Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana

Transcription

II Informe sobre la Situación de Violencia
en el Área Metropolitana de Caracas
Balance 2011
CAPÍTULO I:
Planteamiento del problema
y exposición de motivos
Planteamiento del problema y exposición de motivos para la
creación del Observatorio Metropolitano de Seguridad
Ciudadana
La situación de inseguridad y violencia en Venezuela, y más específicamente en el
Área Metropolitana de Caracas, ha empeorado significativamente en los últimos años,
convirtiéndose en uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad en todos
los estratos y clases sociales. Cifras extraoficiales indican que en los últimos once años el
índice de homicidios en el país se triplicó, registrando un aumento de 286% entre 1998 y
20091. Por su parte, Caracas fue calificada en 2009 como la tercera ciudad más violenta
de América Latina, con un índice de 109 homicidios por cada cien mil habitantes, debajo
de San Pedro de Sula y Ciudad Juárez2.
Según un informe publicado por el Instituto de Investigaciones de Convivencia y
Seguridad Ciudadana (INCOSEC) en agosto de 2010, hasta junio de ese año se
registraron 1.068 homicidios en el AMC, lo que equivale a 178 homicidios mensuales y
5,9 diarios. Además, el informe señala que la violencia de género e intrafamiliar también
ha alcanzado niveles alarmantes, pues durante este primer semestre al menos dos
mujeres fueron asesinadas diariamente por razones de género en el país, y de ellas, al
menos dos semanalmente fueron asesinadas por sus parejas3.
Otra problemática relacionada con el tema de la inseguridad, es la participación de
la población infantojuvenil en actividades delictivas, ocupando en algunos casos el papel
de la víctima y en otros del victimario. De enero a junio, sólo en Caracas, fueron
asesinados más de 30 niños y adolescentes, y en declaraciones ofrecidas por el Ministro
del Interior y Justicia en marzo de 2010, éste aseveró que en 90% de los delitos
cometidos en el país existe un adolescente involucrado4.
El debilitamiento institucional es otra de las causas que contribuyen con el
problema de la inseguridad. Según cifras del Ministerio Público hubo un incremento de
32% en los casos de homicidios en presuntos enfrentamientos policiales entre 2007 y
2008, y según cifras del CICPC y su registro hemerográfico, en 2009 la
1
El Nacional, El índice de homicidios en Venezuela aumentó 256% entre 1998 y 2009. (8/03/2010)
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública Y Justicia Penal A.C. – México / Instituto de Investigaciones de
Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC) – Venezuela
3 INCOSEC, La situación de Inseguridad en Venezuela. Primer semetres2010 http://incosec.sumospace.com/wpcontent/uploads/2010/04/informe_1er-semestre-vf.pdf
4
Idem.
2
tendenciapareciera haber continuado. Durante el primer semestre de 2010 al menos
129 casos aparecieron reflejados en prensa nacional5.
Aunado a toda esta problemática, la inaccesibilidad a las fuentes oficiales ha
hecho aún más difícil la prescripción de la situación real de la inseguridad en el país, que
finalice en la concreción de políticas públicas destinadas a solventar las necesidades de
los ciudadanos.
En el marco de la misión de unir esfuerzos por la seguridad y derechos de todos
los caraqueños y en respuesta a la situación antes descrita, la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Derechos Humanos del Cabildo Metropolitano de Caracas, presidida por el
concejal Freddy Guevara, ha impulsado durante 18 meses la creación del Observatorio
Metropolitano de Seguridad Ciudadana; organismo que tiene como objetivo brindarle a
la ciudadanía un espacio confiable y plural que diagnostique, ejerza contraloría y genere
recomendaciones de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en el Área
Metropolitana de Caracas, y que está conformado por organizaciones de la sociedad
civil, academia, especialistas e instituciones gubernamentales.
5
Idem.
Capítulo II:
El Cabildo Metropolitano de Caracas y
La Comisión de Seguridad Ciudadana y
Derechos Humanos
El Cabildo Metropolitano y la Comisión de Seguridad Ciudadana
y Derechos Humanos
En el año 2000, luego de aprobarse la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, se creó el Distrito Metropolitano de Caracas, nueva forma de gobierno para
la ciudad que establece un sistema a dos niveles:
-
Nivel municipal: conformado por los órganos ejecutivos que ejercen los distintos
alcaldes municipales y los órganos legislativos ejercidos por los concejos
municipales del Distrito;
-
Nivel Metropolitano: cuyo órgano ejecutivo corresponde al Alcalde
Metropolitano de Caracas, que es electo cada cuatro años y cumple funciones de
planificación y coordinación del Distrito Metropolitano de Caracas; y su órgano
legislativo ejercido por el Cabildo Metropolitano, integrado por trece concejales
electos por votación popular.
El Distrito Metropolitano de Caracas está formado por una expansión territorial
de 817,9 km² denominada Área Metropolitana, la cual alberga una población de
3.200.000 habitantes y está conformada por el municipio Libertador del Distrito Capital,
y los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre del estado Miranda.
Entidad
Federal
Municipio
Superficie
Población
Densidad
(hab./km²)
Parroquias
Alcalde
municipal
Sitio oficial
Distrito
Capital
Libertador
433 km²
2.085.488
4.816,36
22
Jorge
Rodríguez
www.caracas.gob.ve
Estado
Miranda
Baruta
93.9 km²
309.106
3.291,86
3
Gerardo
Blyde
www.baruta.gob.ve/
Estado
Miranda
Chacao
13 km²
71.325
5.486,53
1
Emilio
Graterón
www.chacao.gob.ve/
Estado
Miranda
El Hatillo
114 km²
67.353
590,81
1
Estado
Miranda
Sucre
164 km²
640.762
3907,08
5
Myriam Do www.alcaldiaelhatillo.gob.
Nascimento
ve/
Carlos
Ocaríz
www.sucremiranda.gob.ve/
En el Cabildo Metropolitano cada concejal titular preside una comisión
permanente que constituye la estructura organizativa del ente legislativo. Dentro de esa
misma estructura, el Cabildo cuenta con una presidencia y una vicepresidencia que
asumen la representación de la institución y coordinan los servicios de secretaría,
servicios administrativos, servicios legislativos y servicios de comunicación y
participación ciudadana. Estas últimas brindan funciones de apoyo y soporte para la
institución y los concejales que la integran. La función principal del Cabildo es sancionar
las ordenanzas para el Área Metropolitana de Caracas.
El Cabildo Metropolitano fue creado a través de la Ley Especial de Régimen
Municipal del Distrito Metropolitano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente
el 28 de enero de 2000. Esta ley fue posteriormente derogada con la aprobación, por
parte del Parlamento, de la Ley Especial del Régimen Municipal a Dos Niveles del Área
Metropolitana de Caracas, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.276 del 1 de octubre de
2009. En ella se establecen las bases del régimen de gobierno y se modifica el
funcionamiento, administración, competencias y recursos de la Alcaldía Metropolitana
de Caracas; lo que también limitó la capacidad legislativa del Cabildo Metropolitano
sobre determinadas materias.
La Ley Especial del Régimen Municipal a Dos Niveles incurrió en el error de
denominar al Distrito Metropolitano de Caracas como Área Metropolitana de Caracas,
concepciones distintas desde el punto de vista legal. Sin embargo, esta situación no se
ha corregido.
La administración actual del Cabildo tiene ocho concejales de oposición y cinco
de la alianza oficialista.
Directiva del Cabildo Metropolitano de Caracas
⋅
Presidente: Concejal Alejandro Vivas
⋅
Vicepresidente: Concejal Edinson Ferrer
⋅
Secretaria: Yaneida Moya
⋅
Subsecretario: Enrique Sierra
Concejales Metropolitanos / Comisiones permanentes
⋅
Comisión de Finanzas, Presupuesto y Planificación
Presidente: Concejal Adolfo Padrón
Coordinador: Gustavo Ruiz Adrian
⋅
Comisión de Seguridad Ciudadana
Presidente: Concejal Freddy Guevara
Coordinador: Carlos Rojas
⋅
Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
Presidente: Concejal Edinson Ferrer
Coordinadora: Emely Puglia
⋅
Comisión de Desarrollo Urbano
Presidente: Concejal Alejandro Vivas
Coordinadora: Monica Chanchamire
⋅
Comisión de Contraloría
Presidente: Concejal Luis Velásquez
Coordinadora: Alexandra Machado
⋅
Comisión de Legislación
Presidente: Concejal Máximo Sánchez
Coordinador: Gonzalo Ciffoni
⋅
Comisión de Servicios y Obras Públicas
Presidente: Concejala Gladys Castillo
Coordinadora: Yolanda Medina
⋅
Comisión de Salud y Bienestar Social
Presidente: Concejala Wiroyma Reyes
Coordinadora: Aixa Ramírez
⋅
Comisión de Transporte y Vialidad
Presidente: Concejal Andrés Bello
Coordinador: Julio Salgado
Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
Misión: Unimos esfuerzos por la seguridad y derechos de todos los caraqueños.
Visión:La reconquista de una ciudad segura y humana para todos los ciudadanos.
Competencias:Promoción y dirección de mancomunidades.Planificación y coordinación
de programas de asistencia técnica en competencias municipales.
Gestión Legislativa e Institucional:

Ordenanzas

Acuerdos

Reconocimientos

Cabildos abiertos
Participación ciudadana y denuncia pública:

Presentación de informes

Asambleas ciudadanas

Denuncias a los medios de comunicación

Protestas

Difusión de información
Estructura Organizativa de la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos:
Actualmente la Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos centra
su gestión en la ejecución de tres grandes proyectos.
Luego de haber analizado y estudiado el tema de la seguridad ciudadana, se ha
determinado la presencia de ciertos problemas sobre los cuales el Cabildo
Metropolitano tiene competencia y capacidad para actuar, unir esfuerzos, y generar
resultados en pro de la reconquista de una ciudad más humana y segura.
Estos son:
1. Debilidad institucional: falta de coordinación y planificación de los cuerpos de
seguridad ciudadana.
2. Factores de riesgo: consumo irresponsable de alcohol, consumo y micro tráfico
de drogas, espacios inseguros.
3. Violencia como forma de vida: violencia intrafamiliar, violencia juvenil y violencia
para resolver conflictos.
Sobre la base de dichos problemas se ha planificado, formulado y empezado a
ejecutar los siguientes proyectos:
Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana (CMSC)
En noviembre de 2009, y con la participación de las direcciones de seguridad de
los municipios del Área Metropolitana de Caracas, inició el proyecto de creación del
Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana (CMSC).
Este organismo surge con el fin de integrar y direccionar políticas en seguridad
ciudadana uniendo, por primera vez, a los distintos actores responsables de la seguridad
ciudadana en Caracas para que trabajen de manera coordinada, conjunta, permanente y
con carácter obligatorio en propuestas y políticas de seguridad ciudadana en toda el
área metropolitana.
El espacio, integrado por policías, bomberos, protección civil, autoridades y
ciudadanos, se creó a través de una Ordenanza Metropolitana elaborada y
promocionada por el concejal Freddy Guevara, la cual fue aprobada el pasado 26 de
mayo de 2011 en sesión del Cabildo Metropolitano de Caracas.
Esta aprobación se logró luego de 25 asambleas ciudadanas y más de 90
reuniones de trabajo articuladas por el equipo de la Comisión de Seguridad Ciudadana
con los distintos cuerpos de seguridad de Caracas.
Sin embargo, la propuesta no sólo se queda en un espacio institucional y una
ordenanza, sino que se han concretado 6 proyectos que son soluciones reales que se
han empezado a ejecutar en toda el Área Metropolitana de Caracas:
1. Sistema de comunicación radial entre los cuerpos policiales del AMC, para que
puedan trabajar en equipo en caso de operativos o acciones que requieran la
intervención de diferentes institutos de policía
2. Sistema de información compartido sobre funcionarios con desempeño irregular
entre los cuerpos de seguridad del AMC, para evitar el reciclaje de policías deshonestos
y prevenir la corrupción dentro de las instituciones policiales.
3. Base de datos de ciudadanos detenidos, para que todos los cuerpos policiales del
AMC consulten si algún individuo tiene antecedentes criminales en otro municipio.
4. Sistema integrado de estadísticas sobre el delito, para que todos los cuerpos de
seguridad del AMC consulten y manejen todos los datos en seguridad de la capital.
5. Programa de formación para policías, con el objetivo de unificar los conocimientos
gerenciales, legales, policiales y criminológicos entre las instituciones de seguridad del
AMC.
6. Programa de prevención y formación para la comunidad en materia de seguridad
ciudadana, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, para mejorar las relaciones
entre la comunidad y sus autoridades policiales.
Se Vive Diferente
Es un programa integral de cultura ciudadana en el que se trabaja con los
ciudadanos bajo la premisa de que todos son parte fundamental en la construcción de
un cambio de mayor bienestar y progreso en la sociedad, especialmente en la lucha
contra la violencia. Este cambio se va a lograra a través de:
1. Organización y formación ciudadana: planificación y organización ciudadana,
partiendo de modelos de formación y evaluación de las comunidades ante las
cuales se implementan medidas que pueden llevar a cabo los propios ciudadanos
para construir comunidades en donde SE VIVE DIFERENTE: donde hay paz y
bienestar.
2. Red de Cooperación interinstitucional: mediante acuerdos se consolida la
corresponsabilidad entre los distintos sectores de la sociedad en la lucha contra
la violencia; cada individuo y cada sector -comercios, gobiernos, autoridades,
medios de comunicación, artistas entre otros- tiene una responsabilidad en
materia de violencia.
3. Campaña comunicacional: los jóvenes está cada vez más expuestos a un modelo
erróneo de superación en la búsqueda del éxito personal y el respeto de los
demás. Algunos han empezado a creer que ser malo, portar un arma, beber
alcohol en exceso los lleva a ser una referencia de poder y respeto en su
comunidad. A través de esta campaña se pretenden cambiar estos estereotipos y
explicar que ese modelo erróneo lleva a la persona a la destrucción. Hacer
entender que es un modelo de burla porque se convierte en una persona que no
tiene la capacidad racional para destacarse y que lejos de imponer respeto sólo
impone miedo.
Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC)
Es un espacio de cooperación institucional entre organizaciones no
gubernamentales con una amplia trayectoria en el trabajo por la seguridad,
universidades, especialistas, institutos municipales y la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Derechos Humanos, que busca unir esfuerzos y experiencias para
diagnosticar en conjunto la situación de la seguridad ciudadana en el Área
Metropolitana de Caracas (AMC), elaborar recomendaciones dirigidas a los entes
competentes y hacerle seguimiento, en aras de impulsar la acción del Estado
venezolano a favor de la seguridad de los caraqueños.
Objetivos del OMSC
-
Establecer alianzas con organizaciones nacionales e internacionales que trabajen
con temas vinculados a homicidios y secuestros, violencia de género,
intrafamiliar y juvenil, debilidad institucional y situación carcelaria
-
Diagnosticar la situación de la problemática de la inseguridad en el AMC y
evaluar las acciones de los gobiernos
-
Comparar la situación de seguridad (indicadores) del AMC con otras ciudades
-
Ofrecer alternativas de solución ante la problemática
-
Presentar un informe semestral públicamente y ante los entes competentes
Proyectos del OMSC
-
Informes semestrales y anuales de violencia en el AMC
-
Encuesta de percepción
-
Directorio de Seguridad Ciudadana en el AMC
-
La creación de espacios para discusiones, elaboración de propuestas y
seguimiento de las políticas públicas recomendadas desde expertos de la
sociedad civil
-
Discusiones públicas y promoción de la participación ciudadana a través de foros
y otras actividades
Temas que aborda el OMSC y las organizaciones que colaboran en cada tema:
-
Violencia homicida, robos, hurtos y secuestros

-
Niños, niñas y adolescentes

-
Una Ventana a la Libertad, Fundación Freedom, Observatorio
Venezolano de Prisiones y Comisión de Seguridad Ciudadana y
Derechos Humanos del Cabildo Metropolitano.
Discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género

-
Cofavic, Una Ventana a la Libertad y Fundepro.
Situación penitenciaria y reinserción social

-
Quiero Paz, Centro Gumilla y Comisión de Seguridad Ciudadana y
Debido proceso

-
Consejos de Protección de las alcaldías de Chacao, Baruta, Sucre y El
Hatillo, OVIAD, Fundación Niña Madre, Fundación Bengoa, Centro
Comunal Catia y los expertos Bárbara Puglisi y Tito Lacruz Rangel y
Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Cabildo
Metropolitano.
Incidencia pública para la paz

-
Incosec, Quiero Paz, Paz Activa y Comisión de Seguridad Ciudadana y
Diverlex y Unión Afirmativa.
Violencia en contra de las mujeres

Fundamujer, Observatorio de los DDHH de las Mujeres, Inmemujer,
Instituto Regional de la Mujer del Estado Miranda, Promujer
(Organización gubernamental de la Alcaldía de Sucre), Centro de
Estudios de la Mujer de la UCV, Avesa, Aliadas en Cadena y Comisión
de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Cabildo
Metropolitano.
CAPÍTULO III:
Informe sobre la situación de Violencia en el
Área Metropolitana de Caracas, 2011
Contexto general de la situación de Violencia
En 2011, la violencia en Venezuela sigue siendo igual de crítica que en los últimos
años. Los índices de criminalidad no han disminuido y las políticas públicas llevadas a
cabo por parte del Gobierno Nacional y los gobiernos locales no han logrado incidir en la
disminución de los niveles de violencia que se presentan. Existen casos puntuales de
éxito en algunas zonas del país, pero estos no logran generar resultados que otorguen
mayor seguridad en la población.
La situación general en materia de seguridad ciudadana en Venezuela demuestra
las debilidades de la gestión del Gobierno Nacional, el cual no logra dar respuesta a la
crisis que existe y se dedica a impulsar programas sociales que no producen los cambios
de base que necesita la población.
Por su parte la sociedad civil, bajo un enfoque preventivo de investigación y
desarrollo social, sigue realizando un trabajo que busca gestar cambios culturales en la
población a largo plazo, aprovechando las capacidades que tienen las organizaciones del
tercer sector.
A continuación, se presenta la situación de violencia en el Área Metropolitana de
Caracas, tomando en cuenta temas o ámbitos específicos para caracterizar la
problemática y algunas recomendaciones para superarla.
VIOLENCIA HOMICIDA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
2011
POR: INCOSEC Y COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS DEL
CABILDO METROPOLITANO DE CARACAS
El concepto de violencia homicida hace referencia al uso intencional de la fuerza
o el poder físico, en acción o intimidación, contra terceros, grupos y/o comunidades,
que origine la muerte de los afectados (OMS cp. Incosec, 2010).
La importancia de este hecho delictivo estriba en que no sólo es el máximo
episodio de violencia y agresividad tipificado en el Código Penal Venezolano, sino que
sus consecuencias transcienden a la víctima: a nivel del Estado, incrementa la inversión
en el sistema de salud pública; a nivel social, aumenta la percepción de inseguridad de
los ciudadanos; a nivel familiar, impacta negativamente a la dinámica cotidiana del
hogar (Incosec, 2011; Moreno, 2002).
El objetivo de este trabajo es ofrecer un panorama de la situación de la violencia
homicida en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), su magnitud y características, a
partir de las cifras oficiales de homicidios del año 2011 y del registro de muertes
violentas que Incosec llevó en dicho período.
Breve resumen de la situación en 2010
Durante el año 2010 ocurrieron 13.894 homicidios a escala nacional, de los
cuales 16% se concentraron en el municipio Libertador de Distrito Capital y los
municipios Sucre, Baruta, El Hatillo y Chacao, del estado Miranda.
Cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)
revelaron que en el año 2010 ocurrieron 1700 homicidios en el Municipio Libertador del
Distrito Capital. Por su parte, el Instituto Autónomo Policía del Estado Miranda (IAPEM)
registró 516 asesinatos en tres de los cuatro municipios del Estado Miranda que
integran al Área Metropolitana de Caracas (DMC): 496 en el municipio Sucre, 10 en El
Hatillo y 10 en el municipio Chacao. Finalmente, el Instituto Autónomo Policía Municipal
de Baruta (IAPMB) registró 70 casos de homicidio en el territorio correspondiente al
municipio Baruta.
De acuerdo a estas cifras, durante 2010 hubo 2.286 homicidios, cuyo impacto en
el DMC (71 hpccmh6) es mayor que la incidencia del hecho en el territorio nacional (48
hpccmh). Y dentro del DMC, el Municipio Libertador (81 hpccmh) fue el área más
afectada, seguido por Sucre (76 hpccmh), Baruta (22 hpccmh), Chacao (14 hpccmh), y El
Hatillo (14 hpccmh).
6
Hpccmh: homicidios por cada cien mil habitantes.
Situación en 2011
De acuerdo a cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc) durante el año 2011 ocurrieron 18.8507 homicidios a escala
nacional, de los cuales 18% se concentraron en el municipio Libertador de Distrito
Capital y los municipios Sucre, Baruta, El Hatillo y Chacao, del estado Miranda.
En toda el Área Metropolitana de Caracas hubo un total de 3.479 homicidios
distribuidos de la siguiente manera: 580 en el municipio Sucre, 84 en Baruta, 9 en
Chacao y 15 en El Hatillo, según el Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda
(Iapem); y 2.800 en Libertador, de acuerdo con el Cicpc.
El municipio Libertador fue el área más afectada por la violencia homicida, pues
cerró el año con una tasa de 133 homicidios por cada cien mil habitantes, frente a 88 del
municipio Sucre, 26 en Baruta, 21 en El Hatillo y 13 en Chacao.
A escala global, la incidencia del homicidio en el AMC aumentó en comparación a
2010, pues la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes pasó de 71 a 108. No
obstante, la tendencia al alza de homicidios no se mantiene en cada uno de los
municipios, pues mientras que en Libertador hubo un incremento de 64%, en Chacao
hubo una disminución de 10%.
Variación en las tasas de Homicidio por municipios
Área Metropolitana de Caracas 2010 – 2011
Tasa
Municipio
Variación %
2010
Libertador 81
133
64
El Hatillo
14
21
48
Baruta
21
26
26
Sucre
76
88
16
Chacao
14
13
-10
Total
71
108
52
Fuente: Cicpc, Iapem. Cálculos de Incosec
7
Cifra extraoficial.
2011
Hasta aquí queda claro que hubo un incremento en la cantidad de homicidios en
el AMC entre los años 2010 y 2011, y que esta tendencia al aumento se repite en cada
uno de los municipios, salvo en Chacao. El impacto de este incremento no es igual en
cada municipio, ya que Libertador y El Hatillo resultaron ser los más afectados por la
relación que existe entre la cantidad de homicidios y el tamaño de la población de
dichas zonas.
Caracterización de los homicidios del AMC
A partir del registro de muertes violentas que Incosec llevó diariamente, a través
de monitoreos de prensa durante el año 2011, es posible caracterizar el hecho del
homicidio, analizar sus tendencias, señalar sus factores asociados y áreas de
intervención del problema.
La violencia homicida en el AMC es un fenómeno que afecta
predominantemente a los hombres, más que a las mujeres, sobre todo en edades
comprendidas entre los 15 y 44 años:
Cuadro 1
Distribución relativa a los homicidios por sexo y edad
Rango de
edad
Sexo
Total
Hombre
Mujer
Sin datos
0 - 14
1,27%
0,64%
0,07%
1,98%
15 - 24
39,38%
1,91%
0,21%
41,50%
25 - 44
35,78%
2,40%
0
38,18%
45 - 64
6,56%
0,85%
0
7,41%
65 y más
2,75%
0,49%
0
3,25%
Sin datos
7,48%
0,21%
0
7,69%
Total
93,23%
6,49%
0,28%
100%
Fuente: Incosec
Sin embargo, mientras que la muerte de los hombres está asociada a robos y
problemas interpersonales entre conocidos, la de las mujeres está asociada a balas
perdidas, robos y a violencia intrafamiliar y de pareja o ex pareja.
Cuadro 2
Distribución relativa a los homicidios por sexo, según causa asociada
Sexo
Causa asociada
Total
Hombre
Mujer
Robo
23,01%
17,39%
22,58%
Ajuste de cuentas
13,78%
10,87%
13,55%
Bala perdida
5,53%
18,48%
6,35%
Enfrentamiento
delincuentes
entre
policías
y 4,24%
0
3,95%
Enfrentamiento entre bandas
0,76%
1,09%
0,78%
Sicariato
0,61%
0
0,56%
Intrafamiliar
0,76%
5,43%
1,06%
Pareja o ex pareja
0,38%
10,87%
1,06%
Otros
6,59%
7,61%
6,63%
Sin datos
44,36%
28,26%
43,47%
Total
100%
100%
100%
Fuente: Incosec
El arma de fuego fue el principal medio con el cual se cometieron los homicidios
en el AMC; a pesar de esto, este instrumento tiene mayor peso en los hombres que en
las mujeres, grupo que también es afectado por las armas blancas.
Cuadro 3
Distribución relativa a los homicidios por sexo, según medio de comisión
Sexo
Medio de comisión
Total
Hombre
Mujer
Arma de fuego
92,05%
75,00%
90,97%
Arma blanca
4,54%
10,87%
4,94%
Objetos contundentes 0,08%
0
0,07%
Fuerza física
0,68%
5,43%
0,99%
Mixto
1,36%
2,17%
1,41%
Otros
0,23%
0
0,21%
Sin datos
1,06%
6,52%
1,41%
Total
100%
100%
100%
Fuente: Incosec
De esta manera, el porte de armas de fuego se convierte en un factor de riesgo
para la comisión de un homicidio, pero la intensidad de su empleo es distinta en cada
uno de los sexos, pues mientras los hombres tienden a morir por múltiples disparos, las
mujeres tienden a morir por uno solo.
Cuadro 4
Distribución relativa a los homicidios por sexo, según intensidad del ataque
Intensidad Sexo
del
ataque
Hombre
Mujer
1
19,97%
36,78%
21,03%
2
19,17%
22,49%
19,38%
3
12,11%
4,50%
11,62%
4
7,57%
2,25%
7,23%
5
7,82%
2,25%
7,47%
6 - 10
14,63%
11,24%
14,41%
11 ó más
16,65%
9,00%
16,16%
Sin datos
2,10%
11,49%
2,69%
Total
100
100
100
Total
Fuente: Incosec
Recomendaciones
A modo de resumen, la violencia homicida en el AMC es un hecho que afecta
típicamente a los hombres y a la población entre 15 y 44 años; tienen como causa
asociada el delito de robo, y como medio de comisión más frecuente, el arma de fuego.
Además, la mayoría de las personas victimizadas por armas de fuego fallecieron por
múltiples disparos.
Si esta situación se observa en los municipios, más de la mitad de las muertes
violentas ocurridas en el AMC sucedieron en Libertador, seguido de Sucre.
La violencia homicida, máxima expresión de irrespeto por la vida, integridad y
derechos humanos de las personas, constituye un fenómeno que afecta a todo el AMC.
De lo anterior se desprende la necesidad de diseñar y desarrollar políticas
públicas enfocadas en las causas que motivan las muertes violentas en el AMC y que
afectan de forma desigual a hombres y mujeres.
El robo y el uso de armas de fuego son temas prioridades que deben ser
atendidas. La resolución pacífica de conflictos es una herramienta que hay que
promover y así fomentar la convivencia ciudadana como valor prioritario para contribuir
a garantizar la vida e integridad de los ciudadanos; así como mejorar la calidad de vida
de los habitantes del Área Metropolitana de Caracas.
Bibliografía
Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2011). Seguridad
Ciudadana y Políticas Públicas en Venezuela. Referencia para la Acción. Caracas: Autor
Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2010). Políticas
Públicas de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Distrito Metropolitano de Caracas.
Caracas: Autor.
Moreno, A. (2002, Octubre). Comparación internacional sobre el impacto social del uso
de armas de fuego. Centro de estudios sociales y de opinión pública, boletín nº 1.
Tomado de http://www.diputados.gob.mx/cesop/boletines/no1/4.pdf
ROBOS Y HURTOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
2011
POR: PAZ ACTIVA Y COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS DEL
En medio de los altos niveles de delitos y violencia que se vive en Caracas,
destacan dos tipos de delitos que son muy frecuentes. Los robos y hurtos son los delitos
más comunes, alcanzando cifras de 3.611 casos denunciados sólo en tres de los cinco
municipios que conforman el Área Metropolitana de Caracas. Esto significa en
promedio, 10 delitos denunciados con estas características cometidos diariamente
durante 2011.
Si bien el venezolano está muy familiarizado con el robo y hurto de vehículos, y a
pesar de que en el país se roban cerca de 20.000 vehículos cada año, el artículo que más
se roba en Venezuela es el teléfono móvil. Según registros de las operadoras de
telefonía celular, cerca de 100.000 celulares se roban cada mes, lo que proyecta al año
un total de 1.200.000 equipos robados.
En tal sentido, se desconoce la situación comparativa entre 2010 y 2011, ya que
los delitos definidos anteriormente se presentan con una cifra negra muy alta, por lo
que se desconoce la cantidad de robos y hurtos en términos generales cometidos en
2010. Otro factor que hace difícil la comparación es que la data no es procesada de la
misma forma por todos los cuerpos policiales, por lo que en muchos casos se desconoce
la hora en la que se cometió el hecho o el medio de comisión, si es que la persona, en
efecto, presentó una denuncia ante el CICPC.
Definición de los términos a utilizar
El Código Penal venezolano define los diferentes tipos de robo de la siguiente
manera:
Art. 455 - Robo: el que por medio de violencias o amenazas de graves daños inminentes
contra personas o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el
lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste.
Art. 457 - Robo agravado: cuando el individuo que en el acto de apoderarse de la cosa
mueble de otro, o inmediatamente después, hace uso de las violencias o amenazas
antedichas contra la persona robada o contra la presente en el lugar del delito, sea para
cometer el hecho, sea para llevarse el objeto sustraído, sea, en fin, para procurarse la
impunidad o procurarla a cualquier otra persona que haya participado del delito.
Por su parte, el Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y
Seguridad Ciudadana en Latinoamérica, presenta estas definiciones:
Hurto: apoderarse de un bien ajeno sin ejercer violencia ni fuerza sobre las cosas o sobre
las personas.
Robo: el acto apoderarse de una cosa o mueble ajena con el propósito de obtener
provecho para sí o para otro mediante el ejercicio de cualquier tipo de violencia sobre las
personas y/o cosas.
Definición de acuerdo a la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores:
Art. 1 - Hurto de vehículos: el que se apodere de un vehículo automotor perteneciente a
otra persona natural o jurídica con el propósito de obtener provecho para sí o para otro,
sin el consentimiento de su dueño, será penado con prisión de cuatro a ocho años.
Art. 5 - Robo de vehículos: el que por medio de violencia o amenazas de graves daños
inminentes a personas o cosas, se apodere de un vehículo automotor con el propósito de
obtener provecho para sí o para otro, será sancionado con pena de presidio de ocho a
dieciséis años. La misma pena se aplicará cuando la violencia tenga lugar
inmediatamente después del apoderamiento y haya sido empleada por el autor o el
partícipe para asegurar su producto o impunidad.
Una vez conocidas estas definiciones, se puede comenzar a profundizar en las
cifras de robos y hurtos que reflejan cada municipio. Cada una de estas entidades otorga
las cifras con los indicadores que considera pertinentes. Es por esto que no todas tienen
el mismo formato; sin embargo, se puede obtener un panorama general de cómo está la
situación en cada municipio.
Municipio Sucre
MunicipioSucre 2011
Robo
Hurto
Total
1.422
1.319
2.741
Fuente: Policía Municipio Sucre
A continuación, se presentan por mes de las cantidades de robos y hurtos
(excluyendo los robo y hurtos de vehículos) cometidos en 2011. Los tres meses con más
incidencias de robos y hurtos son julio, agosto y noviembre:
MunicipioSucre 2011
Mes
Robo
Hurto
Total
Enero
40
66
106
Febrero
31
64
95
Marzo
43
52
95
Abril
39
51
90
Mayo
53
68
121
Junio
56
61
117
Julio
89
80
169
Agosto
77
78
155
Septiembre
70
66
136
Octubre
73
66
139
Noviembre
83
63
146
Diciembre
64
60
124
Total
718
775
1493
En esta tabla, se presentan las cifras correspondientes a los robos y hurtos de vehículos
en el municipio Sucre a lo largo de 2011 y desglosado por mes. Los meses con mayor
incidencia son mayo, julio y agosto:
MunicipioSucre 2011
Mes
Robo de vehículo
Hurto de vehículo
Total
Enero
41
46
87
Febrero
31
36
67
Marzo
45
26
71
Abril
43
36
79
Mayo
64
95
159
Junio
41
38
79
Julio
79
89
168
Agosto
87
38
125
Septiembre
56
31
87
Octubre
62
36
98
Noviembre
85
37
122
Diciembre
70
36
106
Total
704
544
1248
Municipio Chacao
El municipio Chacao es geográfica y demográficamente el más pequeño del AMC,
pero a su vez es donde se encuentra el corazón financiero de la ciudad. Es por esto que
muchos de los delitos con estas características son cometidos allí, especialmente por el
perfil de las personas que allí habitan y, especialmente, las que allí laboran. En la
siguiente tabla se observa que hay una mayor incidencia de hurtos (método no violento
de apoderarse de un bien) que de robos.
MunicipioChacao 2011
Robo general
Hurto general
Total
871
1151
2022
Fuente: Policía Municipio Chacao
Robo
Hurto
Total
702
793
1495
Robode vehículo
Hurto de vehículo
Total
144
145
289
Robode Motos
Hurto de Motos
Total
25
213
238
Municipio El Hatillo
El municipio El Hatillo es un “municipio dormitorio”, en donde se encuentra gran
parte de las zonas residenciales de los estratos A y B de la ciudad. Es por esto que la
Policía de El Hatillo hace gran énfasis en el hurto y robo de las residencias. Pero se sabe
que la cifra negra de este delito es bastante alta.
MunicipioEl Hatillo 2011
Robo de Vehículo Hurto de Vehículo
Total
9
18
9
MunicipioEl Hatillo 2011
Robo
residencias
31
a Hurto a residencias
38
Hurto Arma de fuego
9
Total
69
Como conclusión de las cifras antes presentadas, el robo y hurto a residencias
sigue siendo el mayor problema de inseguridad que enfrenta el municipio.
Revisión de las políticas públicas implementadas en 2011 por parte de los gobiernos
municipales, regionales o nacional
Caso: Operativo “Madrugonazo al hampa” por el CICPC
En enero de 2011, se dio el inicio al operativo “Madrugonazo al Hampa”, cuyo
objetivo principal es el de desmontar las diferentes bandas delictivas que hacen vida en
Caracas y en todo el país. Los encargados de este operativo fueron los integrantes del
CICPC. El director de dicho cuerpo indicó entonces que con este operativo “estamos
dándole un madrugonazo al hampa. Todas las divisiones del CICPC se van a la calle para
luchar contra la delincuencia organizada y brindarle seguridad al pueblo”
En este sentido, para los primeros días de enero ya se habían decomisado 308
armas en todo el país, de las cuales 29 fueron decomisadas en Caracas y, para junio de
2011, ya habían alcanzado la cifra de 3.726 armas incautadas. Según cifras del CICPC,
por cada arma decomisada se salva la vida de siete personas. En los últimos tres años se
han decomisado 16.801 armas.
Así como las armas decomisadas, también uno de los focos de este operativo fue
desmantelar las bandas delictivas que operan en todo el territorio nacional. Según cifras
expuestas por este organismo, en 2009 se desarticularon 920 bandas, y en 2010 la cifra
había subido 159% con la desarticulación de 2.386 bandas. Para febrero de 2011, ya se
contabilizaban 263 bandas desmanteladas gracias al operativo “Madrugonazo al
Hampa”.
Estas iniciativas son soluciones a muy corto plazo del problema delictivo en el
país, pero hace falta una mayor integración de todos los cuerpos encargados de la
seguridad ciudadana, para que la efectividad de planes como estos pueda ser mayor.
Recomendaciones
El robo y el hurto son los delitos más comunes que se presentan en la sociedad
venezolana. Las encuestas especializadas colocan el índice de victimización por hogar
cerca de 40% para los caraqueños y un nivel levemente inferior para el resto del país.
Esto quiere decir que en 4 de cada 10 hogares, por lo menos uno de sus miembros ha
sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. En países desarrollados este índice
ronda el 10% aproximadamente. Esta victimización está compuesta, en su gran mayoría,
por robos y hurtos de todo tipo.
El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana exhorta a las autoridades
competentes a seguir tomando medidas en la materia. Una de las preocupaciones más
grande sigue siendo los formatos de recolección y presentación de cifras en cada
municipio. Mientras se encuentren más estandarizados, se pueden conocer con mayor
claridad las zonas, los delitos y las víctimas que están sufriendo estas situaciones
delictivas. Con esa información, no sólo los policías, sino también los entes
metropolitanos y la diferentes ONG, pueden dirigir sus esfuerzos para solventar un
problema en específico.
También se hace un llamado a la unificación de todos los cuerpos policiales para
solventar estas situaciones, no solo los cuerpos del Área Metropolitana, sino todos los
que tienen responsabilidad en esta materia, regional y nacionalmente.
SECUESTROS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
2011
POR: QUIERO PAZ y COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS DEL
Dentro del clima de inseguridad que vive Venezuela, son muchas las formas
mediante las cuales la violencia se expresa. El secuestro es una de estas, con un alto
crecimiento debido al beneficio económico que representa.
En este informe se utiliza una terminología básica para abordar el tema. A
continuación, algunas definiciones:
Secuestro
Según el Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y
Seguridad Ciudadana (SRIECSG), secuestro “es la privación de libertad de una persona,
plenamente identificada, en contra de su voluntad, exigiendo ventaja económica o de
otra índole a cambio de su liberación”.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), en su encuesta de victimización
realizada en 2010, define el secuestro como “retener contra su voluntad a una persona
para pedir rescate o dinero de ella misma a cambio de su libertad”.
Cautiverio
En la ponencia de la licenciada Claudia Llano en el “Seminario: Secuestro y
Extorsión, delitos sin fronteras” realizado por el Incosec, se define el cautiverio como “el
momento cuando la víctima está encerrada, hay un temor permanente a morir, hay una
absoluta pérdida de la intimidad y la integridad”.
El cautiverio se convierte en el periodo de tiempo que transcurre entre la
aprehensión de la victima y la liberación de la misma.
Secuestro Selectivo
En la misma ponencia, Llano define el secuestro selectivo como un “secuestro
extorsivo de larga duración, que tiene un proceso de escogencia y planeamiento; es un
delito de estructuras delictivas y bandas organizadas”.
Esta modalidad de secuestro está precedida por una vigilancia e identificación de
la víctima que será secuestrada. Es por esto que las sumas que manejan los
secuestradores para el intercambio son mucho más elevadas y el tiempo de la víctima
en cautiverio es desde semanas hasta meses.
Secuestro Casual o Express
Esta modalidad de secuestro se caracteriza por durar un periodo corto de tiempo
(de 2 a 24 horas). Las cantidades de dinero que se negocian con los secuestradores son
relativamente bajas.
Claudia Llano lo define como “el secuestro donde no seleccionan una víctima
previamente, pero los delincuentes seleccionan una zona de la ciudad para cometer
esta fechoría”. Esta modalidad es la que afecta en mayor medida a los habitantes del
Área Metropolitana de Caracas.
En 2010 no se publicaron cifras oficiales por parte del Gobierno Nacional que
demostraran los índices de secuestros ocurridos en el país. Sin embargo, el Instituto de
Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC), de acuerdo a proyecciones basadas en
las cifras publicadas por el Grupo Anti-extorsión y Secuestro (GAES) durante el primer
trimestre de 2010, estima que en 2011 hubo alrededor de 1.179 secuestros; es decir,
449 más que los registrados durante el 2009.
Esta cifra está compuesta por los seis tipos de secuestros contemplados en la Ley
Contra el Secuestro y la Extorsión; pero al revisar los resultados de la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana que realizó el INE en 2009, se
observa que en 83% de los casos el tiempo de retención de la víctima no superó las 24
horas, lo que da indicios claros de la mutación del Secuestro Selectivo al Secuestro
Express.
Situación en 2011
La situación en 2011 fue muy parecida a la registrada en 2010. Altos números de
secuestros en el país concentrados en las ciudades de Valencia, Maracaibo y Caracas,
aunque pocos son los casos denunciados. Como explica uno de los principales
especialistas del estudio de esta problemática en Venezuela, y específicamente en
Caracas, Fermín Mármol García, 70% de las personas o familiares víctimas de secuestro
no suelen denunciar.
Esto se debe a que “el secuestro express ha aumentado considerablemente. Las
personas tienen miedo porque creen que en efecto las bandas están integradas por
policías activos y temen meterse en más problemas si ponen la denuncia”.
Es por esto que las cifras que se obtienen muestran solo un bosquejo de la
situación real. Aunado a esto, existe un hermetismo por parte de las autoridades para
proporcionar las cifras oficiales. Éstas muchas veces están incompletas o no concuerdan
con las cifras ofrecidas por los otros organismos públicos.
Una de las pocas declaraciones que han ofrecido en materia de secuestros las
autoridades correspondientes fue la del vicepresidente de la Republica, Elías Jaua a
finales del mes de Mayo aseveró que “entre enero y mayo se registraron un total de 174
secuestros enel país”, cifra que comparó con los datos del primer semestre de 2010
cuando se registraron 284 casos; lo que supone una disminución del 57,42% en los
primeros seis meses de2011.
Sin embargo, esto contrasta con las cifras ofrecidas por el CICPC al diario 6to
Poder a principios de 2012 en las cuales se afirma que en el país hubo 1.150 victimas de
secuestros durante todo 2011, lo que significa al menos tres secuestros diarios.
Partiendo de estas estadísticas, se profundizará en los delitos cometidos en el
Área Metropolitana de Caracas a través de la información recopilada por los centros de
investigación en seguridad ciudadana que existen en la ciudad y de sus proyecciones e
investigaciones (conscientes de que no se manejan cifras oficiales, pues no son de
acceso público). Actualmente se contabilizan entre 2 y 4 secuestros diarios en la ciudad
de Caracas, y los secuestros express son los más frecuentes.
En el último trimestre de 2011 hubo un aumento de los secuestros express que
llegaron hasta 5 diarios, de los cuales se estima que solo uno fue denunciado ante las
autoridades. Justamente el último trimestre del año se caracteriza por un elevado
aumento en la fluidez de dinero en las calles venezolanas y especialmente en las
caraqueñas.
Altos índices de secuestro en el municipio El Hatillo
Una de las principales características del secuestro express es que el
secuestrador no selecciona una víctima con anterioridad sino que la escoge en una zona
de clase media o media alta. Casi siempre se basa en el carro de la víctima, lo que puede
indicarle que esa persona cuenta con un alto poder adquisitivo.
El Hatillo, en especial la zona de Alto Hatillo, está habitada en su mayoría por
personas pertenecientes a clases media y media alta. Ésta es una de las razones por las
cuales los secuestros repuntaron tanto en este municipio este año, al punto que la
comunidad tuvo que manifestarse públicamente en contra de este problema.
El jueves 6 de octubre, la comunidad de Alto Hatillo denunció los altos índices de
secuestros de los que está siendo victima. Para esto llevó a cabo una manifestación
pacífica en una de sus calles principales, donde expusieron una pancarta que decía:
“Zona de secuestro, circule a su propio riesgo”.
La presidenta de la Asociación de Vecinos de Alto Hatillo ofreció una declaración
al diario El Universal, en la cual indicó que a la semana se producían alrededor de cuatro
secuestros, y que para la fecha (octubre de 2011) habían contabilizado unos 70
secuestros en la zona.
La forma como se efectuaron los mismos fue a altas horas de la noche. Entre dos
o más carros abordaron a la víctima y, posteriormente, pidieron un rescate a sus
familiares.
El caso particular del municipio El Hatillo es una evidencia de que el secuestro
express está en pleno desarrollo en el Área Metropolitana de Caracas y que debe
estudiarse para buscarle una solución.
Apertura de la Unidad de Antiextorsión y Secuestro y de la Fiscalía 46 con competencia
en materia de Extorsión y Secuestros
Ante la creciente problemática del secuestro en el país y en la ciudad capital, la
fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, inauguró en Caracas la Unidad
Antiextorsión y Secuestro y la Fiscalía 46 con competencia nacional en materia de
extorsión y secuestros.
La fiscal señaló que la Unidad Antiextorsión y Secuestro funcionará como un
centro en el cual un grupo integral de especialistas realizarán las experticias técnicas
necesarias para que los fiscales puedan desarrollar una investigación exitosa. “La
importancia de esta unidad radica en que estará dedicada a atacar de una manera
directa y especializada este hecho delictivo de una forma proporcional a su
complejidad”, dijo.
En cuanto a la Fiscalía 46, afirmó que estará especializada únicamente en la
investigación de este tipo de flagelos en el país y estará compuesta por un fiscal
principal y cuatro fiscales auxiliares.
La fiscal destacó que “en Venezuela estos delitos representan un tema sensible
para la población, repercutiendo de manera negativa en las psiquis de la colectividad. Es
por ello que los cuerpos de seguridad del Estado y los organismos encargados hemos
venido trabajando de manera cohesionada para erradicar este delito”.
Recomendaciones
Ante el incremento considerable de secuestros en el Área Metropolitana de
Caracas, muchas son las soluciones y políticas públicas que se pueden implementar para
solventar la situación.
El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana considera que una de las
soluciones más urgentes es el suministro de data oficial por parte de las instituciones y
cuerpos encargados de este trabajo. La confianza de los ciudadanos radica, en parte, en
la comunicación que se tenga entre los cuerpos encargados de la seguridad y la sociedad
respecto a la realidad que se está viviendo.
Si los ciudadanos tienen acceso a esta información, se podrían tomar medidas
inmediatas, no sólo por parte de las autoridades municipales, estadales y nacionales,
sino también por parte de los ciudadanos en general. Conocer los modus operandi, las
horas de ocurrencia de los hechos o los lugares en los cuales se presentan, puede
significar una gran disminución de las cifras que se manejan en estos momentos.
Otro de los puntos que ayudaría a solventar esta grave situación es la cohesión
real de todas las fuerzas encargadas de salvaguardar a los ciudadanos; es decir, una
unión real de todos los niveles de los gobiernos municipal, regional y nacional. Esto
permitiría la aplicación de operativos, planes e investigaciones para atacar este tipo de
delito.
VIOLENCIA EN CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
2011
POR: FUNDAMUJER, OBSERVATORIO DE LOS DDHH DE LAS MUJERES, INSTITUTO
METROPOLITANO DE LA MUJER, INSTITUTO REGIONAL DE LA MUJER DEL ESTADO
MIRANDA, PROMUJER - SUCRE, CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER DE LA UCV, AVESA,
ALIADAS EN CADENA Y LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS
HUMANOS DEL CABIDO METROPOLITANO
Antecedentes
Información recabada de la prensa nacional indica que, desde la Fiscalía General,
se reportaron 95.877 casos de violencia de género en el 2011. Esto representaun
incremento del 42% con respecto al año anterior.
La Fiscalía cuenta con 48 fiscalías especializadas y 73 despachos en todo país,
encargados de investigar este tipo de delitos. Sin embargo, se aclaró que quedan casos
“remanentes” de 2010, esto significa mujeres que tienen un año o más sin recibir la
justicia correspondiente.
Adicionalmente, se informó que se han procesado aproximadamente 134 mil
causas por el TSJ y sus tribunales de Violencia contra la Mujer, y que hasta el 15 de
octubre de 2011 se llegó a actos conclusivos en 58.156 casos. En ninguno de estos
episodios, conocidos a través de prensa nacional, se explica el contexto que sufren las
mujeres, tipos de violencia o procesos transcurridos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la Ley Orgánica
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV) y el Código
Penal no son coherentes en sus mandatos, y se mantiene un Código Civil cuya última
reforma data de 1982 y que no ha incorporado en su totalidad los avances
constitucionales que permitan a las mujeres víctimas de violencia acceder a sus
derechos humanos.
La nueva Ley, aprobada en 2007, es un instrumento legal mucho más completo
que el anterior, que tipifica 19 formas de violencia contra las mujeres, que pueden darse
tanto en el ámbito público como en el privado, y crea una serie de instancias del sistema
de Justicia (tribunales y despachos fiscales especializados, unidades de atención a la
víctima, etc.), para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. No
obstante, muchas veces las medidas de protección y seguridad y las medidas cautelares
no se aplican, y las mujeres tienen dificultades para acceder a ellas, ya sea por falta de
capacitación de funcionarios del sistema de justicia, con competencia para su aplicación;
por exigencias formales de procedimiento para dar curso a las demandas, que resultan
difíciles de satisfacer para las mujeres de menores recursos; o por la existencia de
prejuicios culturales, en la actitud de los responsables de brindar la atención a mujeres,
víctimas de violencia.
También se conocen dificultades para la atención a las mujeres víctimas de
violencia, por deterioro de servicios públicos, y por el recorte de financiamiento a las
organizaciones no gubernamentales que se ocupaban del tema. Se presume que ese
impacto en el financiamiento se debe a que estas ONG´sno son afectas ideológicamente
al gobierno, lo que perjudica directamente a las víctimas, en tanto disminuye el número
y la capacidad de las instituciones a las que se puede acudir.
Justificación del estudio de la Violencia en contra de las Mujeres
El mismo informe citado del INCOSEC señala, que la violencia de género o
intrafamiliar, también ha alcanzado niveles alarmantes, pues durante el primer
semestre del 2011, en Venezuela, al menos 2 mujeres fueron asesinadas diariamente
por razones de género y, al menos 2 semanalmente, fueron asesinada por sus parejas.
Solo últimamente se puede leer en la prensa-porque se hizo un evento
gubernamental al respecto- que el Ministerio Público ha reportado 95 mil casos de
violencia de género en el país. Que el TSJ ha procesado 134.492 causas por violencia
contra la mujer (desde junio de 2008), que hasta octubre de 2011, han perdido la vida
501 mujeres atacadas por sus parejas.
Entendiendo Género como: “una construcción social e histórica de los
contenidos simbólicos de lo femenino y lo masculino en articulación con clase social,
etnia, raza, grupo de edad, institucionalidad, etc., a partir de las diferencias biológicas
de los sexos” (Huggins, 2006, 15), se adopta por consenso entre las organizaciones que
realizan este informe, la definición de Violencia en contra de las Mujeres establecida en
la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LODMVLV, 2007): “…Comprende todo acto sexista o conducta inadecuada que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico,
emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de
libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito
público como en el privado” (Captl. III, Artcl 14).
Tipología de las violencias contra las mujeres en la legislación venezolana
(LODMVLV, Artcl. 15):
1) Violencia psicológica
2) Acoso u hostigamiento
3) Amenaza
4) Violencia física
5) Violencia doméstica
6) Violencia sexual
7) Acceso carnal violento
8) Prostitución forzada
9) Esclavitud sexual
10) Acoso sexual
11) Violencia laboral
12) Violencia patrimonial y económica
13) Violencia obstétrica
14) Esterilización forzada
15) Violencia mediática
16) Violencia institucional
17) Violencia simbólica
18) Tráfico de mujeres, niña y adolescentes
19) Trata de mujeres, niñas y adolescentes
Por razones de tiempo y dificultades de acceso a la información, se limitaeste
informe a los siguientes tipos: Violencia Psicológica, Acoso u Hostigamiento, Amenaza,
Violencia Física, Violencia Doméstica, Violencia Sexual, Acoso Sexual, Violencia Laboral,
Violencia Patrimonial y Económica y Violencia Institucional. Son las que más se han
visibilizado o que máshan sido trabajadas.
Definiciones y criterios de evaluación. Tipología de violencias contra las mujeres
asumidas en el marco del Informe
Como ya se expresó anteriormente, se hace referencia a la LODMVLV, por ser el
único referente legal y obligante, existente en el país. Es necesario comentar que,
aunque existendesacuerdos sobre estas definiciones tanto en forma como en
contenido, se toman como base para la elaboración de este trabajo.
Tipología de violencias contra las mujeres asumidas en el marco del Informe
Tipos tomados en cuenta por consenso de las organizaciones cooperantes: Así es
que tenemos definidas a partir de la LODMVLV (Captl. III, Artcl. 13):
-
Violencia Psicológica: “Es toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra,
descrédito o menos precio al valor o dignidad personal, tratos humillante y
vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia,
abandono, celotipia, comparaciones destructivas, amenazas y actos que
conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima, a
perjudicar o perturbar su sano desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio”.
-
Acoso u hostigamiento: “Es toda conducta abusiva y especialmente los
comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos
dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear apremiar, importunar y vigilar a una
mujer que puedan atentar contra su estabilidad emocional dignidad, prestigio, la
integridad física o psíquica o que puedan poner en peligro su empleo promoción,
reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él”.
-
Amenaza: “Es el anuncio verbal o con actos de la ejecución de una daño físico,
psicológico, sexual,laboral o patrimonial con el fin de intimidar a la
mujer, tanto en el contexto doméstico, como fuera de él”.
-
Violencia física: “Es toda acción u omisión que directa o indirectamente está
dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como: Lesiones
internas o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier
otro maltrato que afecte su integridad física”.
-
Violencia doméstica: “Es toda conducta activa u omisiva constante o no de
empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, persecución o
amenaza contra la mujer por parte del cónyuge, el concubino, ex cónyuge, ex
concubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad,
ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos y afines”.
-
Violencia sexual: “Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la
mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo ésta no
sólo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no
genital, tales como actos lascivos, actos lascivos violentos, acceso carnal violento
o la violación propiamente dicha”.
-
Acoso sexual: “Es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido
sexual, para sí o para un tercero, o el procurar cualquier tipo de acercamiento
sexual no deseado, que realice un hombre prevaliéndose de una situación de
superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas
del ejercicio profesional, y con amenaza expresa o tacita de causarle a la mujer
un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pueda tener en el
ámbito de dicha relación”.
-
Violencia laboral: “Es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo:
públicos o privados que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad
en el mimo, tales como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la
apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados de exámenes de
laboratorios clínicos, que supeditan la contratación, ascenso o la permanencia de
la mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el
ámbito laboral quebrantar el derecho de igual salario por igual trabajo”.
-
Violencia patrimonial y económica: “Se considera violencia patrimonial y
económica toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente, en los
ámbitos publico y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes
muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de
violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la
propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de
objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, limitaciones
económicas encaminadas a controlar sus ingresos; o la privación de los medios
económicos indispensables para vivir”.
-
Violencia institucional: “Son las acciones u omisiones que realizan las
autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes
pertenecientes a cualquier órgano u ente público que contrariamente al debido
ejercicio de sus atribuciones, retarden, obstaculicen o impidan que las mujeres
tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta
Ley, apara asegurarles una vida libre de violencia”.
Los demás tipos de VCM contenidos en la Ley citada como: Acceso carnal
violento, Prostitución forzada, Esclavitud sexual, Violencia Obstétrica, Esterilización
forzada, Violencia mediática, Violencia simbólica y Trata y Tráfico de mujeres, niñas y
adolescentes, son una asignatura pendiente, para lo cual se necesitará una indagación
que amerita un diseño diagnóstico y apoyo profesional, en lo que se consideraría una
verdadera profundización en el tema.
Hay un vacío importante es cuanto a la violencia urbana, creciente y variada
hacia las mujeres, como lo reporta el Observatorio Venezolano de Violencia y la
victimización secundaria de las mujeres (madres, esposas, hijas) de los presos políticos,
de los comunes, las mujeres que están casi confinadas en los refugios y de los hombres
jóvenes asesinados por el hampa y el sicariato, reportados especialmente los fines de
semana. A fines del 2011, se reportaron media docena de casos de agresiones sexuales,
violentas, intrafamiliares, desde los refugios citados. El más reseñado fue el de una
joven adolescente que ultimó a su padrastro cuando éste ejercía violencia física severa a
su madre; todo ello ante la mirada de la Guardia Nacional y en Fuerte Tiuna.
Llama la atención la creciente participación de mujeres en delitos comunes como
miembros de bandas delictivas, incluyendo el uso de armas de fuego, el delito de tráfico
de drogas y también llevando las armas a las fiestas en los barrios. Porque ellas no son
requisadas: “Las bandas compran una casa en el sector, y una mujer con familia o sin
ella la habita (..) son usadas para guardar armas, drogas o secuestrados”, según indica la
investigación del Centro para la Paz de la Universidad Central de Venezuela.
Existe una cara de estas lamentables estadísticas que no se contabilizan en
Venezuela y en casi ningún país. Mientras los hombres de cualquier edad mueren, las
mujeres lloran. Esto es conocido como victimización secundaria por delitos violentos.
En Venezuela, el duelo traumático, por victimización secundaria por delitos
violentos, es sufrido por más de medio millón de personas durante los últimos diez
años, y no existe ningún tipo de política de apoyo para estas mujeres y su familia,
particularmente las niñas y los niños que quedan huérfanos o pierden a sus hermanos y
otros familiares significativos producto del homicidio con armas de fuego.
El duelo traumático se traduce en un desamparo que puede mantener a las
personas ancladas en este suceso, produciendo secuelas emocionales de gran magnitud,
o conductas erráticas y alejamiento de la vida productiva, social y política del entorno
que las rodea. Aun así, las mujeres sobrevivientes, esposas, hermanas o madres, deben
sacar adelante una familia que sobrevive al igual que ellas, en un desamparo temeroso,
ya que los agresores, generalmente son vecinos de la misma comunidad, lo cual agrega
a su drama el miedo y la inseguridad por la vida de los demás miembros del grupo
familiar. Conviven en el barrio, las familias de las víctimas con las familias de los
victimarios, lo cual ha deteriorado el tejido social de las comunidades populares.
Por otro lado, cuando el muerto es un delincuente, ellas y sus hijas e hijos
tendrán que sobrellevar su tragedia, con el estigma del “muerto malo” o del que “está
bien muerto”, sin ningún apoyo. Y es esa condición traumática no resuelta, la que
fácilmente lleva a los jóvenes varones de esos grupos familiares, a iniciar o continuar
una carrera de desviación, una vida más que se traga la violencia.
Sin embargo, el duelo traumático está comenzando a estimular la organización
de esas víctimas en los “Comités de Víctimas contra la Impunidad” o en grupos como
“Mujeres por la Vida” que realizan actos públicos, exigiendo justicia para “sus muertos”,
y en general el tema ha comenzado a ser parte del discurso político cotidiano en el país,
y a tomar los medios de comunicación.
Por último, también falta resaltar que se trata de feminicidios, mujeres
asesinadas, torturadas, violadas, humilladas por el solo hecho de ser mujeres. Se
observa la necesidad urgente de voluntad política para enfrentar el problema, de
discusión y consenso.
Breve revisión de problemas encontrados y algunas soluciones
Es necesario capacitar a los funcionarios, no sólo en la correcta aplicación de las
leyes, sino también en la eliminación de sus prejuicios en la atención de mujeres
víctimas de violencia.
Se plantea corregir las irregularidades en el proceso de recepción y desarrollo de
las denuncias, como falta de recursos económicos y materiales específicos, por
deterioro de servicios públicos, recorte de financiamientos a organizaciones no
gubernamentales no afectas ideológicamente al gobierno, entre otras.
De la aplicación de las medidas de protección y seguridad por parte de los
órganos perceptores de la denuncia, la solicitud del informe psicológico a la mujer a la
hora de colocar su denuncia, realizar evaluación y seguimiento así como también a la
formación del personal encargado de aplicar la LODMVLV, tanto policiales, como
personal de tribunales especiales de VCM.
La ley prevé un sitio especial de reclusión para el agresor, así como la creación de
refugios para proteger a la víctima, realizar evaluación y seguimiento a fin de dar
cumplimiento al mismo. Hacer énfasis en la necesidad del reglamento, que unifique los
procedimientos de atención y manejo de los casos.
Los desafíos
-
A nivel individual: fomentar actitudes y comportamientos saludables en niños,
jóvenes en desarrollo, hombres y mujeres, y en modificar las actitudes y los
comportamientos que ya se han hecho violentos o corren riesgo de violencia de
género. Las estrategias relacionales buscan influir en los tipos de relaciones que
las víctimas y los perpetradores de actos violentos mantienen con las personas
con las que interactúan habitualmente y se centran en los problemas intra
familiares y las influencias negativas de los demás.
-
De base comunitaria: concienciar a la población sobre el problema de la
violencia, promover las acciones comunitarias y ofrecer a las víctimas atención y
apoyo. Las estrategias basadas en la sociedad se centran en actores culturales,
sociales y económicos relacionados con la violencia, y prestan especial atención
a las modificaciones de la legislación, las política y el entorno social y cultural
más amplio para reducir las tasas de violencia en distintos ámbitos y en
comunidades enteras.
-
Son relativamente pocas las estrategias cuya eficacia se ha evaluado con rigor y
en todas las actividades se debe conceder una mayor prioridad a las
evaluaciones. No hay suficientes programas orientados a la prevención primaria,
a diferencia de lo que ocurre con la prevención secundaria y terciaria.
Situación de las violencias contra las mujeres en el Distrito Metropolitano de
Seguridad Ciudadana
La situación actual
Existe un Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las
Mujeres, tal como lo dicta la LODMVLV, pero actualmente no se aplica. Se puede
apreciar, con cierta frecuencia, al Ministerio Público y al TSJ proporcionando algunas
cifras sobre el tema de VCM, pero sin criterios de regionalización o tipologías y,
curiosamente, estas informaciones sólo se dan en actividades públicas.
Tampoco el Instituto Nacional de Estadística ha continuado con lo que e inició
hace más de 4 años. La inicativa fur una Mesa de Violencia contra las Mujeres del SubComité de Género de ese instituto gubernamental que es el obligado o designado en la
ley respectiva para levantar datos en el ámbito nacional.
FUNDAMUJER cerró su encuesta anual nacional con los siguientes resultados:
Al asistir a un órgano receptor para denunciar violencia doméstica como el
Ministerio Público, Juzgado de Paz, Prefectura o Jefatura Civil, CICPC, Policía, Unida de
comando fronteriza, Tribunal de Municipio o cualquier otro que se le atribuya esta
competencia fue tratada/o:
-
Muy Mal: 22,6%
-
Mal: 19%
-
Regular: 25%
-
Bien: 11,9%
-
Muy Bien: 21%
En un brevísimo intento de análisis si se suma Muy Mal y Mal se obtiene un 41%;
sumando Bien y Muy Bien, un 33,3% esperanzados. Si también se une, arbitrariamente
claro, el Regular a los primeros se obtiene un 66% de personas que informan de
atención inadecuada total o parcialmente cuando esas mujeres maltratadas se merecen
una atención acorde al contenido de la LODMVLV y, además, de manera más que
satisfactoria y sensible.
Según los datos obtenidos de las organizaciones que trabajan en materia de
prevención, se hacen sentir de la siguiente manera:
Prevención Individual: fomentar mejores Prevención Comunitaria: concienciar,
actitudes ante violencias intrafamiliares atender, inclusiva, de corte cultural
más habituales indiferentes edades,
géneros, organizaciones
-
Modelos
alternativos
de
educación sexual y doméstica y
salud sexual y reproductiva
(AVESA)
-
Modelos
alternativos
de
prevención, atención en violencia
sexual y doméstica y salud sexual
y reproductiva (AVESA)
-
Actividades de divulgación y
asesoría (FUNDAMUJER, AVESA,
OVDHM))
-
Coordinación de Red de Atención
Juvenil para información y
orientación
de
jóvenes
-
-
Educación a adolescentes y
jóvenes en ejercicio responsable
de su sexualidad, prevención de la
violencia y vocería en SSR (AVESA)
-
Atención psicológica a personas
en VCM y abuso sexual infantil
(mujeres,
niñas,
niños
y
adolescentes) (AVESA)
-
Sensibilización en Derechos SR,
prevención en V y SSR (AVESA,
OVDHM)
-
Asesoría
a
comunidades,
instituciones educativas (todas las
organizaciones)
-
Atención a mujeres y hombres en
situación de violencia de género
(CEM-UCV,)
-
Grupos de reflexión con hombres
violentos (CEM-UCV)
-
Talleres en colegios de prevención
de la Violencia en el Noviazgo
(PROMUJER)
Entrevistas
a
medios
de
comunicación social (todas las
organizaciones)
-
Cine Foros sobre Violencia de
Género (PROMUJER, INMEMUJER,
FUNDAMUJER)
Asesoría
a
comunidades,
instituciones y proyectos varios
(todas las organizaciones)
-
Alianzas
con
otras
ONG
(INMEMUJER,
FUNDAMUJER,
AVESA, Aliadas en Cadena, CEMUCV)
-
Modelo de auto cuidado y
reeducación
de
hombres
(FUNDAMUJER,
CEM-UCV,
INMEMUJER, OVDHM)
-
Sensibilización y concienciación y
capacitación DH con visión de
genero en comunidades, a
funcionarias/os en las áreas de
salud y jurídico legal (INMEMUJER,
OVDHM)
Orientación
psicosocial
de
emergencia en VCM, por celulares
y correo electrónico 24 horas, con
ampliación de temáticas de
consulta;
p.e.,
hombres
solicitando ayuda para mujeres y
para ellos mismos (FUNDAMUJER,
OVDHM))
-
Acompañamiento en Campañas
divulgativas
(todas
las
organizaciones)
-
Sensibilización con visión de
género a mujeres víctimas de
violencia
y
a
agresores
(INMEMUJER)
-
-
-
adolescentes en SSRR (AVESA)
Eventos especiales: Día de la
Mujer, Día Eliminación de la VCM,
Día de la Salud de la Mujer, Día del
C Prevención del Cáncer de
Mama,
etc.
(todas
las
organizaciones)
-
Atención a mujeres y psicológica y
jurídica en los 5 Municipios
(INMEMUJER, OVDHM)
-
Liderazgo de las Mujeres:
“Mujeres y Familias con futuro” y
“Liderízate” (IREMUJER)
-
Formación
de
Defensoras
Comunitarias (PROMUJER
-
Programa: “Cuídate” (PROMUJER)
-
Talleres de capitación en artes y
oficios (PROMUJER)
-
Educación en DH de las Mujeres
(todas las organizaciones)
-
Capacitación en TICS para mujeres
confines de empoderamiento,
emprendimiento económico y
social (Aliadas en Cadena)
-
Modelo de Centros de Atención
en los 5 Municipios (VDHM,
INMEMUJER)
Los nuevos datos, señalan el crecimiento o cambios sufridos a lo interno de estas
organizaciones con respecto a las actividades enlistadas. Por el momento, solo se puede
apreciar diferentes denominaciones para iguales propósitos y las obligadas diferencias
por misiones distintas también.
A continuaciónse presentan algunas de las actividades cumplidas por el Observatorio en
esta materia:
-
Elaboración de Directorio especializados y recogida sistemática de datos (AVESA,
FUNDAMUJER, CEM-UCV, INMEMUJER)
-
Investigación sobre el hombre violento (CEM-UCV, FUNDAMUJER)
-
Cuestionarios y atención a distancia (web e internet) (FUNDAMUJER)
-
Elaboración y diseño último de Registro de Datos en VCM (OBVDHM)
-
Adaptación de Registro de Datos de OVDHM al ámbito Municipal, aplicación
matriz y análisis cualitativo de los mismos 2011 (INMEMUJER)
-
Registro de información para transversalización de género (Aliadas en Cadena)
-
Alianzas ya existentes: a través del OVDHM (FUNDAMUJER, AVESA, Aliadas en
Cadena). IREMUJER con Biblioteca y Mujeres Miranda, Centros Integrales de
Atención y otros varios no especificados. INMEMUJER con el OVDHM y los
Centros Integrales de Atención y otros no precisados. Aliadas en Cadena con
FUNDAMUJER, Red Social, PROSALUD y muchos más no incluidos en este
informe.
Conclusiones y Recomendaciones
Es preocupante la ausencia de Plan Nacional en cuanto a este tema. Aún falta
hacer más visible y dotar de herramientas a las organizaciones que han suplido esa falta
y trabajan constantemente por atender casos de violencia en contra de las mujeres.
Se aprecia y se recalca que la prevención es una medida prioritaria para las
organizaciones que trabajan en este tema.
Es necesario capacitar y aplicar el Registro de Datos de VCM-Municipal diseñado
por el OVDHM y adaptado para el INMEMUJER.
Se recomienda profundizar en el acercamiento de las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales para evaluar más profundamente el tema de
género más allá de VCM.
Se propone elaborar un Protocolo de Prevención en VCM para el Área,
Metropolitana de Caracas a partir de las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales vinculadas al tema.
Bibliografía
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Violencia contra las Mujeres (VCM) en el Área Metropolitana de Caracas.
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Mujeres en el Distrito Metropolitano (julio-noviembre de 2011)
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de seguridad. El Nacional, Sucesos, 31 de diciembre, p. 6.

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Alternativo “Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres y aplicación de la
Convención CEDAW en Venezuela”.
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2012, Breve recopilación de actividades en el año 2011.

ONU MUJERES-Región Andina, 2011, Informe Final del Proceso de Consultas
Nacionales para la Definición del Plan Estratégico 2012-2013.
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Boletín Informativo, 2011, www.onumujeresregionandina.org
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Ciudadana.
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República Bolivariana de Venezuela, 2007, Ley Orgánica sobre el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
VIOLENCIA EN CONTRA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS
2011
POR: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS DEL CABILDO
METROPOLITANO DE CARACAS
Venezuela enfrenta actualmente un aumento desmedido de la violencia con un
foco importante en el Área Metropolitana de Caracas; en donde, según datos del
Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec), se
registraron 3.479 homicidios durante 2011.
De esta realidad no escapan los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), pues en el
año 2006 la tasa de homicidios en la población infanto-juvenil (de 0 a 17 años) fue de 6
homicidios por cada cien mil habitantes. Cifra que supera la tasa de 5,21 para esta
población en América Latina y el Caribe, según el Informe Mundial sobre la Violencia
contra los Niños y Niñas, realizado por el Secretario General de las Naciones Unidas.
Según cifras de CICPC, entre 2005 y 2008 se contabilizaron 4.725 muertes de
NNA en todo el país, de las cuales 2.599 fueron homicidios y 2.124 se encuentran aún en
“averiguación de causa de muerte”.
Aunque esta situación la están afrontando los NNA en las calles, casas y escuelas
de Venezuela, el objetivo principal de este informe es visibilizar la situación de violencia
en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) y presionar posteriormente a las
autoridades actuales para que tomen las medidas necesarias y enfrenten esta
problemática.
Los datos de este informe están clasificados por municipio, basados en las cifras
suministradas por cada uno de los Consejos de Protección y Derecho de las alcaldías. La
información que se presenta corresponde a la totalidad de casos de violencia
registrados en 2011; estos se dividen de acuerdo a la edad y sexo de las víctimas, así
como la parroquia o sector donde ocurrieron los hechos. También se hace mención a los
delitos más comunes cometidos en contra de los NNA en cada municipio.
Para poder exponer los resultados de esta investigación es necesario definir
algunos términos.
Según la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por niño “todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
En el Informe Mundial sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, se
define violencia como“el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado
de amenaza o efectivo, contra un niño, por parte de una persona o un grupo, que cause
o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del
niño, a su supervivencia, desarrollo o dignidad”.
En el año 2000 fue sancionada la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y del
Adolescente para establecer normas que garanticen sus derechos mediante mecanismos
institucionales y procedimientos administrativos. En 2007 hubo una importante
incorporación del derecho que tienen todos los NNA al Buen Trato. También se incluyó
la prohibición expresa del castigo físico y humillante.
Situación de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes
El homicidio se ha convertido en la primera causa de muerte de los varones entre 15 y
24 años, de acuerdo a los datos de los Anuarios de Mortalidad del Ministerio del Poder Popular
para la Salud. En el AMC constituyen 41% de las muertes de 2011, según cifras suministradas
por el INCOSEC en su informe anual.
Los datos que arrojan las investigaciones realizadas en materia de denuncias de
violencia en contra de NNA presentan un panorama alarmante. En 2011 se atendieron
alrededor de 4.545 NNA en el Área Metropolitana de Caracas y se abrieron 1.964
expedientes. Estas cifras corresponden a las estadísticas manejadas por los Consejos de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) de cada alcaldía consultada.
En las siguientes tablas y gráficos, se exponen las cifras de violencia en contra de
NNA correspondientes al Área Metropolitana de Caracas en 2011, específicamente los
Municipios Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo. En esta oportunidad no se pudo contar
con las estadísticas del Consejo de Protección del Municipio Libertador, al cual se le hizo
la invitación y solicitud formal para que formara parte de este informe, sin embargo no
se obtuvo una respuesta positiva del mismo.
Municipio
Libertador
Chacao
Baruta
Sucre
El Hatillo
Total
Expedientes
123
268
1.405
168
1.964
NNA atendidos
440
357
1.356
238
4.545
Fuente: CPNNA Baruta, Sucre, El Hatillo, Chacao (enero - septiembre 2011).
Los derechos consagrados en la LOPNNA que resultaron más amenazados y/o
violados por municipio son los siguientes:
Municipio Chacao
Entre enero y septiembre de 2011, en el municipio Chacao se atendieron a 440
NNA y se abrieron 123 expedientes. En la tabla que se presenta a continuación se
muestran los derechos más vulnerados:
1
2
3
4
5
6
7
Derecho
Artículo 22. Derecho a documentos públicos de
identidad.
Artículo 32. Derecho a la integridad personal.
Artículo 33. Derecho a ser protegidos contra abuso y
explotación sexual.
Artículo 53. Derecho a la educación.
Artículo 51. Protección contra sustancias alcohólicas
estupefacientes y psicotrópicas.
Artículo 93. Deberes de los niños y adolescentes.
Artículo 30. Derecho a un nivel de vida adecuado y
artículo 42. Responsabilidad de los padres,
representantes o responsables en materia de salud
Cantidad
62
49
2
7
1
1
1
En este gráfico se muestran las edades de la población atendida. Se puede
apreciar que la mayoría de las víctimas son niños entre 0 y 11 años:
Sexo de la población atendida
Adolescentes
Masculino
13%
Niñas
33%
Niños
41%
Adolescentes
Femenino
13%
En El Hatillo se atendieron 230 NNA y se abrieron 168 expedientes. En la
siguiente tabla se enumeran los diez artículos de la LOPNNA más vulnerados en este
municipio:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Derecho
Artículo 42. Responsabilidad de los padres,
representantes o responsables en materia de salud.
Artículo 41. Derecho a la salud y a servicios de salud.
Articulo 32-A Derecho al buen trato.
Artículo 54. Obligación de los padres, representantes
o responsables en materia de educación.
Artículo 30. Derecho a un nivel de vida adecuado.
Artículo 25. Derecho a conocer a sus padres y a ser
cuidados por ellos.
Articulo. 15. Derecho de la vida.
Artículo 26. Derecho a ser criado en una familia.
Cantidad
69
57
50
45
37
33
22
15
8
En cuanto a las edades de la población atendida, existe paridad entre niños y
adolescentes masculinos; sin embargo hay un mayor número de adolescentes
femeninas cuyos derechos han sido vulnerados:
Sexo de la población atendida
Adolescentes
Masculino
23%
Niñas
24%
Niños
21%
Municipio Baruta
Adolescentes
Femenino
32%
La situación del municipio Baruta es muy parecida a las de los otros municipios.
El mayor derecho vulnerado hacia los NNA es la integridad personal, seguido del
derecho al Buen Trato. En todo el año 2011 se atendieron 357niños, niñas y
adolescentes y se abrieron 268 expedientes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Derecho
Articulo 32-A Derecho al buen trato.
Artículo 41. Derecho a la salud y a servicios de salud.
Artículo 27. Derecho a mantener relaciones
personales y contacto directo con los padres.
Articulo. 15. Derecho de la vida.
Artículo 63. Derecho al descanso, recreación,
esparcimiento, deporte y Juego.
Cantidad
178
36
28
16
17
14
14
8
7
3
En cuanto a las edades y el sexo, se puede observar que 62% de los casos
atendidos son de niños y niñas:
Municipio Sucre
En el municipio Sucre la población es mayor y en él se encuentran muchas
personas en situación desfavorable, sin disponibilidad de servicios básicos y otras
carencias. Esto no sólo se ve reflejado en una alta tasa de criminalidad, sino también en
que se presentan muchos más casos de violencia en contra de los NNA que en el resto
del AMC. La cantidad de NNA que atendieron los consejeros de protección fueron 1.405
y los expedientes abiertos fueron 1.365. Los derechos más vulnerados fueron:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Derecho
Artículo 42/54. Responsabilidad de los padres,
representantes o responsables en materia de salud o
educación
Artículo 32-A. Derecho al buen trato.
Artículo 65. Derecho al honor, reputación, propia
Imagen, vida privada e intimidad familiar.
Artículo 254. Trato cruel o maltrato.
Artículo 51. Protección contra sustancias alcohólicas
estupefacientes y psicotrópicas.
Cantidad
636
273
123
104
71
61
45
21
17
14
Hay una paridad notable en cuanto a las edades de la población atendida y el sexo de la
misma:
Edades de la población atendida
Adolescentes
(12-17
años)
Niños
(0- 51%
11 años)
49%
Recomendaciones
Al observar las cifras de los diferentes Consejos de Protección del NNA del Área
Metropolitana de Caracas, se puede tener un panorama mucho más detallado de la
situación y, en especial, del tipo de violencia más recurrente en contra de los mismos.
Partiendo de este conocimiento se propone una serie de recomendaciones con la
finalidad de buscar soluciones a la problemática presentada.
Uno de los aspectos más preocupantes, y que se presentó en los informes que
precedieron este, es la falta de unificación en las estadísticas de todas las instituciones
gubernamentales encargadas de recolectarlas. El Observatorio Metropolitano de
Seguridad Ciudadana exhorta a las autoridades encargadas de esta responsabilidad a
suministrar el apoyo académico y el adiestramiento necesario a sus empleados para
hacer eficiente la recolección, el procesamiento de datos y el análisis de estas
estadísticas por parte de los Consejos de Protección y Derecho. En el momento en que
esta tarea pueda ser culminada satisfactoriamente, la ciudadanía contará con
consejeros mejor preparados en la materia y capaces de analizar la situación de su
propio municipio eficientemente.
Dotar a los Consejos de Protección y Derecho de equipos y materiales, pues las
condiciones laborales en las cuales trabajan algunos no permiten que puedan
desempeñarse correctamente.
Estimular la denuncia de la violencia en contra de los NNA. Según los datos
cualitativos que se pudieron recoger de parte de los consejeros, el porcentaje de
denuncias no alcanza ni 10% de los casos. En la encuesta de la CONAREPOL del año
2006, se refleja que el índice de denuncias estaría alrededor de 30%. En el caso de los
NNA esta cifra puede bajar hasta 10% debido a que es mucho más difícil para esta
población vulnerable colocar una denuncia; especialmente porque en la mayoría de los
casos el agresor es una pariente cercano o de su entorno.
En general, se considera pertinente que las autoridades de los diferentes
municipios se avoquen a estudiar y superar la violencia en contra de los Niños, Niñas y
Adolescentes. La situación de violencia en Caracas está afectando a los más pequeños,
convirtiéndolos muchas veces en víctimas y otras tantas en victimarios o futuros
victimarios.
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD y EXPRESIÓN DE GÉNERO EN
EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
2011
POR: UNIÓN AFIRMATIVA Y DIVERLEX
La población compuesta por personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero
es una de las más vulnerables y propensas a la exclusión en todo sentido. El injustificado
rechazo social que padecen estos grupos sociales los hace especialmente frágiles a la
violencia, la tortura, las detenciones arbitrarias y otros abusos tanto por parte del
Estado como de agentes privados. Las situaciones discriminatorias más frecuentes
identificadas hasta ahora contra estos grupos son:
1. Ejecuciones extrajudiciales e ilegales (en Venezuela está prohibida la pena de
muerte);
2. Tratos crueles, inhumanos y degradantes;
3. Detenciones arbitrarias y el llamado “ruleteo”;
4. Extorsión (exigencia por parte de funcionarios policiales de montos de dinero
para liberar a personas indebidamente detenidas por su orientación sexual o identidad
de género);
5. Cobros diferenciados de tarifas en servicios de hospedaje o rechazo de
clientes por su orientación sexual o identidad de género;
6. La interpretación discriminatoria del “derecho de admisión” para impedir el
ingreso de personas sexodiversas a sitios de esparcimiento;
7. La imposibilidad material del ejercicio, en igualdad de condiciones, del
derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad (supuesta “prohibición” de
expresarse afecto en público, usando arbitrariamente como excusa “la moral y las
buenas costumbres”).
Identidad de género:Autopercepción de la persona de pertenecer a un sexo
determinado, independientemente de sus características anatómicas, fisiológicas o
biológicas.
Orientación sexual:Inclinación emocional, erótica o afectiva de una persona
hacia otra, ya sea de uno u otro sexo, o de ambos sexos.
Expresión de género:Complejo de preferencias de cada persona en cuanto a
cómo quiere presentarse en público, usualmente relacionadas con su identidad de
género y no necesariamente con su sexo biológico o sexo legal. Forma parte del derecho
al libre desenvolvimiento de la personalidad.
Contexto legal, político, económico, social y cultural.
El marco constitucional para la protección de las personas frente a la
discriminación por la orientación sexual lo ofrece la sentencia #08-190 de la Sala
Constitucional8, que establece:
En consecuencia, resulta claro que el artículo 21 de la Constitución de 1999, en
atención a su carácter enunciativo, incluye dentro de los supuestos de prohibición de
discriminación el relativo a la orientación sexual del individuo; en otras palabras, que el
Constituyente dispuso que no puede existir discriminación entre los individuos de la
sociedad que se encuentren en análogas o similares situaciones de hecho, con
fundamento en su orientación sexual. Así se decide.
Continúa la sentencia:
La Sala quiere destacar que la norma constitucional no prohíbe ni condena las
uniones de hecho entre personas del mismo sexo, que encuentran cobertura
constitucional en el derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad.
Así, es pertinente poner de relieve que la Constitución no niega ningún derecho a la
unión de personas de igual sexo.
Sin embargo, esta misma protección expresa no se ha hecho disponible para las
personas transgénero, ya que desde el año 2005 se encuentra sin admisión en la Sala
Constitucional un recurso de inconstitucionalidad y habeas dataincorporado por la
abogada Tamara Adrián, representante de la organización Diversidad e Igualdad ante la
Ley (DIVERLEX).
Lo anterior sucede a pesar de que el Estado venezolano en su actuación
internacional ha apoyado, con su adhesión, todas las declaraciones a favor de la
igualdad y la inclusión de las personas, en consideración de su orientación sexual e
identidad de género.9
Entre noviembre y diciembre de 2010 hubo dos avances normativos de distinto
alcance. En noviembre, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y
Justicia publicó en Gaceta Oficial su resolución #186, titulada “Normas Relativas a los
8
En línea:
http://www.tsj.gov.ve/jurisprudencia/consulta.asp?S=005&a=2008&NS=Sala%20Constitucional&d=28/02
/2008
9
Tanto en el ámbito de la OEA como en el ámbito de Naciones Unidas.
Derechos de las Mujeres, a la Igualdad y Equidad de Género en los Cuerpos de Policía
Nacional Bolivariana y demás Cuerpos de Policía Estadales y Municipales”10, destinada a
impedir los abusos policiales contra las personas “por su orientación o identidad sexual”
(sic).
La otra norma legal aprobada en 2010 fue la Ley Orgánica del Poder Popular, en
cuyo artículo 4 se incluye el derecho a disfrutar el “derecho a la vida y al bienestar social
del pueblo mediante la creación de mecanismos para su desarrollo social y espiritual,
procurando la igualdad de condiciones para que todos y todas desarrollen libremente su
personalidad, dirijan su destino, disfruten los derechos humanos y alcancen la suprema
felicidad social, sin discriminaciones por motivos de (…) sexo, orientación sexual,
identidad y expresión de género”.
Este enunciado tan general no permite definir los ámbitos de aplicabilidad de los
principios que enuncia o el alcance de la protección que ofrece.
Asimismo, desde 1994 se encuentra vigente en Venezuela la prohibición de
discriminar en el ámbito laboral “por la preferencia sexual”, en el artículo 9 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo11:
Enunciación:
Los principios aludidos en el literal e) del artículo 60 de la Ley Orgánica del
Trabajo serán, entre otros y sin perjuicio de su previsión expresa en la legislación laboral,
los siguientes:
e) Principio de no discriminación arbitraria en el empleo, por razones de género o
preferencia sexual, condición social, raza, religión, ideología política, actividad sindical,
o cualquiera otra fundada en criterios de relevancia incompatibles con el ordenamiento
jurídico.
Sin embargo, esta prohibición expresa no se ve sustentada en un procedimiento
específico de denuncia de estos despidos, a pesar de conocerse su ocurrencia frecuente.
En Caracas se presentan diversas iniciativas tanto del Estado como de algunos
municipios para reconocer y proteger los derechos de las personas sexodiversas. En el
año 2009, la Defensoría del Pueblo realizó un seminario internacional denominado
“Sexualidades, Diversidad Sexual y Derechos Humanos”, que intentó establecer un
marco de acción de políticas públicas de atención hacia este colectivo. El Ministerio del
Poder Popular para las Comunas incluyó en sus competencias y actividades dirigidas a
10
En línea: Resolución 286 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia
registrada en Gaceta Oficial número 39.556:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Noviembre/19112010/19112010-3002.pdf#page=19
11
En línea: http://www.gobiernoenlinea.ve/docMgr/sharedfiles/reglamentoleyorgtrabajo.pdf
las poblaciones vulnerables, la atención a las personas trans que se ven obligadas a
ejercer el trabajo sexual por la imposibilidad casi absoluta de acceder a otras fuentes de
empleo.
Este Ministerio convocó en mayo a algunas de las organizaciones no
gubernamentales que promueven los derechos de los grupos sexodiversos, a una
reunión para acordar acciones conjuntas de atención a estos grupos vulnerables,
incluyendo la posibilidad de un evento público que contara con la presencia del
Presidente de la Asamblea Nacional. A la fecha, este evento no se ha producido.
En febrero de 2011, aproximadamente once organizaciones no gubernamentales
marcharon al Capitolio Federal y fueron recibidas por la junta directiva de la Asamblea
Nacional, a la cual le entregaron una propuesta legislativa que consiste sobre todo en
reformar varios artículos de la Ley Orgánica del Registro Civil para permitir el registro de
las parejas de hecho formadas por dos personas de un mismo sexo (artículo 118); el
registro en el país de los matrimonios efectuados en el extranjero, cuando en ellos
hubiere involucrada al menos una persona de nacionalidad venezolana (artículo 115); el
registro de las actas de matrimonios extranjeros entre personas extranjeras (artículo
116) y la posibilidad para las personas transgénero del cambio de su nombre y sexo legal
(artículo 146).
En octubre de 2011, fue publicada una resolución del Ministerio de Vivienda, en
la cual se establecen los detalles acerca de los préstamos para la adquisición de vivienda
principal. En esa resolución, se prohíbe el nexo entre parejas homosexuales para la
petición de préstamos.
En 2010 se presentaron y fueron difundidos por medios impresos varios
asesinatos ocurridos en el municipio Libertador, así como en municipios de otras
ciudades del país, cometidos contra personas transgénero en ejercicio del trabajo
sexual. En todos ellos, el patrón común fue la alta vulnerabilidad a la que están
expuestas las personas transgénero al tener el trabajo sexual como casi la única opción
laboral. No se conocen sentencias judiciales de condena por estos asesinatos.
Situación en 2011
No existen datos confiables acerca de la incidencia de este fenómeno en el
territorio metropolitano. Sin embargo, por denuncias ante las organizaciones no
gubernamentales que atienden a este grupo y por la incidencia de ciertas situaciones
producidas contra activistas (detenciones arbitrarias, amenazas por funcionarios
policiales, extorsión y secuestro y otros actos de violencia física), se presume un alto
grado de vulnerabilidad de esta población.
Hasta octubre de 2011, según datos sacados de la prensa, al menos 13
homosexuales habían sido asesinados, lo que en promedio significa entre 2 y 3
homicidios de este tipo al mes. Todos estos delitos han quedado impunes, excepto los
que ocurrieron a principios de año en la avenida Libertador de Caracas.
En los últimos seis meses se han conocido, a través de los medios de
comunicación, cinco casos de asesinatos contra personas transgénero, quienes ejercían
el trabajo sexual en la avenida Libertador del municipio del mismo nombre. Referente a
estos homicidos, el director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas explicó públicamente que se produjeron como efecto de la situación de
extorsión en la que vivían las víctimas.
Según las declaraciones del funcionario policial, “por el modus operandi aplicado,
los mismos guardan relación con aproximadamente más de 20 homicidios ocurridos en
la zona a transexuales.”
Se da cuenta en este informe de una denuncia recibida en la asociación Unión
Afirmativa acerca de abusos cometidos en el pasado por funcionarios de la extinta
Policía Metropolitana, al intentar extorsionar a dos varones homosexuales por
expresarse afecto en público.
En enero de 2011, cinco mujeres fueron embestidas por un vehículo cuando
transitaban en un automóvil particular, lo que les ocasionó heridas graves a dos de ellas.
Los fiscales de tránsito que levantaron el accidente pretendieron extorsionarlas al
reconocer su condición de lesbianas y por el hecho de que uno de los ocupantes del
vehículo contrario se identificó como miembro del Ejército.
Durante el primer semestre, la asociación Unión Afirmativa recibió tres pedidos
de asistencia de presuntas víctimas de abusos cometidos por agentes de la Guardia
Nacional y de la Policía Metropolitana. Dos de ellos se produjeron en las inmediaciones
del Parque Nacional Waraira Repano e involucran a agentes de la Guardia Nacional.
Consistieron en la privación arbitraria del legítimo ejercicio del “derecho al libre
desenvolvimiento de la personalidad, sin padecer discriminación por la orientación
sexual”. En estos casos se reportaron intentos de extorsión por parte de los funcionarios
y amenazas de represalias en caso de denunciar tales hechos.
La tercera denuncia recibida por Unión Afirmativa estuvo relacionada con abusos
y comportamientos extorsivos cometidos por funcionarios adscritos al módulo de la
Policía Metropolitana ubicado en Parque Central, quienes, según sus presuntas
víctimas, son frecuentes en dichos espacio que se consideran como puntos de
encuentro de varones homosexuales.
También se da cuenta de dos casos de expulsiones del hogar en la jurisdicción
del municipio Libertador padecidas por adolescentes cuyos padres conocieron su
orientación sexual. Actualmente estos dos adolescentes viven en situación de calle.
En un análisis más profundo, esta circunstancia de expulsión del hogar familiar
cuando se conoce la orientación sexual o la identidad de género del joven, les somete
generalmente a situaciones de altísima vulnerabilidad social en las que no reciben
ningún apoyo por parte del Estado (en el entendido de que por parte del Estado
venezolano no existe una comprensión cabal de la situación específica que padecen
estas personas ni un reconocimiento de la orientación sexual o de la identidad de
género como un elemento legítimo, pero de vulnerabilidad de este grupo social).
La asistencia o ayuda que usualmente reciben jóvenes en estas circunstancias se
limita a la buena voluntad de algunas personas, eventual y supeditada a las propias
limitaciones económicas de esas personas. No existe por parte del Instituto Autónomo
Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA), organismo
público responsable, una política pública que visibilice y atienda esta problemática de
vulnerabilidad social extrema.
No se reportaron denuncias de abusos policiales, asesinatos o vulneraciones
graves a los derechos de las personas por su orientación sexual o identidad de género.
Sin embargo, se sigue observando una actitud de indiferencia de parte de las
instituciones del Estado venezolano frente a las demandas y reclamos de estos grupos.
Entre los meses de julio y octubre, las ONG Unión Afirmativa y Diverlex
trabajaron en la preparación de sendos informes alternativos para ser presentados en el
primer Examen Periódico Universal de Venezuela, novedoso mecanismo de seguimiento
intergubernamental de la situación de los Derechos Humanos en cada país.
En el Examen Periódico Universal, al que se sometió al Estado venezolano el 7
de octubre de 2011, Venezuela aseguró que la lucha por los derechos de las personas
GLBT está "en proceso", por lo que no rechazó ni aprobó la recomendación que le
hicieron los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU EN
Ginebra.
En su informe oficial, el Estado venezolano reconoció:
146. La activación de diferentes acciones a favor de la promoción, defensa y
vigilancia de los derechos humanos, con un énfasis determinado hacia la observancia del
cumplimiento de los derechos en la población sexo-género-diversa venezolana, es
todavía un reto. La Defensoría del Pueblo ha trabajado de manera especial este tema, no
obstante resultan todavía insuficientes los esfuerzos para ampliar su total cobertura. En
este sentido, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas ha desarrollado
seminarios de sensibilización con sus funcionarios para atender de forma pertinente y
consciente a esta población.
Este reconocimiento, sin embargo, no da cuenta de la inercia legislativa que por
distintas razones ha hecho caso omiso de la propuesta que presentó la red LGBTI de
Caracas en febrero de 2011.
En el ámbito metropolitano, aún se espera igualmente por la discusión y
aprobación definitiva de la Ordenanza Metropolitana contra la Discriminación por
diversos motivos, entre éstos orientación sexual e identidad de género, y que ha sido
promovida por el concejal Máximo Sánchez.
Es paradójica esta inacción en el ámbito interno, cuando en el ámbito
internacional se dieron varios avances importantes en el reconocimiento y la atención
debida a los derechos de estos grupos vulnerables. Así, tenemos la creación dentro de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de un equipo de trabajo y de una
relatoría especial sobre temas LGBTI, la cual recibirá informes y emitirá
recomendaciones tanto de desarrollo legal como de ejecución de políticas públicas
orientadas a prevenir y erradicar la discriminación y la violencia por estos motivos,
prohibidos en la legislación internacional de los Derechos Humanos. En esta misma
línea, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió el mandato de
varios países miembros del Consejo de iniciar un estudio sobre la situación legal de los
derechos de personas LGBTI, que ha de ser presentado a más tardar en marzo de este
año (2012).
Por otro lado, no existe un lugar al que las víctimas puedan dirigirse para
notificar una denuncia de discriminación de este tipo, que haga el seguimiento de los
casos y acompañamiento de la(s) víctima(s). Esta función deberían cumplirla los
organismos nacionales responsables (Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, CICPC,
etc.), pero no cuentan con el entrenamiento mínimo indispensable para garantizar una
atención idónea ante estos casos.
La Administración actual de la Alcaldía Metropolitana eliminó la coordinación
para el desarrollo de personas GLBT, que dependía de la Dirección General de Atención
al Soberano. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo no ha creado, como en otros
países, una defensoría especial que atienda estos casos.
Los retos: Queda pendiente establecer en el ámbito metropolitano mecanismos
de prevención y erradicación de la discriminación, recolección de información y de
atención integral a las personas y grupos LGBTI, iniciando por la mayor visibilidad
pública de las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora.
Durante el año 2009 se planteó en el municipio El Hatillo la posibilidad de legislar
para prohibir en ese territorio toda discriminación por la orientación sexual o la
identidad de género de las personas. Este proyecto de Ordenanza Municipal fue
presentado por el concejal Eduardo Battistini y se encuentra actualmente en proceso de
presentación a la Cámara Municipal. El 17 de mayo, la Cámara Municipal emitió un
acuerdo de lucha contra la discriminación por la orientación sexual e identidad de
género en ocasión de conmemorarse el Día Mundial contra la Homofobia y la
Transfobia. Asimismo, el Cabildo Metropolitano de Caracas emitió su propio acuerdo,
rechazando toda forma de discriminación por la orientación sexual o la identidad de
género en su ámbito territorial.
Municipio Chacao
La Fundación Cultura Chacao planteó varias actividades de visibilidad e inclusión
de la población de personas sexodiversas. Entre ellas la inclusión de grafitis relativos a la
diversidad sexual en un mural ubicado en Altamira Sur, en las adyacencias de la Plaza
Francia. Asimismo, el alcalde Emilio Graterón impulsó una campaña de inclusión en la
que se podía apreciar en un spot televisivo la bandera que representa a la diversidad
sexual.
Ante las denuncias de varios casos de abusos cometidos por parte de agentes de
la policía municipal en colaboración con empleados de seguridad privada de centros
comerciales, en particular tres casos recibidos por la organización Unión Afirmativa, en
los que parejas del mismo sexo fueron detenidas de forma arbitraria e intimidadas por
ejercer su derecho a la libre expresión de su personalidad, el alcalde Graterón se mostró
muy interesado en propiciar reuniones con las organizaciones de la diversidad sexual.
Estas reuniones aún no se han producido.
Municipio Libertador
Durante los años 2010 y 2011, en la Cámara Municipal de Libertador se ha
venido discutiendo sobre la posibilidad de proponer una ordenanza municipal contra la
discriminación por la orientación sexual y la identidad de género. La organización Unión
Afirmativa envió una propuesta a solicitud del Bloque Socialista Unido de Liberación
Homosexual, movimiento social que promueve los derechos de las personas
sexodiversas. Sin embargo, el texto inicialmente propuesto en cámara sólo se refería al
control del trabajo sexual en esa circunscripción. No se conocen propuestas posteriores
que incluyan la protección de los derechos de las personas sexodiversas.
En el primer semestre de 2012, se produjeron varias reuniones entre los grupos
de la diversidad sexual y la Defensoría del Pueblo para acordar medidas y propuestas de
defensa y protección de los derechos humanos de este grupo. La Defensoría ha
promovido y facilitado reuniones entre estas organizaciones y la representación de los
cuerpos policiales del Área Metropolitana, en atención a la Resolución #186 del
Ministerio de Interior y Justicia previamente señalada. Asimismo, la Asamblea Nacional
aún no ha dado respuesta a la propuesta legislativa presentada en febrero de 2011 por
los grupos de la diversidad sexual.
Recomendaciones
Reanudar las actividades de la Oficina de Atención a las personas sexodiversas,
que entró en funcionamiento durante la administración del alcalde Juan Barreto, como
dependencia de la Dirección de Atención al Soberano.
Aprobación definitiva de la Ordenanza Metropolitana “Caracas libre de
discriminación”, promovida por el concejal Máximo Sánchez.
Visibilizar en los medios de comunicación e información todas las iniciativas
dirigidas a la inclusión de la población sexodiversa, así como otras informaciones de
interés para este grupo social.
Establecer en el ámbito metropolitano mecanismos de prevención y erradicación
de la discriminación, recolección de información y de atención integral a las personas y
grupos LGBTI, iniciando por la mayor visibilidad pública de las acciones que se han
llevado a cabo hasta ahora en ese sentido.
Acatar las declaraciones internacionales a favor de la igualdad y la inclusión de
las personas, en consideración de su orientación sexual e identidad de género.
No se puede vivir en paz si se es víctima frecuente de actos discriminatorios que
incluyen la imposibilidad de expresarse en forma libre. Sin igualdad de trato por parte
del Estado y de la sociedad, es imposible vivir en paz.
EL DEBIDO PROCESO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
2011
POR: UNA VENTANA A LA LIBERTAD Y FUNDEPRO
Aún cuando es difícil tener datos específicos sobre violaciones al debido proceso
en el Área Metropolitana Caracas, existe una serie de aristas que son importantes de
reseñar a la hora de elaborar el informe general:
El debido proceso se concibe como el cumplimiento de todas las garantías y
normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos
judiciales, incluyendo los administrativos, y está previsto en el artículo 49 de la
Constitución en el capítulo correspondiente a los derechos civiles.
Contexto legal
La normativa vigente establece que la regla es la libertad y, sólo cuando se
amerite, la privación de libertad. Además, el artículo 244 del Código Orgánico Procesal
Penal prescribe que si han transcurrido más de dos años y no existe sentencia, el recluso
debe ser puesto en libertad.
El Ministerio Público, en su carácter de representante del Estado en las causas
penales, tiene el deber de garantizar la celeridad y buena marcha de los procesos, de
acuerdo con el artículo 285 de la Constitución venezolana.
En el artículo 26 de la carta magna también se destaca la importancia de que
exista una justicia “expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones
inútiles”, mientras que el artículo 49 prescribe el acceso a la justicia aun cuando los
imputados están en libertad.
El Ministerio Público, en su informe anual de 2010, refleja que la impunidad se
mantiene en 91,27%: en casos de corrupción 81,43%; en violaciones a derechos
humanos 97,08% y en violencia de género 87,94%.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo destaca que en ese año recibió un total de
27.919 denuncias, de las cuales 45,1% son sobre violaciones a los derechos humanos y
49,7% sobre materias varias. De las 6.285 denuncias sobre derechos humanos, 18,1%
están relacionadas con el debido proceso (incrementándose en 64% en comparación
con el 2009); 6,7% son contra tribunales y 3,8% contra la Fiscalía.
Situación en 2011
Para la realización del presente capítulo se presentó como primer inconveniente
la dificultad de acceder a estadísticas oficiales, pues prevalece la desinformación y el
acceso a estas cifras es restringido, situación que atenta contra el derecho a la
información consagrado en la carta magna.
No obstante, de entrevistas realizadas a ciudadanos que han tenido que asistir a
los tribunales penales, así como de información publicada por los medios de
comunicación, se ha podido observar que la mayor dificultad que tienen los ciudadanos
es el acceso a la justicia, por lo que se pueden destacar factores determinantes como los
siguientes:

Retardo Procesal
A.- Procesos con personas privadas de libertad: El ministro de Interior y Justicia
ha reconocido que existe más de 70% de retardo procesal, lo que se traduce en que 7 de
cada 10 personas privadas de libertad aún no han sido condenadas. Esta situación deja a
un lado lo establecido en el articulo 44, numeral 1, de la Constitución, que garantiza el
estado de libertad con las excepciones establecidas por las diferentes leyes. Igualmente,
vulnera el articulo 49, numeral 2, que señala que “toda persona se presume inocente
mientras no se pruebe lo contrario”.
El alto índice de retardo procesal es presuntamente ocasionado por la falta de
comunicación entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Interior y Justicia,
lo que genera la ausencia de unidades de transporte en los recintos penitenciarios
donde se encuentran los privados de libertad e impide que se efectúen los traslados de
éstos para que las audiencias se lleven a cabo.
Aunado a esto, cuando se efectúan los traslados, en muchos casos, es imposible
realizar las audiencias por la falta de alguno de los operadores de justicia (juez, fiscal,
defensor público o privado). Este fuerte retardo procesal hizo que el hacinamiento
carcelario aumentara a más de 350% en el primer semestre de 2011; situación que
agrava la violencia intramuros.
B.- Procesos sin personas privadas de libertad: La cifra de retardo procesal
también es muy alta cuando los ciudadanos están optando por las medidas sustitutivas
a la prisión, como el Destacamento de Trabajo, el Régimen Abierto y la Libertad
Condicional. Si los jueces no les dan celeridad a estos casos, las personas no obtienen la
libertad plena cuando realmente les corresponde.

Falta de jueces, fiscales y defensores públicos
Otro de los problemas que se vive dentro de la administración de justicia y que
dificulta que ésta sea expedita y sin dilaciones indebidas, como lo establece la
Constitución, es la insuficiencia de jueces, fiscales del Ministerio Público y defensores
públicos. Esto ocasiona que los que hay, ante la gran cantidad de causas que tienen que
atender, efectúen diferimientos constantes por la imposibilidad de atenderlos todos.

Jueces itinerantes
Pese a que el Poder Judicial ha continuado con la creación de la figura de jueces
itinerantes que van a los recintos carcelarios y desde ahí realizan algunos actos
procesales, esta figura no ha cumplido con su objetivo. El motivo es que existe una falta
de coordinación entre los tribunales itinerantes y el Ministerio y la Defensa Pública o
Privada para la realización de audiencias, por lo que estos jueces sólo revisan
expedientes y el objetivo de dar celeridad a los procesos no se logra en su totalidad.
La coordinación total entre los actores, que es necesaria para efectuar las
audiencias, es un requisito básico para el éxito del trabajo de los jueces. Mientras tanto
sólo se estará agravando el retardo procesal en vez de ofrecer soluciones al conflicto.

Retardo en el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión
La Fundación para el Debido Proceso considera que la tardanza en el
otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión “tiene como explicación lo que
algunos han llamado el efecto Afiuni, debido a que su origen podría estar en el caso de
la jueza María Lourdes Afiuni, quien le otorgó una medida sustitutiva a la prisión al
empresario Eligio Cedeño, acatando una resolución del Grupo de Trabajo para las
Detenciones Arbitrarias de la ONU que ordenaba su libertad, y que es el motivo por el
cual la jueza hoy se encuentra privada de su libertad”.
A juicio de la mencionada fundación, este hecho hizo que los jueces, por temor a
ser removidos de sus cargos si aplican una medida sustitutiva a la prisión, opten por no
darla en ningún caso; decisión que viola los derechos de los ciudadanos a ser juzgados
en libertad y aumenta el hacinamiento carcelario.

Falta de independencia del Poder Judicial
Provea, en su informe Situación de los Derechos Humanos en Venezuela
realizado entre octubre de 2010 y septiembre de 2011, hace referencia a las amenazas a
la independencia judicial, pues “las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que
no se atienen a la Constitución, y por el contrario favorecen a las posiciones
gubernamentales contrarias a la disidencia, siguen siendo una constante”.
También sostiene que muchas de las declaraciones y actuaciones por parte de
funcionarios del Gobierno “reflejan falta de independencia del Poder Judicial con
respecto al Poder Ejecutivo”.
Además, asegura que el TSJ, de manera directa (al declarar sin lugar los recursos
interpuestos contra altos funcionarios) o de manera indirecta (al no pronunciarse sobre
el fondo), “ha evadido poner límites al ejercicio de los poderes públicos,
desnaturalizando así su rol de garante de los derechos de la ciudadanía frente a esos
poderes”.
Tendencias de las decisiones del TSJ contra el Presidente de la República, la AN, la
Contraloría, el CNE y la Fiscalía
Organismo
Inadmisible
Con lugar
Sin lugar
Improcedente
para conocer
Incompetencia
Improponible
Total
Presidente
1
0
0
19
0
0
20
AN
2
0
0
0
0
0
2
Contraloría
1
5
20
16
0
0
42
CNE
14
1
4
5
0
0
24
Fiscalía
0
0
0
0
0
0
0
Total
absoluto
18
6
24
30
0
0
88
Total
porcentual
20,45%
6,81%
27,27%
34,09%
0%
0%
100%
Fuente: Provea (extraído de www.tsj.gov.ve)
Con esto, se evidencia que “81,81% de los casos estudiados, en los que se
interpusieron pretensiones ante el Poder Judicial contra las actuaciones del Estado, tales
como las del Presidente de la República, la Asamblea Nacional, la Contraloría General de
la República, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República, fueron
declaradas sin lugar o no se produjo pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto
al declararse inadmisibilidad, incompetente, improcedente o causa improponible; lo que
no contribuye a fortalecer el control ciudadano sobre el ejercicio del poder y aleja las
instituciones del pueblo”.
Por otro lado, Provea alerta que un elemento adicional que pone en riesgo la
independencia del Poder Judicial es el continuo proceso de reestructuración. De
acuerdo con el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
2010 se destituyó a 24,32% de los jueces y juezas provisionales; 21,62% de los
temporales; 27,02% de los titulares; 5,40% de los accidentales y 21,62% de otros jueces
y juezas.
Recomendaciones
-
Una tarea indispensable es la disminución del retardo procesal a través de la
creación de más tribunales en el Área Metropolitana de Caracas y la
contratación de más jueces, fiscales y defensores públicos.
-
La reestructuración integral de los servicios penitenciarios (legislación,
reglamentación, infraestructura, capacitación y selección del personal,
metodología de tratamiento, entre otras alternativas) y poner en
funcionamiento real los establecimientos postpenitenciarios para asegurar
una adecuada reinserción social.
-
Deben también ser objeto de análisis las instituciones vinculadas al sistema
penitenciario, como los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público, a los
fines de agilizar la justicia.
-
Crear mecanismos para hacer llegar a todos los ciudadanos la difusión de sus
derechos y de cuáles acciones disponen para hacerlos efectivos.
-
Impulsar las investigaciones de violaciones a los derechos humanos para
incentivar a los afectados a que denuncien.
-
Luchar por rescatar la comunicación con los entes públicos y el buen
funcionamiento de los órganos encargados de velar y ejecutar la justicia en el
país.
SITUACIÓN PENITENCIARIA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
2011
POR: UNA VENTANA A LA LIBERTAD Y COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
DERECHOS HUMANOS DEL CABILDO METROPOLITANO DE CARACAS
Mediante el presente informe se pretende mostrar la situación que se vive en las
cárceles venezolanas, así como la violación de los derechos humanos de los reclusos, a
través del desarrollo de diversos puntos que deben ser conocidos públicamente.
El sistema penitenciario venezolano está integrado por 34 recintos carcelarios
ubicados en diferentes espacios del territorio nacional. En la actualidad, albergan a
alrededor de 45.508 reclusos, de los cuales 28.456 son procesados (62,5%), 13.992
son penados (30,7%), 2.212 están en Destacamento de Trabajo (4,8%) y los otros
848 se encuentran en comisarías o comandancias policiales.
Hasta el 27 de julio de 2011, los recintos carcelarios estuvieron a cargo de la
Dirección General de Servicios Penitenciarios, órgano adscrito al Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicia, dependiente del Poder Ejecutivo. En esa
fecha fue creado el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario que
ahora se encarga de la situación carcelaria. La custodia externa de estos recintos
corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana, componente de la Fuerza Armada
Nacional.
El Distrito Metropolitano de Caracas tiene solamente un recinto carcelario: la
Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal “El Paraíso”, conocida como “La Planta”, que
funciona desde 1964. Adicionalmente existen 5 espacios penitenciarios en zonas
cercanas que funcionan como recintos metropolitanos para albergar a personas
provenientes de la Gran Caracas. Estos son: el Centro Penitenciario Metropolitano Yare
I, en funcionamiento desde 1984; Centro Metropolitano Yare II, en funcionamiento
desde 1998; Centro Metropolitano Yare III, en funcionamiento desde 2009; Internado
Judicial Metropolitano Rodeo I, en funcionamiento desde 1983; Internado Judicial
Rodeo II, en funcionamiento desde 1998, y el Internado Judicial de Los Teques.
Contexto legal
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 272,
establece cómo debe ser el sistema penitenciario:
El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del
interno o interna, y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos
penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la
recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con
credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración
descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser
sometidos a modalidades de privatización.
En general, deberá preferirse en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias
agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no
privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza
reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia
postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y
propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal
exclusivamente técnico.
Igualmente el artículo 43 de la CBRV establece: “el Estado protegerá la vida de
las personas que se encuentren privadas de libertad”.
En el año 1961 fue promulgada la Ley de Régimen Penitenciario que contempla
desde la reinserción social de los reclusos hasta la forma en que deben ser clasificados,
su educación, trabajo, condiciones de vida y asistencia médica.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en 2010
murieron 476 reclusos y 958 resultaron heridos. A juicio del director de esta
organización, Humberto Prado, la situación de violencia se debió ese año, entre otros
factores, a que había más de 224% de hacinamiento en los penales y 85% de retardo
procesal; lo que significa que por cada 100 reclusos, sólo 15 estaban pagando condena y
el resto era procesado, es decir, estaba privado de libertad sin que se le hubiese
impuesto una pena.
Además, hasta septiembre de 2010 fallecieron 34 internos enfermos: 16 de
paros cardíacos, siete de VIH-SIDA, cuatro de tuberculosis, cuatro de quemaduras, dos
de neumonía y uno de cáncer. Según el OVP, las principales causas de la insalubridad de
los centros penitenciarios son: infraestructura deteriorada e insuficiente, filtraciones de
aguas negras, alcantarillado obstruido y poca ventilación, servicios sanitarios en
condiciones infrahumanas, ausencia de agua potable, contaminación ambiental, graves
condiciones sanitarias, deficiente atención médica (carencia de insumos médicos,
personal insuficiente y no permanente, retrasos para los traslados a centros de salud).
Esto se determinó en un informe realizado en 2009; sin embargo, la situación no ha
mejorado.
Situación en 2011
Este ha sido el año más noticioso en materia penitenciaria de las últimas tres
décadas. Si bien es cierto que ningún período escapa de la violencia intramuros, este se
ha caracterizado por una secuencia de hechos cada vez más llamativos.
En 2011 fueron asesinados 560 reclusos (223 desde el 26 de julio, cuando fue
creado el Ministerio de Servicios Penitenciarios, presidido por la hasta entonces
diputada Iris Varela) y 1.457 resultaron heridos, según cifras del OVP. Durante los
primeros siete meses del año hubo un aumento de 40% respecto al mismo período de
2010, cuando fallecieron 221 privados de libertad.
Esta es la cifra más alta registrada en los últimos 12 años. La más alarmante
desde 1999 había sido la de 2007 (con 498 homicidios en las prisiones), seguida por la
de 2010 (con 476 asesinatos). En los últimos 12 años han ocurrido 5.066 homicidios en
los penales venezolanos y 14.460 reos han resultado heridos.
A continuación se presentan los resultados de la violencia intramuros, en los
recintos carcelarios en los últimos 4 años según el OVP:
Estas cifras arrojan un total de 2.322 reclusos muertos y 4.936 heridos por
violencia, en su mayoría por armas de fuego en poder de los reclusos, entre 2007 y
2010. Según el OVP, hasta enero de 2012, habían sido asesinados al menos 19 reos.

Actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la
situación penitenciaria de los recintos carcelarios de la región capital
Venezuela cuenta con siete establecimientos carcelarios a los cuales la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas de protección desde el año
2006. Cuatro de ellos están ubicados en la Gran Caracas: Centros Penitenciarios de la
Región Capital “Yare I y II” (30.03.2006) y los Internados Judiciales de la Región Capital
“Rodeo I y II” (08.02.2008). Aun cuando el mandato principal de todas esas medidas es
garantizar la vida de las personas privadas de libertad, en esos recintos la violencia y la
muerte se hacen cada día más frecuentes.

Población penitenciaria y hacinamiento
Según cifras del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia ofrecidas en marzo
de 2011, la población penitenciaria en la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal “El
Paraíso”, conocida como “La Planta”, era de 2.119 reclusos; mientras que su capacidad
real es de 350 personas. Esto significa que este penal padece de más de 500% de
hacinamiento.
El OVP sostiene que la mayoría de los restantes recintos carcelarios que forman
parte de la Gran Caracas están hacinados.
Cárcel
Capacidad
instalada
Población reclusa
Población hacinada
Yare I
750
2.300
1.550
Yare II
700
720
20
Yare III
550
360
0
Rodeo I
750
890
140
Rodeo II
550
0*
0
Los Teques
400
1.800
1.400
En promedio, el hacinamiento de todo el país es de alrededor de 350%.

Clasificación de la población privada de libertad
Tanto las normas internacionales como la legislación nacional venezolana
establecen la clasificación de los privados de libertad. Sin embargo, en las cárceles del
país no existe ningún tipo de clasificación, ni siquiera las más simples: procesados y
penados, delincuentes primarios y secundarios, menores y mayores de 30 años; todos
conviven en los mismos centros de reclusión. Esto dificulta aún más la creación de
planes de reinserción social para los privados de libertad.

Ingreso de armas de fuego a los recintos carcelarios
Los enfrentamientos entre bandas en las cárceles venezolanas son cada día más
frecuentes. Se ha hecho cotidiano el empleo de armas de alto calibre, granadas
fragmentarias y todo tipo de armamentos en posesión de los reclusos.
Aunque el Estado es el único responsable de las prisiones, la situación irregular
de ingreso de armas a los centros penitenciarios no ha sido resuelta. Tampoco se han
creado mecanismos para evitar que siga ocurriendo ni se han abierto investigaciones
sobre estos hechos.

Situación jurídica de las personas privadas de libertad
Pese a que la legislación venezolana habla de una justicia expedita sin dilaciones
indebidas; alrededor de 62,5% de la población privada de libertad se encuentra aún en
proceso judicial sin tener una sentencia condenatoria. Según esta cifra, los principios
básicos del derecho como la presunción de inocencia y el debido proceso están siendo
violentados.
Tales dilaciones están relacionadas con la ausencia de transporte en los recintos
carcelarios para el traslado de los privados de libertad a los tribunales a los efectos de su
proceso judicial. Igualmente, la falta de jueces y fiscales del Ministerio Público que den
más agilidad a los actos jurisdiccionales.

Ausencia de actividades ocupacionales a la población reclusa
Los altos índices de violencia en las cárceles venezolanas están relacionados con
el ocio. Estudios realizados por organizaciones no gubernamentales hallan 90% de
desocupación en la población reclusa. Esto abarca tanto el acceso al trabajo dentro de la
prisión, como la participación en actividades educativas; lo que pone en evidencia la
ausencia de planes por parte del Estado para disminuir el ocio en los centros
penitenciarios.

Acceso a la salud de la población reclusa
Otro de los problemas carcelarios es el acceso a los servicios de salud. En el
Informe sobre los Derechos Humanos y Debido Proceso de las Personas Privadas de
Libertad, realizado en 2009 por el OVP, se reveló que 82% de la población penal
considera que se le vulnera el derecho a la salud y 50% coincide en que cuando se
trasladan a los internos enfermos a los hospitales cercanos, éstos son mal atendidos.
La ausencia de medicamentos en los recintos carcelarios para atender a los
privados de libertad es también un problema. Además, los propios familiares de los
reclusos denuncian que a los internos con enfermedades graves, como tuberculosis y
VIH, se les niega el tratamiento adecuado para estabilizar su salud.

Falta de personal calificado
La Constitución Nacional, en su artículo 272, prescribe que las cárceles
“funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales
académicas universitarias”.
En Venezuela existe desde hace 20 años un centro de educación superior
llamado Instituto Universitario de Estudios Penitenciarios (IUNEP) que, durante muchos
años, estuvo adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, y ahora a la
Universidad de la Seguridad que funciona en el Distrito Metropolitano de Caracas.
Este instituto ha graduado hasta la fecha a 1.400 penitenciaristas, pero aun
cuando es el mismo Estado venezolano el encargado de formarlos, no asigna a los
egresados trabajo en los recintos carcelarios y mantienen en éstos personal sin las
credenciales académicas universitarias que establece la Carta Magna.

Plan de Humanización Penitenciaria
En 2006 el Estado venezolano presentó un Plan de Humanización Penitenciaria
que incluye un conjunto de propuestas para mejorar las condiciones de las cárceles
venezolanas.
Además contemplaba la construcción de 25 cárceles en el país entre 2006 y
2011, de las cuales sólo se edificaron dos: la Comunidad Penitenciara de Coro y Yare III.
Al respecto, el criminólogo Fermín Mármol García señala que "en Venezuela tenemos
capacidad para construir un mínimo de tres cárceles modelo al año. No es posible que
en 12 años sólo hayamos construido dos. Ya deberíamos tener por lo menos 30
prisiones paralelas a las existentes".
Hasta la fecha no se han logrado los objetivos. El único proyecto que ha logrado
desarrollarse es el Sistema de Orquestas Sinfónicas Penitenciarias compuesto por
reclusos de cuatro recintos carcelarios de los 34 existentes y un aproximado de 1.200
privados de libertad de los 49.224 que se encuentran en los centros de reclusión.
Es importante destacar que el Plan de Humanización Penitenciaria fue
presentado para ser ejecutado en 5 años (de 2006 a 2011), por lo que, según lo
establecido por la misma Dirección General de Servicios Penitenciarios, su ejecución
debería haber finalizado el año pasado.

Reinserción social
Pocos y casi nulos han sido los proyectos de reinserción social que el Gobierno
Nacional ha implementado en las cárceles del país. Además de la Orquesta Sinfónica
Penitenciaria de Venezuela, ninguno de ellos ha tenido trascendencia.
De acuerdo con Humberto Prado, el objetivo de la pena es la reinserción social, y
por eso 90% de los reos que son sometidos a un sistema de rehabilitación y a un
tratamiento postcarcelario logran reinsertarse en la sociedad.
Evitar que un ex presidiario reincida en el delito no es sólo una labor
postpenitenciaria. Desde que la persona es detenida debe recibir tratamientos
adecuados a sus características psicológicas y de personalidad. Además debe convivir en
un sitio apto para estar detenido.
* Situación de las cárceles de la región capital
- Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal “El Paraíso” (La Planta)
El único recinto carcelario que se encuentra dentro del Distrito Metropolitano de
Caracas fue protagonista durante 2011 de varios hechos de violencia, huelgas,
retenciones de familiares y fugas, que demuestran la crisis penitenciaria venezolana.
En este centro se inició una práctica nunca antes vista: el secuestro de miembros
del personal penitenciario por parte de los reclusos. Este hecho sucedió en tres
oportunidades diferentes y hubo negociaciones para llegar a acuerdos con los reclusos y
así obtener la liberación de los rehenes.
En marzo ocurrió la fuga de uno de los líderes del penal sin que se haya dado
ningún tipo de información oficial sobre la forma como sucedió. Se presume que fue por
la puerta principal en complicidad con funcionarios del recinto.
En abril, un conflicto interno en la cárcel motivó a que un grupo de familiares se
aglomeraran en las afueras de “La Planta”, tumbaran el portón de seguridad del penal y
fueran reprimidos con gases tóxicos y perdigones por los funcionarios del recinto.
La Planta fue el tercer recinto penitenciario más violento del país con un total de
41 reclusos asesinados.
- Internado Judicial Metropolitano Rodeo I y II
A finales del primer semestre de 2011 ocurrió uno de los hechos más
importantes de la historia penitenciaria venezolana. El domingo 12 de junio, cuando
finalizaba la visita familiar, se presentó un enfrentamiento entre bandas en la cárcel
Rodeo I que dejó, según declaraciones oficiales, un saldo de un familiar y 19 reclusos
muertos y 22 heridos.
La cifra final fue de 37 personas fallecidas. Luego de varios días de
enfrentamientos dentro del recinto carcelario y una huelga de hambre iniciada por los
reclusos, se dio una toma militar para realizar una requisa dentro del penal. Esto trajo
como consecuencia el desalojo del recinto y el traslado de los reclusos a otras cárceles
del país por un lapso de 15 días, mientras se realizaban las reparaciones del centro. Sin
embargo, esos 15 días se convirtieron en seis meses.
Una vez finalizada la toma militar de Rodeo I, se realizó el mismo procedimiento
en la cárcel contigua, Rodeo II. Sin embargo los reclusos de éste opusieron resistencia e
impidieron a los funcionarios de la Guardia Nacional entrar al recinto. Esto originó un
conflicto entre los reos y un contingente militar compuesto por 3.500 funcionarios, 400
paracaidistas, tanquetas, etc. Luego de 27 días de enfrentamiento armado, éste finalizó
con la entrada de las autoridades el 13 de julio de 2011 y la fuga del “pran” (líder
negativo de los reclusos), conocido “Oriente”, y un grupo de reclusos. Tampoco se dio a
conocer de forma oficial qué ocurrió con las armas presuntamente incautadas en los
penales.
Revisión de las políticas públicas implementadas en 2011 por los gobiernos
Código Orgánico Penitenciario
En 2011 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Código Orgánico
Penitenciario (COP) que, en principio, fue sometido a consulta popular y se había
llegado a un consenso entre distintos sectores del país. No obstante, después se
reformaron algunos artículos sin la participación de la población.
Entre otras cosas, el COP no reconoce la descentralización carcelaria establecida
en el artículo 272 de la Constitución que señala que las prisiones "se regirán por una
administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales,
pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización".
Aunque el artículo 272 de la carta magna sostiene que las prisiones "funcionarán
bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas
universitarias"; el artículo 87 del COP contempla que la seguridad externa de los
establecimientos penitenciarios "será encomendada a la Policía Nacional Bolivariana,
quienes se encargarán de la vigilancia externa, control de acceso, traslados,
conducciones al exterior, la requisa general y el control de alteraciones masivas del
orden" dentro de los penales. Esta disposición contraría también los estándares
internacionales que exigen que ni los policías ni los militares trabajen en las cárceles.
Asimismo, el COP elimina funciones del juez de ejecución, como la de calcular el
tiempo de cumplimiento de la pena, y se las otorga al Ejecutivo en su figura del
Ministerio de Servicios Penitenciarios.
El nuevo COP contradice el Código Orgánico Procesal Penal que permite a los
internos interactuar durante el cumplimiento de la pena, es decir, introducir recursos o
apelar. En cambio este nuevo código establece que el juicio termina el día que se emita
la condena.
Creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios
Otra de las políticas públicas implementadas por el Gobierno Nacional durante
2011 fue la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios a cargo de Iris Varela. Sin
embargo, no ha cesado la violencia intramuros, el retardo procesal, el hacinamiento, el
ocio ni las malas condiciones de vida de los internos.
Una de las medidas tomadas por la ministra fue la de liberar a 20 mil reclusos, lo
que generó inquietud en la población.
Resumen de la Situación en 2011
Los sucesos de Rodeo I y II ocurridos en junio, en los que murieron 37 reos,
dividieron la historia penitenciaria. Desde entonces el Gobierno reconoce el mal
funcionamiento de las prisiones, razón por la cual transfirió la competencia carcelaria
del Ministerio de Interior y Justicia al recién creado Ministerio de Servicios
Penitenciarios. Con estos hechos la ciudadanía se sensibilizó respecto al tema
penitenciario.
Otro fenómeno que destacó durante 2011 fue el secuestro a custodios de los
penales, situación que se repitió al menos cinco veces en el año: dos en La Planta, uno
en Rodeo III, otro en Mérida y uno en Tocuyito.
Recomendaciones
A los fines de dar pronta solución al grave problema que se vive en las cárceles
venezolanas, se recomienda la implementación de las siguientes medidas:
1.- Control del acceso de armas de fuego en los establecimientos carcelarios, mediante
mecanismos eficaces de revisión y supervisión que incluyen la selección de un personal
idóneo para estas labores, y la investigación y sanción de los responsables del ingreso de
armas de fuego a las cárceles.
2.- Disminución del hacinamiento en los penales. Al mejorar las condiciones de vida de
las personas privadas de libertad, se cumple con la obligación de respeto de sus
Derechos Humanos y, posiblemente, se logre disminuir la cantidad de huelgas y
protestas, pues al menos algunas de sus necesidades estarían satisfechas.
3.- Celeridad procesal para los juicios en marcha, lo que disminuiría el alto índice de
reclusos sin sentencia firme y contribuiría al descongestionamiento de las cárceles.
4.- Creación de planes de ocupación para la población reclusa que contribuyan a
eliminar las situaciones de violencia ocurridas, en su mayoría, como consecuencia de los
altos índices de ocio o desocupación de los reos.
5.- Permitir el acceso público a datos y cifras de la población penitenciaria y eventos
violentos que ocurren en las cárceles, así como el suministro de información oportuna a
los familiares cuando estos hechos ocurren.
TRATAMIENTO POST-PENITENCIARIO (REINSERCIÓN SOCIAL) EN EL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS
2011
POR: FUNDACIÓN FREDOM
Sobre este tema, son escasos los datos oficiales. Sin embargo, es necesario
exponer las fórmulas alternativas para cumplimiento de la pena en Venezuela y
presentar un diagnóstico sobre la realidad que viven las personas en etapa postpenitenciaria.
1.- Trabajo fuera del establecimiento (destacamento de trabajo): el tribunal de
ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento a los penados que hayan
cumplido por lo menos una cuarta parte de la pena impuesta. Los sometidos a esta
medida trabajarán en obras públicas o privadas en las mismas condiciones que los
trabajadores libres, debiendo pernoctar en sus respectivos establecimientos o espacios
creados para tal fin.
2. - Régimen abierto: el destino a establecimiento abierto podrá ser acordado
por el tribunal de ejecución, cuando el penado hubiere cumplido, por lo menos, las dos
terceras partes de la pena impuesta.
3. - Libertad condicional: podrá ser acordada por el tribunal de ejecución,
cuando el penado haya cumplido, por lo menos las dos terceras partes de la pena
impuesta.
Para la obtención de estas fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, son
necesarios algunos requisitos:
a) Evaluación psico-social: es ordenada por el Tribunal de Ejecución y aplicada
por un Equipo Técnico, integrado por un Psicólogo y un Trabajador social, adscritos al
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. Existe un alto
retardo en estos trámites, tanto para la solicitud por parte del Tribunal de ejecución
como del Ministerio.
b) Apoyo familiar: aval requerido para solicitar las Fórmulas Alternativas de
Cumplimiento de Pena. El interno debe contar con un grupo familiar sólido, situación
que en la mayoría de las veces no se cumple, ya que en un alto porcentaje el interno
viene de una familia disfuncional.
c) Oferta laboral: es requisito una Carta de Intención ofreciendo un empleo. Este
es un requisito complicado de obtener porque dicho documento se debe obtener aun
estando el asistido en condición de reclusión.
d) Constancia de buena conducta: expedida por la Junta de Conducta del centro
de reclusión, donde el interno debe haber permanecido un mínimo de seis meses
continuos, y esa misma cantidad de tiempo sin ningún tipo de sanción ni amonestación.
e) Carta de Antecedentes Penales: este documento lo emite el Ministerio de
Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, previa solicitud del Tribunal de
Ejecución.
Tanto el apoyo familiar como la oferta laboral son difíciles de lograr
precisamente por el estigma social, la carencia de empleo en el país y la falta de
preparación ocupacional. Principalmente para los extranjeros es de ardua labor cumplir
con este requisito. Además, son las razones principales por las cuales la Evaluación
Psico-social, arroja decisión desfavorable; negándose así, la posibilidad de que el interno
disfrute del derecho de la medida de pre-libertad correspondiente, debiendo esperar
obligatoriamente un mínimo de seis meses para comenzar nuevamente este trámite, a
pesar de que el código no establece tiempo en este sentido.
Una vez cumplidos todos los requisitos, si el Tribunal de Ejecución lo considera,
otorga la Fórmula Alternativa de Cumplimiento de Pena correspondiente. En muchos
casos por los atrasos, los documentos se vencen y el Tribunal los considera expirados.
En la mayoría de los casos, debido a la tardanza en el otorgamiento de la medida, la
oferta laboral expira, por lo que se deben comenzar nuevamente las gestiones, ya que
sin este requisito el interno está en riesgo de que le sea revocada la medida, además de
tener la necesidad de un ingreso económico para la cobertura de sus necesidades
básicas y en un alto porcentaje de los casos también para su familia. Lamentablemente
un 95% de estos destacamentarios y residentes no logra un empleo estable.
Hasta la fecha, Fundación Freedom ha asistido de forma directa a 184 personas,
cada uno con situaciones, necesidades y características distintas. Ante la falta de datos
oficiales para establecer un diagnóstico claro, se presenta como anexo, testimoniales de
casos que ha trabajado la Fundación Freedom.
A pesar del apoyo a estas personas, no escapan de los estados emocionales
descritos y acontecidos en las cuatro etapas de este proceso anímico, luchar con su
auto-estima, con el estigma, con el desarraigo familiar, todo un sinfín de circunstancias
desfavorables que limitan el fiel cumplimiento de reinserción social.
INCIDENCIA PÚBLICA PARA LA PAZ EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
2011
POR: QUIERO PAZ Y CENTRO GUMILLA
En medio del clima de violencia que se vive en Caracas, donde se registraron
3.400 muertes violentas este ano, aun se encuentran muestras de una sociedad civil que
busca salidas reales ante una crisis que no distingue edad, sexo o estrato social.
En años recientes se ha podido observar cómo una sociedad saciada de tanta
violencia en la calle, ha planteado soluciones que van desde el fomento de la cultura, el
deporte y la concientización, hasta reuniones masivas de personas que apuestan por la
paz como una forma de solventar la crisis de violencia. Tal es el caso de las asociaciones
civiles que fomentan estos valores.
Situación en 2011
Primer Semestre
En el primer semestre del año 2011 se rindieron cuentas sobre las actividades de
un grupo de ONG tejidas en torno a la Red de Acción Social de la Iglesia y sus actividades
en Caracas. Dicha red está compuesta por más de una docena de organizaciones de
diverso impacto social en materia de derechos humanos, salud, educación,
acompañamiento a jóvenes, productividad, organizaciones comunitarias, acción
humanitaria, entre otras áreas.
Su actividad más importante durante este primer semestre fue el “II Encuentro
Internacional de Constructores de Paz”, un evento que se enmarca en las VII Jornadas
de Reflexión Social que realiza este grupo y que cada año congrega a personas de todo
el país en la ciudad de Caracas.
En su primer año, la Red de Acción Social de la Iglesia logró convocar a 1.200
personas al evento y cerca de 1.000 en su más reciente edición. Durante dos días, 27 y
28 de mayo de 2011, más de 40 organizaciones e individuos que trabajan distintas
aristas de la construcción de paz participaron y expusieron su trabajo en 10 mesas. El
encuentro estuvo compuesto de la siguiente forma:
Tema: Cárceles
Coordinador
Carlos Nieto Palma
Confraternidad Carcelaria: Aurora Belandria / Amelia Medina
Integrantes
Talleres literarios penitenciarios (Casa de Bello): Victoria Ardito
Cineclub Waleker: Libia Montes
La idea de que es posible construir paz dentro de los centros penitenciarios fue
reforzada por tres experiencias presentadas en el evento. La Confraternidad Carcelaria
mostró cómo realizan jornadas de educación para internos, pero también qué
actividades se pueden realizar con sus familiares, sobre todo con sus hijos, como el
proyecto “Un día diferente”.
Por otra parte, dos experiencias narraron la posibilidad de despertar la
creatividad y la producción artísticas de las personas privadas de libertad. Tanto la Casa
de Bello como el Cineclub Waleker mantienen programas de formación en literatura y
cinematografía con productos finales que sirven a los reclusos como medios expresivos
y de apropiación técnica que pueden darle herramientas una vez que salgan de los
centros penitenciarios.
Tema: Educación
Coordinador
Gloria Perdomo - Carlos Trappani
Cecodap. Promotores del buen trato
Integrantes
Modelo comunitario de prevención de la violencia. Red Comunidad 24 de
marzo - Petare. Colegio Manuel Aguirre - Fe y Alegría. María Soledad
Jiménez y Viviana Julio. Escuela de Trabajo Social UCV
Red por la convivencia pacífica en los centros educativos. Carlos Trapani
La educación se llevó el mayor peso dentro de la actividad, ya que la idea
principal del Encuentro de Constructores de Paz 2011 fue sentar las pautas de un
trabajo mancomunado por la pacificación de centros escolares. Es por esto que se
mostraron algunas experiencias en las que se logró llegar a acuerdos de convivencia y
protocolos de acción en los centros escolares. También se espera consolidar un espacio
de trabajo que reúna a actores sociales y políticos para la atención para el creciente
problema de violencia escolar que cada día toma mayores dimensiones.
Tema: Urbanismo, vivienda y hábitat
Coordinador
Integrantes
Fernando Giuliani
Rehabilitación urbanística y convivencia: Consorcio Social Catuche: Julio
de Freitas
Religiosidad popular y urbanismo: María Gabriela Quintana
Un techo para mi país (Chile-Vzla): Julius Durán
La construcción de paz pasa también por reflexionar cómo el entorno y las
condiciones de vida de la población afectan su convivencia. En el evento se expuso un
par de ejemplos en los que las comunidades se han organizado por distintas vías para
mejorar la infraestructura de sus viviendas y alrededores. El proyecto “Catuche”,
realizado hace una década, ofrece una experiencia de auto-organización para la
construcción de viviendas; mientras que “Un Techo para mi país”, una propuesta
reciente, muestra cómo la intervención en comunidades por grupos de jóvenes y
universitarios podría cambiar algunas condiciones.
El tema del hábitat y vivienda pasó a ser fundamental durante estos meses
debido a la contingencia presentada por las lluvias y la urgente necesidad de reubicación
que tienen las familias damnificadas que se mantienen en refugios que no estaban
habilitados para ello.
Tema: Frontera
Coordinador
Manuel Oropeza
Escuela de paz y convivencia ciudadana colombo-venezolana (Alto
Integrantes
Apure – Sur del Estado Táchira): Matías Calderón
Fe y Alegría: un corazón para la paz y la vida: Milagros Noriega
Aunque la realidad fronteriza parece lejana a las lógicas de una ciudad como
Caracas, tanto la experiencia de atención educativa en escuelas cercanas al conflicto
armado colombiano, como la integración de comunidades refugiadas con las nacionales,
sirven para el ejemplo y la sensibilización en la capital de una realidad bastante más
cercana de lo que se cree.
Tema: Género y violencia
Coordinador
Katerine Martinez
ONG Una Luz Frente a la Violencia y el Maltrato: Hilner Hernandez
Unidad de Atención a la Victima del Ministerio Publico del Área
Integrantes
Metropolitana de Caracas: Dra. Neides del Valle Rodríguez Rojas /
Dra.
Lisbeth Da Costa
Centro de Formación Ángel de la Guarda (Auspiciado por Fundana):
Lic. Jacqueline Hernández
La violencia contra la mujer fue un tema que se trabajó en la edición pasada del
Encuentro de Constructores de Paz. Sin embargo, este año se le dio un vuelco para
mostrar no solamente las potencialidades de la legislación al respecto, sino además las
salidas productivas que han conseguido algunas mujeres que han sobrevivido el
maltrato y que se han organizado.
En este caso, el encuentro sirvió de plataforma para mostrar el trabajo
adelantado en el apoyo a víctimas, la urgencia de crear nuevos centros de atención y el
papel de las organizaciones acompañantes en procesos de alto impacto psicosocial para
la mujer y la familia.
Tema: Niñas, niños, y adolescentes
Coordinador
Gabriela Arenas
Plastilinarte: Antonio Villarroel
Integrantes
Deportivo Petare: Vanessa Blum
La rana encantada: Linsabel Noguera
Laboratorio de Artes Urbanas - Tiuna El Fuerte: Lorena Freitez
La apuesta de esta mesa estaba bien focalizada: los niños, niñas y jóvenes
pueden construir sus propios espacios y prácticas que les posibiliten un trabajo por la
paz. En este caso, fuera de espacios escolares, organizaciones como Plastilinarte, La
Rana Encantada y el Deportivo Petare, con sus experiencias en manualidades, literatura
y actividades deportivas, respectivamente, mostraron ejemplos concretos en los cuales
los más jóvenes pueden socializar de una manera distinta con sus pares. Mientras tanto,
el colectivo Tiuna El Fuerte mostró su trabajo de arte urbano en El Valle de Caracas, a
través del cual han apoyado la música, el arte mural, el aprendizaje tecnológico y la
comprensión de nuevas lógicas de interacción con jóvenes de sectores populares.
Tema: Cultura ciudadana
Coordinador
Luis Carlos Díaz
Manifestaciones no violentas: métodos de exigencia de
derechos:
Rafael Uzcátegui (Provea)
Integrantes
Educación vial: Para, mira y cruza: Diana Morales (Instituto
autónomo
De transporte y estrategia superficial)
Papagayo, trompo y gurrufío: Laura Sánchez (Barrio José Félix
Ribas)
Laboratorio de Artes Urbanas - Tiuna El Fuerte: Lorena Freitez
La mesa de cultura ciudadana buscó mostrar el significado de las protestas en la
ciudad y el camino a recorrer para que logren ser pacíficas, creativas y eficientes. Al
mismo tiempo, el Instituto de Transporte de la Alcaldía de Sucre habló de prácticas
posibles para reducir la tasa de accidentes automovilísticos, mejorar el trato y el respeto
a las señalizaciones de tránsito y lograr algún cambio en una parroquia tan
convulsionada en materia vial como Petare.
La actividad se cerró con la fundación Papagayo, trompo y gurrufío, cuyo logro es
la vinculación de jóvenes que habitan entornos violentos con nuevas formas de
compenetración comunitaria, reconocimiento de la ciudad y apoyo educativo. La
fundación ha logrado rescatar jóvenes en situación de calle y sirve de centro para
diversos programas gubernamentales en el sector José Félix Ribas.
Tema: Desarme y políticas de seguridad
Coordinador
Jesús Machado
Comisión presidencial para el control de armas, municiones y
desarme:
Pablo Fernández
Integrantes
Aproximación de los medios a una política de desarme: David
González
Paz Activa: Luis Cedeño
IANSA: César Marín
La importancia del tema del desarme reside en que fue un tema de discusión de
las jornadas de 2010 cuando era tan solo una ley que esperaba por su segunda discusión
en la Asamblea Nacional. El cambio que dio en un año es que pasó a ser una Comisión
Presidencial en la que participan, entre otras, organizaciones como la Red de Apoyo por
la Justicia y la Paz, y el Centro Gumilla.
En esta mesa se revisaron los puntos más importantes a discutir y los elementos
que deben ser tomados en cuenta para una próxima campaña que promueva el
desarme de la población civil en el país.
Tema:Actores politicos
Coordinador
Jhozman Camacho y Eddy Suárez
Presupuesto participativo y contraloría social: José Luis López
(Rumbo
Integrantes
Propio - FundaSucre)
Fundación Empresas Polar: Daniela Egui
Embajada de Canadá: Michael Horler
Con esta propuesta, se revela cómo los actores políticos pueden fortalecer el
trabajo comunitario de las organizaciones que apunten a la convivencia ciudadana y
cómo deben ser esos apoyos. Desde el presupuesto participativo hasta el
financiamiento de proyectos fueron mostrados como metodologías de trabajo que
fortalecen el trabajo de incidencia pública necesaria para innumerables actores que
trabajan estos temas.
Segundo Semestre
El segundo semestre del año estuvo lleno de eventos en los cuales la
construcción de la paz en Caracas era el objetivo principal. Muchas fueron las
demostraciones artísticas, manifestaciones y encuentros que permitieron crear estos
espacios de encuentro para los caraqueños. Estos son algunos de ellos:
Los agentes de paz
La organización civil “Quiero Paz”, miembro reciente de la Red de Acción Social
de la Iglesia Católica, realizó en noviembre su encuentro de Agentes de Paz. Numerosos
líderes vecinales de Antímano y Vargas se dieron cita para compartir su trabajo en
talleres deportivos y educativos en la zona. Muchas experiencias cambiaron a partir de
talleres e intervenciones que permitieron reenfocar las actividades comunitarias como
prácticas de convivencia.
Locos por la paz
Por segundo año consecutivo, el Sistema de Naciones Unidas en Venezuela y la
organización Paz Con Todo realizaron, el 23 de Octubre, la toma musical de la concha
acústica del Parque Generalísimo Francisco de Miranda.
El evento “Locos por la Paz” tiene como objetivo principal sensibilizar a los
ciudadanos sobre la necesidad de sembrar la paz como una condición del ser humano y
que ésta se presente en nuestra ciudad en todas sus manifestaciones.
En el concierto “Locos por la Paz” se presentaron: Viniloversus, Gaélica, Cuarto
Poder, C4Trio, Alfredo Naranjo y su Guajeo, Rawayana, Dj Trujillo, Dj Datapunk, Mano
e´tambor y el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Además de la
música, también hubo actividades como el cambio de juguetes bélicos por medallas
simbólicas de la paz, así como la juramentación de 18 voceros por la paz.
“Desde Catia, Pura Vida”
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y la Red de Apoyo
por la Justicia y la Paz organizaron el 18 de noviembre una marcha a favor de la vida y el
desarme. Al oeste de la ciudad, el evento “Desde Catia, Pura Vida” sirvió para que
organizaciones defensoras de los derechos humanos y otros colectivos organizados
pudiesen sensibilizar, desde la calle, sobre la necesidad de un trabajo en pro de la
inclusión social. La actividad contó con la participación de alrededor de 5.000 personas y
culminó en la plaza Pérez Bonalde, donde luego se realizó un festival artístico-cultural.
TED x TheNationalAvilaPark (Parque Nacional Ávila)
Los eventos de TED son un modelo de presentación de experiencias que se
replica en todo el mundo. Se trata de charlas en las que distintos especialistas muestran
avances o propuestas para solucionar problemas mundiales.
El 5 de octubre se realizó un TED x TheNationalAvilaPark en el que se trataron
temas como la construcción de mejores viviendas en zonas populares, el maltrato
contra la mujer o la posibilidad de construir una paz sostenible en Venezuela. El trabajo
de la Red de Acción Social de la Iglesia fue mostrado en una charla sobre “hackers de la
violencia”, debido a la posibilidad de modificar las variables que han hecho de este
fenómeno una forma de cultura.
Formación intensiva
En 2011 nuevas organizaciones civiles, casi todas lideradas por jóvenes, tuvieron
un programa de formación intensivo en el Ildis. La experiencia sirvió para que la ahora
conocida como “Red por la paz” tuviese mayor fortaleza organizacional. En la red hay
gente como la Fundación Taap, la Rana Encantada, Plastilinarte, Verde Humano, entre
otras, que apuestan desde el campo de las artes y la ecología a un trabajo de impacto
con el público infantil como métodos de contención para sumar una cultura de paz.
Campaña “Esperanza”
“Devolvamos a estos rostros la esperanza” rezó la campaña de un grupo de
organizaciones civiles, empresas de publicidad y fotógrafos colaboradores que tomó la
ciudad de Caracas para llenar sus paredes con gigantografías. En ella aparecían decenas
de rostros de madres víctimas de la violencia armada. Todas han perdido uno o varios
hijos y decidieron contar a los organizadores del proyecto “Esperanza” su historia con el
fin de no ser olvidadas. Algunas de las fotos que forman parte de esta campaña son las
siguientes:
Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme
Finalmente, 2011 fue el año en el que inició su trabajo la Comisión Presidencial
para el Control de Armas, Municiones y Desarme. Sin embargo, desde enero de 2010 la
Ley Desarme reposa en la Asamblea Nacional a la espera de su discusión y aprobación,
lo que significa que ambas instancias deben trabajar a distintas velocidades para lograr
cambios urgentes y de más largo plazo en la reducción de los homicidios con armas de
fuego.
La Comisión estudia y hace recomendaciones ante el Ejecutivo Nacional, y
aunque en este periodo pudo aprobar resoluciones para el control de portes de arma en
el país, su actividad se ralentiza por los ritmos institucionales. En paralelo, se realizó la
campaña “Desarma la violencia, anótate a la paz”, que contó con la participación de
artistas y deportistas en un llamado a la consciencia.
Para promover la paz, más que buenas intenciones se necesita efectividad en la
protección de las vidas que poco a poco ha robado la barbarie. La incidencia pública es
sólo la cara pública que debe sostenerse como la esperanza visible.
Campaña “No Te Engoriles”
Esta iniciativa forma parte de un programa llamado Se Vive Diferente, liderado por la
Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Cabildo Metropolitano. Su
objetivo es desmitificar los comportamientos violentos para cambiar actitudes en al
ciudadanía.
En marzo de 2011 se celebró el día internacional de la mujer promoviendo la
lucha contra la violencia femenina con una protesta simbólica en puntos de tensión de
la ciudad, a favor de las miles de mujeres que son víctima de la violencia por parte de
sus parejas.
En julio de 2011 se llevó a cabo la campaña “Cambiamos el sonido de las balas
por el sonido de la música” en la que músicos le regalaron a Caracas una tarde donde
“Se Vive Diferente”, sin violencia y sin discriminación.
Se ha llevado a cabo 5 charlas de prevención de violencia en diversos colegios de
la ciudad.
Se ha empoderado a 7 comunidades a través de 6 talleres y mesas de trabajo
para la formulación de planes de resguardo en la lucha contra la inseguridad y la
violencia, con el objetivo de estructurar una organización de seguridad vecinal entre
miembros de asociaciones civiles y consejos comunales.
Participaron en el evento “Por el medio de la calle” 2011 con una actividad en
rechazo a la violencia.
Se han establecido alianzas con organizaciones a favor de una campaña en
contra de la violencia. Entre ellas: Aliadas en cadena, Plátano verde, Fundación Nuevas
Bandas, Fundamujer, Fundación Corresponsable, Colegio de abogados; centros de
derechos humanos de la universidades Metropolitana, UCAB, UCV; Alcohólicos
Anónimos, Alianza para una Venezuela sin drogas, Quiero paz; medios de comunicación,
constructora Sambil, Diageo y múltiples artistas.
Capítulo 4:
Recomendaciones
Recomendaciones Generales
Si bien es cierto que las políticas públicas de seguridad ciudadana son
responsabilidad primordial del Gobierno Nacional, también es importante destacar que
éstas están en manos de la gestión político-administrativa de cada municipio.
De acuerdo con el estudio “Políticas públicas de convivencia y seguridad
ciudadana en el Distrito Metropolitano de Caracas”, elaborado en 2010 por Incosec, la
mayoría de las veces “los problemas de seguridad están condicionados por el ámbito
local, sus características sociodemográficas, el entorno urbano, la topografía, la
presencia de factores de riesgo, los nexos de solidaridad y las relaciones interpersonales
y dentro de la comunidad”.
Concretar políticas públicas de calidad amerita la participación activa de los
gobiernos central, regional y municipal, y de la sociedad civil. La “Guía anticrimen”,
publicada por Iván Simonovis en septiembre de 2011, enumera los siguientes factores
internos y externos al individuo que favorecen el delito:









Externos:
Ausencia de una política de seguridad ciudadana coherente y sostenible en el
tiempo.
Falta de implementación de planes para educar a la población en la restitución
de valores morales y éticos.
Impunidad.
Carencia de programas estratégicos que guíen y generen una actitud preventiva
en el ciudadano ante la delincuencia.
Fracaso de los programas de reinserción de las personas que han cometido un
delito.
Internos:
La negación de algunas personas a interiorizar la realidad criminal del país.
No asumir un estado de alerta adecuado al entorno donde se desenvuelve cada
persona.
Confiar excesivamente en personas extrañas.
Falta del uso del sentido común en los ciudadanos.
Este escenario, junto con el diagnóstico realizado en el presente informe que
incluye los diversos ámbitos de la seguridad ciudadana, permite visualizar las
deficiencias o demandas comunes a todos los temas. Además, existen factores
condicionantes para el cumplimiento de las políticas públicas en el Área Metropolitana
de Caracas que determinan que éstas deben estar enfocadas tanto en la prevención
como en el control y la reinserción. Por esta razón, el Observatorio Metropolitano de
Seguridad Ciudadana recomienda:
1. Fortalecer a los actores de la seguridad ciudadana. Depurar las policías (cambiar
el actual modelo por uno más cercano al ciudadano, respetuoso de los derechos
humanos y generador de confianza, y que además permita la adecuada
remuneración a los funcionarios), mejorar el sistema penitenciario y crear
programas de reinserción social para los ex presidiarios son iniciativas que
contribuirían a que se reduzcan los altos índices de impunidad y, por ende, a que
el ciudadano pueda confiar en sus instituciones judiciales. Por esta razón,
también resulta importante:
 Sensibilizar a los funcionarios policiales sobre los temas que
aborda este informe, pues en ocasiones no comprenden la
gravedad de los casos ni la violación a los derechos humanos que
se presenta; lo cual resulta en complicaciones y agresiones
sucesivas durante el proceso de denuncia.
 Lograr que las autoridades recuperen el respeto y la confianza de
la ciudadanía, y resguarden los derechos humanos de todos por
igual, sin discriminación de ningún tipo.
2. Profundizar en todos los sectores del poder público la agenda de seguridad
ciudadana, lo que implica la comprensión del fenómeno en su compleja realidad:
como causa y consecuencia de la pobreza extrema y el crecimiento acelerado de
las desigualdades económicas y sociales, así como de las insuficientes políticas
públicas destinadas a solventar la situación.
3. Es necesaria la elaboración, ejecución y control de planes en torno a laseguridad
ciudadana. Estas iniciativas deben provenir de las autoridades en coordinación
entre ellas y deben contar con el apoyo de especialistas pertenecientes a la
sociedad civil organizada. Después de tener un plan delimitado, con tiempos,
recursos asociados y acciones definidas, debe existir un control y seguimiento
para que su ejecución esté ajustada a la realidad del Área Metropolitana de
Caracas y responda a las necesidades de los ciudadanos.
 El gobierno del Área Metropolitana de Caracas debe incluir en su agenda
legislativa la seguridad ciudadana.
4. Las autoridades y cuerpos policiales municipales y nacionales debenofrecer
información oficial y confiable sobre los índices de inseguridad que permitan
realizar diagnósticos más cercanos a la realidad, con el fin de hacer las
recomendaciones pertinentes e implementar las políticas públicas más
adecuadas para cada municipio.
5. Es necesario hacer especial énfasis en la asignación de recursos tanto para
lacapacitación del personal que recibe las denuncias de violaciones a los
derechos humanos, como para la infraestructura necesaria de atención al
público y la víctima. Asimismo, hacerle seguimiento a cada uno de los casos en
los que haya resultado una víctima de la violencia, para elevar la autoestima del
afectado y equilibrarlo psicológicamente.
6. Capacitar a las comunidades, en especial a la población más vulnerable (la de los
adolescentes), en materia de justicia de paz. Elaborar campañas educativas que
rechacen cualquier manifestación de violencia, incluidas la intrafamiliar, la de
género y la ocasionada por diversidad sexual.
7. Crear espacios públicos y mejorar las condiciones de los que ya existen. Empezar
por perfeccionar el sistema de alumbrado de parques, plazas y calles de la
ciudad. Recuperar la transitoriedad peatonal y realizar actividades recreativas,
educativas y culturales.
Ficha Técnica
Ficha Técnica del I Informe del Observatorio Metropolitano de
Seguridad Ciudadana
Coordinación general, compliación y edición del Informe
Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Cabildo
Metropolitano
o Freddy Guevara Cortez
Presidente de la Comisión. En noviembre de 2008 fue electo Concejal
Metropolitano de Caracas para el período 2008-2012. Obtuvo el 81,14% de
los votos (171.657 votos), convirtiéndolo en el concejal más votado en la
historia de Venezuela. Comunicador Social de la Universidad Católica Andrés
Bello. Diplomado en Seguridad Ciudadana.
o Carlos V. Rojas
Coordinador General de la Comisión. Ingeniero Industial de la Universidad
Católica Andrés Bello. Actualmente está terminando sus estudios para
convertirse en Magíster en Planificación Estratégica, mención global y cursa
un Diplomado en Gerencia Pública.
o Diana Carolina Montero
Jefe de Proyecto Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana.
Comunicadora Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Magíster en
Gestión Marketing de la EOI-Madrid. Actualmente cursa un Diplomado en
Gerencia Pública.
o Coordinación general: Diana Carolina Montero
o Compilación: Patty Fuentes Gimón
o Investigación y redacción de contenidos: Daniela Ropero y Patty
Fuentes Gimón.
o Revisión de contenido y estilo: Vanessa Zerpa y Diana Carolina
Montero
o Diseño gráfico: Darío Ramírez
Organizaciones que apoyaron en la redacción del informe
o Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana
(INCOSEC)
o Quiero Paz
o Paz Activa
o Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer
(FUNDAMUJER)
o Observatorio de los DDHH de las mujeres
o Instituto Metropolitano de la Mujer (INMEMUJER)
o Instituto Regional de la mujer del Eddo. Miranda (IREMUJER)
o PROMUJER (Organización gubernamental de la Alcaldía de Sucre)
o Centro de Estudios de la Mujer de la UCV
o Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa (AVESA)
o Aliadas en Cadena
o Unión Afirmativa
o Diverlex
o Una Ventana a la Libertad
o Fundación Freedom
o Una Ventana a la Libertad
o Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27
de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC)
o Centro Gumilla
o Fundepro
o Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Cabildo
Metropolitano de Caracas
Colaboradores especiales
o Cámara de Comercio de Bogotá
o Bogotá Cómo Vamos
o Fermín Marmol García
o Tito Lacruz
o Feliciano Reyna
o Roberto Briceño León
o Samuel Yecutieli
o José Gregorio Guerra
o Aldo De Santis
o Gabriel Afonso
o María Alejadra García
o Marjorie Chejín
o Débora Ilovaca
o Victoria González
o Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS)
Colaboradores
o Servicio Jesuita para Refugiados
o PROVEA
o SINERGIA
o Escuela de Vecinos
o Caritas
o Foro por la Vida
o Justicia y Proceso
o Control Ciudadano
o Centro de Derechos Humanos de la UCV
o Centro de Derechos Humanos de la UCAB
o Centro de Derechos Humanos de la UNIMET
o Centro para la Paz UCV
o Consejo de Defensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
municipio Chacao
o Observatorio Venezolano de Violencia
o Fundación Vida y Paz
ANEXOS
CASOS DE REINSERCIÓN SOCIAL
Fuente: Fundación Freedom
Caso No. 1.Mujer de 18 años de origen lituano, llega al país supuestamente contratada para
ejercer funciones de traductora (lituano-Inglés). Al cabo de dos semanas es
detenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, pasa a la orden de los
tribunales y después al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
A su ingreso de forma reglamentaria le es practicado el examen médico de
rutina, detectando un embarazo de dos meses de gestación; hasta ese
momento, estado ignorado por la joven mujer, entre este impacto, el de la
reclusión, el desconocimiento de la lengua española e insertada en un submundo desconocido transcurren sus nueve meses de gravidez.
Entre rejas y el cuidado de la casa cuna del lugar, única socialización con el
mundo sin barrotes, el rubio bebe arriba a su cuarto año de existencia,
lamentablemente se agudizaron varios problemas de salud siendo diagnosticado
con Lupus, lo que ameritaba constantemente ser internado en un centro de
salud.
Por su parte, la madre, debía trabajar arduamente en la cocina, por espacio de
más de diez horas diarias, para lograr un mínimo de ingreso económico, que
cubría parte del tratamiento, ya que la familia había agotado todos sus recursos
enviando varios miles de euros para el pago de abogados que llevaban el caso.
Pasados cuatro años del proceso su condena es ratificada por el TSJ como
condenatoria a 14 años de prisión; para ese momento la ley establecía el
cumplimiento de la mitad de pena, para aplicar a la Formula Alternativa de
Cumplimiento de Pena: Destacamento de Trabajo. Simultáneamente a esta
situación, según la regla penitenciaria el niño no debía permanecer en este
lugar, pero sus problemas de salud seguían incrementándose.
Tres de los cuatro años, Freedom diligenció ante los tribunales y otros entes,
todo tipo de trámite a fin de ayudar tanto a la madre como al niño, nos
constituimos en apoyo familiar de ambos: el bebe nos llamaba: tía, tío y a
nuestros hijos primo, prima.
Asumimos todos los trámites, gestiones, responsabilidades y riesgos, hasta
lograr la primera medida de pre-libertad. En esta etapa, todos comenzamos a
enfrentar nuevos retos, ubicar al niño en pre-escolar y su cuidado nocturno, la
evaluación y tratamiento médico, ya que la madre debía pernoctar en un centro
tal lo acordó el Juez de Ejecución, igualmente otro trabajo porque la oferta
inicial, por la tardanza en el otorgamiento de la Formula, había sido ocupado. A
parte de ser una necesidad económica también es un requisito, de no ser
cubierto es motivo de sanción y revocatoria y retorno al centro de reclusión.
Bajo estas circunstancias adversas, sin desmayo mantuvimos la lucha; buscar
otro empleo, carente de documentación, sin hablar ni entender claramente el
idioma, un hijo con precarias condiciones de salud, sin representación
diplomática en el país.
Toda la vivencia fue en condiciones muy similares, pero aun así logró su
Reinserción Social; llevando de la mano a su menor hijo y una experiencia
inolvidable, se marcho a su país por la puerta grande.
Caso No. 2
Palestino, nacido en la Zona de Gaza, 23 años de edad, estudiante de tercer
año de Química en la Ciudad de Damasco, de padres musulmanes. En busca de
seguridad, mejor condición económica y futuro más estable; decide aceptar un
trabajo a ser realizado durante su periodo de vacación académica, en una de las
Islas caribeñas, que incluía actividades en nuestro país.
También se ve involucrado en un proceso legal, que lo recluye en la Cárcel de
Hombres de los Teques. Sin ningún tipo de apoyo, sin traductor legal, asume
hechos y es penado a ocho años de prisión. Allí en una eterna búsqueda de
alternativa, se contacta con Freedom. Le servimos de apoyo familiar y
proporcionamos alojamiento, pero su situación fue muy difícil, durante más de
ocho meses no logró una actividad laboral, ni percibió ningún tipo de entrada
económica; su familia carecía de medios económicos, haciendo caso omiso de
las reiteradas solicitudes de ayuda, ni la colonia árabe ni la mezquita dispusieron
ayudarle.
La constancia, necesidad e insistencia y a pesar de la falta de documentación,
logró una plaza como lavador de platos en una pizzería muy conocida. Al cabo
de unos meses le promovieron como ayudante y cumplido el año ascendido a
pizzero.
Realizó varios contactos para canalizar una documentación de identificación,
pero en todas las oportunidades fue estafado.
Se mantuvo en ese mismo trabajo hasta finalizar el periodo, y recibir del Tribunal
de Ejecución la Sentencia de Pena cumplida. Su salida del país, fue un tanto
dificultosa por carecer de pasaporte y por no haber representación diplomática
en el país.
Caso No. 3
43 Años, Sudafricano, motivos de violación, adquirió durante su reclusión en la
Planta, el síndrome de VIH. Su salud se deterioró de tal manera, que reclamó
sus derechos y solicitó ayuda de forma incansable y admirable. Le dimos
alojamiento durante tres años. Pero su caso no tuvo feliz término, ya que entre
los dos países no existe convenio de extradición, único argumento legal, que en
su caso le habría otorgado la posibilidad de retornar a su país al lado de su
familia, era su mas ferviente deseo, ya que por la enfermedad su tiempo de vida
era muy limitado.
Después de una acérrima lucha de cuatro años apoyado por los medios de
comunicación y organizaciones de Derechos Humanos, pero sin salida por la
falta de un convenio entre los dos países, la apatía de su representación
consular, él por volundad propia decidió marcharse por su cuenta.
Reseñas de los casos que formaron parte de la muestra de una
investigación realizada por COFAVIC
1. John Kogen: En fecha 11 de agosto de 2006, el ciudadano John Kogen, de 27
años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por presuntos funcionarios del
Departamento de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana,
aproximadamente a las 11:40 de la noche en el sector Manicomio en Caracas,
Distrito Capital.
2. Oscar Alexander Landaeta: En fecha 14 de julio de 2004, el joven Oscar
Landaeta, de 20 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por presuntos
funcionarios del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía
Metropolitana, en el sector las Brisas a Rinconcito, Altos de Lídice en Caracas,
Distrito Capital.
3. Jhonny Bompart: En fecha 17 de octubre de 2006, el ciudadano Jhonny
Bompart, de 32 años de edad, fue visto por última vez en los alrededores de la
antigua sede ONIDEX (ahora SAIME), en la Avenida Baralt de Caracas, Distrito
Capital, en horas de la mañana. Hasta los momentos se desconoce su paradero
el cuerpo de seguridad implicado.
4. Yurman Ferrer: En fecha 1 de junio de 2004, el joven Yurman Ferrer, de 21
años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por presuntos funcionarios del
Departamento de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana en horas de
la tarde, cuando se encontraba sentado frente de su residencia en el sector
Lídice en Caracas, Distrito Capital.
5. Nathacha Terán: En fecha 13 de septiembre de 2003, la Joven Nathacha
Terán, de 18 años de edad, fue ejecutada extrajudicialmente por presuntos
Metropolitana, en horas de la tarde en el sector Veracruz a Tanque Manicomio
en Caracas, Distrito Capital.
6. Abiguey Quintana: En fecha 13 de septiembre de 2003, el joven Abiguey
Quintana, de 18 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por presuntos
Metropolitana, en horas de la noche en el sector Veracruz Manicomio en
Caracas, Distrito Capital.
7. Jesús Andry Landaeta: En fecha 14 de julio de 2004, el joven Jesús Landaeta
fue ejecutado extrajudicialmente por presuntos funcionarios del Departamento
de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, en el sector Brisas de
Rinconcito, Altos de Lídice en Caracas, Distrito Capital.
8. Carlos Rafael Guerrero Mejía: En fecha 15 de enero 2007, el joven Carlos
Guerrero, de 18 años de edad, fue detenido y trasladado a la Zona 7 de la
Policía Metropolitana, a la 1:40 de la tarde informaron que había sido detenido y
para las 4:00 PM no se conseguía en ninguna comandancia. Fue ejecutado
extrajudicialmente por presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana en la
zona 7 de los Magallanes de Catia en Caracas, Distrito Capital.
9. Carlos Alberto Mora: En fecha 14 de julio de 2006, el joven Carlos Alberto
Mora, de 20 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por presuntos
funcionarios de la Policía Metropolitana en la zona de Antímano en Caracas,
Distrito Capital, en horas de la tarde cuando se dirigía a buscar los resultados de
su prueba para ingresar a la Policía Metropolitana.
10. Carlos José Rodríguez Gutiérrez: En fecha 15 de septiembre de 2000, el
joven Carlos Rodríguez, de 18 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente
por presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana en la ciudad de Caracas,
Distrito Capital.
11. Yorwins Gabriel Corro Vargas: En fecha 9 de marzo de 2008, el joven
Yorwins Corro, de 25 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por
presuntos funcionarios del CICPC en la zona cerca de la Biblioteca Nacional en
la Av. Panteón de Caracas, Distrito Capital. Aproximadamente a las 7:00 pm fue
detenido, pero la autopsia arrojó que su muerte ocurrió a las 10:00 de la noche,
aunque fue ingresado a las 12:20 de la madrugada.
12. José Daniel Bastardo: En fecha 8 de enero de 2010, el joven José Daniel
Bastardo, de 24 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente a las 10:45 de la
mañana por presuntos funcionarios del CICPC, cuando se encontraba
durmiendo en su residencia en la zona de Cotiza en Caracas, Distrito Capital.
13. Fidel Ernesto Hernández Brito: En fecha 27 de octubre de 2004, el
ciudadano Fidel Hernández, de 29 años de edad, fue ejecutado
extrajudicialmente por presuntos funcionarios del CICPC en la zona Las Acacias
en Caracas, Distrito Capital, aproximadamente a las 11:15 de la noche.
14. William José Ríos Viloria: En fecha 19 de noviembre de 2006, el joven
William Ríos, de 21 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por
presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana en la zona de La Vega en
Caracas, Distrito Capital. Aproximadamente entre las 6:30 y las 7: 00 pm.
15. Alexander José Campos: En fecha 19 de noviembre de 2006, el joven
Alexander Campos, de 22 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por
presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana, a las 4:00 de la tarde
mientras dormía en su casa, ubicada en la zona de La Vega en Caracas, Distrito
Capital.
16. Deivy Javier Aray: En fecha 19 de noviembre de 2006, el joven Deivy Aray,
de 20 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por presuntos funcionarios
de la Policía Metropolitana en la zona de La Vega en Caracas, Distrito Capital,
aproximadamente a las 4:30 de la madrugada al allanar su residencia.
16. Jhonny Alexander Chávez: En fecha 19 de noviembre de 2006, el joven
Jhonny Chávez, de 19 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por
presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana aproximadamente a las 4:30
de la tarde, en la zona de la vega en Caracas, Distrito Capital.
17. Kendher Veliz Hernández: En fecha 19 de noviembre de 2006, el joven
Kendher Veliz, de 20 años de edad fue ejecutado extrajudicialmente por
presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana en la zona de La Vega en
Caracas, Distrito Capital, en horas del mediodía.
18. Edwin Oliveros Flores: En fecha 12 de noviembre de 2002, el joven Edwin
Oliveros, de 23 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por presuntos
funcionarios de la Policía Metropolitana a las 2:30 de la tarde, en la esquina de
Piñango en la Plaza Bolívar en Caracas, Distrito Capital.
19. William Jesús Alvarez Morales: En fecha 3 de marzo de 2003, el joven
William Álvarez, de 23 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por
presuntos funcionarios de la Policía de Vigilancia de Vías Expresas (VIVEX) en
el sector California Norte en Caracas, Distrito Capital.
20. Jorge Luis Ariza Venegas: En fecha 12 de noviembre de 2002, el ciudadano
Jorge Ariza fue ejecutado extrajudicialmente por presuntos funcionarios de la
Policía Metropolitana, en horas de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas,
Distrito Capital.
21. José Gabriel Deffit Torres: En fecha 1 de de octubre de 2005,
aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el joven José Deffit, de 19 años de
edad, fue agredido físicamente (violación a la integridad física) por presuntos
funcionarios de la Policía Metropolitana, en la zona de Petare ubicada en el
estado Miranda.
22. Javier Pasero: En fecha 1 de agosto de 2003, el joven Javier Pasero, de 26
años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por presuntos funcionarios de la
Policía Municipal de Sucre, aproximadamente a las 10 de la noche en la zona de
Filas de Mariche, en el estado Miranda.
23. Fernando José Martínez Antequera: En fecha 16 de mayo de 2009, el joven
Fernando Martínez, de 26 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por
presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana, en altas horas de la noche en
su lugar de trabajo (local Wassup), en la zona de las Mercedes estado Miranda.
24. Oscarling De Ávila Pineda: En fecha 13 de mayo de 2009, el joven Oscarling
De Ávila, de 24 años de edad, fue detenido en la zona de Palo Verde, en Petare
estado Miranda, por presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana y del
CICPC, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, desconociéndose hasta la fecha
su paradero.
25. Abrahan David Araujo Carreño: En fecha 11 de agosto de 2008 a las 6:00 de
la tarde, el ciudadano Abrahan Araujo, de 28 años de edad, fue secuestrado en
el barrio Agricultura de Petare estado Miranda y luego ejecutado
extrajudicialmente por presuntos funcionarios de la Policía de Sucre.
26. Geral Enrique Herrera Libernal: En fecha 13 de mayo de 2009, el joven Geral
Herrera, de 21 años de edad, fue detenido en la zona de Palo Verde de Petare
en el estado Miranda, por presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana y el
CICPC, hasta la fecha se desconoce su paradero.

Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana

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