Desafíos para el Cumplimiento de la Convención
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Desafíos para el Cumplimiento de la Convención
Contenido Movimiento Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI 2 “ Toda mi juventud la pasé en el encierro, trataré de seguir mi vida y mis sueños”… Joven adolescente, Centro Virgen de Fátima, Paraguay. Mensaje Justicia penal juvenil Del papel a la realidad Convención sobre los derechos del Niño Países ejecutores del proyecto 4 6 Principios Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y legislación vigente Un mandato adoptado por todos Desafíos para el Cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. 8 Experiencias del Proyecto Regional de Justicia Penal Juvenil en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Contexto Países tienen leyes pero no aplican las medidas no privativas de libertad Con teoría pero sin práctica 10 La estrategia Legislación sobre Justicia Penal Juvenil Falta de leyes e incumplimiento Convención como norte, DNI como brújula 12 Promoción de sanciones no privativas Prevalecen sanciones privativas Opciones que construyen futuro 14 Capacitación Diversidad de cargos y resistencia a la capacitación externa Capacitación a personas administradoras de justicia penal juvenil Cara a Cara 16 Sensibilización Incumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes Sensibilización dirigida a grupos y ciudadanía ¿Derechos de adolescentes en conflicto con la ley? 18 Lecciones aprendidas Frutos colectivos a partir del primer proyecto regional Mirar hacia la vecindad 20 Lo que viene Hacia una nueva etapa No hay derechos sin equidad 22 “Toda mi juventud la pasé en el encierro, trataré de seguir mi vida y mis sueños”… Joven adolescente de19 años, Centro Virgen de Fátima, Paraguay. Cuando esta joven tenía 16 años de edad entró al Centro Educativo Virgen de Fátima en Asunción, Paraguay, a cumplir una condena de 6 años por homicidio doloso. Hoy cuenta con 19 años y está a la expectativa de que se le otorgue la posibilidad de cumplir el resto de la condena en libertad condicional. Ella junto con otras tres privadas de libertad integran el grupo de teatro “Esmeralda” de ese centro, que se formó luego de recibir talleres de expresión. Ellas escribieron “Quiero contarte” una obra de teatro que cuenta sus vivencias y que se hizo en el marco del proyecto “Atención integral a adolescentes en alto riesgo social en conflicto con la ley”, que ejecutó DNI-Sección Paraguay. Con iniciativas como éstas, los jóvenes en conflicto con la ley desarrollan habilidades, procesan experiencias traumáticas y se promueve su reintegración a la sociedad. Movimiento Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI ¿Quiénes somos? Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) es un movimiento internacional que desde 1979 trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. DNI trabaja en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sus protocolos facultativos y normas internacionales de derechos humanos. DNI ha sido uno de los mayores impulsores de la Convención de los Derechos del Niño. La organización tiene status consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Asimismo, DNI es miembro del Grupo de ONGs por la Convención de los Derechos del Niños y del Panel Consultivo sobre Justicia Juvenil de las Naciones Unidas. A nivel regional, DNI está representado por instancias políticas denominadas Vicepresidencias. Para las Américas esta instancia enlaza las Secciones Nacionales y los Miembros Asociados de DNI en la región. Fotografía Martín Villalta / DNI-Costa Rica Nuestra Misión Contribuir a que se reconozcan, respeten y ejerzan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Se le exige a los Estados la adopción de políticas públicas eficaces que garanticen y las hagan posibles en sociedades más democráticas, solidarias, respetuosas y social y económicamente equitativas. ¿Dónde estamos? DNI tiene presencia en 45 países de todos los continentes mediante Secciones Nacionales y Miembros Asociados en coordinación con la Secretaría Internacional que se ubica en Ginebra. Ilustración Olman Bolaños / DNI-Costa Rica, tomado de versión amigable para adolescentes DNI desarrolla programas regionales con la participación de Secciones Nacionales y Miembros Asociados. Entre los programas están: • • • Programa contra la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes. Programa de formación que promueve el enfoque basado en los derechos. Programas sobre VIH y sida, género, abuso sexual, inclusión social. DNI ejecuta desde el 2004 el Proyecto Regional de Justicia Penal Latinoamericana. La primera fase arrancó en el 2004 y cerró en el 2007. La segunda va del 2007 al 2010. Fotografía Martín Villalta / DNI-Costa Rica Programas Mensaje Justicia penal juvenil Del papel a la realidad Pese a que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), establece el marco para que los Estados garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes con disposiciones específicas para las personas menores de edad en conflicto con la ley, existe una gran diferencia entre lo que dice el papel y lo que se pone en práctica. El enfoque de derechos y la doctrina de la protección integral deben ir más allá de las páginas que conforman la legislación en este campo y entrar en contacto con los jóvenes infractores. Son ellos y ellas quienes tienen que recibir los alcances de medidas integrales, que al tiempo que fomentan la responsabilidad sobre los actos cometidos con sanciones, toman en cuenta que son adolescentes en formación. Preocupados por esta diferencia entre la teoría y la práctica, el Consejo Ejecutivo Internacional del Movimiento de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), inició la tarea de dar forma a una iniciativa regional sobre el tema. Ya varias Secciones de DNI en América Latina desarrollaban trabajos en esta área que requerían una acción conjunta en beneficio de los adolescentes en conflicto con la ley. Se daba así fuerza a una corriente que coincidía en la necesidad de enfrentar un tema considerado tabú y presionar a los Estados para el cumplimiento de la legislación internacional. La iniciativa tomó forma y en mayo del 2004 se inició el proyecto regional de Justicia Penal Juvenil mediante las secciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay con el apoyo financiero de Kerkinactie. El trabajo regional se amplió en agosto del 2005 con las Secciones de Ecuador y Paraguay y otro respaldo en la parte financiera de la Fundación Anónima Holandesa. En una nueva extensión en el 2008 se une la Sección de DNI-México. Cuatro años después, surge esta publicación que resume objetivos, indicadores, condiciones favorables y desfavorables de las actividades en las cuatro áreas del proyecto: legislación, promoción de sanciones no privativas de libertad, programas de capacitación y sensibilización social. La tarea ha sido ardua y aún no termina; sin embargo año a año adquiere más fuerza, claridad y alcance. Con esos mismos propósitos ponemos a disposición de organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales, información y experiencias que dibujan el panorama de la Justicia Penal Juvenil en la región y las iniciativas que se desarrollan. Esperamos que estos insumos estimulen acciones y enriquezcan propuestas que faciliten el cumplimiento de los postulados de la CDN. Virginia Murillo H. Presidenta DNI-Costa Rica Vicepresidenta DNI-Américas, período 2003-2008 Nuestra experiencia: “Alianzas: clave del éxito” Las alianzas con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil fueron esenciales en la ejecución del proyecto. Para Virginia Murillo, Presidenta de DNI - Costa Rica y vicepresidenta de DNI - Las Américas estas conexiones dieron sostenibilidad a la iniciativa y a las acciones de sus cuatro componentes: trabajo en legislación, la promoción de las sanciones no privativas de libertad, la capacitación y la sensibilización social. Fotografía provista por VIrginia Murillo H. Murillo destaca también el trabajo conjunto de las Secciones, lo que permitió compartir experiencias y mejorar. ¿Se trata de la primera experiencia regional? V.M. No es la primera experiencia regional; pero si es el primer proyecto de ese alcance donde todas las secciones se movilizan ligadas por la justicia penal juvenil; es el punto temático de unión. Eso nos permitió elaborar una propuesta de trabajo uniforme que articulara a las secciones nacionales y se trabajaran los mismos objetivos. ¿Qué beneficio generó esa conexión en los adolescentes infractores? V.M. Se logró promover desde DNI la aplicación de los artículos 37 y 40 de la CDN, buscando el establecimiento de sistemas especializados de justicia penal juvenil. Se mejoró el abordaje, previniendo practicas violatorias y se promovieron opciones para una mejor reinserción de los jóvenes en la sociedad. Hay un mayor reconocimiento de sus derechos y mayores posibilidades de sanciones que respeten sus derechos humanos. ¿Cuán importante es el seguimiento? V.M. El seguimiento debe ser permanente y DNI trabaja para que así sea. Buscamos el fortalecimiento de las alianzas para ejercer mayor presión. Además, buscaremos mantener la práctica de la elaboración conjunta de programas y metodologías, así como su validación con el Estado y organizaciones de la sociedad civil. El monitoreo es eficaz para asegurar una menor violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Fotografía DNI - Bolivia Jorge Vila, Presidente DNI Bolivia Responsable de Coordinación Regional de Proyecto “Hay una materia pendiente: la incidencia política como región.” Para Jorge Vila, presidente de DNI Bolivia y responsable de la coordinación del proyecto, el paso que sigue es la incidencia política como región; presionar para el cumplimiento de la legislación internacional desde las Secciones, con la misma entrega y mérito que ha caracterizado el desarrollo de esta iniciativa desde el 2004, cuando se puso en marcha. ¿Cómo incidir en los gobiernos para que formulen políticas públicas y lograr una transformación? J.V. El cambio debe incluir también a los organismos internacionales, no solo a los gobiernos, para que de una vez por todas se cumplan los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cómo? J.V. Todo ello se puede lograr mediante la movilización y la presión en espacios claves, por ejemplo con manifestaciones, huelgas y con objetivos concretos. DNI-Internacional trabaja en eso, es una corriente que ya no se puede parar y que más bien toma cada vez mayor fuerza. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil? J.V. Es muy importante. Se debe conformar un bloque sólido con puntos de trabajo comunes entre todas las organizaciones para influir en los gobiernos y en los organismos internacionales. ¿Cuáles son las prioridades? J.V. Sin dejar de lado una visión crítica que permita avanzar y evaluar, se debe presionar a los gobiernos para que asignen recursos. Que haya inversión financiera en temas de niñez y adolescencia para llevar a la práctica lo que señala la CDN y las leyes.Y aquí no hablamos solo de políticas de salud y de educación, la inversión en el tema implica más que eso. La problemática exige respuestas integrales que no dejen ningún ángulo fuera. Argentina. La ratificación de la CDN el 29 de julio de 1990. Personas mayores de 16 años y menores de 18 y régimen tutelar a las menores de 16 años. La legislación no prevé medidas alternativas a la privación de libertad, contando el juez con facultades discrecionales para la aplicación de las medidas que considere convenientes. Convención sobre los derechos del Niño Bolivia. La CDN se ratificó el 26 de julio de 1990. Jóvenes entre 12 y 16 años. Los mayores de 16 y hasta los 21 años, aunque son juzgados por tribunales del área penal, gozan de la protección del CDN. En cuanto a las sanciones, estas van desde amonestaciones y servicios a la comunidad, hasta privación de libertad. Países ejecutores del proyecto Colombia. La CDN se ratificó el 28 de enero de 1991. Adolescentes entre los 14 y que no hayan cumplido 18 años. Las sanciones van desde amonestaciones y servicios a la comunidad, hasta internamiento en medios semicerrados y privación de libertad. Costa Rica. La CDN se ratificó el 21 de agosto de 1990. Se cuenta con Ley de Justicia Penal Juvenil y ley de Ejecución de Sanciones Penales juveniles. Personas entre los 12 y 18 años, haciendo diferencia entre 12 y 15 años y entre los 15 y 18 años. Las sanciones pueden ser desde socio-educativas, hasta supervisión y prohibición de contacto con determinadas personas y sanciones privativas de libertad. Chile. La CDN se retificó el 13 de agosto de 1990. Se tiene también la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil ( octubre del 2005). Adolescentes mayores de 14 y menos de 18 años, incluyendo entre las sanciones amonestación, reparación de daños, internación en regimenes cerrados y semi cerrados prestación de servicios a la comunidad y multas. Ecuador. La CDN se ratificó el 23 de marzo de 1990. Personas entre los 12 y los 18 años. Las sanciones incluyen medidas socioeducativas, reglas de conducta, orientación y apoyo familiar reparación de danos, servicios a la comunidad, libertad asistida, internamiento domiciliario, internamientos de fin de semana, regimenes de semi libertad e internamiento institucional. Paraguay. La CDN fue se ratifico el 25 de setiembre de 1990. Adolescentes mayores de 13 y menores de 18 años. Sanciones que van desde medidas socio educativas, hasta amonestaciones, imposición de obligaciones y medidas privativas de libertad. Uruguay. La CDN se ratificó el 20 de noviembre de 1990. Adolescentes mayores de 13 y menores de 18 años. Las sanciones van desde medidas socio educativas privativas y no privativas de la libertad, hasta advertencias, amonestaciones, libertad vigilada y libertad asistida. Fotografías centros Renacer y Fortaleza Santa Cruz Ilustraciones Olman Bolaños, DNI-Costa Rica, tomado de versión amigable para adolescentes Principios Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y legislación vigente Un mandato adoptado por todos Este mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el punto de partida de las legislaciones latinoamericanas en la materia, que a la.vez, determinan las franjas de edad para la responsabilidad penal, ligadas a la etapa de la adolescencia. La mínima oscila entre los 12 y los 14 años; a partir de ese momento se considera al adolescente responsable desde el punto de vista penal. En algunos casos, por efectos del Derecho Penal y la Doctrina de los Derechos Humanos, los principios de la Justicia Penal Juvenil se extienden a quienes llegan a tener los 18 años en la fase de cumplimiento de la sanción, o que son juzgados después de los 18 por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Interés Superior del Niño Partiendo de los mismos principios de la Convención, la persona infractora es sujeta de derechos, prevalece el interés superior del niño, el carácter indivisible e integral de los derechos, el principio de humanidad y de no discriminación. Asimismo, la Justicia Penal Juvenil es una justicia especializada que, formando parte del sistema penal general de cada país, contiene disposiciones específicas que deben ser aplicadas en procesos judiciales de personas menores de edad que infringen la ley. Es un sistema que además, prevé opciones no judiciales para la resolución de conflictos y busca fomentar el sentido de responsabilidad del infractor. Pese a que estos principios inspiran la mayoría de las legislaciones en “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales…” Latinoamérica, el proyecto Regional de Justicia Penal Juvenil desarrollado por las secciones del Movimiento de Defensa de Niñas y Niños Internacional en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay, se enfrentó con una realidad que tiene que cambiar: la poca importancia que los Estados dan a los adolescentes infractores; se les margina y menosprecia sin tomar en cuenta que son consecuencia de la sociedad que estamos (Artículo 40, inciso 1). construyendo. Principios compartidos El interés superior del niño es el principio orientador y filosófico de todos los proyectos que emprende DNI y esta iniciativa como experiencia regional no es la excepción. El enlace de ocho Secciones de DNI en Latinoamérica bajo la misma filosofía, facilitó la promoción de leyes para el funcionamiento de sistemas especializados de Justicia Penal Juvenil. Ilustración Olman Bolaños / DNI-Costa Rica, tomado de versión amigable para adolescentes Sistema punitivo-garantista El sistema de Justicia Penal Juvenil es punitivo, responsabilizador y al mismo tiempo educativo. Desde esta perspectiva el adolescente es una persona en formación, la sanción debe tener un propósito educativo y reparador. Fotografía Eugenia Murillo / DNI-Costa Rica 10 Contexto Países tienen leyes pero no aplican las medidas no privativas de libertad Con teoría pero sin práctica Cuando el proyecto arrancó la mayoría de países ya contaban con legislación específica sobre adolescentes en conflicto con la ley pero en la práctica no se aplicaban las medidas no privativas de libertad al momento que el sistema penal los sancionaba. Uno de los derechos de las personas menores de edad en conflicto con la ley consiste en recibir una administración de justicia especializada con orientación socioeducativa, según la Convención de los Derechos del Niño CDN. El modelo de responsabilidad con las personas menores de edad debe privilegiarse cuando se sanciona a un adolescente en conflicto con la ley. Hay que dejar de lado las tradicionales y recurrentes prácticas de privarlo de su libertad física. Esta medida es el último recurso y en esos casos extremos solo debería aplicarse por un periodo breve (Ver recuadro: ¿De quiénes hablamos?). ¿Qué hizo entonces el proyecto? DNI contribuyó al fortalecimiento de los sistemas especializados de Justicia Penal Juvenil con el fin de que éstos pusieran en vigencia los postulados de la CDN en sintonía con los estándares internacionales de Derechos Humanos. La desigualdad social y la pobreza material hacen difícil que los Estados dediquen tiempo y recursos para el diseño, aplicación y evaluación de • Proyecto arranca a partir de un diagnóstico regional Se busca fortalecer los • sistemas especializados de Justicia Penal Juvenil políticas públicas dirigidas a las personas menores de edad en conflicto con la ley. Por lo tanto, si la sociedad civil organizada en realidad favorece el cumplimiento de la Convención debe necesariamente hacer propuestas de trabajo y formar parte de la respuesta. Ésta es una de ellas y se construye a partir del diagnóstico realizado por todas las secciones de DNI en América Latina (Ver recuadro: ¿De dónde partimos?). 11 ¿De quiénes hablamos? Las personas adolescentes están en conflicto con la ley cuando enfrentan algunas de las situaciones que se describen a continuación: • • • • • Se sospecha que son autores de la comisión de una infracción o delito Enfrentan un proceso judicial Están privados de libertad a raíz de una acusación o de una sanción Son sometidos a alguna medida socioeducativa Están en un proceso de conciliación o reparación Fuente: Convención de los Derechos del Niño ¿De dónde partimos? En aquellos países donde se desarrolló el proyecto, DNI diagnosticó las siguientes características respecto a las personas menores de edad en conflicto con la ley: • Hay procesos de reforma de ley sobre niñez y adolescencia en general, y sobre Justicia Penal Juvenil en particular. Ambos procesos van encaminados según los postulados de la Convención de los Derechos del Niño CDN. • Las medidas socio educativas generalmente no se aplican aunque están previstas en las leyes. La medida más recurrente es la privación de libertad. • Hay ausencia de estructuras, recursos financieros y humanos, o voluntad política en los Estados para llevar adelante programas socio educativos. • Falta formación y capacitación en las personas operadoras de la administración de Justicia Penal Juvenil. Tienen una visión sesgada de la situación. • • No existe un enfoque integral de derechos en el tratamiento de la Justicia Penal Juvenil. La prioridad es la acción policial y los planes de “mano dura” contra los adolescentes. A la sombra sin rostro Fotografía Martín Villalta / DNI-Costa Rica Cuando las personas jóvenes de América Latina arman sus perfiles en las reconocidas redes cibernéticas se preocupan por la foto que colocan, por su historial y por la cantidad de amigos y amigas que aparecen vinculados. Las personas adolescentes en conflicto con la ley son gente que posiblemente dejarían vacíos esos espacios si tuvieran acceso a la Internet. Viven a la sombra y sus rostros solo aparecen en las páginas de sucesos, pero generalmente están ausentes de las políticas públicas. Sus identidades no aparecen durante la producción, ejecución ni evaluación de proyectos públicos. Reducidas instancias se preocupan por mejorar su imagen, ofrecer alternativas a su historial y provocar redes de personas, organizaciones y empresas que les den una oportunidad. Mientras estos muchachos y muchachas que generalmente tienen edades entre los 12 y 18 años sigan esperando sanciones o cumpliendo penas a través de medidas privativas de libertad, sus posibilidades de desarrollo se vuelven más limitadas aún. Hay posibilidades de promover su sentido de responsabilidad hacia la vida mediante sanciones especiales de recuperación, educación, libertad asistida, servicios a las comunidades, apoyo familiar e internamientos domiciliarios o en centros de atención especializada. Sus nombres también tienen derecho a una imagen respetada, un historial diferente y un grupo de amistades que los apoyen. 12 La estrategia Legislación sobre Justicia Penal Juvenil Situación: Falta de leyes e incumplimiento Convención como norte, DNI como brújula en • Participación procesos de leyes nuevas sobre Justicia Penal Juvenil Promoción del • cumplimiento de las ya existentes La Convención de los Derechos del Niño CDN fue el norte del componente legal. Si bien ese instrumento internacional estaba aprobado en los países, aún era necesario incluir en las algunas legislaciones locales los principios de la Justicia Penal Juvenil. La brújula para encaminarse hacia esa dirección fue DNI. Hizo su espacio con propuestas dirigidas a la sociedad civil organizada o bien a las personas tomadoras de decisiones públicas respecto a la importancia de cumplir los estándares internacionales de los Derechos Humanos en esta materia. Afortunadamente, el proyecto llegó en una coyuntura donde diferentes instancias políticas ya estaban orientadas hacia las reformas legales particulares. Es decir, era un tema del cual se conocían los antecedentes y la CDN estaba posicionada como el norte a seguir. Sin embargo, percepciones sobre inseguridad también dificultaron en algunos países este tipo de temas, entre otras situaciones que también influyeron negativamente (Ver recuadro: Viento a favor, viento en contra). Viento a favor, viento en contra La presencia de las siguientes circunstancias influyó de manera positiva y negativa en el logro de los objetivos: Viento a favor Viento en contra Posicionamiento de DNI como Extensos procesos legislativos de organización líder en la temática de la revisión y actualización de propuestas Justicia Penal Juvenil Conformación de equipos de trabajo Numerosos procesos burocráticos de toma de decisiones en instancias públicas La Convención de los Derechos del Cultura del hermetismo en algunos Niño CDN en los países ya estaba órganos de poder aprobada Encaminados procesos de reformas Falta de vinculación en el trabajo de de legislaciones internas acordes con otras organizaciones la CDN 13 DNI alentó la coincidencia y el complemento de las propuestas de legislación en sintonía con la CDN. Este acompañamiento en la formación y aprobación de leyes específicas ocurrió en Chile, Costa Rica y Colombia. En Argentina finalmente la temática de la Justicia Penal Juvenil no fue explícita pero se estima que la Ley Nacional de Protección Integral es un avance fundamental hacia el cumplimiento de la CDN. DNI promovió en Colombia la sustitución del “Código del Menor” por el “Código de la Infancia y la Adolescencia” un cambio que más allá del simbolismo y la ética de las palabras, ubicó a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos a través de una serie de disposiciones en las que la Justicia Penal Juvenil sí quedó incorporada. La gestión de DNI permitió un esquema de sanciones con enfoque de derechos dentro de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles de Costa Rica. En aquellas naciones donde ya había leyes sobre Justicia Penal Juvenil acordes con la Convención, el objetivo se enfocó hacia la promoción de su cumplimiento y vigencia efectiva mediante actividades de seguimiento, monitoreo y difusión. Este fue el caso de Bolivia, Uruguay y Paraguay (Ver recuadro: Tareas hechas). Durante la ejecución de este componente se fortaleció el músculo organizacional; se construyeron alianzas con los Estados y otras instancias de la sociedad civil, se suscribieron convenios que facilitan el seguimiento de las etapas posteriores, se desarrolló una capacidad analítica clave, que se materializó en documentos escritos y se logró enganchar otro componente del proyecto: la sensibilización social. Tareas hechas El Trabajo en Legislación del proyecto se sintetiza a continuación: País Colombia Costa Rica Argentina Bolivia Intervención de DNI para fortalecer la legislación Adecuar leyes a CDN Participación en derogatoria del “Código del Menor”. Generación de opinión pública sobre temática. A partir del nuevo Código de la Infancia y Adolescencia se logra incluir la Justicia Restaurativa en el debate. Documentos sobre responsabilidad penal juvenil. Análisis y posición sobre Justicia Penal Juvenil. Alianzas para impulsar la aprobación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles y puesta en funcionamiento de Red de apoyo al Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil. Inclusión de disposiciones con enfoque de derecho en la nueva Ley. Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Fortalecimiento de la visión de protección integral en la formación de leyes nacionales y provinciales en Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén. Queda pendiente trabajar por una Ley que se refiera a la Justicia Penal Juvenil. Debates y documentos. Apoyo al cumplimiento del Código del Niño, Niña y Adolescente a través de: Investigación. Estudio sobre adolescentes en conflicto con la ley. Código de Infancia y Adolescencia. Seminarios y encuentros sobre Justicia Penal Juvenil. Publicaciones. Reuniones con miembros del Congreso, organizaciones, universidades y redes de ONG. Ley de Protección Integral para Niño, Niñas y Adolescentes. Ejecución de programas. Descenso en privaciones ilegales. Programa socioeducativo en centro de privación “Renacer”.. Intervención de autoridades en casos concretos. Freno a las privaciones ilegales de libertad. Proyectos para mejorar atención de adolescentes en conflicto con la ley. Resolución de casos tardíos y detección de necesidades en juzgados Paraguay Indicadores Apoyo al cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia a través de: Fortalecimiento de reflexión con operadores de justicia. Reuniones y jornadas de reflexión. Involucramiento en centros de privación de libertad. Intervención en centros de privación de libertad y apoyo en proyectos de libertad asistida. Uruguay Apoyo al cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia a través de: Análisis del Código de la Niñez y la Adolescencia. Participación en campaña mundial de DNI: “Ningún niño tras las rejas”. Propuesta para incluir justicia restaurativa en futura reforma. Documentos de análisis. Propuesta de reforma de ley. 14 La estrategia Promoción de sanciones no privativas Situación: Prevalecen sanciones privativas Opciones que construyen futuro • Están incorporadas en leyes locales y Convención • Falta de recursos limita su puesta en marcha Si a una persona menor de edad se le castiga con la privación de su libertad difícilmente durante la etapa de encierro reconocerá su conducta inadecuada y mucho menos la superará. Hay sanciones alternativas que sí permiten el logro de esos objetivos tales como la libertad asistida y la prestación de servicios comunitarios. Adolescentes ¿CUÁNDO Los sistemas judiciales y sus personas administradoras conocen muy bien esta conclusión; pero ante la carencia de recursos económicos y humanos, los juzgados continúan sancionando a las personas menores de edad con la privación de libertad. Todos los países que participaron del proyecto ya tenían incorporadas las sanciones no privativas dentro de sus legislaciones locales, una alternativa también promovida en la Convención de Derechos del Niño. Ese fue un punto de partida a favor para poner a caminar la promoción de medidas alternativas. Para promover las sanciones no privativas, DNI alentó variadas gestiones, según las condiciones de cada uno de los siete países latinoamericanos donde se desarrolló la iniciativa. Por ejemplo, logró acuerdos con los Estados para acompañar el proceso de aplicación de estas sanciones alternativas; hizo recomendaciones, algunas con la participación de las personas menores de edad, con el fin de mejorar los procedimientos e incluso promovió cambios legales para que organizaciones sin fines de lucro ejecuten programas de sanciones no privativas (Ver: Cosecha nacional). La promoción de las sanciones no privativas se realizó a pesar de los procesos burocráticos en la toma de decisión, los obstáculos en los niveles altos de gestión política y las discrepancias ideológicas que desembocaron en atrasos en la suscripción de acuerdos para echar a andar esta iniciativa de DNI. Los escollos fueron superados mediante el seguimiento permanente con las autoridades en actitud de colaboración continua, el reforzamiento de las alianzas con los entes públicos así como el afinamiento técnico de los equipos de DNI al momento de validar las propuestas educativas no privativas de libertad. Foto archivo periódico EL TIEMPO, noticia enviada por DNI-Colombia. 15 s en conflinto con la ley O SON NOTICIA? Cosecha nacional Entre los resultados del componente de promoción de sanciones no privativas de libertad destacan los siguientes: a) Programa para la aplicación de medidas socioeducativas en Buenos Aires y Entre Ríos, Argentina. b) Por primera vez en Bolivia se realizó un acompañamiento durante la aplicación de libertad asistida y trabajos comunitarios. Una gestión similar se llevó a cabo en Uruguay. 30 menores cometen un delito a diario en Bogotá. Este es el título de una información del periódico El Tiempo (Viernes 17 de octubre de 2008) que destaca también un aumento en la participación de personas menores de edad en diferentes delitos, “Se disparó la participación de jóvenes en tráfico y porte de estupefacientes, homicidios, robo de vehículos y porte ilegal de armas”, dice la información que se sitúa en Colombia; pero cuyo enfoque se repite en otros países latinoamericanos. Tanto las autoridades de gobierno como los medios de comunicación asocian cada vez con más frecuencia la violencia delictiva con los jóvenes, sin que medien estudios. Si bien existe una violencia social y una inseguridad que requieren respuestas de las autoridades, los sistemas de justicia carecen de normativa suficiente e instituciones que garanticen los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, lo que produce un contexto desfavorable para esta población. c) En Quito, Ecuador luego de una investigación se hizo una propuesta de medidas socioeducativas que es valorada por tomadores de decisiones públicas. d) En Paraguay hubo investigación sobre las intervenciones psicosociales para alentar su aplicación ante las autoridades judiciales, seguimiento a la aplicación de sanciones no privativas y visitas a las familias de personas menores de edad privadas de libertad para mantenerlas en contacto. e) Se incluyó la posibilidad de que organizaciones no lucrativas puedan desarrollar la ejecución de las penas no privativas dentro de la legislación costarricense. f) Fortalecimiento de redes comunitarias en Colombia con el fin de promover un tratamiento alternativo a las personas adolescentes en conflicto con la ley. 16 La estrategia Capacitación Situación: Diversidad de cargos y resistencia a la capacitación externa Capacitación a personas administradoras de justicia penal juvenil Cara a Cara • Receptividad varió según el país • Hubo espacio para diálogo La capacitación sobre las buenas prácticas para la administración de la Justicia Penal Juvenil se concretó en cada uno de los países del proyecto mediante un acercamiento cara a cara con quienes a diario cumplen con su tarea de pasar del papel a la práctica. Es el personal que desde sus oficinas estatales lleva la administración de los procesos legales en aquellos casos de personas menores de edad en conflicto con la ley. Se trata de gente clave ya que a fin de cuentas tiene la responsabilidad final de ejecutar los procesos administrativos para hacer cumplir la ley. Debido a la diversidad de sus cargos fue necesario definir metodologías y contenidos particulares para acercarse con eficiencia y que no perdieran el interés. Son funcionarios y funcionarias judiciales, personal asesor y auxiliar, así como personas responsables de los centros de privación de libertad. También hubo otras personas beneficiarias más allá del ámbito judicial (Ver: Más gente capacitada). La receptividad para aceptar la capacitación varió según el país debido a las diferencias de organización y programación del trabajo en los poderes judiciales. Así, Paraguay, Uruguay y Bolivia destacaron por la agilidad para coordinar actividades, mientras Colombia presentó dificultades en cuanto a frecuencia y sostenibilidad del proyecto; entre otras razones, hay resistencia a alentar capacitaciones de fuentes externas. Sin embargo, quienes participaron en los encuentros manifestaron que la Justicia Penal Juvenil requiere de mayor difusión informativa entre sus colegas. DNI logró identificar buenas prácticas para gestionar este tipo de capacitaciones. En primer lugar, es necesario firmar convenios previos para programar las actividades. Poner por escrito los objetivos, las expectativas y los cronogramas propuestos contribuye a agilizar el proceso y a definir las responsabilidades de las partes. En segundo lugar, es necesario liderar un adecuado seguimiento a lo acordado previamente. Para sortear la burocracia, la rigidez institucional así como los recelos ante la crítica, DNI dedicó tiempo a fortalecer la relación con las personas administradoras de la justicia penal juvenil, amplió la convocatoria para contar de manera indirecta con las personas operadoras de justicia en aquellos casos en lo que no fue posible un contactarlas y además, fogueó sus equipos de trabajo para profundizar en los conocimientos teóricos (Ver: La Agenda). Los equipos de DNI en Uruguay, Paraguay, Colombia, Argentina, Bolivia y Costa Rica comprendieron que los espacios de diálogo logrados en las capacitaciones abrirán posteriores mejoras en los procesos donde hay personas adolescentes en conflicto con la ley. 17 Más gente capacitada Otros públicos además de los judiciales a los que DNI llegó con el mensaje de la justicia penal juvenil fueron: • Personal de instancias administrativas vinculadas al trabajo con niños, niñas y adolescentes. • Personal de los ministerios, secretarías y defensorías de la niñez y adolescencia. • Sectores organizados de la sociedad civil, tales como representantes de organizaciones sociales e institutos educativos. La agenda Las capacitaciones giraron en torno a las siguientes temáticas: 1. Principios rectores de la doctrina de la protección integral. 2. Características de especialidad del sistema de Justicia Penal Juvenil. 3. Contenido de la legislación. 4. Sanciones no privativas de libertad. 18 La estrategia Sensibilización Situación: Incumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes Sensibilización dirigida a grupos y ciudadanía ¿Derechos de adolescentes en conflicto con la ley? • Mensajes y videos ayudan a crear conciencia • Urge superar la percepción que vincula delincuencia y juventud ¿Tienen derechos las personas adolescentes en conflicto con la ley? Contestar éticamente esa pregunta desde el barrio, la escuela o el hogar es una tarea pendiente de resolver en buena parte de los países latinoamericanos. El proyecto de DNI dio información para sensibilizar a grupos organizados de la sociedad civil y ciudadanía en general respecto a los derechos de las personas menores de edad en conflicto con la ley. Alentar cambios legislativos, capacitar a personas administradoras de justicias y promover la aplicación de sanciones no privativas de libertad son gestiones que necesitan ir de la mano con la sensibilización ciudadana. Así lo comprendió DNI al promover este cuarto componente del proyecto en siete países latinoamericanos. ¿Cómo lo hizo? De manera dirigida a grupos bien delimitados mediante la ayuda de propuestas escritas y audiovisuales así como de manera masiva a través de mensajes que se pautaron en algunos medios de información. Mensajes dirigidos Grupos de madres y padres, líderes comunales y gente joven recibieron la información sobre las personas adolescentes en conflicto con la ley a través de una temática más amplia: los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué se hizo de manera indirecta? En realidad se reconoció que al lado de esta iniciativa de sensibilización venía otra en sentido contrario. La agenda que promueve la mano dura y las tendencias represivas están en boga en alguna parte de las personas tomadoras de decisiones públicas cuando hablan de seguridad ciudadana. Ante ese panorama resultó más efectivo incluir la temática de interés dentro del amplio marco de los derechos de las personas menores de edad. No obstante, la existencia de una campaña mundial de DNI bajo el lema: “Ningún niño detrás de la rejas” también permitió hacer visible el tema de manera visible y directa, al menos en Colombia y Uruguay. Esto ocurrió solo durante el último año del proyecto cuando se estimó ya existía algún nivel de información respecto a la justicia restaurativa y a los estudios de justicia penal juvenil. Se utilizaron lenguajes variados para sensibilizar. Por ejemplo, en Paraguay se privilegió el lenguaje radiofónico, mientras en Costa Rica se alentó la comunicación audiovisual para llevar el mensaje de sensibilización a universidades, ONG e instituciones (Ver: Ideas para convencer). 19 Ideas para convencer El componente de sensibilización dejó un archivo de ideas convertidas en mensajes para sensibilizar sobre los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, entre los que destacan: a) Video “Los Centrados” y publicación de compendio normativo sobre justicia penal juvenil en Costa Rica. b) Festival de video en Bolivia. c) Difusión de la campaña mundial de DNI “Ningún niños detrás de las rejas” en Uruguay y Colombia. d) Anuncio para una televisora comunitaria en Chile, además de la difusión de comunicados de prensa y producción de afiches. Recorte periódico ABC - DNI Paraguay e) Programa radiofónico en Paraguay. f) Convocatoria a medios de información en Argentina. 20 Lecciones aprendidas Frutos colectivos a partir del primer proyecto regional Mirar hacia la vecindad • Articulación exitosa en 8 países latinoamericanos • Una estrategia y la presencia del tema en las agendas públicas La tarea de liderar un proyecto conjunto entre varias secciones nacionales de DNI en América Latina dio frutos colectivos tales como el posicionamiento en las agendas públicas, la producción de una estrategia metodológica compartida así como el fortalecimiento de alianzas con otras organizaciones. ¿Qué sigue? Esta primera experiencia colectiva impulsa ahora a promover una política de mayor incidencia e impacto político en alianza con otras organizaciones y redes dentro de la misma temática de justicia penal juvenil. El posicionamiento del tema en la mente de las personas tomadoras de decisiones públicas y entre quienes a diario ejecutan la justicia penal juvenil hacen de DNI un referente obligado. Esta oportunidad garantiza una influencia más efectiva en organismos regionales e internacionales así como en instancia de poder político. Más allá de fronteras Pensar de manera regional en una temática que compete a los niños, niñas y adolescentes permite ahora el diseño y la promoción de políticas públicas más articuladas y con mayores posibilidades de incidencia. A lo interno de la organización, vista ya no solo como secciones nacionales aisladas sino como una entidad regional, quedaron fogueados los equipos técnicos en cuanto a importancia de articular objetivos, acciones y resultados. Se generó una adecuada visión de “regionalidad” al momento de plantear los componentes del proyecto. La presentación de estas iniciativas más allá de las tradicionales fronteras nacionales permitió una mayor receptividad y nivel de compromiso por parte de las instancias públicas respecto a la aplicación de medidas no privativas de libertad y sensibilización de su personal sobre la puesta en marcha de estas recomendaciones ya incorporadas en las legislaciones vigentes. Ahora se espera que la presencia de los derechos de las personas adolescentes en conflicto con la ley se mantenga como un asunto de especial interés en los gobiernos, las academias y otras instancias de la sociedad civil organizada a las que llevó DNI su mensaje. 21 Ilustración Olman Bolaños / DNI-Costa Rica, tomado de versión amigable para adolescentes 22 Lo que viene Hacia una nueva etapa No hay derechos sin equidad Los cambios se pueden enumerar. En juzgados, fiscalías y centros penitenciarios donde se aplicaron las capacitaciones por ejemplo, se percibe una nueva dirección, sobre todo más anuente al uso de medidas no privativas de libertad. Estas modificaciones son señal de que los esfuerzos valen la pena y deben continuar. DNI procura ampliar el impacto, empezando por fortalecer las alianzas entre las secciones involucradas, al mismo tiempo que la cooperación con otras organizaciones que compartan objetivos similares. Esto contribuirá con la sostenibilidad de las acciones y el avance en incidencia política. La continuidad significa también enriquecer la visión. No hay derechos sin equidad, lo que exige el ejercicio pleno de los derechos para niñas, niños y adolescentes de la mano de oportunidades para todos y todas. En Justicia Penal Juvenil esto implica la consolidación de sistemas especializados, el propósito continuo del proyecto y que se acentúa en las nuevas etapas de trabajo. La propuesta de continuidad de las Secciones de DNI destaca también la urgencia de prevenir y reducir la violencia que el sistema penal ejerce sobre los adolescentes, el refuerzo del trabajo en los programas socio-educativos y el tratamiento de nuevas temáticas como la justicia restaurativa. Fotografía Eugenia Murillo / DNI-Costa Rica Los esfuerzos también se encaminan a mejorar las estrategias de sensibilización, para contrarrestar las tendencias represivas que expanden los programas de “seguridad ciudadana” 23 Revista: Secciones ejecutoras del proyecto Desafíos para el Cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño Sección: DNI Argentina Marcos Guillén (Miembro del Directorio de DNI Argentina, Miembro del Consejo Ejecutivo Internacional de DNI) [email protected], [email protected] Versión amigable Experiencias del Proyecto Regional de Justicia Penal Juvenil en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Autores: Alejandro Vargas Johansson (Comunicador) Djenane Villanueva Monge (Comunicadora) Colaboran: Secciones ejecutoras del proyecto Revisión: Rose Marie Acha (Coordinara Regional Programa Justicia Juvenil) Sección: DNI Bolivia Jorge Vila (Presidente de DNI Bolivia) [email protected] Rose Marie Acha (Coordinadora Regional Programa Justicia Juvenil) [email protected] José de la Fuente (Director de DNI Bolivia) [email protected] Fernando Rivero (Director de DNI Filial Santa Cruz) [email protected] Catty Cuéllar (Equipo del proyecto Filial Santa Cruz) [email protected] Gabriela Zambrana (Equipo del proyecto Filial Santa Cruz) [email protected] Sección: DNI Chile Patricia Soledad Perez Andrade, Amanda Urzúa [email protected], [email protected], [email protected] Sección: DNI- Costa Rica Virginia Murillo Herrera (Presidenta DNI Costa Rica, Vicepresidenta DNI Americas, Miembro del Consejo Ejecutivo Internacional de DNI) [email protected] Karin van Wijk (Coordinación General) [email protected] Jorge Alens Conte Guerra (Coordinador Programa Justicia Penal Juvenil y Seguridad Junveil) [email protected] Sección: DNI Colombia Fernando Sabogal, Alba Simbaqueda [email protected], [email protected] Sección: DNI Uruguay Juan Fumeiro, [email protected], [email protected] Virginia Murillo Herrera Sección: DNI Ecuador Fernando Lopez, [email protected] Cristina Polo Sección: DNI Paraguay Mario Torrez, [email protected] Valentín Torrez , [email protected] (Presidenta DNI Costa Rica, Vicepresidenta DNI Americas) (Asistente DNI Costa Rica Asistente proceso incidencia Cumbre de Presidentes El Salvador 2008) Diseño Gráfico: Orden Visual S.A. 24 Esta publicación fue posible gracias al auspicio de Kerkinactie/ICCO