no sabe si lo esta y el 64,3% se encuentra con una total desprotección,
situación que devela un claro incumplimiento de los empleadores que contratan
estos servicios y que ante un eventual accidente la trabajadora quedaria sujeta a
la exijencia de sus derechos por via judicial, instancia que sin lugar a duda no
puede ser una solución en tanto los hogares no tienen suficiente dinero para
asumir pensiones por invalidez.
Gráfico 15. Afiliación a Riesgos Laborales
5.3.4 Discriminación racial en el ámbito laboral
Se encontró que para el caso de las trabajadoras domésticas afrocolombianas, la
exclusión social y la discriminación racial es un factor predominante, en este
44
sentido un 54,8% de las mujeres dice haber sido víctima de discriminación por
color de piel en sus lugares de trabajo.
Grafico 16Discriminación en el trabajo
Frente a experiencias que hoy continúan teniendo las empleadas del servicio
doméstico en Medellín, afirman en un 92,9% que existe discriminación racial en la
ciudad, en los espacios de trabajo y el 71,4% dijo conocer experiencias de
mujeres que han sido víctimas de discriminación racial.
Gráfico 17. Discriminación en espacios de trabajo.
5.4 Políticas públicas para la población afrodescendiente, no
reflejan cambios:
Cabe señalar que existen varios niveles a través de los cuales se han
formulado políticas públicas para esta minoría étnica. El primero es a
través de la concertación en el Congreso a través de la expedición de
leyes; el segundo es la formulación de políticas desde el gobierno
central a través de programas gubernamentales especiales, los cuales
son a nivel CONPES o programas ministeriales específicos; y por último
estarías los programas formulados por los gobiernos de los entes
territoriales que por su amplia gama no discutiremos. En adelante, nos
remitiremos a las políticas y programas desde 1990.
45
El Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación
ha formulado un conjunto de planes que benefician a las regiones con
mayor población negra y en general a la población afrodescendiente
consignados en los siguientes documentos CONPES (DNP 2005 y Acción
social 2008):
- CONPES 2589 de 1992 “Plan Pacífico: Una Nueva Estrategia de
Desarrollo Sostenible para la Costa Pacífica Colombiana”
- CONPES 2909 de 1997 “Programa de apoyo para el Desarrollo y
reconocimiento Étnico de las Comunidades Negras”
- CONPES 3058 de 1999 “Estrategia del gobierno Nacional para
apoyar el Desarrollo del Departamento Archipiélago de san
Andrés, Providencia y santa Catalina”
- CONPES 3169 de 2002 “Política para la Población Afrocolombiana”
y su ampliación (CONPES 3180 de 2002)
- CONPES 3310 de 2004 “Política De Acción Afirmativa para la
Población Negra o Afrocolombiana”
- CONPES 3410 de 2006 “Política de Estado para Mejorar las
Condiciones de Vida de la Población de Buenaventura”
- CONPES 3553 de 2008 “Política de Promoción Social y Económica
para el Departamento de Chocó”
Recientemente se crea el plan de etnodesarrollo para las comunidades
negras afrocolombianas 2011 -2014, el cual tiene una visión de corto,
mediano y largo plazo; razón por la cual existen programas con metas e
indicadores a su interior con grandes proyecciones hacia el futuro, sobre
todo se busca resolver graves situaciones de marginalidad, pobreza
critica en las comunidades negras con alto índice NBI del 62,5% y 63% ,
así como también se busca generar oportunidades para mejorar la
calidad de vida y la productividad, vinculando a los procesos de
producción a esta comunidades que entre otras cosas como se
demuestra en el documento temático del plan cuentan con grandes
territorios con vocación productiva en lo agropecuario, forestal, mineroenergético, ambiental y talento humano; capaz de impulsar el
desarrollo del país con la inversión de importantes recursos por parte
del Estado Colombiano en sectores estratégicos para la economía
nacional, regional y en especial para las propias comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palanqueras.24
24
Plan Nacional de Desarrollo de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras 2010-2014,
hacia una Colombia plurietnica y multicultural con prosperidad democrática.
46
Por lo anterior en este plan de desarrollo, a pesar de tener unos
importantes programas asistencialistas, tiene un gran enfoque para
dinamizar el desarrollo socioeconómico de las comunidades negras
afrocolombianas, la cual coincide con la visión política del presidente
Juan Manuel Santos, que se enmarca en su plan de desarrollo nacional:
Hacia una Colombia pluriétnica y multicultural con prosperidad
democrática, jalonado por las 5 locomotoras (sector minero-energético,
agropecuario, infraestructura de transporte, vivienda y nuevos sectores
de
innovación),
encuadradas en las políticas
nacionales e
internacionales, a su vez entroncadas e inmersas dentro de los
Objetivos del Milenio; por esta razón en el plan de desarrollo de las
comunidades negras afrocolombianas que para los 4 años tiene un
presupuesto de inversión de dieciséis billones novecientos diez mil
ciento
veintisiete
millones
de
pesos
moneda
corriente
($16.910.127.000.000), de la cualsuma, seis billones trescientos
veintiocho mil ciento cincuenta y cuatro millones (6.328.154.000.000)
equivalente al 37.36% se destinan al eje de etnodesarrollo económico,
con programas de vivienda, nuevos sectores basados en la innovación,
programas y proyectos agropecuarios, pesqueros, mineros y
energéticos, empleo.
Sin embargo a la fecha el gobierno Nacional no ha logrado crear unos
verdaderos indicadores de medición a estas políticas públicas que nos
permitan determinar los avances o logros que se han alcanzado con la
implementación de las mismas, por el contrario si analizamos la
situación actual de la población afrodescendientes con los recientes
datos estadísticos encontramos que en la actualidad no obstante existir
todas estas herramientas persisten en este grupo poblacional altos
índices de pobreza, bajos niveles de escolaridad, precarización laboral y
discriminación.
47
6. Avances en los derechos de libertad sindical.
El nuevo gobierno ha permitido una mayor apertura hacia los derechos de libertad
sindical, en parte como consecuencia de los compromisos que tuvo que asumir
para que le aprobaran el TLC con los Estado Unidos y la Unión Europea, en parte
porque sobre el país están puestos los reflectores de la comunidad internacional,
por los graves problemas de violencia antisindical que ha presentado el país, en
parte por las presiones que ha ejercido el sindicalismo nacional e internacional, en
la OIT y en otros escenarios, y en parte como resultado del auge de la
movilización social de los trabajadores.
Este contexto explica que se haya emitido el decreto 2019 de 2012, que, aun con
limitaciones, le reconoce a los empleados públicos el derecho a la negociación
colectiva, y a que en este proceso puedan participar las federaciones y
confederaciones, una restricción que aún se mantiene para el resto de
trabajadores.
Y explica también avances muy importantes en la sindicalización de los
trabajadores, a través de la formación de nuevas organizaciones sindicales con un
importante número de afiliados, como en los sectores del comercio (Carrefour y
Sodimac), los servicios de telefonía (grupo CLARO), sector salud
(Sintrasaludcoop), y en los sectores de la minería del carbón y del petróleo,
gracias a la iniciativa de sindicatos como SINTRACARBÖN y la USO.
Sin embargo, la tasa de sindicalización en el país aún es muy baja, menos del 5%,
de la población ocupada, y muy baja también la cobertura de la contratación
colectiva, que apenas se da en el 4% de las empresas y beneficia sólo al 5% de
los trabajadores con potencialidades de negociar sus condiciones de trabajo y
empleo.
En el cuadro que sigue mostramos la evolución que ha tenido la contratación
colectiva en Colombia. Prácticamente, no ha habido una evolución positiva de la
negociación de convenciones colectivas, que son las que se hacen con
trabajadores organizados en sindicatos y con una relativa autonomía para decidir
los tema de la negociación y para incidir en sus resultados.
En cambio, se presenta un incremento significativo en los pactos colectivos, forma
de negociación en la que los trabajadores no están organizados, y que
generalmente es utilizada por las empresas como estrategia antisindical y para
mantener a los trabajadores bajo su completo control.
48
Tabla 12. Evolución de la contratación colectiva en Colombia.
Evolucion contratacion colectiva
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Convencion Pacto Contrato
colectiva colectivo sindical
393
149
6
639
200
8
355
110
4
555
192
16
343
160
7
429
72
13
323
204
21
297
225
32
397
218
38
245
244
53
370
121
131
379
261
723
Fuente: Ministerio de Trabajo
Y se presenta también un incremento extraordinario de los contratos sindicales, la
mayoría de ellossector de la salud, donde falsas cooperativas de trabajo asociado,
ante la prohibición de seguir haciendo labores de intermediación laboral, se
mutaron a sindicatos, falsos sindicatos también, transformando el contrato
cooperativo en contrato sindical. En esta forma de contrato colectivo, los
trabajadores tampoco cuentan con la autonomía necesaria para negociar el
contrato, menos en estos falsos sindicatos, pues los términos del contrato los
redacta y los impone la empresa contratante, tal como ocurría con los contratos
cooperativos.
En este sentido, podemos decir que el Diálogos Social, un componente clave de
las sociedades democráticas, es en nuestro medio residual El dialogo social
entendido como la posibilidad y necesidad de concertar posiciones entre
diferentes actores sobre asuntos de interés colectivo, establece como principales
mecanismos la negociación colectiva, la información, la consulta, la concertación,
y creación de escenarios de encuentro que permitan el debate sobre los diferentes
asuntos de interés; esto es, políticas de toda índole, desde la más general hasta la
particular, económica, de empleo, salarial, protección social, entre otras, las que
49
carecerían de legitimidad para una democracia de no contar con mecanismos de
diálogo social efectivos, que involucren y tengan en cuenta, los intereses de los
diversos interlocutores sociales.
¿Pero por qué es tan residual el dialogo social en nuestro país? Existen razones
institucionales, técnicas culturales y políticas que lo explican.
A) Institucionales
Aunque los escenarios de diálogo social son de rango constitucional, tienen un
diseño incompleto y poco balanceado, pues no existen espacios sectoriales y
locales que faciliten su desarrollo, y en el marco de la empresa la negociación
colectiva, que es una de sus expresiones, tiene muy baja cobertura y autonomía.
El convenio 135 de la OIT que ayudaría a promover el diálogo social en el ámbito
de la empresa aún no ha sido ratificado.
B) Técnicas
El dialogo social en Colombia carece de una agenda concertada, la información no
tiene credibilidad en los actores, y se desarrolla sin ninguna clase de método.
C) Culturales
Tenemos una cultura de confrontación, una historia de fracasos, y una equivocada
concepción de la concertación, que para algunos sectores se asimila a entrega y
claudicación. El sindicalismo divide opinión, la confianza en las instituciones
laborales es bastante baja, los sindicatos no creen en el gobierno y los
empresarios, y estos a su vez no les tienen confianza a los dirigentes de las
organizaciones de los trabajadores.
D) Políticas
El ambiente político del país ha sido adverso al sindicato, la violencia ha cobrado
la vida de casi tres mil sindicalistas desde 1986, la estigmatización de gobiernos y
medios contra el sindicalismo ha sido persistente, a tal punto que ha creado un
imaginario en los jóvenes sobre los sindicatos como enemigos de las empresas,
responsables del cierre de éstas, y aliados de la guerrilla. Por otra parte las 2/3 de
los trabajadores no tienen derechos laborales, solo el 4% está afiliado a un
sindicato, y el 95% se encuentra excluido de la negociación colectiva.
De acuerdo con la base de datos de la ENS la violencia contra el sindicalismo ha
descendido en un 13.2%, y los asesinatos en un 33.3%, en el año 2012 con
respecto al 2011. No obstante la violencia persiste y se focaliza en sectores que
50
vienen presionando cambios en las políticas de contratación de las empresas y de
respeto al derecho de asociación.
6.1 Medidas legislativas y jurisprudenciales sobre libertad sindical
Durante 2012 se presentaron algunas medidas legislativas y jurisprudenciales
respecto a la inspección laboral y a la protección de derechos de trabajadores en
2012.Además, el gobierno nacional firmó un convenio con la OIT que busca
superar obstáculos normativos que aún subsisten frente a los derechos de libertad
sindical, y la financiación para cumplir con algunos de las medidas del plan de
acción Obama/Santos. También se expidieron algunas leyes para fortalecer el
Ministerio del Trabajo, en especial la ley 1610, que modifico algunos trámites y
competencias de los inspectores del trabajo..
La ley 1610 estableció un aumento significativo a las multas, hasta 5000 salarios
mínimos, por violaciones en las condiciones de trabajo y el derecho de asociación,
dió competencia para que inspectores puedan incluso cerrar las empresas donde
se ponga en riesgo la salud de los trabajadores, entre otras medidas. Esta
adquiere particular importancia ante la ausencia casi total de resultados en
protección de libertades sindicales.
Después de observar los resultados sobre sanciones por violación a libertades
sindicales de los últimos cuatro años, habrá que cambiar el dicho popular: “hecha
la ley, no se necesita hacer trampa, simplemente no se aplica”, pues los
resultados del ministerio del trabajo frente a la protección de los derechos de
libertad sindical, evidencian que no se están aplicando las nuevas normas penales
y laborales por parte de inspectores y fiscales, y que ni siquiera los sindicatos
conocen de su existencia.
Tabla 12. Multas ejecutoriadas por año, sobre violaciones a libertades
sindicales
Tipo de violación/ Año
2012 2011 2010 2009
Por violación a la convención colectiva
27
37
34
25
Negativa a negociar
4
7
6
0
Atentar contra la asociación sindical (incluyendo
5
8
6
6
violación al fuero y persecución sindical)
Total
36
52
46
31
Fuentes: Boletín número 7 Ministerio del Trabajo enero 2013; información del
Ministerio del Trabajo entregada a la ENS.
En el caso de la protección que los inspectores del trabajo deben ejercer sobre los
derechos sindicales, el resultado es queen 4 años sólo se alcanzaron 165
resoluciones ejecutoriadas. Si se compara este resultado, con el número de
sentencias que en promedio expedir un juzgado laboral de descongestión al mes
(60), esto significa que el trabajo de 4 años de los inspectores laborales en materia
de protección a las libertades sindicales, equivale a poco menos de tres meses de
51
trabajo de dos funcionarios judiciales, una situación absolutamente insostenible y
que nos muestra una primera grave situación: el sistema de inspección vigilancia y
control del Ministerio del Trabajo, en la realidad no protege los derechos
sindicales, dejando en la más absoluta impunidad las numerosas violaciones que
en nuestro medio se cometen contra los derechos de libertas disndical.
Si comparamos las 17.346 investigaciones iniciadas, las 394.049 consultas
realizadas y las 85.569 conciliaciones en las que participaron inspectores,
encontramos que las resoluciones que pueden beneficiar o proteger a
organizaciones sindicales equivalen al 0.32% de las actuaciones del ministerio
para el año 201225, parece entonces que no es el enfoque ni el interés del
Ministerio lograr una protección adecuada de las organizaciones sindicales.
Si las investigaciones administrativas no son una solución eficaz, las
investigaciones penales por violación al artículo 200 ni siquiera han implicado una
posibilidad. Desde que se aprobaron las leyes 1309 de 2009 y 1453 de 2011, no
se tiene dato de algún empleador haya sido condenado por violación al derecho
de asociación, de huelga, o los derechos concedidos por leyes laborales; tampoco
por el uso discriminatorio y antisindical de pactos colectivos, por el contrario, las
denuncias realizadas por organizaciones sindicales quedan archivadas por los
fiscales o sus investigaciones no obtienen resultados.
7. DINÁMICA DE LA
COLOMBIANA 2012
25
MOVILIZACIÓN
SINDICAL
Y
LABORAL
Cifras boletín 7 Ministerio del Trabajo enero 2013
52
Fuente: Sistema de Información en Dinámica Colectiva Sindical y Laboral, ENS
En el 2012, se consolido la tendencia ascendente de la protesta, que registró 290
acciones -representando un incremento de más del 27%- cifra que le permitió un
nuevo record histórico desde 1991.
Con relación a las formas de protesta, de nuevo se impusieron las jornadas o
manifestaciones, seguidas por los ceses de actividades (paros y huelgas).
Consideradas individualmente primaron las marchas. Posteriormente: mítines o
plantones, los bloqueos y los paros.
Si se observan los motivos de las acciones de movilización laboral y sindical, se
reitera la tendencia de los últimos años, de ser las políticas generales o de Estado
(económica, laboral, social y ambiental) las causantes principales del
inconformismo y la protesta. Le siguen: el incumplimiento de obligaciones del
empleador, reestructuración o reconversión, violación a derechos humanos, otros
motivos y negociación del convenio colectivo laboral, en su orden.
En la cobertura territorial, predominaron de nuevo las acciones locales conel 80%
del total; seguidas de las nacionales, departamentales y las internacionales. Se
ratifica con ello, la tendencia a la dispersión de la protesta. En lo que respecta a
los departamentos, Cundinamarca y Valle encabezaran la protesta. En esta línea,
sus respectivas capitales Bogotá y Cali, secundadas por Barranquilla, Medellín y
Cartagena complementan la clasificación. Por regiones, se destacó la del Caribe.
En lo relativo a la procedencia de los trabajadores que protestaron, sobresale la
participación mayoritaria de los “no sindicalizados”, con un 52% del total. A su vez,
en los sindicalizados, primaron los sindicatos de industria, seguidos por los de
53
gremio. De nuevo la CUT es la Central sindical más activa en la protesta; hubo un
ligero repunte del Comando Nacional Unitario.
El promedio de acciones fue de más de 24 por mes, constituyéndose Marzo como
el de mayor actividad y Septiembre el de menor registro.
Si se consideran las restricciones a la protesta, intimidaciones y violencia física),
la información disponible indica que se presentó en 104 de ellas. En la
identificación de los presuntos responsables de la restricción, aparecen por parte
de la Fuerza pública, el ESMAD, la policía nacional y el ejército. Los empresarios,
a su vez, reportaron un aumento en las restricciones con respecto a 2011.
Teniendo en cuenta el sector económico en donde se efectuaron las protestas,
nuevamente el del transporte volvió a predominar de manera muy holgada, se
resalta la gran conflictividad en este sector. Luego se situaron: servicios sociales y
de salud, educación, y minas y canteras, respectivamente.
Reseñando las entidades contra las que se dirige la acción, y agrupando las que
integran el gobierno (municipal, central y departamental, en su orden de
clasificación) fueron receptoras del 66% del total; el otro tercio fue contra las
empresas. Entre estas últimas, se mantuvo la protesta contra las de origen
multinacional, muchas de ellas por motivos ambientales, dentro de las cuales
estuvieron vinculadas muchas comunidades afectadas.
En el espíritu ya comentado de ascenso de lucha, conflictividad permanente y
déficit de derechos sociales, se resaltan muchas luchas contra la tercerización y
precarización, destacándose la gran movilización de petroleros, judiciales, del
transporte, trabajadores del sector de la palma, y los mineros, sectores que se
ligaron a los tradicionales en la salud y la educación. Amerita comentar como un
hecho plausible, a las mujeres madres comunitarias y de los jardines de la
infancia, quienes reivindicaron sus derechos laborales, y ligado a ello, el papel
social y altruista de su misión con la niñez más necesitada del país.
8. La violencia contra sindicalistas aún es un tema del presente.
Durante el año 2012 continúan las violaciones a los derechos humanos de las y
los sindicalistas, se presentaron 20 asesinatos, 11 eran activistas, es decir, que
desempeñaban liderazgos en sus organizaciones sindicales y 5 eran directivos, es
decir, que pertenecían a las juntas directivas de los sindicatos. Estas cifras se
encuentran por encima del promedio histórico de los asesinatos de dirigentes
sindicales, que ha sido del 25,0%, para el año 2012, estos casos corresponden a
un 80,0%.
Tabla 13, Violaciones a la vida, libertad e integridad, cometidas contra sindicalistas de 1
enero de 2011 a 31 diciembre de 2012
Tipo de violación
2011
2012
Variación
54
N°
N°
%
%
N° Casos
%
Casos
Casos
Amenazas
542
431
68,9
-111
-20,5
75,2
Desplazamiento forzado
51
90
14,4
39
76,5
7,1
Asesinatos
30
20
3,2
-10
-33,3
4,2
Hostigamiento
61
49
7,8
-12
-19,7
8,4
Atentado con o sin lesiones
12
7
1,1
-5
-41,7
1,7
Detención arbitraria
16
20
3,2
4
25,0
2,2
Desaparición
3
5
0,8
2
66,7
0,4
Secuestro
3
0
0,0
-3
-100,0
0,4
Tortura
2
2
0,3
0
0,00
0,3
Allanamiento ilegal
1
2
0,3
1
100,0
0,1
Total general
721
626
100,0
-95
-13,2
100,0
Fuente: Sistema de Información en Derechos Humanos, SINDERH, ENS.
Esta situación se complejiza al observar el panorama general de la violencia
antisindical en este último año, donde al menos 431 amenazas, 49 hechos de
hostigamientos, 90 desplazamientos forzados, 20 detenciones arbitrarias, 7
atentados de muerte y 5 desapariciones forzadas entraron a engrosar la lista de
violaciones contra la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas. Esto
muestra que la violencia sigue siendo un eje articulador de las prácticas
antisindicales, cuyos fines restrictivos al ejercicio de los derechos y las libertades
sindicales limitan al movimiento sindical de las posibilidades de participación e
incidencia y privan a la sociedad de tener el sindicalismo como un actor
fundamental de la democracia.
Si bien con respecto al año anterior, se evidencia una disminución general de los
hechos de violencia en un 13,2%, acentuada principalmente en los casos de
amenazas, aún no existe un clima desprovisto de violencia y de respeto a los
derechos humanos fundamentales, tal como lo sugiere la OIT para un ejercicio
pleno de las actividades sindicales26. Cabe señalar el aumento del 76,5% en los
casos de desplazamiento forzado, y del 66,7% en los casos de desaparición
forzada.
Permanece la tendencia que destaca los casos de violencia en los cuales no se
conoce un presunto responsable, con un agravante y es que por encima del
promedio histórico que se ha ubicado en el 60,0%, para el año 2012 este tipo de
hechos representaron un 78,6%. Por otro lado, de las violaciones que se conoce
un presunto responsable los paramilitares continuan siendo los principales
victimarios en el 56,0% de los casos, seguidos de los organismos estatales con el
28,4%, luego por el empleador con un 7,5%, la guerrilla con el 4,5%, y la
delincuencia común con el 3,7%.
26
Véanse Recopilación de 1996, párrafo 63 y 337 informe, caso núm. 2318, párrafo 333.
55
Asimismo, en cuanto a la concentración de asesinatos de sindicalistas por rama
de la actividad económica, sobresalen los sectores de la educación y la
agricultura, con 4 casos respectivamente. Además, se observa una reactivación
significativa de los asesinatos contra trabajadores de los sectores minero, salud y
transporte.
Según el registro histórico, Valle ha sido el segundo departamento del país donde
más violaciones a la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas se han
presentado. En el Valle del Cauca, el sindicalismo ha cumplido un papel clave en
la defensa de lo público, la denuncia frente a la corrupción y la defensa del interés
colectivo.Por esta razón, llama la atención que durante el 2012 este departamento
encabece la lista con cuatro asesinatos de sindicalistas, es decir, el 20,0% del
total de los casos. Con una característica que reviste suma gravedad: todas las
víctimas se desempeñaban como dirigentes sindicales.
Durante el 2012, se registraron al menos 180 violaciones a la vida, la libertad e
integridad de las mujeres sindicalistas, entre ellas 128 amenazas, 42
desplazamientos forzados y un atentado con o sin lesiones. Pese a una
disminución general del 10,9% en el conjunto de violaciones con relación al año
anterior, se destaca la reactivación en los atentados con o sin lesiones con el caso
de Osiris Fernández, dirigente sindical del sector de la salud en Barranquilla,
Atlántico y el incremento del 50,0% en los desplazamientos forzados.
8.1 Las medidas adoptadas por el gobierno aún no muestran efectos
sustanciales, relevantes y sostenibles
Durante los últimos dos años se han presentado esfuerzos políticos importantes
en términos de la transformación del debate de la violencia contra sindicalistas y la
adopción de algunas medidas para superar tal situación. El año 2012, muestra que
estas variaciones continúan enmarcadas principalmente en la adopción del Plan
de Acción en Derechos Laborales, acuerdo firmado por los gobiernos de Colombia
y Estados Unidos en el marco de la implementación del TLC y en las continuas
recomendaciones de organizaciones internacionales tales como el PNUD y la OIT.
Sin embargo la violencia contra sindicalistas aún no es tema del pasado.
En el ámbito legislativo, algunos temas relevantes para el sindicalismo orientados
a promover y exigir de los Derechos Humanos estuvieron relacionados con la
implementación de la ley 1448 de 2011 o “Ley de Víctimas”, la reforma de la ley
975 de 2005 o “Ley de Justicia y Paz”, el Marco Legal para la Paz, el Fuero Penal
Militar y la Reforma a la Justicia.
No obstante, a pesar de los esfuerzos existentes en términos del reconocimiento
de la violencia antisindical, y de la adopción de catorce medidas enmarcadas en el
plan de acción laboral, que han proyectado el avance en términos de protección e
investigación, aún los resultados son parciales y no logran incidir en la formulación
56
de políticas públicas, como una alternativa para construir transformaciones
sustanciales, relevantes y sostenibles.
En este sentido, son necesarias la implementación de medidas en el camino de la
superación, que deberían estar enfocadas a: i) la protección y la garantía a los
derechos laborales y las libertades sindicales, ii) la investigación de los crímenes
cometidos contra sindicalistas y iii) la reparación colectiva. Sin embargo, el hecho
de que la violencia contra sindicalistas aún persista y que los índices de impunidad
al respecto sigan superando el 90,0%, es señal de que las medidas
implementadas hasta el momento no han sido concertadas con el sindicalismo, no
han sido coherentes, ni eficaces y no se han orientado a los problemas
sustanciales que subyacen a éstos fenómenos.
9. Los indicadores del mercado de trabajo en Bogotá y Medellín.
Tabla 14. Principales indicadores mercado de trabajo Medellín y Bogotá 2011
- 2012
Nacional
Bogotá
Medellín y VA
2011
2012 2011 2012
2011
2012
% población en edad de
trabajar
80,8
81,1
80,8
81,0
83,5
83,7
TGP
66,7
67,6
70,9
72,1
64,2
65,6
TO
59,1
60,1
64,2
65,2
56,3
57,5
TD
11,5
11,2
9,5
9,5
12,3
12,4
Tasa de subempleo subjetivo
30,1
30,7
34,1
34,1
29,2
31,8
Tasa de informalidad
68.0
51.4
47.0
Población inactiva
29,07 27,89
35,80 34,40
Fuente: DANE.
Comparada con el total nacional y con Bogotá, Medellín y el Valle de Aburrá
presenta una tasa de desempleo mucho mayor, 1,2 y 2.9 pp, respectivamente, un
indicador que prácticamente no varió en el último año, y eso que en esta región, la
tasa de inactividad es mucho mayor, un indicador que incide positivamente en la
tasa global de participación, situándola en un nivel menor, como se observa en el
cuadro, lo que indica que en Medellín, la proporción de personas que presionan un
lugar en el mercado de trabajo es menos que a nivel nacional y que en Bogotá.
En relación con el desempleo, la peor situación la tienen los más pobres, lo cual
no es ninguna novedad, y particularmente los jóvenes. Los jóvenes pertenecientes
57
al 20% más pobre de los hogares siguen siendo los más afectados. El desempleo
de los situados entre 12 y 19 años es del 39.8% en las 13 ciudades y cerca del
45% en Medellín y también del 45% de los situados entre 20-24, el mismo índice
que el de Bogotá27.
Medellín y el Valle de Aburrá presenta una menor tasa de trabajo informal, medido
en términos de protección social: 47%, frente una tasa del 51,4% en Bogotá y del
68% para todo el país.
Según Hugo López, “expresada como porcentaje de la población en edad laboral,
la cifra agregada de desempleo e informalidad, que había caído en 2011, volvió a
elevarse el año pasado, mostrando un comportamiento ascendente durante todo
el año;28
Tabla 15. Tasas de desempleo e informalidad en Medellín y Bogotá 2011 2012
Ciudad
Tasa de desempleo
Tasa de informalidad
Mujeres
Jóvenes (14 a 26 Mujeres Jóvenes (14 a 26
años)
años)
Total Nacional
11,90%
16,80%
68,80%
74,40%
13 Ciudades
11,50%
19,40%
58,70%
59,80%
Bogotá
8,90%
15,20%
54,90%
53,60%
Medellín
12,50%
21,60%
50,60%
56,40%
Fuente: DANE - GEIH. Cálculos SAMPL-DGPESF -MinTrabajo
Las mujeres y los jóvenes en Medellín presentan las condiciones laborales más
precarias, comparadas con las del nivel nacional, las que se presentan en las 13
áreas metropolitanas y las de Bogotá.
La tasa de informalidad de las mujeres es menor en Medellín que la de Bogotá, no
así la de los jóvenes, que es superior a la de Bogotá, pero inferior a la nacional y
a la de las 13 áreas.
Los jóvenes en Medellín están afectados, entonces por dos graves problemas: un
alto nivel de desempleo y una alta informalidad laboral
Tabla 16. Ocupación por categoría ocupacional en Medellín y Bogotá 2011 2012
Nacional
Bogotá
Medellín y VA
Empleado particular
34,24 35,19 49,54 49,48 53,40 53,42
27
EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO DURANTE 2012 Hugo López Castaño,
Medellín, marzo 2013.
28
EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO DURANTE 2012
Hugo López Castaño, Banco de la República- Medellín, marzo 2013.
Banco de la República-
58
Empleado del gobierno
Empleado doméstico
Cuenta propia
Patrón o empleador
Trab familiar sin remuneración
Trabajador sin remuneración en
otras empresas
Jornalero o Peón
Otro
Fuente: DANE
4,01
3,48
43,63
4,93
4,86
4,05
3,53
42,92
4,91
4,89
3,89
3,83
35,04
5,09
2,19
3,98
3,74
35,01
5,06
2,32
3,84
3,54
32,31
4,81
1,70
3,83
3,49
32,20
4,93
1,71
0,59
4,11
0,13
0,61
3,78
0,13
0,25
0,02
0,16
0,24
0,02
0,15
0,19
0,10
0,12
0,19
0,10
0,12
Medellín y el Valle de Aburrá, presenta una mayor proporción de trabajadores
asalariados, o empleados particulares, el 43.4%, y una menor proporción de
trabajadores por cuenta propia, lo cual es positivo, pues en esta categoría
ocupacional, el trabajo informal y sin protección social se ubica en un 89%.
También son menores la proporción de trabajadores cuya sola denominación
refleja una alta precariedad laboral, como los trabajadores familiares sin
remuneración y los trabajadores sin remuneración en otras empresas. Como se
observa en el cuadro, en el último año, prácticamente no se presentaron
variacions significativas en estas categorías ocupacionales.
Tabla 17. Ocupación por ramas de actividad en Medellín y Bogotá 2011 - 2012
Nacional
Bogotá
Medellín
No informa
0,02
0,03
0,03
0,05
0,02 0,02
Agricultura, pesca, ganadería,
caza y silvicultura
18,15 17,50 0,69
0,72
0,85 0,83
Explotación de Minas y Canteras
1,22
1,14
0,45
0,39
0,11 0,16
21,8
13,01 12,83 16,88 15,90 20,74
5
Suministro de Electricidad Gas y
Agua
0,55
0,52
0,33
0,30
0,72 0,63
Construcción
5,72
6,00
6,09
6,20
6,42 6,82
28,9
26,40 26,75 28,27 28,69 29,82
7
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
8,29
8,31
9,32
9,55
8,41 8,35
1,19
1,26
2,39
2,68
2,27 1,86
Actividades Inmobiliarias
6,51
6,70 12,79 12,76 9,40 9,58
Servicios, comunales, sociales y
20,9
personales
18,95 18,96 22,75 22,75 21,23
3
Fuente: DANE
59
La mayor proporción de ocupados en Medellín y el Valle de Aburrá se ubican en
las actividades del comercio, hoteles y restaurantes, con el 28.97%, seguida de la
ocupación en la industria manufacturera, con el 21.85%, y en las actividades de
los servicios sociales, comunales y personales, con el 20.93%.
En todo el país y en Bogotá, la ocupación en la industria disminuyó, no así en
Medellín, donde creció 1.1 pp, lo que indica que la desaceleración que presentó
este sector dentro del conjunto de la economía, excluyó a la industria ubicada en
esta región del país.
60

Crecimiento económico sin trabajo decente

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